España tiene el peor Código Penal de toda Europa

El ex fiscal general del Estado ha criticado las filtraciones a la prensa que se producen durante las fases de instrucción de algunos procesos, que acaban creando juicios paralelos y son una “enfermedad sistémica que hay que abordar”.

El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha manifestado hoy que “vivimos en una sociedad inquisidora demandante de más actuación del Código Penal”, lo que a su juicio muestra “un gran atraso social de nuestra democracia” y ha criticado duramente este texto, “el peor de toda Europa”.

El jurista ha hecho estas declaraciones durante su ponencia en el Colegio de Abogados de Madrid para presentar el documento La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social, una publicación editada por el Círculo de Empresarios en la que ha participado junto a otros expertos.

Torres-Dulce ha descrito la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal como un texto “muy deficiente” y difícil de cumplir, pues se trata de un texto “hipertécnico” que, además, está lleno de “blancos penales” que habría que rellenar y que presenta “desconexión” entre conductas y sanciones.

El ponente ha comentado también que este Código Penal, que ha experimentado 30 modificaciones desde 1995, batiendo así un récord Guinness “negativo”, es “el peor de toda Europa” y presenta un “enorme desorden” a la hora de que el intérprete pueda abordarlo.

El jurista ha explicado también que entre el 85% y el 87% de los procesos que se llevan a Sala acaban por no necesitar de la aplicación del Código Penal, y que esta situación lo que hace es alimentar más el impacto mediático que repercutir realmente en la Administración de Justicia.

También ha criticado el ex fiscal general las filtraciones a la prensa que se producen durante las fases de instrucción de algunos procesos, que acaban creando juicios paralelos y son una “enfermedad sistémica que hay que abordar”.

Torres-Dulce ha pedido que se reforme el sistema jurídico en muchos aspectos, pero que para ello la Administración de la Justicia se rija por “trabajos de campo” al respecto, porque “no es tan sencillo dar planteamientos que van a regir la calidad de vida del país”.

Abogados y programadores, en busca de la mejor ‘app’ legal

Madrid se convertirá en una de las 40 ciudades de todo el mundo que acogen el primer Global Legal Hackaton, que une a profesionales del mundo del derecho y del desarrollo informático de cinco continentes para crear la mejor aplicación (app), programa o software jurídico. Los ganadores de la edición española pasarán de ronda y optarán a la final mundial que se celebrará en abril en Nueva York.

“El mundo del derecho, igual que la educación y el resto de sectores económicos, está cambiando aceleradamente en los últimos años”, señala Beatriz Vila, vicedecana de relaciones Institucionales de la Universidad Francisco de Vitoria, sede del evento.

En los últimos años, las tradicionales resistencias el desarrollo tecnológico por parte de los profesionales jurídicos han sido sustituidas por un intenso debate sobre cómo éste puede ayudar a hacer más eficiente el trabajo de despachos y profesionales, sin sustituir el imprescindible proceso mental y trato personal que exige la profesión.

Prueba del interés que suscita esta materia son el centenar de profesionales, de perfiles muy variados, que se han inscrito en el Global Legal Hackaton. Además de abogados, aparecen expertos de marketing, profesiones de la administración y dirección de empresas, programadores y diseñadores.

Una de las razones por las que el mundo del derecho acoge con recelo el avance tecnológico es la percepción de que puede ser una amenaza para sus propias funciones o empleos. “No es cuestión de que la máquina sustituya al abogado, sino que haga las tareas en las que es más rápida y efectiva que nosotros”, subraya el experto en derecho y tecnología Jorge Morell.

El euríbor al que se referencian la mayoría de las hipotecas cerrará el segundo mes del año en el -0,0191%

El euríbor cerró, va camino de marca un nuevo mínimo en febrero. El euríbor al que se referencian la mayoría de las hipotecas cerrará el segundo mes del año en el -0,0191%, frente al -0,189% de enero. Por otro lado, el ahorro de las familias se ha situado en el 6,1%, aumentando el gasto por mejores perspectivas de futuro. Pero también es cierto que las familias se enfrentan a un problema: a qué destinar ese ahorro para que sea una operación financieramente satisfactoria.

Existen tradicionalmente dos posibilidades: por un lado, invertir en productos de ahorro como cuentas y depósitos o bien, otra opción, es amortizar hipoteca.

Ahora mismo invertir en un depósito es mucho menos rentable, puesto que los intereses están en mínimos históricos y es muy difícil encontrar un producto con rentabilidades atractivas. A esto habría que sumar la inflación, que acabó 2017 en positivo, lo que resta rentabilidad real al producto. Además, la tasa media de ahorro de los depósitos se situó en el 0,08%, según datos del Banco de España.

De esta manera amortizar hipoteca se convierte en la mejor opción para las familias españolas, que aprovecharían el euríbor en negativo para reducir su deuda y afrontar en una mejor situación la posible normalización del dinero en un futuro próximo, con el consiguiente repunte del indicador. (No hay que olvidar que en 2008 alcanzó la cuota histórica del 5%).

Así, el hipotecado que quiera reducir capital debe saber que el sistema que rige las hipotecas es el francés: es decir, se pagan más intereses al principio que al final y cuánto más joven es la hipoteca. Por otro lado, las bajadas del euríbor se notan más al principio de la hipoteca que al final por ese mismo motivo.

El Gobierno quiere que el contrato de formación se use hasta los 30 años

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este jueves que la reforma del contrato de formación que propone la CEOE, pidiendo entre otras cosas ampliar a los mayores de 45 años este contrato, “no ha sido debatida en el diálogo social”, pero ha dejado claro que el planteamiento del Gobierno es que este contrato se utilice con jóvenes de hasta 30 años con el objetivo de trabajar y formarse a la vez.

Actualmente, este contrato puede efectuarse con mayores de 16 años y menores de 25, o bien con jóvenes menores de 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15% (ahora está en el 16,5%). Para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social en empresas de inserción y alumnos de Escuelas-Taller, Casas de Oficio Talleres de Empleo y Programas de Empleo-Formación no existe límite de edad.

En declaraciones a Antena 3, Báñez ha subrayado que lo que sí está acordado en el diálogo social es que este contrato para jóvenes de hasta 30 años pueda tener una ayuda complementaria de 430 euros, “pagada por Europa” a través de la Garantía Juvenil, de tal manera que podrían cobrar de inicio 1.000 euros entre la ayuda y el salario de convenio. Sin embargo, la ministra ha denunciado que esta ayuda está paralizada porque el PSOE “no la quiere apoyar en el Parlamento”, lo que Báñez ha calificado de “gran irresponsabilidad” por su parte.

La titular de Empleo ha afirmado además que “no se puede generalizar” y decir que el contrato de formación se usa habitualmente de manera fraudulenta, y ha instado a denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aquellos “abusos e irregularidades” que puedan cometer algunas empresas con este contrato.

Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que una trabajadora embarazada puede ser despedida en el marco de un despido colectivo, aunque en este caso el empresario debe comunicar a la empleada los motivos que justifican el despido y los criterios objetivos que la empresa ha seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido.

El tribunal señala que la directiva sobre la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada no se opone a una normativa nacional que permita el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo.

El caso se refiere al expediente de regulación de empleo (ERE) que Bankia puso en marcha en 2013, que afectó entre otros a una mujer embarazada que decidió presentar una demanda ante un juzgado de Barcelona, que se pronunció a favor de la entidad bancaria.

La afectada recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual se dirigió a su vez a la corte de Luxemburgo. Los jueces europeos dejan claro en primer lugar que violaría la normativa comunitaria una decisión de despido adoptada por razones esencialmente relacionadas con el embarazo de la trabajadora.

Sin embargo, se respeta el Derecho europeo cuando la decisión de despido se toma entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad por razones no relacionadas con el embarazo y siempre que la empresa comunique por escrito el despido y los motivos que lo justifican.

También es compatible con la legislación europea una ley nacional que permita a la empresa despedir a una embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados.

Por tanto, la legislación europea sólo exige a la empresa exponer por escrito los motivos no inherentes a la persona de la trabajadora embarazada por los que efectúa el despido colectivo (motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción de la empresa) e indicar a la embarazada los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el despido.

Por otra parte, el tribunal precisa que respeta la legislación europea una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo, no establece ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo (…) para las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.

Miles de jubilados reclaman unas "pensiones dignas"

Miles de pensionistas de toda España se han manifestado este jueves en más de 40 localidades para defender el sistema público de pensiones y para protestar ante la “insuficiente” subida del 0,25% para este año. La campaña de movilizaciones, convocadas por la Marea Pensionista y respaldada por los sindicatos mayoritarios, comenzó el pasado 15 de febrero, y este jueves estaba prevista una “gran manifestación” en distintas ciudades. En Madrid, miles de personas se han manifestado y cientos de jubilados han sorteado las barreras de seguridad del Congreso de los Diputados y se han concentrado ante la Cámara.

En Madrid, en torno a un millar de jubilados se han manifestado este mediodía en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo, para reclamar “pensiones dignas” con subidas al ritmo de la inflación y derogando el actual índice de revalorización. Concentrados desde minutos antes de las 11.00 para visibilizar su descontento por la subida de esta prestación al 0,25%, cientos de manifestantes han conseguido romper el cordón policial en varios puntos para llegar hasta las mismas puertas de la Cámara baja.

Una delegación de las entidades organizadoras de la concentración, entre los que se encuentran los sindicatos CC OO y UGT, ha registrado en el Congreso un escrito en el que demandan “romper el bloqueo político de PP y Ciudadanos” para cambiar la actual legislación de pensiones. Reclaman que los incrementos de las pensiones cubran el incremento de los precios y que los Presupuestos Generales del Estado incluyan partidas para asegurar la financiación de la Seguridad Social. A gritos de “¡Ladrones, ladrones!” y con las manos en alto, los manifestantes han bajado por la calle hasta llegar a las puertas del Congreso, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo. Los jubilados han respondido los intentos de la policía por contener su avance con gritos de “Somos pensionistas, no terroristas”.

Desde el interior del Congreso, el portavoz del PP en esta cámara, Rafael Hernando, mostró su respeto al derecho de los pensionistas a manifestarse, pero ha defendido que el balance de este colectivo desde que gobierna Rajoy “puede considerarse positivo si se compara con otros sectores”. “O, por lo menos según todos los informes internacionales, es el sector en España que gracias a su modelo de protección social ha sido el que menos se ha visto acosado por la crisis económica”, ha dicho. Así, ha recordado que desde 2011 el gasto en pensiones ha pasado de 90.000 millones a 135.000 millones, aumentando la pensión media en más de cien euros, hasta superar el millar de euros al mes.

En Bilbao, miles de jubilados y pensionistas han colapsado el centro en una protesta en la que han calificado de “ridícula” la actualización de sus pensiones en el 0,25% para este año. Han reclamado unas “pensiones dignas” y que estas sean incrementadas anualmente conforme a la variación del IPC, con el fin de evitar que sectores de este colectivo, especialmente las viudas, “se encuentren muy cerca del umbral de la pobreza”, según ha denunciado la plataforma de asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia.

La marcha ha arrancado en los aledaños del Ayuntamiento de la capital vizcaína y finalizado ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde han realizado un acto simbólico de devolución de las cartas recibidas y firmadas por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en las que se les comunica la actualización de sus pensiones en el 0,25% para este año. Al respecto, el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha aprovechado para reiterar la demanda de la transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y también ha señalado que el Gobierno de Rajoy debería tranquilizar a los pensionistas trasladándoles el mensaje de que “tienen derecho a una pensión y no la van a perder”.

Los empleados no temen que un robot le quite su trabajo

El 93% de los profesionales asegura que las plantillas o no están preparadas o lo están de manera parcial para la integración de los robots; y tres de cada cuatro creen que la robotización no destruirá puestos de trabajo.

En el último año el parque de robots ha crecido un 6% en nuestro país, lo que supone que ya convivimos y trabajamos con 35.000 aparatos industriales. La inteligencia artificial se está instalando en nuestras vidas, pero, de momento no la vemos como una amenaza. El Estudio cualitativo de percepción de la robótica industrial en España, realizado por el Grupo Adecco y el Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH confirma que la mayoría de los profesionales expertos en recursos humanos (3 de cada 4) cree que el avance de la robótica no supondrá la destrucción de puestos de trabajo. Y, a esta ausencia de temor por lo que ya se percibe como inevitable, se le puede dar una vuelta de tuerca: según una encuesta un tercio de los hombres afirma que tendría sexo con un robot con inteligencia artificial.

Anécdotas al margen, el análisis que ha realizado la firma de recursos humanos y el bufete de abogados (a partir de 100 entrevistas cualitativas y cuantitativas a directores de recursos humanos) refleja que una parte importante de los consultados asegura que estos nuevos compañeros de trabajo generarán nuevos empleos hasta ahora desconocidos. Santiago Soler, secretario General del Grupo Adecco, afirma que “el desarrollo e implementación de la robótica en las empresas nos ayudará a convertirnos en mejores profesionales, dotándonos de herramientas que nos permitirán llegar donde nunca antes habíamos llegado.

Y, por mucho que avance la tecnología, siempre serán necesarias las personas para poner en práctica todo lo aprendido, para dotar de cierto componente emocional a cada puesto y para hacer mejores las sociedades en las que se integran. En definitiva, el factor humano seguirá siendo esencial para el funcionamiento de las empresas, pues se trata de un valor irremplazable”.

Hacienda y los sindicatos pactan reducir al 8% la temporalidad en la Administración en 2020

La última reunión entre Hacienda y los principales sindicatos de los funcionarios (CC OO, UGT y CSIF) se ha saldado con dos principios de acuerdo. Por una parte, el ministerio ha aceptado que se pueda subir en todas las Administraciones Públicas la tasa de reposición, esto es: el porcentaje de sustituciones de las plazas jubiladas. En el caso de los sectores prioritarios como la sanidad, la educación o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esta tasa superará el 100%. Para los cuerpos y fuerzas de seguridad incluso podría alcanzar el 115%. Es decir, después de haber sufrido fuertes ajustes, se podrán aumentar las plantillas de estos servicios por primera vez desde la crisis.

Desde que se inició la Gran Recesión allá por el año 2008, se han dejado muchas vacantes públicas sin cubrir. La tasa de reposición solo se llegó a devolver al 100% en el 2016. Y esto solo se hizo para servicios considerados estrictamente esenciales. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, desde el pico de 2011 se han perdido unos 230.000 empleos en el sector público. Con este principio de acuerdo, se intentaría compensar esta disminución de efectivos en una serie de organismos considerados sobrecargados. De acuerdo con los últimos datos del boletín estadístico de personal publicado por Hacienda, la educación no universitaria cuenta con unos 20.000 trabajadores menos. La sanidad dispone de unos 6.000 menos. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pierden unos 9.000 miembros.

Otro de los acuerdos que está cerca de materializarse ataca la elevada inestabilidad laboral existente en el sector público. El año pasado ya se suscribió un pacto para reducir la tasa de temporalidad en sectores prioritarios. El compromiso consistía en bajarla del 23% al 8% entre 2018 y 2020. Ahora se estudia ampliar este acuerdo al resto de servicios públicos no esenciales. Educación, sanidad y el empleo local presentan índices de temporalidad muy elevados. Además, la mujer sufre una tasa de temporalidad unos 10 puntos superior a los hombres en el sector público.

“Hemos cerrado prácticamente el acuerdo de empleo, lo que nos va a permitir universalizar el proceso de estabilización que nos llevará a rebajar la temporalidad al 8% en todas las Administraciones. También va a permitir empezar a recuperar empleo, no solo en los servicios prioritarios sino en el conjunto del sector público”, ha declarado Miriam Pinillos, secretaria de políticas públicas de FSC-CC OO, al término de la reunión con Hacienda. El secretario de organización de FeSp-UGT, Fréderic Monell, ha destacado que se ha avanzado de forma muy significativa tanto en la estabilización de plantillas como en la oferta de empleo público.

Fuentes de CSIF explican que se han dado de plazo hasta la semana que viene: “No podemos generar expectativas de acuerdo hasta que no se devuelvan las 35 horas, las prestaciones por baja de enfermedad y se restablezca el poder adquisitivo perdido por los funcionarios”, señalan. La secretaria de Función Pública, Elena Collado, ha emplazado a los sindicatos a seguir discutiendo precisamente estos asuntos el próximo lunes, en el que también se tratará la subida de salarios.

La última oferta de incrementos salariales que ofreció Hacienda en septiembre consistió en un alza del 5,25% en los tres próximos años que se mejoraría hasta el 6,5% si hay crecimiento económico; hasta el 7,25% si el PIB crece un 2%; y hasta el 7,75% si en 2020 se cumple con los objetivos de déficit público. El ministerio y las centrales sindicales se han fijado como fecha límite para firmar un acuerdo el próximo 1 de marzo.

Madrid cierra 2017 con un superávit de más de 1.120 millones

El Ayuntamiento de Madrid publicó este jueves los datos correspondientes a la liquidación de su presupuesto de 2017. Destaca el superávit del Consistorio, que alcanzó los 1.120 millones de euros, un remanente de tesorería de 1.116 millones y una ratio de deuda viva del 73,69%, que logra de esta manera situarse por debajo del límite del 75% de sus ingresos liquidados contemplado por la legislación estatal como el límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales. En 2014, la ratio llegaba al 140,8%.

Tal y como informó el Consistorio que dirige Manuela Carmena en una nota, lo más destacable de la liquidación del presupuesto de 2017 es ese superávit, la diferencia entre los ingresos y los gastos, de más de 1.120 millones. En segundo lugar, destaca el remanente de tesorería, es decir, la parte del superávit con la que es posible realizar, por ejemplo, inversiones financieramente sostenibles o amortizar deuda, de unos 1.116 millones.

Otros parámetros que incluye la liquidación es cómo la inversión por habitante superó los 128 euros frente a los 84 de 2014 y cómo la ejecución del gasto social alcanzó los 567 millones, registrando el gasto en programas de educación un crecimiento superior al 20% respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, el equipo de Gobierno comandado por Ahora Madrid explica que la ejecución presupuestaria alcanzó el 87,9% si se tiene en cuenta el efecto de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Pleno para el cumplimiento del Plan Económico y Financiero (PEF) 2017-2018.

Los ingresos del Ayuntamiento ascendieron a 5.130 millones, un 4,9% más que en 2016, mientras que los gastos se redujeron un 11,1% hasta situarse en 4.257 millones. El gasto social fue de 567 millones de euros en 2017, manteniendo la senda de ejecución por encima del 80% y un 33% más que en 2014 (141,6 millones más de presupuesto que en 2014).

La ejecución del gasto en programas dirigidos a personas mayores registró un incremento interanual superior al 10%, similar al aumento protagonizado por el gasto en atención e inclusión social y atención a la emergencia. El gasto ejecutado en personas mayores superó así los 212 millones de euros (un 19% más que en 2014, que alcanzó 179 millones), y el de atención e inclusión social y atención a la emergencia los 71 millones (un 12% superior al de 2014).

Montoro asegura que el Consejo de Ministros aprobará los Presupuestos antes de Semana Santa

El Gobierno prevé aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el Consejo de Ministros anterior a Semana Santa, ha avanzado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El Gobierno trabaja para recabar los apoyos necesarios, ha explicado el ministro, quien ha añadido que confía en contar con ellos a finales de abril, cuando se debatan las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario.

“Estamos trabajando, cerrando el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 18 y los aprobaremos como muy tarde antes de Semana Santa”, ha subrayado el ministro, que ha apuntado la tercera semana de marzo como previsible fecha para que lo aborde el Consejo de Ministros.

De esta manera, ha explicado, las cuentas entrarían en el Congreso de los Diputados “con tiempo suficiente” para estar aprobadas a finales de junio, con lo que no se solaparía con el debate del techo de gasto de 2019.

Sobre las condiciones que le exigen el PNV, que le urge levantar el artículo 155 en Cataluña, y Ciudadanos, sobre la equiparación de los sueldos de los policías nacionales y guardias civiles con la policía autonómica, el ministro ha confiado en que cuando se voten las enmiendas a la totalidad del Presupuesto, previsiblemente a finales de abril, esté “clarificado el horizonte político”.

Es decir, que el Gobierno contará con los “apoyos necesarios” para superarlo, que serán “los mismos” que votaron el techo de gasto de 2018 -PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria-.

Además de estos “apoyos políticos”, Montoro quiere el “acuerdo” de los agentes sociales, lo que conlleva cerrar la negociación con los sindicatos de la función pública de cara a la subida salarial de los funcionarios para los años 2018 a 2020, que espera concretar “en estas semanas”.

Los jueces protegen a las pymes de las comisiones por descubierto abusivas

La operativa habitual de muchas pequeñas y medianas empresas, o trabajadores autónomos en España, implica a menudo –y especialmente durante la crisis– que algunas de sus cuentas bancarias se queden en números rojos una vez afrontados los pagos a proveedores y a la espera de cobrar de sus clientes.

Esta situación provoca una penalización bancaria que con frecuencia se traduce en el cobro de varias comisiones como la de descubierto, por el saldo negativo, la de excedido, por el tiempo que tarda en ponerse al día, o la reclamación de posiciones deudoras, a las que se suma un interés de demora. En los últimos tiempos, sin embargo, los tribunales han comenzado a anular estos cobros al entender que se trata de un doble castigo automatizado que no obedece a la prestación de un servicio real, como exige la regulación.

Uno de los ejemplos más recientes es el de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Oviedo que hace unas semanas obligó a Liberbank a abonar a su cliente, una empresa de transportes, lo cobrado por este tipo de comisiones más los intereses generados, unos 50.000 euros en total.

La pyme demandó a la entidad por no haberle informado de estas penalizaciones al abrir la cuenta, habiéndole cargado por ellas 4.135 euros en 2007, sumándole luego cargos de 32.176 euros por excedidos en el periodo 2008 a 2015 y otros 4.922 euros por reclamación de cuantías en el mismo periodo, alcanzando un coste total de 41.287 euros. Estas comisiones acumulaban su vez un interés moratorio del 27,443% TAE. El demandante denunciaba además que nunca se le avisó de los costes a los que se arriesgaba mes a mes.

El director de la sucursal declaró durante el proceso que nunca se avisa a los clientes de los pequeños descubiertos, pero que la entidad aplica unas tarifas estándar que pueden consultarse en la web de la entidad. Por su parte, una empleada de dicha oficina testificó que estos cargos se realizan de forma automatizada y admitió desconocer la diferencia entre las comisiones y los intereses moratorios.

“Hay un clamoroso vacío detrás de estas comisiones”, dictaminó el juez, que considera que el demandante “no recibió información suficiente” sobre la penalización y que “las sucesivas comisiones por excedidos, por descubiertos y por reclamación de posiciones deudoras son redundantes y no se ha demostrado debidamente que respondan a servicios prestados o a gastos reales”.

El Senado aprueba reducir la brecha salarial e igualar los permisos de paternidad

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 21 de febrero, por unanimidad, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios a una moción consecuencia de interpelación redactada por el PSOE por la que insta al Gobierno a equiparar por ley la duración de los permisos de paternidad, estableciéndolo en 16 semanas intransferibles, y a sancionar a las empresas que incumplan la Ley de Igualdad.

La iniciativa insta al Gobierno a adoptar, previo acuerdo en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para continuar trabajando en la reducción de la brecha salarial de género, priorizando la implementación de siete medidas concretas.

En concreto, sobre los permisos por nacimiento, adopción y acogimiento, el texto señala que la equiparación debe desarrollarse de forma “progresiva” pero ha de ponerse en marcha de forma “inmediata”. También incluye medidas concretas para el aumento de la tasa de actividad de las mujeres, para eliminar el techo de cristal, racionalizar los horarios y para dotar con una financiación suficiente una red pública de cuidados, servicios sociales y atención a la dependencia.

Además, insta al Ejecutivo a sancionar a las empresas que incumplan la Ley de Igualdad en relación a la puesta en marcha de los planes de igualdad, y a adoptar las reformas legales necesarias para que estos planes sean efectivos y contengan auditorías salariales periódicas.

También le pide desarrollar medidas para hacer efectiva la transparencia en las empresas y el desglose de la nómina por sexo y categoría de los conceptos retributivos. En este sentido, le emplaza a incrementar las inspecciones de trabajo para detectar posibles irregularidades.

La Justicia europea dice que las guardias localizadas en casa deben considerarse jornada laboral

El tiempo que un trabajador está guardia y tiene que estar en casa localizable en un periodo breve es tiempo de trabajo. Así ha fallado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este miércoles para el caso de un bombero belga que, cuando tenía guardia, estaba obligado a permanecer en su casa para poder acudir al centro de trabajo en ocho minutos, en virtud de la directiva que lo regula de 2003.

Con esta sentencia, el TJUE hace una excepción a la jurisprudencia que venía dictando hasta ahora que no consideraba el tiempo de guardia localizada como tiempo de trabajo. No obstante, las circunstancias que concurren en el caso del bombero de Nivelle llevan a los jueces a dictar la salvedad “pues la obligación de permanecer físicamente en un lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde el punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos, limitan de manera objetiva la posibilidad que tiene un trabajador […] de dedicarse a sus intereses personales y sociales”.

El fallo tiene cierto impacto en España, ya que hasta ahora “la jurisprudencia ha declarado que las horas de localización no se consideran tiempo de trabajo”, apunta el catedrático Jesús Cruz Villalón en su Compendio de Derecho del Trabajo. Sin embargo, no supone un cambio radical sino un matiz sobre la doctrina mantenida hasta ahora.

La sentencia se refiere al caso de un bombero voluntario para el servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelle (Bélgica), actividad que compaginaba con otro empleo en una empresa privada. El hombre recurrió a la justicia en 2009 para obtener del consistorio una indemnización por daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, alegando que debían considerarse como tiempo de trabajo. El Tribunal Laboral Superior de Bruselas pidió a la justicia europea que se pronunciara al respecto.

El tribunal también precisa que los Gobiernos de la UE no pueden establecer excepciones en función de determinadas categorías de bomberos —en este caso era voluntario— respecto a las obligaciones de la normativa y no pueden adoptar una definición diferente de la que establece la directiva para el concepto de “tiempo de trabajo”.

Los empresarios reclaman un contrato de formación para mayores de 45 años

La CEOE propone que se elimine la edad como requisito para acceder al contrato para la formación y aprendizaje, de forma que puedan realizarse a parados mayores de 45 años y que hayan agotado su prestación por desempleo.

En el informe “El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad”, que ha remitido a las Secretarías de Estado de Empleo y de Educación, la patronal considera que la evolución de este contrato “ha sido desfavorable” debido a las dificultades asociadas a su utilización.

Por ello, pide modificaciones para que sea una alternativa real, como eliminar el criterio de edad, que es “excluyente”, para primar la carencia de capacidades formativas para el desempeño del puesto de trabajo. Asimismo, la patronal quiere que se eliminen las restricciones en el caso de trabajos a turnos o con nocturnidad y horas extra, un inconveniente por el que se desestima esta vía de contratación, porque “determinados procesos productivos conllevan necesariamente contemplar una o ambas circunstancias”.

El contrato para la formación y el aprendizaje permite actualmente la inserción laboral de los jóvenes en un régimen de alternancia de la actividad laboral retribuida en la empresa con una actividad formativa dirigida a la obtención de un título de formación profesional. En los dos últimos años, el número de contratos para la formación se ha reducido desde los 174.923 de 2015 a los 48.317 de 2017.

La flexibilización del contrato para la formación es una de las medidas que están encima de la mesa de diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, junto a la recuperación del contrato relevo o la regulación de las prácticas no laborales.

Precisamente, sobre las becas y las prácticas, la patronal plantea en su documento “no regular normativamente las percepciones económicas” para los becarios porque “pueden limitar la capacidad de la empresa a acoger a estudiantes en prácticas”.

Asimismo, piden que se les permita trabajar los fines de semana o los festivos en aquellos centros de trabajo en los que por su actividad principal fuera necesario y, a cambio, el empleador “podría compensar con días de descanso equivalentes o articular otros mecanismos de compensación”.

La patronal pide que la ley no obligue a las empresas a pagar a los becarios

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) quiere que no se regulen normativamente percepciones económicas para los estudiantes en prácticas, ya que ello podría limitar la capacidad de las empresas para acogerlos.

Así lo señala en un documento de trabajo de 46 páginas titulado ‘El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad’ que ha remitido a las Secretarías de Estado de Educación y de Empleo. En el documento, la patronal propone también una serie de cambios para mejorar la formación y las becas y prácticas en empresas.

En concreto, reclama simplificar el actual sistema de prácticas en empresas; delimitar que las labores del becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca; no convertir las prácticas académicas externas en una modalidad contractual; equiparar la duración de las prácticas no laborales en todo el territorio nacional, y mejorar desde las administraciones la labor de información y difusión a estudiantes y empresas sobre las becas y prácticas existentes.

Asimismo, la CEOE quiere que los becarios cuenten también con un tutor que forme parte de la empresa; que se flexibilicen los requisitos de acceso para las prácticas no laborales ante su “rigidez” actual; que se amplíe la edad de acceso a las prácticas no laborales dirigidas a jóvenes con titulación y sin experiencia; impulsar el uso de ayudas al estudiante para cubrir al menos las dietas y el transporte de los alumnos, y permitir trabajar los fines de semana o los festivos en aquellos centros de trabajo donde fuera necesario a cambio de una compensación (con días de descanso u otro mecanismo).

También aboga por establecer un periodo para que el empresario o el estudiante, de no estar satisfecho, pueda rescindir las prácticas; establecer deducciones fiscales a las empresas que faciliten la integración de estudiantes en prácticas, y en el caso de que la empresa tenga que asumir una ayuda económica al estudiante, se asegure el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social o en materia fiscal que pudieran llegar a corresponder legal o reglamentariamente.

El Constitucional blinda la exención del impuesto de patrimonio para las confesiones religiosas

El Tribunal Constitucional ha anulado en una sentencia publicada hoy una norma de la Junta General de Guipúzcoa que eliminó la exención en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a la “Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español”. Fue en 2012 cuando Guipúzcoa decidió eliminar este beneficio fiscal que figura en una norma foral de 1987.

El caso ha llegado al tribunal después de que la Comunidad Musulmana Tawasol de Elgoibar iniciara en 2014 una batalla legal. Esta comunidad religiosa compró un local en Elgoibar por 77.000 euros en 2014 con el objetivo de convertirlo en un inmueble dedicado al culto musulmán. Abonó 5.390 euros a la diputación en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y posteriormente solicitó la devolución argumentando que el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España establece una exención de este impuesto.

El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa desestimó el recurso de la confesión religiosa al entender que no resultaba aplicable la normativa estatal al tratarse de un tributo concertado sobre el que las autoridades forales tienen competencia. El caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que presentó una cuestión prejudicial ante el Constitucional.

El Alto Tribunal rechaza que la cuestión a dirimir sea una disputa entre la normativa tributaria estatal y foral. “Lo aquí discutido trasciende (…) del ámbito material del Concierto Económico para alcanzar también al contenido de un derecho fundamental, como es la libertad religiosa”.

El Constitucional recuerda que es competencia exclusiva del Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Entiende que la norma que deja exento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales a la comunidad islámica tiene como finalidad garantizar la libertad religiosa. El Abogado del Estado defendió que corresponde al Estado facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, algo que puede hacerse, por ejemplo, concediendo un régimen fiscal especial para las iglesias y otras confesiones.

El Tribunal Constitucional sostiene que un ente territorial no puede eliminar la exención fiscal establecido por la norma estatal a una confesión religiosa. Si bien el caso en litigio se circunscribe a una comunidad musulmana, la anulación de la norma foral también beneficia a la Iglesia Católica. El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en 1979, establece “la exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad”.

El Supremo aclara los plazos para rectificar el IVA a la baja

El Tribunal Supremo ha aclarado las dudas existentes en torno al plazo para emitir la factura rectificativa que minora la base imponible del IVA (el importe al que se aplica el tipo de gravamen para determinar la cuota) y la cuota inicialmente repercutida. En una reciente sentencia (que puede consultar aquí) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían.

Al cumplirse la eventualidad prevista en el contrato que permitía la reducción de la base imponible y de la cuota de IVA repercutida, el vendedor emitió una factura rectificativa. El debate, sin embargo, se sitúa en torno a si lo hizo válidamente en plazo o no.

La normativa del IVA contempla la posibilidad de modificar la base imponible, entre otros supuestos, cuando quedan sin efecto las operaciones gravadas o cuando se altera el precio después de haberse efectuado la operación.

El apartado primero del artículo 89 de la Ley del IVA establece que la rectificación de las cuotas del IVA repercutidas debe realizarse mediante la emisión de una nueva factura rectificativa en el momento en el que se producen las nuevas circunstancias, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde el pago del impuesto o, en su caso, desde que se produjeron las circunstancias que modifican la base imponible.

Por otro lado, el apartado quinto del artículo 89 establece que la regularización de la situación tributaria, en los supuestos de disminución de la cuota inicialmente repercutida, cuenta con un plazo de un año a contar desde la liquidación.

El debate que debe resolver el Supremo es si al emitirse una factura rectificativa de la base imponible, cuando la modificación comporta su minoración y la de la cuota, se cuenta con el plazo de un año establecido en el apartado quinto o de cuatro contemplado en el apartado uno. Es decir, si existe o no un plazo general de cuatro años para la rectificación de las cuotas repercutidas y uno especial de un año cuando la rectificación es a la baja.

La Fed subirá los tipos en marzo

La subida de los tipos en EE UU en marzo es algo con lo que lleva especulando el mercado en este inicio de año y si nada ni nadie lo impide, en la próxima reunión el nuevo responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell, acometerá un alza de las tasas hasta el 1,75%. “Los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) acordaron que el fortalecimiento de la economía a corto plazo ha aumentado la probabilidad de que una subida del precio del dinero el próximo mes es apropiada”, recogen las actas. El objetivo es evitar el sobrecalentamiento de la economía, idea que preocupa a un par de miembros de la institución.

Unos días después de la última cita de la Fed, el 2 de febrero, se divulgó el dato de inflación salarial que creció un 2,9%. A partir de ese momento se dispararon todas las alertas y los inversores empezaron a descontar una subida acelerada de los tipos. El principal temor es que un incremento sostenido de la inflación y el impulso adicional dado por la Administración Trump con la rebaja de impuestos a empresas y familias podrían derivar en un endurecimiento de la política monetaria más agresivo.

No obstante, superado el pánico inicial, que se saldó con un incremento de la rentabilidad de la deuda de EE UU a diez años hasta el 2,9%, ahora los inversores se refugian en los buenos datos económicos y prevén que la institución eleve los tipos hasta tres veces este año, en línea con lo estimado por el banco central estadounidense para el conjunto de 2018.

“Casi todos los participantes continuaron anticipando que la inflación avanzará hacia el objetivo del 2% a medio plazo, que el crecimiento económico mantenga la tendencia al alza y que el mercado laboral conserve la robustez”, apuntan las actas de la Fed. Asimismo, los miembros de la institución recogen la posibilidad de que el impulso dado por la reforma fiscal tenga un mayor efecto a corto plazo. Esto eleva la probabilidad de avanzar en el ajuste gradual de tipos de interés en los próximos meses. Es decir, algunos ya empiezan a descontar más subidas de las tasas a lo inicialmente previsto en los próximos meses.

Mediador Concursal

Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa a la designación de Mediador Concursal y a la comunicación de datos del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y su publicación inicial en el Portal Concursal.

Por medio de esta norma que estamos comentado, el centro directivo de los registradores y notarios, dicta ciertas normas para desarrollar el procedimiento de nombramiento de los mediadores concursales, previsto en el Título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y relativo al procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

La escasa regulación de este procedimiento, ha dado lugar a prácticas dispares y no exentas de dudas que, en algún caso, incluso han llegado a frustrar el procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

En concreto, los aspectos que se desarrollan en esta Instrucción, hacen referencia a la designación de los mediadores concursales, a la comunicación a dichos mediadores de datos relativos al deudor y a la comunicación de los datos del deudor al Registro Público Concursal.

El inicio de este procedimiento comienza con la presentación por parte del deudor del formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

El registrador mercantil o el notario antes de comunicar el nombramiento al mediador concursal llevará a cabo el control del cumplimiento por el solicitante de los requisitos exigidos.

El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del “Boletín Oficial del Estado”, la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.

En el caso de que no existieran mediadores concursales disponibles dentro de la provincia solicitada, suministrará el que corresponda de entre las provincias limítrofes, y si tampoco esto fuera posible suministrará los datos del primero que corresponda dentro de la comunidad autónoma. En último lugar, señalará el Portal el que corresponda dentro de todo el territorio del Estado.

Si el mediador designado no aceptase el cargo, volverá el Registrador Mercantil o Notario a realizar una nueva petición expresando esta circunstancia. El mediador designado que no aceptase el cargo se situará al final de la secuencia, sin que pueda volver a ser designado hasta que finalice ésta.

Asimismo, se regula en esta Instrucción, la información a suministrar al mediador concursal por el registrador mercantil o notario, con carácter previo a la aceptación de su designación por parte de aquel, y con el fin de comprobar si concurre alguna causa de recusación que les impida la aceptación del cargo, que incluye información relativa al deudor, así como a las características básicas de la situación de insolvencia.

Finalmente, y respecto a la información que se ha de remitir por el notario o registrador mercantil al Registro Público Concursal, se ajustará al formato que se proporcione por el Registro Público Concursal, sin que en ningún caso sea admisible la remisión literal de actas notariales, inscripciones, expedientes concursales de la clase que sean, ni otros de igual o similar naturaleza, ni siquiera como documentos.

TEXTO COMPLETO:

La presión en precios ahoga a los bufetes que operan en China

El auge de las fusiones y adquisiciones en China no viene acompañado de grandes beneficios para los bufetes internacionales que operan en el ‘gigante’ asiático, debido a la fuerte presión sobre los costes. Para que los bufetes de abogados más importantes del mundo puedan conseguir contratos de asesoramiento en fusiones y adquisiciones de empresas de países distintos generalmente es necesario que tengan una buena reputación, un buen historial y unas buenas relaciones con los clientes.

Pero para conseguir contratos de asesoramiento para el departamento de mercantil de decenas de miles de millones de dólares de empresas chinas con firmas extranjeras, el factor más importante es el coste.

Abogados de importantes bufetes internacionales señalan que las empresas chinas dan más importancia al precio que a la calidad del asesoramiento. Esto significa que, aunque se supone que deberían obtener grandes beneficios con su trabajo en China, la realidad suele ser muy diferente.

En este sentido, los especialistas en mercantil aseguran que las empresas chinas, en particular las compañías estatales, no están dispuestas a pagar las tarifas y las comisiones que los bufetes occidentales suelen pedir. Y es que en un país en el que el sistema legal es relativamente nuevo, las negociaciones entre estados y las relaciones personales se consideran mucho más valiosas que el asesoramiento legal.

El problema es especialmente importante para los bufetes que quieren conseguir contratos con empresas estatales chinas. Tanto es así, que un abogado especializado en fusiones y adquisiciones ha afirmado que la gran mayoría del trabajo realizado por su bufete estadounidense ha sido con empresas privadas, “cuyo grado de sofisticación ha cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años”.

“El hecho de que haya mucha gente que quiere conseguir contratos con un número relativamente pequeño de clientes ha dado lugar a una competencia feroz, lo que ha reducido los precios. Además, la idea de necesitar un abogado para las operaciones es nueva en China. Como consecuencia, las tarifas están en el límite inferior de los contratos en Europa o en Estados Unidos”, señala otro letrado, un abogado especializado de Hong Kong.