El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha recaudado desde 2011, 626,5 millones de euros de las empresas por el peaje que pagan para financiar la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años que despiden en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Con todo, la cuantía es un 14% menos de lo previsto por el SEPE que, en este tiempo, ha reclamado a las empresas por valor de 737,6 millones de euros. Trabajo ha reclamado la tasa a 83 grandes empresas, por el despido de 19.400 trabajadores, según la memoria de actividad del SEPE, correspondiente a 2020.

La ley de reforma de la Seguridad Social de 2011, que hizo el último gran cambio en el sistema de pensiones, instauró una tasa para que las empresas con más de cien trabajadores, y con beneficios, pagasen al Tesoro el coste de la protección por desempleo de los empleados mayores de 50 años. Fue una iniciativa de Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo y Seguridad Social con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2011, Telefónica presentó un ERE de 6.500 trabajadores, en coincidencia con un récord de beneficios de 10.000 millones de euros. Entonces, Gómez se hartó de que las grandes empresas con beneficios prejubilasen a sus trabajadores, con cargo al erario. En primer lugar, porque, generalmente, estos empleados de largas carreras de cotización, tienen derecho a dos años de prestación contributiva. Y, en segundo lugar, porque, en muchas ocasiones, enlazan la protección por desempleo con la jubilación anticipada. Es decir, adelantan varios años su entrada en el sistema de pensiones.

En todo caso, por el coste que supone esta medida para las empresas, desde entonces la patronal CEOE reclama siempre que puede a los sucesivos gobiernos que suprima esta cláusula de la ley, aunque nunca lo ha conseguido. Es más, el Gobierno ha introducido dos medidas que afectan a esta cuestión en el último proyecto de ley de reforma de las pensiones que ha enviado al Congreso de los Diputados. La primera es una ampliación de los descuentos en la cuantía de la pensión, dos años antes de llegar a la edad legal de jubilación. Este año está en los 66 años, si no se ha cotizado lo suficiente para retirarse a los 65 años. Y, en segundo lugar, la norma prohíbe a las empresas que obliguen a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años. Esto es así porque la edad legal de jubilación estará en los 67 años en 2027.

Por lo tanto, con frecuencia las empresas suelen recurrir los requerimientos del SEPE sobre las cantidades reclamadas, porque no están de acuerdo con la administración. De hecho, esta es la causa más frecuente de que, en ocasiones, haya un considerable retraso entre la reclamación de las cantidades por el SEPE y el abono de las mismas. Por ejemplo, todavía está reclamando Trabajo expedientes de 2020, que fue el año de la crisis por la pandemia del coronavirus, y hasta el momento ha abierto otros 57 en 2021. También hay que recordar que, en lo que va de año, la reconversión de la banca ha despedido a 15.000 trabajadores, y muchos de ellos son mayores de 50 años.

Además, el SEPE no cuenta con el personal suficiente para atender todo el trabajo que le ha causado los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicados por el Gobierno para proteger a las empresas y los trabajadores frente a la crisis del coronavirus. En ocasiones, como consecuencia de las reclamaciones de empresas se produce una rectificación de las cantidades a pagar y, otras veces, la compañía se declara insolvente”, según informan las fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EXPANSIÓN. Además de Telefónica, también han pagado al Tesoro empresas como CaixaBank, Danone, Ercros, Iberia, Greenpeace, Heineken, Nokia Siemens, Santander o Vodafone, entre otras.