Índice

  1. El fin de la moratoria concursal ¿Qué consecuencias debemos tener en cuenta?
  2. Notificaciones electrónicas ¿Ha avisado a Hacienda de que se va de vacaciones?
  3. Novedades tributarias con relación a los planes de pensiones de empleo.
  4. Hacienda prepara nuevos modelos de información sobre las criptomonedas.

1.- El fin de la moratoria concursal ¿Qué consecuencias debemos tener en cuenta?

Desde el pasado 1 de julio de 2022, y tras el fin de la moratoria concursal, los deudores que se encuentren en situación de insolvencia deberán solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses, con las responsabilidades que pueden derivarse a los administradores en caso de que el incumplimiento de este plazo cause un perjuicio a los acreedores.

A raíz del Estado de Alarma provocado por la situación sanitaria causada por la COVID-19, el año 2020 se pusieron en marcha una serie de medidas extraordinarias enfocadas a la protección de las empresas afectadas por la crisis económica. Entre muchas otras, fue aprobada la denominada “moratoria concursal”, la cual consistía en ofrecer una dispensa temporal para todas aquellas compañías que, encontrándose en situación de insolvencia, o por prever la inminencia de esta, se veían en la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Pues bien, el pasado 30 de junio de 2022 finalizó la vigencia de la moratoria concursal, que se había ido prorrogando desde que se aprobó por primera vez en el mes de marzo de 2020. La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso hasta esa fecha.  La moratoria supuso además que no se admitían a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante lo anterior, esta moratoria no impedía que aquel deudor que se encontraba en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

¿Cuál es la mejor solución a partir de ahora?

De acuerdo con la Asociación de Profesionales de Administradores Concursales (APACSA), el denominado “concurso exprés o abreviado” es la mejor opción para gran parte de las compañías que se encuentren en tal situación. Debemos tener en cuenta que, tras dos años de crisis económica, muchas de las empresas afectadas se han visto obligadas a liquidar gran parte de su patrimonio, por lo que muchas ni tan solo les alcanza para cubrir los costes que un proceso concursal ordinario genera.

Esta modalidad concursal resulta mucho más beneficiosa, pues se trata de un procedimiento judicial que se abre y cierra en el mismo día, declarándose la liquidación de la forma más rápida posible.

Así pues, los principales efectos que ha comportado el fin de la moratoria concursal son, a grandes rasgos, los siguientes:

  • Se reactiva el deber de solicitar el concurso de acreedores por parte de las empresas afectadas en situación de insolvencia.
  • Se vuelven a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores, así como todas aquellas que estuvieran pendientes durante el periodo de la moratoria concursal.

Debemos tener en cuenta además que, a día de hoy, todavía no se ha aprobado la anunciada reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aunque está prevista entre finales de este mes de julio y el mes de septiembre. A través de dicho texto legal, se prevé que se introduzcan una serie de medidas y cambios que ayuden a evitar en gran medida la avalancha de concursos que el fin de la moratoria concursal acarreará.

Algunas de las medidas que prevé la reforma es la unificación normativa y la normalización de protocolos pre-pack, es decir, un procedimiento de transmisión que actúa como método eficaz y garantista para que las empresas insolventes puedan garantizar su continuidad. Concretamente, se trata de un instrumento de venta o transmisión de las unidades productivas de la empresa, con el objetivo de evitar el inicio de un procedimiento concursal que conlleve la pérdida desmesurada del valor de dichas unidades productivas

2.- Notificaciones electrónicas ¿Ha avisado a Hacienda de que se va de vacaciones?

Aunque Hacienda nunca descansa, concede a los contribuyentes hasta 30 días naturales al año durante los cuales no podrá depositar notificaciones en su buzón electrónico, excepto de aquellos casos en que la Sociedad/empresa tenga delegado el servicio de recepción de notificaciones, ya que en estos casos, será el que preste el servicio de gestión de notificaciones quien comunicará los días en que no se desea recibir notificaciones electrónicas.

La AEAT dispone de un servicio en Internet que te ofrece la posibilidad de recibir las notificaciones y comunicaciones administrativas por medios telemáticos en una Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para toda la Administración  General del Estado.

Asociado a la DEH, dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas correspondientes.

Están obligatoriamente suscritos a este sistema, entre otros:

  • Las personas jurídicas (sociedades anónimas, limitadas…)
  • Las entidades sin personalidad jurídica (sociedades civiles, comunidades de bienes, herencias yacentes…)
  • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de Grandes Empresas.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
  • Contribuyentes que tributen en el Régimen especial del Grupo de Entidades del IVA.
  • Contribuyentes inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME).
  • Contribuyentes con autorización para presentar declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).

También los autónomos y demás personas físicas que se acojan voluntariamente a este sistema.

“Días de cortesía” para las notificaciones electrónicas

Determinados contribuyentes puede solicitar a la Agencia Tributaria un máximo de 30 días durante el año natural en que la Agencia no podrá poner notificaciones en tu Dirección Electrónica Habilitada (DEH). Ahora que empiezan las vacaciones es un buen momento para solicitarlos.

Atención. Si no está incluido en el sistema de notificaciones electrónicas no podrá solicitar los días de cortesía.

¿Cómo lo puede pedir?

  • Es necesario estar dado de alta en la DEH y estar suscrito a los procedimientos disponibles en la Agencia Tributaria para la recepción de notificaciones.
  • Se debe comunicar con 7 días de antelación.
  • La solicitud hay que realizarla a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado de Mis Notificaciones donde ya hay un enlace para solicitar estos días de cortesía.

Atención. Son días naturales y por lo tanto se deben marcar también los sábados y los domingos.

¿Qué sucede durante estos días de cortesía?

Durante los días señalados, la Administración no podrá poner notificaciones a tu disposición en la dirección electrónica habilitada. No obstante, NO son días inhábiles a efectos administrativos, de forma que, si hasta el día anterior al período marcado recibe una notificación telemática, la misma se entenderá notificada una vez hayan transcurrido 10 días desde la recepción de la misma, pudiendo coincidir con un día de cortesía.

Tenga presente que si su empresa cierra todo el mes de agosto, inicie el plazo de cortesía el día 1 de agosto y finalícelo el 23 de dicho mes. Al disponer de los diez días de margen indicados, aunque reciba una notificación el día 24 de agosto todavía estará a tiempo de acceder a ella cuando regrese al trabajo a principios de septiembre, sin perder ningún día para contestarla. De esta forma todavía le quedarán algunos días que podrá repartir durante el resto del año.

Recomendaciones

  • Marque los 30 días lo antes posible. Hay que elegir, por lo menos, con una semana de plazo por lo que no se puede hacer de un día para otro.
  • Empiece a señalar unos días antes de irse de vacaciones, para no recibir una notificación justo el día antes de salir.
  • Termine unos días antes de volver ya que si recibe una notificación en esos días permanecerá en su buzón para ser descargada durante 10 días, por lo que podrá hacerlo cuando vuelva sin problemas.

 

3. Novedades tributarias con relación a los planes de pensiones de empleo

La nueva Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones, modifica el incremento de la reducción en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones de empleo en función de la contribución empresarial y la retribución del trabajador, al tiempo que permite a los autónomos incrementar su reducción mediante la aportación a planes de pensiones simplificados.

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (L 12/2022), con entrada en vigor el día 2 de julio de 2022, se introducen modificaciones en el ámbito fiscal (en IRPF, IP, IS e Impuesto sobre transacciones financieras) pretendiendo impulsar este tipo de instrumentos colectivos, mejorando los incentivos fiscales derivados de ellos y favoreciendo de este modo el ahorro de las rentas bajas y medias.

MEDIDAS FISCALES

A continuación, reseñamos las principales medidas fiscales que se introducen:

  1. IRPF

En consonancia con la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto y de planes simplificados (entre los cuales se incluyen planes de pensiones de autónomos y de socios trabajadores de sociedades cooperativas y laborales), se introducen diversas modificaciones en los límites de aportación financieros y en los límites de deducción en el cálculo de la base imponible del IRPF:

1.1. Modificación de los límites fiscales y financieros

Desde 1 de enero de 2022, la Ley del IRPF limita la deducción general por aportaciones a planes de pensiones (con el límite del 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si el incremento proviene de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la contribución empresarial. Ahora, con efectos desde 1 de enero de 2023, se establece lo siguiente:

a) El límite general seguirá siendo de 1.500 euros anuales.

  1. b) Este límite se incrementará en 8.500 euros anuales si el incremento proviene de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior al resultado de aplicar a la contribución empresarial un coeficiente, que depende del importe anual de la contribución empresarial:
  • 2,5, si la contribución anual es igual o inferior a 500 euros.
  • 2, si está entre 500,01 y 1.000 euros.
  • 1,5, si está entre 1.000,01 y 1.500 euros.
  • 1 si es superior a 1.500 euros y, en todo caso, cuando el trabajador tenga una retribución bruta del trabajo superior a 60.000 euros anuales procedente de la empresa que realiza la contribución.

Se sigue manteniendo que las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración, a estos efectos, de aportaciones del trabajador.

  1. c) El incremento será de hasta 4.250 euros anuales en el caso de (i) aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos, (ii) aportaciones propias del empresario individual o el profesional a planes de empleo de los que sea promotor y partícipe; (iii) aportaciones a mutualidades de previsión social de las que el aportante sea mutualista o, finalmente, (iv) aportaciones a planes de previsión social empresarial o a seguros colectivos de dependencia de los que el aportante sea tomador y asegurado.

Los incrementos indicados en los puntos b) y c) anteriores no podrán superar, conjuntamente, los 8.500 euros.

Los límites financieros se modifican en consonancia con los anteriores.

En lo que se refiere a la aplicación del coeficiente igual a “1” cuando el trabajador reciba una retribución superior a 60.000 euros anuales, se establece que la empresa deberá comunicar dicha circunstancia a la entidad gestora.

1.2 Planes de pensiones paneuropeos

Se extiende el tratamiento de los planes de pensiones a los productos paneuropeos de pensiones individuales regulados en el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Es decir:

  1. a) Se aplicarán las mismas reducciones para calcular la base imponible del IRPF.
  2. b) Las prestaciones se calificarán como rendimientos del trabajo en caso de fallecimiento del partícipe.
  3. c) El partícipe deberá reponer las reducciones en la base imponible indebidamente practicadas (mediante las oportunas autoliquidaciones complementarias, con inclusión de intereses de demora) si dispone de los derechos derivados de sus aportaciones total o parcialmente, en supuestos distintos de los previstos en la normativa de planes y fondos de pensiones; tributando las cantidades percibidas que excedan de las aportaciones regularizadas como rendimiento del trabajo en el período en que se reciban.
  4. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

La Ley 12/2022 establece la exención de los derechos de contenido económico derivados de las aportaciones a productos paneuropeos de pensiones individuales regulados en el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a un producto paneuropeo de pensiones individuales.

  1. Impuesto sobre Sociedades (IS)

La Ley 12/2022 establece una nueva deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial.

El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 % de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 €, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo, a planes de previsión social empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo y a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social de los que sea promotor el sujeto pasivo.

Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 €, la deducción prevista en el párrafo anterior se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales que correspondan al importe de la retribución bruta anual reseñado en dicho párrafo.

Atención. La AEAT ha emitido una nota en su página web en la que se indica que de acuerdo con la Ley General Tributaria, se establece que salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento. Por tanto, la deducción introducida en el IS será aplicable para periodos impositivos que comiencen a partir de 2 de julio de 2022.

  1. Impuesto sobre las Transacciones Financieras

Se modifica la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras con la finalidad de exonerar del tributo a las adquisiciones realizadas por Fondos de Pensiones de Empleo y por Mutualidades de Previsión Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lucro, así como su correspondiente identificación a efectos de la aplicación efectiva de dicha exención.

Concretamente, se  incluye entre los supuestos de exención las adquisiciones realizadas por Fondos de pensiones de Empleo y por Mutualidades de Previsión Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lucro.

Asimismo, para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros aplique las exenciones establecidas en al norma, el adquirente deberá comunicarle que concurren los supuestos de hecho que originan dicha aplicación, incorporando la identificación del Fondo de Pensiones de Empleo, de la Mutualidad de Previsión Social o de la Entidad de Previsión Social Voluntaria.

  1. Nueva tasa por examen de documentación aportada

Se produce una modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras para introducir una nueva disposición adicional vigésima primera que regula la nueva Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de la utilización de modelos internos y parámetros específicos en el cálculo del capital de solvencia obligatorio de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, constituyendo su hecho imponible el examen por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la documentación necesaria para aprobar la utilización de un modelo interno para el cálculo del capital de solvencia obligatorio, completo o parcial, individual, de grupo consolidado o del grupo, así como para sus modificaciones relevantes, así como el examen de la documentación necesaria para autorizar el uso de parámetros específicos en el cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante el uso de la fórmula estándar.

El sujeto pasivo de la tasa la entidad aseguradora o reaseguradora a cuyo favor se solicite la autorización de uso de modelo interno o parámetro específico y su cuota tributaria se determinará aplicando las siguientes cuotas de cuantía fija:

  1. a) Tarifa 1:

1.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de la utilización de un modelo interno total de entidad aseguradora o reaseguradora individual: 100.000 €.

2.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la modificación de un modelo interno total de entidad individual distinta a la modificación de la política de cambios del modelo: 20.000 €.

3.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la modificación de la política de cambios del modelo: 1.000 €.

4.ª En el caso de modelos internos parciales, las cuantías de las tasas serán las previstas en los ordinales anteriores reducidas en un 50 %, excepto la 3.ª

  1. b) Tarifa 2:

1.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de la utilización de un modelo interno total consolidado o de grupo de entidades aseguradoras o reaseguradoras: 200.000 €.

2.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la autorización de modificaciones del modelo interno total consolidado o de grupo de entidades aseguradoras o reaseguradoras distinta de la modificación de la política de cambios del modelo: 40.000 €.

3.ª Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la modificación de la política de cambios del modelo: 1.000 €.

4.ª En el caso de modelos internos parciales, las tasas serán las previstas en los ordinales anteriores reducidas en un 50 %, excepto la 3.ª

  1. c) Tarifa 3:

Tasa por examen de la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la aprobación de la utilización de parámetros específicos: 20.000 €.

La tasa será autoliquidada por el sujeto pasivo en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización en la forma que se determine por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en los casos de denegación o desistimiento de la solicitud, se abonará la tasa que hubiera correspondido satisfacer conforme al apartado 5, reducida en un 50 %, debiendo practicarse la autoliquidación en el plazo de un mes desde que dichas circunstancias se produzcan en la forma que se determine por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4.- Hacienda prepara nuevos modelos de información sobre las criptomonedas

Los nuevos modelos 172 y 173 deberán ser presentados por todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas y se prevé también la aprobación del modelo 721 sobre monedas virtuales situadas en el extranjero.

Le informamos que Hacienda controlará las operaciones de criptomonedas con tres nuevos modelos informativos.

En concreto, el pasado 29 de junio de 2022 se ha publicado en la web del Ministerio de Hacienda los Proyectos de Ordenes por la que se aprueban el modelo 721 “Declaración informativa sobre criptomonedas situadas en el extranjero” y los modelos 172 “declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales en España” y el 173 “declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales en España”.

Modelo 721

¿Cuándo se entiende que una criptomoneda está en el extranjero?

Cuando la persona, entidad o establecimiento permanente que los custodie proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, así como para mantener, almacenar y transferir dichas monedas, no estuviera obligado a declarar el IRPF o los impuestos sobre sociedades, sobre patrimonio o sobre la renta de no residentes.

¿Quién deberá presentar el modelo 721?

Los particulares que operan con criptomonedas en el extranjero, los beneficiarios, autorizados y apoderados.

¿Qué información se deberá incluir en el modelo 721?

Entre otra información, será necesario incluir:

  • Datos personales del declarante: número de identificación fiscal, nombre y apellidos, dirección, número de teléfono.
  • Número de monedas del inicio y las que quedan en el balance final a 31 de diciembre, dejando constancia de las que se han recibido y las que se han enviado.
  • Unidades de moneda virtual declaradas (cotización media a 31 de diciembre).
  • Información acerca de la plataforma que custodia los activos (nombre, domicilio, NIF o número de identificación en el país de residencia).
  • Código del país de residencia fiscal del sujeto o entidad en cuestión.
  •  Código del país en el que se encuentre “el domicilio de la persona o entidad” que proporciona estos servicios de salvaguarda.
  • Claves públicas vinculadas a la moneda virtual objeto de declaración y que identifican el monedero electrónico del declarante en el que se encuentra la criptomoneda en cuestión.

¿Cómo se valorarán los activos?

Se tomará la cotización media a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación o, en su defecto, se utilizarán los mecanismos comúnmente utilizados de valoración que proporcionen una estimación razonable del valor de mercado en euros.

¿Cuándo deberá presentarse la declaración?

La primera presentación del modelo 721 será la correspondiente al ejercicio 2022 que deberá realizarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023.

Modelos 172 y 173

Estos son los modelos que servirán para declarar a Hacienda los saldos y las operaciones con criptomonedas en España. En concreto, serán el modelo 172 y el modelo 173, que tendrán efectos ya en 2023.

Los contribuyentes se servirán para este trámite de “un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica, utilizando un certificado electrónico reconocido que resulte admisible por la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. Es decir, todo el proceso será telemático.

Los modelos 172 y 173 deberán presentarse por las empresas o profesionales con residencia fiscal en España que participan en el negocio de las criptodivisas, tales como creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales; o quienes presten servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad.

En cuanto al modelo 172 de Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales, obliga a las personas físicas o jurídicas que deberán declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes; en concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia.

Por lo que respecta al modelo 173 de Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales, establece la obligación informativa a las empresas sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero. Entre ellas se incluyen la adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

El modelo 173 también afectará a los que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Ambos modelos tendrán carácter anual y su plazo de presentación será el mes de enero del año siguiente al que se corresponda la información declarada.