Las reglas fiscales europeas no funcionan: obligan a recortar en plena crisis y han alargado así la Gran Recesión en la UE. El Consejo Fiscal Europeo, un organismo independiente que asesora a la Comisión, hizo público ayer un informe donde aboga por una pequeña revolución, que pasa por suavizar las reglas fiscales. El informe advierte de que en la eurozona persisten “grandes vulnerabilidades”, con niveles de deuda abultados que provocarán dificultades si se agrava la desaceleración.

La economía europea pierde fuelle. El Banco Central Europeo (BCE) reclama desde hace meses más activismo fiscal —en países con margen para ello, como Alemania— para luchar contra la desaceleración que se avecina. Berlín, firme partidaria del rigor fiscal, ha dado incluso alguna señal en ese sentido: podría estimular su economía en los próximos meses si el frenazo económico se ceba con la locomotora europea. Con la nueva Comisión Europea —y un italiano al frente del área económica, Paolo Gentiloni— aterrizando en Bruselas, el Consejo Fiscal Europeo se unió ayer al coro de voces que reclaman un viraje en la política presupuestaria e hizo público un informe que aboga por una pequeña revolución de las reglas fiscales.

Frente a las normas actuales, que obligaron a los países a acometer fuertes recortes en plena recesión y complicaron así la salida de la crisis, el Consejo Fiscal reclama la introducción de una regla de oro “limitada”, que permitiría excluir gasto público que favorezca el crecimiento en el cómputo de los objetivos de déficit y deuda pública. Se trata de una vieja reivindicación italiana, uno de los países con una deuda pública más abultada del mundo y el primer candidato a padecer una crisis si la desaceleración europea pasa a mayores.

Pero eso no es todo. El Consejo apuesta también por fijar objetivos de deuda diferenciados por países para periodos de siete años. Y lanza también una buena batería de cargas de profundidad. Una: advierte de que persisten “grandes vulnerabilidades” en Europa por las abultadas deudas públicas, en torno al 130% del PIB en Italia y rozando el 100% en España. Dos: critica la “politización” de la Comisión en la gestión fiscal de la zona euro, y reclama un papel más destacado de las autoridades fiscales independientes y un presidente permanente del Eurogrupo, una de las instituciones más opacas de la Unión. Tres: desconfían de las sanciones para los países incumplidores, y reclaman un presupuesto anticrisis del que solo se podrían beneficiar los países que cumplan las reglas fiscales.

Telegrafían, además, un mensaje destinado a Alemania: el Consejo Fiscal apuesta por fijar un objetivo fiscal para los países más sólidos. A pesar de que ha vivido una crisis excelente, los niveles de inversión en Alemania están muy por debajo de la media, pese a que el país se beneficia de unos tipos de interés muy bajos e incluso en negativo para su deuda pública.

El presidente saliente del BCE, Mario Draghi, lleva años predicando en el desierto medidas parecidas. Alemania ha hecho caso omiso de sus advertencias, y ha patrocinado un endurecimiento de la normativa fiscal. El primer ministro holandés, Mark Rutte, lidera un grupo de países que quieren ir incluso más lejos. Bruselas ha tratado de navegar en esas aguas mirando hacia otro lado cada vez que los países incumplían las reglas, algo que en el caso de España ha sucedido prácticamente todos los años desde 2012.

“Hay que hacer más esfuerzos por mejorar la calidad de las finanzas públicas”, dice el documento, que en ese asunto no se aparta de la ortodoxia dominante. Y sin embargo el Consejo Fiscal Europeo se alinea en muchas de sus propuestas con quienes afirman que la zona euro necesita un cambio profundo en sus reglas fiscales para evitar que una crisis se lleve por delante 20 años de moneda única. Está por ver que haya consenso para conseguirlo.