El Gobierno de coalición está discutiendo sobre la puesta en marca de una renta mínima ciudadana para ayudar a los más vulnerables ante los estragos del coronavirus y la suspensión de dos meses de lo alquileres. Son dos de las medidas que ayer dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se comprometieron a aplicar.

La del alquiler es la que tiene más visos de ser aprobada en el consejo extraordinario del viernes o en el ordinario del martes. Ayer por la tarde en el Congreso, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó que el Ejecutivo aprobará nuevas medidas de ayuda para quienes tienen dificultades en el pago del alquiler y añadió que seguirán tomando cuantas iniciativas sean necesarias en las próximas semanas.

El objetivo –según dijo la ministra en el pleno del Congreso– es tratar de minimizar el riesgo de que la ralentización económica tenga un impacto estructural. Nadia Calviño declaró que el Ejecutivo está trabajado para dar una solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de esta renta para poder abordar sus gastos mensuales.

“Las propias medidas de contención que los distintos países hemos ido adoptando en las últimas semanas también tienen un impacto directo en la demanda y en la actividad económica doméstica”, declaró al tiempo que afirmó que el Ejecutivo “está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas”.

Entre esas medidas adicionales podría estar la de un ingreso vital mínimo para los ciudadanos que hayan sufrido de forma virulenta el impacto de la crisis, tal como defendió ayer José Luís Escrivá, ministro de Migraciones y Seguridad Social, en una rueda de prensa telemática desde la Moncloa. “Estamos estudiando el diseño de la medida y en cuanto esté preparada en sus detalles se comunicará y se implementará”, aseguró.