El Ejecutivo aspira a extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ligados al Covid más allá del 31 de mayo, hasta el final del verano, concretamente hasta el 30 de septiembre, según han informado este jueves fuentes del diálogo social. Llegada esa fecha se evaluará si es necesario volver a prorrogarlos. Las partes implicadas en esta mesa de negociación, que está conformada por Gobierno, sindicatos y patronal, han tenido una primera toma de contacto y se prevé que vuelvan a reunirse la semana que viene para continuar con las conversaciones.

El objetivo del Gobierno es que sea en condiciones similares a las actuales. La semana pasada, en una entrevista televisiva, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya se había mostrado satisfecha por cómo estaban funcionando los ERTE y había señalado que lo que funciona, no debería tocarse.

Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, ha asegurado que es “necesario mantener el instrumento de los ERTE como elemento fundamental para seguir manteniendo la actividad económica y en consecuencia el empleo”. “La noticia importante es que los ERTE se van a mantener, que va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre y que se apuesta por seguir manteniendo esta herramienta en tanto en cuanto las necesidades económicas fruto de la pandemia sigan vigentes”, ha añadido Cruz. “La mesa está abierta y seguimos en proceso de análisis y negociación”, es lo único que han comentado fuentes de la patronal, que prefieren no hacer más valoraciones y llevar adelante las conversaciones con “discreción”.

La propuesta del Ejecutivo de prorrogar los ERTE va en línea con lo que venía pidiendo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que en más de una ocasión ha remarcado la necesidad de continuar con este mecanismo que ha sido el salvavidas de muchas empresas y trabajadores durante esta crisis. La patronal, eso sí, aspira a una prórroga más extensa. “Tenemos que lograr que se alarguen hasta diciembre”, había dicho en declaraciones a este medio.

Dentro del Gobierno, en contraste con la postura de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, que pretende seguir con el esquema actual, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, ha abogado por ajustar los parámetros de los ERTE. Su intención es estimular más la reactivación, es decir, impulsar un modelo que bonifique más a las empresas por los trabajadores que se reincorporen de un ERTE. Esta postura también ha sido apoyada por Nadia Calviño, la vicepresidenta segunda y ministro de Asuntos Económicos.

Para más adelante quedarán las negociaciones con las que dar forma a los ERTE pospandemia, un compromiso que tiene el Gobierno con Bruselas. Escrivá ha señalado con anterioridad que este mecanismo servirá en un futuro para las reestructuraciones sectoriales de algunas actividades que no volverán a tener el mismo nivel de empleo precrisis, por lo que tendrán que estar muy vinculados a cursos formativos y de recapacitación que permitan a trabajadores salir de un sector para ir a otro. Actualmente, en España hay 638.238 personas en suspensión temporal de empleo, de las que aproximadamente la mitad están empleadas en hostelería, el sector más castigado por la crisis.