Las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero han firmado este jueves el acuerdo para el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo, junto a las representantes de CC OO y UGT y sin la presencia de la CEOE. “Faltan las organizaciones empresariales, será con ellos con los que nos sentaremos a negociar los planes de igualdad”, han lamentado durante la rueda de prensa las sindicalistas y las ministras. “Es difícilmente comprensible que sobre una de las materias centrales del siglo XXI que es la igualdad en el mundo de la empresa, la patronal española no firme el acuerdo”, ha ahondado Díaz.

La resolución, fruto del diálogo social, incluye dos reglamentos que desarrollan y amplían el real decreto 6/2019 del 1 de marzo: la obligación de equidad retributiva y la implantación de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores (hasta ahora, solo obligaba a compañías de 150 empleados). “Son dos normas de enorme complejidad”, ha observado Díaz.

El reglamento sobre el registro salarial desarrolla, por primera vez, el que ya estaba incluido en el real decreto que obliga a las empresas a documentar los salarios de forma desglosada. “El objetivo del registro es promediar la diferencia salarial entre mujeres y hombres para identificar brechas que los estereotipos no nos dejan ver”, ha matizado Díaz. Una brecha retributiva de género que Trabajo ha situado en el 21,5%. “Necesitaríamos aumentar nuestras retribuciones en más de un 27% para igualarnos a los hombres”, ha insistido la ministra.

En concreto, el plan contempla que los registros salariales deberán incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los trabajadores. A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, impone la necesidad de realizar auditorías retributivas indicando este registro.

La “transparencia retributiva” que incluye el acuerdo está diseñada para desterrar la opacidad salarial que perjudica, invariablemente, a las mujeres. Con esta norma, se incorporan también las reglas de transparencia salarial que la Comisión Europa recomendó a España en 2014 y que quedaban aún pendientes. Según UGT, las mujeres españolas cobran 6.000 euros al año menos que los hombres. “Por ello, el derecho a la igualdad retributiva por trabajos de igual valor requiere un desarrollo reglamentario”, ha concretado Cristina Antoñanzas Peñalva, vicesecretaria general de UGT.

La segunda norma del acuerdo establece medidas muy concretas para asegurar que los planes de igualdad puedan identificar y corregir desigualdades en las empresas. “Se establece con detalle cómo debe hacerse el diagnóstico, en qué deben consistir las medidas correctoras, cómo debe supervisarse la aplicación del plan y cuándo debe revisarse”, ha explicado la ministra de Economía.

Es en esta parte del plan donde radica la disconformidad entre patronal, Gobierno y sindicatos. Fuentes de la CEOE han explicado su desacuerdo respecto a un punto sobre la representación de los trabajadores. “CEOE y CEPYME entendemos que la democracia en las empresas pasa por permitir que las personas trabajadoras negocien y decidan libremente lo que les afecta”, han indicado en un comunicado. No obstante, han insistido en su compromiso con el resto del decreto.