El Ministerio de Justicia tiene previsto en 2022 la creación de setenta nuevos órganos judiciales y la ampliación de la plantilla de fiscales en otras tantas plazas, según ha anunciado el secretario de Estado del ramo, Pablo Zapatero, en el Congreso de los Diputados. Pablo Zapatero ha comparecido en la Cámara Baja para informar de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2022, que ascienden a 2.247 millones de euros, un 11,6% más que en 2021. Ha subrayado que el capítulo referido a gastos de personal se cifra en 1.646 millones, conformando el grueso del presupuesto (el 73,3%) y dentro de él ha destacado la creación de los nuevos órganos judiciales y la ampliación de la plantilla de fiscales referidos.

Igualmente ha anunciado una oferta pública de empleo de 200 plazas de nuevo ingreso en las carreras judicial y fiscal. Para el próximo año los presupuestos prevén además una tasa de reposición del 120% para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios al servicio de la misma, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto a 2021 y de 20 puntos respecto a 2020. El capítulo de transferencias corrientes experimenta un incremento del 27,8% pasando a 83 millones de euros, que se traduce en un aumento de las dotaciones destinadas a asistencia jurídica gratuita.

Dentro de la asistencia jurídica especializada se prevén asimismo los compromisos derivados del pacto de Estado contra la violencia de género y de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, con un incremento del 40% respecto a 2021. El secretario de Estado ha marcado entre las prioridades del Ministerio la transformación digital de la justicia y varios proyectos que se llevarán a cabo en cogobernanza con las comunidades autónomas como la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios.

También se ha referido al gasto previsto por importe de 1,62 millones de euros que se destinarán a atender un programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. El diputado del PP Luis Santamaría ha señalado que son unos presupuestos basados en un cuadro macroeconómico desfasado y corregido a la baja en el que “las infraestructuras jurídicas son las grandes olvidadas” y que no abordan la equiparación salarial de los funcionarios dependientes del Ministerio con los de comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas.