Las entidades financieras han conseguido ya que se recojan las especificaciones técnicas en el convenio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre la concesión de las ayudas al alquiler avaladas por el Estado y destinadas a los inquilinos que no pueden afrontar el pago de la renta de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a raíz de la situación generada por el coronavirus.

El convenio definitivo se firmará la semana que viene, aunque inicialmente se esperaba este viernes, ya que el documento debe pasar por los consejos de administración de estas entidades. Los principales bancos del país habían mostrado sus reticencias a poner en marcha esta medida al no contar con una serie de aclaraciones técnicas que habían solicitado al Ejecutivo, ya que consideraban que las peticiones eran excesivas para poder aplicar el acuerdo, según han explicado a Cinco Días fuentes financieras.

El escollo que se había producido estaba relacionado con la necesidad de que se clarificaran ciertos detalles que permitiesen fijar un procedimiento estándar en un producto tan complejo como son estas líneas de avales. No obstante, algunas entidades pequeñas como Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Bankoa, Laboral Kutxa, Unicaja, Abanca o Liberbank sí que habrían suscrito el convenio hace unos días dado su carácter más bien regional y local.

El sector asegura que ha estado comprometido desde un principio con adherirse al convenio porque son conscientes de la necesidad social, aunque también es cierto que no han constatado una demanda excesiva. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana estimaba que se podrán beneficiar de esta medida unos 450.000 inquilinos.

En cualquier caso, los plazos se han demorado también debido a que el Departamento que gestiona las ayudas tardó más de un mes en publicar la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su anuncio, que finalmente vio la luz el pasado sábado 2 de mayo, y el ICO requirió otros diez días para su proceso de valoración.

Así, la banca se queja de que hasta hace una semana no habían recibido noticias del ICO sobre el convenio, momento a partir del cual necesitaban realizar las pertinentes adaptaciones en sus sistemas y en la red. “Todo esto no se hace en un día”, apostillan desde una entidad.

El Gobierno habilitó hace ya casi dos meses una línea de créditos de un máximo de 1.200 millones de euros avalada por el Estado destinada a los inquilinos que no pueden afrontar el pago del alquiler de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a causa de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma.