“Algunos de ellos tendrán que reajustar sus actividades dentro de la empresa o hacia otras empresas o sectores. Ese esfuerzo de formación de calidad y orientado a una mejora de sus habilidades tiene que ser un elemento adicional y central en el nuevo esquema que se inicie. Este es el elemento principal”, ha asegurado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

“La prioridad ahora ya no es tanto la activación, porque ya se han activado casi todos [los trabajadores en ERTE]”, ha añadido el ministro, que renuncia ya al mecanismo estrella de la última prórroga: incentivar la reincorporación de las plantillas con mayores exenciones de cuota para sus empresas. En su lugar, impulsa una experiencia puente hacia los nuevos ERTE de formación que se lanzarán en 2022 con fondos europeos.

Al mismo tiempo que Escrivá hablaba con los medios, los agentes sociales se encontraban reunidos con los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social para comenzar a diagramar cómo será la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. “Vamos a escucharles a ellos [a empresarios y sindicatos]. En cada uno de los periodos en los que hemos tenido que evaluar la situación, hemos tenido que cambiar las prioridades. En este momento con un número de trabajadores limitado, y muy acotado sectorialmente, el énfasis lo tenemos que poner en la formación”, ha insistido el ministro.

Tras el encuentro, Comisiones Obreras explicó que “no será una prórroga automática”, ya que “habrá que solicitar nuevos ERTE, y hay que determinar el mecanismo para hacerlo”. Si bien estas prórrogas se han llevado a cabo de forma trimestral, CC OO ha planteado que esta se extienda hasta el 31 de enero, además de “modificar el contador a cero y recuperar la prestación extraordinaria para fijos discontinuos”.

Una de las fuentes de la mesa de negociación consultadas por este periódico comentó que “no hubo ninguna propuesta objetivamente encima de la mesa” y que en el nuevo esquema “habría que analizar la situación de determinados colectivos”, que se encuentran en ERTE, pero en los que podría haber una situación irregular, ya que podrían encontrarse empleadas en las denominadas empresas zombi.

“Hemos comentado que hay 92.000 personas que están en ERTE desde el principio, que desde septiembre de 2020 no tienen exenciones [a la Seguridad Social] y además el 56% de estos no han tenido ningún tipo de movimiento desde el inicio de los ERTE. Hay que ver qué pasa con eso, porque en general son empresas muy pequeñas y puede ser que exista un volumen de fraude”, explica otra de las fuentes con las que ha podido hablar este periódico.

Por otro lado, el ministro Escrivá ha indicado que el gasto en el que ha incurrido el Estado para sostener hasta el día de hoy la herramienta de los ERTE se sitúa entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros. Las conversaciones se reanudarán el martes, cuando el Gobierno presentará su propuesta.