El TC amplía el derecho a indemnización de los presos preventivos

El Tribunal Constitucional ha anunciado hoy que ha anulado el inciso de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referente a la indemnización de presos preventivos que limitaba la compensación a supuestos de “inexistencia del hecho imputado”.

El Pleno del alto tribunal, que notificará próximamente el fallo completo y sus efectos, ha estimado así la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno en relación con los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del artículo 294.1 de la LOPJ, por vulneración de los artículos 14 y 24.2 de la Constitución.

La decisión, que no ha sido unánime (ha contado con tres votos en contra), tendrá un efecto aún desconocido sobre las numerosas solicitudes de compensación económica que recibe el Ministerio de Justicia por casos tan conocidos como la reciente puesta en libertad del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell tras permanecer 21 meses en la cárcel. La Audiencia Nacional le absolvió del delito de blanqueo del que estaba acusado por falta de pruebas.

Otro conocido ejemplo es el del caso de Dolores Vázquez, encarcelada durante casi año y medio por la muerte de la joven Rocío Wanninkhof. Vázquez pidió cuatro millones de indemnización por la equivocación que la llevó a prisión hasta que se dio con el verdadero autor. La reclamación fue rechazada por aplicación del precepto hoy anulado por el Constitucional.

La prisión provisional está regulada en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y está prevista de manera excepcional para asegurar el enjuiciamiento del investigado por la comisión de un delito.

Las empresas ganan un 7% más al repartir menos dividendos y rebajar gastos

Las empresas españolas se siguen apretando el cinturón para obtener mayores beneficios. En el primer trimestre del año, las empresas no financieras (industria, logística y transporte, fundamentalmente) ganaron con su negocio habitual un 7,2% más, frente al avance del 2,7% del mismo periodo del ejercicio pasado, según recoge el informe de la Central de Balances, con datos hasta marzo del presente año, elaborado por el Banco de España. Se ha recopilado la información financiera de 871 empresas.

No obstante, el resultado del ejercicio arroja un descenso del 75,6%, pero la explicación es que el año pasado en ese periodo se produjeron elevadas plusvalías, que desdibujan las cuentas. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos detalla que ese avance se ha producido por dos motivos. Por un lado, han descendido los ingresos financieros, debido a los menores dividendos recibidos. Mientras que, por otro, también se han reducido los gastos financieros a consecuencia de la caída de los tipos de interés.

En cuanto al empleo, el citado estudio recoge que creció un leve 0,7% hasta marzo, lo que significa un cambio de tendencia, puesto que esta tasa es casi un punto y medio inferior a la registrada un año antes, cuando se fijó en el 2,1%. El aumento del número de trabajadores se vio impulsado principalmente por el avance de la contratación de personal fijo, que se elevó un 1,1%. Los gastos de personal crecieron un 2,7% de forma interanual durante los tres primeros meses del 2019, pero no tanto por el aumento de plantillas, sino por el aumento de las remuneraciones medias.

Por sectores, el crecimiento de empleo se concentró principalmente en las ramas de actividad vinculadas al sector servicios. En concreto, las plantillas medias aumentaron en la rama de comercio y hostelería (1,1%), en la de información y comunicación (1,4%) y en la que engloba el resto de actividades (1,2%): En cambio se redujeron las de energía (1,4%) y en la industria (0,5%).

Las remuneraciones medias crecieron un 2% de forma interanual en el primer trimestre del 2019, tasa casi medio punto superior a la registrada un año antes (1,6%). Estos incrementos salariales más intensos se percibieron en todas las ramas de actividad, excepto en la de información y comunicaciones, donde las retribuciones descendieron un 0,6%.

En cuanto a las pymes, el análisis detalla cierto dinamismo en las ventas, pero, por el contrario, en los beneficios se observa, por primera vez desde el ejercicio 2015, que se reducen. Además, la mayoría de las pymes han reducido su endeudamiento en los últimos cinco años, pero cada vez más lentamente. Si se conjugan todos esos factores en una coctelera el resultado es que la situación económica- financiera de las pymes empeora.

La UE no logra pactar la renovación de cargos y convoca cumbre el 30 de junio

Los líderes de la Unión Europea (UE) fracasaron este jueves en su intento de cerrar un acuerdo sobre la renovación de la jefatura de sus principales instituciones y convocaron una nueva cumbre el 30 de junio para consensuar los nombres antes de que empiece a funcionar la nueva Eurocámara.

El objetivo de la primera jornada de la cumbre celebrada hoy en Bruselas era decidir quiénes ocuparán la presidencia de la Comisión Europea, la del Consejo Europeo, el cargo de alto representante para la Política Exterior Comunitaria y la presidencia del Banco Central Europeo, un puesto este último que responde más a criterios técnicos que políticos pero que se ha incluido en el paquete.

“No hubo una mayoría para ningún candidato. El Consejo Europeo acordó que es necesario tener un paquete reflejando la diversidad de la UE. Nos reuniremos de nuevo el 30 de junio”, explicó el presidente del Consejo, Donald Tusk, en una rueda de prensa al término del encuentro.

Tras abordar a primera hora de la tarde los puntos relativos a asuntos exteriores o cambio climático, los líderes de los Veintiocho celebraron una cena centrada en el reparto de cargos, a puerta cerrada, sin asesores ni teléfonos móviles, que se prolongó unas cuatro horas sin conseguir forjar un consenso.

Pese a que en los últimos días y horas los contactos entre jefes de Gobierno, familias políticas y con el Parlamento Europeo se han intensificado, el encuentro comenzó ya con pocos visos de permitir un acuerdo que debe conseguir un difícil equilibrio entre familias políticas, países del norte y sur, este y oeste, y de género.

El Partido Popular Europeo (PPE), ganador de los comicios europeos, reclama la presidencia de la Comisión Europea y respalda para ello al alemán Manfred Weber, su cabeza de lista -“Spitzenkandidat” en la jerga comunitaria- en las elecciones.

Por su parte, el candidato socialista es el vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, mientras que la liberal es la comisaria danesa de Competencia, Margrethe Vestager. Ninguno de ellos logró este jueves el apoyo mayoritario de los líderes, pero esto no significa que hayan quedado automáticamente fuera de la contienda.

“Necesitamos más tiempo para discutir todo el panorama y por eso volveremos sobre tema a finales de junio. Hoy es demasiado pronto para prejuzgar nombres y puestos”, dijo Tusk. “Estoy convencido de que el proceso en curso, el ‘Spitzenkandidaten”, no ha llegado a término, pero veremos qué dice la autopsia”, añadió el todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La industria española facturó en abril el 0,7% menos que en el mismo mes de 2018

Mientras que la entrada de pedidos se disparó el 12,2%, apoyada en el repunte de los bienes de equipo y el avance del mercado nacional, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos reflejan el impacto en las ventas de la Semana Santa, que este año fue en abril y en 2018 se desarrolló entre marzo y abril. Las ventas no caían desde abril, mientras que los pedidos se anotaron la mayor subida en un año.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación creció en abril el 2,3%, tasa superior en casi un punto a la de marzo; y los pedidos el 13,5%, 11,3 puntos porcentuales más. De vuelta al índice original, en el acumulado del primer trimestre las ventas han aumentado el 1,6% y las nuevas comandas, el 4,6%. Las ventas de bienes de consumo crecieron un 2,8%, mientras que el aumento de bienes intermedios fue del 0,2%. Por otra parte, bajaron las de bienes de equipo (-5,7%) y de energía (-0,4%).

Por destino geográfico, las exportaciones a países de la zona euro cayeron el 5,8%, en tanto que las dirigidas al resto de mercados internacionales subieron el 1,3%. Las exportaciones realizadas en el mercado nacional subieron el 1,1%.

En el caso de las comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó con fuerza en Canarias (8,9%) y Baleares (8,5%), mientras que los descensos más abultados se dieron en Castilla y León (12,6%) y País Vasco (4,7%). En cuanto a la entrada de pedidos, los bienes de consumo registraron un incremento del 2,9% y los bienes de equipo se dispararon hasta el 46,1%. Los bienes intermedios descendieron un 1% y los pedidos en energía, un 0,5%.

Los trabajadores inmigrantes vuelven a ser una fuerza más que considerable en el panorama laboral español

La crisis económica impactó con gran fuerza contra este colectivo de trabajadores, que llegó a perder hasta un 25% de los ocupados que alcanzó en 2008, antes de la recesión. Pero desde 2014 la recuperación ha sido más que notable y la Seguridad Social anunció ayer que el pasado mes de mayo ganó una media de 68.749 cotizantes extranjeros en mayo (+3,3%), hasta situarse el total de inmigrantes ocupados en 2.155.149 personas.

No es una cifra cualquiera. Tiene importancia porque se produce, por ejemplo, en plena crisis demográfica. Con la cifra de nacimientos más baja de los últimos 20 años y el país perdiendo población a medida que envejece, a nadie se le escapa que la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social es una vía más para apuntalar el sistema de pensiones. En estas circunstancias, el dato es el más alto alcanzado nunca por trabajadores extranjeros ocupados en la economía española. En el último año, la afiliación ha crecido un 7,5%, con 151.087 cotizantes más.

Hay matices, claro. Por un lado, la calidad del empleo ocupado. Por otro, que hay que tener en cuenta que el mes de mayo es tradicionalmente de los más fuertes en términos de contratación para este colectivo, que en el régimen general tiene en la hostelería, los trabajos agrarios y la construcción sus principales destinos laborales. Cuando se observa la afiliación por el régimen de autónomos la principal actividad a la que declaran dedicarse es el comercio seguido, nuevamente, de la hostelería. En cualquier caso, la cifra, que supone cerca de un 13% del total de ocupados españoles, bajará a final de año, pero se consolidará en niveles altos en un año histórico para la Seguridad Social.

La mayor parte de los extranjeros que trabajan en España son de países ajenos a la Unión Europea si bien es Rumanía el país que más inmigrantes ocupados aporta. Le siguen Marruecos, Italia y Reino Unido. Cataluña es, con diferencia, la comunidad que más trabajadores extranjeros absorbe, prácticamente uno de cada cuatro con rumanos, italianos y marroquíes como principales colectivos. Le sigue Madrid, donde Rumanía y China son los países que más trabajadores aportan. De entre los países sudamericanos, Venezuela se ha convertido en el segundo que más aporta, por delante de Colombia y detrás de Venezuela.

En el lado contrario, las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta en la Seguridad Social al finalizar mayo fueron Cantabria, con 12.378 extranjeros; Extremadura, con 13.664, y Asturias, con 14.273.

ATA reclama que queden exentos de la nueva obligación laboral del registro horario autónomos y empresas con menos de cinco trabajadores

Así lo piden en un documento que han presentado al Ministerio de Trabajo, en el que subrayan que “deben ser tenidas en cuenta las situaciones de inseguridad jurídica” en las que se han encontrado los autónomos a la hora de poner en marcha la medida. Esta inseguridad es “una traba más” a su día a día y “un foco de conflicto con los trabajadores”, insisten.

El documento argumenta que el 95% de las empresas tienen menos de cinco trabajadores y muchas de ellas ejercen su actividad con un sistema de trabajo que “combina a la perfección la movilidad laboral, la conciliación, el teletrabajo y se ajustan más a objetivos que a horario estricto”.

ATA ofrece cuatro ejemplos de las dificultades que está encontrando y traslada que la “duda e incertidumbre” que causa la medida han llevado a Trabajo a elaborar una Guía para intentar solventar las “lagunas” de la regulación que para este Asociación no ha conseguido aclarar. Así, explican el caso de un comercial que está toda la semana de viaje; el de un autónomo que tiene una carpintería con varios trabajadores que tienen que atender clientes a domicilio; el de trabajadores contratados a jornada completa que temen perder la confianza del empresario, y el de trabajadores del campo. En este último caso, se pregunta qué hacer con un sistema de fichaje electrónico en sitios sin cobertura.

En este contexto, el documento cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de mayo que estipuló que los Estados miembros deben establecer un registro horario obligatorio, pero que instó a tener en cuenta en la aplicación de la medida “las particularidades propias del sector de actividad de que se trate” e incluso “el tamaño” de las empresas.

La abogacía también busca un encaje propio en un posible desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Empieza la conflictividad por la nueva jornada a la carta

Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado amparándose en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades.

Así lo trasladan empresas y despachos, que tienen “cola” de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una “conflictividad” y “litigiosidad” máximas que amenazan la organización empresarial de turnos y jornadas, alertan.

Una cocinera de un restaurante en Barcelona con horario partido de comida y cena exige un horario de 9 a 16 horas. Es un ejemplo de una demanda, explica Dídac Ripollès, socio responsable de Laboral de Toda & Nel-lo, que destaca que esta novedad “va a costar más de gestionar que el registro horario, ya que supone una revolución que afecta a todas las empresas, mientras que el registro muchas ya lo tenían”.

El daño a la organización puede ser importante, y los intentos de la empresa de reubicar al empleado o adaptar sus funciones se topan con negativas, añade Ripollès.

El nuevo derecho es de gran amplitud e inconcreción. Permite a los trabajadores negociar bilateralmente con la empresa la adaptación de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido el teletrabajo, que deseen en post de la conciliación.

La empresa abrirá un proceso de negociación durante un máximo de treinta días. Finalizado, por escrito, comunicará la aceptación, planteará una alternativa o manifestará la negativa. En este último caso, indicará las razones objetivas, que pueden ser económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. El trabajador tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada anterior cuando considere.

A partir de la negativa, el trabajador tiene veinte días para demandar a la empresa ante un Juzgado de lo Social según el procedimiento de urgencia que regula la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. Una vez admitida la demanda, deberá celebrarse una vista en cinco días y dictarse sentencia en tres, contra la que no cabe recurso. Sólo podría recurrir el trabajador si alega vulneración de derechos fundamentales.

En la demanda podrá acumularse la acción de daños y perjuicios al trabajador, exclusivamente por los derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida. Estas acciones son muy comunes, cuenta Montse Rodríguez Viñas, directora de Laboral de BDO Abogados, y también pueden ser daños morales.

Rodríguez Viñas traslada que ya tienen una “cola de clientes que se enfrenta a demandas”. Considera que “sólo se puede llevar a la negociación colectiva la forma en que se solicita el derecho, por ejemplo, los plazos”. Se ha encontrado un comité que pretende establecer una flexibilidad colectiva y la empresa se ha negado, ya que argumenta que tiene que ser caso por caso, y está a la espera de cómo se resuelve este conflicto.

La recaudación total de impuestos y cotizaciones sube del 35% del PIB

El incremento del número de trabajadores sujetos al pago de IRPF y al abono de cotizaciones sociales provocó el año pasado un incremento de la presión fiscal en España que la sitúa en su nivel máximo desde 2007. En concreto, el total de recursos tributarios –obtenidos del cobro de impuestos por parte de las administraciones públicas españolas y europeas más las cotizaciones ingresadas por la Seguridad Social– arrojaron una recaudación total de 425.394 millones de euros, lo que equivale al 35,21% del PIB. Una cota, recogida en el informe de Avance de la actuación económica y financiera de las administraciones públicas recientemente publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que España llevaba 11 años sin alcanzar.

El incremento supone un avance de 0,74 puntos respecto al 34,47% de presión fiscal registrada en 2017. La cifra deja atrás el 30,6% al que llegó a caer en 2009 tras el estallido de la Gran Recesión, lo que supuso un retroceso del peso de la recaudación tributaria a niveles de 1986. La marca recuperada, en todo caso, aún dista del máximo histórico logrado en 2007, cuando se situó en el 36,7%.

La IGAE explica que la subida de la presión fiscal se produce por la evolución de las distintas fuentes de ingresos. De un lado por el incremento de 0,51 puntos en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que aportan el 10,68% de la presión fiscal, gracias sobre todo al avance en la recaudación de IRPF (7,76% del total). Las cotizaciones sociales, a su vez, crecen 0,15 puntos (al 12,42%), debido al “incremento del número de afiliados a la Seguridad Social”, y al alza del 1,4% y el 3% en las bases máximas y mínimas de cotización, respectivamente. A su vez, los impuestos sobre la producción y las importaciones aportaron 0,14 puntos extra (al 11,96%), gracias a un aumento del 6% en los ingresos del IVA por la mejora del consumo nacional.

La recuperación del empleo en 2018, año en el que se crearon 566.200 puestos de trabajo y el paro se rebajó del 16,55 al 14.45% según la Encuesta de Población Activa (EPA), ha sido determinante en el incremento de la presión fiscal. El aumento de contribuyentes y cotizantes permitió elevar el ingreso de recursos fiscales un 5,80% interanual, lo que supera con creces el crecimiento nominal de la economía, del 3,59%, provocando ese aumento de peso de la recaudación sobre el PIB, ya que aquella crece más que este, matiza la IGAE.

A falta de la confirmación oficial de Eurostat, la Intervención General española tira de los datos de la Comisión Europea para concluir que, pese al aumento de la presión fiscal en 2018, España es aún el décimo país por la cola de toda la Unión Europea en este campo. La media de los 28 estados se sitúa en el 40,3%, llegando al 41,6% en la eurozona. A la cabeza se sitúan Francia (con una presión fiscal del 48,3%), Bélgica (47,3%) y Dinamarca (46%), mientras que las tasas más bajas son las de Irlanda (23,4%), Rumanía (26,9%) y Bulgaria (30,2%).

La AEB contradice al BCE y al Banco de España

El presidente de la AEB, José María Roldán, considera al contrario que el BCE, que los tipos de interés negativos “no son buenos para los márgenes bancarios”, ya que afectan “gravemente” al incremento de los ratios de solvencia de las entidades al no poder generar resultados suficientes para mejorar sus índices de capital. Los presidentes de Bankia y de CaixaBank comparten estas afirmaciones, como explicaron el miércoles.

Roldán, que ha participado en las jornadas de la APIE y la UIMP en Santander, puso un ejemplo para ilustrar sus argumentos. En el último informe de estabilidad financiera se explicaba que la rentabilidad media sobre el capital caerá este año por debajo del 6%, una cota desconocida desde el 2006 en la que permanecerá, como mínimo, hasta 2021. “Con tipos bajos aumenta la demanda de crédito de consumidores y empresas, empujando a los bancos a prestar más, pero esa misma institución envía un mensaje restrictivo al requerir ratios de capital muy elevados, constriñendo así las posibilidades de que las entidades incrementen el flujo de crédito”, explicó Roldán.

El directivo también negó, como lo hiciera poco antes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que la banca española tuviese intención de cobrar a los clientes por sus depósitos para compensar el cobro que hace el Banco Central Europeo a las entidades y grandes corporaciones por depositar su liquidez en el propio Banco Central.

El banquero también matizó, aunque en este caso solo en parte, al BCE cuando se refirió a la vigilancia que están sometiendo esta institución y el Banco de España ante el alza de precio de la vivienda en ciertas zonas de España, como Madrid y Barcelona. “La banca no va a restringir el crédito porque no hay recalentamiento inmobiliario”, apuntó Roldán. Y añadió “cuando miramos las cifras de crédito al promotor o de hipotecas no vemos nada anormal. Todo lo contrario, lo que dicen es que estamos muy por debajo de los niveles de la crisis, aunque es cierto que existen tensiones de precios, especialmente en las grandes ciudades, pero en absoluto es una situación dramática, ni de sobrecalentamiento”,

El representante de la banca, explicó que para reducir esas tensiones son los ayuntamientos o gobiernos locales, en este caso de Madrid y Barcelona, los que deben gestionar de manera correcta el suelo público que tienen en cartera. “Si la demanda está superando con creces a la oferta, habrá que pensar qué se puede hacer para aumentar la demanda y qué decisión debe tomar el sector público y ayuntamientos”.

Fallece el abogado Juan Picón, socio director de Latham & Watkins en España

El abogado Juan Picón, socio director de Latham & Watkins en España, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 53 años. El abogado llevaba varios meses luchando contra una grave enfermedad y su estado de salud empeoró en las últimas semanas.

Picón aterrizó en la firma después de abandonar en noviembre del año 2017 el despacho DLA Piper, donde ejercía el cargo de copresidente mundial y senior partner desde el 1 de mayo de 2016. Fuentes de DLA Piper confirmaron que Juan Picón había decidido abandonar el despacho “por motivos personales y familiares”

Juan Picón, casado y con dos hijos, era un referente en la abogacía internacional de los negocios y uno de los profesionales más destacados del sector. Se convirtió en el primer español en presidir un despacho de abogados internacional, tras sustituir en DLA Piper a Nigel Knowles.

Precisamente, uno de sus más sonados colaboradores fue el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Primero, trabajó junto a Picón en DLA Piper y, cuando el abogado decidió dejar la presidencia mundial del despacho y volver a España, Aznar quiso seguir junto al abogado y se fue con él a Latham & Watkins.

“Extraordinaria persona, extraordinario profesional y extraordinario amigo”, ha señalado José María Aznar en un comunicado. “Siento una profunda tristeza por su pérdida. Me quedo con todos los buenos momentos que hemos compartido juntos y han sido muchos a lo largo de estos años. Descanse en paz”, ha añadido.

La noticia del fallecimiento se ha difundido ya entre los despachos españoles. Los socios directores de las principales firmas del país también han mostrado sus condolencias. Además, se han sumado autoridades institucionales del mundo jurídico, como la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

Picón se unió a DLA Piper como socio director en España en febrero de 2006. En 2007 fue nombrado director internacional del grupo de Mercantil, se incorporó al comité ejecutivo en 2012 como director internacional de grupos y sectores; en 2014 fue designado director internacional de Europa y Oriente Medio y copresidente del área de Latinoamérica junto a Bob Gruendel.

“Ha sido un gran abogado y una persona extraordinaria que dedicó gran parte de su vida a esta firma”, ha manifestado Pilar Menor, socia directora de DLA Piper. “Se ha ido un gran referente”, ha apuntado.

La trayectoria de Picón se centró en M&A y capital riesgo, MBOs y otros asuntos corporativos. A lo largo de los años, también asesoró a algunas de las transacciones más importantes del mercado de capitales en España. Cultivó una amplia experiencia en distintos sectores, en particular, en salud, productos químicos, telecomunicaciones, banca, alimentación y energía.

La sección de Gestión de Despachos e Innovación del ICAM analiza los retos a los que se enfrentan las firmas al ganar tamaño

Crecer exige gestionar más y mejor. Y una mejor gestión requiere tiempo, recursos y personas; no todo es trabajo técnico-jurídico. La última sesión de la Sección de Gestión de Despachos e Innovación del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) puso de manifiesto como el crecimiento, para que sea sostenible y prolongado, obliga a las firmas a tomar decisiones que no siempre son fáciles.

Es el caso de Santiago Fernández Lena, socio director de Fórum Jurídico. “Estoy teniendo que renunciar a la parte técnica para dedicarme a la gestión. Es algo que da vértigo y pena, porque soy de los que cree que, si te alejas varios meses de la parte más técnica, te quedas atrás, pero el despacho lo requiere”, explicó durante la jornada Seis claves para el crecimiento de los pequeños y medianos despachos.

En la misma línea, pero atendiendo a las circunstancias de una firma de mayor tamaño, Alberto Hernández-Lopo, director general de Eversheds Sutherland Nicea, describió las tareas que asume en su firma. “Se decidió que determinadas decisiones no dependieran de los socios. Y eso, para un despacho de abogados, no es fácil”. ¿Qué tareas tiene encomendadas? En su caso, el control de la rentabilidad; la gestión de las deudas y cobros pendientes; el presupuesto; o la retención del talento.

Son muchos los problemas que conlleva una gestión más profesionalizada, pero es un trance irrenunciable que debe recorrer el despacho incrementa su tamaño. Algunas de ellas: un pacto de socios claro pero flexible, con capacidad de adaptarse a las distintas etapas y ser revisado para afrontar las mejoras necesarias; contar con unos objetivos de facturación alineados con la estrategia de la firma; un sistema de compensación y de distribución del beneficio equilibrado; y reglas nítidas para regular la entrada de nuevos socios y la siempre difícil salida de los mismos. “Soy partidario de fijar las líneas rojas de lo que se quiere de un socio. Siempre son mejores los números claros y fríos. Que las reglas de juego sean transparentes y conocidas”, remarcó Fernández Lena.

Durante la mesa, moderada por el copresidente de la Sección, José Luis Pérez Benítez, el también copresidente, Miguel Ángel Pérez de la Manga destacó la “excesiva atomización del mercado de la abogacía en España” y las ventajas del crecimiento, destacando como “los modelos de asociación, y en especial, el partnership ayudan, por un lado, a gestionar el conflicto que se genera entre cada socio y el colectivo (la propia firma), y, a la vez, como el partnership es la mejor forma de mutualizar riesgos y potenciar las cualidades y ventajas de cada socio tomadas de forma individual”.

Fomento amplía a octubre el plazo para que nuevos operadores entren a competir con Renfe

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ampliará hasta el 31 de octubre, el plazo para que todas aquellas empresas interesadas puedan presentar una solicitud para entrar en el sector del transporte de pasajeros en tren, que se liberalizará a partir de diciembre de 2020. Hasta ahora, las compañías tenían tiempo hasta el 31 de julio. Según ha explicado Ábalos, el Gobierno decidió tomar esta medida debido a la gran cantidad de empresas que han mostrado su interés en entrar en este negocio y competir con Renfe, entre ellas la francesa SNCF y la española Acciona.

“Queremos que esta medida posicione a España en el referente de una liberalización efectiva, que sea un éxito, que nos beneficie a todos. No queremos dirigir desde el sector público todo este proceso. El éxito no depende solo de nosotros sino también de nuevos agentes, fundamentalmente del sector privado”, ha asegurado durante su intervención en la jornada Sector Ferroviario: Liberalización y Mercados Internacionales, organizada por El País Economía y Cinco Días.

“La liberalización es importante para extraer el mayor rendimiento a la inversión que España ha hecho en las últimas décadas en ferrocarriles (…) Desde los años 90 el Estado ha invertido en el sector ferroviario casi 100.000 millones de euros que serían algo más si actualizáramos el valor del mismo”, ha añadido el ministro.

Uno de los objetivos del Ejecutivo es aumentar el número de usuarios del transporte en tren que, actualmente, está por debajo de su capacidad si se compara con otros países del entorno. “La participación del ferrocarril en el sistema de transportes es aún muy modesta en España, especialmente en relación con la capacidad existente. El número de usuarios representa menos de la mitad de los que hay en Francia, una cuarta parte de los que hay en Alemania y un tercio de los británicos”, ha indicado el ministro en un foro en el que estaban presentes, entre otros, el presidente de Renfe, Isaías Táboas, e Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif.

Por otro lado, Ábalos ha recordado diferentes experiencias de colaboraciones público-privadas en España, algunas de las cuales resultaron exitosas, pero otras terminaron fracasando. “Hay experiencias negativas de la colaboración público privada como fueron las concesiones de las autopistas radiales. Tenemos que extraer conclusiones y lo estamos haciendo. No hay un solo modelo de éxito. Lo que parece que es una condición de éxito es que la participación del sector privado debe sí o sí aportar valor. No hacerlo acaba debilitándonos a todos”, ha indicado Ábalos.

La Reserva Federal se prepara para la primera rebaja de tipos desde 2008

Los bancos centrales apuestan de manera firme por la flexibilización para hacer frente a los temores de desaceleración. Si el martes el presidente del BCE, Mario Draghi, aludió a una posible rebaja de los tipos o a la compra de deuda como medidas para combatir la inflación, este miércoles ha sido el turno de la Reserva Federal que planteó la primera rebaja de tipos desde 2008. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) mantuvo inalterados los tipos, que permanecen en la horquilla del 2,25%-2,5% desde finales de 2018. La decisión contó con el visto bueno de todos los miembros a excepción del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, el mismo que hace dos semanas señaló que podría estar garantizado una rebaja de las tasas a corto plazo. Por primera vez desde diciembre de 2017 se ha roto la unanimidad.

La novedad vino por las expectativas de tipos. Después de que en marzo el banco central de EE UU descartara nuevas subidas para este año, ahora el pronóstico promedio de las estimaciones prevé una rebaja en 25 puntos básicos para 2020, frente a la subida que auguraba hace tres meses. No obstante, si bien estas estimaciones supondrían retrasar la medida más de lo previsto, siete de los 17 miembros del comité ven apropiado una bajada de 50 puntos básicos en 2019 frente a ocho que espera que los tipos se mantengan en el rango actual, uno que ve un recorte de 25 puntos básicos y otro que confían en que suban. Para 2021, la institución augura una subida en la misma proporción (25 puntos básicos).

La decisión sigue las directrices del discurso que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunció hace dos semanas. Desde que el banquero afirmara que harían lo que fuera necesario para asegurar la estabilidad económica y financiera, los inversores han puesto en precio el recorte de las tasas. Algunos fijaban diciembre como la fecha más propicia y los más temerosos la adelantaban incluso a septiembre.

La institución, que hasta la fecha había definido su actitud como paciente, señala ahora que “vigilará de cerca” las previsiones macroeconómicas. Unas estimaciones que actualizó tras dos días de reuniones. Las proyecciones de crecimiento del PIB para este año se mantienen en el 2,1%. Para 2020 apunta a un crecimiento del 2% (una décima más que lo previsto en marzo) y del 1,8%, en 2021. Es la inflación la que experimenta más cambios. La institución recorta tres décimas sus previsiones que pasan del 1,8% al 1,5%. Para 2020 se situará en el 1,9% y alcanzará el 2% en 2021 El mercado laboral seguirá mostrando robustez y la Fed prevé que la tasa de desempleo siga baja, entre el 3,6% y el 3,8% hasta 2021.

La rebaja de los tipos se debería fundamentalmente al escenario de baja inflación. La economía sigue creciendo a buen ritmo, si bien es cierto que el impacto de la guerra comercial es difícil de cuantificar, aunque ha jugado un papel importante en las previsiones. La Fed señaló en el comunicado que “las incertidumbres han aumentado” pero Powell apuntó que un acuerdo con China no será el único factor a tener en cuenta.

Los inversores se mostraron cautos tras conocer la decisión. Al cierre, el Dow Jones se anotó un 0,15%, el S&P 500 sumó un 0,3% y el Nasdaq, un 0,42%, mientras la rentabilidad de la deuda a 10 años permanece estable en el 2%, lejos del 3,2% que marcó en noviembre. La rebaja de las rentabilidades está siendo una constante también en la zona euro donde los rendimientos se sitúan en mínimos históricos. Los principales índices europeos apenas experimentaron cambios en la sesión de este miércoles. El Ibex cayó un 0,1%, pendiente de la decisión de la Fed.

En los últimos meses, Powell ha sido la diana de las críticas de Donald Trump. Preguntado por los rumores que circulan sobre una posible dimisión, el presidente de la Fed aseguró que va a completar su mandato.

Trabajo crea un observatorio para combatir el fraude a la Seguridad Social y recuperar recursos

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dictado una orden por la que crea el Observatorio de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, cuyo objetivo será la recuperación de los recursos que se pierden por incumplimientos en los pagos y por conductas irregulares, así como el refuerzo de la confianza y sostenibilidad en el sistema.

El Observatorio se crea como órgano de participación y recogida de información, con la posibilidad de realizar estudios y análisis de datos para la formalización de propuestas de actuación preventivas y de corrección de fraude, así como para la evaluación y difusión de los resultados.

Este órgano funcionará en Pleno y en comisiones provinciales. Desde mañana, 20 de junio, fecha de entrada en vigor de esta Orden, se abre un periodo máximo de tres meses para constituir el Pleno del Observatorio y sus distintas comisiones provinciales, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Observatorio será un instrumento de cooperación y colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Inspección de Trabajo, el Servicio Jurídico de la Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal o provincial en materia de prevención, detección y corrección del fraude a la Seguridad Social.

El Pleno del Observatorio estará formado por un presidente (el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social); un secretario (el subdirector general de Recaudación en periodo voluntario de la Tesorería), y catorce vocales.

En concreto, la TGSS, el INSS, el ISM, la Inspección de Trabajo y el Servicio Jurídico de la Seguridad Social contarán con dos vocales cada uno. También tendrán dos vocales los representantes sindicales y otros dos las organizaciones empresariales.

A las reuniones del Pleno del Observatorio podrán asistir de manera puntual y bajo invitación del presidente representantes de otras entidades, organizaciones u organizamos cuya actividad repercuta en el régimen económico de la Seguridad Social, así como otros representantes sindicales, empresariales y personas físicas o jurídicas cuya aportación se considere necesaria o relevante.

El Pleno del Observatorio se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria y, extraordinariamente, a iniciativa del presidente o cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros. Las comisiones provinciales tendrán una composición similar (presidente, secretario y, en este caso, 13 vocales) y celebrarán al menos cuatro reuniones ordinarias al año, de la que informarán periódicamente al Pleno.

El Observatorio dependerá directamente de la Tesorería General de la Seguridad Social y su creación no podrá generar, “en ningún caso”, un aumento de las dotaciones presupuestarias, debiendo atender la TGSS a este nuevo órgano colegiado con sus actuales medios personales y materiales, apunta la Orden.

La Airef pide incrementar la dotación de las becas a universitarios e investigadores

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cree necesario incrementar la dotación de las becas universitarias y adelantar la convocatoria antes del inicio del curso para asegurar la igualdad de oportunidades. Igualmente, pide aumentar la generosidad de las ayudas a investigadores doctorales y posdoctorales, revisar los criterios de concesión para que sean más objetivos y adecuar estas becas con las necesidades del sector privado.

El organismo fiscalizador de las cuentas del Estado ha publicado este miércoles su cuarto y quinto informe del Spending Review en los que analiza cómo se están gastando los más de 800 millones de euros destinados a becas universitarias y a los 300 millones dirigidos a ayudas a investigadores. Concluye, de una parte, que, si bien el sistema de ayudas a estudiantes universitarios ha contribuido notablemente a garantizar la igualdad de oportunidades, todavía existe cierto margen de mejora. Así mismo, destaca que las becas predoctorales (FPI) tienen un impacto limitado sobre la producción científica, por lo que sugiere enfocar las ayudas a proyectos de investigación de alto impacto, entre otras propuestas.

La institución dirigida por José Luis Escrivá considera que las becas universitarias para estudiantes que permanecen dentro del hogar familiar son “suficientes” ya que cubren la práctica totalidad (98%) de los gastos del curso académico. Pero estima que es necesario incrementar en un 80% la dotación de aquellas otorgadas a los jóvenes que residen fuera del domicilio materno, pasando de los 1.500 euros actuales hasta los 2.700 euros, ya que, en su caso, quedan sin cubrirse el 20% de los gastos. Ello supondría aumentar en 98 millones de euros (un 12%) de los 816 millones que cada año destina el Estado a ayudas universitarias, casi uno de cada cuatro euros (36,4%) del presupuesto total del Ministerio de Educación.

Otro de los puntos que el organismo considera fundamental es modificar el calendario de tramitación y asignación de las becas, ya que en la actualidad el 70% de los alumnos recibe la dotación una vez iniciado el segundo cuatrimestre del curso, cuando ya ha tenido que sufragar numerosos gastos. Así, la institución pide que se adelante la convocatoria de agosto a enero para que la resolución llegue en mayo en vez de en enero o febrero, de tal forma que los alumnos puedan afrontar el curso sabiendo de antemano si les han concedido la beca y por qué cuantía.

Además, la Airef ve necesario revisar los criterios económicos de concesión de las becas, cuyos requisitos no se han actualizado desde hace casi una década (2010) y establecer mayores tramos dentro de los umbrales de renta familiar, para evitar que los saltos entre unos y otros sean tan elevados, ya que, por ejemplo, una diferencia de un euro en la renta puede suponer recibir 1.500 euros menos de beca. Igualmente, considera que se podría eliminar los requisitos patrimoniales (bienes inmuebles, etc.) ya que distorsionan la asignación de las ayudas.

Por último, el organismo pide incrementar las campañas de publicidad de las becas, especialmente hacia las rentas más bajas, ya que un 17% de los estudiantes que cumplen los requisitos se quedan cada año sin recibirlas por desconocimiento. En ese sentido, propone crear centros de atención al estudiante y un portal de solicitud única que reúna tanto las becas universitarias del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Con todo, y a pesar de estas mejoras, la Airef valora positivamente el impacto de estas ayudas sobre el sistema educativo español y destaca que recibir una incrementa significativamente la probabilidad de graduarse, mientras que mejora solo modestamente el rendimiento académico y la nota del expediente. En 2016 (último dato que maneja el organismo) más de 300.000 estudiantes se beneficiaron de una ayuda, lo que supone el 22% de todos los universitarios y dos tercios de quienes la solicitaron. De media, la ayuda ascendió a 2.200 euros, y el 31% de quienes la recibieron declara que no hubiera podido estudiar sin beca y un 70% tendría que haber buscado trabajo para poder seguir haciéndolo.

Hacienda devolverá el IRPF de maternidad también a quienes ya recibieron un fallo en contra

El Ministerio de Hacienda ha decidido finalmente devolver también el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad cobrado a aquellos contribuyentes que reclamaron judicialmente o a la administración y recibieron una resolución en contra antes de que el Tribunal Supremo declarara exentas estas ayudas. Así lo ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras reunirse con un grupo de representantes de la Asociación de afectados por el IRPF de maternidad y paternidad.

Montero ya lanzó en diciembre un formulario digital en diciembre para permitir que los beneficiarios de estas prestaciones solicitaran la devolución del impuesto indebidamente cobrado desde 2014, último año en el que la irregularidad no habría prescrito.

El Gobierno reaccionaba así a la sentencia del Supremo del pasado octubre que declaraba exentas de impuestos estas ayudas públicas. Hacienda extendió además la devolución a los beneficiarios de la prestación de paternidad, que el tribunal no citaba expresamente, y a los funcionarías dependientes de mutuas.

Como resultado, la Agencia Tributaria devuelto ya 960 millones de euros a 734.000 contribuyentes, el 90% de los reclamantes, y confía en dar respuesta al resto de peticiones recibidas en las próximas semanas. Esta solución, sin embargo, dejó fuera a los pioneros en reclamar la devolución del tributo que ya habían obtenido un fallo judicial o una respuesta administrativa negativa antes de la sentencia del Supremo.

Tras consultar a la Abogacía del Estado, Hacienda ha extendido ahora su solución a este colectivo remitiendo hoy una orden a las delegaciones provinciales para que acepten devolver el dinero a quienes, contando ya con un fallo firme en contra, reclamen a través del formulario electrónico.

La medida está enfocada a quienes hayan cobrado la ayuda desde 2014, lo que beneficiará a un grupo numeroso que reclamó tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia Superior de Madrid de 2017. Más allá, Hacienda analizará casi a casi los procesos anteriores cuya judicialización haya interrumpido el plazo de prescripción.

El Ministerio estima que la medida supondrá la devolución de unos 11 millones de euros adicionales a cerca de 8.200 contribuyentes, según ha explicado Montero en rueda de prensa. Eli Fernández, presidenta de la asociación de afectados ha celebrado la solución, que se espera permita al colectivo recuperar su dinero en unos cuatro meses, pero ha reclamado a las haciendas forales que tomen una medida similar a la de la administración central para permitir que vascos y navarros también se beneficien.

Luis Jones dirigirá la oficina tributaria internacional

Según avanza el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recoge hoy el nombramiento como jefe de esta institución de Luis Jones, que fue director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria hasta que dimitió en 2013. Sustituirá en el puesto al hasta ahora responsable, Néstor Carmona. Sería el propio Carmona, de 65 años, quien, según las mismas fuentes, habría pedido su relevo tras haber sido el único jefe de la ONFI desde su constitución, en abril de 2013. En todo caso, su futuro seguirá ligado a esta institución como jefe del equipo de fiscalidad internacional.

El nombre de Carmona cobró una mayor relevancia pública durante el proceso tributario contra el futbolista Cristiano Ronaldo, dada su aparente discrepancia con la tesis de la Agencia Tributaria de que se había producido un delito fiscal. De hecho, el jefe de la ONFI fue llamado a declarar como testigo por la defensa del exjugador del Real Madrid, si bien su testimonio acabó alineándose con el de la acusación al apuntar a irregularidades en la tributación de Ronaldo.

Carmona es, en todo caso, un inspector de larga carrera en la Agencia Tributaria donde ha sido especialista en la tributación de no residentes, los convenios internacionales que buscan evitar la doble imposición tributaria y las políticas de precio de transferencia en operaciones globales. Como único responsable de la ONFI hasta la fecha, Carmona ha impulsado la presencia inspectora en las multinacionales ligadas a la economía digital y los procedimientos amistosos.

Le sustituirá en el cargo Luis Jones Rodríguez, un reputado inspector de Hacienda que arrancó su carrera en 1990 y que hasta ahora era jefe de área en la propia ONFI. Además, Jones representa a España ante diversos organismos internacionales y es miembro del grupo tributario de la OCDE.

La Agencia Tributaria, dirigida por Jesús Gascón, recupera así para la primera línea a quien fue director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Jones dimitió de aquel cargo en diciembre de 2013, después de que una serie de relevos en el organismo, impulsados desde el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, provocaran una oleada de descontento y renuncias a las que Jones se sumó por su firme desacuerdo con las decisiones del predecesor de Gascón, Santiago Menéndez.

El papel de la ONFI es fijar un criterio uniforme sobre tributación internacional para toda la Agencia Tributaria y de planificar actuaciones en este campo, lo que puede cobrar especial relevancia con la reforma fiscal que planea el Gobierno.

Cumbre en Bruselas para un reparto de poder sin precedentes en la UE

Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy y mañana en Bruselas con el objetivo de nominar a los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo, un enmarañado sudoku que quieren resolver a toda costa antes de la primera sesión de la Eurocámara el próximo 2 de julio. Sobre la mesa de negociación está un reparto de poder sin precedentes en la Unión Europea: la presidencia de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo, así como el cargo de responsable de la política exterior comunitaria y el del jefe del Banco Central Europeo (BCE).

“Hay diferentes puntos de vista, diferentes intereses, pero también una voluntad común de finalizar este proceso antes de la primera sesión del Parlamento Europeo”, señaló el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la carta de invitación que ha enviado a los presidentes y primeros ministros de los países de la UE.

El reparto institucional deberá ser validado por mayoría cualificada reforzada en el Consejo, es decir, con el respaldo del 72% de sus miembros (21 países) que representen al 65% de la población de la UE, aunque la intención es lograr un consenso. Resulta difícil pensar que se pueda alcanzar un acuerdo que no cuente con el apoyo de París y Berlín, señalan fuentes diplomáticas.

El exministro polaco, que ejerce de mediador de los Veintiocho y seguirá hablado hasta el inicio de la cumbre a las 15.00 horas con capitales y partidos para intentar avanzar en las negociaciones, se dice “cautelosamente optimista” ante la perspectiva de alcanzar un acuerdo durante la cumbre europea, aderezada con muchas reuniones bilaterales entre países para intentar acercar posturas.

Las legaciones diplomáticas, y los presidentes y primeros ministros que últimamente multiplican sus reuniones con homólogos europeos, evitan enseñar sus cartas en público y se limitan a mencionar los criterios que pesarán en la decisión, como la procedencia, el género o la familia política de los nominados.

Se trata, en definitiva, de buscar un “equilibrio” que contente al menos a populares, socialistas, liberales y verdes, pues quien ejerza la presidencia de la Comisión Europea tendrá que ser respaldado por la mayoría del Parlamento Europeo, en un “paquete” de nombramientos que satisfaga también a los países del este, del sur y del centro-norte, y que apunte hacia un reparto equitativo en términos de género.

El mejor situado, en teoría, debería de ser el alemán Manfred Weber, cabeza de lista de los populares en las elecciones europeas que ganaron los conservadores y candidato al que refrenda la canciller germana, Angela Merkel, aunque se le critica su falta de experiencia de Gobierno, un requisito que muchos ven fundamental para dirigir el Ejecutivo comunitario.

En la mesa también están los nombres del candidato socialista y vicepresidente primero de la CE, el holandés Frans Timmermans, o del negociador europeo del “brexit”, el conservador francés Michel Barnier. En clave femenina suenan la eurocomisaria de Competencia y candidata liberal, la danesa Margrethe Vestager, la máxima responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, la excomisaria europea y actual directora general del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, o incluso Angela Merkel.

La Seguridad Social suma 68.749 extranjeros en mayo

La Seguridad Social sumó 68.749 afiliados extranjeros de media en mayo (3,3% más) hasta alcanzar 2.155.149 ocupados foráneos, marcando así el mayor número de ocupados desde que hay registro. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se incrementó en 151.087 con respecto a mayo de 2018, un 7,54%.

La mayoría de afiliados extranjeros (1.265.626) procedía de países de fuera de la Unión Europea, mientras que la cifra de comunitarios se situó en 889.522. En concreto, los procedentes de Rumanía eran los más numerosos (361.574), seguidos de Marruecos (279.965), Italia (126.779), China (106.475), Ecuador (75.170), Reino Unido (72.986), Colombia (70.887), Bulgaria (66.430) y Portugal (56.401).

En el último mes, la afiliación de extranjeros se disparó en Baleares (18,48 %), aunque también reflejó incrementos en Aragón (12,17 %), La Rioja (10,34 %) y Extremadura (10,17%), entre otras, y sólo se redujo en Canarias (1%). Del total de extranjeros afiliados en España, la mayoría se concentra en Cataluña (23,95%), Madrid (19,77%), Andalucía (12,84%) y Comunidad Valenciana (10,47%).

Los afiliados hombres (1.202.903) eran más numerosos que las mujeres (952.246) y la mayoría se encuadraba en el régimen general (1.811.029, de los que 258.869 son del sistema especial agrario y 172.205 del hogar), seguido del régimen de trabajadores autónomos (339.376), régimen especial del mar (4.682) y el carbón (61).

La declaración de un testigo en la vista oral puede ser decisiva para ganar un juicio contra la empresa

La ley procesal laboral es generosa en este sentido, se pueden llevar cuantos sean necesarios. Eso sí, no podrán proponerse como testigos personas estrechamente vinculadas al empresario o trabajador, dispone la ley, salvo que su testimonio tenga “utilidad directa y presencial y no se disponga de otro medio de prueba”. Por eso es poco habitual que la declaración de una madre a favor de su hijo sea decisiva en un juicio por despido, pero no imposible. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid (cuyo texto puede consultar aquí), se apoya en el testimonio de la progenitora de un trabajador, al que echaron por faltas injustificadas, para declarar improcedente su despido.

La resolución, que confirma la sentencia de instancia, declara probado que el empleado no se había reincorporado a su puesto tras su alta médica porque había llegado a un acuerdo al respecto con el empresario. Una reunión en la que se aplazó esta fecha y en la que estuvo presente la mujer. Con su testimonio consiguió demostrar que sus ausencias estaban justificadas.

Según recoge la sentencia, el empleado, que llevaba trabajando diez años como mecánico, sufrió una baja médica por un trastorno adaptativo mixto de un año de duración. Después del alta definitiva, fue convocado a una reunión con el administrador en la que, según el testimonio de la madre del trabajador, acordaron que este no se reincorporaría hasta que no se dictara sentencia en un juicio por reclamación de cantidad que tenían pendiente.

Sin embargo, antes de que se notificara esta resolución, la empresa le requirió, vía burofax y por WhatsApp, para que justificara sus ausencias al trabajo. El mismo día que se dictó dicha sentencia, se le comunicó su despido. El cese fue calificado como improcedente por el juzgado de lo social, que fundamentó su decisión en que la ausencia de incorporación del trabajador obedeció a lo acordado en la conversación mantenida entre las partes, de lo que dio testimonio su madre.

En su recurso, la empresa intenta desvirtuar la declaración testifical de la mujer por varias vías, que el tribunal rechaza. En primer lugar, acude a solicitar la revisión fáctica de la prueba, cuestión que, como explican los magistrados, solo es factible respecto de las pruebas con carácter documental y pericial. Como subraya el tribunal, la valoración que realizó el juez de la testifical no es susceptible de impugnación por esta vía.

Tampoco admite la Sala el argumento alegado por la empresa de que, conforme a la ley procesal civil no debería haberse aceptado como prueba la testifical de la madre del trabajador. El tribunal destaca que, sin embargo, la ley procesal laboral prohíbe la tacha de los testigos, si bien dispone que únicamente se puede proponer como testigos a personas vinculadas al empresario o trabajador salvo que su testimonio “tenga utilidad directa y presencial y no se disponga de otros medios de prueba”.

La declaración de la madre del trabajador fue admitida y se valoró como decisiva, explica el tribunal, porque fue la persona que le acompañó cuando acudió a hablar con el empresario. Es más, añade, la apreciación probatoria de esta declaración, que corresponde al juzgado de lo social, no puede ser sustituida por el “criterio interesado” del recurrente.

Por último, frente a la petición del empresario de que el despido se fechase desde su comunicación al trabajador (vía burofax y WhatsApp), la Sala niega efectos a estas notificaciones. El burofax, explica, no fue recogido por el interesado, y el mensaje por la aplicación móvil no es válido para comunicar un cese. Por tanto, confirma la decisión del juzgado de establecer la fecha del despido el día que le fue notificado el finiquito al trabajador. En conclusión, la Sala desestima íntegramente el recurso de la empresa, condenándola a pagar las costas del procedimiento.