Índice

 

  1. COVID-19. Aprobada la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021.
  2. Se extiende hasta el 14 marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores y se amplía el plazo para que las juntas puedan celebrarse por medios electrónicos.
  3. Generalitat de Catalunya: Inscripción previa a las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica de personas autónomas i microempresas ante la COVID-19.
  4. COVID-19. ¿Cómo afectarán las prestaciones derivadas de un ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos en la próxima declaración del IRPF 2020?
  5. Hasta el 31 de diciembre puede modificar la base de cotización como autónomo.

 

1.- COVID-19. Aprobada la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021.

En el BOE del día 18 de noviembre se ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como la ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.

Le informamos que en el BOE del día 18 de noviembre se ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con efectos desde el 19 de noviembre de 2020.

En concreto se establecen las siguientes medidas:

  • La ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.

Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora.

  • Las entidades bancarias deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.

El ICO podrá acceder al CIRBE y rebajas de aranceles

También se prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al registrar las operaciones de ampliación y se autoriza al ICO a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.

El ICO ya tiene acceso al CIRBE, pero solo para la información de sus clientes directos. Con el cambio, podrá solicitar información de clientes que están recibiendo financiación avalada para consultar qué posiciones tienen en otros bancos.

Para más información ver: Líneas de Avales COVID-19

Medidas adicionales

Asimismo, para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, podrán beneficiarse de los avales de la Línea de 40.000 millones de euros para liquidez e inversión aprobada en julio los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). De esta forma se fomenta el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales, como alternativa a la financiación bancaria.

Estas medidas son adicionales a las ya aprobadas en las últimas semanas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para reforzar la solvencia y la financiación empresarial, en particular para apoyar a las empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

En primer lugar, se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones de euros, dando así continuidad a la línea del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. En segundo lugar, se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para PYME y empresas no cotizadas. Y, finalmente, se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para empresas cotizadas, por un importe de 1.000 millones de euros de euros y con vigencia temporal hasta diciembre de 2021.

Inversiones extranjeras

Tal y como ocurre desde el mes de marzo con las inversiones extranjeras procedentes de países extracomunitarios, a partir de ahora y hasta el próximo 30 de junio las inversiones procedentes de la Unión Europea también requerirán autorización previa del Gobierno. Se trata de inversiones que bien, se destinen a empresas cotizadas, o bien sean superiores a 500 millones y se dirijan a empresas estratégicas no cotizadas. Para el caso de las inversiones de origen extracomunitario, el control previo se mantiene ‘sine die’.

De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma.

2. Se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores y se amplía el plazo para que las juntas puedan celebrarse por medios electrónicos

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 34/2020 de medidas económicas que, entre otras cosas, extiende hasta el 14 marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores. Asimismo, se extiende la obligación del juez de no tramitar solicitudes de incumplimiento de convenios y acuerdos de refinanciación por parte de empresas concursadas que se presenten entre el 31 de octubre de 2020 y 31 de enero de 2021. Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Le informamos que en el BOE del día 18 de noviembre se ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que en el ámbito concursal y societario ha establecido algunas medidas, con efectos desde el 19 de noviembre de 2020,  como la extensión hasta el 14 marzo de 2021 de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, es decir, amplia la moratoria ya existente para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores.

El pasado 28 de abril, el Gobierno ya amplió dicha moratoria hasta el 31 de diciembre, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

También, se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite de una declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, siempre condicionadas a la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio. Este régimen, que se encontraba vigente para las solicitudes de incumplimiento presentadas hasta 31 de octubre, sigue aplicándose en sus mismos términos. Lo que establece este Real Decreto-ley 34/2020 es la posibilidad de aplicarlo a las solicitudes de declaración de incumplimiento que se presenten entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Medidas societarias: Juntas generales

Se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Se mantiene el requisito de que el secretario reconozca la identidad de los socios o asociados, y así lo exprese en el acta y, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, se continúa permitiendo la celebración de la junta general en cualquier lugar del territorio nacional. Igualmente, y por las mismas razones, se prorroga, para el año 2021, la posibilidad de celebrar por medios telemáticos las reuniones del patronato de las fundaciones.

3.- Generalitat de Catalunya: Inscripción previa a las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica de personas autónomas i microempresas ante la COVID-19.

La inscripción previa es un trámite obligatorio para poder optar a futuras convocatorias de ayudas extraordinarias para personas trabajadoras autónomas individuales o personas trabajadoras que formen parte de una microempresa. Las personas que se inscriban serán consideradas solicitantes de la ayuda sin que tengan que hacer ningún otro tipo de actuación  y podrán resultar beneficiarios si cumplen los requisitos que se establecen en las  convocatorias.

Presentación de solicitudes
Del 30 de noviembre (a las 9 de la mañana) al 7 de diciembre (a las 3 de la tarde).

Requisitos para acceder

  1. Tener el domicilio fiscal en un municipio de Catalunya.
  2. Estar en situación de alta en el  RETA o a una mutualidad como  sistema alternativo al RETA de manera ininterrumpida, antes del 1 de octubre de 2020.
  3. La base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio  disponible de la persona solicitante tiene que ser igual o inferior a 35.000 euros, en caso de acogerse al sistema de tributación individual, y de igual cuantía con relación a la parte de la base imponible correspondiente al solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación conjunta.
  4. El rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres de 2020 no ha de superar el importe de 13.125 euros.
  5. Cumplir  los requisitos previstos en el  artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
  6. No tener ayudas otorgadas de acuerdo con la Resolución TSF/1270/2020, de 3 de junio, porque se abre la convocatoria para a la concesión de subvenciones para favorecer la auto ocupación de jóvenes inscritos al programa de Garantía Juvenil para el año 2020, en el marco del plan de choque del Decreto Ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19, ni con la Resolución TSF/2799/2020, de 4 de noviembre, por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas, persona física, y de las personas trabajadoras autónomas que forman parte de una microempresa ante los efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frete a la COVID-19.

4.- COVID-19. ¿Cómo afectarán las prestaciones derivadas de un ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos en la próxima declaración del IRPF 2020?

Con independencia de la modalidad de ERTE (reducción de jornada y/o suspensión de empleo), la prestación percibida por el ERTE tiene la consideración de rendimientos del trabajo, teniendo importantes consecuencias pues puede afectar a la obligación de presentar la declaración del IRPF y ello por cuanto el contribuyente pasa a tener dos pagadores (la empresa y el SEPE), con la consiguiente disminución del límite económico que determina la obligación de declarar. Lo mismo debemos decir respecto la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos

Todas aquellas personas trabajadoras que se hayan visto afectadas por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) derivado de la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 deberán tener en cuenta las consecuencias fiscales que esta situación extraordinaria puede tener en su próxima declaración de la Renta del ejercicio 2020, que tendremos que presentar entre abril y junio del próximo año. Lo mismo debemos decir de la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos

  1. Prestaciones percibidas a consecuencia de un ERTE

De acuerdo con una Nota aclaratoria de la AEAT, estas prestaciones se califican como rendimiento de trabajo sujetas a gravamen. No están exentas del IRPF.

Además, muchas personas que no estaban obligadas a presentar declaración de la renta ahora podrían estarlo.

La prestación recibida por el SEPE figurará como si fuera un pagador más, tal y como indica la Dirección General de Tributos (DGT) en la Consulta Vinculante V1378-17, a la hora de hacer la declaración de la renta, con lo cual, el trabajador afectado por un ERTE durante la crisis del coronavirus habrá tenido dos pagadores: su empresa y el propio SEPE.

En consecuencia, si un contribuyente ha obtenido durante el ejercicio 2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores distintos:

  • Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1.500 euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.
  • Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros, no existirá obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no supera los 14.000 euros.

A ello debe sumarse el hecho de que las prestaciones abonadas por el SEPE apenas tienen retención por lo que con toda probabilidad el resultado de las declaraciones serían a ingresar. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informa en su propia página web de que la retención será mínima o incluso inexistente: «Por la propia dinámica del abono de prestaciones en periodos de suspensión de relaciones laborales por procedimiento de regulación de empleo, es poco probable la retención a cuenta en concepto de IRPF, dado que los importes previstos de prestación no alcanzan el mínimo obligatorio exigido por las normas tributarias para la aplicación de retención».

Para evitar esto, el trabajador puede solicitar un aumento del tipo de retención bien a su empresa si ya se ha reincorporado a su puesto o al SEPE en caso de continuar en el ERTE.

Conviene recordar también las reglas de imputación temporal contenidas en el art. 14 de la LIRPF, que establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

No obstante, y como ha venido ocurriendo, no todos los trabajadores han cobrado el ERTE en el momento en que debieron hacerlo sino que su cobro ha sufrido cierta demora, siendo posible que buena parte de los mismos, si bien debió percibirse en 2020, se abonen en 2021. En estos casos, resultará de aplicación la regla especial contenida en el art. 14.2.b) de la LIRPF en virtud de la cual cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos. Ello supondrá que el trabajador deba presentar, en su caso, una declaración complementaria al período en que debieron satisfacerse los rendimientos, sin recargo ni intereses de demora ni recargo alguno.

Otra posibilidad que podemos encontrarnos es la de impugnación del ERTE por parte del trabajador (no está conforme con su cuantía, discute su derecho a la obtención de la prestación…). En estos casos, en aplicación de la regla especial contenida en el art. 14.2.a) de la LIRPF, cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que la misma adquiera firmeza.

Finalmente, también podemos encontrarnos ante la posibilidad de que por sentencia judicial se declare la nulidad del ERTE, habiendo percibido el trabajador la prestación por desempleo la cual ha devenido indebida, por lo que se debe proceder a su devolución. Esta situación tiene incidencia en la declaración del impuesto correspondiente a los ejercicios en el que se declararon como ingreso, y no en la declaración correspondiente al ejercicio en que la devolución se materialice.

Así, la regularización de la situación tributaria correspondiente a los importes declarados e indebidamente percibidos, correspondería efectuarla instando el trabajador la rectificación de las autoliquidaciones de los períodos impositivos en que se incluyeron aquellos importes, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 120 de la LGT.

  1. Prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos

Al igual que la prestación «ordinaria» por cese de actividad de los autónomos, la prestación extraordinaria por cese de actividad es una prestación del sistema de protección de desempleo; según el art. 17.1.b) de la LIRF, las prestaciones por desempleo se califican como rendimientos de trabajo.

Aunque su origen esté en la actividad económica del autónomo, no se trata de un ingreso inherente a la misma y por tanto no puede calificarse como un rendimiento de actividades económicas. Consecuentemente, esta prestación no debe incluirse como un ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF.

Aún no se sabe si el Ministerio de Hacienda reconsiderará esta situación, pudiendo plantear algún tipo de exención a rendimientos obtenidos por ayudas a autónomos afectados por la COVID-19, aunque de momento nada parece indicar que vaya a ser así.

  1. Medidas fiscales de las Comunidades Autónomas

Sin perjuicio de lo comentado anteriormente, hay que tener presente y estar atentos a las posibles medidas que cada CCAA haya aprobado o aprueben en el futuro para paliar estos efectos en el IRPF.

Así por ejemplo, en Cataluña se ha aprobado el Decreto Ley 36/2020, de 3 de noviembre, por el que se crea una nueva deducción en la cuota del IRPF para los trabajadores afectados por ERTEs o despedidos en 2020.

En concreto, y con efectos desde el 1 de enero de 2020, se establece una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF, por el importe que resulte de restar de la cuota íntegra autonómica la cuota íntegra estatal, siempre que la diferencia sea positiva. La deducción será aplicable por aquellos contribuyentes que, como consecuencia de tener más de un pagador de rendimientos del trabajo, resulten obligados a presentar la declaración del Impuesto. Se estima que esta medida podría beneficiar a unas 250.000 personas en Cataluña.

Esta deducción no resultará aplicable a los contribuyentes que se hayan acogido o se puedan acoger al procedimiento especial de retenciones aplicable a contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas.

4.- Hasta el 31 de diciembre puede modificar la base de cotización como autónomo.

Le recordamos que tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, hasta el 31 de diciembre. Está modificación tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy importante ya que de ella dependen sus prestaciones presentes y su futura pensión. La base de cotización puede modificarse fácilmente y de forma telemática a través del sistema RED. Sin embargo, hay que tener en cuenta los trámites y los periodos para hacer el cambio.

Atención. La elección que se haga de la cuota será muy importante, pues éste es el parámetro que marca la cuantía de las prestaciones que va a recibir el autónomo en caso de enfermedad, accidente, paro, maternidad o jubilación.

Le recordamos que desde el 01-01-2018, se establece que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio (el día primero de abril, julio, octubre y enero).

Atención. El Gobierno ha anunciado que tendrá en cuenta la propuesta de las organizaciones de autónomos para poder cambiar la base hasta seis veces al año, pero eso será para el 2021 si finalmente se aprueba.

Pues bien, ahora tenga presente que hasta el 30 de diciembre de 2020 inclusive, y con efectos para el 1 de enero , tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también antes del 1 de octubre.

Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones (importes vigentes en 2020):

Base de cotización

€/mes

Tipo de Cotización

(*)

Cuota a pagar

€/mes

944,40

– mínima a partir del 01-01-2020  –

30,3 % 286,15
1.018,50

mínima para trabajadores de 48  o más a partir 01-01-2020, salvo excepciones

30,3 % 308,60
1.202 30,3 % 364,21
2.077,80

máxima para trabajadores de 47, 48 años o más,

a partir 01-01-2020 salvo excepciones

30,3 % 629,57
4.070,10

– máxima a partir del 01-01-2020 –

30,3 % 1.233,24

* 30,3 % = 28,30 % (contingencias comunes) + 1,1 % (contingencias profesionales – RD-ley 28/2020) + 0,8% (cese de actividad – RD-ley 28/2018) +   0,10 % (FP).

La base mínima de cotización del autónomo que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hay tenido contratado 10 o más trabajadores por cuenta ajena, así como la del autónomo societario es de 1.214,10 euros mensuales.

La solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo puede solicitarse directamente por el autónomo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, si dispone de un certificado digital o usuario/contraseña o mediante el servicio Cambio de base de cotización-autónomos.

Igualmente, la solicitud puede presentarse mediante el Modelo de solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo (TC.4005).