Índice

  1. ¿Cuándo se aplica el tipo reducido del IVA del 10% a los servicios prestados de intérpretes, artistas, directores y técnicos?
  2. ¿Es necesario aportar el certificado bancario para constituir una Sociedad Limitada?
  3. Aprobada la Ley de Secretos Empresariales.
  4. Estado de información no financiera

1.- ¿Cuándo se aplica el tipo reducido del IVA del 10% a los servicios prestados de intérpretes, artistas, directores y técnicos?

Desde el 1 de enero del 2019 ha bajado la aplicación del tipo del IVA del 21 al 10% a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas y a los organizadores de obras teatrales y musicales.

El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica entre otros, el Reglamento sobre el IVA, ha bajado la aplicación del tipo del IVA del 21 al 10% a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas y a los organizadores de obras teatrales y musicales, con efectos desde el 01-01-2019.

No obstante, pueden surgir muchas dudas a la hora de aplicar este tipo reducido del 10% a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos.

Por ello la AEAT ha publicado en su web una nota informativa, de acuerdo con la Doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT) existente hasta enero de 2019, para aclarar las siguientes cuestiones a la hora de determinar si se cumplen los requisitos para que resulte de aplicación el tipo del 10%.

A) Prestador del servicio

El intérprete, artista, director o técnico debe tratarse de una persona física. Tributarán al 21% los servicios prestados por sociedades mercantiles y comunidades de bienes.

El tipo del 10% se aplicará con independencia de que el intérprete, artista, director o técnico:

  • contrate a través de un representante que actúe en nombre ajeno, ya que se entiende que es el propio artista quien presta por sí mismo el correspondiente servicio artístico (consulta de la DGT 0720-98).
  • contrate los servicios de otros artistas en régimen de dependencia de carácter laboral para prestar el servicio (consulta de la DGT 1679-98)

B) Destinatario del servicio

El servicio debe prestarse a organizadores de obras teatrales y musicales.

Tiene la consideración de organizador de una obra teatral o musical la persona o entidad que lleve a cabo la ordenación de los medios materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de que la obra teatral o musical se represente (contratación del local, publicidad, venta de entradas, etc.)

Pueden tener la condición de organizadores de obras teatrales o musicales:

  1. Las entidades públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos);
  2. Asociaciones de diversa naturaleza (culturales, de vecinos, de padres de alumnos);
  3. Colegios públicos o privados;
  4. Sindicatos, comités de empresa o partidos políticos;
  5. Empresas dedicadas habitualmente a la organización de tales obras (empresarios teatrales, propietarios de “pubs” o salas de fiesta);
  6. Agentes artísticos, representantes y promotores, cuando asuman la organización de las obras no limitándose a la actividad de mediación;
  7. Empresas que tienen otro objeto social pero que ocasionalmente organizan la representación de obras teatrales o musicales, cualquiera que sea la finalidad de dicha actividad (Cajas de Ahorro, empresas comerciales o industriales).

Tributarán al 21% los servicios prestados por los intérpretes, artistas, directores o técnicos, personas físicas, a entidades que no asuman la organización de la obra o bien se limiten a las labores de mediación.

C) Tipo de servicio artístico prestado

Los servicios prestados deberán referirse a obras teatrales o musicales.

Se consideran obras teatrales, las obras dramáticas, dramático – musicales, coreográficas, pantomímicas y literarias en cuanto sean objeto de recitación o adaptación para la escena.

Se consideran obras musicales, las que se expresan mediante una combinación de sonidos a la que puede unirse o no un texto literario.

Para la aplicación del tipo reducido, no tiene trascendencia:

  • El lugar donde se produzca la actuación (parques, plazas, colegios, salas de fiestas, casas de la cultura, pubs, teatros u otros locales);
  • El procedimiento establecido para la determinación del importe de la contraprestación por los servicios (“cachet” fijo o porcentajes en la recaudación por taquilla);
  • La finalidad específica perseguida por el organizador de la obra (organización de fiestas populares u otros actos lúdicos de carácter gratuito para los espectadores de las mismas, organización de la actividad con fines lucrativos.)

Tributan al 10% los servicios artísticos de guiñol (consulta DGT 1500-98), los teatros de títeres (consulta DGT 1570-98), cuentacuentos y los servicios consistentes en recitar poesías durante un concierto flamenco (consulta DGT 2392-99).

Tributa al 21% la actividad de magia por no considerarse obra teatral.

2.- ¿Es necesario aportar el certificado bancario para constituir una S.L?

La Ley 11/2018 por el que se modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas, entre otras novedades, ha introducido una modificación por la cual los socios pueden optar por no presentar este certificado al constituir una SL, lo que acelera el proceso de constitución.

La Ley 11/2018 por el que se modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y Auditorías de Cuentas, entre otras novedades, incluye la modificación del artículo 62 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) relativa a la acreditación de la realidad de las aportaciones en una sociedad limitada (SL).

Hay que recordar que este artículo establece que ante el notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.

También se establece que la vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha, y que en tanto no transcurra el periodo de vigencia de la certificación, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.

Modificación para las sociedades de responsabilidad limitada

Pues bien, ahora con efectos desde el 30 de diciembre de 2018, se establece que no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas.

Con ello se trata de agilizar los trámites de constitución de sociedades (no se aplica a las ampliaciones de capital) exonerando a los socios del deber de acreditar ante Notario la realización de las aportaciones dinerarias (o de entregar su importe al propio Notario).

No obstante, hay que tener en cuenta que la exigibilidad de la asunción de responsabilidad solidaria por parte de los socios fundadores se facilita porque aparecerá inscrita en el Registro Mercantil, ya que se trata de una «circunstancia» de la aportación dineraria que deberá constar en la primera inscripción, de acuerdo con el artículo 114 del Reglamento del Registro Mercantil.

3.- Aprobada la Ley de Secretos Empresariales

En el BOE del día 21 de febrero de 2019, se ha aprobado la nueva Ley de Secretos Empresariales, que entre otras novedades, establece que la protección de los secretos empresariales se extiende a las llamadas «mercancías infractoras», definidas como aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. También se regula las acciones de defensa de los secretos empresariales, con especial atención a la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación.

Los secretos empresariales son uno de los activos inmateriales de mayor relevancia para las empresas. Hasta ahora, sin embargo, su protección legal era bastante limitada y quedaba normalmente relegada al ámbito contractual.

Pues bien, en el BOE del día 21 de febrero de 2019, se ha aprobado la nueva Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que entrará en vigor el 13 de marzo de 2019, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2010, la Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales. Esta Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en esta materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad, al establecer normas mínimas comunes en materia de protección de los titulares de secretos empresariales, frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras, y aborda el mandato de la Directiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales).

¿Qué novedades incluye?

El marco jurídico se refuerza con medidas en tres aspectos:

  • Incorpora una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
  • Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción. Se garantiza, así, el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
  • Incorpora reglas singulares en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.

Su objeto principal e la protección de los secretos empresariales, entendidos como información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que sea secreto, con un valor empresarial y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos.

Su titular lo será la persona física o jurídica que ejerza su control y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito y sin consentimiento de su titular.

El secreto empresarial es transmisible y podrá pertenecer pro indiviso a varias personas y en ese caso para cederlo o conceder licencia a terceros, debe hacerse conjuntamente por todos los partícipes.

El titular de una licencia sobre el secreto no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, salvo pacto en contrario. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.

Contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan en el plazo de tres años desde el momento en que el legitimado (titulares y licenciatarios) tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Dentro de las acciones civiles, se pueden plantear las siguientes:

  • La declaración de la violación del secreto empresarial.
  • La cesación o la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
  • La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
  • La aprehensión de las mercancías infractoras incluida los medios de producción.
  • La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
  • La atribución en propiedad de las mercancías infractoras a cuenta de la indemnización.
  • La indemnización de los daños y perjuicios, incluido el lucro cesante.
  • La publicación de la sentencia.

Los litigios se conocerán territorialmente por el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

La norma  establece que la protección de los secretos no se extenderá a casos en los que:

  • se ejerza legítimamente la libertad de expresión e información;
  • se descubra alguna actividad ilegal en defensa del interés general;
  • se desvelen secretos a representantes de los trabajadores, en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones;
  • se proteja un interés legítimo reconocido por la Ley (por ejemplo suministrar información a las autoridades administrativas o judiciales).

También establece que se vulnera un secreto comercial cuando sin consentimiento de su titular mediante prácticas comerciales desleales se accede al mismo, se utiliza o se revela. Igualmente, será ilícito explotar el secreto cuando se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad. La norma también contempla la vulneración indirecta del secreto, por ejemplo, cuando se accede al mismo a través de una persona que lo había obtenido de forma ilícita, en atención a las circunstancias del caso; cuando se explota, ofrece o produce un producto que supone una utilización ilícita del secreto, siempre que la persona debiera haber sabido que el secreto empresarial se había obtenido de forma ilícita.

4.- Estado de Información No financiera

El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, que modificó el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría en materia de información no financiera y diversidad.

Hasta su publicación, vigente las modificaciones introducidas en las mismas normas por el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, la elaboración, presentación y publicación de la información no financiera se circunscribía únicamente a las entidades de interés público que cumpliesen una serie de requisitos.

a) > 500 trabajadores b) Cumplan durante 2 ejercicios consecutivos de dos de las siguientes circunstancias:

  1. Total de partidas del activo > 20 M €
  2. Importe de la cifra anual de negocios > 40 M €
  3. > 250 trabajadores

Entidades obligadas

Con efectos a partir de la publicación de la Ley 11/2018, esto es, aplicable a los ejercicios cerrados a partir del 30 de diciembre de 2018, se amplía la obligación de elaborar, presentar y publicar el EINF a una gran cantidad entidades, ya que la condición de entidad de interés público únicamente un criterio, pero no el único, para la delimitación del ámbito de aplicación, ya que estarán obligadas a presentar el EINF, individual o consolidado, las entidades que cumplan:

a) > 500 trabajadores o a) > 500 trabajadores
b) Entidades de interés público b) Cumplan durante 2 ejercicios consecutivos [[1]] de dos de las siguientes circunstancias:

1.    Total de partidas del activo > 20 M €

2.    Importe de la cifra anual de negocios > 40 M €

3.    > 250 trabajadores

 

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el EINF si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, cualquiera de los requisitos a) o b)

Entidades exentas:

  • Una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de esta obligación si la empresa y sus dependientes, si las tuviere, están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa, elaborado conforme a la normativa española. Si una empresa se acoge a esta opción deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al RM u oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas.
  • En cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas de acuerdo con la Directiva 34/2013, quedarán eximidas de la obligación de incluir el EINF, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación.

Aspectos a tener en cuenta:

  • El EINF formará parte del Informe de Gestión, aunque puede emitirse un informe por separado, siempre que en él se indique de manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, se incluya la información que se exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión.
  • Los administradores de la sociedad deberán formular el EINF en el plazo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social.
  • La información contenida en el Informe de Gestión en ningún caso justificará la ausencia del EINF en las Cuentas Anuales.
  • Al igual que las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, el EINF será firmado por todos los administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se indicará la causa.
  • Será obligatorio que el Informe sobre la INF se presente como punto separado del orden del día para su aprobación en la Junta General de accionistas de las sociedades.
  • El EINF será verificado por un prestador independiente de servicios de verificación.
  • El EINF se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de 5 años.
  • Para la divulgación no financiera la sociedad deberá basarse en marcos normativos nacionales, de la UE o internacionales, debiendo especificar en qué marcos se ha basado. A continuación, relacionamos algunos ejemplos de estándares internacionales:
El Esquema de Gestión y Auditoría Ecológica de la UE (EMAS) es un instrumento de gestión de alta calidad desarrollado por la Comisión Europea para que las empresas y otras organizaciones evalúen, informen y mejoren su desempeño ambiental.

http://ec.europa.eu/environment/emas/

Los estándares GRI son los primeros estándares globales para informes de sostenibilidad.

 

Estrategia plurianual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas es impulsar la concientización y la acción de las empresas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

 

La Fundación IFRS proporciona acceso gratuito (a través del registro básico) a los archivos PDF de las Normas IFRS ®consolidadas del año actual (Parte A de las Normas emitidas: el Libro Rojo), el Marco conceptual para la presentación de informes financieros y las Declaraciones de práctica IFRS, así como Traducciones disponibles de los estándares.

 

El International Integrated Reporting Council (IIRC) es una coalición global de reguladores, inversores, empresas, creadores de normas, la profesión contable y las ONG. La coalición está promoviendo la comunicación sobre la creación de valor como el siguiente paso en la evolución de los informes corporativos.
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

http://www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf

 

Contenido del EINF:

Este estado de información no financiera incluirá:

Descripción del modelo de negocio, en particular

§  su entorno empresarial

§  su organización y estructura

§  los mercados en los que opera

§  sus objetivos y estrategias

§  los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

I. Información sobre cuestiones medioambientales:

§  Contaminación

§  Economía circular y prevención y gestión de residuos: Uso sostenible de los recursos

§  Cambio climático

§  Protección de la biodiversidad

II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal:

§  Empleo

§  Organización del trabajo

§  Salud y seguridad

§  Relaciones sociales

§  Formación

§  Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

§  Igualdad:

III. Información sobre el respeto de los derechos humanos:

§  Aplicación de procedimientos de diligencia debida

§  Prevención de los riesgos de vulneración de derechos;

§  Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos;

§  Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; …

IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno:

§  Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;

§  Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales,

§  Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

V. Información sobre la sociedad:

§  Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

§  Subcontratación y proveedores

§  Consumidores:

§  Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.

Cualquier otra información que sea significativa.

 

[[1]] Ley11/2018. Disposición transitoria. Los dos ejercicios computables a efectos de lo previsto en el párrafo anterior serán el que se inicie a partir del 1 de enero de 2018 y el inmediato anterior.