Índice

  1. Requisitos para la aplicación de la deducción por maternidad y, en su caso, el incremento de gastos por guardería.
  2. Aprobadas medidas urgentes en materia tributaria y catastral.
  3. Aprobada la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia laboral y de empleo para 2019.
  4. Medidas adoptadas en materia de IVA en la normativa europea.
  5. Nuevas reglas de localización de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.
  6. Sentencia TS. Británico residente en España: en la sucesión se aplicará el derecho británico: No se ha probado que el concepto de residencia a efectos sucesorios en derecho inglés implique que el hecho de residir en España signifique necesariamente la pérdida de Ia residencia en territorio inglés.
  7. Medidas urgentes en materia de alquiler y vivienda. Real Decreto-ley 21/2018.

 

1. Requisitos para la aplicación de la deducción por maternidad y, en su caso, el incremento de gastos por guardería.

La Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, en adelante LIRPF, establece en su artículo 81 la deducción por maternidad en los siguientes términos:

“Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. …”

Nota: Se puede solicitar a la AEAT el abono de esta deducción de forma anticipada por cada uno de los meses en que estén dados de alta en la Seguridad Social o Mutualidad.

La Ley de Presupuestos generales del Estado para 2018, en adelante LPGE2018, estableció con efectos desde el 1 de enero de 2018, la posibilidad de incrementar esta deducción en los siguientes términos:

“…. se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. …”

Nota: No se contempla la posibilidad de solicitar a la AEAT el abono del incremento de la deducción.

El Real Decreto 1461/2018, de 28 de diciembre, ha modificado el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante RIPF:

  1. desarrollando los requisitos para la aplicación, en su caso, el incremento de la deducción por maternidad.
  2. estableciendo para las guarderías o centros de educación infantil autorizados, durante el mes de enero de cada año, la obligación de presentar una declaración informativa sobre los menores y los gastos que dan derecho a la aplicación del incremento de la deducción por maternidad.
  3. …”

En el BOE del 27 de diciembre de 2018 se publicó la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, «Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

Nota: Excepcionalmente para 2018 el plazo de presentación será el comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019.

Aprovechamos esta circular para analizar los requisitos para la aplicación de la deducción por maternidad, y, en su caso, la posibilidad de incrementarla por gastos de guardería.

¿Sólo las mujeres pueden aplicarla?

No. En caso de fallecimiento de ésta, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente.

¿Hay reglas especiales para los supuestos de adopción o acogimiento?

Si. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor durante los 3 años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil.

Si existen varios acogedores o tutores respecto de un mismo acogido o tutelado, serán la mujer o mujeres quienes tengan derecho a la deducción. No obstante, si todos son hombres, estos tendrán derecho a la deducción, repartiéndose a partes iguales la deducción.

Para el reconocimiento del derecho a la deducción no será necesaria la existencia previa de una mujer con derecho a la misma.

¿Para tener derecho a la deducción por maternidad es preciso tener derecho a la aplicación del mínimo por descendientes?

Sí.  Es preciso, en primer lugar, que el hijo conviva con la madre (o en su caso, el padre o tutor), aunque a efectos de la deducción por maternidad el cumplimiento del requisito de la convivencia a efectos de la cuantificación de la deducción se debe producir por meses.

En segundo lugar el hijo no puede percibir rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros.

La cotización total íntegra es de 1.600 euros (incluyendo la efectuada por cuenta del empleador), pero se aplica una bonificación de 600 ¿cuál es el límite 1.600, 1200 o 1.000?

1.200 euros anuales por hijo. El importe a considerar para ver si se alcanza ese límite, es el de la cotización íntegra total, incluidas bonificaciones.

¿Es posible aplicar la deducción por maternidad cuando el trabajador se encuentra en situación de excedencia voluntaria?

La deducción por maternidad exige la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, y el alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. Durante los períodos de excedencia voluntaria no se realiza actividad por cuenta ajena, por lo cual ya no se cumpliría el primero de los requisitos y no resultaría aplicable la deducción. Además, por lo general, en estos supuestos se produce la baja en la Seguridad Social o mutualidad correspondiente y no existe obligación de cotizar. Por tanto, en los supuestos de excedencia voluntaria no será aplicable la deducción.

¿Qué gastos se consideran gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados?

Se consideran gastos de custodia las cantidades que cumplan los siguientes requisitos:

– Sean satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados.

– Se abonen por la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos.

– Se considerará tanto el importe pagado por la madre como el satisfecho por el otro progenitor, adoptante, tutor o acogedor.

– No se tendrán en cuenta las cantidades abonadas por la empresa en la que trabajan la madre, padre, adoptante, tutor o acogedor del menor ni las cantidades subvencionadas satisfechas a la guardería o centro de educación infantil.

¿Qué información debe incluirse en el modelo 233?

  • Identificación de la madre o persona que tiene atribuida la guarda y custodia en exclusiva.

En el caso de que se produzcan variaciones durante el ejercicio respecto de la persona que haya tenido atribuida la guarda y custodia del menor, se consignaran tantos registros como personas hayan tenido la guarda y custodia del menor.

  • Identificación del otro progenitor.
  • Identificación del menor de 3 años.

También se incluirán los menores de 3 años inscritos en el centro que cumplan tres años en el ejercicio: en este caso la información se ampliará a los meses posteriores al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que el menor pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

  • Se indicarán los meses completos en la guardería/centro de educación infantil.

Se entienden incluidos los meses contratados por completo aun cuando parte de los mismos tengan el carácter de no lectivos.

  • Gastos anuales pagados a la guardería/centro de educación infantil.

Para la determinación de este importe NO se tendrán en cuenta las cantidades abonadas por la empresa en la que trabajan la madre, padre, adoptante, tutor o acogedor del menor ni las cantidades subvencionadas satisfechas a la guardería/centro de educación infantil. [1 ]

Importe subvencionado: el importe subvencionado que se abone directamente a la guardería/centro de educación infantil autorizado.

[1 ] La Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre ….  [BOE 29.12.2018]  ha modificado el MODELO 190 incorporando una nueva clave para que las empresas declaren separadamente los rendimientos del trabajo en especie exentos, destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores, cuando para la prestación de los servicios se utilicen fórmulas indirectas.

 

2.Aprobadas medidas urgentes en materia tributaria y catastral.

Se ha aprobado en el BOE del día 29 de diciembre el Real Decreto-ley 27/2018 por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, como la ampliación de la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad del IRPF a otros colectivos, tributación por módulos, actualización de los valores catastrales, prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, etc.

Se ha aprobado en el BOE del día 29 de diciembre el Real Decreto-ley 27/2018 (en adelante, RDL), por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, como la ampliación de la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad del IRPF a otros colectivos, tributación por módulos, actualización de los valores catastrales, prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, etc., cuya entrada en vigor general se produjo el día 30 de diciembre de 2018 (con algunas excepciones).

Se resumen a continuación las principales novedades, con expresa indicación de la fecha en la que producen efectos cuando no coincida con la referida fecha de entrada en vigor:

1. IRPF

1.1 Prestaciones por maternidad o paternidad

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica la Ley 35/2006 del IRPF (LIRPF) para declarar expresamente exentas, junto con las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social, con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y para ejercicios anteriores no prescritos, esto es, los períodos impositivos 2014, 2015, 2016 y 2017, las siguientes prestaciones:

  • Las prestaciones públicas por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas en la Ley General de la Seguridad Social
  • Las prestaciones por maternidad o paternidad reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas a dicho régimen.

La cuantía exenta en este caso tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones del Seguridad Social y de estas mutualidades, en las prestaciones de estas últimas.

  • Para los empleados públicos encuadrados en un régimen de la Seguridad Social que no de derecho a percibir la prestación a que se refiere el párrafo anterior, estará exenta la retribución percibida durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad (regulada en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

La cuantía exenta en este caso tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimientos del trabajo.

1.2 Prórroga para 2019 de los límites para la exclusión del régimen de estimación objetiva en el IRPF y de los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA.

Se amplía a 2019 la aplicación de determinadas magnitudes cuya superación implica la exclusión del método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades económicas (que fueron introducidas inicialmente solo para 2016 y 2017 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y prorrogados también con posterioridad para 2018). En concreto:

  1. a) El límite relativo a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades se eleva de 150.000 euros a 250.000 euros en general; y de 75.000 euros a 125.000 euros para el supuesto en que el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior se corresponda con operaciones por las que se esté obligado a expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal.
  2. b) El límite relativo al volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, pasa de 150.000 euros a 250.000 euros.

Paralelamente, se extienden a 2019 los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en el IVA vinculados con el mencionado método de estimación objetiva (régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca).

Por último, se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales, que será de un mes a partir del 30 de diciembre de 2018. Las renuncias y revocaciones presentadas para 2019 en diciembre de 2018 se entenderán presentadas en período hábil, pero se podrán modificar en un mes desde el 30 de diciembre de 2018.

2.IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

2.1 Adaptación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la Circular 4/2017 del Banco de España

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) con el objeto de introducir en el Impuesto sobre Sociedades los efectos de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

La contabilización de la primera aplicación de los cambios que la Circular 4/2017 incorpora se realizará, salvo algunas excepciones expresamente recogidas en la norma, de forma retrospectiva, registrando los impactos en reservas. Los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de primera aplicación tendrán, cuando así proceda por la aplicación de la normativa reguladora del Impuesto, efectos fiscales, es decir, deberán tenerse en consideración para la determinación de la base imponible del Impuesto correspondiente al período impositivo 2018.

Con objeto de atenuar el impacto fiscal de dicho mandato contable, se establece un régimen transitorio para integrar en la base imponible los citados cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha integración se efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018.

Además, la modificación de la LIS se debe a los cambios de la Circular 4/2017 por los que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global.

Con objeto de adaptar los efectos de dicha modificación a las reglas generales de valoración del Impuesto y garantizar su integración en la base imponible en el momento que causen baja, se procede a modificar su norma reguladora, bien que, con una regulación de carácter general, sin referencia expresa a la Circular.

2.2 Aprobación de la relación de actividades prioritarias de mecenazgo

Durante el año 2019 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en la Disposición adicional septuagésima primera de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Para estas actividades, como en años anteriores, los porcentajes y límites de deducciones previstos en la Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales.

3.IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Con efectos de 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se prorroga para 2019 el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para el ejercicio 2019.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 13/2011 restableció el IP con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 (tras su eliminación práctica desde 2008 mediante la aplicación de una bonificación del 100%). Este régimen se ha venido ampliando sucesivamente. Ahora, el RDL 27/2018 lo amplía para 2019, de forma que la bonificación del 100% no resultará aplicable (en principio) hasta 2020.

En todo caso, no se debe olvidar que estamos ante una normativa estatal y que algunas Comunidades Autónomas han hecho uso de sus potestades normativas, estableciendo bonificaciones específicas. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la normativa aplicable de la Comunidad Autónoma de residencia.

4.IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

4.1 Prórroga para 2019 de los límites para la exclusión de los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA

Con efectos desde 1 de enero de 2019, se modifica la disposición transitoria decimotercera de la Ley 37/1992 del IVA, para prorrogar para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Magnitudes excluyentes de carácter general:

  • Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales.
  • Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
  • Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

5.IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

5.1 Actualización de valores catastrales

Como viene siendo habitual, se fijan los coeficientes de actualización de valores catastrales para el año 2019

Los coeficientes de actualización quedan fijados para 2019 con arreglo al siguiente cuadro:

Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989 1,05
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 1,03
2001, 2002 y 2003 1,02
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 0,97
2012 y 2013 0,93

También se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la prórroga hasta el 31 de julio de 2019 (i) de los plazos para que los Ayuntamientos cuyos municipios se encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan aprobar un nuevo tipo de gravamen del IBI, y (ii) del plazo previsto para la aprobación y publicación de las ponencias de valores totales. Se amplía además hasta esa fecha el plazo previsto para la solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.

3.Aprobada la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia laboral y de empleo para 2019

Se ha aprobado el Real Decreto-ley 28/2018 que contiene importes medidas que afectan a buena parte de los ámbitos de la Seguridad Social, como son los de la revalorización de las pensiones y otras prestaciones sociales públicas y la determinación de las bases mínimas y máximas de cotización para 2019 junto con otras reformas en el ámbito laboral como reinstaurar la capacidad de los convenios colectivos de establecer jubilaciones obligatorias por edad, reducir el número mínimo de jornadas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria de trabajadores temporeros, la derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculadas a una tasa de desempleo o las medidas de acompañamiento al salario de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como como reformas que afectan a los trabajadores autónomos.

En el BOE del día 29 de diciembre se ha publicado el Real Decreto-ley 28/2018 que  aborda la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019 y el incremento del tope máximo y de las bases máximas y mínimas de cotización de los diferentes regímenes del sistema, así como la fijación de los nuevos tipos de cotización. Incluye también medidas para luchar contra la precariedad en el empleo, así como reformas que afectan a los trabajadores autónomos

Atención. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 134.1 de la Constitución y al no estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2019 en fecha del 1 de enero de dicho ejercicio, se ha producido la prórroga de los Presupuestos recogidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, si bien el contenido de la misma ha de combinarse con los preceptos de este Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

A continuación exponemos a modo de resumen las modificaciones más importes en el ámbito laboral con efectos de 1 de enero de 2019, que se incluyen en este Real Decreto-ley 28/2018.

1. REVALORIZACIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS 2019

El 1 de enero de 2019 se aplicará una revalorización inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del Sistema y del 3% para las mínimas y SOVI y para las pensiones no contributivas.

Por ello, a efectos de la aplicación de la revalorización para 2019 habrá de partirse del importe de la pensión a 31 de diciembre de 2017, incrementar su cuantía en el 1,7% y al resultado aplicar el índice de revalorización previsto para 2019, es decir, el 1,6%, sin que, salvo las excepciones previstas legalmente, la pensión revalorizada pueda suponer una cuantía que supere el límite de percepción de pensión pública que, para el ejercicio 2019, queda establecida en 2.659,41 euros/mes o 37.231,74 euros/año.

A tener en cuenta:

  • Paga de compensación por la desviación de la inflación en 2018. Abono antes del mes de abril de 2019 de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7%, resultado de calcular la media de los índices mensuales de los últimos 12 meses.
  • Pensión de viudedad. A partir de la nómina de enero, la pensión de viudedad se calculará aplicando el 60% de la base reguladora. Esta subida beneficia a las personas con 65 o más años y que no perciben ingresos por trabajo ni otras pensiones. En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta el mínimo que se determina.

2.COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL

La base de cotización en el Régimen General es equivalente a la retribución total que, por todos los conceptos, reciba el trabajador, siempre que no exceda del tope máximo de cotización que, a partir del día 1 de enero de 2019, queda fijado en 4.070,10 euros mensuales o 135,67 euros diarios, lo que implica un crecimiento del 7,0 % en relación con los importes vigentes en 2018.

A su vez, dado que el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2019, incrementa esta magnitud en un 22,3 % respecto de su importe en 2018, las bases mínimas de cotización, según grupos de cotización, al igual que el tope mínimo absoluto, experimentan, con efectos del 1 de enero de 2019, ese mismo crecimiento, en relación con los importes vigentes en 2018. Con ello el tope mínimo absoluto de cotización a la Seguridad Social queda fijado, desde el 1 de enero de 2019, en 1.050 euros/mes o 35 euros/día

Se mantienen en 2019 los tipos de cotización en los importes establecidos para 2018, en la forma siguiente:

Contingencia y situación protegida         Tipos de cotización (%)

Empresa               Trabajador         Total

Contingencias comunes                                         23,6                         4,7                      28,3

Horas extraordinarias:

 Derivadas de fuerza mayor                                12,0                          2,0                      14,0

 Restantes horas extraordinarias                         23,6                         4,7                      28,3

Otras novedades:

  • Con relación a la Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales, el tipo mínimo pasa del 0,9% al 1,5%.
  • La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.

Las prácticas a que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior.

Las personas indicadas quedarán comprendidas en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá:

  1. a) En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, a quien corresponda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.
  2. b) En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.

La cotización a la Seguridad Social se efectuará, en todo caso, aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista obligación de cotizar por las contingencias de desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial ni por formación profesional.

En el plazo de tres meses a partir del 01/01/2019, procederá a desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia.

  • Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral. Se suspende para las cotizaciones que se generen durante el año 2019 el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral, a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, regulada en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, una vez comprobadas las distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos que las modificaciones introducidas por dicho real decreto generan respecto de la cotización por contingencias profesionales. Además, durante el año 2019 se procederá a la reforma del Real Decreto antes citado.

3.TRABAJADORES AUTÓNOMOS

  • Obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias: comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional), cese de actividad – prestación que duplica su periodo de duración- y formación y prevención, con la excepción del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Esta cobertura, ahora ampliada, se articula a través de la gestión realizada por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Aportaciones de los autónomos: se establece para 2019 un incremento del 1,25% en la base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, se establece en el 30% en 2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022.
  • Tarifa plana. Durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingencias comunes; 8,50 contingencias profesionales); si se cotiza por encima de base mínima, se reduce la cuota por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la cuota que correspondería.
  • Se amplía también la tarifa plana de los trabajadores encuadrados en el sistema especial agrario.
  • Derogación de los incentivos a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
  • Nuevo procedimiento para la comprobación de la continuidad de la actividad
  • Aplazamiento de la aplicación de la figura de trabajador a tiempo parcial.
  • Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora.
  • Nuevo tipo de infracción laboral grave (multas de entre 3.126 y 10.000 euros) para prevenir la posible utilización de la figura del falso autónomo.

Así, se incluye como infracción muy grave la conducta consistente en comunicar la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena, pese a que se continúe en la misma actividad laboral o se mantenga idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia.

La sanción consistente en la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.

  • La prestación por cese de actividad duplica su periodo de duración (pasando a corresponder hacer efectivo el pago de las cuotas, a partir del día 61 a la mutua).
  • Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia agrarios.

4.SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR

  • Se establecen bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones, el último se deja para que la base sea el salario percibido. Además, se fijan las horas máximas que se podrán realizar en cada tramo, de acuerdo al SMI.
  • Se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones por las personas que trabajan al servicio del hogar, así como la bonificación de hasta el 45% si es familia numerosa.
  • Se reduce el periodo transitorio para la equiparación completa con el resto de trabajadores del Régimen General y cotizar por el salario real, que será efectivo el 1 de enero de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, la cotización en el sistema especial para empleados de hogar se ha de efectuar de acuerdo a las siguientes reglas:

  1. a) Respecto de las bases de cotización, las mismas, tanto por contingencias comunes, como profesionales, se han de determinar con arreglo a la escala, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar, que se prevea anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con las especialidades siguientes:

 Para el ejercicio 2020, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se han de actualizar en idéntica proporción al incremento que experimente el SMI.

 A partir del año 2021, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se han de determinar conforme a lo establecido en el Régimen General, sin que la base de cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.

  1. b) Por lo que se refiere a los tipos de cotización, respecto de las contingencias comunes, a partir del ejercicio 2019, dicho tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado son los mismos que se establezca para el Régimen General de la Seguridad Social.

Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, se ha de aplicar el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente. Para el año 2019, se aplica el epígrafe 97, que implica un porcentaje de cotización del 1,50 %.

  1. c) Respecto del acceso a las prestaciones, a afectos de determinar el coeficiente de parcialidad, aplicable al sistema especial, y en el periodo 2012 a 2020 (en la legislación anterior, el período se demoraba hasta el ejercicio 2023), las horas efectivamente trabajadas en el mismo se han de establecer en función de las bases de cotización, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la ley de presupuestos generales del Estado respectiva.
  2. d) Por último, se demora hasta el ejercicio 2020 (y no hasta el año 2023, como se contenía en la redacción anterior), la aplicación del mecanismo de integración de las lagunas de cotización que puedan existir en el período de cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación o de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común.

5.CONTRATOS DE DURACIÓN IGUAL O INFERIOR A 5 DÍAS

Se establece que los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incremente en un 40 por ciento (frente al 36 % hasta el momento). Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios

Se regula también una mejora de la protección social de estos trabajadores para aplicar a los días efectivamente trabajados y cotizados un «coeficiente de temporalidad», que se corresponde con el incremento en la cotización antes señalado.

6.JUBILACIÓN

  • Se prorroga hasta 2020 la jubilación con los requisitos y condiciones previos a la Ley 27/2011 de aquellas personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que después no estén incluidos en algún régimen de la Seguridad Social. También para las personas fueron despedidas en convenios colectivos o en expedientes de regulación de empleo antes del 1 de abril de 2013.

Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2020, en los siguientes supuestos:

  1. a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
  2. b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2020. Será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.
  3. c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.
  • Se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación -la conocida como «jubilación obligatoria»- siempre y cuando tengan derecho al cien por cien de la pensión de jubilación.

7.PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

  • Subsidio Extraordinario por Desempleo. Se prorroga indefinidamente en tanto se culmina un nuevo modelo estructural de protección por desempleo asistencial.  Se asume por parte del Gobierno el compromiso de presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en los cuatro primeros meses de 2019, que sustituya el hasta ahora vigente modelo complejo, disperso e ineficaz. Junto a ello, y con el objeto de asegurar la cobertura hasta la adopción del nuevo modelo de protección, se elimina el carácter temporal del subsidio extraordinario de desempleo, a través de la derogación del apartado 7 de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La justificación de esta disposición se explica porque, de no adoptarse esta medida, y una vez finalizado el período inicial de vigencia del subsidio extraordinario, se produciría la desprotección de las personas potencialmente beneficiarias. Por ello, resulta imprescindible modificar con urgencia esta disposición al efecto de garantizar transitoriamente su vigencia en tanto no se hayan aprobado las modificaciones del nivel asistencial de la protección por desempleo que se pretenden realizar en el marco del diálogo social.
  • Subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros. Se reduce el número mínimo de jornadas requeridas para acceder, pasando de 35 a 20 jornadas, para paliar las dificultades de su acreditación para tener derecho a la protección como consecuencia de las lluvias torrenciales ocurridas el pasado mes de octubre en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.
  • Protección por desempleo en el caso de determinados contratos para la formación y el aprendizaje. La cobertura de la contingencia de desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, será de aplicación a los contratos que se suscriban a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. A estos efectos, los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta norma, así como sus prórrogas, se regirán a estos efectos por la normativa a cuyo amparo se concertaron los contratos iniciales.

8.INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN VINCULADOS A LA TASA DE DESEMPLEO

Se derogan expresamente las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculadas a una tasa de desempleo superior al 15%:

  • El contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
  • La posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años y los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
  • La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
  • Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
  • El contrato al primer empleo joven y los incentivos a los contratos en prácticas.
  1. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) 2019

Se incorporan normas para evitar que el incremento del 22,3% afecte a conceptos no salariales incluidos en normas no estatales, convenios colectivos o contratos privados, evitando distorsiones indirectas indeseables. Así, las referencias contenidas, por ejemplo, en las normas locales y autonómicas referidas al SMI y los pactos entre privados referenciados a ese importe no se verán afectados directamente por la subida del salario mínimo, aplicándose las normas de derecho transitorio previstas y habituales en otros Reales Decretos de incremento del SMI.

10.SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

Reconociendo la escasa eficacia de la ayuda económica de acompañamiento dirigida a activar e insertar a aquellos jóvenes menores de 30 años con niveles formativos bajos, que participen en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil e inicien una acción formativa a través de un contrato para la formación y el aprendizaje que les permita la adquisición de competencias profesionales, tanto por el número de solicitudes presentadas hasta la fecha (desde su entrada en vigor el día 4 de agosto de 2018), como por la tergiversación que ha introducido en el marco de las relaciones laborales de las empresas, que lleva a la paradójica situación de reconocer un mayor salario a los aprendices acogidos a esta medida respecto de quienes tutelan su actividad profesional, se procede a su derogación.

11.SUBSIDIOS ECONÓMICOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se aborda la compatibilidad entre el percibo de determinados subsidios en favor de personas con discapacidad estableciendo que:

  1. a) Los subsidios serán compatibles con los recursos personales del beneficiario, siempre que estos no superen el límite máximo a que se refiere el artículo 32 del Real Decreto 383/1984 por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (recursos personales inferiores en cuantía al 70 %, en cómputo anual del salario mínimo vigente en cada año).
  2. b) Como excepción, el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte será compatible, en todo caso, con la percepción de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social o con los recursos personales del beneficiario que no superen la cuantía de dichas pensiones.
  3. c) A los efectos de la aplicación de las reglas de compatibilidad, se computan como recursos personales los correspondientes al año natural anterior al del reconocimiento del derecho o, en su caso, al de revisión anual del subsidio correspondiente.

4.Medidas adoptadas en materia de IVA en la normativa europea

A la espera de que se apruebe por el Consejo de la Unión Europea, el proyecto sobre Régimen Definitivo de tributación en el IVA de las entregas intracomunitarias de bienes, basado en una tributación en destino, se han adoptado unas medidas “rápidas” de carácter temporal publicadas en el DOUE de 7 de diciembre de 2018, y que pretenden armonizar ciertos aspectos del IVA en operaciones intracomunitarias de bienes. La aplicación de estas modificaciones se producirá a partir del uno de enero de 2020.

De entre las medidas adoptadas, se destacan las siguientes:

  • Con relación al NIF/IVA.

Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, que precisa trasposición por parte de los Estados Miembros, y con entrada en vigor el 01/01/2020. Actualmente, es doctrina reiterada del TJUE que no cabe denegar la exención en origen por las entregas intracomunitarias de bienes, por el incumplimiento de un requisito formal, cuando se cumplan el resto de los requisitos materiales exigidos. Así, acreditándose el transporte de bienes, con salida de una Estado Miembro, y llegada a otro distinto, y acreditándose la condición de sujeto pasivo del IVA del adquirente, no puede sancionarse con la pérdida de la exención por haber omitido el NIF del adquirente en la factura, si de otro modo pueden acreditarse que se han cumplido los requisitos materiales. Pues bien, a partir del uno de enero de 2020, la consignación correcta del NIF IVA del adquirente es un requisito esencial para poder disfrutar de la exención en la entrega intracomunitaria de bienes, pues se establece en el artículo 138 de la Directiva del IVA que la inclusión del número de identificación a efectos del IVA del adquiriente en el Sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES), asignado por un EM distinto de aquel en el que se inicie el transporte de los bienes, se convierta, junto con la condición de que los bienes se transporten fuera del EM de entrega, en una condición material y no formal, para la aplicación de la exención. Con ello se eleva a nivel legal la exigencia, ahora como requisito material para poder disfrutar de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes. Asimismo, se prevé que cuando el proveedor no incluya la información completa en las declaraciones recapitulativas, no se aplique la exención, salvo que se pruebe que dicho proveedor había actuado de buena fe.

  • Con relación a la prueba del transporte intracomunitario, para poder disfrutar de la exención en las entregas intracomunitarias.

El requisito de la acreditación del transporte intracomunitario de bienes para poder disfrutar de la exención en las entregas intracomunitarias resulta controvertido, como puede concluirse de la lectura de las Consultas de la DGT: “cualquier medio de prueba admitido en derecho…” A título enunciativo, como relación abierta, en el artículo 13 del Reglamento del IVA, se relacionan algunos medios de prueba que deben considerarse como válidos, sin embargo, esto no ocurre así en otros Estados Miembros. No se dispone de una norma clara y armonizada a nivel comunitario sobre qué documentos se deben aportar en caso de inspección para justificar la efectiva salida de bienes del Estado Miembro de origen en caso de realización de una entrega intracomunitaria de bienes. Por ello, esta reforma del Reglamento de Ejecución de la Directiva busca armonizar los medios de prueba necesarios que justifiquen los movimientos de bienes. Pretende clarificar cuales pueden ser los medios de prueba necesarios que justifiquen los movimientos de bienes entre Estados miembros y de este modo beneficiarse de la exención. De modo que se inserta la sección 2. Bis en el capítulo VIII (Artículo 45 bis) en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011, se establece lo siguiente:

Con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica, se armonizan las condiciones para considerar que se ha producido una expedición o transporte intracomunitario de las mercancías mediante dos presunciones iuris tantum:

  1. Cuando el vendedor indica que los bienes han sido transportados por él o por un tercero en su nombre y:

a) Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

▪ Carta o documento CMR firmados

▪ Conocimiento de embarque

▪ Factura de flete aéreo

▪ Factura del transportista de los bienes.

b) Se encuentra en posesión de uno de los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con alguno de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

▪ Póliza de seguro relativa al transporte de los bienes o documentos bancarios que prueben el pago del mismo.

▪ Documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los bienes al Estado miembro de destino.

▪ Recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino que confirme el almacenamiento de los bienes en ese Estado miembro.

  1. Cuando el vendedor está en posesión de una declaración escrita del adquirente que certifique que los bienes han sido transportados por él o por un tercero en su nombre, mencionando el Estado miembro de destino de las mercancías y

a)Se encuentra en posesión de al menos dos de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

▪ Carta o documento CMR firmados

▪ Conocimiento de embarque

▪ Factura de flete aéreo

▪ Factura del transportista de los bienes.

b) Se encuentra en posesión de uno de los elementos de prueba mencionados anteriormente junto con alguno de los siguientes elementos de prueba (expedidos por partes independientes de vendedor y adquirente):

▪ Póliza de seguro relativa al transporte de los bienes o documentos bancarios que prueben el pago del mismo.

▪ Documentos oficiales expedidos por una autoridad pública, como un notario, que acrediten la llegada de los bienes al Estado miembro de destino.

▪ Recibo extendido por un depositario en el Estado miembro de destino que confirme el almacenamiento de los bienes en ese Estado miembro.

  • Otras novedades introducidas por la Directiva 2018/1910 del Consejo, que como se ha mencionado precisa trasposición por parte de los Estados Miembros, y con entrada en vigor el 01/01/2020:
  1. Venta de existencias de reserva o ventas en consigna: simplificación (art. 17.bis, 243.3 Directiva IVA), que puede afectar a nuestro artículo 9 de la Ley del IVA. Se simplifica la disposición para la aplicación de la exención en las transferencias de ‘existencias de reserva’ (calloff stock) a otro Estado miembro. Actualmente, la transferencia de estos bienes da lugar a una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria en el Estado miembro de llegada, seguida de una entrega interior que exige la identificación del proveedor a efectos de IVA en el Estado miembro de llegada. A partir del 1 de enero de 2020 estas operaciones se considerarán una sola operación intracomunitaria siempre que el proveedor no tenga establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada y ya conozca la identificación a efectos de IVA de la persona a quien se entregarán, en una fase posterior, estas existencias. Esto es, no será una transferencia de bienes y posterior entrega interior sino una entrega intracomunitaria exenta en el Estado miembro de partida y una adquisición intracomunitaria en el Estado miembro de llegada, siendo el sujeto pasivo el adquirente de las existencias. A efectos de control, para la aplicación de la exención en la entrega intracomunitaria por el proveedor se establece la obligatoriedad de llevar un Registro de ‘existencias de reserva’ transferidas en el que conste la identificación del sujeto pasivo que adquiere los bienes, y se exige el cumplimiento de un plazo de 12 meses para que los bienes sean entregados al empresario al que estaban destinados. Caso contrario, se considerará que se ha producido una transferencia de bienes con destino a otro Estado Miembro.
  2. Operaciones en cadena: armonización de la entrega exenta (art. 36 bis Directiva IVA) En las operaciones en cadena, en las que se realizan sucesivas entregas de bienes que son objeto de un único transporte intracomunitario (de proveedor a intermediario y de este al cliente) se establece una norma común para determinar a qué entrega de la cadena de operaciones se imputa el transporte, de modo que sólo esa entrega se beneficiará de la exención en el IVA, a fin de evitar planteamientos divergentes entre los Estados miembros. Según dispone el citado artículo 36 bis, cuando se entregan sucesivamente los mismos bienes y dichos bienes, sean expedidos o transportados a partir de un Estado miembro a otro Estado miembro directamente desde el primer proveedor hasta el último cliente en la cadena, la expedición o transporte se imputará únicamente a la entrega realizada por el proveedor al operador intermediario. No obstante, la entrega intracomunitaria exenta se imputará únicamente al “operador intermediario”, siempre que este haya comunicado al proveedor el número de identificación a efectos de IVA en el Estado miembro de partida de los bienes. En caso contrario, la única entrega exenta será la efectuada por el proveedor. Se entenderá por “operador intermediario” un proveedor de la cadena distinto del primer proveedor, que expide o transporta los bienes, bien él mismo o bien a través de un tercero que actúa en su nombre.

 

5. IVA. Nuevas reglas de localización de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones , radiodifusión o televisión.

 

6. Sentencia de TS. Ciudadano británico residente en España: en la sucesión se aplicará el derecho británico: NO se ha probado que el concepto de residencia a efectos sucesorios en derecho inglés implique que el hecho de residir en España signifique necesariamente la pérdida de la residencia en territorio inglés.

Sentencia del TS de 05/12/2018.

Don Mateo, de nacionalidad británica, padre de los demandantes, había fallecido el día 25 de julio de 2013, en Villalonga (Valencia) donde residía. En el momento del fallecimiento estaba casado con doña Bernarda y había otorgado testamento el 12 de diciembre de 2012 ante un notario de Gandía, en el que instituía heredera de su caudal hereditario en España, que consistía en la vivienda en que habitaban, a su esposa. En dicho testamento hacía constar expresamente que tenía su domicilio a efectos sucesorios en Inglaterra y que, mediante el mismo, ordenaba la sucesión de sus bienes en España. Los demandantes (los hijos) alegaban que el domicilio real del causante estaba en España, pues en él vivía de manera permanente y estable desde el año 1998 y allí estaba empadronado desde 2001. Se acompañó con el escrito de demanda un dictamen sobre el concepto jurídico de domicilio conforme al derecho británico. Los demandantes sostenían que, según la ley inglesa aplicable a la sucesión, la de los bienes muebles se rige por la ley del domicilio del causante y la de los inmuebles por la ley del lugar de su situación. Afirmaban que todos los bienes de su padre estaban en España y que debía aplicarse la ley española a la sucesión en su conjunto. La parte demandada (la viuda) se opuso alegando que el causante no solo tenía tienes en España pues había contratado un trust por más de un millón de euros, del cual eran beneficiarios los demandantes, y defiende la aplicación de la legislación británica por cuanto el domicilio declarado en el testamento por el causante a efectos sucesorios era el británico.

La apelación: La parte demandada (la viuda) interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7.ª) dictó sentencia, de fecha 23 de febrero de 2016, en la que considera que no se ha probado que el concepto de residencia a efectos sucesorios en derecho inglés implique que el hecho de residir en España signifique necesariamente la pérdida de Ia residencia en territorio inglés, según se desprende del dictamen acompañado a la demanda redactado por juristas ingleses, quedando acreditado que el causante mantenía cierto arraigen su localidad natal -y de residencia declarada a efectos sucesorios- al tener cuentas corrientes en entidades financieras, y asimismo, porque en el último testamento abierto otorgado manifestó que tenía domicilio británico a efectos de su sucesión. En consecuencia, la Audiencia estima el recurso y desestima la demanda.

7. Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Real Decreto-Ley 21/2018