La Comisión Europea ha adoptado este lunes una nueva flexibilización de las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado con la que busca incentivar al sector privado a participar junto con gobiernos en la recapitalización de empresas afectadas por la pandemia del covid-19, ha informado en un comunicado.

Los cambios, además, extienden el alcance de las ayudas públicas permitidas de manera extraordinaria a raíz de la pandemia para que los Estados miembros puedan dar ayudas a microempresas y ‘startups’ aunque ya estuvieran en problemas antes del 31 de diciembre de 2019, algo que no permite para el resto de compañías.

Ambas medidas se enmarcan en la tercera enmienda al Marco Temporal de Ayudas de Estado que Bruselas ha aprobado formalmente tras haber lanzado una consulta a los Estados miembros al respecto el pasado 12 de junio. En este caso, el Ejecutivo comunitario ha flexibilizado de nuevo las normas europeas sobre ayudas públicas para incentivar al sector privado a participar junto con gobiernos en la recapitalización de empresas afectadas por la pandemia de Covid-19.

En una enmienda anterior, Bruselas ya permitió a los gobiernos entrar en el capital de firmas que han sufrido con dureza el impacto de las restricciones adoptadas para contener la propagación del virus. Ahora, el Ejecutivo europeo plantea cambios que permitirán que empresas participadas por el Estado a captar financiación del sector privado. En concreto, si un Estado miembro concede ayudas para la recapitalización de una empresa, pero los inversores privados contribuyen también «de forma significativa» con al menos un 30% del nuevo capital, la prohibición de adquisición y la limitación de remuneración de directivos se reduce a tres años.

Además, se levantaría la prohibición de repartir dividendos para los nuevos y antiguos accionistas si la participación de los segundos queda reducida a menos de un 10% del capital social de la compañía. La otra enmienda permitirá a los gobiernos europeos canalizar ayudas públicas hacia microempresas y ‘startups’, incluso a pesar de que se encontrasen ya en dificultades económicas antes del 31 de diciembre del pasado año. Sólo el hecho de que se encuentren en concurso de acreedores o ya se hayan beneficiado de un plan de reestructuración evitaría que pudiesen recibir la ayuda del Estado.