“La gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos debe atribuirse al Servicio Público de Empleo Estatal, que es la entidad gestora de las prestaciones por desempleo”, ha reclamado hoy el responsable de políticas de protección social de este sindicato, Carlos Bravo. Con ello, ha demandado que el Ministerio de Trabajo retire a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social la gestión de estas prestaciones. Estas entidades gestionan actualmente nueve de cada diez solicitudes de estas ayudas.

La prestación por cese de actividad de los autónomos es el equivalente a la prestación por desempleo contributiva de los asalariados, si bien su reconocimiento es algo más exigente que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, en los nueve primeros meses del pasado año los autónomos solicitaron 2.901 prestaciones y las mutuas solo concedieron poco más de la mitad (1.482).

Las quejas de este colectivo llevaron al Gobierno a modificar la regulación de esta prestación, de forma que desde enero de 2019 la cotización por cese de actividad es obligatoria para los más de tres millones de trabajadores autónomos registrados en la Seguridad Social, frente al 14% del colectivo que cotizaba cuando esta prestación era voluntaria.

A cambio de hacer obligatoria esta cotización, el Ejecutivo ha ampliado de 12 a 24 meses el periodo máximo de cobro de esta ayuda, equiparando así la equivalencia entre el tipo cotizado y tiempo de cobro a la prestación contributiva por desempleo de los asalariados. Si embargo no se han modificado las causas de reconocimiento ni sus vías de acreditación, que son los motivos que llevan al rechazo de la mitad de las solicitudes.

Solo hay una novedad: se ha creado una comisión a la que se podrá recurrir cuando las mutuas denieguen la prestación al autónomo y que estará formada por un representante de las propias mutuas, otro de una asociación representativa de los autónomos y una tercera persona en nombre de la Seguridad Social.

“Se ha creado una comisión que es una especie de engendro en el que el representante de la mutua siempre va a apoyar la denegación de la prestación, quien represente a los autónomos se pondrá de parte del solicitante de la ayuda y quien designe la Seguridad Social será quien dirima”, ha explicado Bravo, “por eso lo razonable sería que el Servicio Público de Empleo sea el que autorice o deniegue desde un primer momento esta prestación”, ha añadido.

Es más, CC OO arremetió contra el hecho de que “se haya vendido a los autónomos este incremento de cotización por cese de actividad como una mejora, cuando la mejora real para ellos habría sido el aumento de su base de cotización, con la que se determinan sus futuras prestaciones”. De hecho, en la actualidad la gestión de esta ayuda ya genera un abultado superávit anual a la Seguridad Social, ya que en 2018 solo se gastó en prestaciones por cese de actividad el 13% de los 144,3 millones que se recaudaron –y eso que solo cotizaban por esta contingencia el 14% de los autónomos– lo que dejó un superávit de 126 millones de euros.