La pandemia del coronavirus ha sumido a la economía española en la mayor caída libre registrada en la historia. El segundo trimestre del año, marcado por el confinamiento y el cese de toda actividad no esencial, cerró con un desplome del PIB del 18,5%, el más grave de todos los tiempos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al sumarse al retroceso, ya entonces récord, del primer trimestre, el descalabro sume a España oficialmente en la recesión (dos trimestres en negativo) y adentra la economía en una sima de profundidades desconocidas de la que podría tardar años en salir a flote.

Con la contracción del 18,5% la economía española agudiza la caída del primer trimestre del año fue del 5,2% trimestral, y que ya había duplicado el peor dato registrado hasta entonces, el descenso del 2,6% sufrido en el primer trimestre de 2009 como consecuencia de la crisis financiera. En términos interanuales la caída del PIB fue del 22,1%, frente al descenso del 4,1% del primer trimestre, periodo que solo se vio afectado por las restricciones durante dos las dos últimas semanas de marzo para contener el virus.

El confinamiento decretado hace mella especialmente en el consumo privado y la inversión, con descensos trimestrales superiores al 20%, sin precedentes en la serie histórica. El consumo final de los hogares sufre un batacazo del 21,2%, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas avanza un 0,4%. En cuanto a la inversión, la formación bruta de capital cae un 21,9%. Por componentes, la inversión en viviendas y otros edificios y construcciones disminuye un 25%, mientras que la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento baja un 25,8%. Finalmente, la inversión en productos de la propiedad intelectual retrocede un 8,6%.

La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de −19,2 puntos, 15,5 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de −2,9 puntos, 2,5 puntos inferior a la del trimestre pasado. La debacle económica, como ha constatado ahora el INE, se multiplicó en el segundo trimestre del año, que estuvo marcado por esta situación de excepción constitucional prácticamente hasta el final, dado que el estado de alarma no se levantó hasta el 21 de junio.

El segundo trimestre no solo comenzó ya bajo el inédito confinamiento de los españoles en sus hogares y las severas restricciones comerciales impuestas inicialmente, sino que arrancó inmerso en el cese de toda actividad no esencial decretado entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Para entonces, todo tipo de comercios y servicios habían tenido que cerrar ya sus persianas, pero en aquellos días también buena parte de la industria y la construcción del país se vio obligada a paralizar sus máquinas –pese a la flexibilidad que el Gobierno introdujo a última hora- y sus trabajadores quedaron sujetos al llamado permiso retribuido, a recuperar en horas de trabajo durante los próximos meses.

La parálisis de la actividad, que ya entonces era del 30%, aumento durante los días de cese de actividad no esencial hasta el 50%, según los cálculos del Banco de España, que ya venía advirtiendo que estos tres meses podrían concluir con una caída del PIB del entorno del 16 al 22%. Transcurrido este periodo de máxima parálisis, España aún tuvo que esperar casi un mes para que, a partir del 4 de mayo, el Gobierno diera por iniciado el procedimiento de desescalada de las medidas de restricción impulsadas contra el coronavirus.

Al permiso para salir a pasear en determinadas franjas horarias le siguió una progresiva reapertura comercial, con aforos limitados, citas previas y restricciones que fueron desapareciendo gradualmente durante cuatro fases que dieron paso a la “nueva normalidad” a finales del mes de junio. Un proceso gradual y asimétrico por territorios que dio paso, en los últimos nueve días de junio, a la reapertura de las fronteras y la reactivación de la libre movilidad por todo el territorio nacional.

Entre medias, la pandemia destruyó más de un millón de empleos, dejo involuntariamente inactivos a otro millón de personas, elevó el paro al 15,3% y rebajó el número de ocupados que realmente trabajan a su cifra más baja desde septiembre de 2001. Después de todo, hasta 3,4 millones de trabajadores llegaron a quedar sujetos a un Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el peor momento de la crisis, que desde el Ministerio de Economía sitúan el 30 de abril.

Por el camino, la recaudación tributaria ha descendido un 18% en el conjunto del semestre, minando un 14,4% los ingresos públicos por la caída de la actividad y disparando un 23,7% el gasto público, debido a la elevada factura sanitaria y en prestaciones sociales. Como resultado, el déficit público estatal a cierre de junio era ya del 4,36%, cinco veces superior al de los primeros seis meses de 2019. Los expertos asumen que el agujero fiscal cerrará el año en doble dígito.

El confinamiento provocó una caída súbita del consumo del entorno del 50% que no ha terminado de recuperarse tras la desescalada, como tampoco resurge la inversión. Empresas y familias atesoran actualmente los mayores colchones de liquidez de su historia en cuentas bancarias.

Aun así, los expertos certifican que el histórico impacto sufrido por la economía española podría haber sido aún bastante más grave de no ser por el plan de medidas de choque desplegadas por el Gobierno y avaladas por el Parlamento.

El listado, que supone la movilización de fondos por valor de más del 20% del PIB, incluye el plan de 100.000 millones de euros en avales públicos para facilitar la liquidez a las empresas, con especial énfasis en pymes y autónomos, el impulso de los ERTE, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, los planes de apoyo a los sectores más afectados o las transferencias a las comunidades autónomas.

Con todo, y a falta de ver el empuje positivo que puedan dejar los 140.000 millones de euros que España aspira a recibir del nuevo fondo de recuperación europeo (la mitad en ayudas directas), organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asumen que sacar a España de la profunda zanja en la que ha caído este trimestre llevará años.