El coste de las garantías para créditos de superior cuantía oscilará en función del tipo de beneficiario y de la duración del crédito. En el caso de las pymes, para las que el Estado garantizará el 80% del riesgo de la financiación, el coste para los bancos será también del 0,2% en caso de préstamos de hasta un año de duración; del 0,3% (una factura que parte de los 4.500 euros) para los de entre uno y tres años; y del 0,8% (al menos 12.000 euros) para los de entre tres y cinco años, que es el plazo máximo de duración previsto para los avales.

En el caso de las compañías de mayor tamaño, y siempre para préstamos de más de un millón de euros, la cobertura de los avales será del 70% si se trata de crédito nuevo y del 60% para las renovaciones. El coste para las entidades de las garantías concedidas sobre nueva financiación será del 0,3% en préstamos de hasta un año; del 0,6% en los de uno a tres años (9.000 euros de partida) y del 1,2% en los de tres a cinco años (18.000 euros).

El coste de los créditos para la clientela dependerá del margen que fije cada entidad desde estos umbrales. Los avales estarán disponibles de forma retroactiva desde el 18 de marzo y podrán solicitarse hasta el próximo 30 de septiembre, pudiendo acceder a la financiación garantizada todas las empresas que no acabaran 2019 con mora o llegaran a marzo en concurso.

Dada la remuneración exigida al sector financiero por los 100.000 millones en avales públicos, teóricamente, la banca podría llegar a pagar 1.200 millones al Estado por las garantías si toda la financiación se diera al tipo máximo (1,2%). Esto, sin embargo, no se dará porque al menos el 50% del primer tramo de 20.000 millones se reserva a pymes (máximo del 0,8%).

A falta de saber cuánto ingresa el Estado por estas garantías, lo cierto es que su inédito despliegue -la mayor movilización de recursos de la democracia, según subrayó el Gobierno- no tendrá coste público alguno salvo en el caso de aquellos préstamos que incurran en impagos, lo que activará el aval.