El Gobierno de Pedro Sánchez registra este lunes a las diez en el Congreso sus primeros Presupuestos Generales del Estado, los de 2019, y puede que también los últimos si finalmente no arranca a los partidos independentistas catalanes su voto a favor, y de paso apacigua a Unidos Podemos, contrariados hasta el minuto final por la falta de la integridad de las demandas recogidas en el acuerdo que firmó con el PSOE, el pasado mes de octubre.

Entre tanto, estas primeras Cuentas Públicas del Ejecutivo socialista vienen precedidas por los siguientes epígrafes: rebaja de previsión de crecimiento al 2,2%, senda fiscal del 1,3% -la senda de Rajoy-, incremento del gasto social en un punto y medio, del 55,5% al 57% con respecto al último Gobierno (aquí se incluyen las pensiones, cuyo incremento ya había aprobado el PP), ingresos insuficientes para cubrir los gastos porque todavía éstos no están aprobados ni tampoco demostrado que los cálculos de dichas tasas correspondan con la realidad, como es el caso de la tasa Google; aumento de la edad de jubilación, aumento de la presión fiscal sobre las empresas, más inversión y mejor financiación para Cataluña y, todavía, la incertidumbre de los apoyos suficientes para superar todas las enmiendas, que de modo contrario anticiparían el calendario de unas elecciones generales.

Estas es la ecuación con la que el Gobierno llega hoy a la Carrera de San Jerónimo: en definitiva, más gasto social y gasto público (5,1%), impuestos nebulosos aun sin fijar por ley, desaceleración económica y menos creación de empleo. Porque en este punto, el Ejecutivo no aclara cuando habla de la creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo, si ésta es la previsión para 2019, o es la suma de los ejercicios 2018-2019, porque de ser así, como parece lógico por los indicadores económicos, la creación de empleo para este año sería de 236.000 trabajadores más, parados menos, lo que manifiesta una pérdida del ritmo de crecimiento de empleo, y por ende del crecimiento económico de forma considerable.

Antes de desvelar la letra pequeña de estos Presupuestos, este lunes, la ministra de Hacienda mantendrá un encuentro con el Grupo Socialista en el Parlamento para explicar los detalles de las partidas, y en el fondo, el espíritu del mismo. Allí, en el Congreso, adelantará a los 84 diputados las posibilidades de acuerdo y el avance de las negociaciones sobre las que corren ríos de tinta, unos con caudal suficiente para que estas Cuentas salgan adelante, otros con la certeza de que solo aguantarán las enmiendas a la totalidad, pero no coronarán la cúspide. En buena medida, revelan voces del PSOE, dependerá del desarrollo del juicio del 1-O.

A continuación, la ministra y sus secretarios de Estado relatarán el contenido del proyecto a los medios, que ese mismo día será calificado por la Mesa del Congreso para a posteriori ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Como es preceptivo, el siguiente paso es que el órgano de gobierno del Congreso apruebe un calendario de tramitación, abriendo un plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.

De momento, se sabe que PP y Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad. Un debate que podría tener lugar el 12 y el 13 de febrero, habiendo acabado el plazo de presentación de enmiendas el 8 de febrero. Del resto de partidos no ha trascendido intención de presentar enmiendas en esta fase.

Lo que está previsto, al menos hasta ahora, y con la información que hay, es que la suma de los votos del hemiciclo no eche para atrás el arranque de la tramitación del proyecto presupuestario, dando paso al debate de las enmiendas parciales. Por cierto, que este punto es de vital importancia. Aquí es donde se fajan y sustancian las negociaciones mollares, porque es en este punto clave cuando las formaciones políticas exigen al Gobierno partidas específicas, sobre todo para sus territorios, y hacen que esas partidas iniciales programadas en los Presupuestos aumenten exponencialmente, al menos en algunos casos. Los ojos están puestos en Cataluña.

Mientras, el independentismo no muestra sus cartas. Este sábado, el diputado del PDeCAT en el Congreso Ferran Bel afirmaba que «no es ningún gesto» que el Gobierno cumpla la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado -que señala una inversión equivalente al peso del PIB catalán en el estatal, sobre el 18%.