El Gobierno prevé una revalorización de las pensiones públicas del 0,9% en 2021, en línea con el incremento aplicado ya este año, lo que permitiría asegurar el poder adquisitivo del colectivo de pensionistas, según se incluye en el Plan Presupuestario de 2021 que el Ejecutivo remitió a Bruselas. La subida recogida en el Plan Presupuestario se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

No obstante, este incremento recogido en el Plan Presupuestario deberá ser negociado ahora por el Gobierno con los distintos partidos políticos y con los agentes sociales. De cualquier forma, se trataría de una subida idéntica a la de este año, ya que la primera medida del Ejecutivo de coalición fue revalorizar las pensiones un 0,9% desde el 1 de enero para 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%, con un coste total de 1.406 millones de euros.

Además, se trata del cuarto año consecutivo, tras 2018, 2019 y 2020, en el que las pensiones aumentarán por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización de las pensiones (0,25%), que se aplicó durante cinco ejercicios y que aún no se ha derogado. En 2019 las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Cuando el Gobierno anunció la subida de pensiones para 2020, el presidente, Pedro Sánchez, explicó que «se orillaba» el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y no se derogaba a la espera de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Precisamente, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo en el Congreso, incluyendo la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo con una revalorización ligada al IPC. Al mismo tiempo, esta misma semana se ha constituido la mesa de diálogo social para abordar la futura reforma del sistema de pensiones en base a las recomendaciones que cierre el Pacto de Toledo.

En este contexto, el Gobierno plantea medidas como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos «distorsionantes» en la regulación de las jubilaciones anticipadas; la revisión del sistema de previsión social complementario, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas, o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones.