Todo indica que la transposición que inició la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia para transponer la Directiva Europea de protección a alertadores de denunciantes de corrupción, conocida como Directiva ‘Whistleblower’, está a punto de caramelo. Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia han informado que “el texto está cerrándose y muy próximo a ser remitido a Consejo de Ministros”.

El grupo de trabajo de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación recibió el encargo del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de preparar la propuesta de texto articulado que debe ser integrado en nuestro cuerpo legislativo. La consigna que se dio en junio de 2020 es que estuviera terminado y preparado para su aprobación antes del 2 de diciembre de 2021, aunque España tiene hasta el 17 de diciembre de este año, fecha en la que entrará en vigor definitivamente.

La Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, fue publicada el 26 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea. Entró en vigor el 17 de diciembre de ese año, si bien se dio dos años a los 27 países de la Unión Europea para hacerla suya. La nueva Directiva establece unos canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, la falta de protección de los denunciantes de corrupción está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto. La Directiva busca acabar con esta sangría de plano. Los denunciantes tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo. Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.