El plan del Gobierno de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades para que las empresas, cuyo beneficio está gravado con un tipo general del 25%, no puedan aplicarse deducciones que rebajen esa cifra por debajo del 15%, no será fácil de poner en marcha. Así lo advierten desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF). “Supone una dificultad técnica muy elevada”, advertía este martes el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, durante la presentación del informe Declaración de sociedades 2017 y novedades 2018, elaborado por este órgano del Consejo General de Economistas de España.

Del Amo alertó de que, entre otras cosas, el anuncio del Gobierno podría incidir sobre los convenios internacionales que España tiene firmados con otros países en el caso de grandes compañías con presencia en el extranjero, que podrían acabar sujetas a una doble imposición. Para el REAF, lo adecuado sería apostar por un acuerdo europeo, o global, para establecer un tipo mínimo equitativo.

El REAF denuncia además que los continuos cambios que se vienen realizando en el impuesto de sociedades, más de 200 en la última década según sus cálculos, generan una fuerte “inseguridad jurídica” que “desincentiva a los inversores nacionales y foráneos”. Un efecto que se vería potenciado por un alza de impuestos, que incentiva la “deslocalización de los beneficios empresariales” en un mercado global en el que hay territorios fiscalmente más amables.

Actualmente, en todo caso, el REAF destaca que la presión fiscal que España aplica a las compañías privadas está en línea con la del entorno europeo. El tipo general español, del 25%, está por debajo del 44,43% de Francia, del 35% de EE UU o del 29% de Grecia, y por encima del 24% de Italia, el 19% de Reino Unido, el 12,5% de Irlanda o el 8,5% de Suiza.

“No hay propuesta en papel para opinar. Es difícil de valorar”, expuso por su parte Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, sobre el nuevo paquete de medidas fiscales anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que más allá del tipo mínimo de sociedades incluye un impuesto a la banca, la implantación de un gravamen a los servicios de las grandes compañías tecnológicas (tasa Google) o la creación de impuestos ambientales. “Ojo con la exuberancia de imaginación fiscal” a la hora de crear nuevas figuras impositivas, alertó Pich, sosteniendo que “esto hay que hacerlo coordinado” en el marco de la Unión Europea y con el objetivo de ordenar también los diferentes impuestos autonómicos y locales.

Más allá, el informe del REAF refleja que el impuesto de sociedades español concentra la presión fiscal sobre las grandes empresas. De hecho, solo entre 727 compañías, el 0,2% de las que lo abonan, acaban aportando el 49% de todo lo que recauda el Estado. Se trata de las empresas que ingresan más de 180 millones de euros al año, y que aportan 11.533 de los 23.310 millones de euros que ingresan las arcas públicas españolas por el impuesto de sociedades.

Es más, de los 1,4 millones de compañías que deben presentar una declaración, solo una cuarta parte, 361.003, acaban pagando, ya que el grueso de sociedades no obtiene beneficios que gravar o directamente están en concurso de acreedores.

El monto recaudado por sociedades creció un 6,8% en 2017 respecto al año anterior. Y aunque viene incrementándose desde los 18.713 millones de 2014, la rebaja desde el récord de 2007 (44.823 millones) es del 48,4%. Desde el REAF consideran que aquel fue el culmen de la burbuja y que se trata de una cifra excepcional que no volverá al alcanzarse.