La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende que aquellas empresas que en un futuro se beneficien de bonificaciones a la contratación asuman un compromiso de no despedir. Así, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas -concretamente en la ficha relativa a las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo- Trabajo ha comunicado a la Comisión Europea que los incentivos a la contratación deberán considerar en el caso de las empresas «el compromiso con la estabilidad de sus plantillas».

Así, la ficha referida al Componente 23 determina que «podrían» establecerse índices dirigidos a establecer prioridades entre las personas y las empresas beneficiarias que se basaran en «el compromiso con su empleabilidad de las personas y en el compromiso con la estabilidad esencial de sus plantillas en el caso de las empresas».

Fuentes sindicales que han negociado con el Ministerio de Trabajo las Políticas Activas de Empleo, en las que se incluyen las bonificaciones a la contratación, señalan que el Gobierno pretende atajar con la exigencia del mantenimiento del empleo algunas prácticas de ciertas empresas que han usado el contrato de emprendedores pero que, antes de acabar el año, despedían al trabajador sobre el cual habían recibido la bonificación para emplear a otro aprovechando nuevas bonificaciones por su contrato.

Pero el objetivo del Gobierno no se limita a ligar las bonificaciones al mantenimiento de las plantillas; también pretende, según consta en la ficha remitida a Bruselas, que los incentivos deben centrarse «casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas», y siempre para contratos indefinidos. Actualmente, una buena parte de los contratos bonificados no suponen la creación de nuevos puestos de trabajo -es decir, no se usan para emplear a desempleados-, sino que se destinan a financiar la conversión de empleos temporales en fijos. No suponen, pues, nuevos empleos sino la mera conversión legal de la modalidad contractual de temporal a indefinido.

Con datos de marzo, según las estadísticas del Sepe, de los 207.000 contratos indefinidos firmados en el mes, algo más 111.000 correspondieron a conversiones de temporales, aunque no significa que todos ellos estuviesen bonificados.

Trabajo reconoce, en línea con un informe realizado por la Airef, el fracaso de la actual política de las bonificaciones contractuales. El documento remitido a la Comisión Europea declara que las subvenciones y bonificaciones a la contratación, que suponen alrededor del 25% del gasto total en políticas activas de empleo-equivalente a unos 2.000 millones de euros en 2018, según la Airef-, «no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo».

En línea con lo aprobado en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, la ficha remitida a la Comisión Europea determina que los incentivos deben orientarse a mejorar la empleabilidad de colectivos muy específicos de bajo empleabilidad, especialmente en períodos recesivos. En definitiva, la intención del Gobierno es acotar los incentivos. El Gobierno da gran relevancia a la revisión de las bonificaciones a la contratación y apunta que, en paralelo a la simplificación de los contratos, constituye una pieza clave del paquete de reformas que serán elevadas al diálogo social.

Fuentes de los negociadores confirman que todavía no se ha abordado la revisión de las bonificaciones a la contratación, aunque se han analizado las grandes líneas durante la negociación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. En principio, las bonificaciones se analizarán dentro de las reformas que se abrirán en breve para reformar la Ley de Empleo, básica para establecer el amparo normativo de las nuevas bonificaciones contractuales.

De hecho, el Ministerio de Trabajo ha explicitado a Bruselas que la reforma deberá implementarse en 2022, lo que implica que debería estar publicado en el BOE antes de que finalice el presente año. El documento remitido a Bruselas determina que es necesario simplificar los incentivos y los requisitos de las empresas beneficiarias de las bonificaciones a la contratación, así como mejorar los programas de formación y asegurar una mayor coordinación entre todas las administraciones.