El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de los expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.

De la Fuente, en declaraciones a TVE, apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas cada año en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.

En este punto, admitió De la Fuente que hace falta gastar más en algunos servicios públicos, pero apuntó que es fundamental recortar el gasto en pensiones, que es la principal partida de gasto en España, y hay que «contenerlo» porque no puede seguir creciendo al ritmo actual. Concretamente, el Estado soporta en esta partida un gasto de 135.000 millones de euros anuales que ascienden al entorno del 10,7% del PIB anual de España.

En este sentido y preguntado por la conveniencia de congelar también el sueldo de los funcionarios, dijo que «tampoco» es necesario «cargar más de la cuenta sobre ellos» el coste de la crisis económica. Si bien sumar una congelación del sueldo de los trabajadores públicos, que en ese mismo entorno del 2% de subida (la prevista por el Gobierno a inicios de año), con un coste de y 3.300 millones de euros al estancamiento de la revalorización de las pagas de jubilación resta del gasto público casi 6.000 millones de gasto directo.

«Se trata de cargar de una manera justa entre toda la sociedad los costes de esta crisis, por eso insistimos mucho en la necesidad de un pacto entre todos para repartir estos costes y que no haya sensación de maltrato», reiteró Ángel de la Fuente.

Además de la materia concreta de las pensiones, De la Fuente, que consideró que el Gobierno está tardando en tener una estrategia clara y que va «improvisando» sobre la marcha, también defendió la necesidad de que se permita a las empresas acogidas a un ERTE poder despedir, ya que muchas de ellas no serán capaces de recuperar a toda la plantilla y es mejor dejarles que ajusten empleo que obligarlas a cerrar y acabar en concurso de acreedores.