La primera reunión técnica para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha terminado sin grandes avances, pero con las posiciones aún enfrentadas y recuperando algunas propuestas de máximos que podrían dificultar un acuerdo temprano.

La única cuestión que podría haber empezado a desbloquearse es la de la fecha límite para prorrogar las nuevas condiciones que se pacten para los ERTE. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostró en una entrevista con TVE su disposición a ampliar estos ERTE hasta después de Navidad porque hacerlo sólo hasta el 31 de diciembre no le parece “adecuado” –a pesar de que es la propuesta incluida en la primera propuesta del Gobierno– porque en esa fecha “nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad”.

Díaz hizo estas declaraciones mientras estaba reunida la mesa de técnicos para negociar estas cuestiones. Pero apenas un par de horas después fue el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, preguntado por este plazo en La Sexta, confirmó que prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero “es una opción que se pueden contemplar o discutir”.

Pero más allá de esta cuestión, todo apunta a que el diseño de las exoneraciones de cotizaciones para los ERTE vinculados al Covid-19 volverá a enfrentar al Gobierno y a los agentes sociales. Las fuentes del diálogo social consultadas aseguraron que los responsables de la Seguridad Social tienen intención de mantener el actual esquema de bonificaciones pactado para los ERTE hasta el 30 de septiembre. Según este esquema, que rechazan patronal y sindicatos, las exoneraciones de cotizaciones por los trabajadores que se incorporan a la actividad desde un ERTE son mayores que las de aquellos empleados que siguen con su empleo en suspenso, sin incorporarse a su puesto de trabajo.

Por el contrario, los empresarios y los sindicatos quieren que todo este esfuerzo de ayudas se concentre totalmente en los ERTE en sectores y empresas con mayores dificultades. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo declaraba ayer: “Me preocupa que se haga bien la sectorialización de la prórroga de los ERTE”. Mientras que la patronal CEOE desvelaba ayer que las partes habían quedado ayer en hacer sus propias propuestas de exoneraciones para llegar a un consenso.

Pero quien más mostró ayer su preocupación y disgusto fue el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien señaló: “Queríamos cerrar un acuerdo lo antes posible, las bases estaban puestas, pero el Ejecutivo aparece ahora con una propuesta de última hora, la de eliminar el contador a cero en el desempleo de las personas en ERTE, y esto es algo que no vamos a asumir. Se han acabado las concesiones y no vamos a aceptar ni esto ni quitar la cláusula que impide despedir a los trabajadores en los seis meses posteriores al ERTE, como plantea la patronal”.

De esta manera, Álvarez arremetía contra la propuesta inicial de Trabajo que recogía la eliminación del denominado “contador a cero”. Esto significaría que los afectados por ERTE comenzarían, a partir de ahora, a consumir su prestación por desempleo, sin derecho a que esta les fuera repuesta. O lo que es lo mismo, que el tiempo de prestación gastada en un ERTE no contabilizara.

A este respecto Díaz dijo ayer que a los 3,4 millones de trabajadores que han estado afectados por ERTE hasta ahora “les vamos a reponer una prestación por desempleo de hasta 180 días”, algo que ya consideró que “es mucho”. Pero no habló de lo que ocurrirá a los afectados a partir del 30 de septiembre, que es al colectivo que en teoría el Gobierno quiere quitar en esta nueva negociación.

Finalmente, la ministra volvió a mostrarse partidaria –tal y como viene haciendo desde el pasado 3 de septiembre– de mantener en el 70% de la base reguladora las prestaciones por desempleo que reciben los afectados por ERTE en lugar de reducirlas al 50% a partir del sexto mes de cobro, como exige la ley.