“Entre las primeras cosas que me gustaría lanzar en la nueva legislatura está la creación de esta autoridad de protección del cliente financiero”, anunció ayer la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, confirmando que estudia sufragar esta oficina imponiendo una tasa de 200 euros a los bancos por cada reclamación que presenten los consumidores, más otra para las firmas que más quejas acumulen.

“El objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar”, explicó la ministra en Onda Cero, argumentando que si el coste se les cobra a las entidades “pues eso genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta autoridad”. Según los cálculos de este diario, este modelo costaría de media unos 4,5 millones de euros anuales al sector financiero.

De un lado, las entidades estarían sujetas al pago de 200 euros por cada reclamación. Teniendo en cuenta que en 2018 el Banco de España, que de momento tramita este servicio, recibió 19.695 quejas, el coste para el sector habría ascendido a 3,93 millones de euros. En 2017, cuando el número de quejas alcanzó récord, con 40.176, la factura habría superado los ocho millones.

Más allá, el borrador del anteproyecto de ley que ultima Economía recoge que la autoridad aplicaría un segundo cobro, la “tasa por la promoción de buenas prácticas”, a las entidades que reciban más de 50 quejas en un año. El monto se calcularía aplicando un gravamen del 0,4% sobre el número de clientes de cada entidad en España a cierre del año anterior. La cuantía final partiría siempre de 1.000 euros y, para evitar un “carácter confiscatorio”, no podría superar el 10% del beneficio antes de impuestos de cada banco. Esta última cifra figura entre corchetes en el borrador de la ley, por lo que podría ser provisional.

En 2018 hubo una quincena de entidades que superaban las 50 reclamaciones tramitadas por el supervisor (que solo admitió un tercio de todas las recibidas). Aunque muchas comparten clientela, sumaban 61 millones de cuentas corrientes, de ahorro y a plazos, según los datos de las patronales AEB y CECA. Tomando el dato como referencia orientativa, el sector habría tenido que abonar en conjunto otros 247.000 euros.

Sumando ambas tasas, el coste total de la nueva oficina para el conjunto del sector habría ascendido en 2018 a 4,2 millones. La cifra casi duplica los 2,6 millones que la banca devolvió entonces a su clientela gracias al vigente sistema de reclamaciones.

De estar operativa desde 2009, la autoridad habría recaudado del sector unos 45 millones en 10 años solo en tasas. Es decir, una factura media anual de 4,5 millones.