Los letrados del Congreso no cierran la puerta a que la Cámara pida un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado. Eso sí, los servicios jurídicos creen que la decisión de recabar o no informes sobre la iniciativa no corresponde a la Mesa que preside Meritxell Batet, sino a la Comisión de Justicia y a los grupos parlamentarios.

La Mesa del Congreso estudiará este miércoles el requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces para poder opinar sobre esa proposición de ley, así como un escrito que, en el mismo sentido, registró el PP.

Si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de estado y también al propio CGPJ, un trámite que legalmente no es necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.

En su acuerdo, aprobado por 16 de los 21 miembros del CGPJ, este órgano reconoce que la petición de un informe de este tipo es «potestativa» en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque se trata de una modificación que afecta «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial».

A su juicio, con independencia de su origen, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse «dando audiencia a todos los sectores implicados».

Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Y tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa asegurando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional». A su juicio, la «maniobra» de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, aunque es «legítima», «evidencia claramente que de lo que se trata es de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas».

En su informe, los servicios jurídicos de la Cámara no entran en el contenido de la proposición de ley y no ponen trabas a que se pida la opinión del CGPJ, pero sí precisan que la decisión sobre pedir documentación o comparecencias sobre una iniciativa legislativa no es de la Mesa, sino de la Comisión de Justicia que preside la socialista Isaura Leal.