La norma, que entrará en vigor el próximo sábado, 1 de enero de 2022, recoge como principales novedades la recuperación del IPC como referencia para revalorizar las pensiones anualmente; fija nuevas condiciones para las jubilaciones anticipadas, entre las que están mayores coeficientes reductores para las voluntarias; y la creación de nuevos incentivos para demorar la jubilación más allá de la edad legal de retiro.

Tanto las medidas desincentivadoras de los retiros anticipados como las que fomentan que el trabajador siga en activo tras cumplir la edad de jubilación tienen como objetivo que la edad real a la que se jubilan los trabajadores se acerque a la edad legal de jubilación (que en 2022 serán los 66 años y dos meses para quienes acrediten menos de 37 años y 6 meses de cotizaciones; para el resto, 65 años).

En esta línea, la ley estipula que los coeficientes reductores de la pensión para las jubilaciones anticipadas voluntarias serán mayores para quien se retire en los primeros meses o los últimos dentro de los 24 meses legales que se puede anticipar el retiro. De esta forma, alguien que cumpla 63 años en enero y reúna los requisitos para jubilarse a esa edad de manera anticipada voluntaria verá recortada la cuantía de su pensión un 21% (si ha cotizado menos de 38 años y seis meses) pero si espera hasta abril de ese mismo año el recorte de su prestación bajará al (12,5%) para el resto de su vida (ver gráfico).

Además, para facilitar el retraso del retiro anticipado, entre las nuevas condiciones de acceso a estas jubilaciones, ya sean voluntarias o involuntarias (provocadas por un despido u otra causa ajena al trabajador) están el cambio en el cálculo de la prestación que se hará en función de los meses de adelanto respecto a la edad legal que corresponda en cada momento, en lugar de trimestralmente, como se calculaba hasta ahora. Estas jubilaciones anticipadas involuntarias también estrenan nuevos coeficientes reductores (ver gráfico).

No obstante, no todos los nuevos coeficientes penalizadores entrarán en vigor este sábado. No será hasta enero de 2024 cuando empiecen a aplicarse progresivamente los nuevos coeficientes para los futuros jubilados anticipados con pensiones máximas. Además, el coeficiente penalizador de la pensión se le aplicará sobre su cuantía y no sobre su base reguladora, lo que incrementará el recorte que, no obstante, será progresivo a lo largo de los diez próximos años.

Para fomentar que se siga trabajando más allá de la edad de retiro, se establece un aumento de la cuantía de la pensión o un pago único por año de entre casi 5.000 euros (para los perceptores de pensiones mínimas) y hasta 12.000 euros (pensiones máximas) por cada año que se retrase la jubilación.

Finalmente, dentro de estas medidas para que se trabaje más años se eliminan las cláusulas de jubilación forzosa antes de los 68 años en los convenios colectivos, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Y también se exoneran el 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años.

El Gobierno defiende que estas medidas servirán para equilibrar financieramente el sistema, aunque ya existen estudios de expertos que han acotado este impacto en un ahorro muy limitado de un 1% del gasto retrasando un año la edad efectiva de jubilación.

La ley también crea un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y continúa el traslado de gastos impropios al Estado. Dicho mecanismo se introdujo en la tramitación parlamentaria de la ley y tiene dos componentes. El primero consiste en la creación de una sobrecotización de 0,6 puntos (0,5 la empresa y 0,1 el trabajador) durante los años 2023 y 2032. Con lo que se recaude con ella se nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se usará para financiar el incremento del gasto en pensiones por la llegada masiva de los jubilados nacidos en el baby boom a partir de mediados de la actual década.