El Gobierno mantendrá su “escudo social” de protección contra la crisis del coronavirus. El Consejo de Ministros de este martes ampliará hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y las subidas “abusivas” del alquiler, prorrogando las medidas aprobadas en plena crisis sanitaria. Las medidas, lanzadas en marzo, se prorrogaron en julio hasta el 30 de septiembre, por lo que estaban prontas a caducar. Entre otras acciones, también se mantiene la obligación de los grandes propietarios de aceptar pagos aplazados con una reestructuración de la deuda en al menos 3 años o quitas del 50% en la cuota.

Con esta prórroga el Gobierno busca aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos. En la prórroga se recoge la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas. Los beneficiarios, como en el resto de medidas, serán los que entren en la categoría de vulnerables, como los parados, afectados por ERTE, autónomos con reducción de ingresos con ciertos límites salariales –1.635,8 euros mensuales– y personas en reducción de jornada. Respecto a los alquileres con grandes tenedores, estos grandes propietarios (dueños aproximadamente del 5% de las viviendas en España) o realizan una quita del 50% o bien aceptan una reestructuración de la deuda en 3 años.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado “escudo social” en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frente a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado. El nuevo acuerdo, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos como la electricidad o el agua o las telecomunicaciones. También se mantiene la flexibilidad del bono social para colectivos vulnerables.