La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha dado vía libre a debatir la convalidación del decreto ley del Gobierno por el que se aumentan los permisos de paternidad a ocho semanas, después de que los letrados de la Cámara hayan confirmado que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 «no afecta a la parte orgánica» de la misma.

Así lo ha explicado la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a la salida de la reunión de la Mesa, en donde se ha debatido, este jueves, el informe de los letrados del Congreso que Ciudadanos solicitó este miércoles. Los ‘naranjas’ tenían dudas sobre la constitucionalidad del decreto porque tocaba una ley orgánica.

En concreto, el Gobierno modifica en este decreto ley los artículos 45 y 46 que tienen que ver con la creación de Planes de Igualdad en las empresas. Con estos cambios, el Ejecutivo extiende la obligatoriedad de crear estos planes a las empresas de 50 o más empleados (en las que, hasta ahora, era opcional) y recogen la creación de un registro nacional en el que se deberán inscribir las compañías que apliquen la norma.

El informe de los servicios jurídicos de la Cámara ha determinado que estos artículos no forman parte del texto orgánico de la Ley de Igualdad y, por lo tanto, pueden modificarse a través de decreto ley. Pastor ha explicado que, ante este resultado, se debatirá el decreto en la Cámara, como los otros tres que están pendientes de convalidación, y, «luego, ya se verá» si se tramita como proyecto de ley con posibilidad de ser modificado, otra de las cuestiones que la Mesa de la Diputación Permanente ha consultado a los letrados esta semana.

Del mismo modo, la presidenta del Congreso ha defendido la decisión de pedir a los letrados este tipo de informes y ha señalado que, mientras ella esté al frente de este órgano, se pedirán los informes que sean necesarios siempre que haya alguien que tenga una duda.

También a la salida de la reunión de la Mesa, el diputado de Ciudadanos y vicepresidente de este órgano, Nacho Prendes, ha aplaudido que los letrados de la Cámara hayan «despejado la duda» que tenían sobre el decreto que, según ha recalcado, nada tenía que ver con el contenido del mismo, sino con posibles defectos de forma.

«Avanzar con seguridad jurídica no se puede calificar de chanchullo ni de maniobra dilatoria», ha manifestado Prendes, defendiéndose de las críticas recibidas desde este miércoles por parte, entre otros, del PSOE por haber reclamado un informe a los servicios jurídicos del Congreso para aclarar las dudas de constitucional que tenían sobre el decreto.