El Supremo fija los plazos para que abogados y procuradores cobren sus honorarios

La crisis económica provocada por la pandemia de la Covid 19 está siendo el principal motivo para que muchos abogados y procuradores perciban con retraso sus honorarios y minutas, o que se vean obligados a plantear juras de cuentas para cobrar lo debido por los servicios realizados. Para aclarar el cobro ejecutivo de los honorarios de abogados y procuradores a sus clientes morosos, un reciente auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2021 aborda una cuestión que reverdece en tiempos de crisis económica: cuándo se aplica y cuándo se excluye el incidente de jura de cuentas establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el plazo para iniciar el procedimiento que permite a los procuradores y abogados cobrar a los clientes morosos será el mismo que el de caducidad de la instancia por inactividad procesal: dos años en primera instancia y uno en segunda. La sala de lo contencioso-administrativo ha respondido así a un recurso de revisión presentado por un procurador que pidió la jura de cuentas, para poder exigir sus honorarios, más de un año después de que se le notificara la última resolución del caso por el que reclamaba el dinero.

En un auto, los magistrados han confirmado el decreto recurrido, que declaró «la caducidad de la petición de jura de cuentas del procurador (…) por haber caducado la instancia, sin perjuicio de las acciones que le corresponda ejercitar en la vía civil». El procurador alegaba que la jura de cuentas es en realidad un procedimiento de ejecución forzosa, los cuales «se podrán proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos señalados», de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y ello porque, según la misma norma, -esgrimió el procurador-, corresponde a los letrados de la administración de justicia despachar la ejecución por la cantidad a la que ascienda la deuda si el cliente no ha presentado objeciones a la misma. Sin embargo, la sala III ha rechazado este argumento, ratificándose en resoluciones anteriores del Tribunal Supremo, «por entender que las características propias de la reclamación de honorarios por la vía de la jura de cuentas permiten deducir que nos encontramos ante un incidente del pleito principal».

Así, el Supremo ata los plazos de la jura de cuentas a los plazos de la instancia, recordando que ésta se considerará abandonada «si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si estuviere en segunda instancia, o pendiente de un recurso extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación». A modo de refuerzo, ha subrayado que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha establecido el «carácter incidental» de la jura de cuentas respecto del proceso que da derecho al cobro de los honorarios.

«En los procedimientos de jura de cuenta no se trata de proteger intereses subjetivos o personales en provecho de los profesionales legitimados para promoverlos, sino de que las obligaciones que como cooperadores con la administración de justicia han cumplido dentro del proceso tengan dentro del mismo el cauce adecuado para reintegrarse de los gastos y contraprestaciones», ha declarado el TC, conforme apunta la sala III.

Moncloa amplía tres meses la moratoria de alquiler y suspensión de desahucios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se ampliarán tres meses más las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables que se pusieron en marcha durante la pandemia. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que desgranó tras el Consejo de Ministro de ayer, Sánchez ha anunciado que estas medidas excepcionales, que vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, se prorrogarán tres meses adicionales.

En concreto, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo. También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aspectos de hogares afectados por lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos en casos de dependientes, menores o víctimas de violencia contra la mujer previa valoración del juez.

Según ha indicado Sánchez, a estas medidas urgentes para garantizar «una vivienda digna y adecuada» se sumará «dentro de poco» la primera ley estatal de vivienda, que lleva semanas de retraso ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos en algunos aspectos clave como la regulación de los precios del alquiler. En detalles aportados por el presidente del Gobierno durante su intervención, hasta finales de marzo se habían concedido 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.

Como datos para una panorámica situacional, Sánchez también ha indicado que al cierre del mes pasado se había concedido el ingreso mínimo vital a 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas y ha confirmado lo avanzado la semana pasada por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: se está trabajando en una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que de momento terminan el 31 de mayo. El coste de esta herramienta, según ha señalado, ha sido de «casi 30.000 millones de euros».

El INE confirma la subida del IPC del 1,3% en marzo por luz y carburantes

El INBE ha confirmado la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de marzo, que se situó en el 1,3%, casi un punto y medio superior a la registrada el mes anterior. Es la tasa más alta del índice general desde abril de 2019, cuando se situó en el 1,5%. En cuanto a la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa anual se mantiene en el 0,3%, con lo que se sitúa un punto por debajo de la del IPC general.

La luz y los carburantes son los grupos que más han influido en el repunte de la inflación anual. Así, transporte incrementa cinco puntos su variación, hasta el 3,8%, como consecuencia de las subidas de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal, que descendieron el año anterior. En cuanto a vivienda, registra una tasa del 4,3%, casi cinco puntos y medio superior a la del mes anterior, debida a los aumentos de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción, frente a las bajadas registradas en marzo de 2020, explica el INE.

Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa son comunicaciones, que registra una variación del –4,9%, casi un punto y medio menos que en febrero, causada porque los precios de los servicios de telefonía se mantienen estables este mes, mientras que se incrementaron el año pasado. La tasa de alimentos y bebidas no alcohólicas también desciende, dos décimas, y se sitúa en el 1,4%. Este comportamiento es consecuencia de la disminución de los precios del pescado y marisco, que subieron en marzo de 2020.

La tasa anual del IPC aumenta en todas las comunidades autónomas en marzo respecto a febrero. El mayor incremento se produce en Castilla La Mancha, con una subida de 1,8 puntos. Por su parte, Canarias es la comunidad donde menos se incrementa la tasa anual, con un aumento de ocho décimas. En términos armonizados, la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 1,2%, casi un punto y medio por encima de la registrada el mes anterior.

Los clientes desconfían más de su banco tras el Covid por la subida de comisiones

Así, se ha observado un fuerte descenso en la vinculación emocional durante el ejercicio hasta niveles de 2015, siendo la política de comisiones uno de los aspectos que más ha penalizado, según el ‘Estudio de Emociones en Banca 2021’ de EMO Insights International, el noveno que realiza sobre la banca española. El cliente se siente menos vinculado a su banco principal, ha descendido su confianza y agradecimiento durante la pandemia. La caída ha sido menos acusada entre aquellos que han conseguido adaptarse a las nuevas necesidades, mientras que la operativa con canales digitales se ha mantenido como sostén del sector.

Por entidades, se ha mantenido como líder con mayor vinculación de clientes ING, con 55,5 puntos (sigue líder, aunque su puntuación desciende); seguido de Bankinter (49,1 puntos), Triodos Bank (44,9) y EVO Banco (44,7). A más distancia se sitúan BBVA (36,2), Kutxabank (33,4), Cajamar (32,8), Sabadell (30,2), CaixaBank (28,8), Ibercaja (28,0), Abanca (27,2), Santander (19,2), Bankia (17,4), Unicaja (7,5) y Liberbank (-3,5). Los tres bancos que encabezan el ranking (ING, Bankinter y Triodos Bank) han sido galardonados también en los ‘V Premios Emotional Friendly Banks’, que otorga anualmente EMO Insights.

En esta ocasión ha querido reconocer además el esfuerzo de los que han generado más emociones positivas asociadas a su gestión de la pandemia y que han sido EVO Banco en confianza, CaixaBank en alivio y Cajamar en agradecimiento. En cualquier caso, el 17,2% de los encuestados ha valorado la actuación de su banco principal en estos últimos meses como insuficiente; el 28,7% le ha otorgado un aprobado; el 28,8% un notable y el 15,1% un sobresaliente.

Por otra parte, se pone de manifiesto que el uso de los canales digitales ha supuesto un importante balón de oxígeno emocional para el sector y, acentuado ahora por el coronavirus, ha disparado el protagonismo del mobile banking como canal de relación, alcanzando ya una cuota de uso semanal del 71% de los clientes. El estudio de Emociones en Banca también pone de manifiesto que el pago de comisiones sigue siendo un importante polarizador del cliente, con una diferencia de casi 60 puntos entre los que las pagan y los que no.

Sumado a esto, los clientes castigan especialmente a sus bancos si han percibido un endurecimiento de las condiciones para el cobro de comisiones en el último año, así como les premian por su flexibilización, sean clientes que pagan comisiones o que no lo hacen. Según el estudio, el cliente se ha vuelto más empático con la pandemia y reclama también una mayor empatía a su entidad financiera. El 41,4% de los clientes no entiende el cobro de comisiones asociado a procesos u operativa autogestionada por ellos mismos, lo que supone además un contrasentido con el proceso de digitalización emprendido por el sector.

La deuda de la banca española con el BCE sube en marzo a máximos de 2013

La deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) se situó en 268.740 millones de euros en marzo, cuantía superior en un 2,9% respecto al mes precedente (261.210 millones) y casi el doble que hace un año. El dato es además el más alto desde marzo de 2013.

Según los datos del Banco de España publicados este miércoles, el crédito a la banca española subió en marzo después de mantenerse en febrero en la misma cuantía que enero. Con respecto a hace un año esta deuda casi se ha duplicado ante el impacto de la crisis del Covid-19, ya que en marzo de 2020 se cifró en 142.984 millones en operaciones principales de financiación.

La cuantía representa el 14,3% del préstamo total de 1,87 billones que el BCE mantiene con el conjunto de entidades del Eurosistema. Sin embargo, es inferior al 20,7% que suponía hace un año, cuando en marzo de 2020 la banca española era la receptora de 142.984 millones de los 689.546 millones que tenía en préstamo. El importe total de 268.740 millones corresponde a operaciones a largo plazo del organismo, no registrándose operaciones a corto plazo.

Mientras, el volumen agregado de los activos adquiridos por el Banco de España a las entidades financieras en el marco de los programas de compras puestos en marcha por el BCE se situó en el tercer mes del año en 495.885 millones de euros, cuantía un 2,3% superior al mes anterior.

El Gobierno identifica seis PERTE iniciales de colaboración público-privada

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno “contempla la movilización de inversión pública en el territorio español por 140.000 millones de euros hasta 2026 para llegar a impulsar hasta 500.000 millones de inversión privada”. A tal fin, serán fundamentales los esquemas de colaboración público-privada, que se orquestarán a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (los llamados PERTE). El Ejecutivo, según el documento preliminar del Plan que se ultima remitir a Bruselas, ya ha identificado seis campos de actuación concretos en los que comenzar a desarrollar esta fórmula.

La identificación de estos PERTE corre a cargo del Consejo de Ministros, “que pondrá en marcha los correspondientes procesos para articular a los diferentes participantes públicos y privados en la correspondiente ‘alianza’ o consorcio para el despliegue de los proyectos”, detalla el Plan. De momento, “sobre la base de la información proporcionada por los planes de las comunidades autónomas, y las distintas manifestaciones de interés, se han identificado a título preliminar seis posibles proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica para impulsar procesos de reforma estructural de toda la cadena de valor”, detalla.

Se trata, según enumera el documento, de proyectos centrados en desarrollar “la industria de la automoción verde y conectada; la generación energética mediante hidrógeno verde; la industria aeroespacial; la agricultura sostenible y eficiente; el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial; y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero”. El primero de esos PERTE será una alianza entre la administración y el sector de la automoción para el desarrollo del vehículo eléctrico, “dada la importancia del sector y la urgencia de encauzar la transformación tecnológica” del ramo hacia este nuevo tipo de vehículos, justifica el Gobierno. En todo caso, en esta alianza inicial “podrán participar todos los operadores presentes en España, así como las industrias de componentes, telecomunicaciones, energéticas, logística, etc.”, invita el Ejecutivo.

Para seguir identificando los campos de colaboración con el sector privado, el Gobierno avanza que emitirá “invitaciones a manifestaciones de interés”, a fin de que las empresas y administraciones puedan exponer sus propuestas y hacer aportaciones a los planes oficiales. De momento, recoge el texto, el Ejecutivo ha puesto en marcha 14 en “el ámbito industrial, de la transición verde y la digitalización, de reto demográfico y lucha contra la despoblación”. La mayor parte estos foros, ocho, han sido promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidencia cuarta, Teresa Ribera. Economía ha organizado tres; Industria, dos; y Transportes, una.

El Gobierno asevera que estos eventos “han movilizado una gran respuesta por parte de las empresas, organismos públicos y administraciones territoriales”.

El FMI pide a España reformas estructurales para abordar la dualidad laboral

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las inversiones a través del fondo de recuperación europeo serán una parte importante de la recuperación de la economía española, aunque ha subrayado que el país requiere también de reformas estructurales que le permitan incrementar la productividad, con especial atención a las enfocadas a reducir la dualidad del mercado laboral.

«Uno de los mayores problemas para España en términos de reformas estructurales es la dualidad del mercado laboral, donde muchos jóvenes cuentan con contratos temporales y lo que ocurre en estos contratos es que no se recibe la formación para poder acceder a empleos superiores», ha señalado en rueda de prensa Alfred Kammer, director del Departamento para Europa del FMI.

«Es un problema particular que debe abordarse en España y que ayudaría al mercado laboral, a reducir los problemas de desigualdad y que también mejoraría el crecimiento», ha añadido, señalando la importancia de acometer mejoras en el reciclaje de los trabajadores, así como en la adecuación de la formación a las necesidades de las empresas. En este sentido, el funcionario del FMI ha subrayado que la tasa de paro en España ya era muy elevada antes de la crisis, que ha afectado especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados.

Por otro lado, en referencia a las inversiones anunciadas por el Gobierno para impulsar el vehículo eléctrico y la rehabilitación de viviendas, Kammer ha apuntado que los objetivos de ambas apuntan en el sentido de luchar contra el cambio climático y pueden contribuir a mejorar la trayectoria de crecimiento de España modernizando la estructura de la economía. Además, en términos generales, ha señalado que la introducción de una mayor fiscalidad del carbono sería una medida que cambiaría la situación.

300.000 autónomos están cerrados

Solo el 30% de los trabajadores autónomos está funcionando al 100%. Así se contempla en el último barómetro elaborado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. El informe revela que unos 350.000 trabajadores autónomos no realizan ninguna actividad. De los autónomos que sí están funcionando actualmente, un 63,9% señala que lo hacen a pesar de las restricciones. Eso supone que aún tienen alguna limitación en sus negocios. Además, según el barómetro de ATA, un 52,2% de los profesionales funciona solo al 50% debido a las consecuencias provocadas por la pandemia.

La facturación de los autónomos también ha sufrido en esta época. De hecho, un 76,9% indica que la facturación de su negocio se ha reducido con respecto a la del año pasado. En la mayoría de los casos, esto es, para un 60,6% de ellos, la merma de la facturación ha superado el 60% de los ingresos que percibieron el año anterior. A nivel de facturación tan solo el 13,8% ha asegurado haber mantenido los ingresos y solo un 7,7% indica haber incrementado sus ventas con respecto al primer trimestre de 2020.

Las pérdidas han superado los 30.000 euros para un millón de trabajadores autónomos. Esto representa el 30,7% del total de profesionales. Los sectores más afectados han sido el de los eventos, el ocio de todo tipo y el sector del comercio. Por otro lado, para un 60,6% de los trabajadores autónomos, esto es, para dos millones de profesionales, la disminución de los ingresos a consecuencia de la pandemia ha sido de más de 15.000 euros.

Para intentar paliar la situación que viven los profesionales autónomos, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de ayudas. Sin embargo, éstas son “insuficientes”, según el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Para el 78,3% de profesionales, las ayudas directas de 7.000 millones de euros son “insuficientes”. Solo el 48,2% de ellos asegura que las solicitará cuando se abra el plazo. La mayoría de los que no lo harán es, principalmente, por no estar en la lista de actividades con derecho a las ayudas o debido a que su actividad no ha caído más de un 30%.

La OCDE pide a España no subir impuestos hasta que la recuperación esté consolidada

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha instado a España a que no realice subidas de impuestos hasta que la recuperación esté «firmemente en marcha», por lo que solo se tendrían que tener en cuenta a medio plazo, según se desprende de su informe ‘Going for Growth’, publicado este miércoles. El club de países ha valorado que un sistema tributario «más efectivo» podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y las emisiones. Además, un incremento en la recaudación «proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación».

«Cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables», ha alertado el organismo que preside Ángel Gurría. La OCDE ha valorado de forma positiva el incremento del IVA a las bebidas azucaradas y el impuesto sobre determinados servicios digitales. Una vez la recuperación esté en marcha, el organismo ha recomendado «ampliar la base fiscal» reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas.

Asimismo, el club de países considera que España debería «limitar» el uso de tipos reducidos del IVA a medio plazo. También que debería los gravámenes sobre combustibles para «reflejar mejor» sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque esta medida debería llevar aparejada alguna medida para ayudar a los hogares más pobres. A nivel general, gran parte de las recomendaciones van dirigidas a invertir y reformar la educación para crear empleos de calidad y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

El organismo con sede en París considera necesarias mejorar la formación universitaria para alinearla más con el mercado laboral. Además, ha instado al Ejecutivo a que la financiación competitiva de las universidades esté ligada al rendimiento, de forma que se incentive la «investigación de calidad». Además de la formación reglada, la OCDE también ha recomendado al Gobierno mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo mediante una mayor asignación de recursos a formación profesional para parados. Otra recomendación es crear programas públicos de formación laboral dirigidos a trabajadores poco cualificados o de mayor edad.

En lo que respecta a las empresas, el club de países receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad, implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles.

El nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos podría empezar a aplicarse desde el 1 de enero de 2022

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que el nuevo sistema esté listo este año y que empiece a funcionar a principio del próximo ejercicio. Según ha explicado, el nuevo sistema contemplará 13 tramos de cotización. El objetivo es facilitar la flexibilidad del trabajador. “Cuantos más tramos, cada trabajador tiene más posibilidades de adaptación a su capacidad de pago”, ha asegurado el ministro.

Será el propio trabajador el que decida su base de cotización. Lo hará en función de las previsiones de rendimiento que tenga. Además, el autónomo podrá modificar su selección varias veces a lo largo del año. El ministro ha dado a conocer este plan durante su participación en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Según ha dicho, la reforma del nuevo sistema de cotización se incluirá en el primer bloque de reformas que pretende aprobar el Gobierno. De esta manera se cumplirá con la recomendación número cuatro del Pacto de Toledo.

Ha aludido a las reuniones mantenidas con los sindicatos y la patronal para llegar a un acuerdo sobre el nuevo sistema de cotización. «No ha habido una, sino varias reuniones. He estado en varias de ellas personalmente”, ha aclarado. Asimismo, ha informado de que los representantes de sindicatos y patronal han pedido hacer una mesa conjunta donde están sindicatos y autónomos para trabajar en el nuevo sistema de cotización.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dicho a través de su perfil de Twitter que no apoyarán la entrada en vigor del nuevo sistema hasta que un 70% de los empresarios prevea la recuperación de su negocio. “Mientras un 70% de los autónomos prevea que la recuperación de su negocio o actividad no va a llegar hasta bien entrado 2022 o incluso 2023, no vamos a apoyar la entrada en vigor de ningún sistema de cotización que le genere mayor carga de cotizaciones a la Seguridad Social”, ha advertido.

Normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.

El Gobierno sólo concedió 18 indultos durante el segundo semestre de 2020

El Gobierno concedió un total de 18 indultos durante el segundo semestre de 2020, lo que supone un 1,08% de los 1.664 expedientes resueltos en ese mismo periodo, según los datos que ha proporcionado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el subsecretario del ramo, José Miguel Bueno.

Bueno ha detallado que, de los 18 indultos otorgados, todos fueron de carácter parcial, lo que significa que solo se perdonó alguna de las penas impuestas o una parte de todas ellas. Sobre el tipo de ilícitos, ha precisado que diez de los indultados fueron condenados por delitos contra el patrimonio; tres por delitos contra el medio ambiente y la ordenación territorial; otros tres por delitos contra la intimidad; uno por un delito contra la salud pública; y otro por un delito de falsedades.

El subsecretario de Justicia se ha detenido asimismo en la relación entre la concesión o denegación de la medida de gracia y los informes preceptivos emitidos por el tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal, que revela que la mayoría de los indultos se otorgaron con alguno de esos informes en contra. Así, solo siete de los 18 indultos concedidos contaban con informes favorables tanto del tribunal como de la Fiscalía. De los once restantes, diez tenían el visto bueno del órgano judicial pero no el del Ministerio Público, y el otro contaba solo con el plácet de este último.

Por otro lado, de los 1.646 indultos denegados en dicho semestre, el 87% tenían informes desfavorables de tribunal y Fiscalía; el dos por ciento solo del sentenciador; el ocho por ciento solo del Ministerio Público; y únicamente el tres por ciento tenían a su favor a ambos. A este respecto, PP, Vox y Ciudadanos han reiterado su llamamiento al Gobierno para que incluya en sus informes semestrales los motivos por los que acepta o rechaza las peticiones de indultos.

Los auditores defienden que las empresas auditadas se recuperan antes de las crisis

Los auditores de cuentas defienden que las empresas que auditan sus cuentas se recuperan antes de las crisis económicas. Según el estudio «La auditoría de cuentas en las empresas», realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, las compañías auditadas facturaron más dinero, generaron más empleo y se recuperaron antes de la crisis de 2008.

Este estudio investiga el comportamiento de cerca de 90.000 empresas españolas que se encuentran activas, con unos ingresos de explotación superiores a 500.000 euros, desde el año 2008 hasta el 2018. Un tercio de las empresas analizadas auditan sus cuentas anuales (34,22%) y dos tercios no las auditan (65,78%).

De las empresas que se auditan, están repartidas al 50% entre sociedades anónimas y sociedades limitadas, mientras que las que no se auditan son mayoritariamente las sociedades con forma jurídica de sociedad limitada (83%). La facturación de las empresas auditadas creció más y se recuperó más rápidamente de la crisis de 2008 que la de las empresas no auditadas. Según el informe, tuvieron unas ventas promedio en 2018 de 38,74 millones de euros, un 16,43% de incremento respecto de las ventas promedio que tenían en 2008.

Por su parte, las empresas no auditadas tuvieron unas ventas promedio de 2,15 millones de euros en 2018, un 6,6% más que en 2008, 9,83 puntos porcentuales menos que las auditadas. Las empresas que auditan sus cuentas necesitaron ocho años para recuperar el nivel de ingresos que tenían al inicio de la crisis en 2008, mientras que las empresas no auditadas necesitaron un año más para superar el importe del año 2008.

El presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez indicó que «en este debate que se está produciendo a nivel mundial sobre la necesidad o no de que las empresas de menor dimensión se auditen y sobre la necesidad de adaptar las normas técnicas de auditoría a los trabajos que se hacen en ellas, este informe refleja que las pymes auditadas son más rentables, reflejan mejor en sus balances el valor de sus activos y afrontan mejor las crisis que las no auditadas».

En este sentido, defendió que, “reducir los límites obligatorios en las auditorías estatutarias es una medida que, sin duda alguna, ayudaría a las pequeñas y medianas empresas españolas a avanzar en sus procesos de profesionalización y a acceder a los recursos financieros que van a necesitar para afrontar la compleja situación económica a la que se enfrentan, por lo que debe de entrar a formar parte de la agenda de reformas del Gobierno sin dilación”.

El ICJCE ya había propuesto al Gobierno la suspensión temporal de los límites por los que una empresa deja de estar obligada a auditarse, para que no se tengan en cuenta los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, debido a la crisis económica que están viviendo las compañías por la pandemia del Covid-19.

Hasta 8.000 euros en ayudas a la compra de un coche eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 400 millones de euros y que se prolongará hasta 2023, con ayudas para la compra de un coche eléctrico que pueden alcanzar los 8.000 euros teniendo en cuenta el descuento adicional de las marcas. Particulares y autónomos podrán beneficiarse de las ayudas del Moves III en la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga facturados a partir del10 de abril (incluido), mientras que las empresas deberán esperar a la convocatoria de las comunidades autónomas, que disponen de un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. El plan, dotado con fondos Next Generation, se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, se refuerzan las líneas de ayuda a particulares y autónomos con hasta 7.000 euros para la adquisición de un coche eléctrico si se achatarra un modelo gasolina o diésel de más de siete años. En caso de que no se entregue un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros. Por su parte, los modelos híbridos enchufables o híbridos de autonomía extendida [al menos 30 kilómetros en modo eléctrico] tendrán acceso a una ayuda de 2.500 euros, que sube a 5.000 euros si se achatarra otro coche.

Los fabricantes están obligados a hacer un descuento adicional de 1.000 euros y se establece un límite de precio en el modelo a adquirir de 45.000 euros, ya sea eléctrico o híbrido enchufable. No obstante, si el vehículo es 100% eléctrico y cuenta con ocho o nueve plazas, la ayuda puede crecer hasta los 53.000 euros. De su lado, la subvención para hacerse con un vehículo comercial ligero será de hasta 9.000 euros [7.000 sin entregar uno contaminante]. A las motocicletas eléctricas se les concede una ayuda de 1.100 euros sin entregar una antigua y de 1.300 euros si hay achatarramiento, siempre y cuando cuesten menos de 10.000 euros y tengan una autonomía mayor o igual a 70 kilómetros.

Las ayudas se reforzarán con un 10% adicional para autónomos (taxis y VTC), en municipios de menos de 5.000 habitantes y para personas con movilidad reducida. De este modo, sumando la ayuda gubernamental, del concesionario y este 10%, el descuento puede llegar a los 8.700 euros. El plan, que no es compatible con la anterior edición, también mejora las ayudas para infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pymes, así como para infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Para autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial, las ayudas cubrirán el 70% del coste de la instalación o de las actuaciones de preinstalación en comunidades de propietarios, siempre que no se superen los 800.000 euros fijados por expediente.

Los autónomos tendrán el límite por solicitante que les es de aplicación por Reglamento de minimis de 200.000 euros en tres años fiscales. Los particulares podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 5.000 euros por expediente, al tiempo que las empresas podrán cubrir el 35% del coste si el punto es de acceso público y tiene una potencia mayor o igual a 50 kilovatios (kW) y el 30% ya sea público o privado con una potencia inferior a 50 kW. Estas cuantías se verían incrementadas un 5% y un 10%, respectivamente, en caso de actuaciones ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Consulta aquí las principales dudas entre la transición de los Moves II y III y la tabla de ayudas.

Para la instalación de infraestructuras de acceso público de potencia superior o igual a 50 kW estas cuantías pueden sumar un 10% adicional en actuaciones desarrolladas por medianas empresas y un 20% si son llevadas a cabo por pequeñas empresas. Así una pequeña empresa podría alcanzar el 55% de ayuda para la instalación del punto.

El nuevo Moves no cuenta con ayudas a la compra de vehículos industriales y autobuses, que pasarán ahora a depender del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tendrá que aprobar otro plan. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Transición Ecológica, se encargará de gestionar los fondos como en las anteriores ediciones, que contaron con 45 y 100 millones.

El Plan de Recuperación prioriza las inversiones en automoción eléctrica y rehabilitación de vivienda

“El Plan de Recuperación es el plan económico más ambicioso y trascendental de la reciente historia económica de España. Es la mayor oportunidad para el país desde la entrada en la Unión Europea, y de eso hace 37 años. Ocasiones como esta se presentan un par de veces cada siglo y esta oportunidad España no la va a dejar pasar”, defendió ayer el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez. Presentaba las líneas maestras de este programa de 110 inversiones y 102 reformas que el Ejecutivo ultima enviar a Bruselas para acceder a los 140.000 millones en subvenciones y créditos blandos que aspira a recibir en seis años para sacar al país reforzado de la crisis del Covid-19.

“Es una inversión absolutamente excepcional y única”, subrayó, recordando que los fondos estructurales de los años 80 y 90 fueron de 8.000 millones. Su uso, dijo, perseguirá “promover la recuperación económica tras la emergencia sanitaria”, en el corto plazo; “mejorar la productividad española con la transición ecológica la transformación digital”, en el medio; y lograr un “desarrollo robusto en lo económico; sostenible en lo fiscal, ecológico y social, y resiliente”, en el largo plazo.

El presidente del Gobierno desgranó entonces el destino de los primeros 50.000 millones de inversión que pondrá en marcha entre 2021 y 2023, de los que el 40% se destinarán a movilidad y rehabilitación de vivienda. En concreto, Sánchez avanzó que destinará 13.200 millones (el 26% del total) a la llamada “estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada”, que pasa por electrificar las vías públicas y crear puntos de recargas para facilitar la transición al vehículo eléctrico; y 6.820 millones (13,5%) a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para poner paneles solares y hacer más eficientes energéticamente las viviendas, punto que consideró de “máxima prioridad” por su capacidad para generar empleo.

A partir de ahí, Sánchez avanzó que invertirá 4.315 millones en modernizar la administración pública y evitar la temporalidad laboral en sus filas; 4.060 millones a la digitalización de las pymes; 4.000 a implantar la red 5G por todo el país; 3.780 a impulsar una nueva política industrial con horizonte en 2030 y una estrategia de economía circular, mejorando la gestión de residuos; 3.590 a la mejora de las competencias digitales, dando formación a ciudadanos y emprendedores; 3.400 a mejorar la competitividad del turismo; 3.380 a desarrollar el sistema nacional de ciencia e innovación; y 3.165 millones a integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.

Aunque no lo citó, el desglose de estos primeros 50.700 millones incluye además 1.000 millones para la vivienda social de alquiler, según fuentes oficiales. “La pandemia hace más urgente una transformación que ya era necesaria” antes, defendió, recalcando que, ya en términos generales, el 39% de las ayudas europeas estarán vinculadas a la transición medioambiental; el 29% a la transformación digital; el 10,5% a educación y formación y un 7% a la I+D+i. En paralelo, se impulsará un amplio paquete de reformas que incluirán medidas laborales, fiscales y sobre las pensiones (ver despiece).

El desarrollo del Plan de Recuperación se traducirá, aseveró Sánchez, en un crecimiento adicional del PIB de dos puntos de media a partir de 2021 (estabilizando su crecimiento potencial por encima del 2% anual desde 2030); en la creación de 800.000 puestos de trabajo y en la mejora de la vertebración del país repartiendo la población por todo el territorio y haciendo frente al reto demográfico. Por el camino, dijo Sánchez, se elevará la productividad, y con ella la renta per cápita, se rebajará el desempleo estructural, el de jóvenes y mujeres, y se reducirá la brecha de género.

“Lo tenemos todo listo para comenzar a desarrollar todos los proyectos al día siguiente de su aprobación por la UE”, prometió Sánchez. Ese momento, sin embargo, amenaza con retrasarse hasta finales de junio después de las negociaciones previas del documento con Bruselas hayan llevado al Ejecutivo a renunciar a su idea inicial de presentar el Plan a finales de marzo, en un primer momento, y ayer mismo, después. La intención ahora es tener cerrados los flecos para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes, revelan fuentes oficiales, si bien no se descarta que acabe retrasándose al día 27, ya al límite de un plazo que expira con este mes. A partir de ahí la UE tendrá dos meses para dar su visto bueno.

Aunque el desembolso podría demorarse todavía más, pues está pendiente del visto bueno del Constitucional alemán, el Presupuesto permite a España adelantar vía deuda los primeros 27.000 millones, recordó Sánchez. Estos retrasos, junto con el mal arranque del año que dejó la tercera Ola de Covid, han llevado al Ejecutivo a retrasar del 9,8% al 6,5% el crecimiento de PIB previsto para 2021, confiando una mayor recuperación, del 7%, en 2022.

La fórmula del SEPE para que los nuevos autónomos se den de alta mientras cobran el paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge los casos en los que los autónomos pueden compatibilizar el subsidio por desempleo y su actividad recién comenzada como trabajadores por cuenta propia. Se trata de una especie de blindaje ante los primeros meses de negocio o actividad en los que no siempre se obtienen unos ingresos estables. El organismo asegura que la persona puede seguir recibiendo, si así lo desea, la prestación hasta 270 días después de iniciar la actividad profesional o por el resto del periodo que le resta si es inferior a esta cifra.

Para ello, el nuevo autónomo ha de pedir la prórroga de la prestación o subsidio que cobre en un plazo máximo de 15 días desde que se inicie la actividad laboral. El SEPE informa de que, en estos casos, la persona que adopte esta compatibilidad «percibirá el 100% de la cuantía de la prestación por desempleo con el descuento del IRPF, en su caso, y sin deducción de cotización a la Seguridad Social».

De la misma forma, el organismo asegura que este procedimiento es también aplicable para las personas que se incorporen como socios o socias de sociedades laborales de nueva creación o socios y socias trabajadores en sociedades cooperativas de nueva creación inscritos en el Régimen Especial correspondiente conforme a su actividad.

Sin embargo, en algunos casos los nuevos autónomos prefieren no acogerse a esta compatibilidad y pueden suspender la prestación o subsidio que percibían antes de comenzar su andadura por cuenta propia. Para poder hacerlo, la actividad que inicien deberá ser menor de 60 meses, ya que pasado ese tiempo el derecho a la prestación se extinguirá. Si no se llega a esta fecha, podrá reanudar su prestación en el punto en el que la dejó siempre que la actividad sea inferior a los 24 meses y, si, en caso de ser superior a 24 meses e inferior a 60, se haya dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) o de Trabajadores del Mar.

La prestación se tendrá que pedir durante un plazo máximo de 15 días después del cese de la actividad, y no se tendrá derecho a ella si se ha desarrollado una actividad durante más de 60 meses o si, durando entre 24 y 59 meses, no se haya producido el alta en el régimen especial correspondiente. El SEPE informa, además, de que, si se tiene derecho a cobrar la prestación por cese de actividad y a la vez existe la opción de reanudar la prestación por desempleo, la persona deberá elegir entre una de las dos.

El Gobierno planea reducir los tipos de contrato y elevar bases de cotización e impuestos

El Gobierno ha puesto finalmente en negro sobre blanco sus cálculos sobre el crecimiento adicional que aportarán a la economía española los cerca de 140.000 millones de euros en ayudas europeas en camino que sufragarán los dos centenares de inversiones y reformas incluidas en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En conjunto, según el documento provisional, el programa aportará dos puntos adicionales al aumento anual del PIB, si bien en el medio plazo su impacto se irá diluyendo hasta situarse en apenas cuatro décimas. Una aportación residual que, en todo caso, debería permitir situar el crecimiento económico potencial por encima del 2% anual en la próxima década.

El detalle del borrador, que el Gobierno rematará en cuestión de días con los matices adicionales que exija Bruselas, explica en buena medida las nuevas previsiones económicas actualizadas el pasado viernes. Tras el mal arranque de año que deja la pandemia y dado el retraso en la puesta en marcha del plan, que el Ejecutivo asume que no comenzará a dar frutos hasta el segundo semestre, Economía rebajó del 9,8% al 6,5% el avance del PIB estimado para este año, cuando las ayudas aportarían menos de dos puntos al crecimiento.

El empuje sería algo superior en 2022, cuando se avanzaría un 7% e iría perdiendo fuelle, hasta el 3,5% en 2023 y el 2,1% en 2024. En este periodo España recibirá cerca de 80.000 millones de euros en subvenciones, mientras que en los siguientes tres años aspira a obtener hasta 70.000 en créditos blandos con los que reanimar de nuevo el crecimiento. La estrategia, según avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el análisis del plan realizado por la comisión interministerial, es situar el crecimiento potencial del PIB por encima del 2% anual a partir de 2030.

Así, de cara al periodo 2021-2023, los efectos en el PIB y en el empleo serán “intensos”, según detalla el documento, gracias a las medidas que forman el eje de la agenda urbana y rural, a un lado, y el de la modernización y digitalización del tejido industrial y recuperación del turismo, al otro. En el mundo laboral, de nuevo en el corto plazo, también tendrá efectos llamativos el eje de la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo.

A largo plazo, sin embargo, las inversiones que redundarán en un mayor crecimiento del PIB serán las relativas, por un lado, a la educación, la formación continua y el desarrollo de capacidades y, por otro, al pacto por la ciencia y la innovación. Ambos ejes, de cara a 2021-2023, cuentan sin embargo con un efecto “moderado”, según el documento, A largo plazo también será notable la digitalización de la empresa y la transición energética sostenible. El impacto potencial de la agenda urbana, tan importante en los dos próximos años, será sin embargo “moderado” en el largo plazo.

El documento, que Sánchez detallará hoy al Congreso de los Diputados, ofrece también algunos detalles clave del paquete de reformas que España comprometerá ante sus socios europeos a cambio de las ayudas. Estas incluyen medidas fiscales para avanzar “hacia un sistema tributario suficiente y más eficiente, equitativo y justo, y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”, después de que la crisis haya disparado el déficit público del 2,8% al 10,9% y la deuda pública del 95,5% al 120% del PIB. A tal fin, expone, “se va a emprender una reforma del sistema tributario, para garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión, contribuyendo a la reducción del déficit estructural y al mantenimiento del Estado de bienestar, acercando la presión fiscal de España a la media de los países de la zona euro”.

La medida incluirá “ajustes en los impuestos (con una revisión en profundidad de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes)”, para complementar las medidas ya puestas en marcha de fiscalidad digital (tasa Google), financiera (tasa Tobin) y de lucha contra el fraude (en tramitación). Buena parte del foco se pondrá en una batería de impuestos verdes como las tasas al plástico en camino. A su vez, “para reequilibrar el sistema” de pensiones, se incorporarán “ajustes e incentivos para aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal, se modificará el sistema de cotización de trabajadores autónomos, se promoverá el desarrollo de sistemas complementarios de pensiones y se culminará la separación las fuentes de financiación”.

Además, “se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en la media más interrupciones en su vida laboral”. Finalmente, el Gobierno expone que “la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.

Del lado de la reforma laboral, el Gobierno pone el foco en la simplificación de los contratos a fin de generalizar el uso del indefinido, restringir el del temporal y poner en valor una modalidad de formación. Además, el plan propone buscar fórmulas de ajuste alternativas al despido, por ejemplo, rediseñando los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) que viene exprimiendo en esta crisis.

Los indicadores de la OCDE muestran signos claros de recuperación para España

Los indicadores compuestos avanzados de la OCDE, que señalan por anticipados cambios en el ciclo económico, muestran signos claros de recuperación para España, uno de los países para los que más aumentaron en marzo. El indicador para España subió 0,36 puntos en marzo, el mayor incremento ese mes después de Holanda (0,37) entre los estados miembros, de acuerdo con las tablas publicadas este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La estadística española había estado bajando hasta noviembre y desde febrero comenzó a subir con fuerza, pero aun así el mes pasado se quedó en 96,30 puntos, es decir netamente por debajo de los 100 que marcan la media de largo plazo. En el conjunto de la OCDE, esos 100 puntos de la media de largo plazo se alcanzaron precisamente en marzo, gracias a un incremento mensual de 0,22 puntos. Hubo ascensos de ese mismo orden en la zona euro como conjunto (0,22 a 99,32 puntos), en Alemania (0,22 a 100,69), en Italia (0,25 a 99,99) o en México (0,18 a 99,59).

Las progresiones mensuales fueron más pronunciadas en Estados Unidos (0,32 puntos a 100,15) o en Chile (0,30), que con 103,52 puntos tenía el indicador más elevado de todos los miembros de la OCDE. Los responsables de realizar la estadística insistieron en un comunicado en que hay que interpretar con prudencia los datos porque las fluctuaciones «están probablemente influidas por la evolución de las medidas para contener la covid y por el desarrollo de las campañas de vacunación y en consecuencia sujetas a posibles revisiones».

El valor de los indicadores no da una idea del porcentaje de crecimiento o de disminución de la actividad, sino de la intensidad de las inflexiones en el ciclo económico.

Fomento del Trabajo reúne a los principales bufetes españoles para revisar la reforma fiscal

La patronal catalana Fomento del Trabajo no se fía de la reforma fiscal que plantea el Gobierno de cara al año que viene. Los temores tienen origen en las palabras de la portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el lunes aseguró que el objetivo de la modificación tributaria sería incrementar el nivel de ingresos públicos y acercar la presión fiscal a la media europea.

Ante este planteamiento, la organización presidida por Josep Sánchez Llibre ha decidido contraatacar. Si el Gobierno presentó un grupo de expertos para sentar las bases de una nueva fiscalidad para España, la junta directiva de Fomento del Trabajo dio forma ayer a un grupo de trabajo conformado por los principales despachos de abogados españoles para crear su propia propuesta. Fomento compartirá las recomendaciones de este grupo de expertos en la sombra con la patronal CEOE para reforzar su posición negociadora.

El grupo de expertos de Fomento estará encabezado por el jurista Manuel Silva, consejero de presidencia de Fomento, como coordinador, y contará con otros economistas ligados a la patronal como Valentí Pich, Jordi Alberich o Salvador Guillermo. También figuran expertos independientes como Joan Francisco Corona, Antoni Durán-Sindreu, Joan Francesc Pont y Joan Antoni Carreté. La lista de despachos de abogados y firmas de consultoría la componen: Baker&McKenzie, Cuatrecasas, Deloitte, EY, Garrigues, Gran Thornton, KPMG, PwC, Roca Junyent, y Uría Menéndez.

La patronal catalana afirmó en un comunicado que «la fiscalidad no puede ser, exclusivamente, un instrumento para recaudar ingresos públicos» y pidió situarla al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.

Fomento subrayó su rechazo al incremento de ingresos públicos para financiar «gasto antieconómico e ineficiente». En este sentido, la organización recordó el artículo 31.1 de la Constitución que señala que «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».

Además de rechazar el alza de presión fiscal, Fomento aportó una solución para elevar los ingresos del Estado. Se trata de reforzar la lucha contra la economía sumergida, que las estimaciones en España sitúan en un 25% del PIB frente a la media europea del 15%. De hecho, el propio Sánchez Llibre presentó hace dos años un plan para reducir esos diez puntos, lo que afloraría unos ingresos anuales de 40.000 millones de euros.

La reforma fiscal no es la única batalla tributaria de la patronal. Fomento del Trabajo llevó el Impuesto de Patrimonio al Constitucional hace unos meses al considerarlo «injusto» y «confiscatorio».

Vehículos al final de su vida útil

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.