El Pleno del CGPJ se reunirá el 28 de octubre para dar respuesta a la propuesta de reforma del PSOE

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado fijar el próximo 28 de octubre, a las 16.00 horas, para la celebración del Pleno extraordinario en el que se adoptará una postura institucional en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano.

La decisión se ha adoptado después de que un total de siete vocales del órgano de gobierno de los jueces que pidieron la semana pasada la celebración de un Pleno extraordinario para fijar la respuesta ante la reforma. El aplazamiento de esta reunión, que se esperaba celebrar a principios de esta semana, ha sido adoptado «de conformidad con la totalidad de los solicitantes», según ha informado el CGPJ, y teniendo en cuenta «las dificultades que el actual estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento».

Además, se cita a los vocales, la mayoría de los cuales ejercen sus funciones en otras comunidades, teniendo en cuenta que un día después, el 29, todos los vocales deben permanecer en Madrid para asistir al Pleno ordinario.

El escrito lo suscribieron siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona; si bien otros vocales también creían necesario responder a los planes del gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo. Los citados vocales realizaron su al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ, que señala que el CGPJ «deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales».

La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones excepto Jueces para la Democracia y también en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ. A ello se añade el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

La limitación de los precios del alquiler se retrasará por la pandemia

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado que la limitación de los precios del alquiler tendrá que esperar a que se despejen «todas las incertidumbres» que arroja la pandemia en el mercado de vivienda. En rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal, Ábalos ha reconocido que este compromiso forma parte del acuerdo programático de Gobierno y hay que cumplirlo, la cuestión es «cuándo».

Ábalos ha insistido en que en la situación actual de pandemia el mercado «no se comporta de forma normal» y por tanto es importante tener un análisis más adecuado del mercado para ver cómo se plantea. Ha informado de desde su Ministerio se ha sacado a debate público el anteproyecto de ley de Vivienda Estatal, «será la primera ley de vivienda estatal de la democracia» y puede ser, ha dicho, el marco jurídico en el que encaje este instrumento.

Por ello, el ministro ha considerado que habrá que esperar a que se despejen incertidumbres y a ver cuál es el encaje jurídico más adecuado en esa ley estatal. También se ha referido a los presupuestos y ha dicho que se está trabajando «a todos los niveles con otras formaciones políticas». El ministro ha asegurado que será un proyecto de ley «muy participado» que intentaran presentar «en el menor tiempo posible».

La CEOE pide al Gobierno que no renuncie a los 70.000 millones en créditos europeos

El Gobierno ha comunicado a Bruselas a través del plan Presupuestario que en los próximos tres años las inversiones ligadas a los fondos del plan de recuperación New Generation UE se limitarán a los 70.000 millones de euros de transferencias directas, ayudas a fondo perdido, y que pospondrá el uso de los créditos -con condicionantes- por otros 70.000 millones, al trienio 2023 a 2026. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, precisó este lunes en RNE que sólo recurrirán «si es necesario pedir créditos más adelante, en una segunda fase».

Un escenario que no gusta a los empresarios. Fuentes de la CEOE dicen que «es importante aprovechar la totalidad de recursos disponibles de fondos europeos, tanto los de fondo perdido como vía créditos. De hecho, ambas ayudas son complementarias y no sustitutivas si ambos recursos se destinen a financiar proyectos empresariales transformadores y capaces de generar recursos». Matizan que el sector financiero puede agilizar la instrumentación de las ayudas financieras, como hizo con los avales ICO, frente a las rigideces de la ley de contratos públicos o la ley de subvenciones.

Desde Cepyme consideran que los 140.000 millones de la UE es un apoyo esencial para reactivar la economía, aunque remarcan que el reto es lograr la total ejecución de los fondos. «Nos parece oportuno adelantar una parte para 2021, pero todavía no se conocen exactamente los proyectos y cómo se van a canalizar. Pero creemos indispensable que llegue a las pymes porque si no se quedará fuera la mayor parte del tejido empresarial».

Una posición que suscriben las grandes organizaciones territoriales. Salvador Navarro, presidente de la CEV de la Comunidad Valenciana, considera que deberían aprovecharse todos los recursos que «este mismo Gobierno ha estado defendiendo ante las instituciones europeas y, salvo que existan impedimentos de índole fiscal u operativo, iniciar su gestión a la mayor brevedad posible». Navarro señala que hay suficientes proyectos públicos, privados y público-privados susceptibles de ser financiados, bien a fondo perdido, bien por la vía de préstamo. Así, toda financiación supone una gran oportunidad».

En esta línea, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, declaró a Canal Sur que «no estamos para renunciar a ningún dinero en España», y agregó que los 140.000 millones estaban «asumidos por la sociedad, por las entidades financieras, por el FMI y por el BCE». Y añadió que incluso los 140.000 concedidos a España «se van a quedar hasta cortos». «Ese dinero lo necesita España», insistió.

Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña Ceim, tilda de preocupante no usar los créditos comunitarios cuando las necesidades de la economía para afrontar su transformación son superiores a los 140.000 millones. «No entendemos que el Gobierno pueda plantear esa renuncia y es un poco más de este desconcierto que nos produce que el Gobierno no haya anunciado cuáles van a ser los procedimientos para acceder a los fondos, ni que haya renunciado a una Agencia Independiente para gestionarlos».

Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, considerar «lógico» que el Gobierno priorice los fondos no reembolsables para los tres próximos años, dado el elevado nivel de endeudamiento que «estamos asumiendo». Dadas las favorables condiciones del mercado, el Tesoro está financiándose a bajo coste, «por lo que es previsible que solo recurriría a los préstamos europeos, que requieren condicionalidad, si esas condiciones empeoraran», dice Bonet.

Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pich, apunta tres variables a tener en cuenta. La evolución de la pandemia, la compleja manera de hacer las cosas de Bruselas y la necesidad de dar una imagen de seriedad y capacidad para gestionar tal cantidad de fondos. Algo que, en opinión de Pich, no está cumpliendo España. Considera que estas dudas deben despejarse, pero señala que los españoles están descontando que la crisis continuará en 2021, y ante esta perspectiva considera que «se deberían usar todos los recursos».

Guindos: "Es vital que la retirada de los estímulos sea acompasada para evitar el efecto precipicio"

El vicepresidente del BCE reclama una retirada «pausada y acompasada» de la retirada de estímulos para evitar un efecto «precipicio» en la economía. También avisa de que existe riesgo de liquidez en Europa por los reembolsos de los fondos de inversión

El BCE pide instituciones fuertes para superar la crisis de la pandemia. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha advertido de que la recuperación económica ha perdido intensidad por los rebrotes en la mayoría de los países europeos y ha reclamado instituciones y una gobernanza «de calidad» para superar la mayor caída de la actividad desde la Segunda Guerra Mundial.

«Hay divergencias importantes por países tanto en la caída del segundo trimestre como en la recuperación. No es un tema baladí. Los países que se comportan mejor son los que tienen mejores instituciones y una gobernanza de calidad», ha explicado Guindos durante el XI Encuentro Financiero organizado por EXPANSIÓN y KPMG. Para el vicepresidente del BCE, que no se ha referido a ningún país en concreto, es «básicos» que en estos momentos los países «inviertan» en mejorar sus instituciones.

En este sentido, Guindos ha esgrimido que en tiempos de elevada incertidumbre como el actual, con una ola de rebrotes en la mayoría de los países de la zona común, se requiere de una política económica «muy predecible». Con este argumento para afrontar la crisis, el vicepresidente del BCE ha reclamado a los distintos Gobiernos una retirada «gradual y acompasada» de las ayudas, como las moratorias y los avales públicos para sostener la financiación hacia la economía. «Resulta de vital necesidad que la retirada de estímulos sea de forma pausada y aquilatada a la evolución económica para evitar el efecto precipicio», ha afirmado. El vicepresidente del BCE ha alertado de que una retira «rápida» de los estímulos para combatir la pandemia podría provocar una «caída brusca» de la actividad, si bien también ha advertido de efectos negativos si las ayudas se mantienen en el tiempo.

Entre las incertidumbres detectadas por la pandemia, Guindos ha avisado de que existe riesgo de liquidez en Europa por los reembolsos de los fondos de inversión. De hecho, ha recordado que en marzo se produjeron importantes salidas de fondos que generaron una tensión de liquidez en el sistema, sólo aminorada por la actuación de los supervisores. «Pero la situación no ha mejorado desde el punto de vista de liquidez», ha subrayado, para después reclamar a futuro un marco de actuaciones macroprudencial sobre el sector financiero no bancario, que cada vez adquiere mayor importancia para financiar la economía.

Otra de las preocupaciones que centrará la labor del BCE es la baja rentabilidad del sector financiero europeo, que se ha reducido del 5% de media al 2% por la pandemia. En este sentido, ha detectado una correlación entre la rentabilidad y el nivel de provisiones, de forma que los bancos más rentables son los que mayores esfuerzos han realizado para cubrir el deterioro de las carteras de crédito. «La baja rentabilidad impide ir al mercado de capitales, dificulta la generación orgánica de capital y puede llevar a una situación en la que las provisiones no sean las adecuadas», ha avisado.

También ha subrayado la caída de ingresos por intereses, sobre todo en España e Italia, y ha insistido en pedir más fusiones. «La necesidad de reducción de costes y de la capacidad instalada es incluso más necesaria que antes de la pandemia. Pero es un instrumento, no es una finalidad en sí misma», ha defendido.

El euríbor a 12 meses sigue cuesta abajo y sin frenos

En lo que va de octubre ha vuelto a registrar nuevos mínimos históricos. En tasa diaria ha llegado a marcar el -0,472% y la media provisional del mes se sitúa en el -0,461% frente al -0,415% de septiembre y al -0,304% de hace un año. El índice de referencia de la mayoría de las hipotecas se aproxima al -0,50%, un umbral que teóricamente actuaría de suelo según los expertos, dado que es ahí donde se sitúa la tasa de depósito que cobra el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades.

Aunque se prevé que el tipo hipotecario por excelencia continúe en negativo durante un tiempo prolongado por el exceso de liquidez en el sistema financiero gracias a los estímulos del BCE, los analistas ven difícil que pueda rebasar el límite del -0,5%. Sin embargo, no es imposible. De hecho, el euríbor a tres meses ya ha perforado ese nivel y se sitúa en el -0,511%.

“Es complicado que el euríbor supere la barrera del -0,5%, ya que es el nivel al que están penalizadas las reservas que los bancos depositan en el BCE. Los bancos utilizarían el dinero de sus reservas antes que acudir al mercado interbancario a unos tipos menos ventajosos”, sostiene Joaquín Robles, de XTB.

En septiembre de 2019, el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, recortó la tasa que cobra a los bancos por sus depósitos del -0,40% al -0,50%, donde se encuentra desde entonces. Ahora, con la pandemia del coronavirus golpeando las economías, la institución dirigida actualmente por Christine Lagarde, está dispuesta a aumentar las medidas de alivio monetarias puestas en marcha para apoyar la recuperación de la zona euro, según ha reiterado en varias ocasiones.

Lagarde pide que los fondos europeos se desembolsen a comienzos de 2021 y que sean un vehículo permanente

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se ha sumado a las voces que claman porque el bazuca de los 750.000 millones de euros para la recuperación europea arranque en 2021 por el bloqueo de la negociación entre las capitales europeas. «El objetivo de la Comisión es que se pueda pagar a comienzos de 2021 y debe cumplirse absolutamente», ha asegurado en una entrevista al diario Le Monde.

«Es crucial que este plan excepcional, que ha levantado importantes tabúes en ciertos países, sea un éxito», subrayó Lagarde, quien aseguró que “la pelota está en el campo de los Estados», dado que son primero los países los que deben presentar los proyectos para que el Ejecutivo comunitario los examine y apruebe. Lagarde alerta del riesgo de que el plan de recuperación se pierda «en los dédalos administrativos» y no llegue a la economía real para lograr una orientación más digital y verde.

La dirigente francesa ha abierto la puerta además a que el fondo europeo para la recuperación se mantenga una vez se recuperen los estados miembros de la pandemia. «Deberíamos discutir la posibilidad de que permanezca en la caja de herramientas europea para que pueda ser utilizado de nuevo si surgen circunstancias similares», ha afirmado para añadir que «espero que también haya un debate sobre una común herramienta presupuestaria para la zona del euro. Sobre la mesa está la opción de que este fondo adquiera el carácter de permanente, algo que países como Holanda rechazan frontalmente, toda vez que la reclamación de un presupuesto de la zona euro no logra el visto bueno de los estados.

Lagarde también recordó que, llegado el caso de un agravamiento de la situación, el BCE no ha agotado todas sus herramientas y «si hay que hacer más, haremos más», ha insistido en un mensaje que distintos miembros del banco central han retirado en la última semana, a medida que el avance de la pandemia en Europa ha forzado a los países a aplicar nuevas restricciones de movilidad que han dañado las expectativas económicas.

«Desde el rebote que vimos durante el verano, la recuperación ha sido desigual, incierta e incompleta y ahora corre el riesgo de perder impulso», reconoce Lagarde. «Vigilaremos de cerca los indicadores durante todo el otoño”, ha añadido.

Por el momento, el BCE prevé una contracción del PIB de la zona euro del 8% este año. Lagarde reconoce que la crisis del Covid-19 tendrá un efecto a largo plazo especialmente en la pérdida de empleo, de ahí que «nos parece esencial que las redes de seguridad puestas en marcha por los gobiernos durante esta crisis no se retiren de forma prematura», asegura en referencia a las ayudas a los ERTE aplicadas por varios países.

El Gobierno aprobará la oferta de empleo público de 18.266 plazas sin el apoyo de los sindicatos

El Gobierno ha fijado la oferta de empleo público de este año para la Administración General del Estado (AGE) en 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que previsiblemente aprobará la próxima semana pese a no haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos (CSIF, CCOO y UGT), ya que estos consideran dicha oferta «insuficiente» por no cubrir las necesidades estructurales y ser un 7,3% inferior a la del año pasado (19.688 plazas), poniendo en riesgo la «viabilidad» del Estado.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha trasladado su propuesta definitiva de oferta de empleo público para 2020 en una reunión en la que se ha cerrado la negociación sin acuerdo con los sindicatos, por lo que convocará en los próximos días la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas con la intención de aprobar la oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.

Según los sindicatos, la última y definitiva propuesta del Gobierno es una OEP de 18.266 plazas (9.270 plazas de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna), que supone una mejora de 3.030 plazas respecto a la última propuesta del pasado viernes, que era de 15.236 plazas (8.061 de acceso libre y 7.175 de promoción interna), si bien los sindicatos la han rechazado al seguir siendo inferior en 1.422 plazas a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna).

Desde CSIF han denunciado que se pierde empleo y se rompe la tendencia de las dos últimas ofertas, al no cubrir ni siquiera las necesidades estructurales de la AGE, que en los diez últimos años ha perdido 43.377 empleos, según han indicado fuentes del sindicato. Además, desde CSIF recuerdan que el 19% de la plantilla de la AGE tiene más de 60 años y está por tanto a las puertas de la jubilación, por lo que avisan del riesgo de «colapso» en la AGE, en un momento de saturación en el SEPE y la Seguridad Social. CSIF ha planteado un plan plurianual si bien ha caído «en saco roto».

De igual forma, CC.OO. no comparte ni el volumen ni la distribución de la OEP de 2020 del Gobierno, al considerar que Función Pública «vacía el Convenio Único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía».

En este sentido, CC.OO. explica que en 2019 se produjeron 8.708 bajas, fundamentalmente por jubilaciones, si bien la OEP propuesta es de 9.270 puestos, por lo que «se pierde intensidad en la recuperación del empleo público, con un incremento sobre las bajas del 6%», y en su lugar exige una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, de un 26% sobre la tasa de reposición.

Con respecto a la distribución en grupos, critica que la propuesta «descapitaliza el cuerpo auxiliar y el personal laboral», efectivos que, en un volumen importante, prestan el servicio público de atención directa a la ciudadanía. En su lugar, propone evaluar las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, y sobre estos dos análisis, desarrollar un modelo de Administración y adecuar la OEP a estas necesidades, así como impulsar una OEP extraordinaria reconociendo los déficits de personal en determinados ámbitos demandados por la ciudadanía -SEPE, Seguridad Social, investigación, AEMPS, extranjería y documentación o Instituciones Penitenciarias-.

«La posición cerrada de Función Pública dinamita la posibilidad de acuerdo, y da por finalizada la negociación», señala CC.OO., que entiende que el Gobierno «tiene margen para desarrollar una OEP que refuerce los servicios públicos y que dé respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía»

La tasa de españoles que puede teletrabajar durante la pandemia dobla a la de los inmigrantes

Cerca del 27% de los nativos españoles pudieron realizar durante los meses de confinamiento sus tareas y trabajos desde sus hogares, una cifra que dobla al porcentaje de inmigrantes en suelo español que pudieron teletrabajar (13%) durante el mismo periodo. Los datos se desprenden del último informe anual sobre migraciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado este lunes.

En el documento se observa una tónica relativamente similar en todos los países que componen la organización, con Hungría, Portugal y Eslovaquia como únicas regiones en las que los inmigrantes pudieron trabajar a distancia en mayor porcentaje que los nativos. España, Italia y Grecia, por su parte, presentan las mayores brechas entre nativos y foráneos.

Como recuerdan desde la OCDE, «los inmigrantes concentran las ocupaciones esenciales que no se pueden realizar desde casa, por lo que es menos probable que puedan teletrabajar. En las tres cuartas partes de los países de la OCDE, la proporción de inmigrantes capaces de teletrabajar está al menos cinco puntos porcentuales por debajo de sus homólogos nativos».

Así, explica el informe, los extranjeros representan más de la mitad de todos los trabajadores de servicios domésticos en el sur y centro de Europa y en países como Canadá. También es más probable que vivan en alojamientos deficientes (23% frente al 19%) y en el doble en viviendas superpobladas (17% frente al 8%).

Esta realidad laboral, prosigue la OCDE, hace que los inmigrantes se enfrenten a una serie de vulnerabilidades particulares. Por un lado, «tienden a estar sobrerrepresentados entre los empleados con contratos temporales, especialmente en los países europeos y asiáticos». Los inmigrantes también tienden a tener menor antigüedad y mayores ratios de contratación en sectores cíclicos, y de manera más general, los empleadores tienden a ser más selectivos durante los periodos de crisis, provocando que aspectos como la barrera idiomática se utilicen para «descartar las solicitudes de trabajo extranjeras».

Por todo ello, y según los datos que ha recopilado el organismo que dirige Ángel Gurría, los cambios en las tasas de desempleo de nativos y foráneos, comparando el segundo trimestre de 2019 con el mismo periodo de 2020 -en plena expansión de la pandemia-, evidencian que la pérdida de puestos de trabajo se ha cebado en general con la población migrante, con algunas excepciones como las registradas en Reino Unido o Dinamarca.

Calviño dice que el PIB crecerá un 13% en el tercer trimestre

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el PIB español se expandirá un 13% en el tercer trimestre, pero que en el cuarto trimestre el crecimiento será más lento.

En declaraciones a RNE, Calviño ha reconocido que la economía atraviesa un momento de «altísima incertidumbre», que continuará en 2021, y ha confiado en que crecerá en el cuarto trimestre gracias a que los indicadores positivos son más numerosos que los negativos. Aunque no ha dado cifras, sí ha asegurado que el PIB aumentará por encima del 1,5 % que apuntan algunos organismos.

De cara al próximo año, ha subrayado la necesidad de aprobar con el máximo apoyo posible los Presupuestos, ya que incorporarán 27.000 millones de euros de inversiones asociadas a los fondos europeos que se pondrán en marcha lo antes posible, incluso aunque la llegada de recursos se retrase.

Ha recordado que el plan del Gobierno pasa por utilizar en una primera fase los 72.000 millones de transferencias, que hay que ejecutar entre 2021 y 2023, y luego recurrir a los créditos, cuyo plazo de utilización es mayor, de seis años.

Calviño se ha mostrado muy satisfecha con el acuerdo alcanzado sobre el fondo de recuperación europeo y ha asegurado que considera lógico que el acuerdo incluya condiciones sobre inversiones y reformas. «No hay que verlo como un elemento negativo. Las reformas recomendadas están muy alineadas con la agenda de nuestro Gobierno», ha admitido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno espera que no sea necesario que ningún país ponga freno a lo acordado porque no se cumplan los requisitos exigidos a los países a los que se ayuda, y ha recordado que «en los últimos dos años, la agenda política de este Gobierno ha estado muy orientada a esas reformas de futuro» que «son transformaciones estructurales que pueden mejorar el crecimiento en el futuro y la situación y solidez de nuestro país desde un punto de vista social».

Calviño ha desligado este lunes la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretendida por el PSOE y Unidas Podemos de la llegada a España de los fondos europeos. Ha instado al Partido Popular a retomar el diálogo con el Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo que, hace unos meses, estaba «prácticamente cerrado». «Es obligación de todos hacer el camino y garantizar un entorno de trabajo constructivo», ha apuntado.

Así, Calviño ha insistido en que los países con mejor imagen en la UE son aquellos en que las «instituciones van bien», y ha descartado una pérdida de confianza por una reforma en la que se plantean «cambios legislativos que son perfectamente correctos».

Las exportaciones caen un 14% hasta agosto y el déficit comercial desciende un 54,6% hasta 9.616 millones

El déficit comercial alcanzó los 9.616 millones de euros hasta el mes de agosto, lo que supone un descenso del 54,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta caída es consecuencia del descenso tanto de las exportaciones, que bajan un 14% en los ocho primeros meses del año por el impacto del Covid-19 en la economía, hasta los 165.151 millones; como de las importaciones, que, con 174.767 millones, se reducen un 18,1% en el mismo periodo.

Asimismo, la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 94,5%, frente al 90,1% en enero-agosto de 2019, con datos provisionales. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que el contexto internacional e «complejo» y el impacto de la pandemia se sigue reflejando en algunas regiones y sectores. Aun así, subraya que se sigue reduciendo el déficit comercial y se aprecian algunos «indicios esperanzadores» en la exportación.

Por sectores, la alimentación mantiene su «buen comportamiento» y el sector automóvil acumula ya tres meses de crecimiento», resalta Méndez, que añade que, por destinos, el principal mercado para España, la zona euro, prácticamente han recuperado su nivel de hace un año y continúan creciendo las exportaciones a un mercado con enorme potencial, como es China.

El FMI insta a impulsar reestructuraciones en los países con niveles insostenibles de deuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el elevado nivel de deuda global que está provocando la pandemia del Covid-19, y que prevé roce el 100% del PIB mundial a finales de este año, urge a impulsar desde ya medidas como la aprobación de reestructuraciones para aquellos países con niveles de deuda insostenibles. Así lo ha manifestado la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, defendiendo la necesidad de impulsar cuanto antes quitas o condonaciones de deuda en los países donde el volumen a deber alcance umbrales inmanejables.

Georgieva ha subrayado la importancia de acuerdos como el alcanzado esta semana en el seno del G-20 para suspender durante seis meses el cobro de deuda a países en vías de desarrollo, pero ha considerado que estas iniciativas son insuficientes. El acuerdo fue adoptado el pasado miércoles, cuando se prorrogó hasta mediados de 2021 luna moratoria aprobada en mayo hasta finales de año para dar un respiro a las naciones con mayores tensiones de liquidez. El pacto, que beneficia a los 73 países más pobres del mundo, ha sido aprovechado de momento por 42 de ellos.

«Estamos ganando algo de tiempo, pero tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos acciones mucho más decisivas por delante», aseveró, según recoge Reuters, instando a acreedores y deudores a comenzar a negociar reestructuraciones de la deuda sin demora. Las declaraciones de la directora gerente se han producido en un evento online organizado por un grupo de exresponsables políticos y académicos de los países del G-30.

Tomar medidas demasiado tarde, o no llevarlas suficientemente lejos, ha advertido, arrojará una costosa factura para el mundo, cuyos niveles de deuda se sitúan en cotas históricamente altas como consecuencia de la elevada factura de hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Las palabras de Georgieva llegan solo unos días después del que el FMI advirtiese, con motivo de la publicación del informe de situación fiscal internacional de otoño, de que la deuda mundial se encamina a saltar de un tamaño equivalente al 83% del PIB mundial a un 98,7% a cierre de este año. Ya entonces, el FMI reclamó la necesidad de los países comiencen a elaborar planes de consolidación fiscal a medio plazo y se planteen la posibilidad de elevar impuestos a empresas con elevados beneficios y rentas altas para ir pagando la factura de la crisis del Covid.

Más de 300.000 trabajadores se irán al paro antes de fin de año

Más de 300.000 trabajadores se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre al decaer el compromiso de empleo de seis meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros ERTE por la pandemia, según cálculos del presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago.

«Prevemos que haya una gran cantidad de despidos en los próximos meses porque está empezando a decaer ese compromiso, abriéndose la veda del despido», afirma Santiago, que indica además que un porcentaje elevado de los trabajadores que se irán al paro hasta fin de año se debe al vencimiento de dicha limitación jurídica y otro porcentaje obedece a que la última prórroga de los ERTE no mantuvo las exenciones para todas las empresas que ya se encontraban en un procedimiento de fuerza mayor, sino sólo a las de determinados sectores.

Estos más de 300.000 trabajadores que pasarán a engrosar las listas del desempleo hasta final de año, incluyen 150.000 empleados a cargo de trabajadores por cuenta propia, ya que, según Santiago, «por cada dos autónomos que caen, se destruye un puesto de trabajo» y la previsión es que desaparezcan hasta 300.000 negocios.

Los Gestores Administrativos apoyan estas cifras en el Barómetro de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que alerta de que 300.000 autónomos cerrarán este año, con los sectores del turismo y la hostelería como los más afectados, y de que los cerca de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia facturarán la mitad este 2020 que en 2019.

Pero todo esto, precisa el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, sólo sería el primer tramo de despidos que están por venir, pues, según explica, habrá un segundo tramo de despidos hacia febrero-marzo tras producirse la apertura judicial de los concursos de acreedores que el Gobierno ha ido trasladando en el tiempo y un tercer tramo cuando las empresas que se acogieron a créditos ICO tengan que devolver el principal.

Todo ello, señala, sin contar los efectos sobre el empleo de las restricciones que se están tomando a nivel autonómico para hacer frente a la pandemia, con reducciones de aforo en la hostelería o incluso el cierre de locales.

A estas cifras cabe añadir los despidos que se producirán a principios de año al decaer la prohibición general al despido procedente para todas las empresas, aunque no estén en ERTE, que la última prórroga de los ERTE más allá de 30 de septiembre ha extendido hasta 31 de enero. Se trata del veto al despido procedente por causa económica Covid. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos reúne cerca de 6.000 gestorías en todas las comunidades autónomas, que tramitan el 15% de los ERTE, en gran parte, de pymes.

La pandemia provoca una montaña de deuda global que golpeará en el futuro

Más allá del terrible peaje a nivel de muertes, la pandemia de la Covid-19 también ha provocado una enorme montaña de deuda pública global, que los países deberán hacer frente en el medio plazo, debido a la continua presión de liquidez y el alto gasto público para contener los efectos de la crisis sanitaria. La situación ha ocasionado que, por primera vez en la historia, la deuda soberana global haya igualado el tamaño de la economía mundial, creando un nivel de incertidumbre «desconocido», según expertos.

«La crisis de la COVID-19 ha devastado la vida de las personas, sus trabajos y negocios. Los Gobiernos han tomado medidas enérgicas para amortiguar el golpe, por un total de 12 billones de euros en todo el mundo», apuntó esta semana el Fondo Monetario Internacional, que dijo que estas medidas fiscales «han salvado vidas» y empresas, pero también han resultado muy «costosas».

Pese a la contracción de la economía mundial, que caerá un 4,4 % en 2020, la pandemia no ha generado un cambio de ciclo en cuanto a deuda, sino que ha exacerbado la fase de endeudamiento y la ha convertido en más densa. Pero a este escenario se ha llegado después de una década en la que «la recaudación de impuestos a nivel global se ha estancado, se han reducido algunos tributos y las regiones con tasas más bajas de colecta impositiva se han mantenido estables o planas», según Jaime Atienza, responsable de políticas de deuda de Oxfam Internacional.

Esto se ha sumado al alto nivel de endeudamiento, que se debe principalmente al factor oferta, con un embolsamiento de liquidez «muy grande» en el sistema financiero global, y a las continuas emisiones de deudas en países emergentes y economías de ingresos bajos. «Algunos países que ya estaban en tensión han tenido problemas inmediatos, como los más pobres; y otros, como los europeos o EE.UU., tienen márgenes para seguir endeudándose, pueden emitir moneda y mantener un escenario de tipos bajos», detalló Atienza.

Por otro lado, los países más pobres del mundo enfrentan una situación común: la devaluación de su moneda provoca que el coste de sus bonos crezca, creando un escenario «muy complicado» en el medio plazo. Un informe publicado este lunes por el Banco Mundial (BM) revela que la deuda entre los países más pobres aumentó un 9,5% hasta los 744.000 millones de dólares en 2019 con respecto al año anterior, lo que, a juicio del presidente de la multilateral, David Malpass, evidencia la necesidad «urgente» de actuar, especialmente con la crisis provocada por la pandemia.

La Seguridad Social recaudará unos 2.000 millones de euros adicionales al año con el nuevo sistema de cotización para autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la Seguridad Social ingresará unos 2.000 millones de euros al año adicionales con el nuevo sistema de cotización para los autónomos en función de los ingresos reales. Así lo indicaron fuentes de la organización después de que esta semana se haya producido la primera reunión entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones ATA, UPTA y Uatae para presentar la propuesta del nuevo sistema.

En concreto, el Ministerio plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia con rendimientos de actividades económicas elijan su base de cotización en función de sus previsiones de ingresos y regularizar sus cuotas un año después, de manera que podrán recibir el exceso de cotización pagado o abonar si hay defecto. Además, los autónomos podrán cambiar de tramo hasta cuatro veces al año para ajustarlo a sus rendimientos.

Actualmente, la mayor parte de los autónomos (sin perjuicio de tener acceso a determinadas deducciones) eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, con independencia de sus ingresos. Según los cruces que ha realizado el Ministerio con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE) y más de la mitad de ellos tuvieron unos rendimientos menores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que su cuota sería menor que la actual con el nuevo sistema.

En cambio, aproximadamente a un 30% de los autónomos se le incrementaría su base mínima de cotización actual, según los cálculos de UPTA. Del nuevo sistema quedarían excluidos los autónomos societarios, familiares colaboradores y religiosos. Desde UPTA apuntan que hay margen para negociar el cambio en el sistema y que entre en funcionamiento entre 2021 y 2022.

Programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)

Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020) se forma a través catorce artículos regulados en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Con la nueva Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, que entró en vigor el pasado 18 de octubre, se desarrolla el Plan Ronove 2020 para adaptarlo y mejorarlo ante las numerosas consultas procedentes de asociaciones, empresas y ciudadanos que han sido depositadas en el buzón oficial habilitado a tal efecto en el portal web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y contribuir con ello a que las gestiones de las solicitudes se realicen de manera más ágil y eficaz.

El programa pretende la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, correspondientes al «Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)», consistente en incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, y permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.

Subvenciones

Las subvenciones que se conceden lo son para la adquisición en España de los vehículos a los que se refieren las categorías detalladas en el anexo II del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de
julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Con la nueva Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, los vehículos que son susceptibles de ser subvencionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se trate de vehículos nuevos procedentes de fábrica, matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda. Las subvenciones se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de arrendamiento (renting –también llamado leasing operativo– o leasing financiero). En los casos de renting, la empresa arrendadora deberá adquirir el vehículo nuevo de un concesionario o punto de venta en España, matricularlo a su nombre, y posteriormente arrendarlo al beneficiario de la ayuda. Además, la fecha de factura de compraventa y fecha de matriculación tendrá que ser del 15 de junio de 2020 o posterior. El pago del precio del vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser realizado igualmente el 15 de junio de 2020 o posteriormente.

2. Que se adquiera de manera directa un vehículo seminuevo que previamente haya estado en posesión de un concesionario o punto de venta en España y esté matriculado en España por primera vez a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020 pues no se admiten los vehículos que hayan sido matriculados con anterioridad a dicha fecha. Además, y al igual que un vehículo nuevo, la fecha de factura de compraventa ha de ser igual o posterior al 15 de junio de 2020 y, el pago del precio del vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser realizado igualmente en esa fecha o con posterioridad a ella.

3. Que se adquiera un vehículo nuevo procedente de fábrica o transformado y garantizado bajo el control del fabricante o transformado y garantizado bajo el control del mismo a través de su red autorizada homologado como GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas y, que esté matriculado por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de renting, en los que podrá estar matriculado a nombre de la empresa de renting.

Duración del Plan Renove

Siempre que no se haya agotado el presupuesto del programa, el período de duración para la presentación de las solicitudes de ayudas que permiten realizar la reserva, se entiende establecido desde el 15 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. De manera que co con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no será posible presentar nuevas solicitudes y solo se admitirá la documentación justificativa correspondiente de la operación. Igualmente, a las 00:00 horas del 01 de enero de 2021 quedarán anulados todos los expedientes en lista de espera.

Formalización y presentación de solicitudes

En el caso de que el solicitante sea una persona física, los concesionarios, puntos de venta en España y agencias de venta podrán facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda, si el solicitante así lo requiere. Para ello, deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada. Asimismo, el interesado podrá nombrar un representante para la realización de la solicitud y gestión de la documentación, que deberá estar autorizado a tal efecto.

Los concesionarios, puntos de venta en España, agencias de venta y empresas de renting y leasing podrán así mismo ser representantes a estos efectos, acreditando dicha condición mediante la presentación de la autorización correspondiente.

Con posterioridad al dictado de la resolución de concesión, se procederá al pago de la ayuda al beneficiario por una cuantía que deberá coincidir con el indicado en la solicitud. Los pagos se realizarán mediante transferencia a una cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el cuestionario de solicitud o, en el caso de operaciones de renting, se realizará a la empresa de renting mediante transferencia a una cuenta bancaria a su nombre.

BOE:

El 86% de los jueces afirma no haber sido presionado en sus decisiones judiciales

Los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la Justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83%- cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99% de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces/zas y magistrados/as en activo -la muestra supone casi el 20% de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales. Según explica una nota remitida por el CGPJ, la encuesta revela que los jueces españoles comparten un mismo sentido de la profesión: el 92% cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98% siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos.

En cualquier caso, el 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales. El porcentaje desciende hasta el 72% cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9% responde que «con frecuencia» se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.

Aun así, el 84% de los integrantes de la Carrera Judicial dice que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles. La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90 %) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.

Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción. Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

El PSOE retiraría la propuesta de Ley para renovar el CGPJ si llega a un pacto con el PP

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha avanzado que su partido estaría dispuesto a retirar la proposición de Ley que ha registrado con Unidas Podemos en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP se aviene a llegar a un pacto. En declaraciones a los medios de comunicación vía telemática, Narbona ha reiterado la oferta de negociación que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, para renovar el CGPJ, aunque signifique «incluso concesiones».

«Como ha dicho el presidente estamos dispuestos a que exista una aprobación que signifique incluso concesiones, pero en ningún caso pueden deslegitimar a un Gobierno plenamente legítimo…y quien lleva la negociación es el ministro de Justicia», ha puntualizado. Narbona ha apelado al diálogo y ha pedido a Casado que «esta vez sí» se pueda acabar con el bloqueo y abrir un espacio de diálogo para llegar a un acuerdo -que ha insistido- «estuvo a punto de producirse antes de este verano y que por razonas que desconocemos abandonó el PP».

«Esperamos que esta vez Casado sea capaz de alcanzar un acuerdo con el PSOE que supondría retirar la proposición de Ley presentada hace unos días (en el Congreso)», ha anunciado. Por otra parte, la presidenta del PSOE ha instado al líder del PP a no generar inquietud y recelos hacia la democracia de España en Europa y ha criticado que Casado pretenda deslegitimar el país precisamente cuando están pendientes de desbloquearse los fondos de reconstrucción europeos que son fundamentales.

«Que en lugar de hacer esta acción tan poco patriótica se dedique a hacer limpieza dentro de su propio partido», ha dicho tras señalar que aún están pendientes las sentencias de la operación Kitchen y de la Gürtel en su vinculación con la existencia de una posible caja B en el PP.