El precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que, si la elasticidad histórica del precio de la vivienda respecto al PIB se mantiene, el precio de la vivienda subirá un 2,5% en 2020 y se mantendrá en 2021. Así se recoge en el último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, en un artículo que analiza el sector inmobiliario y la financiación relacionada con este, en un contexto de ralentización económica, recordando que la burbuja inmobiliaria y el riesgo financiero por la vía del crédito se convirtieron en el principal factor de la crisis.

A este respecto, el artículo, firmado por Carlos Ocaña Pérez de Tudela y Raymond Torres, ve probable que la pérdida de ritmo del mercado de la vivienda se deba a la desaceleración de la economía y no al pinchazo o estallido de una burbuja. Por otro lado, señala que no se observan los desequilibrios que condujeron a la anterior crisis por lo que, tras varios años de recuperación, puede producirse un ajuste limitado, provocado en buena medida por la moderación de la demanda.

En esta línea, prevé que tanto los precios como el volumen de transacciones inmobiliarias se moderarían en los próximos años, sin caer de manera significativa, salvo en aquellos núcleos urbanos donde se había producido una sobrevaloración. Por todo ello, concluye que esta tendencia a la ralentización del mercado de la vivienda no tendría gran repercusión ni sobre la economía ni sobre los balances bancarios.

De hecho, para los autores la situación no es equiparable a la de hace 10 años porque los precios son casi un 20% inferiores al máximo alcanzado antes de la crisis. Además, apuntan que el esfuerzo de los hogares para devolver las hipotecas y pagar los intereses se acerca al 33% de la renta disponible, muy por debajo de 2008, cuando superaba el 50%; y que no existe una burbuja de crédito hipotecario.

Por último, sostienen que tampoco el peso del sector inmobiliario en la economía avisa de situaciones de sobrevaloración o de riesgo de impagos porque la inversión en construcción, que llegó a superar el 20% del PIB, ha caído a la mitad. Y el empleo en el sector ha pasado del 11,8% del empleo total al 6,3%, un valor próximo a la media europea.

El Banco de España eleva a 65.725 millones el rescate a la banca

El Banco de España ha elevado en 1.376 millones de euros el coste del rescate del sistema financiero español y ha revisado a la baja la capacidad del erario público para recuperar las ayudas concedidas a la banca para sanearse o integrar las ruinosas cajas de ahorros.

En concreto, el supervisor nacional cifra ya en 65.725 millones de euros el coste del rescate a 15 entidades llevado a cabo por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) entre los años 2008 y 2012. Parte del incremento del coste del rescate está ligado al mayor pesimismo por parte del Banco de España sobre los fondos recuperables en el rescate de Bankia, que absorbió la mayor parte del proceso.

El informe publicado este miércoles reduce en 300 millones de euros la capacidad de recuperar las ayudas por la devaluación de las acciones de la entidad financiera. Este importe supone un 3% menos si se compara con los 9.857 millones de euros que el Banco de España veía potencial de recuperación al cierre de 2017.

Hoy Bankia cotiza a 1,68 euros por acción y la participación del Estado en el banco rondaría los 3.200 millones de euros, por lo que para obtener el importe previsto por el supervisor el valor de sus títulos tendría que multiplicarse por tres. Este escenario parece lejano en un contexto de tipos de interés negativos en Europa que lastra las cuentas de los grandes bancos y de amenaza de nuevos impuestos -e incluso de intervención del negocio en el caso concreto de Bankia- a nivel local.

El Estado español aportó al sistema financiero un total de 64.098 millones de euros tras recibir un crédito por parte de la Comisión Europea para reestructurar el sistema financiero. De esta cantidad, el país ha conseguido recuperar hasta ahora 5.150 millones mediante la venta de acciones de las entidades nacionalizadas o reembolsos.

El balance que hace el supervisor es bastante desolador porque solo espera recuperar 9.857 millones de euros por la venta del paquete del 63% de acciones que aún conserva en Bankia. Es decir, según estos cálculos la cantidad a fondo perdido destinada al sector financiero rondará a la conclusión del proceso los 67.723 millones.

Además de las aportaciones de capital realizadas al sector, el análisis cifra la cantidad de provisiones realizadas por el FROB y el FGDEC para hacer frente a los costes derivarse de las garantías concedidas en los procesos de integración y venta.

En el último año estas provisiones aumentaron en 890 millones por los cambios en los Esquemas de Protección de Activos (EPA) registrados en la CAM y en Unnim. Los fuertes incrementos de éstos últimos fueron ligeramente suavizados por la reducción de estas garantías en Catalunya Banc y Novacaixagalicia. Si se suman las aportaciones de capital y estas garantías, la cantidad total destinada al conjunto del sistema bancario superó los 78.000 millones de euros.

El BCE alerta: los tipos bajos pueden acarrear exceso de riesgos

El Banco Central Europeo ha avisado de los efectos secundarios de los bajos tipos de interés que, aunque apoyan la actividad económica, pueden incentivar un exceso de riesgo en algunos segmentos de la economía. En su informe de estabilidad financiera, publicación de carácter semestral, la entidad advierte sobre este potencial exceso de riesgo en algunas instituciones no bancarias, en empresas demasiado endeudadas o en el sector inmobiliario.

Luis de Guindos, vicepresidente de la institución, alerta así que esta asunción de riesgos merece «una continua y cercana monitorización». «Las autoridades deben usar todas las herramientas para afrontar la formación de estas vulnerabilidades», añade.

Al hablar de instituciones no bancarias, el BCE se refiere a fondos de inversión, compañías de seguros o fondos de pensiones, «entidades que están jugando un papel creciente en la financiación de la economía real». Éstas estarían elevando su exposición a los segmentos con mayor riesgo en la deuda soberana y corporativa. «En caso de súbitas variaciones en los precios de estos activos, los riesgos de liquidez y crédito, unidos al apalancamiento de los fondos de inversión, pueden llevar a estas instituciones a responder «de formas que pueden crear estrés en el sistema financiero»:

Los tipos de interés a largo plazo se han desplomado en los últimos meses ante el deterioro de las expectativas económicas, forzando a estos inversores institucionales a modificar la composición de sus carteras, ya sea para cuadrar vencimientos (las aseguradoras han tenido que comprar deuda de más largo plazo ante la caída de los tipos), ya sea para obtener rentabilidades.

También encuentra el BCE riesgos en las empresas. Los bajos costes de financiación están estimulando, asegura, el endeudamiento para las empresas con más riesgos. «Al tiempo, algunos mercados inmobiliarios siguen registrando subidas de precios». El BCE urge a las autoridades a tomar medidas preventivas (macroprudenciales) ante el afloramiento de estas vulnerabilidades.

Las actas de la Fed confirman que no habrá nuevas bajadas de tipos

La mayoría de miembros de la Reserva Federal (Fed) de EEUU considera que los tres recortes de tipos de interés llevados a cabo este año son suficientes y que las incertidumbres económicas globales se han «relajado algo» en las últimas semanas.

«Las incertidumbres asociadas con las tensiones comerciales, así como los riesgos geopolíticos se han relajado algo, aunque siguen siendo elevadas», señalaron los gobernadores regionales de la Fed en las actas de su última reunión de final de octubre, divulgadas este miércoles.

El documento subrayó la «resistencia» de la economía y que «las perspectivas generales son vistas como positivas». Después de tres recortes consecutivos, los tipos de interés de referencia en EE UU se encuentran actualmente en la horquilla entre el 1,5% y el 1,75%, y la «mayoría» de los miembros del banco central consideraron que no se necesitan otros ajustes en el precio del dinero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este lunes tregua a varios meses de críticas al jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al señalar que mantuvieron una reunión «cordial». Los insultos a Powell, al que Trump ha llamado entre otras cosas «enemigo» de Estados Unidos y le ha acusado de «no tener ni idea» de política monetaria, han generado incomodidad en los mercados financieros, dado que la independencia de los bancos centrales se considera uno de los elementos claves de la ortodoxia económica.

«Acabo de terminar una reunión muy buena y cordial en la Casa Blanca con Jay Powell de la Reserva Federal», informó Trump en su cuenta de Twitter. «Hablamos de todo, incluidos los tipos de interés, los de interés negativos, bajar la inflación, (la política monetaria) expansiva, la fuerza del dólar y su efecto en las manufacturas, el comercio con China, la UE y otros, etcétera», añadió.

Powell destacó que tanto él como los otros miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed «dictarán una política monetaria que apoye un empleo máximo y precios estables» y «tomarán esas decisiones basándose solamente en análisis cuidadosos, objetivos y no políticos».

Los empleados tienen derecho a descansar cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo

La Audiencia Nacional ha declarado que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de una pausa de cinco minutos para el descanso visual por cada hora de trabajo efectivo, independientemente de la distribución de jornada y horario.

Con esta reciente sentencia, el tribunal resuelve un conflicto colectivo del sector Contact center, donde Comisiones Obreras (CCOO) solicitó que se declare que, de acuerdo a los términos señalados en el artículo 54 del Contact center, por cada hora de trabajo se tiene derecho a cinco minutos de pausa por pantallas de visualización de datos (PVD).

Según el sindicato, es práctica común en el sector que a trabajadores a jornada partida se les dejen fracciones de tiempo «que no se contabilizan a efectos de pausas PVD”, por lo que debe condenarse a la empresa a “estar y pasar por dicha declaración”. Así, pone el ejemplo de trabajadores que ejercen cuatro horas y media en horario de mañana y tres y media en el de tarde, y que solo disfrutan de nueve pausas. El resto de organizaciones sindicales se adhirieron también a su petición.

La empresa, por su parte, alegó que para que se genere el derecho a disfrutar de las pausas se debe estar trabajando durante una hora continuada frente a las pantallas de visualización, algo que no sucede en el caso de los trabajadores a jornada partida que se denuncia. “El Convenio no preveía pausa alguna por fracción de hora”, explican.

Crisis demográfica de la función pública

La Administración civil del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes. Medidas que, en su conjunto, son vistas con buenos ojos desde el Ministerio de Función Pública.

Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera “inaplazable” su reformulación. Algo que pasa por adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. “Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones”, sostiene el presidente de Fedeca, Jordi Solé. Y si se evalúan competencias distintas, también, estima necesario profesionalizar los tribunales examinadores.

Además, defiende que se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”, detalla el presidente de la Asociación de diplomáticos españoles, Javier García-Larrache.

Consciente del “importante sesgo socioeconómico” de quienes pueden permitirse preparar oposiciones durante varios años, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente y nivel de renta del hogar, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas.

Pedro Sánchez promete disciplina fiscal

En su primera comparecencia fuera del Palacio de la Moncloa tras las elecciones del 10N, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, remarcó que la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal formarán parte de los vectores de su política económica frente a los temores expresados por los empresarios ante la posibilidad cada vez más cercana de un gobierno de coalición de los socialistas con Podemos.

“El objetivo del nuevo gobierno con las empresas debe ser proteger la seguridad jurídica, allanar los mercados exteriores y adoptar marcos estratégicos para los sectores del futuro”, dijo en la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas, tratando de calmar los temores levantados en la última semana entre las patronales empresariales.

Pese a ello, el presidente en funciones defendió que esas prioridades son perfectamente compatibles con el incremento del gasto social. “Un gobierno responsable puede tener una prioridad social marcada para cerrar brechas, pero siempre dentro de unos márgenes presupuestarios”, resaltó Sánchez, que subrayó que el crecimiento y la cohesión social deben ir de la mano. Y estableció dos líneas rojas en su futuro programa de gastos: el incremento de los salarios “que no ha perjudicado el crecimiento” y la lucha contra la precariedad laboral, el paro y la desigualdad.

Un alza del gasto que deberá verse compensado, tal y como reclama Bruselas, con subidas de impuestos, que están contemplados en los programas con los que PSOE y Podemos comparecieron en los últimos comicios (con especial atención a las rentas altas y al impuesto que grava los beneficios empresariales), pero de las que ayer no se hablaron. De hecho, Sánchez no mencionó la palabra impuesto en todo su discurso. Pese a ello se comprometió a reducir la deuda pública desde su actual nivel cercano al 98% del PIB y el déficit público para irlo aproximando a un nivel en el entorno del 2% para finales de año.

En esa misma línea, Sánchez defendió que las empresas necesitan estabilidad para hacer inversiones y reformas para adaptarse al futuro. Entre ellas destacó el pacto por la educación y la formación dual, “para acabar con el problema del fracaso escolar”, el impulso de una economía de la igualdad “en lo económico y laboral”, y la implementación de una estrategia de emprendimiento. “Creemos que España puede convertirse en el futuro en uno de los países líderes en igualdad de género, digitalización y transición ecológica”, aseguró. Respecto a este último punto matizo que, pese a que nadie duda que el futuro será verde, “la transición ecológica tiene que ser justa para empresas y territorios afectados”.

El Gobierno reitera que el déficit cerrará el año en el 2% y mantiene su compromiso con la disciplina fiscal

El Gobierno reitera así su «compromiso» con la reducción del déficit y la deuda públicos, así como su intención de presentar «cuanto antes» unas nuevas cuentas públicas para 2020, basadas en tres ejes: disciplina fiscal, sensibilidad social e impulso del crecimiento potencial futuro de la economía española.

Sobre la respuesta concreta de la Comisión Europea al Plan Presupuestario de España, fuentes del Ejecutivo indicaron que Bruselas refleja en su informe que las previsiones macroeconómicas «están avaladas» por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e incluso «reconoce» que los datos preliminares de crecimiento del PIB del tercer trimestre (+0,4%) adelantados por el INE son mejores que lo que ellos anticipaban.

El Gobierno subraya que la Comisión Europea también indica que las proyecciones fiscales que se recogen en el Plan Presupuestario están realizadas a «políticas constantes», sin cambios tributarios, debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones y a que los Presupuestos están prorrogados.

La Comisión ha indicado este miércoles que el borrador presupuestario enviado por el Gobierno español a mediados de octubre «corre el riesgo de incumplir» los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria.

Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador «puede resultar en un desvío significativo» con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la UE.

También reprende a España por el «insuficiente» ritmo de reducción de deuda pública. En particular, acusa al país de no tener en cuenta «lo suficiente» el «alto nivel histórico» de este indicador y de no «aprovechar» los menores costes por intereses de la deuda para reducir el desfase entre ingresos y gastos públicos.

Por eso, pide al futuro Ejecutivo español que remita un plan presupuestario «actualizado» con «medidas adicionales» para «corregir» este riesgo de incumplimiento tan pronto como se haya formado un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre.

Bruselas advierte a España de que “su prioridad” debe ser reducir deuda

La Comisión Europea ha emitido este miércoles su dictamen sobre el plan presupuestario para 2020, que el Ejecutivo remitió a Bruselas a mediados de octubre, en el que, como ya avanzó en una carta de valoración preliminar, le conmina a realizar esfuerzos adicionales para compensar el alza de gasto, seguir reduciendo el déficit y contener la deuda pública. De hecho, el informe presentado por Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, indica que la reducción de la deuda pública debería ser «la prioridad» de España.

El documento insta al país, así como a Bélgica, Francia e Italia, a aprovechar «el bajo coste de los tipos de interés» de la actualidad para reducir su elevada deuda pública. De hecho, según avanzó este miércoles El País, Bruselas considera que España debería destinar a este cometido cualquier ingreso extra que logre en el futuro.

Aunque, durante la rueda de prensa, el comisario ha avanzado que Alemania va a ser el único país con un nivel de deuda por debajo del umbral del 60% que la UE considera prudente, los niveles de España y el resto de países citados son especialmente preocupantes para la Comisión Europea.

La deuda pública española cerró septiembre en el 97,72% del PIB, lo que según el Ministerio de Economía es compatible con cerrar el ejercicio en el entorno del 96% pero está por ver que esa corrección se logre y los niveles siguen siendo excesivamente elevados para encarar nuevas turbulencias económicas, viene alertando Bruselas.

El plan presupuestario remitido por el Gobierno en funciones apenas un mes antes de las elecciones del 10N incluía una revisión a la baja del crecimiento económico previsto en una décima tanto para 2019, al 2,1%, como para 2020, al 1,8%. Aunque el grueso de las casas de análisis consideró optimistas estas previsiones, que prácticamente solo tenían en cuenta el efecto de la revisión estadística del tamaño del PIB que acaba de hacer el INE, a Bruselas le preocupan más otros indicadores que la paulatina desaceleración, teniendo en cuenta que el país sigue creciendo muy por encima de sus vecinos.

Así, el plan presupuestario mantenía el objetivo verbal del Gobierno de cerrar 2019 con un déficit en el entorno del 2% pero elevaba el agujero fiscal del 1,1% al 1,7% en 2020, lo que ha justificado por la ausencia de nuevas medidas de ingreso que supone no contar con un Ejecutivo en firme ni unos nuevos Presupuestos Generales diseñados. Algo con lo que Bruselas se muestra comprensiva, habida cuenta las dos elecciones generales celebradas este año, pero considera que el Parlamento debe abordar con urgencia para volver a adoptar medidas de prudencia económica.

Del mismo modo, el Gobierno empeoró su previsión de deuda pública hasta el 95,9% este año, una décima más de lo anteriormente previsto, y en seis décimas más el objetivo de 2020, estimado en el 94,6%. Una semana después de recibir el plan español, Bruselas ya recriminó al país el “riesgo de significativa desviación” de sus objetivos fiscales, haciendo especial hincapié en que el déficit estructural (que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico) solo se rebajará un 0,1% frente al 0,65% que se le pedía.

Más allá, la misiva afeaba al país que avanzara un alza del gasto público del 3,8% frente al límite recomendado del 0,9%. Hay que tener en cuenta que el plan presupuestario no recogía nuevas medidas de ingresos, pero sí comprometía un alza de la inversión de 4.700 millones para mejorar las pensiones y los salarios públicos en 2020.

La opa sobre BME despeja las dudas sobre la puesta en marcha de la tasa Tobin

La tasa fue criticada duramente tanto por BME como por la CNMV y, de hecho, su puesta en marcha es complicada debido al sistema de recaudación pergeñado. Será, en la práctica, el liquidador quien tendrá que cobrarlo y entregarlo a la Agencia Tributaria. Y, desde hace años se puede realizar la compraventa, la compensación y la liquidación en plataformas diferentes.

Fuentes conocedoras de los trabajos para diseñar el gravamen señalan que su objetivo de lograr 850 millones de euros anuales es muy complicado; previsiblemente, se quedará lejos de esa cifra. Fuentes del mercado añaden que, con la operación corporativa de BME encima del tapete, habrá consenso en poner en marcha el impuesto. Incluso aunque no salga adelante la fórmula de Gobierno progresista que han preacordado el PSOE y Unidas Podemos. Un Ejecutivo con el apoyo del PP también accedería, previsiblemente, a imponer la tasa. Cierto que, en teoría, son los intermediarios quienes abonarían el impuesto, pero en la práctica serían los inversores. Los brókeres desglosan ese coste de forma separada cuando han de aplicarlo por el mercado.

La novedad ahora es que los eventuales compradores de BME ya se enfrentan a impuestos como el planteado en España. El consejero delegado del gestor de la Bolsa, Six, indicó en una entrevista que este impuesto no es positivo, pero reconoció que es una decisión política y que ellos, sea cual sea, tendrán que lidiar con ella.

En Suiza, se aplica una suerte de tasa Tobin, que recae sobre los intermediarios helvéticos. Se denomina impuesto sobre transmisiones de valores y grava la mayoría de las operaciones de compraventa. La propia Six explica en un documento que cada transacción, en caso de que participe un intermediario helvético (no si es extranjero), tiene un recargo del 0,15% –pagado a medias entre la parte compradora y la vendedora– cuando la cotizada es suiza.

Si es extranjera, el recargo, también abonado al 50% entre cada una de las partes, sube al 0,3%. La compañía, con una caja de 3.700 millones de euros, facturó en los seis primeros meses del año 551,7 millones de francos suizos (503 millones de euros), con un ebitda de 99 millones de francos (90 millones de euros).

El otro potencial comprador –ha reconocido conversaciones, pero no ha formulado oferta– es Euronext. El operador de las Bolsas de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Londres, Dublín y Oslo ya sufre un impuesto del 0,3% en su principal mercado, el francés, sobre las operaciones de compra desde 2012. También en Bélgica se paga un 0,35% por adquirir, y también por vender, acciones de empresas cotizadas. También existen impuestos similares en Irlanda, Reino Unido, Grecia e Italia, entre otros países

La justicia avala el fichaje mediante huella dactilar en establecimientos privados

La Audiencia Nacional ha dictado una reciente resolución (cuyo texto íntegro puede consultar aquí) en la que señala algunos criterios a seguir. En ella se anula la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a una empresa murciana de fitness por haber impuesto a sus socios el fichaje dactilar como único modo de acceso a sus instalaciones.

La Agencia consideró que se trataba de una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y sancionó al gimnasio con 1.500 euros. Sin embargo, el tribunal rechaza sus argumentos y considera que no se trata de una medida excesiva. De esta manera, la Audiencia avala el uso de este tipo de control biométrico, siempre que cumpla con las garantías de seguridad, en establecimientos privados para restringir el acceso a sus clientes.

La denuncia fue presentada, precisamente, por uno de los usuarios de las instalaciones deportivas. El socio consideró que la medida era desproporcionada e intrusiva. Según indicó, la empresa decidió sustituir unilateralmente el anterior sistema de fichaje, mediante pulsera, por un control de huella dactilar como único modo de acceder.

El expediente abierto en la AEPD concluyó en la citada sanción, con la que se castigó a la empresa por haberse excedido en el tratamiento de los datos de sus socios. Según señalaba la resolución, la recogida y tratamiento de las huellas dactilares de los usuarios para controlar su acceso a las instalaciones no era proporcionada y, por tanto, vulneraba el artículo 4.1 de la LOPD vigente en ese momento. En concreto, se subrayaba, existían soluciones menos invasivas con las que se podía evitar el almacenamiento de los datos de los clientes en su base de datos (ya fueran biométricos o su algoritmo), como incorporarlos a una tarjeta inteligente que custodiara el titular.

La empresa impugnó dicha resolución, alegando en primer lugar que, al tratarse de almacenamiento de representaciones de la huella dactilar o algoritmo y no de la huella en sí misma, no se estaba realizando un tratamiento de datos personales. Meras “minucias” que “no permiten por sí mismas la identificación de la persona”. Por otro lado, aseguraba que la medida implementada era respetuosa con la ley de protección de datos, que se informaba y pedía consentimiento a los futuros socios, y que no se trataba de una actividad desproporcionada en relación con el ámbito y fines para los que se había implementado.

El tribunal rechaza el primer motivo y confirma que, según la normativa aplicable, tanto la huella dactilar como la representación algorítmica de la misma son datos personales en tanto en cuanto sirvan para identificar a una persona. Es más, la Audiencia recuerda que, aunque no es aplicable (dadas las fechas en que se denunciaron los hechos), conforme al actual reglamento europeo se categorizan como datos sensibles, y, por tanto, provistos de una especial protección frente a su uso y tratamiento.

En este sentido, la resolución considera demostrado que el sistema funciona de tal manera que cuando se toma la huella dactilar al socio del gimnasio no se guarda esta, sino un código único que se genera a partir de una plantilla numérica o patrón. Además, la empresa también acredita que informaba convenientemente a los usuarios que acudían para utilizar los servicios del centro.

Por último, se señala, su implementación obedecía a razones de seguridad de uso de la instalación, debido a la facilidad de fraude que existía con otros métodos como tarjetas u otros dispositivos que pudieran ser intercambiados con otros usuarios. Al evitar el intrusismo, también se aseguraba un mejor servicio a los socios.

Presentació del nou manual de Bon Govern Corporatiu

El colegi d’Economistes de catalunya ha publicat una nota de premsa sobre la presentació del llibre sobre Bon Govern Corporatiu.

El secretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) Xavier Subirats i el vocal de la Junta de Govern del CEC Jaume Menéndez han presentat el manual «El Bon Govern Corporatiu a Espanya: claus pràctiques per a la seva implantació i seguiment» en el marc del Congrés «Compliance i Bones Pràctiques Tributàries» organitzat per l’editorial Lefebvre i que ha reunit a Barcelona centenars de professionals i assessors fiscals per compartir i analitzar l’aplicació pràctica de les últimes tendències en compliance tributari.

Per llegir la nota de premsa sencera accediu aquí

 

Trabajar juntos, aprender juntos, desarrollarnos juntos

El pasado viernes 8 y sábado 9 de noviembre culminó un trabajo de aproximadamente 6 meses. En este tiempo los miembros del equipo de trabajo internacional del ICV (International Controller Verein), la asociación internacional de control de gestión, junto con miembros de una gran empresa del sector del transporte público del área metropolitana de Barcelona y dos miembros de Amsel Assessors han trabajado en distintos grupos buscando posibles mejoras y soluciones aplicables para mejorar la gestión de proyectos y mejorar los informes entre otros puntos.

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Justicia presenta tres herramientas para facilitar el trabajo a jueces y fiscales

El Ministerio de Justicia ha presentado tres herramientas informáticas, todavía en pruebas, que serán aplicadas a partir de enero de 2020 en los distintos órganos judiciales con el objetivo de facilitar, mediante el ahorro de tiempo y energía, el trabajo de jueces y fiscales.

En un acto en la sede ministerial, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte, han dado a conocer la Calculadora 988, la firma manuscrita con tinta digital y una herramienta que transforma en texto las grabaciones de lo declarado ante los tribunales.

El primer instrumento es una calculadora electrónica capaz de sumar al momento, una tras una, las sentencias condenatorias que pesan sobre una persona para establecer cuánto tiempo deben cumplir en la cárcel, y viene a sustituir el conteo a mano tradicional, explica Efe.

La firma digital permitirá a los ciudadanos rubricar cualquier documento cuando sean citados en una comparecencia, mientras que la aplicación de texto pondrá por escrito a disposición de jueces, fiscales y abogados el desarrollo oral de un acto en sede judicial.

Dolz ha hecho hincapié en el ahorro de «energía intelectual» que supondrá para los jueces tener a mano este nuevo paquete de aplicaciones, en especial a la hora de calcular con precisión, sin hacer ya «la cuenta de la vieja», la pena de cárcel que un preso con varias sentencias acumuladas ha de cumplir.

Con experiencia como fiscal en el Tribunal Supremo, Dolz ha recordado que durante las revisiones de actos llegó a descubrir «prolongaciones indebidas de prisión», una circunstancia que suponía «un auténtico quebradero de cabeza» porque eran numerosos los casos en los que se vulneraba «el derecho fundamental a la libertad».

Por su parte, la responsable del área de Modernización ha aprovechado la breve explicación de cada una de las aplicaciones para resaltar que, si bien estas novedades no sustituyen a los modos comunes de trabajar en la carrera judicial, sí servirán de «auxilio» a los juzgados, fiscalías y demás funcionarios de la Administración.

Duarte ha invitado a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia para que se sumen a este proyecto del Ministerio.

Trump amenaza con subir "aún más" los aranceles a China si no hay acuerdo comercial

El presidente de EEUU, Donald Trump, subrayó este martes que, si no se logra un acuerdo comercial con China, «los aranceles subirán aún más» en medio de las conversaciones entre Washington y Pekín para ratificar la «primera fase» del pacto y rebajar así la guerra comercial. «Si no logramos un acuerdo con China, simplemente subiré los aranceles aún más», dijo Trump en una reunión con su gabinete presidencial en la Casa Blanca.

«China va a tener que hacer un acuerdo que me guste. Si no, ya está», remarcó. Las palabras de Trump se producen en plenas conversaciones entre ambos países para sellar una «primera fase» del pacto y añaden incertidumbre, puesto que siguen sin conocerse de momento la fecha y el lugar en que se registraría la firma. En un principio, la idea era que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, firmasen el acuerdo en el marco de la reunión de la APEC celebrada a mediados de este mes en Santiago de Chile, pero la cancelación de la cumbre por las protestas sociales en el país suramericano complicó los planes.

La dificultad de las negociaciones, no obstante, ha quedado reflejada en el constante cruce de declaraciones entre Washington y Pekín, a menudo contradictorias. A comienzos de noviembre, el Ministerio de Comercio chino aseguró que había llegado a un acuerdo con Washington para retirar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa, que comenzó en marzo de 2018. Sin embargo, días después Trump echaba un jarro de agua fría y rebajaba las expectativas.

«A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría», afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. La guerra comercial entre Washington y Pekín, que se ha traducido en sucesivas subidas arancelarias por ambos países durante casi dos años, tuvo su último episodio el pasado 1 de septiembre con la entrada en vigor de la subida del 10 % al 15 % sobre importaciones chinas por valor de 112.000 millones de dólares.

Está previsto, por ahora, que el próximo 15 de diciembre se aplique esa misma subida al resto de importaciones gravadas al 10 %, hasta alcanzar los 300.000 millones de dólares al 15%. Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías mundiales van más allá de las relaciones bilaterales y tienen profundas consecuencias globales. En sus últimas previsiones de crecimiento global, divulgadas en julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus proyecciones de expansión global al 3,2 % este año, una décima menos que en abril lastradas por las dudas sobre la posible solución de esta disputa.

El salario medio bruto en España es un 20,7% más bajo que el de la UE

Así se refleja en el ‘VII Monitor Adecco sobre Salarios: España en el contexto europeo’, publicado este martes, en el que destaca que la brecha entre ambas remuneraciones ha crecido en el último año 2,7 puntos porcentuales, mientras que el año anterior se amplió otros 2,6 puntos. En términos absolutos la diferencia ha pasado de 361 a 433 euros mensuales.

De esta forma, España se sitúa en una zona intermedia de la UE, con 15 países europeos cuyos salarios medios son inferiores al de España, mientras que los restantes 12 países tienen remuneraciones mayores que la española.

En concreto, el estudio destaca que la situación relativa del salario español es de «clara ventaja» en comparación con los países del este de Europa, «pero sigue siendo desfavorable» con respecto de los países más avanzados de la UE. Por ejemplo, la remuneración de España es casi cuatro veces mayor (1.658 euros al mes) que la de Bulgaria (428 euros); sin embargo, es un 40,7% inferior a la alemana, de 2.794 euros (1.136 euros mensuales de diferencia).

Esto equivale a decir que el dinero percibido por un trabajador medio búlgaro al cabo de un año es similar a lo que cobra un trabajador español en solo tres meses. Y por el otro lado, un asalariado medio español necesita trabajar 20 meses para tener un ingreso similar al que tiene un asalariado medio alemán en solo un año.

En comparación con Francia y Portugal, la remuneración española supera en un 66% a la del país luso (de 997 euros al mes), ampliándose cinco puntos porcentuales a favor del salario español, que se traduce en una diferencia de 661 euros mensuales (la brecha entre los dos salarios se ha ampliado este año en 39 euros al mes).

En cambio, la remuneración española es un 31,3% inferior a la francesa (757 euros menos cada mes; ampliándose la diferencia en 40 euros mensuales con respecto al año anterior, casi un punto porcentual). Los datos del informe indican que dentro de la UE se da el caso de países cuyo salario medio supera en más de siete veces la remuneración media de otros socios. El caso extremo es el que surge de comparar las remuneraciones medias de Dinamarca (3.150 euros al mes) y Bulgaria (428 euros), que son separadas por una brecha de 2.722 euros mensuales. De esta manera, en un solo mes, un trabajador medio danés cobra lo mismo que un colega búlgaro en más de siete meses.

Dentro de los 19 países que utilizan el euro como moneda, las diferencias, aun siendo menores, siguen siendo «muy amplias». El salario medio de Luxemburgo (3.133 euros), el mayor dentro de la eurozona, es casi cinco veces más grande que el de Lituania (632 euros), que es el más bajo del área.

Una empresa ha sido condenada a indemnizar y reincorporar a un empleado de forma inmediata por impedirle su vuelta tras un permiso

A casi 50.000 euros asciende la indemnización que debe abonar una empresa que denegó la reincorporación de un empleado, tras dos años de excedencia voluntaria. El trabajador solicitó el cese laboral y, antes de finalizar ese periodo, pidió su reincorporación, que le fue denegada. El juzgado de lo social de Madrid acaba de dictar sentencia a favor del empleado: condena a la empresa a volver a incorporarle de forma inmediata y a pagarle la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, a razón de 77,13 euros diarios a partir del 31 de agosto de 2017. O, lo que es lo mismo, la suma correspondiente a los salarios que dejó de percibir durante aproximadamente dos años.

Desde 2006, el trabajador venía prestando sus servicios como programador en una compañía especializada en sistemas informáticos. En 2015, este profesional decidió pedir una excedencia voluntaria por dos años y el mismo día de tal solicitud, la empresa le solicitó que le explicara cuáles eran exactamente sus funciones y cuáles eran la tecnología y herramientas que emplea, según se detalla en la sentencia. El informático contestó a dicho correo describiendo el día a día de su actividad y en qué consistían las particularidades de sus funciones.

Antes de que cumpliese su periodo de excedencia, el trabajador solicitó la reincorporación a su puesto y, cuál fue su sorpresa, que la empresa le indicó que no existía una vacante igual ni similar a la que desempeñaba con anterioridad, ni tampoco ninguna dentro del mismo grupo profesional. Por ello, su vuelta era inviable. «Sin embargo, el trabajador conocía sobradamente que la empresa publicaba con regularidad ofertas de trabajo que se adecuaban a su perfil», explica Pilar Gisbert, abogada de Reclamador.es, que ha llevado la defensa de este profesional.

Como recuerda Gisbert, «el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría del trabajador en excedencia, se transforma en un derecho plenamente consolidado». En este caso, los jueces han visto y se han fijado en el hecho clave de que el perfil del trabajador se adecuaba perfectamente a las ofertas publicadas en diversos portales de empleo, sin que ninguna de ellas le fuera asignada.

Por otro lado, se solicitó diversa documentación e informes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, comprobándose que la empresa había realizado más de 80 contratos con un perfil y funciones similares al del programador afectado desde el momento en el que había solicitado su reincorporación.

El Banco de España plantea ligar la edad de jubilación a la mayor esperanza de vida

Para el Banco de España, el principal reto del sistema de pensiones es el envejecimiento. «El principal reto es fundamentalmente demográfico», ha afirmado este martes el director del servicio de estudios del supervisor bancario, Óscar Arce. Esto fuerza a hacer reformas y aunque él no se haya decantado por una «fórmula favorita», sí que ha apostado por ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida. «¿Tiene sentido trabajar algo más cuando estamos viviendo más?», se ha preguntado. «Posiblemente sí», se ha respondido a sí mismo.

Arce defendió su posición esgrimiendo que esto ya sucede en otros países europeos como Portugal, según explicó en una jornada sobre planes de pensiones organizada por el diario económico Cinco Días en colaboración con Ibercaja.

En opinión de Arce, la necesidad de reformar el sistema de pensiones «no es una cuestión ideológica sino aritmética» vinculada a la tasa de dependencia. Para el director general del Banco de España, el cometido de la institución que representa no es «fijar las prioridades sociales» ni «el grado de generosidad del sistema». «Algo que corresponde al ámbito político», ha continuado. No obstante, sí que ha reclamado que una vez se haya hecho esto «se fijen mecanismos de ajuste automáticos que determinen que el sistema siempre esté bien financia». También ha pedido que se mantenga la contributividad y que aumente la transparencia y la predictibilidad de la futura pensión.

Ligar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida era una de las opciones que ya se contemplaba en la reforma de pensiones de 2011, que abría la posibilidad de diseñar en 2029 un factor de sostenibilidad que ligara varios parámetros del sistema (pensión inicial, periodo de cómputo y edad de jubilación) a la esperanza de vida. Finalmente, el Gobierno del PP, ante las exigencias de ajustes fiscales, adelantó la implantación de esa medida y la relacionó únicamente con la pensión inicial. Esta fórmula iba a entrar en vigor este año, pero el PNV exigió su suspensión hasta 2023 para dar su respaldo a los presupuestos de 2018, algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó.

Sobre los fondos de pensiones privados, Arce ha apuntado que la «composición del ahorro privado está muy orientado a la inversión inmobiliaria». «Según envejecemos, los españoles acumulamos ladrillo. Más que los europeos. Estamos muy ‘enladrillados’. No hay nada malo, nada patológico. Pero en ese escenario se dan buenas circunstancias para que el sector financiero ponga productos responsables y competitivos que deben resultar atractivos y seguros para que los hogares puedan transformar la inversión inmobiliaria», ha sugerido.

Gestha calcula que se puede ahorrar de media 4.300 euros

Acaba el año y el ejercicio fiscal. Es la hora de ponerse hacer números sobre cuánto se va a pagar a Hacienda el año que viene con la Declaración de la Renta, y si hay posibilidad de reducir la factura fiscal aprovechando beneficios y exenciones fiscales. Según técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los contribuyentes pueden ahorrar una media de 4.300 euros en el IRPF, pero sobre todo beneficia a las rentas altas con una rebaja de hasta 60.000 euros.

Beneficios fiscales en los planes de pensiones: En los últimos meses del año conviene hacer aportaciones a los planes de pensiones o a los planes de previsión asegurados, aunque la cantidad límite se redujo desde los 10.000 hasta los 8.000 euros, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, independientemente de la edad.

Asimismo, también reducen la base imponible las aportaciones a planes de pensiones del cónyuge realizadas por el contribuyente cuando aquél perciba rendimientos del trabajo o actividades económicas inferiores a 8.000 euros. En este caso, el límite de la aportación pasó tras la reforma de 2.000 euros a 2.500 euros.

Desde Gestha recuerdan que invertir otros 6.234 euros de media para alcanzar el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal adicional de unos 1.870 euros de media, variando este ahorro adicional según los ingresos y la comunidad autónoma de residencia.

Compensar las pérdidas en bolsa con las ganancias patrimoniales: A final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas. Aquí es importante recordar que no se podrán adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses posteriores a la venta.

Planificar la venta de acciones: Aunque muchos contribuyentes no están obligados de declarar, al tener rendimientos de trabajo inferiores a los exigidos (22.000 euros de carácter general o 1.500 euros si se cuenta más de un pagador) también se requiere no sobrepasar ciertos límites de otras rentas distintas del trabajo, como por ejemplo ganancias patrimoniales por venta de acciones. Por ello hay que tener en cuenta que si los rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención, no deben superar los 1.600 euros anuales. Ni tampoco ocasionar unas pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros para evitar declarar.

Aplicar la deducción por compra de vivienda: Otra buena opción es amortizar hipoteca para reducir la base imponible. Pero solo lo pueden hacer aquellos contribuyentes que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013, al seguir disfrutando de su derecho a la desgravación, siempre y cuando hayan tenido deducciones por dicha vivienda en 2012 o años anteriores.

De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas en el IRPF, con un límite de inversión de 9.040 euros. Teniendo en cuenta este techo, puede resultar interesante realizar un pago adicional -de 4.753 euros de media- para amortizar la hipoteca antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en 713 euros.

Neutralizar la tributación de las ganancias por la venta de una vivienda habitual: Para quienes vendieran su casa este año, las ganancias obtenidas tributarán en la próxima declaración de la Renta, en función de su cuantía, entre el 19% y el 23%. No obstante, si se reinvierte total o parcialmente el importe en otra vivienda de carácter habitual será posible neutralizar este pago o reducir el pago de impuestos. De no hacerlo, las ganancias conseguidas deben integrarse en la base imponible del ahorro y tributarán al tipo fijo del 19% hasta 6.000 euros, del 21% (de 6.000 a 50.000 euros) y del 23% (de 50.000 euros en adelante).

Aportaciones a ONG’s, cuotas sindicales y afiliación a partidos políticos: Las cuotas sindicales y los gastos de hasta 300 euros en defensa jurídica contra el empleador, así como las de colegios profesionales con carácter obligatorio tienen derecho a minoración o deducción. Estarán incluidos como gastos deducibles en la próxima Declaración de la Renta.