Las exportaciones españolas recuperan ritmo a pesar de la crisis

Las empresas exportadoras han sufrido como todas y 2020 va a saldarse con una reducción en comparación con 2019, pero el balance no ha sido tan negativo como en otros sectores. En los primeros 10 meses del año, las exportaciones españolas alcanzaron los 213.683 millones de euros, un 11,9% menos respecto a lo logrado en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A pesar del descenso, lógico si se tiene en cuenta el parón de la actividad mundial en primavera (en (España vendió al exterior en abril solo un 13% de lo que es habitual), el sector exportador es de los que se está recuperando con mayor fuerza.

Esta recuperación comenzó en el mes de julio. Los meses siguientes siguieron creciendo de manera continua respecto al anterior, si bien con menos volumen que en los mismos meses de 2019. Al llegar los datos de octubre, los últimos conocidos, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, declaró que “continúa la progresiva recuperación de las exportaciones e importaciones, que crecen respecto a septiembre y se aproximan a su nivel de hace un año. Esto da muestras del impulso exportador de las empresas españolas y de la solidez de nuestro sector exterior”. En Funcas comparten este enfoque y su economista senior, María Jesús Fernández, achaca la recuperación exportadora “a la competitividad de las empresas españolas” y al proceso de internacionalización que están llevando a cabo con éxito desde hace años.

El ritmo es mayor en las exportaciones que en las importaciones. De enero a octubre, las compras al exterior decrecieron un 16,7% en relación al mismo periodo de 2019, hasta los 225.439 millones de euros. Al ser más rápida la recuperación de las exportaciones, el déficit de la balanza comercial ha bajado un 58% respecto al registrado de enero a octubre de 2019 y la tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 94,8%.

El sector que más ha aumentado las ventas de productos al exterior ha sido el de la alimentación, bebidas y tabaco. Otro de los sectores exportadores por excelencia, la automoción, ha sufrido un retroceso de enero a octubre, pero sin embargo volvió a coger impulso en este último mes. La patronal Anfac señala que, en noviembre, las ventas exteriores crecieron un 9,9%, por encima de lo que creció la producción que se está viendo estimulada por los mercados europeos dada la caída de la demanda interna en España. Con los resultados de los últimos meses hasta noviembre, el acumulado del año ha reducido su descenso en tres puntos porcentuales y se sitúa en el -17,8%.

La automoción sigue siendo uno de los principales motores de las exportaciones españolas. Artículos farmacéuticos y electrodomésticos son, asimismo, sectores con buenas perspectivas. En el lado opuesto se encuentran otros como el de bienes de equipo, los productos energéticos y el textil que no logran remontar sus ventas al exterior. La comunidad autónoma más exportadora hasta octubre fue, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Extremadura, donde las ventas crecieron un 3,1%, debido a que son los productos agrícolas los que más han aumentado. Sin embargo, Canarias, con una caída del 31,7%, País Vasco (-19,2%) al caer los bienes de equipo, y Baleares (-17,8%) son las más perjudicadas.

Los destinos extranjeros de las mercancías españolas continúan encabezados por los países de la Unión Europea como Francia, Alemania e Italia. En los primeros 10 meses de 2020, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea se redujeron un 9,3% interanual y a la zona euro, un 8,6%. La situación española con respecto a la actividad exportadora ha sido muy similar a la del resto de los países industrializados. De hecho, el único país que en los 10 primeros meses del año vio crecer sus exportaciones fue China y muy poco, un 0,5%. En la zona euro la actividad disminuyó hasta el -11% y en la Europa de los 27, un -10,2%. En Francia las exportaciones descendieron más que en España, un -18,4%, al igual que en Reino Unido (-16,3%) e Italia (-12%).

Nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

La caída del empleo en las grandes empresas se modera al 4,1% en noviembre y los salarios suben un 1,3%

La retribución media bruta en las grandes empresas que operan en España subió un 1,3% en el mes de noviembre de 2020, lo mismo que el mes previo y un nivel similar a los incrementos pre-Covid, al tiempo que el empleo registró una caída del 4,1%, el menor descenso desde el inicio de la pandemia, en un contexto en el que la caída de las ventas se moderó al 3,5%. En los once primeros meses del año pasado las ventas cayeron un 9,7%, en paralelo a una disminución del empleo del 5,3% y una ligera subida del 0,2% de los salarios.

Así se desprende de la última encuesta ‘Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas’, elaborada por la Agencia Tributaria, que explica que la mejora del empleo va en el mismo sentido que el repunte de las ventas, aunque recuerda que estas dos variables han seguido trayectorias distintas a lo largo del año por el efecto de los ERTE, que suavizó la caída del empleo y que, con la vuelta de los trabajadores a las empresas, permitió que se observara una menor pérdida empleo en los meses más recientes

La estadística refleja una caída del empleo en las grandes empresas del 4,1% en el undécimo mes del año, por lo que registra su menor descenso desde el inicio de la pandemia, en comparación al retroceso de octubre (-4,8%), septiembre (-5,2%), agosto (-5,3%), julio (-6,2%), junio (-8,9%), mayo (-13,1%) o abril (-13,7%), aunque sigue lejos de los datos de marzo (-0,1%), febrero (+1,8%) y enero (+1,8%).

En cuanto a los salarios, achaca el repunte de los mismos a la reincorporación de los trabajadores a sus empresas y destaca que las alzas son incluso superiores a aquellos por el impacto de los bruscos cambios que se han producido en la composición sectorial del empleo y, en particular, en las actividades con niveles salariales más bajos. Y es que, en los últimos meses, con el progresivo retorno a la actividad de los afectados por los ERTE, el rendimiento medio se ha recuperado, registrándose un incremento en noviembre del 1,3%, lo mismo que en octubre.

Deja atrás por tanto las tasas negativas del periodo marzo (-1,4%), abril (-1,6%) y mayo (-1,4%) y las muy contenidas de los meses sucesivos, con un alza del 0,2% en junio y julio. En tasa intermensual, el empleo subió un 0,8% en noviembre, intensificándose la subida respecto a octubre (+0,6%) y septiembre (+0,2%), pero es inferior en relación a agosto (+1,2%), julio (+3,1%) y junio (+5,1%), mientras que los salarios no registraron variación alguna, frente alza del 0,4% septiembre o el 0,3% de septiembre. De esta forma, en los once primeros meses de 2020 el empleo en las grandes empresas cayó un 5,3% y los salarios subieron un 0,2%.

Las tasas Tobin y Google ya están en vigor, aunque su primera liquidación llegará en tres meses

Los nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras -conocida como tasa Tobin- y algunos servicios de las grandes tecnológicas -denominada tasa Google- entran en vigor este sábado, aunque su primera liquidación no se producirá hasta dentro de tres meses, en el primer caso, y hasta julio en el segundo.

Más de dos años después de su anuncio, los impuestos sobre transacciones financieras y determinados servicios digitales entran finalmente en vigor, aunque persisten las dudas sobre si lograrán la recaudación prevista y si podrían perjudicar a las inversiones. El impuesto sobre determinados servicios digitales, con el que el Gobierno espera recaudar 968 millones este año, grava con un 3 % algunos de los ingresos de las grandes tecnológicas, aquellas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo o más de 3 millones en España.

En concreto, el tributo se dirige a los ingresos obtenidos de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ha advertido esta semana que este impuesto -al igual que otros similares adoptados en Austria y el Reino Unido- discrimina a las empresas estadounidenses, es inconsistente con los principios de la tributación internacional y restringe el comercio, por lo que evaluará «todas las posibles opciones».

La Oficina justifica estas acusaciones en un informe en el que, entre otras cuestiones, defiende que el impuesto discrimina a las empresas estadounidenses porque suponen 25 de las 39 compañías que según sus cálculos tendrán que abonar el impuesto y critica unas «complicadas reglas de localización» de los servicios para que encajen con la jurisdicción fiscal española. Por lo que respecta al impuesto sobre transacciones financieras, que espera ingresar 850 millones, grava con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

En el ejercicio 2021, están sujetas a este impuesto las inversiones en empresas que superaban los 1.000 millones de capitalización el 16 de diciembre de 2020, un total de 57 compañías entre las que figuran Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Amadeus, Cellnex, Endesa, AENA, Siemens, Naturgy o Telefónica. Estos impuestos están en línea con los que se negocian en distintos foros internacionales y el Gobierno ya ha mostrado su intención de adaptarlos una vez que se alcance un acuerdo, porque el objetivo de «avanzar hacia la fiscalidad del siglo XXI», según la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero.

España recibirá 80.000 millones en subvenciones en lugar de 70.000

La Unión Europea se dispone a incrementar la potencia del reactor que cederá a España para que salga de la crisis del Covid-19 ganando mayor altura de la que llevaba cuando se hundió en el abismo económico de la pandemia. En concreto, el Parlamento Europeo aprobará, en las próximas semanas, una dotación final de 79.796 millones de euros en subvenciones que España percibirá entre este año y 2023. La cifra supone un incremento de 10.359 millones, casi un 15% más que los 69.437 millones comprometidos inicialmente, lo que termina por situar a España como el país que mayor volumen de ayudas recibirá, superando por primera vez a Italia desde que comenzó a diseñarse el paquete de estímulos.

Las nuevas cifras figuran en el reglamento definitivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que ha accedido este diario, que, a falta de traducción a todas las lenguas oficiales, será votado por el Parlamento Europeo y remitido al Consejo Europeo para su aprobación, previsiblemente, en cuestión de semanas. Fuentes del Gobierno español explican que buena parte de la mejora en las aportaciones que recibirá España responden a que las transferencias inicialmente anunciadas en mayo fueron recalculadas en diciembre a la luz de las previsiones publicadas por la Comisión en otoño. Entonces, Bruselas empeoró las perspectivas para España al estimar que su PIB retrocedería un 12,4% en 2020, frente al 10,9% antes previsto, lo que la convertía en la economía más castigada por el Covid de toda la UE.

Se da la circunstancia de que la Comisión había tenido en cuenta para sus cálculos la inédita caída intertrimestral del PIB hasta marzo del 5,3% y el hundimiento del 17,9% de primavera, pero no el inesperado rebote del 16,4% del verano, como subrayó entonces el Ejecutivo, cuando defendió que era más fiable su previsión de que 2020 concluyese con un retroceso del 11,2%. Paradójicamente, aquella peor fotografía ha acabado beneficiando a España en la consecución de las ayudas.

Pero no es el único factor. “España se lleva más porque la crisis ha sido mayor de lo esperado. Eso aporta 5.800 millones más, pero el resto del incremento se debe al aumento de la inflación”, porque las cifras iniciales estaban expresadas en precios de 2018 y ahora a precios corrientes, explica el economista, y eurodiputado de Cs, Luis Garicano, que detalla que el incremento real es de solo el 8%.

De la nueva asignación de España, 46.603 millones corresponden al primer tramo del fondo Next Generation, por un 70% del total a repartir. La cifra que infla en 3.000 millones el diseño original en este apartado. Otros 22.924 millones corresponden a los pagos del segundo tramo, por el 30% restante del fondo, si bien esta cuantía será revisada en junio de 2022 en función de la evolución económica. Por ahora se eleva en 7.000 millones. La última pata, 10.269 millones, corresponden al fondo ReactEU, cuyas cuantías no se modifican. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, confió el viernes en que los primeros pagos lleguen “antes del 30 de junio de 2021”, y pidió a los socios acelerar la ratificación nacional del plan.

Con el nuevo diseño, Italia gana un 4,5% pero se queda en segundo lugar por cantidad de fondos comprometidos, con una diferencia de apenas 200 millones respecto a España. Francia ocupa el tercer puesto, con una asignación total de 42.300 millones, un 5% más que en el primer plan. Alemania, por su parte, alcanzará los 24.500 millones, con un aumento de casi el 12%.

Los mayores cambios, no obstante, llegan en forma de alza en Malta, que aumenta su cuantía en un 36%, hasta los 421 millones. Al otro lado, Irlanda es la que más pierde, un 21% menos para sumar unos 1.000 millones.

Calviño dice a los empresarios que el dinero de los ERTE no puede servir para despedir

La vicepresidenta económica del Gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño, ha lanzado hoy un mensaje a los empresarios al avisarles, de forma implícita, de que el Ejecutivo no está dispuesto a eliminar por completo la cláusula de mantenimiento del empleo que obliga a las empresas que tienen un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a mantener el empleo durante seis meses so pena de devolver las cotizaciones exoneradas por la Seguridad Social.

Así lo ha sugerido en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido, junto a otros siete ministros del área económica, con los líderes sindicales y patronales para presentarles las líneas generales de las reformas que el Gobierno quiere mandar a Bruselas para recibir los fondos de recuperación. «Nadie duda de que el apoyo público tan importante hecho por la sociedad para financiar cotizaciones empresariales y prestaciones a trabajadores en ERTE no puede servir para abordar procesos de despido más adelante».

Este aviso se produce en medio de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los responsables de los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme, para prorrogar nuevamente las condiciones especiales de los ERTE hasta el 31 de mayo. De hecho, cobra importancia después de que los negociadores hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo, sobre todo, por la exigencia patronal para que el Ejecutivo flexibilice la interpretación de dicho compromiso de mantenimiento del empleo, de forma que si una empresa despide antes de tiempo tenga que devolver solo las exoneraciones correspondientes a los trabajadores despedidos en lugar de las de toda la plantilla, como ocurre ahora.

Respecto a esta negociación, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha señalado tras este encuentro con Calviño que los negociadores están barajando incluir nuevos sectores de actividad entre los más castigados para que sus empresas reciban más exoneraciones en caso de ERTE.

Pero, de momento, las conversaciones están en un impasse, después de que ayer Trabajo entregase una nueva propuesta que tendrán que analizar las organizaciones la próxima semana, sin una nueva reunión conjunta a la vista. Las actuales condiciones de los ERTE terminan su vigencia el próximo 31 de diciembre y los interlocutores sociales se habían propuesto no agotar el plazo para dar certidumbre a las empresas –actualmente hay 755.000 trabajadores con su empleo suspendido– pero a la luz de cómo está transcurriendo la negociación, todo apunta a que el acuerdo, de llegar, volverá a producirse en el último momento.

El teletrabajo en pymes sitúa a España como el tercer país más vulnerable a ciberataques

España es el tercer país más atractivo para los ciberdelincuentes. El país se sitúa solo por detrás de Estados Unidos y de Alemania. Los datos pertenecen a un estudio que ha elaborado Ironhack con el fin de conocer cuáles son los países que tienen un mayor riesgo de sufrir ciberataques. En ese informe, España aparece en tercera posición, con 30.2 puntos en cuanto al riesgo de sufrir ataques virtuales. Por encima de ella se sitúa Estados Unidos, con 100 puntos, y Alemania, con 31,6 puntos.

Para hacer el análisis Ironhack se ha basado en las evaluaciones de riesgo de la base de datos de delitos informáticos VulDB. Entre las causas de los ciberataques, el teletrabajo se sitúa como la principal. De acuerdo al informe, 9 de cada 10 ordenadores privados que se utilizan en España ya tienen instalado un software de seguridad, sin embargo, el 20% de ellos ya ha tenido amenazas de malware.

Los riesgos se incrementan a medida que se hace uso de la nube, de servicios de escritorio remoto virtual (VDI), conexiones VPN o se emplea el acceso remoto y las herramientas colaborativas de empresas y particulares. Y es que, tal y como apunta el informe Digital Trust Survey 2021 de PwC, todo eso provoca que un 96% de las empresas españolas tengan que ajustar sus sistemas de ciberseguridad.

El general manager de Ironhack, Adrià Baqués, asegura que los ciberdelincuentes “se aprovechan activamente de tiempos inciertos como los que estamos viviendo con la pandemia”. A su juicio, los planes de emergencia y las medidas de digitalización, que se implantaron rápidamente el pasado año debido a la Covid-19 “han creado numerosas lagunas en la seguridad informática de las empresas”. Eso supone que en los últimos meses haya aumentado la demanda de expertos en ciberseguridad.

Aparte de eso, uno de los mecanismos más empleados por los piratas informáticos para realizar sus ataques es el phishing. Esta práctica se ha incrementado en un 220% a nivel global, según datos del IV Informe Phishing and Fraud Report de F5 Labs.

Los funcionarios de Justicia aumentaron un 27% sus horas de teletrabajo por 'Filomena'

El Ministerio de Justicia ha informado este viernes, en relación con las horas de teletrabajo realizadas durante los días más duros de la borrasca Filomena -los pasados 11 y 12 de enero-, que éstas aumentaron un 27% en comparación con otro lunes y martes de una semana laboral ordinaria, por ejemplo, 23 y 24 noviembre de 2020. En cuanto al número de videollamadas realizadas, el 11 de enero se contabilizaron 586; y el día 12, un total de 687. Ello supone un aumento significativo en relación a las 181 realizadas del 4 de enero y a las 211 del 7 de enero.

Estos datos han sido aportados coincidiendo con una reunión mantenida este viernes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, vía telemática, con las gerencias territoriales de las comunidades autónomas de Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Melilla, Ceuta y Órganos Centrales. En el encuentro, Campo ha agradecido la labor realizada por las Gerencias Territoriales: «Insisto en trasladaros el agradecimiento de todo el equipo de Justicia, sois parte de él», les ha transmitido.

En la reunión, a la que también han acudido el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno Sánchez, y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, Campo ha señalado «la cogobernanza como el leitmotiv que nos ha reunido desde el minuto uno». Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia se ha hecho balance del funcionamiento del Servicio Público de Justicia durante la borrasca Filomena. El Ministerio de Justicia ha garantizado el funcionamiento del Servicio Público de Justicia en todo el territorio.

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, remitió dos comunicados; uno el pasado domingo 10, y otro el martes 12 de enero de 2021, para informar que aquellos funcionarios que dispusieran de medios para la realización de teletrabajo no acudieran a sus centros habituales y realizaran su jornada a través de esa modalidad.

Del mismo modo, el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno Sánchez, envió sendos comunicados a los empleados públicos del Ministerio de Justicia estableciendo el régimen de trabajo durante el temporal.

Ciudadanos pide a Bruselas que "detenga" la reforma del CGPJ

El grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que «detenga» la reforma que impulsa el Gobierno para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado. En una carta la eurodiputada Maite Pagazaurtundua se dirige a jefa del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, para que actúe ante la idea de tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones órgano de gobierno de los jueces.

El trámite se llevará a cabo, por tanto, sin contar con la opinión de los jueces ni de la Comisión de Venecia, ha insistido la eurodiputada naranja. «El rechazo a escuchar la posición del CGPJ o de la Comisión de Venecia no sólo demuestra la peligrosa deriva que está tomando el gobierno de coalición, sino también la intención de inocular progresivamente el miedo al cuerpo judicial», ha alertado.

Pagazaurtundúa explica a Bruselas que la «contrarreforma» que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, «debilita la separación de poderes, genera desconfianza en el ciudadano y daña la imagen de la justicia en España». Hace unos meses, Bruselas ya advirtió al Gobierno de España que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia e insistió en que, en ningún caso, la independencia judicial se debe ver comprometida.

La carta detalla la situación judicial del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para añadir que la reforma es una maniobra con intención de protegerle de su horizonte judicial. «Los diversos casos judiciales abiertos que van cercando al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias hacen pensar en que la estrategia de alejar al poder judicial de la toma de decisiones busca además protegerse», ha apuntado.

Pagazaurtundua ha añadido que la Justicia estudia las amenazas de muerte contra el juez Manuel García-Castellón cuando pidió al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias, y ha recordado las «muestras del desprecio» a los jueces por parte de miembros de Podemos. Por último, en una pregunta parlamentaria que acompaña a la carta, Ciudadanos señala a la Comisión si incluirá este caso en el informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en España.

Ribera estudia crear un “colchón” para mitigar los picos del precio de la luz

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido este jueves la posibilidad de crear un mecanismo que actúe como «colchón» para mitigar el impacto de los picos del precio de la electricidad como los que se han producido estos días, para los consumidores más vulnerables. En una entrevista en Radio Nacional, Ribera ha pedido «prudencia» y ha recordado que España está en plena transición energética, y que el objetivo es conseguir «precios estables y razonables» y facilitar que una mayor variedad de generadores pueda operar en el mercado.

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista han alcanzado durante la tormenta Filomena niveles desconocidos desde el año 2002, llegando a los 95 euros del pasado viernes. En términos horarios se superaron los 121 euros, también el viernes. Estos precios supondrán un alza en la factura media de la luz en torno a un 20% para los primeros días del mes, si bien a medida que la climatología se modera, también lo hacen los precios.

«Hemos avanzado mucho, pero aún quedan detalles», ha indicado Ribera, «como los relativos a los consumidores vulnerables y a la transformación del sistema en que se produce y se vende la energía, pensado para una generación con costes altos, pero que pueden ser más bajos, como se ha visto con las renovables, y eso requiere una adaptación «con distorsiones puntuales que hay que corregir», dijo.

El aumento de la demanda por el frío (un 15% según REE), la menor aportación de las renovables durante el temporal de nieve y la necesidad de usar en mayor medida combustibles fósiles (también encarecidos) para la generación han desatado la subida. No obstante, para el día 15 el precio del megawatio (que se fija con un día de antelación) estará en 78 euros de media, con un pico de 98 euros. Los precios, en todo caso, están muy por encima aún de los de diciembre pasado, cuando la media diaria no superó los 50 euros ni el máximo los 70.

Ribera ha admitido, en cualquier caso, que cualquier modificación en el mercado es «complicada y delicada» porque no se puede apartar del marco común fijado en la UE, por lo que lo que haga el Gobierno «tiene que ser sólido desde el punto de vista jurídico y de la confianza de los inversores, actores energéticos y del consumidor».

Preguntada por la posibilidad de reducir el IVA de la factura energética para los más vulnerables como se hace en otros países de la UE, Ribera se ha limitado a recordar que el Gobierno trabaja para identificar el consumo mínimo de agua y energía y cuando tenga los datos decidirá si «darle tratamiento fiscal diferente» o algún otro tipo de ayuda, como un bono social. En cuanto a la investigación encargada a la CNMC sobre la configuración de las ofertas de las energéticas al mercado mayorista, ha recomendado «prudencia» hasta que el ministerio disponga de todos los datos de los técnicos del organismo de la competencia.

El BCE muestra inquietud por que la lluvia de liquidez no se traduzca en crédito

El Consejo de Gobierno del BCE coincidió de forma unánime en la pasada reunión de diciembre en la necesidad de reforzar los estímulos monetarios en vigor con el fin de mantener unas óptimas condiciones de financiación ante un deterioro económico mayor del esperado y a la vista de que el objetivo de inflación se demora en el tiempo. Salvo el paréntesis de 2018, las previsiones macroeconómicas del BCE implican que la inflación en la zona euro se mantendrá por debajo del objetivo de la institución alrededor de una década, según reconocen las actas del encuentro del pasado 10 de diciembre publicadas hoy.

En esa cita, el BCE acordó ampliar en 500.000 millones de euros su plan extraordinario de compras de deuda y extenderlo hasta marzo de 2022, al tiempo que se prolonga la reinversión de los títulos que venzan hasta al menos finales de 2023. Y se adoptó también un nuevo refuerzo a las líneas de liquidez TLTRO III para la banca, la vía con la que el BCE se esfuerza en que el grifo del crédito siga abierto.

Las actas revelan cierta inquietud de la institución respecto a que esa lluvia de liquidez se traduzca de forma efectiva en financiación a las empresas y particulares. Se hizo una mención expresa a los factores que pesan no solo en la oferta de crédito sino en la demanda y se citó “el elevado nivel de ahorro de las empresas” y a la posibilidad de que estén saciadas de liquidez, como medida preventiva. Pero, además, el BCE mostró su inquietud a que, por parte de la oferta de crédito, la banca pueda desviar la liquidez que ofrece el banco central a la compra de deuda soberana.

El economista jefe Philip Lane propuso en principio un aumento del stock de la cartera de crédito computable para pedir liquidez por un volumen equivalente en las líneas TLTRO desde el 50% al 60%, después de que ya con anterioridad se hubiera elevado desde el 30%. Pero hubo discrepancias en cuanto a que podría elevarse en exceso la dependencia de la banca con el BCE como fuente de financiación y a que “podría inducir a la banca a invertir más en deuda soberana”. Así, se acordó establecer un nuevo porcentaje en el 55% y no en el 60%.

Respecto al aumento de las compras de deuda, fue respaldada de forma mayoritaria por el Consejo de Gobierno, aunque sí hubo discrepancias sobre su magnitud. Algunos miembros del Consejo de Gobierno estuvieron a favor de «un aumento más moderado» con el argumento de que “todavía había disponible suficiente espacio para adquisiciones de las decisiones pasadas y en el entorno de elevada incertidumbre merecía la pena ser cautelosos para mantener la opción de realizar más ajustes en el futuro». Otros en cambio defendieron un aumento mayor de las compras de deuda porque consideraron que los 500.000 millones de euros que había propuesto Lane eran «insuficientes» para relajar más las condiciones financieras y conseguir que suba la inflación. Finalmente, se optó con el incremento propuesto por Lane, hasta los 1,85 billones de euros.

En las actas también queda de manifiesto el compromiso del BCE de seguir apoyando a la economía de la zona euro y de lograr su objetivo de inflación, lo que “podría también incluir el recorte de la facilidad de depósito”, según recogen las actas. Aun así, en la reunión se acordó la conveniencia de continuar con las medidas ya en vigor, como el plan de compras PEPP y las líneas de liquidez TLTRO, sin que hubiera necesidad de adoptar otras nuevas.

Biden anuncia un plan de ayudas urgentes para inyectar ayudas por 1,5 billones en la economía

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un paquete de ayuda económica valorado en 1,9 billones de dólares (1,5 billones de euros) para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. «Hemos de actuar ahora», anunció ayer Biden en una comparecencia celebrada en Delaware, en la costa este de Estados Unidos, con la presencia también de la que será su vicepresidenta, Kamala Harris. «Durante esta pandemia, millones de estadounidenses, sin tener la culpa, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo»-

El futuro jefe de la Casa Blanca ha anunciado un nuevo plan de rescate y de recuperación formado «por dos pasos», el segundo de los cuales, ha dicho, será detallado el mes próximo durante su primera comparecencia ante el Congreso, pero ha avanzado que a través de una serie de «inversiones históricas» se prevé la creación de 18 millones de puestos de trabajo. Así, dentro de ese plan se contemplan unos 400.000 millones (330.000 millones de euros) para la creación de un programa nacional de vacunación, con el que se espera alcanzar a unos 50 millones de personas, y a la reapertura de colegios y centros educativos durante sus primeros 100 días en el Despacho Oval.

Además, se destinarán unos 344.000 millones de dólares (290.000 millones de euros) para gobiernos locales y estatales, mientras que el resto del dinero, un billón de dólares irá directamente al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses afectados por la crisis, a través de pagos de hasta 1.400 dólares (1.150 euros) y otras ayudas en materia de vivienda, para las familias con pocos recursos, así como para las pequeñas y medianas empresas afectadas por la caída de ingresos.

Estas son las principales medidas del plan:

Pagos directos a las familias de 1.400 dólares, frente a los 600 anteriores

400 dólares a la semana de ayudas al desempleo, prorrogadas hasta septiembre

350.000 millones de ayudas a gobiernos estatales y locales

Subida del salario mínimo hasta los 15 dólares la hora

130.000 millones para la reapertura de escuelas

160.000 millones para un programa nacional de vacunación y rastreo

30.000 millones de ayudas a pequeños arrendadores

25.000 millones para servicios de cuidado infantil

Aumento de las ayudas alimentarias, de las deducciones por hijo

Mejores condiciones para las excedencias por cuidados médicos

Biden, quien ha agradecido a los congresistas republicanos y demócratas que alcanzaran un acuerdo el pasado mes de diciembre para lanzar un paquete de ayuda de emergencia contra el Covid, ha señalado que el primer paso de su plan de rescate está enfocado en la lucha contra la pandemia. Biden ha reconocido que «es mucho», pero ha justificado su ambicioso plan explicando que la salud misma de Estados Unidos «está en juego» y por lo tanto hay que «actuar ahora». Para ello, consciente de las dificultades de lograr el visto bueno, por lo menos en el Senado, ha apelado a la necesidad de «más bipartidismo».

Pese a que los demócratas empataron las fuerzas en el Senado al obtener sus dos últimos escaños con el triunfo en la segunda vuelta en el estado de Georgia, y que cuentan además con el voto de desempate de la futura vicepresidenta, Kamala Harris, algunas de las medidas precisarán de una mayoría reforzada de 60 senadores (sobre un total de 100).

Fue precisamente esa razón la que paralizó durante meses un acuerdo entre republicanos y demócratas para firmar el anterior plan de ayuda económica contra el coronavirus, valorado en 900.000 millones de dólares (735.000 millones de euros), que contempla cheques de 600 dólares (490 euros) para las familias.

El mes pasado, estas ayudas comenzaron a repartirse, después de varios días a la espera de la firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante ese tiempo criticó lo «ridículamente» bajos que eran esos 600 dólares y pidió que el Congreso los subiera a 2.000 (1.600 euros) o 4.000 dólares (3.300 euros). La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, dio luz verde al proyecto, pero no así el Senado, que no celebró votación alguna al respecto.

Tan sólo en la primera semana de enero ya ha habido una subida del 25 por ciento en las solicitudes para acceder a estas ayudas con respecto a los siete días anteriores, lo que significa 1,15 millones más de estadounidenses, según ha detallado también este jueves el Departamento de Trabajo, que cifra en 140.000 los puestos de trabajo perdidos sólo en diciembre.

El deterioro del sector bancario está por llegar

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves de que «el deterioro del sector bancario está por llegar», ya que hay un desfase entre el impacto de las crisis en familias y empresas y en el sector bancario. En la clausura de la XI edición del Spain Investors Day, Cos ha elogiado el papel de la banca para financiar a empresas y familias durante de la crisis de Covid-19 gracias a la reestructuración del sector durante los últimos años y ha pedido mantener esa solvencia tras la crisis.

«Es necesario que una vez acabada la crisis se mantenga la resistencia y solvencia del sector bancario para afrontar los nuevos riesgos, algunos claramente identificados», explicó. En ese sentido Cos indicó los nuevos riesgos de la transformación digital y la transición sostenible. El gobernador calificó de «positivo» el profundo proceso de digitalización de la banca, sobre todo para los clientes y el negocio, pero también alerta de que acarreará riesgos como los ciberataques, la mayor dependencia de proveedores externos e hizo hincapié en la entrada de nuevos actores, como las compañías tecnológicas que en otros sectores han sido «disruptivas».

Por ello, Cos aseguró que «tenemos que ser muy proactivos en su control, pero no hay que descartar que tengamos que adentrarnos en el terreno regulatorio sobre todo para garantizar un equilibrio en el tratamiento de las distintas actividades. De alguna manera se trataría de operacionalizar en la práctica el mantra que tenemos los supervisores de mismas actividad, mismos riesgos y mismas reglas».

Otro de los retos apuntados por Cos es la baja rentabilidad del sector, que ha animado a las entidades a ganar eficiencia y reducir costes a través de inversiones tecnológicas o con procesos de consolidación. No obstante, ha puntualizado que esta caída de la rentabilidad se ha debido a la mayor dotación de provisiones que permite a los bancos absorber los deterioros y por ello ha pedido a los inversores que valoren esta mayor capacidad de resistencia.

Igualmente, el gobernador ha insistido en lograr una respuesta europea a esta crisis también en el ámbito financiero, como ya ha ocurrido en el ámbito económico con el fondo de reestructuración, que «debería ser el embrión» de un futuro mecanismo de estabilización común.

El Gobierno cerró 2020 aportando 250 millones en prestaciones a autónomos

El Gobierno concluyó 2020 aportando 250 millones de euros para ayudas a trabajadores autónomos. Las prestaciones se concedieron a más de 300.000 de estos profesionales. en concreto, se abonó a final de diciembre el importe que corresponde a la prestación extraordinaria para superar la crisis de la Covid-19. Las ayudas la han recibido los autónomos que tuvieron que suspender su actividad debido a la pandemia. Dichos autónomos tenían que solicitar las ayudas administrativas y se les concedía la prestación o bien por bajos ingresos o por ser autónomos de temporada.

Así, unos 64.640 autónomos recibieron las ayudas por haber tenido que suspender de forma temporal su actividad. En cuanto al importe que se les concede, éste es del 50% de la base mínima de cotización de su actividad. No obstante, esto puede incrementarse un 20% cuando se trate de una familia numerosa. Los autónomos que no cumplieron con los requisitos iniciales sí que podían acceder a otra modalidad de las subvenciones en la que no había un periodo de carencia. Aquí se pudieron beneficiar unos 48.910 trabajadores. En este caso destacan los autónomos que tuvieran tarifa plana o no dispusieran del tiempo de cotización mínimo.

Por otro lado, la prestación compatible con la actividad profesional ha sido la que ha congregado a un mayor número de beneficiarios. En este caso se han beneficiado 235.143 profesionales. Ellos han recibido un mínimo de 661 euros, así como la devolución de la cuota por contingencias comunes.

Los trabajadores de temporada también han percibido ayudas. Unos 649 empleados autónomos de temporada han recibido el abono por parte de la Seguridad Social de estas ayudas. Con ellas se han sumado ya los 4.924 euros que el Gobierno ha abonado a los trabajadores autónomos desde el inicio de la pandemia en 2020.

Calviño asegura que la reforma laboral y de las pensiones se hará con los agentes sociales

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves ante más de 200 inversores internacionales que el Ejecutivo está «comprometido» a que 2021 sea un año de «recuperación y transformación», con un crecimiento del 7% sin contar los fondos europeos y con la consolidación fiscal.

Durante su intervención en la XI edición del Foro Spain Investors Day, que reúne en Madrid telemáticamente y de forma presencial a 46 cotizadas y más de 200 inversores internacionales, ha dicho que se han «mitigado» los principales riesgos, aunque eso «no significa que los próximos meses vayan a ser fáciles». Calviño ha afirmado que se avanza «en la buena dirección», lo que «no significa que la recuperación económica vaya a ser fácil, pero sí se dispone de las herramientas necesarias para combatir a la crisis del Covid».

De esta forma, ha indicado que la previsión es un crecimiento inercial del 7%, sin tener en cuenta el Plan de inversiones y los fondos europeos, y continuar el camino de creación de empleo que se ha iniciado en el tercer trimestre de 2020, cuando se crearon 570.000 empleos. Según Calviño, los datos disponibles indican que esta «tendencia positiva» continuó durante el último trimestre de 2020, especialmente en el mercado laboral, ya que la afiliación a la Seguridad Social ha mantenido una «tendencia ascendente» en octubre, noviembre y diciembre, los trabajadores en ERTE se estabilizaron en alrededor de 750.000 a pesar de la segunda ola y la afiliación de los autónomos «ha recuperado registros prepandémicos».

Así las cosas, ha aseverado que el impacto de la segunda ola de la pandemia «no ha sido tan profundo como en el primer semestre» y las empresas y los trabajadores autónomos han demostrado una «fuerte resiliencia» desde que se levantaron las restricciones. «España se vuelve a levantar más fuerte», ha enfatizado, recordando que «el PIB ha caído en todos los países», pero que la «prioridad» es «estimular e impulsar la economía, creando nuevos puestos de trabajo».

Como prioridades para el ejercicio 2021, ha citado controlar la pandemia, implementar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y terminar de implementar el Plan de Recuperación, que supone una «oportunidad» para modernizar el país, por ejemplo, con la Agenda España Digital 2025, y es una «buena noticia» para los inversores. En este sentido, ha detallado que los nuevos Presupuestos ya recogen 27.000 millones de euros del total de 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España hasta 2026, de ellos unos 72.000 millones en transferencias hasta 2023 y el resto en préstamos.

La vicepresidenta tercera también ha querido lanzar un mensaje de «compromiso» con la consolidación fiscal y ha explicado que el Ejecutivo ha realizado una previsión «moderada», en paralelo a una mayor recaudación fiscal de la esperada. A pesar de que «los capitales internacionales siguen confiando en España», ha remarcado igualmente que hay que seguir reduciendo la deuda pública, que este año alcanzará en torno al 120% del PIB.

La primera liquidación de la tasa Tobin se retrasa a abril y la de Google a julio

España estrena el sábado 16 de enero dos nuevos impuestos, el que grava los negocios digitales, más conocido como Tasa Google, y aquel por el que tributarán las transacciones financieras, la Tasa Tobin. No se puede decir, sin embargo, que esté “todo listo” para su implementación. El retraso en la aprobación de los correspondientes desarrollos reglamentarios ha obligado a Hacienda, según avanzaba este jueves Expansión, a retrasar a última hora los plazos de liquidación inicialmente previstos.

Este sistema habría permitido celebrar una primera liquidación del impuesto sobre las transacciones financieras en febrero, mientas que Hacienda se encaminaba a hacer caja por primera con la tasa Google en abril. Ambas fechas acabarán retrasándose, sin embargo, ante la tardanza en dar luz verde a la letra pequeña del funcionamiento de estos nuevos impuestos. En concreto, según confirman fuentes conocedoras del plan, la primera liquidación de la tasa Tobin se retrasa a abril y la de la Google, a julio.

Esto es así porque el impuesto sobre las transacciones financieras tendrá una liquidación mensual, a la que se procederá entre los días 10 a 20 del mes posterior. Como consecuencia del retraso, las liquidaciones de enero, febrero y marzo se harán de golpe en esos días del mes de abril. A partir de ahí, las de abril se harán el mes siguiente, y así sucesivamente. En el caso de la tasa Google, de liquidación trimestral, el retraso obliga a esperar ya a la conclusión del segundo trimestre para presentar las liquidaciones en el mes de julio, una vez cerrados los dos primeros periodos. A partir de ahí, la actividad del tercer trimestre será liquidada en octubre y así sucesivamente.

Esta demora tiene mayor afectación para los asesores fiscales que para los contribuyentes, que no verán alteradas las condiciones de pago de los nuevos tributos a los que tendrán que hacer frente este año. De hecho, los brókeres avanzan que ya tienen preparados los protocolos necesarios para comenzar a cobrar la tasa a partir del este mismo jueves, por lo que podrán empezar a recaudar para el fisco a partir del lunes, una vez que la tasa entre en vigor el próximo sábado. Los cambios, por tanto, no alterarán en ningún caso las nuevas obligaciones fiscales que pesan sobre los obligados tributarios de los flamantes impuestos, según confirman a este diario desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

En concreto, las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España y que desarrollen determinados servicios online, como la publicidad, la intermediación digital entre consumidores o la venta de datos de usuarios, verán sujetas estas actividades a un gravamen del 3%. La medida busca recaudar 968 millones de euros en este primer ejercicio en vigor, si bien la tasa nacional será inmediatamente sustituida por una de corte internacional, de alcanzarse un pacto en el seno de la Unión Europea o la OCDE.

A su vez, la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones quedará sujeta a una tasa del 0,2% sobre el saldo neto de operaciones diarias. El objetivo de la tasa Tobin es recaudar 850 millones de euros sobre las transacciones financieras. El gravamen afectará a la negociación de un total de 56 valores cotizados en la Bolsa, puesto que las compañías sujetas al gravamen fueron identificadas en el mes de diciembre y sus nombres son ya conocidos. El reglamento pendiente de aprobación definitiva suponía, entre otras cosas, que Hacienda evitará al contribuyente presentar una declaración anual sobre la Tasa Tobin a cambio de ofrecer un mayor volumen de información continua.

La justicia autonómica tumba el método de valoración de inmuebles del fisco

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de sumarse al criterio ya defendido por el alto tribunal valenciano declarando que el uso de la tasación hipotecaria no es adecuado como referencia para estimar la tributación correspondiente por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones. En su lugar, dictamina, la Administración Tributaria debe de basarse en el «valor real», aproximándose al precio de mercado de la vivienda.

Tradicionalmente, a la hora de gravar un inmueble la Administración Tributaria viene realizando la comprobación de valores con el método de la «tasación hipotecaria», previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria, que da por bueno el importe que figura en la escritura de préstamo hipotecario, como tasación para una futura subasta. Así, aunque el contribuyente adquiera una vivienda por 180.000 euros, si en el crédito figura que es de 250.000 euros, será esta última cifra la que Hacienda tenga en cuenta a la hora de gravarla. El sistema fue amparado por el Tribunal Supremo en la doctrina fijada en 2011, en la que la Administración quedaba eximida de demostrar la coincidencia entre el valor de tasación y el real. La carga de la prueba, a la hora de demostrar que las cifras no eran coincidentes, recaía en el contribuyente, que debía demostrar la disparidad.

En mayo de 2018, sin embargo, el alto tribunal español matizó su doctrina al señalar que «el acto de determinación del valor real de los inmuebles» ha de ser individual, «motivado y fruto de un examen» del mismo, «normalmente mediante una visita al lugar», abriendo la puerta a extender este criterio a cualquier valoración tributaria. La posibilidad fue aprovechada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló una valoración del fisco basada en la tasación hipotecaria, al exigir a la Administración autonómica que justificara las diferencias de cálculo frente al valor declarado por el contribuyente. «Lo que no es posible, es identificar el valor real del bien con el de tasación hipotecaria, pues», decía, dicha «valoración tiene una finalidad distinta», concluía. Por tanto, agregaba la Administración solo puede usar este cálculo «cuando en la tasación hipotecaria conste reflejado el valor real de mercado del bien en la fecha de transmisión, y solo en dicho caso».

El fallo supuso la abolición, de facto, de este tipo de valoraciones en la región. De hecho, el propio Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia está anulando este tipo de liquidaciones al amparo del dictamen del tribunal autonómico. Ahora, el alto tribunal andaluz aprovecha también la sentencia del Supremo de 2018 para exponer que «la Administración debe explicar en primer lugar por qué inicia la comprobación de valores, es decir, por qué no acepta el valor real del contribuyente, y seguidamente por qué elige» como alternativa la tasación hipotecaria, existiendo otras.

En una sentencia avanzada por el Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal expone que el fisco debe de basarse en el «valor real», que define como «el que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto de mercado libre». No hay «una cifra exacta», admite, pero «se aproxima más el precio de la compraventa» que «el previsto para una venta forzosa como es la realización de la hipoteca». Después de todo, matiza, el valor de cara a la hipoteca refleja otras cuestiones como «el de una venta futura, que garantizará el cobro del crédito ante posibles cambios y fluctuaciones del mercado». «Algo por tanto muy distinto al valor real», aduce, asumiendo que pueden coincidir, pero «»habrá que probarlo y explicarlo y la Administración, en este caso, no lo ha hecho». A tal efecto, ilustra, podría ser necesaria una visita pericial.

«Estamos ante una sentencia que supone un espaldarazo a los contribuyentes que, a día de hoy, siguen recibiendo comprobaciones de valores» del fisco basadas en la tasación hipotecaria, y para «aquellos que tengan recursos contra liquidaciones» de este tipo, expone José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, que ganó el caso de Valencia. Salcedo, recalca que este método de comprobación era, hasta ahora, uno de los más difíciles de recurrir, siendo el Tribunal de Valencia el único que estaba anulando estas comprobaciones sin exigir la práctica de prueba a los contribuyentes.

Dado que son ya dos los tribunales autonómicos que han fallado en este sentido, el abogado de Ático Jurídico concluye que «lo lógico es pensar que otros Tribunales irán, poco a poco, acogiendo esta doctrina», por lo que insta a los afectados por este tipo de cálculos a recurrir porque «las posibilidades de que dicha liquidación acabe anulándose, son cada vez mayores» en todo el país.