Reino Unido participará en las elecciones europeas de mayo si no hay salida pactada al Brexit

Los 27 Estados miembros de la UE han acordado retrasar el Brexit hasta el 22 de mayo (la premier había pedido que sea hasta el 30 de junio) solo si el Parlamento británico aprueba antes del 29 de marzo el acuerdo de retirada que May negoció con Bruselas. Si la Cámara de los Comunes (Cámara baja de Reino Unido) rechaza por tercera vez el acuerdo, la UE prorrogará el Brexit hasta el 12 de abril. Y será una salida dura, sin acuerdo.

Los Estados de la UE han respaldado el acuerdo de Estrasburgo pactado por May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que introduce compromisos de ambas partes para solucionar el punto más resistido por Reino Unido: el backstop, es decir, la salvaguarda irlandesa.

Esta será la excusa que tendrá May para presentar un acuerdo distinto, ya que el presidente del Parlamento británico, John Bercow, le impide a May presentar el mismo acuerdo que ya contó con el voto negativo de los diputados en dos oportunidades. En caso de que la votación se rechace y Londres opte por solicitar una extensión larga a la UE, deberá justificar los motivos y concurrir a elecciones europeas que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo en los diferentes Estados miembros.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, explicó en una rueda de prensa al final de la reunión de este jueves de los líderes de los Veintisiete que hasta el 12 de abril “todas las opciones permanecerán abiertas” con el segundo escenario, incluidas la salida con o sin acuerdo, una prórroga larga o la cancelación del Brexit.

“El 12 de abril es la fecha clave para que el Reino Unido decida si celebra elecciones al Parlamento Europeo. Si no ha decidido convocarlas para entonces, la opción de una extensión larga será imposible de manera automática”, señaló el político polaco.

En el caso de que a fecha del 12 de abril May no haya aclarado sus intenciones sobre cómo proceder con el Brexit, fuentes comunitarias apuntaron a que la salida sin un acuerdo se activaría de forma automática. La discusión sobre él se prolongó este jueves durante casi seis horas en las que los líderes de los veintisiete países que seguirán en la Unión Europea tras la salida del Reino Unido barajaron varias fechas y opciones, tras hablar con May.

En un primer momento, los Veintisiete formularon preguntas a la premier británica durante casi dos horas para conocer sus planes e intenciones sobre el futuro del Brexit; fuentes comunitarias admitieron que incluso antes del inicio de la reunión las sensaciones de los mandatarios sobre May eran “bastante negativas”. La política conservadora reiteró su petición de posponer la salida hasta el 30 de junio, plasmada ya en una carta enviada a Tusk el miércoles y que el club comunitario no aceptó hoy.

Sin embargo, los Veintisiete sí aprobaron los documentos pactados el 11 de marzo en Estrasburgo entre ella misma y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que contenían garantías adicionales sobre la salvaguarda irlandesa incluida en el pacto de salida. Esa petición incluida en la misma misiva del miércoles sí se vio satisfecha este jueves.

May, tras la reunión, apuntó que la prórroga condicional supone que los parlamentarios británicos deben decidir entre apoyar el acuerdo de salida cerrado por su Gobierno o verse obligados a convocar elecciones europeas. “Creo que la elección está clara para la gente”, dijo May, quien consideró que sería “erróneo pedir a la gente participar en estas elecciones tres años después de votar salir” de la UE.

Por un lado, dijo, “aprobar el texto la próxima semana, lo que implica una extensión hasta el 22 de mayo para ratificar la legislación, cumplir con el referéndum y dejar la UE de forma ordenada”. Por otro, “no hacerlo significa que tendríamos que volver al Consejo Europeo con un plan para seguir adelante, pero si esto implica una extensión más larga significa que tendríamos que hacer elecciones europeas”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado, después de finalizada la cumbre europea, que “España ya se prepara para un Brexit desordenado”, aunque ha asegurado que el mejor escenario es el de una salida “ordenada” con acuerdo entre ambas partes. “España ha realizado un ejercicio de empatía con Reino Unido”, ha dicho el presidente, pero ha añadido que la solución no depende de la UE, sino del Parlamento británico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se había pronunciado en el mismo sentido en la tarde de este jueves al afirmar que, en el caso de que la Cámara de los Comunes británica, vuelva a oponerse, “no quedará otra alternativa que un Brexit duro”.

El Tesoro coloca 3.475 millones de euros en bonos a una menor rentabilidad

El Tesoro Público ha colocado este jueves 3.475,4 millones de euros en bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho ahondando en el tipo negativo a tres años y rebajando la rentabilidad en las subastas a 10 y 30 años.

A pesar de remunerar menos a los inversores, los mercados siguen confiando en los títulos españoles de deuda pública, ya que la demanda conjunta de las tres emisiones ha superado ampliamente los 6.300 millones, muy por encima de lo finalmente adjudicado.

En concreto, el Tesoro ha colocado 1.640 millones de euros en bonos a tres años, frente a unas peticiones por importe de 3.380 millones, y el interés marginal ofrecido se ha situado en el -0,172%, más negativo que el -0,119% de la emisión previa celebrada el pasado 21 de febrero.

En las obligaciones a 10 años, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 1.225,46 millones de euros, por debajo de los 1.895,52 millones solicitados por los inversores, y lo ha hecho con una rentabilidad marginal del 1,108%, por debajo del 1,239% ofrecido el pasado 7 de marzo por el mismo título.

Por último, el Tesoro ha adjudicado 609,94 millones de euros en la obligación a 30 años, frente a una demanda de 1.094 millones, y también ha rebajado la rentabilidad ofrecida, desde el 2,189% de la misma emisión de hace un año al 1,951% de esta ocasión.

Con la emisión de este jueves el Tesoro completa el calendario de subastas del mes de marzo y no volverá a ofrecer deuda a los inversores hasta el próximo martes 2 de abril, cuando celebrará una nueva emisión de letras. El mes que viene también celebrará otra subasta de letras, el 9 de abril, y dos más de bonos, los días 4 y 11.

El BCE alerta de que la Eurozona no debería elevar su deuda pese a los bajos intereses

El Banco Central Europeo (BCE) ha alertado a los países de la eurozona no deberían elevar sus niveles de deuda pública animados por los bajos intereses que se pagan sobre ella, sobre todo dada la situación de que se tiene un margen fiscal “limitado”.

En su segundo boletín económico publicado en 2019, la entidad monetaria ha explicado que la diferencia entre el tipo de interés medio pagado sobre la deuda de las Administraciones Públicas y la tasa de crecimiento nominal de la economía “es una variable fundamental para analizar la evolución de la deuda y su sostenibilidad”.

“Un diferencial de la deuda persistentemente negativo implicaría que los ratios de deuda podrían reducirse aun cuando se registren déficits presupuestarios primarios”, ha asegurado el organismo, añadiendo que dicho indicador fue negativo en todos los países de la zona euro, salvo Italia, durante 2017.

Así, ha alertado de que “el bajo nivel actual de los diferenciales entre el tipo de interés y el crecimiento no debería tomarse como un incentivo para aumentar los niveles de deuda, especialmente cuando el margen fiscal es limitado”.

La autoridad presidida por Mario Draghi ha concluido que, aunque el gasto público y la inversión pueden “incrementar” el potencial de crecimiento a medio plazo de un país y “mitigar” los efectos cíclicos negativos de una fase recesiva, “los altos niveles actuales de deuda en muchas economías están restringiendo estos canales”.

El Ibex 35 cierra con pérdidas por el Brexit, la Fed y la caída de la banca

El Ibex 35 ha retrocedido un 0,53% en la sesión de este jueves, penalizado por los valores bancarios tras decidir la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantener sin cambios los tipos de interés y alertar de desaceleración en la economía. En concreto, ha finalizado la jornada en los 9.355,6 enteros, después de anotarse máximos anuales en el comienzo de la semana que le llevaron a acercarse a los 9.500 puntos. El mercado sigue pendiente del Brexit y está a la espera de que este viernes las agencias S&P y DBRS revisen el rating de España.

En este escenario, las mayores caídas las han presentado Mediaset (-3,22%), Sabadell (-3,14%), Bankia (-2,53%), Santander (-2,52%), Meliá (-1,99%), IAG (-1,72%), CaixaBank (-1,67%), Ence (-1,46%), Bankinter (-1,35%), Grifols (-1,21%) y BBVA (-0,86%). Por el contrario, en el lado de las ganancias han destacado Acciona (+1,61%), Cellnex (+1,53%), Enagás (+1,08%), Viscofan (+1%), Naturgy (+0,77%), Inditex (+0,72%) y Red Eléctrica (+0,51%).

Respecto a las principales plazas europeas, la Bolsa de Londres ha subido un 0,91% en la sesión, mientras que las de Fráncfort y de París han caído un 0,49% y un 0,07%, respectivamente. Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en 67,99 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 59,96 dólares. La cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1344 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 105 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,108%.

CC OO pide que Trabajo quite a las mutuas la gestión del paro de los autónomos

“La gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos debe atribuirse al Servicio Público de Empleo Estatal, que es la entidad gestora de las prestaciones por desempleo”, ha reclamado hoy el responsable de políticas de protección social de este sindicato, Carlos Bravo. Con ello, ha demandado que el Ministerio de Trabajo retire a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social la gestión de estas prestaciones. Estas entidades gestionan actualmente nueve de cada diez solicitudes de estas ayudas.

La prestación por cese de actividad de los autónomos es el equivalente a la prestación por desempleo contributiva de los asalariados, si bien su reconocimiento es algo más exigente que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. De hecho, en los nueve primeros meses del pasado año los autónomos solicitaron 2.901 prestaciones y las mutuas solo concedieron poco más de la mitad (1.482).

Las quejas de este colectivo llevaron al Gobierno a modificar la regulación de esta prestación, de forma que desde enero de 2019 la cotización por cese de actividad es obligatoria para los más de tres millones de trabajadores autónomos registrados en la Seguridad Social, frente al 14% del colectivo que cotizaba cuando esta prestación era voluntaria.

A cambio de hacer obligatoria esta cotización, el Ejecutivo ha ampliado de 12 a 24 meses el periodo máximo de cobro de esta ayuda, equiparando así la equivalencia entre el tipo cotizado y tiempo de cobro a la prestación contributiva por desempleo de los asalariados. Si embargo no se han modificado las causas de reconocimiento ni sus vías de acreditación, que son los motivos que llevan al rechazo de la mitad de las solicitudes.

Solo hay una novedad: se ha creado una comisión a la que se podrá recurrir cuando las mutuas denieguen la prestación al autónomo y que estará formada por un representante de las propias mutuas, otro de una asociación representativa de los autónomos y una tercera persona en nombre de la Seguridad Social.

“Se ha creado una comisión que es una especie de engendro en el que el representante de la mutua siempre va a apoyar la denegación de la prestación, quien represente a los autónomos se pondrá de parte del solicitante de la ayuda y quien designe la Seguridad Social será quien dirima”, ha explicado Bravo, “por eso lo razonable sería que el Servicio Público de Empleo sea el que autorice o deniegue desde un primer momento esta prestación”, ha añadido.

Es más, CC OO arremetió contra el hecho de que “se haya vendido a los autónomos este incremento de cotización por cese de actividad como una mejora, cuando la mejora real para ellos habría sido el aumento de su base de cotización, con la que se determinan sus futuras prestaciones”. De hecho, en la actualidad la gestión de esta ayuda ya genera un abultado superávit anual a la Seguridad Social, ya que en 2018 solo se gastó en prestaciones por cese de actividad el 13% de los 144,3 millones que se recaudaron –y eso que solo cotizaban por esta contingencia el 14% de los autónomos– lo que dejó un superávit de 126 millones de euros.

El Banco de España alerta que, si no se reforman las pensiones, lo hará Bruselas

El Banco de España cree que el sistema de pensiones afronta un importante reto de sostenibilidad y que, si no se toman medidas ahora, “llegará una crisis y serán los socios europeos y los mercados financieros quienes nos obliguen a hacer una reforma”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del supervisor financiero.

Este alto cargo del Banco de España ha ofrecido su visión sobre la situación de las pensiones públicas durante un debate sectorial organizado por la gestora de fondos Fidentiis, en la Casa de México en España. Arce ha explicado que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad ha provocado desequilibrios estructurales en la Seguridad Social.

Este especialista del Banco de España ha recordado que “de acuerdo con todas las previsiones” en 30 años se va a duplicar la tasa de dependencia -que mide la proporción de jubilados que hay en relación con los trabajadores activos-, por lo que insistió en la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera. En cuanto a las soluciones, Arce ha apuntado que en los próximos años habrá que mejorar los ingresos y también “recalibrar el sistema por el lado de los gastos”.

No es la primera vez que un alto cargo de la Administración alerta de la insostenibilidad del modelo tal y como está configurado en la actualidad. La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) advirtió recientemente que, si no se toman medidas para contener el gasto del sistema de pensiones y para cerrar el déficit estructural de las Administraciones, la deuda pública se dispararía por encima del 132% del Producto Interior Bruto en el entorno de 2048. El sistema de pensiones es “como el Titanic” porque, “si no se corrige el rumbo de la nave”, acabará chocando con un iceberg

La insuficiencia financiera del sistema es cada vez más patente y las cuentas se deterioran año a año. Este ejercicio se espera que termine con un déficit de 18.500 millones de euros. La deuda de la Seguridad Social con el Estado cerrará 2019 por encima de los 56.000 millones de euros. En los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, pasarán a cobrar una pensión cerca de 600.000 personas adicionales cada ejercicio.

El control laboral con cámaras, legal solo si se informa al empleado

En los últimos años ha resultado especialmente conflictiva la videovigilancia de los trabajadores en el seno de las empresas. Tanto es así, que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (alumbrada a la luz del Reglamento europeo), en vigor desde diciembre, regula expresamente cómo debe llevarse a cabo esta práctica en su artículo 89. Hace unos días, un juzgado de Pamplona dictó la primera sentencia (que puede consultar aquí) que se apoya en la nueva normativa.

En el caso enjuiciado se analiza el despido disciplinario de un empleado que es captado por las cámaras de seguridad peleándose con otro en el parking de la empresa. El trabajador impugnó la prueba basada en las imágenes, argumentando que la compañía no había informado sobre la finalidad del sistema de grabación, alegación que el juez acepta, declarando nulos los vídeos. Sin embargo, al existir testigos que acreditaban la disputa, declaró válido el cese.

¿Qué requisitos debe cumplir un sistema de videovigilancia para que pueda ser legalmente empleado para controlar a los trabajadores? Recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la nueva ley orgánica determina que los empleadores “habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores” de dos circunstancias. La primera, de la propia instalación de las cámaras de seguridad; y, la segunda, que las imágenes que estas capten pueden ser utilizadas para el control laboral. El deber de información, por tanto, es doble y no se entiende satisfecho si la empresa se limita a colocar junto al circuito un cartel informativo genérico, sino que, además, debe advertir a la plantilla de la grabación puede dar lugar a acciones disciplinarias.

Ricardo Fortún, abogado de Ejaso ETL Global, señala que este es el punto en el que suelen flaquear las compañías. “Es frecuente que, cuando instalan las cámaras, no se planteen que pueden ser usadas para controlar y sancionar a los empleados”; por tanto, al no haber advertido a los trabajadores, la prueba obtenida por la misma no es válida y no puede sustentar un proceso disciplinario.

En esta misma dirección, el juzgado de Pamplona subraya en su sentencia, “quedan absolutamente prohibidas las grabaciones encubiertas u ocultas, que es tanto como decir no informadas”. Otro de los fallos más comunes, según apunta Gema Luna, abogada de Lean, es la grabación en zonas no permitidas, como vestuarios o baños, lo que “vulnera el derecho a la intimidad del trabajador”. Ambos letrados insisten en la compañía debe informar personalmente a cada trabajador, así como a los representantes sindicales, por medios que acrediten la recepción de dicha comunicación.

El Banco de España vaticina un frenazo económico mayor de lo previsto por el Gobierno

El Banco de España ha ratificado este miércoles su previsión de que la economía española crecerá este año el 2,2 %, aunque ha disminuido una décima la contribución de la demanda nacional a ese crecimiento y ha aumentado otro tanto la aportación de la demanda externa. En su Informe trimestral, el supervisor también mantiene que el crecimiento económico se moderará hasta el 1,9 % en 2020 y el 1,7 % en 2021.

La entidad prevé que la economía española siga creciendo gracias a las mejoras competitivas logradas desde la crisis, el “tono acomodaticio” de la política monetaria, la buena situación patrimonial de empresas, familias e instituciones financieras, y la fiscalidad expansiva del actual Gobierno. Sin embargo, también espera que la desaceleración iniciada hace tres años vaya siendo más intensa de lo previsto por el Gobierno a medida que se vayan agotando los efectos positivos de la política monetaria, se modere el consumo de los hogares y la política fiscal tienda a tener un efecto más neutro.

El Gobierno coincide con el Banco de España en su proyección de crecimiento para este año, si bien para el próximo año el Ejecutivo estima un avance del 2,2 % (tres décimas más que el supervisor) y del 2,1 % en 2021 (cuatro décimas más). Para mantener sus previsiones respecto a las de diciembre, el banco central explica que la demanda nacional contribuirá con 2,3 puntos al crecimiento de la economía (una décima menos de lo calculado, ya que parte del consumo de los hogares se convertirá en ahorro).

Por el contrario, la demanda exterior neta sólo restará una décima al crecimiento económico (frente a las dos décimas calculadas previamente). En cuanto al mercado laboral, cree que la tasa de paro será una décima más baja de lo previsto para este y los próximos dos años, situándose en el 14,2 %, 13,2 % y 12,3 %, respectivamente. El supervisor también espera un repunte de los costes salariales que, a su vez, elevarán la inflación, de forma que la subyacente (sin alimentos ni energía) aumentará gradualmente desde mediados de este año, tras la moderación con que ha arrancado 2019.

De esta forma, el índice general, que el año pasado quedó en 1,7 %, se situará en el 1,2 % en 2019, 1,5 % en 2020 y 1,6 % en 2021, lo que supone bajar en cuatro décimas la previsión para este año (y una décima en los siguientes) debido a que la evolución reciente de los precios ha sido menos dinámica de lo anticipado en diciembre. Para el Banco de España, ello se debe a que la traslación a precios de los aumentos salariales recientes está teniendo lugar de forma más contenida que en el pasado.

Entre los riesgos que el supervisor observa en el ámbito internacional a corto plazo destaca la indefinición de los detalles relativos al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y la incertidumbre sobre la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a nivel global. A nivel interno, destaca la moderación del consumo de los hogares y la incertidumbre sobre la futura orientación de las políticas económicas y, en particular, de la reanudación del proceso de consolidación fiscal, necesario, según el Banco de España, para reducir la vulnerabilidad de la economía.

Con ese mismo objetivo, recomienda que los agentes económicos “internalicen” las circunstancias concretas de cada sector o empresa a la hora de fijar precios y salarios, velando por mantener las mejoras competitivas que han estado en el origen de la recuperación.

El BCE reanudará las compras de deuda antes de fin de año

La agencia de la calificación crediticia Fitch afirma que la institución retomará las compras netas de activos antes de concluya el año. Esta medida que expiró en diciembre de 2018 volvería a implementarse con el objetivo de insuflar aire a la recuperación en la zona euro. En este escenario el alza de los tipos se aplazaría a finales de 2020 debido al frenazo que sufre la economía de la región.

“La perspectiva de crecimiento para la zona euro se ha deteriorado de manera particularmente aguda”, señala la agencia, que ha revisado a la baja sus pronósticos de expansión del PIB de la zona euro para este año y el siguiente al 1% y el 1,3% respectivamente, frente a la anterior expectativa de un crecimiento del 1,7% en 2019 y del 1,6% en 2020. A pesar de este brusco recorte, la agencia descarta una recesión global, pues EE UU sigue creciendo por encima de la tendencia y en gran medida la debilidad mostrada en la recta final de 2018 se debe a factores temporales.

Fitch señala que los cambios acometidos en la pasada cita del BCE y el anuncio de la nueva ronda de liquidez a la banca para aliviar la presión que sufre el sector bancario (se enfrenta a vencimientos de préstamos por importe de 700.000 millones de euros) han llegado “un poco antes de lo que muchos esperaban”. No obstante, no cree que sean suficientes para hacer frente al frenazo económico en la zona euro.

“Hemos rebajado nuestras previsiones de inflación al 1,3% y el 1,4% para este año y el siguiente y ya no esperamos una subida de tipos en 2020”, auguran los analistas de Fitch, que consideran probable que el BCE “retome sus compras netas de activos a finales de 2019”.

La inversión extranjera marca un récord en España, pero cae en Cataluña

La inversión extranjera directa en España alcanzó en 2018 un récord. Tanto en términos brutos como una vez descontadas las desinversiones. En cifras brutas, la inversión foránea sumó el año pasado los 46.827 millones, un 71% más que en el ejercicio precedente. En el neto —que es en el fondo más importante porque refleja los flujos de entrada y de salida— se captaron 39.746 millones, un 153% más que el año anterior, según los datos del registro de inversiones del Ministerio de Industria.

Habría que remontarse al pico de la burbuja para siquiera acercarse a semejantes cantidades. El anterior récord en inversiones netas directas ascendió a 26.365 millones justo en 2008. Y en inversiones brutas los máximos se anotaron en 2007 y 2008, con unos 30.000 millones en cada año.

Según el Ministerio de Economía, estas buenas cifras se deben a que España está obteniendo unos crecimientos mayores que la media de la zona euro. Los datos no incluyen inversiones financieras. Se trata de inyecciones directas, destinadas a comprar una participación de control, abrir una fábrica o crear empleo. En definitiva, son proyectos a más largo plazo, ligados a las expectativas de crecimiento de la economía y, por lo tanto, tardan mucho más en marcharse que los capitales puramente especulativos.

Por el contrario, las cifras de Cataluña vuelven a retroceder. En 2018 descendieron un 12%. Entre 2016 y 2018, la comunidad ha pasado de recibir 8.273 millones brutos a solo 2.985 millones. En medio del desafío soberanista, su peso en el total de la inversión foránea en España se ha desplomado desde el 31% al 6,4% en tres años. Según los expertos, el traslado de sedes de empresas por la incertidumbre independentista ha podido contribuir al deterioro. En cambio, en ese mismo periodo la tarta de la Comunidad de Madrid ha engordado con mucha velocidad desde el 44% del total hasta el 85%.

A todas luces, el efecto capital hace que los flujos se concentren sobre todo en Madrid. De hecho, en 2018 solo ingresaron más inversión Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra. En un foco tradicional de las inversiones foráneas como el País Vasco, estas cayeron en 2018 un 74% hasta los 969 millones y ya solo representan el 2% del total nacional. En cualquier caso, los datos resultan altamente volátiles de un solo ejercicio para otro porque un único desembolso importante puede condicionar la estadística, especialmente en las regiones más pequeñas.

Además, puede haber correcciones a posteriori en los años siguientes porque las compañías se demoren en reportar sus inversiones. Sin embargo, las tendencias de fondo sí que parecen bastante evidentes. Sea como fuere, Madrid gana peso frente a Cataluña y todas las demás.

La Reserva Federal congela el alza de tipos y no prevé nuevas subidas hasta 2020

La Reserva Federal de EE UU continúa la senda de moderación con la que comenzó el año y que tantas alegrías ha proporcionado al mercado. Después de que el presidente de la institución, Jerome Powell, avisara en reiteradas ocasiones de que se mostraría flexible con el ritmo de subida de los tipos, ayer dio una muestra de ello. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en la horquilla del 2,25-2,5%, nivel en que permanecen desde el pasado mes de diciembre. Por primera vez desde septiembre de 2017, el FOMC se reunió para hablar de política monetaria y del cuadro macroeconómico sin que decidiera elevar los tipos.

La decisión de la Fed de no tocar el precio del dinero no fue una sorpresa para los inversores, como sí lo fue el cambio en las proyecciones de expectativas de subida de los tipos. En diciembre el banco central de EE UU rectificó y recortó de tres a dos veces el alza del precio del dinero prevista para 2019, pero ayer decidió dar un paso más allá. El debilitamiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre de 2018 llevó al comité a descartar nuevas subidas de los tipos este año.

Así lo reflejaron 11 de los 17 participantes, nueve más de los que a finales de 2018 aconsejaban que no eran necesarios más repuntes. Según el diagrama de puntos de la institución, habrá que esperar a 2020 para que la Fed reanude el camino que inició en diciembre de 2015. De confirmarse las nuevas proyecciones, este año será el primero en cinco ejercicios en el que el banco central no toca los tipos. “Puede que pase un tiempo antes de que necesitemos ajustar la política monetaria. Es un gran momento para ser pacientes”, afirmó Powell nada más comenzar la rueda de prensa.

Los expertos de ING destacaron que las proyecciones de la Fed fueron más agresivas de lo previsto. “Habíamos planeado eliminar una de sus alzas proyectadas del diagrama para este año, pero eliminar ambas es una sorpresa. Parece bastante agresivo, dado que los funcionarios nos han estado diciendo repetidamente que la economía de EE UU es fuerte”, subrayaron.

Los tipos no son la única herramienta de la que se sirve la institución para mantener estables los precios. La otra medida cuyo efecto en mercado es significativo es la que hace referencia al balance del banco central. Si a finales de 2018 Powell afirmaba que mantendría el ritmo de reducción de su balance ahora ha optado por echar el freno e indicar que a finales de septiembre espera concluir su reducción. Previamente, en mayo la Fed disminuirá de 30.000 a 15.000 millones la tenencia de valores del Tesoro. El balance de la Fed cerró 2018 en 4,5 billones de dólares, muy lejos del billón que registraba antes del estallido de la crisis financiera.

Como ya hiciera el BCE en la cita del 7 de marzo, la Fed actualizó ayer sus proyecciones macroeconómicas. El banco central de EE UU recortó dos décimas su estimación de crecimiento para 2019 (2,1%) y en una décima la de 2020, hasta el 2% ante el frenazo en el crecimiento en Europa y China, así como las dudas que generan la guerra comercial y la incertidumbre en torno al Brexit. Eso sí, mantiene intacto su cálculo para 2021, cuando se prevé que el PIB suba un 1,8%.

Unos datos que evidencian la ralentización, pero que continúan lejos de enviar señales de recesión. La tasa de paro cerrará el año en el 3,7%, por encima del 3,5% que preveían hace tres meses. En 2020, subirá al 3,8% y al 3,9% en 2021. La previsión inflación, por su parte, cae una décima este año y el próximo, hasta el 1,8% y 2%, respectivamente. Será en 2021 cuando los precios alcancen el objetivo del 2%. Es decir, no existen presiones inflacionistas que justifiquen la subida de tipos.

El Banco de España advierte de que los decretos sociales del Gobierno frenan la reducción del déficit

El Banco de España ha dado este miércoles un toque de atención al Gobierno que se forme tras las próximas elecciones. El organismo supervisor ve esencial que las cuentas públicas estén preparadas ante un empeoramiento de la economía, y prevé que este año el agujero de las cuentas, el llamado déficit público, solo baje dos décimas, desde el 2,7% del PIB hasta el 2,5%. Y ello a pesar de tener uno de los mayores déficits de la Unión Europea y registrar crecimientos de la economía. La menor corrección del déficit se debe en parte a una menor inflación que impide que el déficit se diluya al ponerlo en comparación con el PIB. Pero también a los llamados viernes sociales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Estas medidas individualmente consideradas han tenido un impacto relativamente pequeño”, ha señalado el director del servicio de estudios del banco, Óscar Arce, durante la presentación de sus proyecciones trimestrales. Sin embargo, según ha explicado, contribuyen a un empeoramiento de las cuentas. En total, teniendo también en cuenta el importante efecto de la inflación, el deterioro alcanza hasta una décima del PIB, unos 1.200 millones. Empeora a pesar de que el banco también destaca que está mejorando la recaudación tributaria y que esos mismos decretos aprobados contemplan subidas de cotizaciones.

“No tenemos sobre la mesa una estrategia de consolidación de las cuentas públicas que ayude a reducir esta vulnerabilidad “, ha afirmado Arce. Y ha añadido que en ese contexto la política fiscal adoptaría un tono “claramente expansivo y procíclico” en una fase ya de por sí de expansión. En definitiva, será “otro año en barbecho” para la reducción del agujero presupuestario. “Esto nos deja un pelín insatisfechos”, ha concluido. El Banco de España se ha mostrado además sorprendido por el fuerte crecimiento del consumo público en el último trimestre de 2018.

Los viernes sociales incluyen medidas como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años o el aumento de los permisos de paternidad. En cuanto a la subida del salario mínimo, el Banco de España sostiene que todavía es muy pronto para conocer el impacto. Sin embargo, Arce ha explicado que los datos de los dos primeros meses no refutan la tesis del supervisor de que se perderán unos 125.000 empleos. Observan que sí está teniendo efecto en “los colectivos más vulnerables”.

Además, el Banco de España detecta que las mejoras de salarios se están dando de forma generalizada, sin atender a la situación particular de las empresas o de los sectores. Aunque no están en contra de las alzas salariales, estas deben hacerse vigilando que se preserva la competitividad, máxime cuando aumentan los riesgos para la economía.

Pese a al deterioro de la actividad global y sobre todo de la zona euro, la economía española mantiene “un notable dinamismo”, asegura el Banco de España. En su informe trimestral publicado este miércoles, el organismo prevé que entre enero y marzo el PIB crezca un 0,6%, solo una décima por debajo del trimestre precedente.

“España no ha sido inmune a la perturbación exterior, que se ha manifestado en el tramo final del pasado año en una notable pérdida de vigor de las exportaciones”, dice el documento. No obstante, el Banco de España considera que la demanda interna ha paliado este efecto. Hasta el punto de que no se ha producido una desaceleración como la experimentada en el resto de la UE. El consumo privado ha tirado gracias a la creación de empleo, la baja inflación, el descenso de la tasa de ahorro, el crédito al consumo y el impulso que los Presupuestos del Estado han inyectado en las rentas de los hogares, sobre todo en la segunda mitad de 2018 con las subidas de pensiones y sueldos de funcionarios. El buen comportamiento del consumo de familias refleja que van “con el pie en el acelerador bastante hundido”, ha apuntado Arce.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos cree que la fase expansiva se prolongará en los próximos años, con un crecimiento que irá a ritmos cada vez un poco más lentos: del 2,2% en 2019, el 1,9% en 2020 y el 1,7% en 2021. Estos supuestos descansan en que durante este año vayan desapareciendo las incertidumbres y mejore la demanda global en un contexto de políticas monetarias muy favorables. “La contribución negativa que actualmente presenta la demanda externa tendería a moderarse a lo largo del horizonte de proyección”, dice.

Valerio niega que las pensiones de viudedad se vayan a recortar

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha salido al quite de las declaraciones de su propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre la intención del Gobierno de estudiar la vinculación de la cuantía de estas pagas al nivel de renta del beneficiario. Esto ha provocado la reacción de la ministra, que, en plena campaña electoral, ha asegurado ante los medios que el Gobierno “no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas”.

“Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad”, ha dicho la ministra al ser preguntada por la polémica. “Rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir en la senda de subir un poquito más las mínimas”, ha explicado.

Concretamente, la polémica que ha generado el cruce de declaraciones entre la ministra de Trabajo y el secretario de Estado de la Seguridad Social viene por si la medida expresada por Granado de vincular la cuantía al nivel de renta implica un rejonazo a la nómina de las pensiones de viudedad.

Si vamos al fondo de la cuestión, Valerio está en lo cierto asegurando que “el Gobierno no tiene intención de bajar” las pagas de viudedad sino todo lo contrario. De hecho, tal y como se extrae del Real Decreto-ley aprobado en el mes de diciembre con la subida de las pensiones se establece el incremento de la base reguladora para el cálculo de la prestación del 56% al 60%. Y más, allá la postura de continuar incrementando la protección sobre este colectivo también aparece recogida en la recomendación 13 del Pacto de Toledo donde los partidos abogan por “garantizar una cobertura adecuada de las situaciones de necesidad” intensificando la protección en las personas beneficiarias mayores de 65 años.

Sin embargo, esta postura es totalmente compatible con las manifestaciones realizadas por el Octavio Granado este martes, ya que la vinculación de la pensión al nivel de renta del beneficiario no implica una caída ex profeso de las cuantías a percibir. Si no que acarrea una reforma completa del modelo de cálculo, de forma que a medida que el perceptor tenga un nivel de poder adquisitivo suficiente para mantener su nivel de vida la cuantía inicial será menor. Así, esto no supone un recorte de la pensión, pero sí una variación de modo que la persona que iba a recibir los 708 euros de media de la prestación ahora recibirá solo lo que le corresponda según su nivel de renta, menor o superior a esta cantidad. Eso sí, Granado confirmó que la reforma solo afectaría a las nuevas pensiones y no a las ya vigentes.

En declaraciones a la prensa en Guadalajara, la ministra ha insistido en que, ante cualquier cambio que se tenga que realizar en el sistema público de pensiones, el PSOE apostará por garantizar su sostenibilidad social, es decir, que, “como poco”, las pensiones suban con el IPC, así como su sostenibilidad financiera.

El SEPE actualiza las bonificaciones para los autónomos

Es por eso que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) han actualizado dichas bonificaciones publicando un nuevo documento en el mes de marzo. Estas ventajas se enmarcan dentro de la política activa de este organismo, con la que pretende fomentar el emprendimiento colectivo y apoyar a la Economía Social. De este modo, se introducen nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al RETA, y se mejoran algunos de los ya existentes, según informa el propio SEPE.

“Las medidas presentadas coadyuvan a afianzar la hoja de ruta emprendida en los últimos años en materia de autoempleo, que se articula en torno a tres ejes: impulsar el autoempleo, individual o colectivo, apoyar a aquellos que ya han emprendido para que puedan consolidar y hacer crecer sus proyectos; y avanzar en la mejora de la protección social de los autónomos con el fin de salvar la brecha que existe entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores asalariados”, añaden en el documento.

Tarifa plana de 60 euros: Destinada a los nuevos autónomos o que no hayan estado dados de alta en el RETA en los dos últimos años. Su cuota mensual de cotización a la Seguridad Social se verá reducida a 60 euros durante los 12 primeros meses de actividad. Además, si la actividad se desarrolla en municipios de 5.000 habitantes la reducción se ampliará hasta los 24 meses. En el caso de que se opte por una base de cotización superior a la mínima, su cuota de autónomos se verá reducida en su equivalente al 80%, incluida la incapacidad temporal.

Menores de 30 y emprendimiento femenino: Los varones menores de 30 años y las mujeres menores de 35 que inicien actividad o que lleven al menos 2 años sin estar en el RETA accederás a una bonificación adicional a la tarifa plana equivalente al 30% sobre la cuota por contingencias comunes durante los 12 meses posteriores a la finalización de su bonificación de carácter general. En cualquier caso, el periodo máximo de bonificación no podrá superar los 36 meses.

Maternidad: Las trabajadoras autónomas que se encuentren en situación de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia natura tendrán una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicación sobre la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida. Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real Decreto-Ley 11/1998. La duración será durante el periodo de descanso; mínimo un mes.

En lo que respecta a la reinserción profesional, aquellas autónomas que hubieran cesado en su actividad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela y vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha de cese tendrán de cuota fija por contingencias comunes y contingencias profesionales, de 60 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de reincorporación. Si optasen por una base superior a la mínima podrá aplicarse durante el período antes citado una bonificación del 80% sobre la cotización por contingencias comunes.

Autónomos con discapacidad: Aquellos profesionales autónomos con al menos un 33% de grado de discapacidad también podrán acceder a la tarifa plana de 60 euros, así como las víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Conciliación familiar: Quedarán exentos de pagar la cuota por contingencias comunes aquellos autónomos que soliciten la conciliación de la vida personal y familiar vinculada a la contratación. Se reducirá al 50% en el caso de que la persona contrata ejerza su jornada a tiempo parcial, siempre aplicado a la base media de cotización mínima vigente.

Los requisitos de conciliación son aquellos autónomos que tengan menores de 12 años a su cargo, a algún familiar por consanguinidad o afinidad de hasta segundo grado en situación de dependencia o con algún grado de discapacidad superior al 33% El SEPE aclara que en el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el RETA, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

Autónomos colaboradores: Las nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos tendrán derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25% durante los 6 meses siguientes.

Autónomos de Ceuta y Melilla: Si residen en estas ciudades autónomas y su actividad se encuadra en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo, la construcción de edificios, las actividades financieras y de seguros y las actividades inmobiliarias, tendrán una bonificación del 50% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial.

Se dispara el contrato temporal, sobre todo entre jóvenes

Casi 2,9 millones de ocupados (2.894.800) tuvieron en 2018 un contrato a tiempo parcial en España, una cifra un 3,2% superior a la de 2017 y la más alta en diez años, según un informe que ha publicado este miércoles la empresa holandesa Randstad basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat).

Sin embargo, la tasa de ocupación a tiempo parcial se mantuvo estable en 2018 en el 14,8%, mismo porcentaje que en 2017, debido a que, aunque hay más personas trabajando a tiempo parcial que en 2017 también ha crecido la base sobre la que se calcula este indicador al haberse generado más empleo.

Randstad destaca que “a menor edad del trabajador, mayor tasa de ocupación a tiempo parcial”. Uno de cada tres trabajadores menores de 25 años trabaja a tiempo parcial, sostiene el informe. En concreto, el 37,4% de los trabajadores más jóvenes (menores de 25 años) cuentan con un contrato de estas características. Esta cifra tuvo una leve reducción respecto al 38,5% de 2017. El único grupo en el que la tasa de ocupados a tiempo parcial se incrementó es en el de los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años. Pasó del 14,8% en 2017 al 15% el año pasado.

Las dos Comunidades Autónomas con menores índices de empleo parcial son Madrid y las Islas Baleares, ambas con el 13% de los trabajadores con este tipo de contratos. En el otro extremo se ubican Extremadura, País Vasco y Navarra, que tienen un 16,5%, un 16,4% y un 16,2%, respectivamente, de trabajadores a tiempo parcial.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas que más han aumentado la tasa de trabajadores a tiempo parcial son Castilla-La Mancha, que tuvo una variación del 15% entre 2017 y 2018, y Asturias, que registró un incremento del 13%.

Las únicas dos Comunidades que redujeron el número de trabajadores a tiempo parcial fueron la Comunitat Valenciana, donde bajó un 9,6%, y País Vasco, con un descenso del 1,6%. El informe de Randstad afirma que la media europea se sitúa en el 19,4%. La empresa holandesa remarca que “entre los países europeos que registran las mayores tasas de trabajadores a jornada parcial se encuentran entre los que cuentan con las menores tasas de paro”.

Las multinacionales piden un pacto de Estado por la educación que se ocupe de formar a los futuros trabajadores en las áreas que se van a necesitar

De estos nuevos empleos que se van a generar, entre 201.000 y 243.000 estarán destinados a jóvenes de entre 16 y 34 años (entre el 41% y el 50% del total). Así, si se suman los actuales trabajos cualificados ocupados ya por jóvenes a los nuevos que se generarán, en 2028 la demanda de empleo especializado para este colectivo ascenderá a 687.000 empleos en total.

Sin embargo, ni las previsiones demográficas ni el actual sistema educativo parece que vayan a contribuir a proporcionar tantos profesionales preparados para las áreas en las que se van a necesitar. De hecho, los números en los que se basan las multinacionales de la Fundación I+E para lanzar esta alerta sobre un pacto educativo indican que España no podrá cubrir entre 85.000 y 104.000 empleos de jóvenes cualificados de los 687.000 que serán necesarios hasta 2028. Esto supone que entre el 13% y 15% de la demanda total de este tipo de puestos para jóvenes no se cubrirá.

El estudio de Josep Oliver maneja estas horquillas porque ha calculado tres supuestos distintos de creación de empleo y crecimiento de la economía distintos. Si bien todas estas hipótesis recogen un saldo migratorio neto hasta 2028 de 250.000 personas anuales, algo que es excesivamente optimista para este catedrático. De hecho, el autor de este trabajo ha precisado que los déficits de mano de obra joven en diez años podrían ser mayores, si no se cumple este saldo neto de inmigrantes o también en el caso de que se cumplieran en volumen este crecimiento de la población inmigrante pero el nivel formativo de las nuevas llegadas no fuera el que necesita la economía española.

En el lado contrario, las necesidades no cubiertas de empleo cualificado entre los jóvenes serían inferiores a las planteadas si aparecieran nuevos aumentos de productividad de la economía; si los avances del empleo y el PIB fueran menores de los considerados o si se produjera movilidad entre las distintas regiones y edades.

¿Qué puestos cualificados serán los que tengan más dificultades para ser cubiertos por jóvenes en los próximos diez años? Los técnicos en operaciones de tecnologías de la información serán los que tengan mayores dificultades para cubrir toda la demanda. Concretamente, los datos de este estudio apuntan a que en diez años no habrá jóvenes formados para cubrir el 18,1% de estos puestos. Le seguirán los profesionales de ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingenierías (conocidas como profesiones STEM por sus siglas en inglés), que tendrán un déficit de empleo joven cualificad del 17,8% (ver gráfico).

El presidente ejecutivo de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, advirtió que “en la actualidad no tenemos los suficientes jóvenes estudiando y preparándose para el cambio de tendencia que anuncian las empresas”, que pasarán de necesitar perfiles de hostelería y turismo a otros claramente más digitales. Por ello, hizo “un llamamiento a la acción” para actuar en el sector educativo porque “aún estamos a tiempo”, dijo.

La ministra de Hacienda anuncia que el déficit público bajó del 2,7% del PIB en 2018

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el déficit público cerró el pasado año por debajo del 2,7% del PIB, gracias a evolución de los ingresos en el último cuatrimestre de 2018, la buena marcha de economía en la última parte del año y al menor coste de la deuda. España habría incumplido el objetivo de déficit público oficial fijado por Bruselas en el 2,2% del PIB. No obstante, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró nada más llegar al poder en junio del año pasado que no podría ajustar el déficit a la meta de Bruselas y que se ceñiría a un tope del 2,7%.

Así lo ha señalado Montero en un desayuno informativo organizado por la cadena SER, en Sevilla, donde ha señalado que en mayo del pasado año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya calculo que el cierre del déficit en 2018 estaría en el 2,7%, y ha asegurado que el ministerio está ultimando los trabajos para comunicar oficialmente el dato. “Pero ya tenemos la certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7%”, añadió.

Esta bajada del objetivo de déficit, según ha indicado, hará que España salga del procedimiento de déficit excesivo, “cuestión de extraordinaria importancia” porque actualmente es el único país bajo este mecanismo de supervisión, por lo que su salida supone una muestra de “fortaleza, solvencia y buen trabajo”.

Así, ha valorado el papel, “especialmente” de los ayuntamientos y también de las comunidades, para rebajar el déficit, aunque ha apuntado que “algunos ayuntamientos se encuentran todavía con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pagos”. Ante esto, ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que conseguirán, en el caso de Andalucía, que 171 ayuntamientos ahorren 731 millones en cinco años.

Tras afirmar que España mantiene “una tasa de crecimiento más robusta que la Eurozona y asegurar que “los inversores confían más en la economía del país de la derecha política del país”, la ministra ha llamado la atención sobre los “efectos devastadores” que todavía son perceptibles en la sociedad por la crisis económica. “Se ha debilitado el ascensor social y el 99 por ciento de la población es más pobre y ha perdido la esperanza de progreso”, ha lamentado.

Ha reconocido que la desigualdad es “un lastre” para el progreso económico y para la estabilidad de los países y ha apuntado que la desregulación de la actividad financiera, la reducción del papel del Estado y la bajada sistemática de los impuestos en los 80 es origen de “la vulnerabilidad económica”.

Frente a esto, ha destacado las medidas alcanzadas en los nueve meses de gobierno socialista, con subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida de las pensiones de viudedad, aumento del permiso de paternidad, garantizar los planes de igualdad en las empresas o la devolución del IRPF para aquellas familias que hayan tenido un hijo desde 2014. A esto también ha añadido la lucha contra la violencia de género, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no aprobados contaban con 220 millones, “la partida más elevada de la serie histórica”.

En cuanto a las medidas para la transición ecológica, Montero ha advertido de la “oportunidad” que representa este ámbito en empleo e inversión, llegando a crear 300.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 y una inversión de 200.000 millones. “Es urgente acometer esta transición para revertir el cambio climático. Es una oportunidad y sería una enorme irresponsabilidad dejarla pasar”, ha asegurado.

“Toca ser imaginativos y valientes para cambiar la realidad ante situación que no pueden esperar y requieren de medidas transformadoras”, ha señalado Montero, quien ha llamado a interponer el interés de la nación al particular con “medidas viables para recuperar los derechos y la confianza en la política.

Sobre fiscalidad, la ministra de Hacienda ha argumentado que “una Hacienda que se orienta hacia un modelo con poca progresividad, obviando el principio de la Constitución de que todos deben contribuir al sostenimiento del Estado”, lo que hace, a su juicio, es “deslegitimar el papel de los impuestos para definir el modelo de convivencia”.

En este sentido, ha apuntado que los PGE que presentó el gobierno socialista iban “en otra dirección”. “Eran unos Presupuestos objetivamente buenos para España”, ha afirmado, toda vez que ha recordado que “cumplían por primera vez con el Estatuto de Autonomía para Andalucía al contar 2.130 millones en inversiones.

El Supremo establece doctrina sobre la base imponible del impuesto de transmisiones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado, sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

Así lo establece el Supremo en una sentencia en la que rechaza el recurso de casación presentado por CaixaBank contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró correcta la liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales onerosas que se le giró a la entidad financiera, tras recibir la dación en pago a su favor de unas fincas para saldar la deuda derivada de un préstamo hipotecario. La Agencia Tributaria tomó como base imponible la deuda pendiente de cobro y no el valor real de los inmuebles.

El Tribunal Supremo fija así el criterio interpretativo que consiste en determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al ITP, la base imponible ha de establecerse en función del valor real del inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

El alto tribunal recuerda que el artículo 93.1 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y de acuerdo con los artículos 10 y 46.3 de la ley que regula este impuesto, en una dación de pago de uno o varios inmuebles hipotecados, la base imponible del ITP habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, “cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien o los bienes inmuebles que se transmiten”.

Por ello, añade el Supremo, habrá que convenir que el valor real de dicha operación o negocio jurídico viene determinado, precisamente, por el importe de la deuda hipotecaria a extinguir cuando sea superior al valor del inmueble.

En el caso concreto resuelto, CaixaBank presentó la correspondiente liquidación por el concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales onerosas, consignando como base imponible el valor de las fincas adquiridas (141.982,90 euros), lo que arrojaba una cuota tributaria de 8.518,97 euros.

Sin embargo, la administración tributaria consideró que la base imponible del impuesto debía coincidir con el importe de la deuda hipotecaria cancelada como consecuencia de la transmisión, que ascendía a 197.211,91 euros, cifra superior al valor real de las fincas, por lo que giró a la entidad bancaria una liquidación provisional de 11.832,71 euros.

Procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.

Los sindicatos piden al Gobierno que derogue la modificación de la Mutua de los funcionarios de Justicia

Los sindicatos se concentran hoy ante la Administración de Justicia y la Mutualidad General Judicial y el Ministerio de Justicia para solicitar la derogación del cambio de normativa de la Mutualidad de Funcionarios de Justicia (MUGEJU). El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de marzo el real decreto de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de marzo, una entidad que gestiona un presupuesto de 104 millones de euros y que da cobertura a unas 100.000 personas.

Para los sindicatos, el cambio en la normativa corresponde a una decisión del Gobierno de “tomar el control de la mutualidad de los funcionarios de Justicia, para eliminar el control sobre las cuentas y la asistencia sanitaria por parte de los funcionarios que se benefician de este sistema”, señala CSIF en un comunicado. Según detalla Comisiones Obreras en un comunicado, Mugecu hasta ahora se elegía democráticamente “por y entre el colectivo de mutualistas por sufragio universal, en un Consejo Rector compuesto por miembros designados a dedo y con mayoría de representantes de los grupos profesionales que tienen menos afiliación y menos cotizaciones”.

Con esta normativa, se eliminan los dos máximos órganos de control democrático de la mutualidad -la Asamblea y la Comisión Permanente- y se sustituyen por otros dos – el Consejo General y la Comisión Rectora-, controlados directamente por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, responsable de la designación de sus miembros, añade CSIF.

“La Asamblea de la Mugeju tenía hasta ahora una representación proporcional de todos los colectivos de mutualistas que la integran: la mitad de compromisarios/as pertenecen los cuerpos de jueces, fiscales, letrados, médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (INT), gestión o técnicos de laboratorio del INT y la otra mitad a tramitación, auxilio y auxiliares de laboratorio del INT, eligiéndose democráticamente entre y por todos y todas las mutualistas cada cuatro años en las distintas comunidades autónomas”, detalla CCOO en su comunicado.

Con la nueva regulación del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la Asamblea es sustituida por el llamado Consejo General, que supone que “más de la mitad de “representantes” serán de colectivos que no tienen ni un cuarto de mutualistas, mientras que la inmensa mayoría del colectivo estará mínimamente representado. Y se fulmina el sistema democrático de elección por sufragio universal”, explican.

Así, tras la modificación, se designarán dos miembros de la carrera judicial, designados por el Consejo General del Poder Judicial (11,1% de cotizaciones del cuerpo sobre el total); dos miembros de la carrera fiscal, designados por el Fiscal General del Estado (4,3%); dos miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (6,9%); dos miembros de los Cuerpos de Médicos Forenses y de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (INT) (1,5%); dos miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Técnicos Especialistas del INT (25,4%); dos miembros del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (36,2%) y dos miembros del Cuerpo de Auxilio Procesal y de Auxiliares de Laboratorio del INT (15,1%). En los dos últimos casos, todos los miembros serán designados por la ministra de Justicia.