Actualidad fiscal julio 2020

Actualidad fiscal julio 2020

Índice

    1. Aprobada la prórroga de los erte y de las ayudas a autónomos hasta el 30 de septiembre
    2. Declaración Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2019.
    3. Cuentas anuales ejercicio 2019.
    4. Aplazamientos/fraccionamientos

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Sánchez anuncia una nueva línea del ICO de 50.000 millones para pymes y autónomos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 50.000 millones de euros para pymes y autónomos vinculada a la solvencia. Así lo ha avanzado en una entrevista en La Sexta, en la que ha marcado como objetivos para la nueva fase de la crisis del Covid el crecimiento y el empleo para avanzar en la reactivación económica y ha anunciado la nueva línea del ICO, que verá la luz en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.

En concreto, ha anunciado una nueva línea del ICO de 50.000 millones para las pequeñas empresas y los autónomos vinculada a la solvencia, tras haber subrayado que se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de la línea de avales del ICO de 100.000 millones de euros aprobada el 17 de marzo por el Ejecutivo para hacer frente al impacto del Covid. El pasado 16 de junio el Gobierno activó el quinto y último tramo de avales públicos para créditos a empresas por importe de 15.500 millones de euros, que completa el programa dotado con 100.000 millones de euros habilitado para mantener el tejido productivo.

Precisamente ayer el Gobierno reasignó 28.000 millones de euros en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.

Del montante total de 100.000 millones de euros aprobado por el Ejecutivo, esa parte no había sido consignada y dicho remanente ha sido reasignado ya entre las entidades en función del consumo realizado por ellas en cada tramo, con el fin de continuar inyectando liquidez al tejido empresarial.

El SEPE abona 6 millones de prestaciones en mayo con 5.526 millones de gasto

El SEPE abonó en mayo 5.986.864 prestaciones, lo que supuso el desembolso de 5.526 millones de euros, según ha informado Trabajo. El Ministerio ha detallado que este «nivel máximo de protección» es el resultado de sumar las prestaciones de quienes estaban desempleados antes de la crisis sanitaria, quienes han perdido su empleo como resultado de esta y las personas que se encuentran afectadas por ERTE.

Del importe total de prestaciones abonado en mayo, 3.318 millones se dedicaron a pagar prestaciones por ERTE y 2.208 millones a prestaciones por desempleo, tanto a nivel contributivo como asistencial. Trabajo ha señalado que en mayo recibió 2,8 millones de solicitudes de prestación, un 330,7% más que en el mismo mes del año anterior, y que se tramitaron 2,3 millones, un 270,2 % más.

Al cierre de mayo, había 4,95 millones de beneficiarios, un 183,5% más, con una cobertura del sistema de protección por desempleo del 134,8%, una tasa que supera el 100 % debido a que quienes reciben prestaciones contributivas por ERTE no computan como parados. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 1.129,2 euros y la cuantía de la prestación contributiva, en 817,2 euros.

Junio tuvo 68.208 afiliados más y 1,1 millones de personas salieron del ERTE

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 5.107 personas respecto al mes anterior, lo que supuso un incremento del 0,1% y el peor junio desde 2008. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo 68.208 afiliados más y 1,1 millones de personas salieron del ERTE.

Trabajo ha subrayado que en las cifras de desempleo tuvieron un impacto importante el grupo de los demandantes «sin empleo anterior». Concretamente, la nota del Ministerio ha destacado que 14.781 personas, el 48% del total de las que se han registrado bajo este epígrafe en todo el territorio, lo han hecho en la Comunidad Valenciana para optar a la oferta pública de empleo como «auxiliar planes de contingencia playas COVID- 19» que requería la inscripción en las oficinas del SEPE como requisito. «Sin esta circunstancia excepcional, el paro registrado habría descendido en unas 9.000 personas», ha asegurado Trabajo.

De cualquier forma, el total de personas paradas inscritas en las oficinas del SEPE ascendió en junio a 3.862.883. Hay que destacar que en junio se redujo el paro en todos los sectores excepto en la agricultura. De esta forma, el desempleo bajó, sobre todo, en el sector servicios, con 27.319 parados inscritos menos; de manera significativa en la construcción, con 15.927 desempleados inscritos menos, más del triple de caída del año anterior y también se redujo en la industria, con 7.770 desempleados inscritos menos.

La agricultura sumó 25.342 personas paradas más, como viene siendo habitual en el mes de junio, por la finalización de la campaña de la fruta. El 71% de este incremento se concentra en Andalucía. Además, hay que subrayar que el paro femenino continuó aumentando, con 24.240 mujeres más en las listas del paro; mientras que el paro masculino se redujo en 19.133 desempleados inscritos menos.

Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.624-337 personas, lo que representa un aumento de 68.208 cotizantes respecto a mayo (un 0,37%) más, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha destacado que es el segundo mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media. No obstante, si se atiende el dato de último día de mes (por tanto, no en valores medios), el sistema perdió 99.906 cotizantes entre el 1 y el 30 de junio, con una caída muy acusada el último día del mes (-161.500). En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en junio en 29.477 personas, su primer incremento tras los descensos registrados en los tres meses anteriores.

El mes pasado creció la afiliación mensual en todos los regímenes de la Seguridad Social, con la excepción del carbón. El régimen general, cuya tasa aumentó de media respecto a mayo un 0,28%, registró un incremento de 42.728 afiliados hasta los 15.314.801. El agrario, sin embargo, marcó un descenso de cotizantes del 5,26%, es decir, 41.596 afiliados menos. También bajó la ocupación en el sector de las empleadas del hogar, en 208 personas (-0,06%). Si consideramos el régimen general en sentido estricto -sin agrario ni hogar- se anotó un aumento de 84.532 afiliados (0,60%) que situó el total en 14.190.767.

Por sectores, en el régimen general, destacó el crecimiento en la construcción, con 40.383 afiliados más (lo que supone una subida del 5,04% intermensual); en comercio, con 26.709 más (1,15%), actividades Administrativas y servicios auxiliares, que sumó 22.610 afiliados (1,88%) y hostelería, con 20.653 afiliados más (1,82%).

En sentido contrario, la bajada más acusada correspondió al sector de educación que pierde 45.396 afiliados coincidiendo con el final de curso, cifra inferior a la registrada en el mismo mes de 2019. También el sector agrario registró un descenso en 41.596 ocupados que coincide con la finalización de algunas campañas agrícolas.

El régimen de autónomos contó con 3.245.252 afiliados medios, tras un aumento de 24.345 (0,76%), una subida que casi triplica la correspondiente a junio de 2019 (8.745) y el régimen del mar registró 63.082 ocupados, 1.137 más que en mayo (1,84%).

Desde que arrancó mayo han salido de ERTE 1,56 millones de afiliados al sistema. En junio, 1,17 millones de trabajadores han abandonado esta situación. De estos, 1,05 millones de trabajadores han abandonado en junio la situación de ERTE de fuerza mayor. Las comunidades autónomas con más afectados por ERTE en junio eran Cataluña, Madrid y Andalucía.

El Gobierno impulsa un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas viables

El Gobierno ultima un nuevo paquete de medidas económicas para la etapa de nueva normalidad iniciada tras el proceso de contención de la pandemia del coronavirus impulsada durante el estado de alarma que prevé impulsar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, según confirman fuentes oficiales a este diario. El Ejecutivo, que busca el respaldo de patronal y sindicatos a este nuevo plan, ha citado a los agentes sociales en La Moncloa para ofrecer una nueva foto de grupo que avale el aval del diálogo social a las nuevas medidas.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el Gobierno dará luz verde a la creación de un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas con problemas de solvencia a raíz de la crisis del Covid, pero que sean viables. También se dará luz verde a una nueva línea de avales de hasta 40.000 millones para impulsar la inversión empresarial.

El fondo de rescate dependerá de la SEPI y permitirá que el Estado entre de forma transitoria en el capital de empresas privadas viables que presenten problemas de solvencia generados por la tras el Covid 19, informa Efe. Los 10.000 millones de euros con los que estará dotado servirán para apoyar a las compañías mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten antes y como opción de último recurso. En el caso de la línea de avales del ICO, de hasta 40.000 millones, se lanzará con el objetivo de impulsarla inversión empresarial y como vía para contribuir a la recuperación de la economía y el empleo.

La idea, avanzan fuentes conocedoras del encuentro, es sellar un acuerdo por la reactivación de la economía y el empleo. «Se va a acordar una serie de cuestiones y compromisos a desarrollar posteriormente entre el Gobierno y los agentes sociales en el ámbito del diálogo social, supone el compromiso de recuperar las mesas de diálogo social que estaban ya activadas e iniciadas antes de la crisis y recuperar la agenda que se inició entonces», ha avanzado a este diario Carlos Gutiérrez, Secretario General de Juventud y Nuevas realidades del trabajo.

«Se tratarán, además de las cuestiones que ya veníamos tratando, nuevos desafíos que llegan con la pandemia que tienen que ver con la reindustrialización, con el paquete de 50.000 millones a desarrollar, con el fortalecimiento de nuestro marco laboral entre otras cuestiones», añade Gutiérrez.

EEUU crea 4,8 millones de empleos y baja la tasa de paro al 11%

Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos reflejan la disparidad de datos en la mayor economía del mundo que ha provocado la pandemia del coronavirus. Mientras los contagios crecen en estados clave del país como Texas, California y Florida, Estados Unidos logró crear 4,8 millones de empleos en junio, muy por encima de los 3 millones que se preveían. Como consecuencia, la tasa de paro bajo del 13% al 11%.

No obstante, aún queda un largo camino por delante hasta recuperar la posición previa al coronavirus, cuando Estados Unidos disfrutaba de una tasa de paro de menos del 4%, lo que implica pleno empleo. Solo en abril, se destruyeron más de 20 millones de puestos de trabajo. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha alertado de que Estados Unidos tardará años en volver a la situación previa a la pandemia.

La situación empeorará previsiblemente este mes, después de que muchos estados hayan aplicado de nuevo medidas de confinamiento para frenar la oleada de contagios.

Sánchez anuncia subidas de impuestos a los tramos más altos del IRPF y a las grandes empresas

El presidente del Gobierno ha manifestado en una entrevista a La Sexta que considera “inevitable” acometer una reforma fiscal que eleve impuestos a rentas altas y grandes empresas. El Ejecutivo, ha dicho, tiene intención de ir acortando la brecha de seis puntos en ingresos tributarios que mantiene con la UE a fin de obtener la financiación suficiente para salvaguardar un estado del bienestar “robusto”.

Sánchez, que ha considerado que la figura del impuesto a los ricos que ha venido defendiendo Unidas Podemos un “no deja de ser un fetiche”, sí ha sostenido que “las costuras fiscales han saltado” con el incremento del gasto que ha supuesto afrontar la pandemia.

Aunque no ha aclarado si entre sus planes entra subir el IVA, como ha propuesto el Banco de España, el planteamiento de Sánchez casa con el plan presupuestario que PSOE y Podemos ya pactaron para 2019, que incluía fijar un tipo mínimo para grandes empresas del 15% en sociedades. El presidente ha dicho que muchas grandes corporaciones pagan menos del 10% de un impuesto con un tipo nominal de partida del 25%.

Más allá, los partidos que forman ahora Gobierno también apostaron por incrementar en hasta cuatro puntos el tipo marginal que opera sobre los mayores tramos de IRPF.

Los técnicos de Hacienda piden una "ambiciosa" Ley de Lucha contra el Fraude para recaudar 34.500 millones adicionales al año a medio plazo

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80%, después de la publicación de los datos de recaudación de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria en 2019 alcanzó los 15.714 millones de euros, por encima de los 15.664 millones de 2015, lo que supone superar la «atonía» de los últimos tres años. Así, piden desplazar la investigación a grandes fortunas y multinacionales y una «ambiciosa» Ley de Lucha contra el Fraude para recaudar 34.500 millones de euros adicionales al año.

El sindicato señala que esta tasa de impunidad tan elevada indica que la propensión a defraudar continúa siendo «muy alta», por lo que Gestha prevé para los próximos meses una aceleración de la tasa aumento de la economía sumergida, como suele ocurrir en los periodos de crisis, aunque su volumen disminuya en términos absolutos, precisamente debido a la actual recesión. En cualquier caso, los técnicos aseguran que es una «buena señal» que la mejoría de los resultados en la lucha contra el fraude sea fruto, en parte, de haber desplazado la inspección y las actuaciones de control hacia las grandes fortunas y multinacionales.

Por ello, instan al Gobierno a enviar al Congreso un «ambicioso» proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas. Otras medidas necesarias serían, a su juicio, la elaboración por expertos independientes de una evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal y el establecimiento de unos objetivos irrenunciables de reducción de la economía sumergida.

También consideran necesaria la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión; la creación de una base de datos fiscales única o la limitación en el uso del dinero en efectivo. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en esta época, de dificultades económicas para los pequeños negocios, «la AEAT debe centrar la investigación hacia las grandes fortunas y multinacionales que puedan estar evadiendo el pago de impuestos, de forma muy insolidaria ahora que se necesitan ingresos para garantizar las ayudas públicas a personas, empresas y sectores económicos».

Por ello, subraya que urge aprobar la ley contra el fraude, ya que a medio plazo podrían recaudarse 34.500 millones adicionales cada año.

La campaña antifraude de la Agencia Tributaria permite ingresar 15.715 millones de euros

El plan antifraude anual y la labor de control que la Agencia Tributaria ejerce regularmente sobre los contribuyentes españoles arrojó unos ingresos públicos de 15.715 millones de euros en 2019, un 4,1% más que en el ejercicio anterior, en un año marcado por las campañas de inspección a grandes patrimonios y la presión fiscalizadora sobre los propietarios de viviendas en alquiler y de cuentas bancarias en el extranjero.

Así lo hizo público este jueves el Ministerio de Hacienda al dar cuenta de los resultados de la campaña de inspecciones tributarias del año pasado, que en el caso de las grandes fortunas arrojó una liquidación de 600 millones de euros. La cifra supone un incremento del 75% respecto a los ingresos que arrojó este tramo de actuaciones en 2018. Durante 2019, las grandes fortunas fueron objeto de un total de 880 expedientes (78% más) en el marco de la actuación reforzada en este campo que ya se había impulsado el año anterior. Entre ambos ejercicios, el incremento acumulado de actuaciones sobre grandes patrimonios es del 156%.

De hecho, las grandes fortunas se han convertido en uno de los principales focos de vigilancia de entre los contribuyentes particulares que vigila la Agencia Tributaria por la importancia de los montos que pueden llegar a evadir o su facilidad para acceder a asesoramiento especializado en estrategias fiscales agresivas. Para mejorar su capacidad de control de este segmento de contribuyentes, la Agencia Tributaria ha procedido a la creación de un catálogo de más de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo que considera que pueden asociarse a contribuyentes con muy alta capacidad económica y que le permiten controlar sus movimientos. El listado incluye “clubes privados; gestores de inversión de grandes patrimonios; joyerías, galerías de arte y casas de subastas; centros de ocio”, entre otros negocios.

Este fue, sin embargo, solo uno de los campos de actuación prioritarios para el fisco. En total, la Agencia Tributaria efectuó en 2019 más de 1,66 millones de actuaciones de control de tributos internos (un 5,6% más que en 2018), de las cuales más de 1,61 millones se fueron actuaciones de comprobación y más de 51.000 fueron actuaciones de investigación y de carácter auxiliar (segmento que crece un 14,6%). El listado incluye unas 29.600 actuaciones centradas en grandes empresas, elevados patrimonios en y lucha contra la economía sumergida. En este terreno, por ejemplo, unas 2.900 actuaciones inspectoras han permitido regularizar 674 millones en cuotas procedentes de ventas ocultas.

Como resultado, además de los fondos levantados, el fisco ha realizado “minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar, con un efecto en términos de incremento de cuotas tributarias de casi 7.200 millones de euros, más del doble que el año anterior”.

El informe del fisco también revela los frutos que siguen dando los acuerdos de intercambio de información fiscal con terceros países. Así, las inspecciones a contribuyentes sobre los que Hacienda ha tenido constancia de que disponen de cuentas bancarias en el extranjero, ha permitido liquidar 293 millones de euros en el último año. A su vez, la información bancaria de la que dispone el fisco ha permitido liquidar deuda por importe de 58 millones de euros correspondiente tarjetas emitidas en el extranjero, o conocidas como visas offshore.

Más allá, la campaña de la Agencia Tributaria advirtiendo a los propietarios de pisos en alquiler de que disponía de información sobre sus rentas, ha incrementado en 228.000 el número de declarantes de arrendamientos, ensanchando las bases imponibles en más de 2.600 millones en cuatro años.

Destaca también en la labor de la Agencia Tributaria el desarrollo de macrooperaciones contra el fraude, que en 2019 permitieron liquidar 76 millones de euros en España (267 millones a escala global) gracias a 1.200 expedientes de inspección y 30.700 “peinados”, o actuaciones presenciales. Entre ellas se incluyen 1.100 visitas de registro in situ, lo que supone un 22,8% más que en 2018.

Revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los auditores piden al Gobierno la reducción de los límites legales para auditar empresas

Los auditores han pedido al Gobierno la reducción de los límites legales para auditar empresas, porque creen que la auditoría será «una pieza clave» en la recuperación de la confianza y el crecimiento económico en España.

En ese sentido, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferrán Rodríguez, señaló que “este es el momento adecuado para revisar los límites legales de auditoría a la baja. Queremos pedir al Gobierno que analice esta propuesta y la ponga en marcha, de forma que traslade claramente el mensaje a los inversores y a los ciudadanos del de todo el mundo, de que España apuesta ahora más que nunca por la transparencia de su sistema económico”, en un foro en el que ha participado junto al presidente del Collegi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, y la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell

Precisamente, Gómez ha defendido que “se ha invertido y se seguirá invirtiendo una elevada cantidad de recursos públicos para paliar los efectos económicos de la pandemia, y las actuaciones de los auditores en este contexto contribuirán a la transparencia que exige la ciudadanía”. “Debemos potenciar el papel de los auditores respecto de la demanda de transparencia y confianza en la información financiera y no financiera, tanto en el ámbito privado como en el público”, ha reclamado.

De igual forma, los auditores, debido a la coyuntura provocada por el Covid-19, se han visto obligados a hacer un esfuerzo especial para analizar cómo afecta esta nueva situación a sus clientes, incorporando nuevas pruebas, nuevos perfiles profesionales y revisando sus procesos internos. “Las firmas de auditoría han hecho una rápida y fuerte inversión para adaptarse al nuevo escenario y han asumido nuevos riesgos”, ha explicado Ferrán Rodríguez.

Además, el presidente del Instituto ha resaltado que, por la evolución de las ventas de sellos del ICJCE, que van prácticamente en paralelo a la emisión de informes, “pensamos que más del 90% de los informes emitidos sobre las cuentas de 2019 se han hecho en los plazos habituales y no han tenido que acogerse a las ampliaciones que se han habilitado”.

Como medida para paliar el impacto económico del virus en los miembros del Instituto, el ICJCE ha diseñado promociones y descuentos que en conjunto han supuesto un apoyo de cerca de 700.000 euros.

Los jueces discrepan sobre la legalidad de los ERTE en los despachos de abogados

El parón de juzgados y tribunales decretado por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus llevó a un buen número despachos de abogados a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sobrevivir a la caída de los ingresos. Algunas firmas, sobre todo especializadas en litigación, optaron por justificar la medida en una causa ine­vitable o de fuerza mayor. A diferencia de los ERTE por motivos económicos, los expedientes de este tipo no precisan de negociación con los trabajadores y dan acceso a bonificaciones de hasta el 100% de las cuotas a la Seguridad Social. Pero ¿pueden realmente los bufetes beneficiarse de estas ventajas?

Un juzgado de lo social de Zamora ha sido el primero en pronunciarse al respecto. El fallo analiza un ERTE por fuerza mayor solicitado por un bufete para tres auxiliares administrativos y una limpiadora. La jueza entiende que la autoridad laboral actuó correctamente al rechazar la solicitud dado que “la actividad única de la empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida en la lista de actividades esenciales”. Es decir, que según la magistrada, los despachos (al igual que supermercados o farmacias) no se han visto afectados por el cierre de negocios y, por tanto, no pueden alegar un motivo inevitable para suspender contratos o reducir jornadas.

El profesor de Derecho del Trabajo Ignasi Beltrán señala que el juzgado hace una interpretación restrictiva del decreto ley que regula los ERTE por Covid-19 sin tener en cuenta la modificación que introdujo el Gobierno a finales de abril y que permite a las empresas declaradas esenciales iniciar un expediente por fuerza mayor siempre que afecte a trabajadores auxiliares, cuya labor no sea imprescindible. Detrás de esta omisión podría estar la propia cronología del expediente. “Todo hace indicar que fue solicitado en marzo, antes de la entrada en vigor de la reforma que flexibiliza las condiciones de estos instrumentos”, puntualiza Beltrán.

Un caso similar ha sido resuelto recientemente por un juzgado de Burgos aunque con un resultado bien distinto. En esta ocasión, el solicitante era un abogado que tenía como única empleada a una secretaria que se encargaba de citar a clientes y responder llamadas. El fallo dictamina que el ERTE está adecuadamente justificado en una causa de fuerza mayor porque la actividad a la que se dedica el letrado “ha quedado suspendida casi en su totalidad, como consecuencia de la práctica paralización de la actividad jurisdiccional, y ha quedado exclusivamente limitada a las actuaciones urgentes”.

Según el laboralista Víctor Canalda, aunque esta sentencia no sienta jurisprudencia, es importante porque abre la puerta a que las firmas apliquen un ERTE por fuerza mayor no solo a trabajadores auxiliares, sino también a letrados contratados que no se dediquen a asuntos urgentes como la presentación de denuncias o la asistencia jurídica a detenidos.

El profesor de Derecho del Trabajo Daniel Toscani discrepa de este análisis y asegura que ningún juez ha puesto en duda que la abogacía sea una actividad esencial. En consecuencia, desde su punto de vista, no cabe aplicar un expediente de este tipo ni a letrados ni a asesores jurídicos en nómina. “Solo se me ocurre una excepción: que varios trabajadores hayan caído enfermos y el despacho haya tenido que cerrar. En ese supuesto, el procedimiento sí que podría incluir a toda la plantilla”, asegura.

El Gobierno ha prorrogado los expedientes por fuerza mayor hasta el próximo 30 de septiembre. No obstante, en opinión de los expertos es probable que la herramienta vuelva a generalizarse si hay un rebrote del coronavirus y se impone una cuarentena similar a la del mes de marzo. “Es muy importante que el Ejecutivo se adelante a los acontecimientos y clarifique la normativa laboral para que las empresas, incluidas las del sector legal, sepan a lo que atenerse”, señala Beltrán.

El paro registrado aumenta en el mes de junio en 5.107 personas

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en 5.107 personas respecto al mes anterior. Supone un incremento del 0,1% que profundiza en la tendencia de ralentización del ritmo de crecimiento del desempleo que se inició en el mes de mayo.

En el aumento del desempleo repercute, de manera significativa, apartado de los demandantes “sin empleo anterior”. 14.781 personas, el 48% del total de las que se han registrado bajo este epígrafe en todo el territorio, lo han hecho en la Comunidad Valenciana para optar a la oferta pública de empleo como “auxiliar planes de contingencia playas COVID- 19” que requería la inscripción en las oficinas del SEPE como requisito. Sin esta circunstancia excepcional, el paro registrado habría descendido en unas 9.000 personas. El total de personas paradas inscritas en las oficinas del SEPE ascienden a 3.862.883.

Se reduce el paro en todos los sectores excepto en la agricultura. El desempleo cae, sobre todo, en el sector servicios, con 27.319 parados inscritos menos; de manera significativa en la construcción, con 15.927 desempleados inscritos menos, más del triple de caída del año anterior y También se reduce en la industria, con 7.770 desempleados inscritos menos. La agricultura suma 25.342 personas paradas más, como viene siendo habitual en el mes de junio, por la finalización de la campaña de la fruta. El 71% de este incremento se concentra en Andalucía.

El paro femenino continúa aumentando, con 24.240 mujeres más en las listas del paro. El paro masculino, por el contrario, se reduce en 19.133 desempleados inscritos menos. El paro se ha reducido en diez comunidades autónomas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y Galicia. El paro registrado por sectores, excluyendo el sector primario, se redujo en 51.016 personas.

En el mes de junio se acelera el ritmo de crecimiento de la contratación y se han firmado 308.985 contratos más que en mayo, hasta un total de 1.159.602. La contratación acumulada en los primeros seis meses de 2020 ha alcanzado la cifra de 7.299.478. En junio de 2020 se han registrado 114.393 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 9,9% de todos los contratos. Los contratos indefinidos del mes de junio se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 66.593 a tiempo completo y 47.800 a tiempo parcial.

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.159.602 del mes de junio de 2020, son 4.947 de carácter formativo y 1.040.262 de otro tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 32,11% del total de todos los contratos, seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 25,88%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 27,09%.

En el mes de mayo, se alcanzó el nivel máximo de protección del SEPE que dio cobertura a casi 6 millones de personas, con un total de 5.986.864 prestaciones gestionadas. Este elevado nivel de prestaciones es el resultado de sumar las prestaciones que cobraban las personas que ya estaban en desempleo antes de la crisis sanitaria, las que perdieron su empleo desde entonces y, sobre todo, a las personas que están en Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE).

En el mes de mayo el SEPE pagó en prestaciones 5.526 millones de euros, de los que 3.318 millones se dedicaron a pagar prestaciones por ERTE y 2.208 millones a prestaciones por desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial.

Estrategia de investigación para superar la Covid-19, especialmente en vacunas, e impulsar la ciencia y la innovación en España

El Consejo de Ministros ha conocido el Informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 -especialmente en vacunas- e impulsar y la innovación en España, en el que se recoge la actividad del Gobierno para encontrar soluciones a esta epidemia basadas en el conocimiento científico y se apuesta por incrementar la inversión en ciencia e innovación, como pilares de la reconstrucción tras esta crisis.

En concreto, el informe explica que la actividad del Ministerio de Ciencia e Innovación durante estos meses se ha centrado en tres ejes: apoyo y seguimiento de proyectos de investigación; fomento de la innovación empresarial en COVID-19 y generación de los mejores datos y su análisis para tomar las mejores decisiones en la fase de vuelta a la normalidad.

En primer lugar, el Ministerio ha destinado más de 30 millones de euros a proyectos de investigación biosanitaria frente a la COVID-19. De ellos, 24 millones de euros han constituido el denominado Fondo COVID-19, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y por el que se ha concedido financiación a un total de 127 proyectos, con una aportación pública de 22,4 millones de euros. Este fondo ha financiado ensayos para probar la eficacia de tratamientos ya aprobados frente a la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, nuevas técnicas de diagnóstico y detección del virus, estudios clínicos y epidemiológicos y proyectos de vacunas, entre otros.

Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha constituido la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) denominada Salud Global, en la que se han puesto a trabajar más de 150 grupos de investigación de diferentes especialidades. Por el momento, se han iniciado, con una aportación extraordinaria de recursos de 4,9 millones de euros, 46 proyectos que abarcan un amplio abanico de áreas de conocimiento para atajar las consecuencias de la pandemia.

Por lo que se refiere a la investigación de vacunas, en España hay 12 desarrollos vacunales, algunos de ellos en colaboración entre distintos grupos de investigación, que han recibido una financiación de 7,8 millones de euros. Cinco de los grupos de investigación financiados disponen ya de un prototipo vacunal o candidato a vacuna y han iniciado los ensayos dirigidos a evaluar su capacidad inmunogénica y su posible toxicidad. Uno de estos prototipos ya ha completado con éxito el estudio de respuesta inmune de la vacuna en ratones.

El resto de los grupos esperan completar el desarrollo de sus prototipos vacunales en las próximas semanas y testar sus candidatos a vacunas en animales entre julio y septiembre. Se estima que, de todos estos proyectos, cuatro estarán en disposición de iniciar la fase de ensayos en humanos en diciembre de 2020. Todos estos proyectos no sólo difieren entre sí, sino que cubren los distintos tipos de vacunas que existen en el mercado e incluyen desarrollos exclusivos muy prometedores, tanto en cuanto a su eficiencia, como a su seguridad.

Acceso a la vacuna

A nivel internacional, existe una gran cantidad de proyectos de vacunas en desarrollo. Actualmente hay 176 en fases pre-clínicas y 18 se encuentran en fase clínica en humanos. La Comisión Europea coordina las actuaciones destinadas a garantizar el acceso a vacunas de los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello, se ha constituido un Panel con todos los Estados Miembros para determinar qué contratos de compra avanzada han de firmarse, y cómo financiarlos si los fondos comunes de apoyo a emergencias no son suficientes. Además, hay un grupo ejecutivo con representantes de siete Estados Miembros, entre los cuales está España, que está negociando ya con empresas posibles compras anticipadas de las vacunas más avanzadas.

La acción de la Comisión y la solidaridad encontrada entre los Estados Miembros permite anticipar que se garantizará el acceso a vacunas por parte de la población española, y que se realizará una evaluación objetiva que permitirá sustentar de forma rigurosa las decisiones a tomar.

Mientras tanto, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha concedido 1,3 millones de euros en subvenciones a cuatro proyectos de empresas biotecnológicas para llevar a cabo la producción e alguno de los prototipos vacunales en desarrollo. Dos de estas empresas se disponen a adaptar sus instalaciones -preparadas para la producción de vacunas de uso en veterinaria- para permitir la producción de vacunas de uso en humanos.

Gracias a estas ayudas se podrá abordar la producción de algunos de los prototipos vacunales desarrollados en España. No obstante, existe la necesidad de ampliar la capacidad y el número de empresas con producción de vacunas de uso humano en España lo que, sin duda, representa uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos.

El segundo eje es, precisamente, el del fomento de la innovación empresarial, impulsado desde el CDTI. La agencia de innovación ha aprobado un procedimiento rápido de ayudas para proyectos I+D+I en COVID-19, bajo el cual se han otorgado ya 22 ayudas, con una aportación de financiación pública de 11,6 millones de euros. Además, el lunes 11 de mayo se abrió una convocatoria de ayudas extraordinaria de subvenciones a proyectos de I+D en COVID-19 por 12 millones de euros en subvenciones, para la que ya se han concedido diez por un total de 2,9 millones de euros.

Finalmente, el tercer eje de la actividad del Ministerio es fomentar la generación de los mejores datos y su análisis para tomar las mejores decisiones en esta nueva fase de vuelta a la normalidad. Con este objetivo, se creó al inicio de la pandemia un Grupo de Trabajo Multidisciplinar que, junto con otros grupos del CSIC y en coordinación con la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado varios informes.

Además, el ISCIII, a través del Centro Nacional de Epidemiología, ha puesto en marcha uno de los mayores estudios de seroprevalencia del mundo, realizando pruebas de anticuerpos por dos métodos distintos a una muestra representativa de la población española con más de 60.000 personas. Los resultados de las dos primeras oleadas han arrojado una seroprevalencia del SARS-CoV2 del 5,2% de la población española. Los resultados finales de este estudio se obtendrán en los próximos días y se está trabajando para iniciar otro en el próximo otoño.

En definitiva, el informe destaca el alto nivel de la participación de la Ciencia y la Innovación española en la lucha contra la pandemia, a pesar de que, desde la última crisis económica, tres de sus pilares fundamentales han visto muy cercenadas sus posibilidades, al haberse mermado notablemente sus capacidades debido a la reducción en recursos humanos, en equipamiento e infraestructuras científicas, con herramientas inapropiadas para una gestión eficiente y a la caída de la competitividad y el carácter innovador de las empresas.

El informe concluye subrayando la importancia de la inversión en ciencia. Son los avances en conocimiento, sostiene, los que permiten a un país generar industrias y empresas competitivas de alto valor añadido, así como avanzar hacia sociedades más sostenibles, tecnológicas, justas y seguras. Además, subraya que es crucial que España dedique parte de los fondos europeos a reformas que aumenten la competitividad, y entre ellas destaca la inversión en ciencia e innovación.