Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento

Real Decreto 213/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

La notificación interrumpe la caducidad del procedimiento, aunque se haga en un domicilio erróneo

El error por parte de la Administración en el domicilio al que notifica la resolución no impide que se tenga por válidamente finalizado el procedimiento. En consecuencia, el interesado no puede alegar dicho error para justificar la caducidad del proceso. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de marzo (acceda al texto aquí), en la que confirma la validez de una decisión de la Dirección General de Industria que reclamaba el reintegro de una subvención a una empresa, pero que fue dirigida a una dirección distinta a la que la compañía había comunicado como domicilio a efectos de notificación.

La empresa había argumentado que el fallo impedía tener por producida la comunicación y, en consecuencia, el procedimiento había caducado. Según el alto tribunal, el intento de notificación debidamente acreditado y que contenga íntegramente el texto del acto, realizado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, sirve para entender que la Administración ha resuelto con validez dentro del margen que le da la ley. Es decir, aunque exista error por parte del organismo público, el proceso se da por concluido y el administrado no puede alegar la caducidad del mismo.

La resolución unifica una materia en la que existían pronunciamientos contradictorios. Así, en dos sentencias de 17 de noviembre de 2013 y de 3 de julio de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo había resuelto que, una vez designado un domicilio a efecto de notificaciones, solo la comunicación realizada servía para que se considerara válida y operativa a efectos de interrumpir la caducidad.

En cambio, en esta sentencia se opta por considerar que “lo relevante es la acreditación de que se ha llevado a cabo un intento de notificación”, puesto que ese acto “proporciona ya la certeza acerca de que la resolución ha sido dictada dentro de un plazo concreto”.

Para entender que el intento de notificación sea adecuado, este deberá ser “regular” y debe recoger las “exigencias legales” sobre el lugar, el día y la hora. No será válida, en cambio, la tentativa en una dirección que sea “manifiestamente regular o errónea”. Una valoración, no obstante, que tendrá un componente “enormemente casuístico”, apunta.

La sentencia, no obstante, subraya que estas “mínimas” exigencias de la notificación (que esté debidamente acreditada y que contenga el texto del acto) solo sirven para que se produzca el “restringido efecto” de “tener por dictada la resolución dentro del plazo que corresponda”, y no otros.

La venta de viviendas sube un 16,2% y registra su mejor febrero en siete años

La compraventa de viviendas subió un 16,2% el pasado mes de febrero en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar 41.480 operaciones, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2011, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, el avance interanual de febrero, con el que la compraventa de viviendas encadena diez meses consecutivos de alzas, se ha moderado respecto al registrado en enero (+23,1%).

Las transacciones sobre viviendas usadas aumentaron un 16,2% en febrero en relación al mismo mes de 2017, hasta totalizar 33.963, mientras que la compraventa de viviendas nuevas avanzó un 16,4% en tasa interanual, hasta 7.517 transacciones.

El 90,2% de las viviendas transmitidas por compraventa en el segundo mes del año fueron viviendas libres y el 9,8%, protegidas. La compraventa de viviendas libres se incrementó un 17,4% en febrero en tasa interanual, hasta sumar 37.412 transacciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas avanzaron un 5,8%, con 4.068 transacciones.

Bruselas impulsa las reclamaciones colectivas de consumidores

La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de directiva para regular las reclamaciones colectivas de los consumidores en caso de que una empresa viole de manera masiva las normas comerciales. La directiva, según Bruselas, permitirá a los consumidores obtener una compensación si se repiten casos como el de Volkswagen, que engañó a millones de clientes en cuanto al nivel real de emisiones de Co2 de sus motores diésel.

“Si esta norma hubiera estado en vigor, las organizaciones de consumidores de todos los Estados miembros habrían podido lanzar una acción colectiva contra un fabricante que aseguraba respetar las normas medioambientales cuando no era así y, por tanto, engañó a los consumidores”, señala el organismo comunitario.

La nueva directiva requiere la aprobación del consejo de ministros de la UE y del Parlamento Europeo. Y no será nada fácil porque la industria europea ya se ha movilizado en otras ocasiones para evitar que en Europa se generalicen las reclamaciones colectivas que, en EE UU, llevan a compensaciones multimillonarias. Volkswagen, por ejemplo, ha afrontado al otro lado del Atlántico una factura de más de 25.000 millones de dólares (entre multas e indemnizaciones) mientras que en Europa ha salido prácticamente indemne. Bruselas quiere acabar con esa impunidad.

La Comisión ya intentó en 2004 potenciar las demandas colectivas en los casos de violación de las normas de competencia. Pero la propuesta fue, primero, aparcada, y después aprobada en una versión mucho más limitada.

El proyecto anunciado este miércoles forma parte de una amplia reforma legislativa para endurecer las normas de protección al consumidor, que incluye la enmienda de cuatro directivas: la de cláusulas abusivas, la de indicación de precios, la de prácticas comerciales desleales y la de derechos del consumidor.

“En un mundo globalizado, donde las grandes empresas tienen una enorme ventaja sobre los consumidores individuales, es preciso igualar las posiciones”, ha señalado Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de género, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del nuevo paquete legislativo.

La CNMV publica un código de buenas prácticas para empresas y medios de comunicación

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha elaborado un código de buenas prácticas sobre la relación de las empresas con los medios de comunicación. El regulador bursátil “valora positivamente que las empresas cotizadas convoquen a los medios de comunicación, al menos una vez al año, con motivo de la presentación de sus resultados anuales, con participación de sus máximos ejecutivos, para informar sobre la marcha de la compañía y sus proyectos”. La APIE realizó una encuesta que concluyó que, en 2017, 20 de las 35 empresas del Ibex no realizaron presentación de resultados anuales.

El código se presentó ayer, en un acto presidido por Sebastián Albella, presidente de la Comisión, al que asistieron responsables de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) —impulsora de la iniciativa—, de Emisores Españoles, de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) y directivos de la CNMV.

El regulador también recomienda el uso de indicadores financieros como el Ebitda, Ebit, el beneficio subyacente o deuda neta, con cifras y periodos homogéneos, se usen “en las notas de prensa o presentaciones” y no solo en los hechos relevantes difundidos por la CNMV.

Recuerda a las empresas que “el reglamento europeo de abuso de mercado establece que la difusión de información relevante por los emisores debe hacerse tan pronto como sea posible una vez que se produzca el evento”.

El objetivo, señala el regulador, es que “los medios de comunicación pueden comenzar a evaluarla a efectos de reflejarla adecuadamente” en sus análisis y artículos. La información debe difundirse “sin demora para que pueda ser debidamente recogida en todos los medios, incluida la prensa escrita del día siguiente”, solicita. La APIE hizo constar que algunas sociedades envían tarde las informaciones, sobre todo cuando son negativas.

Por otro lado, la CNMV también ha suscrito un protocolo que la FAPE pueda asesorar a Comisión “en cuestiones relacionadas con la información de interés para el mercado o los inversores que difundan los medios de comunicación”.

La CNMV podrá dirigirse a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo “para obtener asesoramiento en los casos en que tenga que evaluar informaciones teniendo en cuenta las normas o códigos que regulan la profesión periodística, teniendo en cuenta, como indica el Reglamento europeo sobre abuso de mercado, las normas que regulan la libertad de prensa y las normas o códigos que regulan la profesión periodística”.

Empleo quiere cubrir más gasto de la Seguridad Social con impuestos

El Gobierno comienza a mostrar sus cartas sobre cómo afrontar el elevado déficit que arrastra la Seguridad Social. Así defienden la necesidad de comenzar a aligerar la factura que deben afrontar las arcas que se nutren de las cotizaciones, derivándolas a los presupuestos del Estado. Las partidas susceptibles de ser pagadas vía impuestos pueden llegar a los 20.000 millones de euros, detallan fuentes del Ministerio de Empleo.

Se trata de “avanzar” de esta forma en lo que los expertos denominan separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Un proceso que el pacto de Toledo aprobó a mediados de los noventa y que culminó en el 2013 con la financiación total de los complementos a mínimos mediante transferencias del Estado –que pasaron a representar en ese momento el 12% de los recursos, según cálculos de la Seguridad Social–. De llevarse a cabo el plan del Gobierno, se iniciaría una nueva etapa que afectaría total o parcialmente a nuevas partidas.

“En los próximos años podemos enjugar el déficit asumiendo en los presupuestos todo lo que no es contributivo”, aquello que se consideran políticas de carácter social, defienden las citadas fuentes. Entonces, ¿qué podría dejar de estar financiado mediante cotizaciones para aliviar la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social? Empleo propone negociar con la oposición la posibilidad de pagar con cargo a los presupuestos partidas como las reducciones de cotización (bonificaciones para el fomento del empleo como la tarifa plana para mayores de 30 años que computan como pérdida de ingresos para la Seguridad Social).

Desde el departamento que dirige Fátima Báñez recuerdan que estas reducciones progresivamente van bajando: si en el 2017 suponían 1.690 millones de euros, en las nuevas cuentas presentadas hace unos días por el ministro Cristóbal Montoro se sitúan en 1.500 millones de euros. También están abiertos a estudiar, entre otros, la financiación vía impuestos de los permisos de maternidad y paternidad, donde con la ampliación a cinco semanas para los padres recogida en los presupuestos en trámite se gastarán hasta 2.559 millones de euros. O los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social, que también rondan los 2.000 millones de euros.

Fuentes cercanas al pacto de ­Toledo señalan que tras las ne­gociaciones de los últimos meses hay “consenso básico” para dejar de financiar con cotizaciones aspectos como los mencionados incentivos a la contratación o el desembolso por la gestión del organismo.

Aunque no hay tanto acuerdo, explican, también se ha planteado el debate sobre comenzar a cubrir con transferencias del Estado el déficit que comportan los sistemas agrarios y de trabajadoras del hogar, donde el desfase entre las pensiones abonadas y la recaudación de unas cotizaciones más bajas para evitar el empleo sumergido en ambos colectivos se compensa en la actualidad por las aportaciones del régimen general. Desde el Pacto de Toledo admiten que este desfase resulta complicado de cuantificar.

La empresa familiar demanda una reforma profunda de la formación profesional para acabar con el paro juvenil

España ocupa el tercer puesto dentro de la Unión Europea con la mayor tasa de sobrecualificación de jóvenes en el sector Servicios, lo que supone que en torno al 64% de estos ocupados desarrollan un trabajo que no requiere el nivel educativo alcanzado, algo que, unido a la baja calidad y a la escasa oferta de Formación Profesional en el país, explica que el mercado de trabajo “no sea capaz de absorber a tantos licenciados” y que “exista un desfase entre el sistema de formación y el mercado de trabajo”.

Así se desprende del estudio ‘Orientación Profesional y Formación Digital: Hacia un Modelo Integrado para el Empleo Juvenil’, realizado por el Instituto de la Empresa Familiar, junto a la Fundación Bankia para la Formación Dual, donde se plantean los retos y las oportunidades de este ámbito de formación, además de urgir a su profunda reestructuración “como palanca principal para luchar contra el desempleo juvenil”.

El informe destaca que la alta sobrecualificación existente en España “genera frustraciones personales y un alto nivel de ineficiencia del sistema”, lo que supone un alto coste para la Administración Pública. De hecho, el Estado podría ahorrarse en torno a 260 millones de euros por cada 10.000 alumnos si, en vez de elegir una carrera universitaria, el estudiante escogiese formarse en FP.

Además, según el estudio, España es el tercer país de la Unión Europea con la mayor proporción de estudiantes universitarios sobre los de Formación Profesional, con una tasa de 55% frente al 45%, además de ocupar el puesto 22 si se tiene en cuenta el número de alumnos estudiando una FP en relación a la población total del país.

Sin embargo, al mismo tiempo, según indicó el director de Economía y Empresa del instituto, Esteban Sastre, existe un perfil “fuertemente polarizado”, puesto que, por un lado, hay un elevado número de jóvenes no cualificados, con un 18,5% de abandono escolar y un 35% sin acabar bachillerato y, por otro, un elevado número con sobrecualificación.

Al mismo tiempo, dos de cada tres estudiantes de FP no llegan a tener el título en el plazo acabado, aunque esto, según el estudio, puede deberse a que el alumno es contratado antes de finalizar su curso, un 30% de los universitarios dejan la carrera y un 10% de ellos no volvería a la universidad.

Esta sobrecualificación de licenciados, cuyo perfil no es demandado por las empresas, y la falta de una Formación Profesional dual de calidad provoca que la disponibilidad de personal cualificado sea ya la tercera mayor preocupación del tejido empresarial español, que ha pasado de apenas un 3% en 2011 al 15% actual.

El presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, también asistente al acto, destacó que la Formación Profesional es “la mejor forma de luchar contra el desempleo, de aumentar la competitividad de las empresas y de apoyar la cohesión social”, además de ser un “instrumento flexible”, algo que, según él, “es necesario para el mercado laboral actual y del futuro”.

Por todo ello, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne, afirmó que la apuesta por la Formación Profesional Dual, a través de la cual hasta el 74% de sus alumnos encuentra un trabajo al acabarla, frente al 63% de los que optan por FP, “es de tal importancia que debe convertirse en un objetivo común y de largo plazo, al margen de debates partidistas y de intereses electoralistas”.

Entre las 10 principales líneas de actuación presentadas por el estudio están la incorporación de la FP Dual como uno de los grandes pilares del futuro pacto por la Educación, la generación de información pública de calidad que ayude a los jóvenes a elegir su itinerario formativo, fomentar la especialización de los centros de formación, impulsar la colaboración público privada y adaptar el marco regulatorio con el fin de facilitar su desarrollo.

La tasa de paro de la OCDE se mantiene en mínimos históricos

La tasa de paro en los países industrializados se mantuvo en mínimos históricos en febrero, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicados este miércoles. Así, se situó en el 5,408% (resultados adaptados por efecto de estacionalidad) lo que representa la lectura más baja del dato desde que existen registros, según la institución, frente al 5,434% de enero. En el segundo mes del año 34,2 millones de personas se encontraban sin empleo en estos territorios. En cuanto a la zona Euro, la tasa de paro se situó en el 8,5%, por encima de la registrada por la OCDE.

Entre los 34 países que entran en la OCDE, las menores tasas de paro en febrero correspondieron a República Checa, con un 2,4%; Japón, con el 2,5%; e Islandia, con el 2,7%. Por el contrario, los niveles más altos de paro se observaron en España, con un 16,1%, aunque se redujo una décima frente al mes anterior. Sin embargo, Grecia cuenta con una tasa superior de desempleo, pero los últimos datos con los que cuenta la OCDE son de diciembre, cuando registró un 20,8% de paro.

En datos absolutos, el mayor número de parados entre los países de la OCDE se registró en EE UU, con 6,70 millones de desempleados. Le sigue España, que cuenta con 3,66 millones de parados, e Italia con 2,83 millones. Además, por sexo España es el país de la OCDE en el que hay mayor desigualdad en la tasa de paro. Así, entre las mujeres hay una tasa de desempleo del 17,9% frente al 14,5% de los hombres, más de 3 puntos porcentuales de diferencia. En el conjunto de países de la organización, la diferencia se sitúa en 0,3 décimas. Mientras que la tasa de desempleo de las mujeres está en el 5,6%, la de los hombres se sitúa en el 5,3%.

En el caso de los jóvenes, entre 15 y 24 años, la tasa de paro creció ligeramente en febrero en los países de la OCDE, un 0,1%, pero se sitúa por encima de la media de desempleo general, con un 11,3%. Esta tasa varía mucho según los diferentes países de la OCDE. Así, en Grecia se sitúa en el 45% y en España en el 35,5%, mientras que en Japón y Alemania es del 4,2% y 6,2%, respectivamente.

Pese a tener la segunda tasa más alta, España también registró la segunda mayor caída tras Letonia. Así, bajó 4 décimas respecto al mes anterior y pasó del 35,9% al 35,5%. Por su parte, el paro juvenil de la eurozona se mantuvo en febrero en el 17,7% mientras que el de la Unión Europea bajó levemente del 16% registrado en enero al 15,9% de febrero.

Hacienda da un ultimátum a los Ayuntamientos más morosos

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 14 entidades locales advirtiéndoles de que, o corrigen el elevado nivel de morosidad en que incurrieron en 2017, o intervendrá sus ingresos para pagar directamente a los proveedores. Son 13 Ayuntamientos y a la Diputación de Cádiz que arrastran un largo historial de incumplimientos por su delicada situación financiera. Están altamente endeudados y durante todo el año pasado han tardado en pagar a sus proveedores más de 60 días —30 días que empiezan a contar al mes de recibir la factura—. Hacienda les exige antes del 20 de abril un nuevo plan de ajuste.

Son Ayuntamientos con una población conjunta de 1,75 millones de habitantes y una deuda acumulada de casi 3.000 millones de euros. Jerez, Jaén y Parla son el paradigma de la mala gestión. Sus alcaldes se embarcaron en proyectos megalómanos durante los años previos a la crisis y no lograron sortearla cuando todo se vino abajo en 2008. Los gobernantes dejaron unas ciudades endeudadas y tardaron varios años en acometer los ajustes necesarios. Una década después se les siguen atragantando sus finanzas. La mayoría de los actuales alcaldes no tienen nada que ver con el origen del problema, pero siguen incumpliendo los límites de deuda y morosidad.

Jaén es víctima de un tranvía que nunca llegó a circular por las calles de la ciudad. El tranvía de Parla sí funciona, pero su construcción dejó seca las arcas municipales. Los problemas de Jerez vienen de lejos. Estas tres ciudades arrastraban plantillas sobredimensionadas, crearon empresas públicas para ofrecer servicios que se escapaban de sus competencias y proyectos disparatados. Tras años de severa dieta y duros ajustes han mejorado algo su situación, pero las heridas siguen sin cicatrizar.

Hacienda da un ultimátum a los 13 Ayuntamientos más morosos: quiere un plan de ajuste en 10 días. Por eso, Hacienda ha enviado cartas esta semana a 14 entidades locales que incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago. Tanto la Ley de Estabilidad —una norma creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— como la Ley contra la morosidad establecen que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. Si incumplen ese plazo legal durante más de dos meses, las administraciones infractoras tienen que elaborar un plan de tesorería con ajustes para enderezar la situación.

Hacienda recuerda en la misiva, enviada a los alcaldes e interventores, como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aun así no han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores. El periodo medio de pago de Jaén asciende, incluso, a 540 días: más de un año y medio, según los datos de Hacienda.

Aedaf y Airbnb suscriben un convenio para ayudar a los propietarios de viviendas en alquiler a cumplir con sus obligaciones fiscales

Según han informado en un comunicado conjunto, en virtud de este convenio los anfitriones -propietarios de viviendas anunciadas- de Airbnb podrán dirigirse a los asesores de Aedaf para resolver sus dudas sobre la declaración de los ingresos obtenidos a través de la plataforma. Los asesores fiscales, recopilados en la página web www.anfitrionesresponsables.com, aparecen clasificados por zona, provincia y localidad.

La colaboración se ha iniciado esta mañana con un encuentro presencial en Barcelona, donde se han planteado dudas sobre la obligación de declarar los ingresos en el IRPF o las deducciones aplicables. El delegado de Aedaf en Cataluña, Jordi Baqués, ha subrayado que esta iniciativa permitirá explicar “de manera clara y accesible” cómo deben declararse los rendimientos obtenidos a través de Airbnb.

Por su parte, el responsable de políticas públicas para la compañía, Sergio Vinay, ha recordado que “para ser un buen anfitrión” también hay que cumplir con las obligaciones fiscales. Desde el pasado año, Hacienda remite avisos a los contribuyentes que cree que pueden tener viviendas en alquiler -una información que obtiene de anuncios en páginas web o fianzas- en los que les recuerda que tienen que declarar esos ingresos.