Miles de empresas se verán afectadas desde hoy por el nuevo reglamento de protección de datos

Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2016, hoy ha comenzado su plena aplicación, por lo que se termina el plazo que han tenido todas las organizaciones para adaptar sus políticas y organigramas a esta nueva realidad. Día D para todas aquellas empresas que en su día a día gestionen datos de ciudadanos europeos. A partir de este viernes rige el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Un cambio legal que busca proteger aún más al usuario y que abre la puerta a fuertes sanciones por incumplimientos.

La empresa española no escapa. Con los deberes a medias en muchos casos, los expertos llaman a aprovechar la ocasión, y en lugar de verlo como un imperativo legal afrontarlo como una oportunidad de estrechar la relación y confianza con el cliente. Se es positivo, pero algunas no llegan a la fecha preparadas.

Entre los grandes cambios, las compañías deberán contar con el consentimiento explícito de los usuarios para el uso de sus datos; aclarar qué información tienen, dónde, por cuanto tiempo, quién la usa y para qué; cumplir con el derecho al olvido; y nombrar a un delegado de datos que velará por el cumplimiento de la normativa.

La transición puede resultar suave. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que se venía aplicando tiene en España una de sus aplicaciones “más restrictivas” en Europa. “Es un punto de partida bueno”, cree Carmen Dufur, directora de estrategia de ciberseguridad en Capgemini España. “No hay que alarmarse”, dice sobre las que aún tienen tareas pendientes, si bien reconoce que a algunas empresas “se les ha echado el tiempo encima”.

En esa carrera contra el reloj las grandes juegan con la ventaja equipos más amplios y más capacidad de inversión. La adaptación puede ser un poco más complicada en las pymes, el grueso del tejido empresarial español. “No siempre es fácil, no tienen los mismos presupuestos”, plantea Mònica Vilasau, profesora de derecho civil de la UOC.

Las empresas enfrentan dos grandes desafíos. El primero es la tecnológica, por la necesidad de identificar y ordenar los datos. El segundo es algo cultural, entendiendo la necesidad de potenciar la confianza en la relación con el cliente. “Comienza una nueva etapa. Hay que ponerse las pilas”, sigue Vilasau.

Para algunas el plazo ya será tarea imposible. Hasta un 85% de las empresas europeas consultadas necesitarán al menos tres meses más para cumplir totalmente la normativa, según el estudio ‘Seizing the GDPR Advantage’ elaborado a nivel continental por Capgemini. En los casos extremos, el 6% necesitará un año y el 3% año y medio. “Un buen número de empresas han intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para adecuarse al nuevo reglamento, pero, aun así, para muchas de ellas la aplicación del nuevo reglamento suscita dudas y la incertidumbre de si realmente están preparadas”, advierte Jesús Martrat, socio del área de privacidad de Rousaud Costas Duran.

Las sanciones por incumplimiento serán de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación de la empresa si supera esa cantidad. Asociaciones de pymes (UEAPME, Hotrec) y cámaras de comercio (Eurochambres) pidieron hace un par de semanas un periodo de gracia de un año en la aplicación de multas. “Todavía queda mucho por hacer y quedan muchas preguntas sin respuesta. En muchos estados miembros se ha adoptado la legislación nacional pertinente y el material de guía se ha hecho público hace poco”, decían en su carta a Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género. Dudas como “hasta qué punto el interés legítimo es base suficiente para que las empresas utilicen datos personales para realizar promoción, o qué se considera prueba suficiente de un consentimiento otorgado online mediante un click”, dice en este sentido Martrat.

Siguiendo el estudio de Capgemini, España sería por detrás de Reino Unido el país europeo mejor preparado, ya que el 54% de sus empresas cumplen en gran parte o totalmente la normativa. Más allá del temor de las sanciones, entrará en juego la confianza del cliente. La nueva normativa pone la transparencia como uno de los elementos clave: el usuario debe saber qué se hace con sus datos y tener la posibilidad de que se dejen de utilizar. Y le da más poder de tomar medidas si ve que hay actuaciones fuera de reglamento. Adaptarse resulta capital: “El consumidor cada vez da más importancia a las políticas de privacidad y seguridad… Y más dispuesto a comprar o interactuar con una empresa en la que confía”. Las empresas que no cumplan pueden perder ventas.

Esto es especialmente notorio en España, donde el 62% de los consumidores ponen un alto grado de confianza en las empresas, el mayor ratio de Europa. “La RGPD tiene puntos muy positivos que profundizan la relación con los consumidores. Aporta transparencia, tanto en caso de brecha de datos como en su gestión”, abunda Dufur. Si hay fuga de datos, por ejemplo, las empresas deberán informar con todo detalle de lo que sucede o cómo se encara la situación.

La banca pierde 5.000 millones de euros en 48 horas en Bolsa

El valor de mercado de los seis bancos españoles del Ibex 35 se ha desplomado en 5.000 millones de euros en las últimas 48 horas. Los últimos datos macro en Europa que alejan las expectativas de subidas de tipos de interés, la fuerte caída de la lira turca y la incertidumbre política en Italia han provocado una mini tormenta perfecta.

Las caídas de las dos últimas sesiones reducen en valor conjunto de los seis grandes bancos cotizados españoles de nuevo por debajo del listón de los 180.000 millones de euros (177.541 exactamente) después de un movimiento bajista encabezado por BBVA. El desplome de la lira turca, que en lo que va de año ha perdido más de un 20% de su valor frente al dólar, está pasando una dura factura a la acción de la entidad que preside Francisco González. La caída del 3,5% en las dos últimas sesiones reafirma a BBVA como el peor banco del año en Bolsa (pierde un 8%) junto a Bankia y deja la cotización cerca de los mínimos del año de marzo.

En estos dos días de fuertes presiones vendedoras en el sector, CaixaBank retrocede un 3,1% y la capitalización bursátil pierde el listón de los 25.000 millones de euros. Bankia cede un 3%, Santander un 2,5%, Bankinter un 2% y Banco Sabadell un 1,8%. Éste último había sido más castigado que la media en las sesiones anteriores, por lo que ha resistido mejor la oleada de ventas del miércoles y el jueves. Tras los movimientos de los últimos días, sólo tres bancos aguantan en positivo en el cómputo de 2018. Bankinter lidera las ganancias con una subida del 11%, CaixaBank avanza un 6,5% y Sabadell sube un testimonial 0,75%.

Los españoles cobran 361 euros menos al mes que la media europea

Los asalariados españoles cobran de media 361 euros menos al mes que los europeos. Esa brecha se ha agrandado en el último año puesto que mientras en Europa los sueldos han crecido (un 3,3%), en España se han mantenido estancados (aumentaron 0,2%). Son datos que se extraen del VI Montitor Anual Adecco sobre Salarios, publicado esta mañana.

En términos absolutos, el informe sostiene que el salario medio en Europa es de 2.000 euros al mes por 12 pagas, mientras que en España se sitúa en 1.639 euros. La brecha ha crecido desde los 298 euros del año pasado a los citados 361 euros. En términos porcentuales la brecha se ha incrementado desde un 15,4% a un 18%.

En el caso de Catalunya como en la comunidad el sueldo medio es algo superior al conjunto del Estado las diferencias con Europa son menores. Los catalanes cobran de media 275 euros menos que los europeos. El año pasado la diferencia era de 212 euros. El incremento obedece como en el caso de España a que en Catalunya hubo también prácticamente congelación en relación con el año anterior: se incrementó el sueldo medio en un 0,2%.

Según el informe de Adecco “el salario medio de España tiene, respecto de la media europea, una desventaja proporcionalmente similar a la que tiene Extremadura del conjunto español”. En Europa las diferencias más grandes se dan entre Dinamarca (3.807 euros al mes) y Bulgaria (407 euros). Esa brecha obliga a que “en un solo mes un trabajador medio danés cobra lo mismo que un colega búlgaro en más de 9 meses”. Cuando se compara España con la primera economía de Europa (Alemania) se aprecia que el asalariado medio español debe trabajar 20 meses para ingresar el sueldo medio anual de un alemán.

Pese a esas grandes diferencias. España se sitúa en la zona media de la tabla europea. Un total de 15 países (especialmente los de la Europa del Este) tienen un sueldo menor que el de España. En cambio, en otros 12 países el sueldo es superior.

El Supremo avala la promoción profesional de los indefinidos no fijos

Los empleados en el sector público con categoría de indefinidos no fijos tienen derecho a promocionar a otras plazas en igualdad de condiciones que el personal fijo, siempre que el puesto de destino no tenga carácter fijo y suponga transformar la relación laboral permanente. Así lo determina la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en una reciente sentencia (accede aquí al texto), en la que avala que 250 trabajadores indefinidos no fijos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía participen en los procesos de promoción y reclasificación profesional que la empresa pública lleve a cabo.

El Supremo, resuelve a favor de sindicato representativo de los trabajadores el recurso que interpuso la Agencia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que admitía esta posibilidad, alegando que infringía la jurisprudencia aplicable. En el centro de la polémica, un artículo del convenio que regula la promoción profesional y en el que no se excluye expresamente a los indefinidos no fijos.

La empresa cuestionó la posibilidad legal del traslado o promoción del personal afectado porque la aplicación de la doctrina que les vinculaba a un concreto puesto de trabajo lo impedía. Sin embargo, el Supremo rechaza el argumento, aclarando que este criterio ya está superado.

Por su parte, el sindicato entendía que restringir las convocatorias al personal fijo suponía un trato discriminatorio prohibido, razón que acoge la Sala en su sentencia, que considera obligada la equiparación de derechos en este asunto.

Partiendo del principio de no discriminación entre indefinidos no fijos y fijos, la sentencia expone la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y de la propia Sala para concluir que no hay una razón objetiva que justifique un trato diferenciado entre los trabajadores fijos y los indefinidos no fijos en cuanto a su derecho a promocionar. El colectivo, argumenta el Supremo, está reclamando un derecho reconocido a todos los trabajadores y que forma parte de las condiciones laborales de los empleados públicos. “Uno de los derechos básicos de todo trabajador es el de su promoción y formación profesional en el trabajo”, subraya, derecho expresamente reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Apoya su decisión en lo previsto en el convenio aplicable, que no excluye a estos empleados, y en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, que equipara los derechos de ambos colectivos, salvo en materia de extinción contractual. Además, la exclusión del colectivo no es compatible con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que impide establecer condiciones de trabajo que “configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida”.

Hacienda confirma malestar general con los privilegios forales

El Ministerio de Hacienda confirma en un informe oficial que existe un clamor de las comunidades autónomas contra los privilegios financieros del País Vasco en el Estado y la necesidad de corregirlos. Sin embargo, no plantea medidas, por ahora tras el voto a favor del PNV a los Presupuestos del Estado. En su primer documento para la reforma del sistema de financiación autonómica, de 55 páginas, el Comité Técnico Permanente para la reforma que preside el Ministerio, constata que, en sus reuniones, “se ha destacado por las CCAA la necesidad de que el cálculo de los flujos entre la Administración General del Estado y las Comunidades forales revista una mayor transparencia, especialmente en lo que al cálculo de las cargas asumidas y no asumidas se refiere”. Es una alusión clara al Cupo Vasco y a la Aportación Navarra, que evalúa lo que deben aportar ambas comunidades al Estado por competencias no asumidas y que está considerado por el grueso de expertos y gobiernos autonómicos como inflado de forma artificial en favor de, sobre todo, el País Vasco.

En el informe de Hacienda se presenta también como petición generalizada de las comunidades autónomas “la necesidad de que se establezca su aportación a la nivelación”, hasta ahora inexistente. El lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende que el País Vasco aporta más del 6% al Fondo de Compensación Interterritorial al resto del Estado, pero el resto de gobiernos autonómicos exigen que contribuya también a los fondos de nivelación, que son los más importantes en cuantía y en los que no participan las comunidades forales. Además, las comunidades de Castilla y León y La Rioja, especialmente, han incidido en el perjuicio económico que les provoca su vecindad.

“También se han puesto de manifiesto los efectos perjudiciales que se producen sobre Comunidades de régimen común limítrofes con las Comunidades Forales, como consecuencia de las diferencias de regulación existentes”, según el informe. En otros capítulos, Hacienda expresa opinión, pero no en el caso de este clamor sobre las comunidades forales. El Ministerio sí insiste en el documento en que apoya la suavización de las condiciones de la cuantiosa deuda autonómica con el Estado. No menciona la condonación, pero sí “la conveniencia de acometer una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado ampliando plazos o modificando tipos de interés para facilitar su vuelta ordenada a los mercados”.

Hacienda y la mayoría de las comunidades comparten, según el documento, que “cualquier supuesto de reestructuración los incentivos deben asegurar que las CCAA convergen hacia el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. El consenso es “reducir de forma sustancial” los mecanismos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), entre otros, “de manera que su utilización por las CCAA sea cada vez más extraordinaria y motivada por una verdadera necesidad de liquidez o por la existencia de situaciones financieras muy graves, produciéndose una vuelta de las CCAA a los mercados financieros de forma ordenada para mantener la confianza de los inversores y no generar incertidumbre, disrupciones ni volatilidad”.

España defiende que solo hace falta un ajuste fiscal “gradual” pese a los avisos de Bruselas

Román Escolano, ministro de Economía, Industria y Competitividad, ha aprovechado la luz verde del Congreso a los presupuestos de 2018 para mandar a sus colegas europeos un mensaje de calma y tranquilidad con la economía española. “Los presupuestos son un mensaje de estabilidad política y de estabilidad económica”, ha asegurado Escolano a su llegada a la reunión con el resto de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, que se celebra esta tarde en Bruselas.

“España se ve como un ancla de estabilidad, un escenario de estabilidad política y de crecimiento económico […] como un aporte de confianza en un momento en que Europa tiene muchos debates importantes”, ha subrayado el ministro al ser preguntado si temía que la sentencia del caso ‘Gürtel’ afecte a la confianza de los socios europeos en el Gobierno. Entre esos debates está sin duda la interrogante del nuevo Gobierno italiano, que estará formado por dos formaciones políticas, Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas, claramente anti-euro y con un marcado perfil euroescéptico.

Desde que se agudizó la crisis constitucional en Cataluña, la aprobación de las cuentas de 2018 es una de las pocas buenas noticias que el Ejecutivo español ha podido llevar a Bruselas. Ese visto bueno llegó además el mismo día que el Ejecutivo comunitario aseguró que el borrador presupuestario remitido por España cumplía “en líneas generales” con las normas del Plan de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión cree que el déficit español de 2018 se situará en el 2,6% del PIB (2,7% si se tiene en cuenta la subida de las pensiones). Esto son cuatro o cinco décimas por encima del objetivo del 2,2% pero todavía por debajo del tope del 3% que marcan las normas fiscales europeas.

Aunque en Bruselas pidieron preparar nuevas medidas de ajuste si se confirma ese desvío, Escolano ha enfriado la posibilidad de que eso ocurra recordando que “el gran objetivo” es bajar el déficit por debajo de ese 3%: “La Comisión Europea declaró que España cumple en general con las previsiones de las normas europeas. Vamos a estar por debajo del gran objetivo que tenemos este año, que es del 3%”, ha afirmado el ministro, quien también ha subrayado que la Comisión “avala” el cuadro macroeconómico del Gobierno.

Sobre el esfuerzo estructural del 0,65% del PIB que solicita la Comisión para 2019, unos 7.600 millones de euros, Escolano también ha marcado distancias y ha recordado que “la economía española tiene que seguir creciendo y hacer ese ajuste de forma gradual de forma que no se estrangule la recuperación”.

El BCE instó a respetar las reglas fiscales

El BCE instó a respetar las reglas fiscales existentes en la eurozona, especialmente en los estados con un alto grado de endeudamiento público como Italia, según las actas de su última reunión del pasado 26 de abril. El Consejo considera además que las reformas estructurales en países del área euro deben intensificarse, y llama a una rápida y sustantiva conclusión de la unión bancaria y la del mercado de capitales.

El máximo órgano rector del banco estima que se requiere todavía un “amplio grado de acomodación en la política monetaria” ya que, aunque el crecimiento económico del área continuará “a un ritmo sólido”, los riesgos relacionados con la amenaza del proteccionismo se han vuelto “más prominentes”. Los directivos del banco consideran que los conflictos comerciales no solo pueden tener un efecto adverso en la actividad de los países involucrados, sino que pueden ejercer “efectos más amplios como consecuencia del aumento de la incertidumbre y la disminución de la confianza”.

Asimismo, señalan que “relaciones comerciales turbulentas” pueden ocasionar “movimientos convulsos” en los tipos de cambio de divisas y elevar la volatilidad en los mercados financieros. La incertidumbre asociada a las prolongadas tensiones comerciales actuales ha podido ya tener efectos en las exportaciones de algunas economías de la eurozona, indican. Respecto a su política monetaria, el banco cree que debe mantenerse invariable y esperar todavía para determinar con precisión las causas de la desaceleración económica del primer trimestre.

Advierte de que la inflación subyacente continúa siendo débil, y para apoyar su repunte se precisa aún “paciencia, persistencia y prudencia”. Las actas reflejan que uno de los miembros del Consejo indicó que los analistas y los sondeos apuntan a que el mercado anticipa el final de las compras de deuda hacia el final de 2018.

Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018 por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas

Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

La Comisión Europea propone crear un sucedáneo de eurobonos

La Comisión Europea ha propuesto este jueves crear un nuevo activo financiero que consistiría en la titulización de los bonos soberanos de los distintos países de la eurozona, un sucedáneo de los famosos eurobonos pero que no supondría en ningún caso la mutualización de los riesgos ni de las pérdidas.

Los eurobonos, una propuesta que siempre ha defendido España pero que el Ministerio de Economía no los incluyó en su último documento sobre el futuro de la moneda única, cuentan con el rechazo histórico de países como Alemania o Países Bajos, contrarios a compartir los riesgos económicos con el resto de socios comunitarios.

Por eso, Bruselas subraya que el diseño de estos valores respaldados por bonos soberanos (SBBS, por sus siglas en inglés) no implica la mutualización de los riesgos ni de las pérdidas entre los países del euro. “Sólo los inversores privados compartirían los riesgos y las posibles pérdidas”, remarca el Ejecutivo comunitario.

“Es una propuesta pragmática que fortalecerá la absorción de riesgos privados a través de unos mercados financieros integrados y reducirá el riesgo en el sector bancario, sin necesidad de una mutualización de los riesgos”, ha insistido el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, responsable de Servicios Financieros y Estabilidad Financiera.

Entre las ventajas que la Comisión Europea ve en estos activos está la posibilidad de que fondos de inversión, compañías de seguros o bancos diversifiquen sus carteras. También piensa que ayudará a “debilitar” la exposición de las entidades financieras a la deuda soberana de los Estados miembros.

Estos productos agruparán títulos de deuda pública de todos los países del euro, cuyo peso en cada uno de estos productos vendrá determinado por su contribución al capital del Banco Central Europeo (BCE). Según este criterio, a España le correspondería una proporción del 12,5% en cada producto de estas características.

Además, los valores respaldados por bonos soberanos contarán con distintos tramos de riesgo. El tramo más seguro o senior representará siempre el 70% de este activo, mientras que el 30% restante corresponderá a uno o varios tramos júnior.

Bruselas cree también que estos instrumentos presentan “menos riesgo que los productos tradicionales de titulización”, por lo que ha propuesto ajustar el marco legislativo para garantizar que los SBBS cuentan con el mismo trato que los bonos nacionales en términos, por ejemplo, de requisitos de capital.

Los consumidores desconocen la nueva norma de protección de datos

La mayoría de los consumidores españoles no conoce el nuevo Reglamento de Protección General de Datos que entra en vigor el próximo 25 de mayo. Según un estudio del Instituto de Economía Digital (ICEMD) de la escuela de negocios ESIC, el 75% de los 1.054 encuestados en España no ha oído hablar de la normativa. Además de la falta de conocimiento, cuatro de cada cinco entrevistados están preocupados por la privacidad de sus datos y reclaman más control sobre su información personal.

El presidente del ICEMD, Joosp van Nispen, destacó que el estudio revela que los consumidores “tienen muy claro” cuál es el valor de sus datos. La mayoría de los entrevistados considera que las principales beneficiadas en el suministro de la información son las compañías. “A las empresas les conviene no ignorar esta situación”, explicó van Nispen, que considera que conociendo a los usuarios “se podrán diseñar estrategias para fidelizar a sus clientes y cuidar a su bien más preciado: el consumidor”.

Aproximadamente la mitad de los españoles encuestados siente que no controla el intercambio de sus datos. A la hora de facilitar información a las empresas, la confianza en una compañía es el aspecto más importante para una amplia mayoría de los entrevistados. Un 52% de la muestra cree que no puede impedir que las empresas faciliten sus datos a terceros y solo un 37% se ve capaz de obligar a una compañía que los borre. El estudio también revela que la privacidad online ya no es el principal miedo del consumidor, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque el 81% de los encuestados valoró con 7 puntos sobre 10 su nivel de preocupación, el 58% coincide en que el intercambio de información personal forma parte de la economía moderna. De hecho, cuatro de cada cinco encuestados concibe sus datos como un activo con el que negociar. Un 61% es consciente de que puede pedir a una compañía ver los datos que almacena sobre ellos, y uno de cada cinco ya ha pedido verlos alguna vez, una cifra que aumenta en la generación Millenial. La mayoría cree que el consumidor es el responsable de su propia ciberseguridad.

España devuelve 3.000 millones del rescate europeo

España ha devuelto a sus socios europeos 3.000 millones de euros en su octavo reembolso anticipado del rescate bancario, cuya deuda pendiente se reduce a 23.700 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Economía. Se trata además del segundo pago voluntario que hace el Gobierno en 2018, tras uno anterior de 2.000 millones de euros.

El ministro de Economía, Román Escolano, ha podido comentar el último reembolso anticipado llevado a cabo por España durante un encuentro con el director ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, con quien ha mantenido una reunión en Madrid.

Ambos han destacado que los reembolsos anticipados son beneficiosos para ambas partes ya que mejoran la confianza de los inversores en España y aumentan la capacidad de préstamo del MEDE.

España vuelve a ganar competitividad

El incremento de los precios registrado en los países de la zona euro fue superior durante el primer trimestre de este año a lo que se revalorizaron en España. Esto fue lo que propició que la competitividad-precio de la economía española frente a esta área mejorara tras cinco trimestres consecutivos de pérdidas de competitividad. Así, según el informe que elabora cada trimestre el Ministerio de Economía, la competitividad precio de España mejoró un 0,3%, lo que estaría confirmando el cambio de tendencia ya iniciado en el último trimestre del año pasado.

Esta mejora fue consecuencia del descenso del índice de precios relativo de consumo mientras que el del tipo de cambio protagonizó un ligero ascenso, tal y como refleja el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el IPC. El ITC mide la competitividad de las exportaciones mediante el tipo de cambio y los precios. De forma que incrementos en el ITC reflejan pérdidas de competitividad y viceversa. Tal y como explica Economía en su informe, aunque el IPC es la referencia más común a la hora de expresar cómo se han comportado los precios, lo cierto es que muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual.

Esto es lo que explica que también se utilicen los Índices de Valor Unitario (IVUs), que reflejan mejor los precios de la exportación porque computan solo productos y servicios exportados, ponderados por su peso en el conjunto de las ventas al exterior. Los datos del primer trimestre de este año del ITC frente al conjunto de la UE muestran una ganancia de competitividad del 0,3% por el descenso del índice de precios relativos, del -0,4%. Sin embargo, el índice de tipo de cambio contabilizó un ligero ascenso del 0,1%.

Bruselas alerta sobre una desviación de dos décimas de déficit

La CE advierte, sin embargo, que el objetivo de déficit para este año se incumplirá por dos décimas y se irá hasta el 2,4%. El ajuste presupuestario, además, se quedará por debajo de lo exigido “por un amplio margen”.

El dictamen presentado por el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, no valora la reciente decisión del Gobierno de aplazar los recortes en el sistema de pensiones. Aun así, el departamento de Moscovici ya detecta una ausencia de ajustes que llevarán a un deterioro del déficit estructural de hasta ocho décimas en el período 2016-2018.

Y Bruselas advierte que los datos definitivos podrían ser peor de los esperados porque sobre las cuentas pesan varias incógnitas. Por un lado, la consecuencia de los rescates de las autopistas quebradas, cuyos costes el Gobierno cifra en dos décimas porcentuales de PIB. Pero, según la CE, “el impacto final es difícil de valorar y no se puede excluir que sea mayor”.

Por otro lado, la CE señala que el Gobierno aspira a cumplir los objetivos de déficit gracia a la buena marcha de la economía (2,3% de crecimiento). Bruselas comparte e incluso supera ese optimismo (2,5%), pero añade que esa previsión no incorpora el posible impacto de la crisis en Cataluña, todavía por calibrar.

Pero la CE ha preferido pasar de puntillas tanto sobre la desviación como sobre el cambio de rumbo en la sostenibilidad de las pensiones. Dombrovskis se ha limitado a indicar que “nunca recomendamos dar marcha atrás en las reformas de las pensiones y esperamos que esas reformas se mantengan”. Un suavísimo toque de atención, que España, con toda probabilidad, se permitirá ignorar.

La CE también ha aprobado las recomendaciones macroeconómicas para cada país. En el caso de España, Bruselas incluye la necesidad de llevar a cabo un ajuste presupuestario estructural equivalente al 0,65% del PIB, una demanda ligeramente superior a lo habitual, pero cuyo cumplimiento no será requerido, en principio, para cerrar el expediente de déficit excesivo.

Bruselas también reclama a España medidas para paliar reducir la fragmentación del mercado laboral (entre contratos fijos y temporales), combatir el abandono escolar, y paliar la desigualdad económica y el número de trabajadores por debajo de umbral de pobreza. La CE también insiste en la urgencia de que España mejore el control y transparencia de la licitación pública.

La CEOE planteará a los sindicatos subidas por encima del 2% para 2019 y 2020

La CEOE llevará a la próxima reunión con los sindicatos una propuesta de subida salarial con una parte fija de hasta el 2% para 2018, que sería superior en 2019 y 2020, si bien deja en torno a los 0,5 puntos la parte variable en función de cada sector. La Junta Directiva de la CEOE ha logrado consensuar posturas internas dentro de la organización en torno a la propuesta que defienden ante los sindicatos CCOO y UGT de cara al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que llevan meses negociando sin avances ni visos de acuerdo.

Fuentes conocedoras de la reunión de la patronal han explicado a Efe que la propuesta empresarial comprende una subida superior al 2% para 2019 y 2020, que no se ha concretado. Asimismo, supone una mejora de la parte fija de la subida para los salarios más bajos, de forma que se llegue a un mínimo en convenio de 14.000 euros en 2020, siguiendo así las recomendaciones de distintos organismos nacionales e internacionales y pese a contar con el rechazo de sectores como el de las empresas multiservicios.

La propuesta que había defendido la CEOE hasta ahora en la mesa de negociación con los sindicatos consistía en un alza de hasta un 2% para 2018, sin suelo y con una parte variable (que podría alcanzar el 1%) ligada a cuestiones como productividad, empleo, formación o absentismo, por lo que el acuerdo alcanzado hoy supondría una peor oferta variable. Además, seguiría alejada de la exigida por los sindicatos, que piden para este año una subida mínima del 3,1% (1,6% de la inflación prevista más un 1,5% para recuperar el poder adquisitivo), así como incorporar una cláusula de garantía salarial y alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros al final del periodo del acuerdo plurianual.

Las fuentes consultadas aseguran además que la CEOE se ha opuesto totalmente a introducir una cláusula de garantía salarial y a vincularla al IPC. Este indicador se situó el mes pasado en el 1,1%. Sí que querrían que el acuerdo de negociación colectiva contemplara algunas medidas en favor de las empresas más pequeñas, como una tributación más favorable, por ejemplo, en el impuesto de sociedades para aquellas que ingresen menos de 300.000 euros anuales, algo que tendría que llevarse a cabo con la complicidad del Gobierno.

España vuelve a ser el país de la UE con la tasa de temporalidad más alta nueve años después

España sale de la crisis sin resolver el principal problema del mercado laboral desde los años ochenta: la temporalidad. España ha recuperado buena parte del empleo perdido durante la crisis -aunque aún le faltan 1,2 millones de afiliados a la Seguridad Social para recuperar el nivel de 2007-, pero lo ha hecho a costa de mantener una elevada tasa de temporalidad. Tanto es así que al cierre de 2017 era, con mucho, la más alta de toda la Unión Europea.

Los datos los facilitó Eurostat y sitúan su tasa en el 26,8%, casi el doble que el promedio entre sus socios europeos, donde el 14,5% de los asalariados tienen contrato temporal. Los siguientes países con niveles más altos son Polonia (26,1%), Portugal (22%), Holanda (21,5%) y Croacia (20,6%). En el extremo contrario, esto es, donde el trabajo tiene un horizonte más estable -aunque eso no quiere decir que alguno pueda tener paro elevado-, destacan Rumanía (1,2%), Lituania (1,7%), Letonia (3%), Estonia (3,1%), Bulgaria (4,4%) y Reino Unido (5,6%).

Esta problemática afecta de manera especial a los jóvenes. En España, según la agencia estadística de la UE, entre los trabajadores de 15 a 24 años de edad prácticamente tres de cada cuatro (el 73,9%) tiene un empleo temporal. Le siguen Eslovenia (71,6%), Polonia (68,2%), Portugal (65,9%), Italia (61,9%), Croacia (60,8%) y Francia (58%), en cualquier caso, muy por encima de la media comunitaria del 43,9%.

Entre la población laboral de mediana edad, de 25 a 54 años, la temporalidad es más reducida -el 12,2% de media en la UE-, mientras que en los más cercanos a la jubilación cae más -el 6,7% hasta los 64 años-. Eso sí, entre las mujeres europeas la proporción es mayor que en los hombres -14,8% frente a 13,8%-, y ocurre igual en los países del euro frente al resto -16% respecto a 14,5%-.

300.000 empleos que generan los festivales de música

El sector de la música tiene un impacto de más de 5.000 millones de euros, según un estudio de Promusicae. De esta cantidad, más del 50% corresponde a los espectáculos musicales en directo, que declararon una facturación de 223 millones de euros en 2016, debido, según la Asociación de Promotores Musicales, al auge de los festivales de música en España.

Estas multitudinarias citas son las grandes beneficiadas dentro del sector: según Pollstar, 2017 fue uno de los años más positivos para este tipo de eventos. Lejos de representar un mercado saturado, se trata de fenómeno en auge y una oportunidad en expansión. “El número de festivales de música en España está creciendo en estos dos últimos años con tasas de dos dígitos, el futuro promete”, asegura la profesora de OBS Business School, Natividad Buceta. La experta ha elaborado el informe El hit de los festivales de música en España, donde insiste en que este tipo de eventos son el trampolín para un nuevo modelo de negocio dentro del sector de la música.

Según Buceta, aún es solo el principio de este formato, que bebe del auge de la llamada economía naranja o economía creativa y defiende las industrias culturales y creativas (ICC) como eje de desarrollo, crecimiento y empleo. Actualmente se celebran 850 festivales al año en España, pero solo los diez más grandes producen un impacto económico de más de 400 millones de euros y atraen a 1,6 millones de personas. Los más reseñables son, según El hit de los festivales música en España, Arenal Sound (Burriana), Rototom Sunsplash (Benicassim), Primavera Sound (Barcelona), Viña Rock (Villarrobledo), Fib (Benicàssim), Alrumbo Festival (Cádiz), Sónar (Barcelona), Mad Cool Festival (Madrid), Bilbao BBK Live (Bilbao) y Resurrection Fest (Viveiro).

La moda de los festivales acaba repercutiendo positivamente a todo el sector, pues los espectáculos en directo también funcionan como motor para impulsar las ventas de música grabada. En palabras de Buceta: “La estrategia de promover la venta de música grabada a través de las actuaciones en directo es un círculo virtuoso que funciona. El público objetivo de la música en vivo supone claramente una fuente sostenible de recursos para el sector”.

Asimismo, el impacto de los festivales de música también trasciende el propio sector y repercute en la propia localización del evento. Según la Cuenta satélite de la cultura, el 18% de los viajes realizados por los españoles son por motivos culturales. Los festivales suponen un importante motor para el turismo, pues la mayoría de ellos “están próximos a la costa y ofrecen el plan perfecto de actividades, sol y playa”, justifica Buceta en el mencionado informe.

Cada temporada, estos eventos atraen a 2,5 millones de personas y cada asistente realiza un desembolso medio de 500 euros por evento. Cifras que animan a la promoción de las ciudades mediante sus citas musicales. Por su parte, cada evento requiere, de media, un presupuesto de 638.507 euros, mientras que el impacto económico ronda los 6 millones de euros por festival. Estas grandes citas son también un potente motor de creación de empleo: cada festival genera 130 puestos de trabajo de forma directa y 230 de manera indirecta.

El volumen total de empleos del mercado de festivales se acerca a los 300.000, lo que representa el 40% de la contratación anual de 2016 en el conjunto del sector de actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, de acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, una cifra próxima a la contratación anual del conjunto del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, el 80% de los empleos se originan en el entorno del festival, por lo que suponen una importante palanca para el desarrollo local.

Las tecnológicas cargan contra el impuesto digital de Montoro

Las empresas tecnológicas claman contra el impuesto digital que prepara Hacienda para financiar las pensiones. Así lo transmiten ante la intención del Gobierno de lanzar la tasa en solitario, mucho antes que la UE, y de gravar todos los servicios digitales de compañías con umbrales de facturación mucho más bajos que los que promueve Bruselas hasta un 5%, según publicó ayer este diario.

El rechazo es unánime, ya que les parece “muy injusto” que se ponga un impuesto para gravar a todo un sector, con lo que advierten de que “se va a castigar a los que ya pagan cuantiosos impuestos en España”, al tiempo de que alertan de que se va a penalizar a uno de los sectores más dinámicos, lo que va a “perjudicar” al “empleo”, a la “riqueza” y a la “inversión”.

“Es muy injusto que para que Google y Facebook paguen impuestos, tengan que gravar a los que ya pagan”. Así lo subraya Alicia Richart, directora general de la patronal tecnológica DigitalES, escisión de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic) que han creado un grupo de firmas -principalmente operadoras de telecomunicaciones y fabricantes de redes-.

Entre sus asociados, están Telefónica, Indra, Cellnex, Siemens, Vodafone, IBM, HP, Huawei, Everis, Cisco, Accenture, ZTE, Orange, Euskaltel, Nokia, Everis. Y es que las 31 compañías que forman DigitalES son los principales damnificados por este impuesto, ya que según detallan, pagan más de 8.000 millones de euros en impuestos en España y dan trabajo a 105.000 personas, además de invertir 2.100 millones al año en I+D.

El impuesto supondrá la materialización de sus mayores temores, ya que estas empresas mantienen un pulso con Google, Apple y Facebook por lo que entienden desigualdad jurídica. De hecho, esta patronal ha demandado al Gobierno que les rebaje la presión fiscal para que puedan competir con las multinacionales de Silicon Valley y que España sea pionera en digitalización.

Vía libre a los Presupuestos de 2018: El Congreso aprueba las cuentas públicas que rebajan el IRPF y suben pensiones y salarios públicos

El Congreso ha dado el visto bueno este miércoles a los Presupuestos de 2018 y su definitiva aprobación ya solo requiere un trámite formal como es el visto bueno del Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. La incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento por la ambigüedad del PNV, que durante meses aseguró que no facilitaría la aprobación de los Presupuestos mientras se mantuviera la intervención de la Generalitat por parte del Estado a través del artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, finalmente, han pesado más los intereses económicos. Los Presupuestos contemplan un incremento de la inversión en torno al 30% para el País Vasco y, además, Hacienda aceptó una renovación del cupo vasco muy beneficiosa para los intereses de la comunidad foral. El PNV anunció antes de que finalizara la sesión en el Congreso que votaría sí “por responsabilidad y poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del partico”.

Así, los Presupuestos se encaminarán hacía el BOE con el aval de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Las cuentas de 2018 son el reflejo, sobre todo, de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos, el principal socio del Gobierno. Las cuentas contemplan una rebaja fiscal para rentas bajas. Así, el mínimo a partir del cual se empieza a pagar IRPF sube de 12.000 euros a 14.000 euros. Además, la cuota a pagar también se reduce para quienes tiene nóminas entre 14.000 y 18.000 euros. La reducción tributaria se ha articulado a través de un incremento de la reducción por rendimiento del trabajo, un beneficio fiscal que decrece a medida que aumenta la renta hasta desparece a partir de los 18.000 euros. La consecuencia de ello es que, a pesar de la rebaja fiscal, el tipo marginal efectivo, es decir, lo que se tributa por cada euro de más que cobra el trabajador se dispara hasta el 62,5%.

También en el ámbito fiscal, se ha ampliado la deducción por maternidad de 1.200 euros se amplíe con hasta 1.000 euros adicionales en los casos en los que la madre incurra en gastos de guardería para niños menores de tres años. Además, los Presupuestos amplían los beneficios fiscales para las familias numerosas. Las rebajas y ayudas tributarias elevarán la renta disponible de 4,1 millones de contribuyentes, según los cálculos de la Agencia Tributaria.

Es uno de los colectivos más beneficiado por los Presupuestos. Inicialmente, el Gobierno pactó con Ciudadanos un incremento de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% y un del 2% para las de viudedad. Además, las más bajas debían subir entre el 1% y el 1,5%. Posteriormente, el PNV fue un paso más allá y arrancó de Hacienda el compromiso de establecer una subida del 1,6% para todos los pensionistas y, además, se pactó retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. En el País Vasco es donde se han producido las mayores protestas de los jubilados y también es donde se cobran las pensiones mayores y que, por lo tanto, quedaban fuera de la mejora inicial con Ciudadanos. La formación naranja, el PNV y el PP han batallado para ponerse la medalla del incremento de las pensiones.

Hacienda y los sindicatos del sector público sellaron también un acuerdo que verá la luz con los Presupuestos. El sueldo de los funcionarios aumentará un 1,75% este año y podría llegar al 1,95% en función de la parte variable. El pacto alcanzado es de largo alcance e incluye también las mejoras salariales hasta 2020. Los funcionarios tienen asegurado que su sueldo aumentará un 6,12% entre 2018 y 2020 y podría llegar al 6,9% en función de variables como la evolución del PIB.

Las medidas de incremento del gasto público y reducciones de impuestos que contemplan los Presupuestos han puesto en alerta a los analistas ante el riesgo de que España incumpla el objetivo de déficit público. De hecho, ayer mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió un informe aseguran que España incumplirá los objetivos de estabilidad comprometido con Bruselas durante el período 2018 y 2021. Estima que el gasto aumentará más de lo previsto por el Ejecutivo.

También el informe anual del Banco de España recomienda que la política fiscal vaya justo en la dirección contraria fijada por el Gobierno en los Presupuestos. Recomienda, por ejemplo, que reduzca el peso de los tipos reducidos de IVA. En cambio, las cuentas públicas contemplan bajar el IVA del cine del tipo general del 21% al reducido del 10%. El PDeCAT y el PP también pactaron una enmienda para reducir el IVA de la dependencia al 4%.

Los Presupuestos expansivos impiden que España reduzca su déficit estructural, es decir, los números rojos en una situación de neutralidad económica, sin expansión ni recesión. Así lo advierte la Comisión Europea. El sector público cerró con un déficit del 3,1% en 2017 y este año bajará del nivel del 3%. Cuando ello suceda, saldrá del brazo corrector de la UE. Sin embargo, Bruselas exigirá entonces que España reduzca su déficit a mayor velocidad. Significa que la etapa de los recortes del gasto y de las subidas fiscales, quizás no ha acabado.