La Bolsa se asoma a los 10.000 puntos en un tranquilo inicio de semana

El Ibex 35 arranca la semana con los 10.000 puntos en el punto de mira. Los futuros de los mercados europeos apuntan a subidas en el entorno del 0,3%, un poco menos del 0,5% que precisa el índice para batir la cota de los cinco dígitos, que no toca desde la primavera de hace dos años. El mercado deja de lado, por el momento, los pésimos datos del PIB japonés (precios a la irrupción del coronavirus) y apuesta por continuar una racha alcista que dura ya tres semanas.

El ministerio chino de Finanzas ha asegurado que pondrá en marcha planes para recortar impuestos y tasas a empresas, mientras el Banco Central rebajó esta madrugada uno de los tipos de interés de referencia. Se prevé también que las autoridades abran la mano con la morosidad de los bancos que aflore a causa del coronavirus, y el Gobierno central ha elevado en más de 100.000 millones de euros la deuda que permite contraer a los gobiernos locales. Medidas todas ellas que han sido suficientes para animar al inversor local.

De este modo, aunque la economía del país aún funcione a medio gas, Pekín haya elevado las restricciones sobre la provincia de Hubei, y la cifra de muertos alcance ya los 1.770, el mercado tira hacia arriba. El índice CSI 300 ha subido hasta recuperar todo lo perdido desde que reabrió al acabar el parón del Año Nuevo (cayó un 8% el primer día), parón que coincidió con la eclosión del brote epidémico.

En Japón, no obstante, el Nikkei ha bajado de forma sensible, hasta un 1,5% en el peor momento de la sesión, tras un mal dato de PIB. La economía se ha desplomado un 6,3% sobre el trimestre anterior, impactada por una subida de los impuestos indirectos. La jornada, en todo caso, estará condicionada en Europa por el cierre de Wall Street, donde se celebra hoy el Día de los Presidentes.

Así, más allá del coronavirus y sus derivadas, la sesión parece, por el momento, tranquila. En el plano empresarial, la posible compra del negocio ferroviario de Bombardier por Alstom, barajada ya la semana pasada y que hoy da por hecha el WSJ, es la noticia de más relevancia. Así, la jornada es relativamente tranquila en el mercado de divisas, con el euro aún en zona de mínimos, en 1,084 dólares por euro. En la deuda pública, el bono estadounidense tampoco registra cambios y cotiza en el 1,585%. El petróleo está también estable, en 57 dólares el barril de Brent.

El Gobierno valora la rebaja de cotizaciones agrarias por el SMI

La intensificación de las protestas agrarias y los efectos en el empleo agrario han forzado al Gobierno a tener en la recámara la posibilidad de rebajar las cotizaciones sociales a los agricultores, para amortiguar los efectos del Salario Mínimo Interprofesional. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el primero en hablar en una entrevista en Canal Sur Radio de la posibilidad de bonificar las cotizaciones, tras conocer el fuerte malestar que había generado en el campo el incremento del salario mínimo, el tercero consecutivo, y su impacto en un sector agrario que sufría una grave crisis de precios.

Planas fue desautorizado por el resto del Gobierno, y matizó posteriormente sus declaraciones, rechazando tal posibilidad. Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó cualquier repercusión en el empleo de la Subida del Salario Mínimo a 950 euros, los datos del INEM de enero fueron demoledores: el desempleo se elevó a 150.045 personas, con un incremento de 9.085 -un aumento del 6,45%- con respecto a diciembre de 2019, el más alto de los registrados desde 2013.

El departamento de Yolanda Díaz no parece confiar mucho en una mejora en los próximos meses, a tenor de la decisión anunciada el pasado viernes de reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario (antiguo PER), cuyos principales beneficiarios son los votantes de partidos de la izquierda. En el Ministerio de Agricultura, sin embargo, conocen la fortaleza y unidad de las organizaciones agrarias en este pulso al Gobierno y ya han advertido que van a continuar e intensificar las movilizaciones en caso necesario.

Una vez descartado, tal y como pidió el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Varas, la territorialización del SMI, las posibilidades de hacer algún gesto que apague un campo «en llamas», son muy limitadas. Una de las medidas es la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, que con el aumento del SMI han disparado los costes laborales en el campo. En las dos últimas subidas, el Salario Mínimo se ha incrementado un 34,24%, al pasar de los 825 euros de 2018 (dividiendo las 14 pagas por 12 meses) a los 1.108 euros de 2020. A esto hay que añadir las cotizaciones sociales.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió el pasado miércoles a abrir la puerta a lo que parecía una postura inamovible del Gobierno. «Un Salario Mínimo Interprofesional común a todas las Comunidades Autónomas es lo adecuado, sin perjuicio de que haya un tratamiento específico a algunos sectores», matizó. Fuentes de este Ministerio matizaron que se trataba de «un análisis del impacto de la subida en los distintos sectores, sin que necesariamente se tengan que tomar medidas ya que probablemente no hagan falta, porque no será negativa».

Además del incremento del desempleo, la subida del Salario Mínimo amenaza con provocar un segundo efecto: la descapitalización laboral del campo. Muchos agricultores están huyendo de cultivos que precisan mano de obra a otros más mecanizados, lo que forzará el éxodo de jornaleros a otros sectores o territorios, informa Rafael Daniel. A corto plazo, el foco de atención está en los tribunales. La organización agraria Asaja Andalucía está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentaron contra la subida del SMI de 2019.

La nueva ley contra el fraude se fija en pagos en metálico, morosos y criptomonedas

Como explicó el martes pasado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el paquete de medidas y la transposición de directivas sobre tributación –que prepararon para las cuentas fallidas del 2019– ha pasado los trámites preceptivos y ya están listos para entrar en el Congreso de los Diputados. Montero ha reiterado que, en los próximos consejos de ministros, darán el pistoletazo de salida, sin esperar al anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. La ley de lucha contra el fraude fiscal comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo…

En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones. A continuación, se recogen los principales cambios que plantea la nueva ley que, tal y como confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018. La mayoría también figuran en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Con la vista puesta en el refuerzo del control tributario, personas y entidades tendrán la obligación de informar a Hacienda de la posesión y uso de criptomonedas. Se deben comunicar todas las operaciones –adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos–, así como los saldos de monedas virtuales. También especifica que las declaraciones informativas de bienes en el extranjero, a través del modelo 720 implantado en el 2012, se extiende también a este nuevo tipo de divisa.

Como resalta Hacienda, ya que “la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”, la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales.

Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado importantes actuaciones contra la ocultación de ingresos en actividades comerciales como los mercados de abastos, restaurantes, zapaterías, discotecas…

Modifican la regulación de la lista de deudores a Hacienda ampliando el número de señalados. Así se harán públicos los nombres de las personas o sociedades, además de las cantidades por abonar de aquellos, que deban a partir de 600.000 euros. Hasta el momento, el listón de deudas está situado en el millón de euros. También aclaran que tendrán en cuenta los incumplimientos de ingreso fuera del plazo voluntario, incluida los aplazamientos.

El listado, creado por Cristóbal Montoro, también señalará a los administradores de las empresas que no cumplen con el fisco, retomando la idea del citado ministro del PP. Para fomentar el cobro, el nuevo texto permitirá salir de la lista en cuanto se abone íntegramente las deudas y sanciones contraídas con Hacienda. Hasta ahora, aunque los nombres se publican anualmente en junio, el listado se cierra seis meses antes, cada 31 de diciembre.

El texto veta expresamente “cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía tributaria”. Además, recuerdan que el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto ley por el que Montoro facilitó un indulto fiscal en el 2012,?“alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

La ley limita el abuso en la presentación reiterada de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie. Así mismo, aplica reducciones de las sanciones para favorecer el pago voluntario y reducir la litigiosidad.

El ministerio de Consumo presenta este lunes el fichero Eficaz

Una herramienta para incrementar la seguridad y la protección en los juegos de azar, que denegará el acceso a los «créditos rápidos» a los jugadores que voluntariamente se inscriban en ella. Según el Ministerio, supondrá la creación de un fichero en el que se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas jugadoras que quieran restringir su capacidad de acceso a la financiación alternativa en línea, conocido como créditos rápidos. Tras esta inscripción, se le denegará el acceso a dicha financiación por parte de los proveedores participantes en el proyecto.

En un comunicado, Consumo ha adelantado que la presentación de Eficaz tendrá lugar en un acto celebrado con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, en el que el titular del Departamento, Alberto Garzón, detallará el funcionamiento de esta herramienta, con la que se pretende «proteger» el bienestar económico y financiero de los jugadores y sus familias, entre otros.

Este proyecto, que está aún en fase de desarrollo y se implementará de manera definitiva en unos meses, está desarrollado por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) y la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).

Explica Consumo que «si una persona sufre una recaída e intenta solicitar financiación a una de las empresas adheridas al fichero, la compañía recibirá automáticamente una notificación avisando de que está inscrita en el fichero Eficaz», lo que permitirá denegarle el crédito y evitar que se endeude y entre en una espiral de juego y consumo impulsivo.

Según las estimaciones del Gobierno, alrededor de un 0,4% de la población sufre trastorno de juego problemático. Por ello, el Ministerio de Consumo ha calificado como «medida importante» la puesta en marcha de este proyecto para el colectivo de jugadores, ya que «la inclusión fácil, voluntaria y gratuita en este fichero permitirá evitar situaciones de acceso al crédito rápido en situaciones de consumo irreflexivo de juegos de azar».

El FMI calcula que el coronavirus restará hasta 2 décimas al PIB mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó este domingo en la ciudad emirato de Dubái que el crecimiento de la economía mundial, estimado en el 3,3% para 2020, podría verse rebajado entre un 0,1% y 0,2% por el brote de coronavirus, si bien aún es pronto para conocer su impacto. «Nuestra predicción es el 3,3%, pero podría haber un recorte de entre el 0,1% y el 0,2% en el crecimiento mundial para 2020», dijo Georgieva, durante una intervención en el Foro Global de Mujeres 2020 en Dubái.

La jefa del FMI indicó que si el coronavirus de Wuhan (COVID-19) se contiene rápidamente, podría haber una caída brusca en la economía seguida de una «muy rápida recuperación», lo que se conoce como una curva en forma de V. Sin embargo, consideró que todavía es pronto para saber cuál será el impacto exacto del brote. «Debemos reconocer que hay una gran incertidumbre sobre cuál es la naturaleza del virus y cuál será su impacto real en China, y como se irá propagando más allá», ha explicado.

Las muertes por el COVID-19 siguen en aumento y ya suman 1.665 personas en China, tras añadirse este domingo 142 fallecidos al recuento oficial. Fuera de China han fallecido solo 5 personas. En contraste, los nuevos casos confirmados en el país asiático emprenden una tendencia a la baja: la Comisión Nacional de Salud china anunció el viernes 5.090 nuevos casos y el sábado 2.641, en el último recuento de hoy esta cifra baja a 2.009 personas.

Emiratos Árabes Unidos ha contabilizado hasta la fecha ocho casos de coronavirus, entre ellos cuatro miembros de una familia china, si bien, al menos tres de ellos, se han recuperado ya.

El permiso por nacimiento del convenio debe sumarse al de paternidad general

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional acaba de despejar una de las dudas que surgen en numerosas empresas a la hora de aplicar el permiso de paternidad ampliado. Concretamente, ha determinado que los permisos por nacimiento que recogen los convenios colectivos de las empresas, deben sumarse al permiso legal por paternidad vigente en cada momento.

En una sentencia del pasado 29 de noviembre, que ha difundido ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Audiencia Nacional da la razón en su totalidad a una demanda del sindicato de Cuadros y Profesionales y, en parte, a otras tres de CC OO; UGT y CGT contra la empresa Renault España SA, que pretendía eliminar los cuatro días de permiso por nacimiento de hijo o seis en caso de desplazamiento, que incluye el convenio colectivo interprovincial de esta compañía.

La dirección de Renault entendió que podría eliminar este permiso de hasta seis días debido a que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que entró en vigor el 1 de abril de 2019, ampliaba de forma progresiva el permiso de paternidad a las 16 semanas para equipararlo al de la mujer, y, al tiempo eliminaba el permiso de dos días que incluía el Estatuto de los Trabajadores para los padres.

De hecho, la norma determina ahora que “el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto a la madre biológica”. Por estos motivos, la compañía eliminó el permiso incluido en el convenio de la automovilística. Sin embargo, el fallo de la Audiencia Nacional reconoce expresamente “el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a disfrutar del permiso por nacimiento de hijo de cuatro días laborables ampliables a 6 naturales en caso de desplazamiento contenido en el artículo 30 del Convenio colectivo interprovincial de Renault España para los años comprendidos entre 2017 y 2020”.

El tribunal añade que este permiso o licencia retribuida que estaba en litigio “les asiste a todos los trabajadores cuyo nacimiento o adopción de hijo se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de 1 de marzo”. De esta forma, la empresa deberá reponer los días a aquellos trabajadores a los que se lo hubiera negado.

Generalmente, estos permisos que ahora se han puesto en cuestión se incluyeron en los convenios para mejorar los dos días que determinaba el Estatuto de los Trabajadores para los padres hasta 2007. Pero desde aquel año, y hasta la fecha, el permiso de paternidad ha ido ampliándose progresivamente hasta las 12 semanas actuales y las 16 previstas a partir del 1 de enero de 2021, cuando este permiso quedará equiparado totalmente al de las madres.

Entre los argumentos del tribunal para dar la razón a los trabajadores está que el convenio es anterior a la eliminación del permiso de dos días que incluía el Estatuto de los Trabajadores. “Esto significa que la situación de concurrencia generada por el convenio colectivo (de Renault) y el Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de la regulación de la relación laboral serán de aplicación las reglas de concurrencia”.

Esto es, “se aplicará el principio de norma más favorable para el trabajador y la preferencia aplicativa de los mínimos de Derecho necesario, que representa el Real Decreto-Ley. Por ambas cuestiones, la Audiencia Nacional determina que el permiso por nacimiento de hijo del convenio colectivo no se puede eliminar y debe sumarse al permiso legal de paternidad que costea la Seguridad Social.

El número de empleados públicos se eleva hasta su mayor nivel desde 2012

El número de trabajadores del conjunto de las administraciones públicas españolas creció un 0,67% en el primer semestre de 2019 hasta rozar los 2,6 millones de empleados, el nivel más alto de personal registrado en España desde el ejercicio 2012. En concreto, el número de empleados a cargo de las arcas públicas alcanzó los 2.595.575 en julio del año pasado, según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado el viernes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El incremento semestral frente al arranque del año fue del 0,67%, con 17.187 contratados más, uno de los aumentos más destacados de los últimos tiempos exceptuando la excepcional subida en 42.000 efectivos de 2017. En términos anuales, sin embargo, el aumento frente a julio de 2018 se limitó a 12.081 empleados, un 0,47% más.

En este periodo, la mayor alza de contratos públicos provino de los entes locales, con un aumento de 9.450 empleados. Las cifras contrastan con las de 2018, cuando las comunidades autónomas funcionaron como principal motor de contratación, con casi 13.000 efectivos más en sus filas en los meses previos a la convocatoria electoral autonómica del pasado 26 de mayo. En el primer semestre de 2019 solo aumentaron en 1.254 efectivos, por debajo de los 1.377 de la administración central.

En todo caso, las regiones siguen siendo el principal empleador público del país. Suman el 51,74% de todos los trabajadores del ramo, alcanzando prácticamente el 58% si se les suma personal dependiente de las universidades, que suma otro 6%. A su vez, los trabajadores a sueldo del Estado suponen un 19,8% del total, mientras que las corporaciones locales dan empleo a otro 22,4%.

En cuanto al tipo de contrato con el que cuentan los empleados públicos, 1,45 millones (el 56% del total) son funcionarios de carrera, mientras que otros 581.000 son personal laboral (22%) y 561.000 (otro 22%) están considerados dentro de la categoría denominada “otro personal laboral”. Esta figura es especialmente habitual en las comunidades autónomas, donde suponen cerca de un tercio del total de los 1,5 millones de trabajadores. En el caso del Estado, con unos 513.000 de empleados, el grueso son funcionarios de carrera. Finalmente, en el caso de las corporaciones locales, con una plantilla de 582.000, el colectivo más numeroso es el del personal laboral.

En cuanto al perfil de los empleados públicos, cabe destacar que más de la mitad, 1,46 millones del total (el 56,25%), son mujeres, mientras que el número de hombres es inferior, 1,13 millones (43,75%).

CEOE y Cepyme abandonan una reunión sobre la reforma laboral por su malestar con Trabajo

Los representantes de CEOE y Cepyme en la mesa de negociación técnica sobre reforma laboral, Rosa Santos y Pedro Fernández, han abandonado la reunión que estaban celebrando esta mañana con el Ministerio de Trabajo y con CCOO y UGT ante el malestar que les ha generado que los representantes del Ministerio se ausentaran de la sala en varias ocasiones porque estaban también pendientes de la reunión que se estaba manteniendo con los sindicatos agrarios.

Las mismas fuentes han apuntado que no se han marchado de este encuentro por el hecho de que las organizaciones agrarias no fueran finalmente convocadas a la reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con los sindicatos agrarios, aunque reconocen que se sienten molestos por esta exclusión.

Según la versión de las organizaciones empresariales, en la reunión sobre la reforma laboral estaban presentes varios miembros del Gabinete de la ministra, entre ellos el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez.

En un momento dado y al celebrarse también en el Ministerio al mismo tiempo una reunión con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura, los representantes de Trabajo en la mesa sobre reforma laboral han abandonado de manera escalonada la sala para atender cuestiones relacionadas con la otra reunión, lo que ha provocado el malestar de CEOE y Cepyme, según las mismas fuentes, que aseguran que CCOO y UGT también se han sentido molestos por la situación y se han marchado también del encuentro.

Fuentes de UGT, no obstante, niegan malestar con Trabajo y aseguran que al haberse solapado las dos reuniones (la agraria y la de reforma laboral) se ha aplazado el encuentro sobre reforma laboral al próximo viernes «por acuerdo de todos». Desde CCOO ofrecen una versión parecida. Fuentes de este sindicato han señalado que al llevar ya varias horas de reunión y solaparse con la del campo, se ha dado por finalizado el encuentro y se seguirá la próxima semana con el calendario previsto.

El despido por absentismo es contrario a derecho

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña considera que el despido por absentismo es contrario a derecho. En su sentencia, con fecha de 17 de enero de 2020, el TSJ rechaza la validez de este supuesto porque choca con varias normativas internacionales. Para la Sala, los convenios y tratados firmados entre países y ratificados por España «deben prevalecer sobre el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores», que recoge el cese por faltas justificadas. Los magistrados se adelantan así al Ministerio de Trabajo, que recientemente anunció que derogaría este precepto el próximo martes.

El despido por absentismo afecta concretamente a tres normas: La Carta Social Europea, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este sentido, la Sala recuerda que tanto normativas internacioneles (la Convención de Viena, entre otras) como la ley española sobre tratados y otros acuerdos supranacionalies reconocen la «jerarquía normativa superior» de las normas firmadas y ratificadas entre estados, por lo que prevalecen sobre las leyes internas.

Los magistrados consideran que este supuesto afecta a tres derechos reconocidos a nivel global: el de no ser despedido por una causa justa, el derecho a la prevención de riesgos laborales y la prohibición de no discriminación por razón de género. El primero viene previsto en la Carta Social Europea, que rechaza expresamente que las ausencias temporales al trabajo por enfermedad o accidente puedan entrar dentro del paraguas de las «causas justas».

En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, el TSJ cita el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge este derecho desde una perspectiva más amplia que nuestra Constitución (que solo protege los riesgos graves e inminentes para la salud o la vida de los trabajadores). En este sentido, los magistrados señalan que el despido por absentismo supone, para empezar, un riesgo para el empleado, «que hará todo lo posible por evitar perder su trabajo». También afecta al resto de la plantilla, porque «se exponen al contagio en aras de una pretendida defensa por la productividad», aclaran. Considerar como válido el despido por ausencias derivadas de enfermedad o accidente constituye, por tanto, una infracción de este Convenio.

Por otro lado, el TSJ considera que el despido en base a ausencias justificadas «supone una discriminación por razón de género», lo que atenta contra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmada en Nueva York en diciembre de 1979 y ratificada por España cinco años después, en 1984. Para explicarlo, el tribunal cita el VII Informe Adecco sobre absentismo, que revela que, durante el año 2017, el 55% de las bajas por incapacidad temporal fueron protagonizadas por mujeres, frente al 45% de hombres. Esta disposición, por tanto, pese a ser aparentemente neutra, «pone a las personas de sexo femenino en una desventaja particular» con respecto a sus compañeros.

El tribunal atiende el caso de una mujer que, después de trabajar 43 años en la misma empresa, fue despedida por ausentarse varios días al trabajo. Concretamente, faltó 13 jornadas completas en el plazo de dos meses, lo que indica una tasa de abstención de casi el 32%. La empleada aportó comprobantes médicos que acreditaban las ausencias por fuertes dolores de espalda y vértigos.

El juzgado de Terrassa que vio el caso en primer lugar dio la razón a la empresa y avaló el cese al cumplirse los límites establecidos en el artículo 52 del ET, que exige una tasa de absentismo superior al 20%. Ahora, el TSJ califica el cese de improcedente y obliga a la compañía a readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios de tramitación (128 euros al día); o a indemnizarla con 161.000 euros.

La fiscalidad del tabaco en España prácticamente duplica la de las bebidas alcohólicas

La carga fiscal del tabaco (los impuestos especiales más el IVA) supone en España el 80% del precio final del tabaco, frente al 42% de las bebidas alcohólicas o el 51% de los gravámenes que de media se aplican a los carburantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que el Ejecutivo está ya trabajando en una revisión de esa fiscalidad y en una revisión de la ley para que ésta sea más restrictiva.

El tabaco es ya el producto con más impuestos en España, según datos de la principal empresa del sector en el país, Altadis (antigua Tabacalera, privatizada en 1998), y los impuestos especiales que recaen sobre él están regulados por un sofisticado sistema basado en tres componentes: uno «ad valorem»; uno «específico» y otro «mínimo».

El primero es un porcentaje fijo que se aplica en el precio final del producto; el segundo y el tercero son cantidades fijas que se aplican por cada unidad de producto (por cada cigarro o por cada gramo en el caso de la picadura), según los datos recabados en la principal empresa tabacalera.

La carga fiscal sobre el tabaco se sitúa en el 78,8% en España, similar a la de países como Portugal (78,1 del precio final del producto), Francia (80,8%) o Italia (76,7%), pero está muy alejada de la más baja (Luxemburgo, con un 62,3%) y la más alta (Grecia, con el 87,5%) entre los países europeos.

La recaudación fiscal derivada del tabaco se ha mantenido estable durante los últimos años y ronda los 9.000 millones de euros anuales, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En el año 2018 la facturación total del tabaco en España alcanzó los 11.753 millones de euros, de los que casi el 80 por ciento correspondieron a los impuestos que gravaron las casi 54.000 toneladas de este producto que se vendieron en España en todas sus variantes (cigarros o puros, cigarrillos y tabaco de liar).

Los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos que se han publicado recientemente han revelado que el pasado año se registró, por vez primera tras las sucesivas caídas de la última década, un aumento (del 0,5 por ciento) de las ventas de cajetillas de tabaco en España.

La revisión de la fiscalidad anunciada por el ministro de Sanidad está en línea con las demandas que ha realizado en ese sentido la Organización Mundial de la Salud, que ha incidido en la importancia de subir los impuestos incrementar las ayudas para los que quieren dejar este hábito.

La OMS ha recordado en varias ocasiones a España que tiene una proporción elevada de impuestos, pero que, al ser esos impuestos proporcionales al precio final del producto, éste es bajo en comparación con otros países con similar carga fiscal, como Alemania o Dinamarca, y el precio final no resulta disuasorio.

Los abogados de familia critican retrasos de “hasta un año” en los informes para casos de custodia

Los equipos psicosociales de los juzgados funcionan de forma «deficiente o muy deficiente» y sus informes pueden demorarse incluso «más de un año». Este es uno de los resultados de la encuesta que ha publicado este jueves la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que han contestado unos 350 letrados. María Dolores Lozano, presidenta de esta organización que aglutina a 2.200 abogados especializados en estos casos, ha criticado la falta de recursos y la saturación de estos equipos, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, y ha tildado de «demoledores» los resultados del sondeo.

Los equipos psicosociales brindan un apoyo técnico a la labor de los jueces, al evaluar las capacidades parentales de los padres que recurren a los tribunales para determinar el modelo de guarda sobre los hijos, el régimen de visitas o la comunicación de los progenitores con los menores. El 60% de los encuestados considera que la demora para expedir un informe supera los seis meses. En tres de cada 10 peritajes se supera el año.

«Esta demora es insoportable y provoca extraordinarias y gravísimas consecuencias prácticas», sostiene la Aeafa en un comunicado. Los procedimientos se ralentizan, «mientras se mantiene en la indeterminación» a las familias durante ese tiempo. La única que opción que tienen durante ese periodo, mientras se dirime, por ejemplo, qué tipo de custodia se otorga, es llegar a un acuerdo temporal, hasta que el juzgado decida. «Los retrasos ahondan en el sufrimiento de las familias», recalca Lozano.

Tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Pueblo andaluz han criticado los retrasos de los procesos judiciales y en la emisión de los informes psicosociales. Los abogados encuestados realizan una valoración muy negativa del funcionamiento de estos equipos. Casi la mitad califica su actividad de «deficiente o muy deficiente» y el 40%, de regular. Solo un 15% dice estar satisfecho con su labor.

Lozano reclama una regulación del sector. Más de la mitad de los encuestados coincide en señalar que estos equipos actúan «sin protocolos específicos e instrumentos de evaluación apropiados para examinar a los integrantes de una familia». Estos equipos «dependen de las comunidades autónomas, en aquellas en las que las transferencias en justicia están transferidas, y del Ministerio de Justicia, en los casos en los que no lo están», apunta Lozano. Entre las recomendaciones del Defensor se especifica que los protocolos incluyan el número mínimo de personas que deben integrar cada equipo, su formación y la metodología que deben seguir durante la evaluación, según destaca la Aeafa. «Cada equipo usa su metodología, pero no se especifica qué cuestionarios deben usarse o cuánto tiempo debe dedicarse a cada familia», prosigue Lozano.

La UE no prohibirá el reconocimiento facial en espacios públicos

Bruselas ha dado marcha atrás a sus planes de pedir una moratoria de cinco años sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en los espacios públicos y ha dejado la decisión de imponer o no la prohibición de su empleo en manos de los estados miembros, a pesar de las preocupaciones de los grupos que defienden la privacidad que aseguran que dicha tecnología puede infringir las libertades civiles.

En un documento sobre inteligencia artificial que se publicará la próxima semana, la Comisión Europea considera que el reconocimiento facial es bastante posible que sea inexacto, puede utilizarse para infringir las leyes de privacidad y puede facilitar el fraude de identidad.

Sin embargo, a diferencia del documento anterior sobre el tema publicado en diciembre, el actual ya no incluye la sugerencia de aplicar una moratoria general de cinco años (período durante el cual los estados miembros podrían estudiar los posibles efectos de la tecnología antes de usarla en los espacios públicos), sino que hace recaer en cada estado miembro la responsabilidad de evaluar cómo y cuándo desea permitir el uso del reconocimiento facial en su territorio. El cambio de opinión se ha producido en un momento en que autoridades reguladoras y empresas de todo el mundo están pidiendo que se aclare el uso del reconocimiento facial.

San Francisco ha impuesto prohibiciones por tiempo limitado al uso de esta herramienta por parte de la policía. Tribunales británicos han dictado en contra de su empleo, aunque la Policía Metropolitana de Londres la aprobó para su uso en eventos públicos el mes pasado. Y la autoridad de protección de datos de Suecia impuso en agosto su primera multa en virtud de la nueva Ley General de Protección de Datos a un instituto que utilizaba el reconocimiento facial para controlar la asistencia de los estudiantes a las clases.

Margrethe Vestager, comisaria de política digital de la UE, declaró en enero que era necesario destinar más dinero para ejecutar adecuadamente el ambicioso plan de la UE en materia de inteligencia artificial: «Es necesaria más financiación porque los estados miembros no están invirtiendo mucho en inteligencia artificial», señaló. Según el nuevo documento, la UE quiere destinar más de 20.000 millones de euros al año para desarrollar la inteligencia artificial durante la próxima década.

En el documento publicado en diciembre, la UE advirtió que la prohibición del uso del reconocimiento facial podría socavar la innovación en el sector y el desarrollo y el uso de esta tecnología. Personas conocedoras del tema en Bruselas han advertido que la regulación sobre el reconocimiento facial se ha convertido en un «debate divisorio». Una de ellas ha declarado que los diferentes departamentos de la Comisión nunca han discutido seriamente el asunto. Y otra ha señalado que los defensores de los derechos civiles están a favor de la prohibición total, pero los responsables de los servicios de seguridad están en contra de prohibir el uso del reconocimiento facial porque piensan que es una herramienta útil para su trabajo.

Por otra parte, personas que han seguido las deliberaciones opinan que lo más probable es que la Comisión se decante por una prohibición caso por caso y evalúe en más profundidad las tecnologías de reconocimiento facial, pero advierten que el debate sigue en curso y que pueden producirse cambios.

A pesar del cambio de opinión de Bruselas, se espera que cada estado miembro continúe aplicando sus propias leyes sobre el tema a nivel nacional. Por ejemplo, la autoridad francesa de protección de datos declaró en octubre que el uso de la tecnología en las escuelas infringe la ley de privacidad, mientras que las autoridades alemanas también se han opuesto recientemente a que la policía la utilice.

Calviño anuncia para mayo la subasta de la banda para el 5G

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado para mayo la licitación de la banda de los 700 megahercios (MHz), con el fin de redistribuir estas frecuencias entre los operadores que las usarán para el despliegue del 5G.

En la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido este jueves a petición propia, Calviño ha asegurado que el objetivo es que «el proceso esté completado a finales de junio», tal como establece la UE.

Para subastar esta banda, que está siendo utilizada por los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), primero ha de quedar libre, en virtud de un proceso que comenzó el pasado verano y cuyo objetivo es trasladar la emisión de estos canales a otras frecuencias.

La liberación de la banda de 700 Mhz, que, por ejemplo, ofrece una mejor cobertura 5G en interiores de edificios, procede de una decisión de la UE que quiere que se usen las frecuencias de una forma armonizada. No es la única banda que se utilizará para el 5G. De hecho, Vodafone está usando la de 3,5 Ghz para comercializar su 5G en España.

El Gobierno espera que se creen más de 1,2 millones de empleos entre 2019 y 2023

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023, hasta situar la tasa de paro en el 12,3% al final de la legislatura.

Así lo ha señalado Calviño durante su primera intervención en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, en la que ha destacado que se mantendrá una senda de crecimiento del PIB este año y ha defendido que las nuevas previsiones son «prudentes, realistas, responsables y coherentes» con el contexto global, además de estar «totalmente alineadas» con el consenso nacional e internacional.

Calviño ha destacado que la previsión de un avance del PIB del 1,6% publicada por la Comisión Europea, una décima más que en otoño, es la misma que la del FMI, una décima menos que lo estimado por el Banco de España y está alineada con la previsión del Ejecutivo.

Asimismo, ha asegurado que los efectos positivos de las reformas y medidas implementadas por el Gobierno de coalición se percibirán al final del periodo de previsión mediante el impulso de la inversión especialmente en 2022 y 2023.

Además, ha desvelado que el pronóstico de crecimiento irá acompañado de la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre 2019 y 2023, de forma que la tasa de paro pasará del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabará en el 12,3% en 2023, la tasa que el Ejecutivo esperaba lograr ya este mismo año.

El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,8% y prevé un avance del 1,5% en 2021, que se elevará al 1,6% en 2022 y al 1,7% en 2023, al tiempo que la nueva senda de estabilidad recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023.

La vicepresidenta ha explicado que el Ministerio trabajará en cinco ámbitos: impulso del capital humano mediante educación y formación a lo largo de la vida laboral; protección del capital natural con políticas de transición ecológica; aumento de la productividad; refuerzo de la eficiencia del mercado laboral y refuerzo de la calidad institucional.

También ha indicado que se trabajará para eliminar obstáculos al crecimiento empresarial y fomentar el buen clima de los negocios, así como luchar contra la morosidad, sobre todo en el pago de facturas a pymes. Respecto a las cuentas públicas, Calviño ha avanzado que la deuda cerró 2019 en el 96% del PIB y ha dicho que uno de sus grandes retos será reducirla por debajo del 90% en 2023, ya que está en niveles «muy elevados».

Iglesias promete un ingreso vital mínimo para todas las familias

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha avanzado este jueves la voluntad del Ejecutivo de convertir en realidad «lo antes posible» un ingreso mínimo estatal para todos los hogares, para lo que ha reclamado el apoyo de todos los grupos a los presupuestos.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición propia y también de los partidos PP, Cs, ERC y Vox, Iglesias ha establecido las prioridades de su departamento, entre las que ha citado también un plan de choque para impulsar la dependencia y una ley de los Servicios Sociales.

«Será una prioridad absoluta del Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares», ha dicho Iglesias, ya que el sistema actual, gestionado por las comunidades autónomas, cuenta con bajos niveles de cobertura y funciona de manera «descoordinada y generando desequilibrios».

En este sentido, el vicepresidente ha abogado por «la puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos, como un derecho ciudadano para toda la población», en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Iglesias ha asumido el compromiso de hacerse «cargo de la grave situación social» que atraviesa España, tal y como visibilizó el relator del ONU, para que en el futuro no volvamos a «sentir vergüenza» siendo la cuarta economía de la UE. Para ello, ha pedido la colaboración y el respeto de todos los grupos para «lograr que haya un poco de menos injusticia». «Tienen el deber de presionar a sus formaciones políticas» para que los asuntos sociales sean centrales en la negociación de las cuentas, ha resaltado.

Unas de las primeras medidas será la ley de protección de los menores frente a la violencia, «análoga a la Ley de Violencia de Género», junto a un plan de choque para «reimpulsar» el sistema público de atención a la dependencia, «que no ha sido capaz de atender a la población por la falta de financiación» tras los recortes de 2012, con la intención de reducir la lista espera de los dependientes un 75 por ciento.

Iglesias ha anunciado el impulso de los servicios sociales a través de una ley marco y otra ley de diversidad familiar «para reconocer las diferentes estructuras familiares», con medidas para familias acogedoras, monoparentales o de apoyo a la adopción de personas LGTBI, entre otras. Ha apostado por consolidar y reforzar el cuarto pilar del Estado de bienestar y ha destacado que «la educación pública -desde etapa infantil- es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades».

La reforma laboral creó empleo, pero eleva la precariedad

La reforma laboral que hizo el Gobierno del PP en 2012 y que ahora el actual Gobierno quiere desmontar sirvió para crear empleo y, con el tiempo, para mejorar algo el índice de desigualdad. Pero hasta aquí las buenas noticias, porque esta reforma empeoró el mercado laboral, con un empleo de peor calidad, con menos horas, menos productivo y más trabajadores pobres.

Este es, en resumen, el análisis elaborado en uno de los informes que hacen expertos economistas para el Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado Implicaciones distributivas de las reformas del mercado laboral: Aprendiendo de la experiencia de España y que se ha hecho hoy público.

Este trabajo afirma que «las reformas de 2012 mejoraron los resultados en materia de empleo, incluso para los jóvenes». Asimismo, el documento elaborado por Ara Stepanyan y Jorge Salas, asegura en sus conclusiones que «la fuerte creación de empleo, ayudada por las reformas, ha mejorado la distribución de los ingresos después de 2012». Es más, añaden que, «cinco años después de esta reforma, hay evidencias de que la reforma laboral contribuyó a una reducción significativa del coeficiente de Gini», que es uno de los principales indicadores que miden la desigualdad en una sociedad.

En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que es el encargado de elaborar el índice Gini para España, este ha caído de 34 puntos en 2011, antes de la reforma, a 33,2 puntos en 2018, último año con datos disponibles.

Sin embargo, sus investigaciones no arrojan resultados concluyentes sobre el impacto de esta reforma del 20% de la población que más gana y del 20% que menos gana. Tampoco encuentran ningún impacto sistemático de la reforma laboral en la tasa general de la población en riesgo de pobreza. Pero, por el contrario, sí han encontrado evidencias de un aumento de la tasa de trabajadores pobres, tras los cambios en la normativa laboral operados en 2012.

Este aumento de la pobreza entre las personas que tienen un empleo está podría ser consecuencia, según este estudio, de otros dos efectos de la reforma que han contribuido a empeorar el mercado de trabajo español. Concretamente, hallan un impacto negativo en la productividad del empleo en general. Concretamente, las conclusiones de estos expertos apuntan a que las modificaciones legales «contribuyeron a una reducción del promedio de horas trabajadas y a un aumento del tiempo parcial involuntario». Aunque en este último punto admiten «conclusiones estadísticas insignificantes» y creen que la mayor flexibilidad en la contratación a tiempo parcial es la causante de este deterioro.

Pero este informe no culpa solo a la reforma laboral del empeoramiento de la calidad del mercado de trabajo desde el punto de vista de menos horas trabajadas. También apuntan a un «cambio estructural de la economía, que pasa de la construcción, que emplea en mayor medida a trabajadores a tiempo completo, a los servicios, en los que alrededor del 18% de los empleados tienen contratos a tiempo parcial». Este porcentaje es casi cuatro puntos superiores a la media de parcialidad entre los asalariados en general.

Dicho todo esto, los autores del estudio hacen otras dos salvedades. Por un lado, advierten que sus conclusiones no arrojan luz sobre el papel de las reformas específicas de todos estos cambios, sobre cuestiones como, por ejemplo, los salarios, «sin embargo los resultados de otros estudios sobre el impacto de la reforma laboral de 2012 sí sugieren que probablemente las medidas destinadas a mejorar la flexibilidad salarial hayan tenido efectos».

Y, en segundo lugar, recomiendan «ser cauteloso» al interpretar todo este análisis, porque los impactos detectados en este estudio «podrían estar también influenciados por otras cuestiones que se produjeron al tiempo de estas reformas, incluyendo otros cambios estructurales en las políticas económicas.

'Jornada a la carta' a una mujer con un hijo de 12 años

Un juzgado de Valladolid ha concedido la adaptación horaria (la mal llamada jornada a la carta) a una trabajadora con un hijo a cargo, después de que la empresa rechazara su solicitud por tener el menor más de 12 años. La sentencia establece que, a pesar de que la normativa hace referencia a esa edad, no puede ser aplicada como un límite al derecho de conciliar la vida laboral y familiar, que debe ser interpretado, afirma el texto, en “un sentido amplio”.

El juez conjuga la reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 2019, para favorecer la conciliación, con el derecho constitucional a la igualdad y la protección de la infancia. Asimismo, hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo que aboga por compensar las desventajas laborales que suelen soportar las mujeres frente a los hombres.

En este sentido, el fallo explica que dar la razón a la empresa resultaría contrario a la interpretación literal de la reforma, sus antecedentes legislativos y jurisprudenciales. Argumenta además que sería ilógico “restringir el derecho solo a las personas trabajadoras que tengan hijos menores de 12 años” y concederlo en los demás casos.

En el caso enjuiciado, la trabajadora venía disfrutando, desde 2016, de una reducción de jornada de cinco horas semanales por la guarda legal de uno de sus dos hijos, menor de 12 años. Cuando el niño alcanzó esa edad, la mujer solicitó modificar su jornada debido a que su marido trabajaba como representante y tenía que pernoctar casi todas las noches fuera de casa. Una “circunstancia familiar sobrevenida” que le dificultaba cumplir el horario laboral previo a la reducción. La empresa, sin embargo, rechazó la solicitud de la empleada alegando que la ley no contempla tal opción con hijos mayores de 12 años.

El juez, finalmente, ha estimado la demanda al entender que el derecho a la reducción de jornada (artículo 37.6 del ET) y a la adaptación de la misma (artículo 34.8) “son complementarios”, y en todo caso “su dimensión constitucional ha de prevalecer y servir de orientación para la resolución de cualquier duda interpretativa”.

Por último, señala que la compañía demandada no inició ningún proceso de negociación, a pesar de que la empleada lo pidió por escrito, y tampoco dio ninguna razón objetiva para denegar la solicitud. La resolución, en todo caso, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

España liderará el crecimiento en la zona euro

Bruselas ha justificado esta revisión al alza explicando que «la desaceleración esperada de la economía española en la segunda mitad de 2019 fue más leve de lo previsto, debido a una pequeña recuperación del consumo privado». Así, el crecimiento trimestral del PIB de España fue del 0,4% en el tercer trimestre y del 0,5% en el último, una y dos décimas más sobre lo proyectado en las previsiones de otoño, respectivamente.

Además, tras la mejora en la recta final de 2019, el organismo espera que el crecimiento se estabilice en una tasa trimestral de aproximadamente el 0,4%. Como consecuencia, ha revisado al alza una décima sus pronósticos respecto a octubre también para 2020 y 2021. Concretamente, la Comisión ha elevado sus proyecciones hasta el 1,6% y el 1,5%, respectivamente.

Bruselas ha explicado que el consumo privado debería ser sostenido por aumentos en la renta real disponible y una subida más moderada en la tasa de ahorro de los hogares. La Comisión espera «que la inversión recupere el horizonte de pronóstico después de un final débil de 2019, en línea con la demanda final». Al mismo tiempo, prevé que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento disminuya en 2020 y sea neutral en 2021, debido a que el crecimiento de las exportaciones sigue siendo moderado y las importaciones se aceleran.

Estas previsiones van en línea con las cifras presentadas esta misma semana por el Gobierno de Pedro Sánchez, que apuntaban igualmente un crecimiento del 1,6% para este año y un 1,5% para el siguiente. Por su parte, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaban un alza del 1,6% para ambos ejercicios.

Además, hay que destacar que, entre las principales economías de la eurozona, España liderará el crecimiento los dos próximos años (1,6% en 2020 y 1,5% en 2021), seguida de Holanda (1,3% en ambos ejercicios), Francia (1,1% en 2020 y 1,2% en 2021), Alemania (1,1% y 1,1%) e Italia (0,3% y 0,6%).

Eso sí, en la zona euro hay otros países con menos peso que crecerán con fuerza. Concretamente, Malta será el país de la moneda única que más crezca en 2020, con una tasa del 4%, seguido de Irlanda (3,6%), Chipre (2,8%), Eslovenia y Luxemburgo (2,7%), Lituania (2,6%), Grecia (2,4%), Letonia (2,3%) y Estonia y Eslovaquia (2,2%). Ya con previsiones por debajo del 2% se encuentran Eslovenia (1,7%), Finlandia (1,5%), Austria (1,4%) y Bélgica (1,2%).

Entre el resto de países de la UE, que no tienen el euro como moneda, Rumanía registrará un crecimiento del 3,8%, por delante de Polonia (3,3%), Bulgaria (3,2%), Hungría (2,8%), Croacia (2,6%), República Checa (2,1%), Dinamarca (1,5%) y Suecia (1,2%).

Por otra parte, Bruselas ha explicado que la inflación alcanzó el 0,8% en 2019, una décima menos de lo proyectado en otoño y ha pronosticado que aumentará al 1,2% en 2020 y al 1,3% en 2021, «ya que el impacto de la evolución del precio del petróleo se compensa con un aumento gradual de la inflación subyacente», ha apuntado.

La OCDE quiere gravar a las empresas donde operan y evitar que trasladen sus beneficios

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que la puesta en marcha de un acuerdo fiscal global para gravar los negocios digitales arrojaría una recaudación anual de 100.000 millones de dólares anuales (unos 921.130 millones de euros). Así lo manifestó este jueves el organismo que dirige Ángel Gurría en un análisis que estima que los ingresos obtenidos con el acuerdo permitirían obtener el equivalente al 4% de toda la recaudación mundial de los impuestos sobre sociedades.

El análisis de la OCDE llega semanas después de que la comunidad internacional reafirmara su compromiso por lograr una solución de consenso a largo plazo para afrontar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía mundial, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales de 2020. La negociación impulsada desde la OCDE y el G20 incluye a 137 países y jurisdicciones internacionales comprometidos con la lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (Beps) que durante una cita celebrada el 29 y 30 de enero de este año pactaron trabajar en el diseño de dos pilares de actuación tributaria en este sentido.

El primer pilar se centra en garantizar que las empresas multinacionales que realizan actividades comerciales significativas en países donde no tienen una presencia física puedan ser gravadas en estos territorios por el beneficio que logran en ellos. El segundo pilar de actuación se centra en endurecer la normativa fiscal para evitar que dichas firmas desplacen beneficios de unos estados a otros sin rendir cuentas al fisco local, asegurando que las compañías internacionales pagan un nivel mínimo de impuestos.

El análisis publicado este jueves por la OCDE ha tenido en consideración a 27.000 grupos multinacionales que operan en más de 200 jurisdicciones de todo el planeta y su resultado indica que la recaudación que aportaría este acuerdo fiscal global beneficie al conjunto de economías, si bien aportaría relativamente más ingresos a los países con ingresos medios y bajos que a los estados más desarrollados. Más allá, la organización estima que más de la mitad de los beneficios gravados corresponderían a solo un centenar de grandes grupos multinacionales.

La OCDE defiende que un pacto fiscal global sobre el gravamen de los negocios digitales sería positivo y asume que, de no alcanzarse, “es probable” que se acaben implantando medidas unilaterales en cada país, aumentando la incertidumbre. Así, si bien Francia acaba de congelar su tasa Google ante las amenazas arancelarias de EE UU, el Gobierno español ha anunciado que acelerará la aprobación de la suya.