Umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020

Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.

Para el curso académico 2019-2020 y con cargo a los créditos correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado, se ha publicado el Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.

En este Real Decreto se acuerdan las siguientes convocatorias de becas y ayudas al estudio, sin número determinado de personas beneficiarias:

En primer lugar, se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, dirigidas a las siguientes enseñanzas:

a) Bachillerato.

b) Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, incluidos los estudios de Formación Profesional realizados en los Centros Docentes Militares.

c) Enseñanzas Artísticas Profesionales.

d) Enseñanzas Deportivas.

e) Enseñanzas Artísticas superiores.

f) Estudios Religiosos superiores.

g) Enseñanzas de idiomas realizadas en Escuelas Oficiales de titularidad de las Administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.

h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.

i) Formación Profesional Básica.

j) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, incluidos los estudios de Grado y Máster cursados en los centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.

k) Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

l) Créditos complementarios o complementos de formación necesarios para el acceso u obtención del Máster y del Grado.

También, se establece la convocatoria de ayudas al estudio para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta o asociada a alta capacidad intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, Formación Profesional Básica así como los otros programas formativos de formación profesional a los que se refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero.

En último lugar, es importante destacar que existe un espacio de ayudas a las víctimas de violencia de género. Su regulación concreta se establece en la Disposición adicional segunda, en donde se puede observar los requisitos exigibles para su concesión.

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Convocatoria EAP ROAC 2019

Orden ECE/753/2019, de 1 de julio, por la que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consejo General de Economistas de España, del examen de aptitud profesional para la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Mediante esta Orden, que producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOE, se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consejo General de Economistas de España, del examen de aptitud profesional para la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Quienes superen este examen de aptitud profesional tendrán derecho a solicitar su inscripción en el ROAC, siempre que cumplan las condiciones para ello, sin perjuicio de que puedan solicitar, asimismo, su adscripción en las Corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas, de conformidad con sus estatutos propios.

Deberá transcurrir un plazo de, al menos tres meses desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la de realización de la primera fase del examen. Asimismo, entre las fechas de realización de la primera y de la segunda fase del examen no deberá transcurrir un período de tiempo superior a seis meses.

El modelo de solicitud de admisión se encuentra a disposición de los interesados en la sede electrónica del ICAC, www.icac.meh.es y en las páginas web de las corporaciones representativas de los auditores de cuentas.

Las solicitudes de admisión deberán presentarse (presencialmente o por correo) en el plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE.

TEXTO COMPLETO:

ICAC. Nueva Consulta de Auditoría

Criterios de interpretación en la aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público.

En concreto se pregunta sobre:

Criterios de interpretación en la aplicación de lo establecido en el artículo 5, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, en relación con el ámbito territorial al que se extienden las circunstancias previstas en cada apartado. (Esta consulta debe leerse conjuntamente con la consulta 1 publicada en el BOICAC nº 109 de marzo de 2017).

RESPUESTA:

Adoptada una nueva normativa internacional para enfrentar la violencia y el acoso en el trabajo

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó un nuevo Convenio y una Recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019, fueron adoptados por los delegados en el último día de la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario, celebrada en Ginebra. Se emitieron 439 votos a favor de la aprobación del Convenio y 7 en contra, y se produjeron 30 abstenciones. La Recomendación se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones.

En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo "pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos… y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este". La "violencia y el acoso" se definen como comportamientos, acciones o amenazas "que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico". Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un "entorno general de tolerancia cero".

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que "individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador" también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso."
Guy Ryder, Director General de la OIT

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros.

Guy Ryder, director General de la OIT, acogió con satisfacción la aprobación de dicha norma. Señaló que “en el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso". Y añadió: "La siguiente etapa consistirá en la aplicación de esas medidas de protección, con objeto de fomentar un entorno laboral mejor, más seguro y decente para mujeres y hombres. Estoy convencido de que, habida cuenta de la cooperación y la solidaridad que hemos constatado al respecto, y el interés público manifiesto en la adopción de medidas, se producirá una ratificación de forma rápida y generalizada para que se lleven a cabo las acciones pertinentes".

La directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad (Workquality) de la OIT, Manuela Tomei, comentó que "sin respeto, no hay dignidad en el trabajo y, sin dignidad, no hay justicia social. Es la primera ocasión en la que se adoptan un Convenio y una Recomendación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ello nos ha permitido consensuar una definición de la violencia y del acoso. Sabemos las medidas que hay que aplicar para evitar y abordar este problema, y quién debe adoptarlas. Esperamos que las nuevas normas contribuyan a forjar el futuro del trabajo que todos anhelamos".

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio.

Este es el primer nuevo Convenio que aprueba la Conferencia Internacional del Trabajo desde 2011, año en que se adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Los convenios son instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, al tiempo que las recomendaciones proporcionan asesoramiento y orientación.

La OIT, el organismo de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones relativas al mundo del trabajo, conmemora su centenario en 2019

La Conferencia del centenario, que fue la 108ª Reunión de la Conferencia, contó con la participación de más de 5.700 delegados, en representación de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados Miembros de la OIT. Se espera que la Conferencia adopte una histórica Declaración del Centenario de la OIT, en la que se haga hincapié en un enfoque centrado en el ser humano con respecto al futuro del trabajo.

Fuente: OIT

CONVENIO:

La Agencia Tributaria y representantes de los asesores fiscales aprueban los códigos de buenas prácticas tributarias

En la decimoquinta sesión del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios celebrado el 2 de julio de 2019 se han aprobado los textos del Código de Buenas Prácticas Tributarias.

Los códigos han contado con el voto favorable de siete de las asociaciones y colegios representados, así como con una abstención y un voto en contra, además de con el respaldo de la propia Agencia.

Estos instrumentos establecen una serie de principios y compromisos para avanzar en el desarrollo del modelo de relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y los representantes de los intermediarios fiscales, así como con los propios profesionales tributarios, y para fomentar la generalización de las buenas prácticas tributarias por parte de los contribuyentes.

De todas formas, para la aplicación práctica de estos códigos falta la ratificación por los correspondientes órganos de gobierno de las Asociaciones y Colegios que lo han aprobado y la decisión final de los órganos de las entidades que no votaron a favor.

Estos textos también están pendientes de desarrollo en determinados aspectos, como en lo referente a los procedimientos de adhesión o los que se apliquen para tratar los incumplimientos, así como en la forma concreta de identificar a los profesionales adheridos.

Dichos códigos hay que enmarcarlos en la relación cooperativa inspirada desde la OCDE para que las relaciones entre las Administraciones tributarias y los contribuyentes sean más fluidas y transparentes.

Los códigos están abiertos a la adhesión voluntaria, tanto de los representantes de los profesionales tributarios, mediante ratificación de sus órganos de decisión respectivos, como de los propios intermediarios fiscales.

Presidido por el titular de la Dirección General de la AEAT y con participación tanto de representantes de la Agencia como de nueve asociaciones y colegios de profesionales tributarios, el Foro de Asociaciones y Colegios tiene entre sus objetivos el fomento del cumplimiento voluntario y la prevención del riesgo fiscal. Este modelo se pretende impulsar ahora dotando al foro de una herramienta para que las asociaciones y colegios por un lado, y los propios intermediarios fiscales por otro, asuman voluntariamente compromisos de transparencia, responsabilidad y deontología en el desarrollo de sus funciones.

Compromisos adquiridos

De acuerdo con los compromisos acordados, las asociaciones y colegios deberán disponer de un Código Deontológico para la actividad de asesoría fiscal de adhesión voluntaria para sus asociados, o instrumento equivalente, que sea accesible a través de la página web del colegio o asociación correspondiente. En todo caso, los intermediarios que suscriban el código de profesionales deben estar adheridos al Código Deontológico, o instrumento equivalente, de la asociación o colegio al que pertenezcan.

Igualmente, las asociaciones y colegios se comprometen a informar a la Agencia Tributaria, respetando los límites del secreto profesional, de aquellas irregularidades que detecten sus asociados y que puedan afectar al funcionamiento normal del sistema tributario o a la competencia en el mercado, ofreciendo pruebas de las irregularidades cuando se disponga de ellas. Los propios asociados, los intermediarios fiscales, asumirán el mismo compromiso de informar de las irregularidades que conozcan, aunque en este caso reportarán a las asociaciones y colegios.

A su vez, los intermediarios fiscales adheridos deberán prevenir e instar a corregir conductas de clientes encaminadas a provocar riesgos fiscales importantes, advirtiéndoles de la ilegalidad de las conductas engañosas, fraudulentas o maliciosas que detecten, y no colaborando en su ejecución.

Todo ello teniendo en cuenta estándares de calidad que fijarán las propias asociaciones y colegios. Esas reglas que establecerán podrán servir de guía a los asociados para oponerse a conductas tales como la llevanza de doble contabilidad, la utilización de software de doble uso o la realización de pagos en efectivo por encima del límite legal, así como operaciones de deslocalización fiscal ficticias, y también para oponerse a la utilización fraudulenta tanto de estructuras de planificación fiscal agresiva, como de los procesos concursales, entre otros supuestos.

Los intermediarios se comprometen también a no incluir en su diseño de estrategias fiscales la utilización de sociedades instrumentales situadas en paraísos fiscales y territorios no cooperantes, para impedir o dificultar el conocimiento, por parte de la Agencia Tributaria, de los responsables finales de las actividades y titulares últimos de los bienes y derechos implicados.

Para la Agencia Tributaria, los compromisos son, entre otros, establecer un canal específico de comunicación en su web con las asociaciones y colegios, la publicación de criterios de aplicación general y el impulso de los instrumentos legales existentes para la minoración de conflictos.

Asimismo, la Agencia se compromete a singularizar y personalizar la atención a los intermediarios fiscales adheridos al Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios, mejorando las funcionalidades de la aplicación de cita previa.

Igualmente, en las condiciones marcadas en el código, la Agencia se compromete a facilitar lo antes posible a los intermediarios adheridos el conocimiento de los hechos susceptibles de una regularización para que puedan desplegar la actividad probatoria en defensa de sus intereses con mayor antelación.

Publicidad de las adhesiones

Siempre que obtenga el consentimiento expreso, la AEAT podrá informar en su página web de las asociaciones y colegios, así como de los intermediarios fiscales adheridos a cada uno de los dos códigos.

Adicionalmente, se estudiará la creación de un logotipo que identifique a las asociaciones y colegios, y también a los intermediarios, que se hayan adherido a este sistema.

Una vez ya aprobados los textos de los códigos de buenas prácticas, la AEAT y las asociaciones y colegios adheridos se encargarán de definir el tratamiento a dar a eventuales supuestos de inobservancia de los compromisos alcanzados.

Más información:

Código de Buenas Prácticas de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios

Código de Buenas Prácticas de Profesionales tributarios

Fuente: La Moncloa.

Proyecto de orden por el que se modifican varias declaraciones informativas: Modelos 181, 184, 189, 193, 194, 196, 198, 280 y 289

El Ministerio de Hacienda ha publicado un Proyecto de Orden por el que se modifica el contenido de diversos modelos de declaraciones informativas con el objeto de integrarlas en una misma norma, constituyendo una mayor garantía de conocimiento por parte de los diferentes obligados tributarios de las modificaciones que se llevan a cabo.

Las principales modificaciones de este proyecto son las siguientes:

Modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. Se añade un nuevo campo “conversión en activos diferidos” para informar de los préstamos y créditos por los que se ha realizado una dotación por deterioro derivada de la posible insolvencia del deudor no vinculado, con la finalidad de facilitar el control de estos activos diferidos.

Modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. Se incluye un mayor desglose de los gastos deducibles y se añade la información relativa a la fecha de adquisición y valor de adquisición del inmueble generador de rendimientos del capital inmobiliario para facilitar el control de las amortizaciones relativas a los mismos por este tipo de entidades.

Modelo 189 de declaración informativa de valores, seguros y rentas. Se modifica el campo “número de valores” para homogeneizarlo al modelo 198 y se añade el campo “nominal de los valores” al objeto de tener un elemento adicional de identificación de los valores y así adaptarlo a la información requerida para un adecuado funcionamiento de los nuevos sistemas de asistencia al contribuyente relativos a la cartera de valores del contribuyente.

Modelo 193, de declaración informativa de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas en el IRPF, IRNR e IS. Se modifica el campo “pago”, para evitar errores de cumplimentación para dividendos de valores extranjeros en los que la entidad declarante no es el primer pagador en España.

Modelo 194, de declaración informativa de retenciones e ingresos a cuenta en el IRPF, IS e IRNR sobre rendimientos de capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Se actualiza la información relativa al campo “valor de transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión”, incluyendo la misma precisión que la existente en el campo valor de adquisición (no minoración de los gastos accesorios a la operación).

Modelo 196, de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras. A efectos de comunicaciones permite la posibilidad de indicar una dirección en el exterior.

Modelo 198, de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. Se añaden y modifican diversas claves del modelo para asistir al contribuyente en la llevanza de su cartera de valores negociados, que en concreto se manifiestan con una mayor  identificación de los valores.

Modelo 280, declaración informativa sobre planes de ahorro a largo plazo. Se modifican los campos “número identificativo de la declaración” y “número identificativo de la declaración anterior”, con la finalidad de sustituir el sistema de multienvíos (hasta 30.000 registros) por el nuevo sistema TGVI online, aplicable a este modelo desde el ejercicio 2019. De esta forma, ya no hay que hacer referencia en estos campos al número de envío (3 últimos dígitos), necesario en el caso del sistema de multienvíos.

Modelo 289 relativo a la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (CRS). Se actualiza el contenido de los anexos I y II a la situación actual de los países comprometidos al intercambio de información, incluyendo en el listado a los países con los que se intercambiará a partir del ejercicio 2020.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

El CGPJ amplía a los fijos-discontinuos y empleados del hogar la aplicación web que permite calcular la indemnización por extinción del contrato de trabajo

La aplicación informática que el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha en su página web http://www.poderjudicial.es el 24 de junio de 2016 para calcular las indemnizaciones laborales por extinción del contrato de trabajo incluye desde hoy dos nuevos supuestos: el trabajo fijo-discontinuo y la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

El órgano de gobierno de los jueces amplía así la utilidad de una herramienta que está a disposición de los miembros de la Carrera Judicial, abogados, graduados sociales, procuradores, sindicatos, trabajadores, empresas, letrados de la Administración y ciudadanía en general y que proporciona seguridad jurídica, ya que si bien sus resultados no son vinculantes posibilita conocer la indemnización que corresponde a cada contrato según las causas de extinción tasadas por la ley y con base en la vigente doctrina jurisprudencial que la interpreta.

La aplicación ya permitía calcular la indemnización por, entre otras causas, despido improcedente, extinción del contrato por voluntad del trabajador, extinción por causas objetivas, despido colectivo, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, etcétera; e incluye ahora dos nuevos supuestos que afectan a cientos de miles de trabajadores.

Fijos-discontinuos

El trabajo fijo-discontinuo se caracteriza por la existencia de una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, en intervalos separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad. Es el caso, por ejemplo, del personal de las estaciones de esquí, los socorristas de las piscinas de verano, los trabajos de recogida de fruta de temporada, la prestación de servicios durante el curso escolar (como los cuidadores de comedor) o los trabajos de temporada turística.

La herramienta informática permite calcular la indemnización tanto de los trabajos fijos-discontinuos concertados para realizar trabajos que no se repiten en fechas ciertas como de los trabajos discontinuos que sí se repiten en las mismas fechas. En cualquiera de los dos casos, debe incluirse en la pantalla el salario regulador y los periodos de prestación de servicios.

Al introducir el salario –diario, mensual o anual- debe tenerse en cuenta que se trata del salario bruto, no del neto, y que si se opta por el salario mensual hay que incluir la parte proporcional de pagas extraordinarias.

También aparece la mención “Seleccione y añada rango de fechas hasta un máximo de 30”, ya que el cálculo de la indemnización requiere sumar los diferentes periodos de prestación de servicios. Se pueden introducir hasta 30 periodos temporales distintos y, en caso de que se hayan prestado servicios antes y después del 11 de febrero de 2012 –fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, que disminuyó la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año trabajado-, la indemnización se calcula diferenciando el periodo anterior y posterior a dicha fecha.

El enlace al formulario para el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones laborales por extinciones de contrato de trabajo para personal fijo-discontinuo es el siguiente:

FORMULARIO INDEMNIZACIONES FIJO-DISCONTINUO:

Servicio del hogar familiar

El segundo supuesto incluido en la aplicación web permite el cálculo de las indemnizaciones por extinción de la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.

Para ello, hay que introducir en la primera pantalla uno de estos tres datos: el salario correspondiente al último mes trabajado, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias; el salario anual resultante de multiplicar por doce la cantidad anterior; o el salario diario, que se obtiene de dividir el salario anual por 365 (o 366 si es un año bisiesto).

La indemnización por despido improcedente, con independencia de cuándo se haya iniciado la relación laboral –antes o después de la entrada en vigor el 18 de noviembre de 2011 del Real Decreto 1620/2011, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar- se calcula conforme a la retribución total pactada, incluyendo la manutención y/o alojamiento.

Además, el artículo 11.3 de ese Real Decreto contempla una causa especial de extinción del contrato del empleado/a del hogar distinta del despido: el desistimiento, que consiste en la voluntad unilateral del empleador de dar por terminada la relación sin necesidad de alegar motivo alguno, siempre que se comunique al trabajador con al menos veinte días de antelación a la fecha prevista de extinción del contrato y se ponga a su disposición, al mismo tiempo, la indemnización correspondiente, que deberá abonarse íntegramente en metálico.

La indemnización por desistimiento se calcula en función del número de años trabajados y es de 12 días naturales de salario por año de servicio para los contratos firmados después del 18 de noviembre de 2011 y de 7 días naturales para los suscritos antes de esa fecha.

El enlace al formulario para el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones laborales por extinciones de contrato de trabajo para empleados del hogar es el siguiente:

FORMULARIO INDEMNIZACIONES  EXTINCIONES CONTRATO EMPLEADOS DEL HOGAR:

Más de 3.700.000 páginas visitadas en la aplicación

La aplicación web es obra del grupo de trabajo coordinado por el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya e integrado por el magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo José Manuel López García de la Serrana; los magistrados de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Andalucía y Cataluña Juan Molins García-Atance, Emilio Palomo Balda y Juana Vera Martínez, respectivamente; y el jefe de área adjunto de Informática del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), Julen Lasa Jáuregui.

Según los datos recabados por el CENDOJ, en el último año –entre el 1 de julio de 2018 y el pasado 30 de junio- el número de páginas visitadas en la aplicación de cálculo de indemnizaciones laborales fue de 3.703.066, siendo la segunda utilidad más consultada de la web www.poderjudicial.es, solo por detrás de la base de datos pública de jurisprudencia.

Fuente: Poder Judicial

Impuesto sobre Sociedades. La reserva de capitalización se tendrá en cuenta para determinar el incremento y el mantenimiento de los fondos propios

En el Manual Práctico del Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2018 de la AEAT, en el capítulo 5º Liquidación del Impuesto sobre Sociedades: Determinación de la Base Imponible, apartado 4º (página 190) Reserva de capitalización se ha incorporado el siguiente párrafo:

“La reserva de capitalización dotada se tendrá en cuenta a los efectos de determinar el incremento de los fondos propios y el mantenimiento del tal incremento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 25.2 de la LIS. Por lo tanto, la reserva de capitalización dotada formará parte de los fondos propios existentes al inicio y al final del ejercicio de la misma forma que el resto de partidas integrantes de tales fondos no excluidas a efectos de determinar su incremento y posterior mantenimiento del mismo”.

Por otro lado, el Departamento de Gestión de la AEAT ha comunicado al REAF que en breve será resuelto el error que aparece en el programa de “Sociedades web” respecto a las claves 01001 (página 5) y 01140 (página 20 bis) sobre la reserva de capitalización.

Fuente: AEAT

El TC declara nulo el precepto que regula el cálculo de la pensión de jubilación en casos de trabajo a tiempo parcial

Sentencia del 3 de julio de 2019 del TC. Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019.

El Tribunal Constitucional (en consonancia con lo declarado a principios de mayo por el TJUE) ha declarado nulo, al considerarlo “discriminatorio para la mujer”, el actual cálculo de la jubilación a tiempo parcial al generar una diferenciación "perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social" con "incidencia predominante en el empleo femenino". El fallo no tendrá retroactividad y la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales juzgados con anterioridad ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para dilucidar si en cálculo de las prestaciones de jubilación a tiempo parcial resultaba contrario a la normativa Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social, la STJUE Nº C-161/18, de 8 de mayo de 2019, establecía:

«El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización —período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de 1,5—, en la medida en que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino.»

Recogiendo el relevo de Luxemburgo, el Tribunal Constitucional ha declarado nula la forma de calcular las pensiones en trabajos a tiempo parcial por ser "discriminatoria" para las mujeres.

En su Sentencia conocida el pasado 3 de julio, el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda

En concreto ha declarado la nulidad del inciso “de jubilación y” del párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

La sentencia, considera que dicho inciso vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de la pensión por el modo de computar el periodo de cotización. Además, constituye una discriminación indirecta por razón del sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, lo que ocasiona impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo.

La resolución considera que el precepto impugnado produce una desigualdad de trato al faltar los requisitos de “justificación objetiva y razonable” de las diferencias que establece. Además, “se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo”. “…lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos”. Esta afectación predominante a las mujeres trabajadoras es considerada expresamente en la sentencia como discriminación indirecta, conforme a la definición incluida en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La conclusión sobre la lesión del art. 14 CE, al provocar una discriminación indirecta por razón de sexo, está en línea con la alcanzada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la reciente Sentencia de 8 de mayo de 2019 (asunto C-161/18).

En cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, el Pleno, aplicando su reiterada doctrina, señala que no sólo habrá de preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las situaciones administrativas firmes

TEXTO COMPLETO: