La UE difiere los plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐19

DIRECTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSEJO de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐19

La grave perturbación provocada por la pandemia de COVID-19 en la actividad de muchas entidades financieras y personas sujetas a la obligación de comunicar los mecanismos transfronterizos dificulta el cumplimiento de sus obligaciones de comunicación de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo.

Por ello, tanto los Estados miembros como dichas personas han solicitado el diferimiento de los plazos que afectan al intercambio automático de información sobre las cuentas financieras cuyos beneficiarios sean residentes fiscales en otro Estado miembro y a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información que contengan al menos una de las señas distintivas enumeradas en el anexo IV de la Directiva 2011/16/UE.

En estas circunstancias, resulta necesario que los Estados miembros puedan ajustar sus plazos nacionales para la presentación de dicha información, motivo por el cual se modifica la Directiva 2011/16/UE incluyéndose dos nuevos artículos: el artículo 27 bis y ter.

Así, se ha publicado la Directiva (UE) 2020/876 del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19, y con efectos desde el 27 de junio de 2020.

Respecto a la comunicación de mecanismos transfronterizos por los intermediarios fiscales, los Estados miembros podrán permitir que los intermediarios e interesados obligados comuniquen los ejecutados desde el 25 de junio de 2018 hasta el 30 de junio de 2020, como tarde, el 28 de febrero de 2021.

Además, la primera información entre países se habrá de comunicar, a más tardar, el 30 de abril de 2021, y el plazo de 30 días para comunicar por los intermediarios la información sobre mecanismos comenzará, como tarde, el 1 de enero de 2021 cuando la obligación de comunicar haya nacido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

Por último, el primer informe periódico sobre mecanismos comercializables será elaborado por el intermediario, a más tardar, el 30 de abril de 2021.

El Gobierno aprueba una nueva Línea de Avales por importe de 40.000 millones para impulsar las inversiones nuevas de autónomos y empresas

En el BOE de 6 de julio de 2020 se ha publicado el Real Decreto-Ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el 7 de julio de 2020, que entre otras medidas, se regula la aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y de dar liquidez no solo para PYMEs sino para empresas cotizadas (línea de avales ICO de 40.000 millones de euro en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización).

La nueva línea de avales ICO regulada en el Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio, que entró en vigor el pasado 7 de julio de 2020, estará destinada principalmente a financiar inversiones productivas a pymes y autónomos con el fin de fomentar la recuperación económica del país.

Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones

Con el fin de fomentar la recuperación económica del país, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos para atender, principalmente, sus necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado.

Los importes correspondientes a la ejecución de los avales otorgados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la financiación concedida a empresas y autónomos en virtud de lo establecido en este artículo se atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de ampliable, según el anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en lo relativo a los avales otorgados en virtud de este artículo.

Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los pagos correspondientes a las ejecuciones del aval mediante operaciones de tesorería con cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.

Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.

Las empresas y autónomos podrán tener acceso a estos avales a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes. En cambio, las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

Medidas laborales para apoyar la reactivación económica y el empleo

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el 7 de julio, contiene un conjunto de medidas de apoyo al sector productivo, al empleo y a las rentas, de las que destacamos las dos siguientes en el ámbito laboral:

1. Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística (D.A.4ª RDL 25/2020)

Las dificultades por las que atraviesa el sector turístico y su especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos que prestan sus servicios en él justifican la extensión de forma excepcional de las bonificaciones –ya ampliada a los meses de febrero a junio de 2020 por el RDL 7/2020– durante los meses de julio a octubre de 2020 para todas las comunidades autónomas, así como la compatibilidad de las bonificaciones con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social.

La medida consiste en la posibilidad de aplicar una bonificación del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Pueden beneficiarse de ella las empresas, excluidas las del sector público, de todo el territorio nacional, que:

  • Se dediquen a actividades encuadradas en los sectores del turismo y del comercio y hostelería vinculadas a dicho sector del turismo,
  • generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020,y
  • inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo.

Destaca, como ya se ha indicado, la compatibilidad de estas bonificaciones con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social, si bien el importe resultante de aplicar ambas no podrá superar el 100% de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresaprevia comunicación de la identificación de las personas trabajadoras, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector del turismo.

Debe tenerse en cuenta que las declaraciones responsables han de presentarse antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones a través del Sistema RED.

Estas bonificaciones, que se financiarán con cargo al presupuesto del SEPE, se aplicarán por la TGSS en las correspondientes liquidaciones de cuotas sin perjuicio de su control y posterior revisión por la ITSS.

2. Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (D. F. 5ª RDL 25/2020)

Se modifica el Real Decreto-Ley 20/2020, para:

  • Dar la cobertura legal necesaria al INSS para facilitar a comunidades autónomas y entidades locales la información necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia, así como la comunicación a cualquiera de las administraciones de las resoluciones relativas a las prestaciones del ingreso mínimo vital para la gestión y el control de la citada prestación y a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital (adición de un nuevo apdo. 4 al art. 20).
  • Habilitar, en los territorios forales, la transmisión de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Haciendas Forales en idénticos términos que los previstos en relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (adición de un nuevo párr. cuarto al apdo. 3 de la D.T.1ª).

BOE

Aprobadas nuevas medidas de apoyo al sector turístico

En el BOE de 6 de julio de 2020 se ha publicado el Real Decreto-Ley 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el 7 de julio de 2020, que incluye medidas de apoyo al sector turístico español, como una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, una línea de ayudas para la digitalización turística, el instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, o las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores fijos discontinuos.

Moratoria hipotecaria para el sector turístico

Esta moratoria hipotecaria está dirigida a los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España sobre el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico ejercida en territorio nacional, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

  1. Experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es decir, cuando los deudores hipotecarios hayan sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019. La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Los trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

    No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria, cuando:

    • El préstamo cuya moratoria se solicita, habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a la entrada en vigor de este real decreto ley se encuentre en mora.
    • Se hubiera declarado el concurso del deudor con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  2. El préstamo no haya sido ya objeto de alguna de las moratorias del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, o la que voluntariamente hayan acordado entre el deudor y el acreedor después de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No obstante, el deudor podrá acogerse a esta moratoria si renuncia previamente a la moratoria voluntaria. Del mismo modo, si en la moratoria a la que esté acogido no ha disfrutado del período de 12 meses, podrá renunciar a ella y acogerse a ésta hasta cumplir dicho período.
  3. Su CNAE sea 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 (Actividades de agencias de viajes).

Solicitud de la moratoria

Los deudores hipotecarios podrán solicitar al acreedor un periodo de moratoria de hasta 12 meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria.

La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de este RDL 25/2020 (7 de julio) hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse.

Los deudores hipotecarios deberán acreditar en el momento de solicitar la moratoria:

  1. El objeto social, en su caso,
  2. su domicilio fiscal,
  3. el código CNAE de su actividad, y
  4. que el inmueble se halle directamente afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico de las señaladas anteriormente
  5. La información señalada en el artículo 3.4 del RDL 25/2020

Una vez solicitada, el acreedor procederá a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales. Ello no obstante, la inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de la moratoria se extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a ella, manteniéndose inalterada su posición jurídica.

La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el deudor, permaneciendo inalterado el resto del contenido del contrato, pudiendo optar el prestatario por que el importe de lo aplazado se abone mediante:

  1. La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable, o
  2. la ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la moratoria.

Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. El principal del préstamo cuyo pago se aplaza durante la aplicación de la moratoria devengará los intereses ordinarios establecidos en el préstamo.

El reconocimiento de la aplicación de la moratoria no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Las personas jurídicas no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria.

Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles

Si el inmueble afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70 % de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre ambas partes.

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

Se crea el instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos» para la prestación de apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad. Se trata de impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior, mediante el aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos, el desarrollo de productos atractivos, su promoción y el apoyo a la capacidad operativa de los entes gestores de estos destinos.

Anualmente, la Conferencia Sectorial de Turismo aprobará las propuestas de planes de sostenibilidad turística presentadas por las Entidades Locales, que mejor cumplan los criterios de selección establecidos en el Programa, y en los que se contendrá la designación de los destinos objeto de actuación. En el primer ejercicio se propone la dotación de una partida de 23M€.

216 M€ para proyectos de digitalización e innovación

Se ha aprobado un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. La dotación presupuestaria del programa será de 216M€ para el ejercicio 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000€.

Serán financiables los gastos de personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia y gastos generales suplementarios.

Exoneración de cuotas de fijos discontinuos

El RDL 25/2020 incluye una medida del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería (que no tengan carácter público) que entre julio y octubre (ambos inclusive) generen actividad en estos sectores, contarán con exoneraciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos que incorporen o mantengan su ocupación.

ITP y AJD. Exención en AJD de las escrituras de formalización de las moratorias hipotecarias para el sector turístico

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, regula en su Capítulo II relativo a otras medidas de apoyo a la reactivación económica, una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística (arts. 3 a 9 del RDL 25/2020), y con efectos desde el 7 de julio.

Inmuebles afectos a una actividad turística: Respecto a la moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística, los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España tendrán derecho a la moratoria sobre el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmueble que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 4 del RD-ley 25/2020, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el préstamo no haya sido ya objeto de moratorias anteriores.

Arrendamiento de inmuebles:  En cuanto a la moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles, si el inmueble afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre ambas partes.

Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria. Durante la moratoria, de hasta 12 meses, se abonarían solo intereses de la deuda hipotecaria, no amortizándose el capital. Asimismo, la obligación financiera se extendería hasta un máximo de doce meses más o el importe aplazado se redistribuiría entre las cuotas restantes sin modificar la fecha pactada de vencimiento.

La carencia recaería sobre préstamos hipotecarios que tienen como garantía un bien inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico ejercida en territorio nacional. Los beneficiarios serían hoteles y alojamientos turísticos similares (código CNAE 5510), alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (código CNAE 5520), así como agencias de viaje (código CNAE 7911).

Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro de la Propiedad (D.A.2ª RDL 25/2020)

Por otra parte, los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario que incluya la moratoria serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento. En concreto:

  1. Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario que incluya la moratoria señalada en el artículo 3 serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los siguientes términos:
    1. Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a las escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.
    2. Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y el máximo de 50 euros.
  2. Formalizada la escritura pública se remitirá por el notario autorizante al Registro de la Propiedad través de cualquiera de los medios de presentación que permite la Ley hipotecaria.

Nueva exención ITP y AJD para el sector turístico (D.F.1ª RDL 25/2020)

El Real Decreto-ley 25/2020, establece en su disposición final primera, una modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITP Y AJD).

A través de ella se añade un número 30 al artículo 45.I.B) TRLITPYAJD declarando exentas las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, en las tres modalidades de gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

  • Las transmisiones patrimoniales onerosas.
  • Las operaciones societarias.
  • Los actos jurídicos documentados.

Refuerzo del sector turístico

El Gobierno también ha aprobado tres medidas de apoyo al sector turístico español. Por un lado, se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico.

Por otro lado, se ha aprobado la creación del instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos». El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19.

Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

España inicia la reapertura progresiva de las fronteras exteriores a los quince países extracomunitarios recomendados por el Consejo de la UE

En el caso de Marruecos, Argelia y China, la reapertura está supeditada a que estos países reabran sus fronteras a los residentes en España. Para los otros 12 países, la reapertura efectiva entrará en vigor a las 00.00 horas de este sábado (medianoche entre hoy viernes y mañana sábado).

El Gobierno ha decidido levantar, de manera progresiva, las restricciones de acceso de viajeros a través de las fronteras exteriores de España a los residentes de los quince países extracomunitarios recomendados por el Consejo de la Unión Europea (UE) el pasado 30 de junio. En el caso de China, Marruecos y Argelia, la reapertura de fronteras queda supeditada a que estos países actúen de manera recíproca y reabran a su vez sus fronteras a los residentes en España.

Así lo recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor a las 00:00 horas de este sábado 4 de julio (medianoche entre hoy viernes y mañana sábado). A partir de ese momento, la reapertura de las fronteras exteriores será efectiva para los residentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.

La aplicación del criterio de reciprocidad con Argelia y Marruecos se enmarca en la necesaria coordinación en las fronteras con dos países vecinos y con los que habitualmente compartimos un elevado flujo de entrada y salida. Por lo tanto, la reapertura para los residentes de Argelia y Marruecos se producirá en el marco de un proceso coordinado cuando reabran sus fronteras.

El Consejo de la UE recomendó el pasado 30 de junio levantar la restricción temporal de los viajes no esenciales a los residentes en una lista de quince países extracomunitarios considerados seguros: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

En cumplimiento de esa recomendación, el Gobierno ha analizado para cada uno de esos países cuáles son las condiciones necesarias para considerar viable el tráfico normal de personas entre ellos y, una vez se cumplan, permitir la entrada y salida de viajeros.

China, Marruecos y Argelia

En el caso de China, el Consejo de la UE recomendó supeditar la apertura de las fronteras de los estados miembros a la confirmación de la existencia de un régimen de reciprocidad por parte del país asiático, y así lo recoge la orden de Interior.

Respecto de Argelia y Marruecos, cualquier futura decisión sobre un posible levantamiento de las restricciones fronterizas deberá tomar en consideración que ambos países mantienen cerradas sus fronteras, así como el considerable volumen habitual de desplazamientos entre España y cada uno de esos países africanos.

Mientras tanto, se mantiene también el cierre temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Restricciones y excepciones

La orden publicada hoy en el BOE mantiene las restricciones en las fronteras exteriores de la UE en España para los residentes en el resto de los países no incluidos en la lista elaborada por el Consejo de la UE.

En cuanto a las categorías de personas exentas de restricciones independientemente de su lugar de procedencia, se incluyen algunas adicionales o se amplía el alcance de las contempladas hasta el momento en las sucesivas órdenes relativas a las fronteras exteriores.

Por lo tanto, los nacionales de terceros países distintos a los incluidos en la lista comunitaria siguen sin poder entrar en España salvo las siguientes excepciones:

  1. Residentes en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano (Santa Sede) o San Marino
  2. Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen.
  3. Trabajadores transfronterizos.
  4. Profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.
  5. Personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.
  6. Personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.
  7. Estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado.
  8. Trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Estas circunstancias se deberán justificar documentalmente.
  9. Personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.
  10. Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.
  11. Trabajadores de temporada del sector agrícola.

Tanto las restricciones como las categorías exentas se refieren a nacionales y residentes de terceros países distintos a los incluidos en la lista comunitaria, dado que, con la entrada en vigor el 1 de julio de la Orden INT/578/2020, de 29 de junio, los ciudadanos de la Unión y sus familiares, y los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación, ya quedaron fuera del ámbito de aplicación de las restricciones temporales en las fronteras exteriores españolas.

Esta nueva normativa de controles fronterizos permanecerá en vigor hasta las 24:00 horas del 31 de julio de 2020, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea o de futuras prórrogas. Y no será de aplicación en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar.

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial en la llamada nueva normalidad

El 23 de junio se publicaba en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado Comercio en la que se publicaba el acuerdo alcanzado de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial.

Desde que entrase en vigor el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia sanitaria se asentaron las bases mínimas relativas a distanciamiento interpersonal y de seguridad personal, pero fueron las comunidades y ciudades autónomas las que adoptaron, para controlar la expansión del COVID -19, las medidas necesarias en relación a higiene de los establecimientos comerciales, seguridad de los trabajadores y también de los consumidores.

La mayoría de esas medidas siguen llevándose a la practica en lo que respecta al sector comercial. En cambio, mediante acuerdo alcanzado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha creado un marco adicional de medidas que permitirán garantizar en todo el territorio y para todo el sector la armonía y homogeneidad necesaria para afrontar la nueva normalidad y ver finalizado el estado de alarma.

Con las nuevas medidas adoptadas se pretende que las comunidades y ciudades autónomas sigan ciertos principios comunes, lo que redundará en beneficio de los comerciantes (especialmente aquellos que tengan presencia en más de una comunidad autónoma) y también, en beneficio de trabajadores y consumidores. Estas medidas serán las siguientes:

  1. Locales comerciales y seguridad de los clientes:
    • Exigir a los locales comerciales que aseguren el distanciamiento social de 1,5 m, lo que podrá implicar para garantizar su aplicación efectiva la limitación del aforo en el porcentaje necesario para mantener la citada distancia y el control del acceso de clientes. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
    • Poner a disposición del cliente gel hidroalcohólico en la entrada del local.
    • Se establecerán medidas especiales para el control de aforo en centros comerciales y espacios de venta ambulante de forma que se garantice la distancia de seguridad.
    • Recomendar, cuando sea posible, sentidos de circulación de clientes en las zonas de mayor confluencia, diferenciando ambos sentidos mediante balizas, cintas de separación y/o vinilo adhesivo en el pavimento.
    • Mantener medidas de higiene del local, mínimo dos veces al día, y siendo una de ellas necesariamente entre la finalización de la jornada y el inicio de la siguiente, poniendo máxima atención en los elementos de uso común. Se utilizarán productos con actividad virucida demostrada.
    • Exigencia de especiales condiciones de higiene en aseos, zonas de uso común del personal, así como de áreas de descanso y de lactancia en centros comerciales.
    • Limitar el uso de ascensores a lo que permita el distanciamiento social de 1,5 m, con la posibilidad de ampliarse si todos los usuarios emplean mascarilla y el centro o establecimiento emplea los medios adecuados para su control.
    • Facilitar formas de pago y recepción del producto sin contacto.
    • Mantener medidas de desinfección de productos devueltos o probados.
    • Podrá prohibirse el uso de productos de prueba por parte del consumidor, asegurando el control por personal del establecimiento de su utilización o el uso de monodosis desechables tras cada uso.
    • Establecer la exigencia de higienización de la ropa de trabajo.
    • Ejercer un control sobre las actividades en ejes comerciales y centros comerciales que puedan generar aglomeraciones.
    • Limpieza de probadores frecuente, preferiblemente tras cada uso.
    • Protección de los productos para prueba individualizada en caso de sofás, camas, calzado, joyería o similar.
    • Los clientes deberán hacer uso de mascarillas, y en su caso, de guantes desechables para la manipulación de productos no empaquetados en autoservicio.
  2. En cuanto a los trabajadores:
    • Se tendrán en cuenta y se respetarán los planes de protección que ya han establecido y están aplicando las empresas y los acuerdos alcanzados por las mismas con los sindicatos, de forma que el esfuerzo realizado por las empresas y empresarios se vea reforzado.
    • Los trabajadores deben contar con EPIS adecuados al nivel de riesgo, pudiendo establecerse adicionalmente otras medidas de protección física (uso de mamparas entre otros) cuando no sea posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales.
    • Instalación de papeleras preferentemente con apertura automática o pedal, para depositar guantes, pañuelos y mascarillas.
    • Mantener la gestión de los turnos laborales del personal trabajador para escalar la entrada de trabajadores, incorporando, de ser posible, flexibilización en los horarios de trabajo.
    • Mantener la exigencia de higienización del puesto y elementos de uso tras cada cambio de turno.
  3. Medidas adicionales específicas para venta no sedentaria:
    • Los espacios no cubiertos habilitados para la celebración de mercados no sedentarios, podrán estar totalmente delimitados con cinta de obra, vallas, o con cualquier otro medio que permita marcar, de forma clara, los límites del espacio, y así, evitar una aglomeración de clientes.
    • Poner a disposición del cliente gel hidroalcohólico en cada puesto.
    • Recomendar muy especialmente, que en la venta no sedentaria se sustituyan el autoservicio y el contacto directo por el consumidor con los productos expuestos a la venta por el servicio por parte de un empleado.
    • Limpieza y desinfección de los puestos antes y después de su montaje; así como de los vehículos de carga.
    • Ampliar la distancia entre puestos, ampliando el espacio del mercadillo, pudiendo habilitar nuevos días de celebración, crear nuevos espacios de venta ambulante, ampliar horarios u otras medidas de efecto similar.
    • No manipular dinero por la misma persona que manipula el producto o exigir higiene de manos en cada transacción.

Nuevo paquete de medidas, por importe de 50.000 millones, en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Este nuevo paquete tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el COVID-19. Para ello se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a miles de puestos de trabajo.

Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Ante el elevado uso de la anterior Línea de Avales (destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros), y el óptimo funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, está previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

Desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19, el Gobierno ha adoptado medidas en el ámbito económico y social que han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre las medidas que han contribuido a mantener vivo el sistema productivo figuran la movilización de 100.000 millones de euros en avales del ICO, el establecimiento de un mecanismo ágil para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables.

La evaluación continua que realiza el Gobierno de la economía española ha permitido que las medidas adoptadas en una primera fase se hayan reforzado con los planes de choque para el turismo y la industria de la automoción, con la extensión hasta el 30 de septiembre de 2020 del mecanismo de protección de los trabajadores y empresas acogidas a ERTE o con la extensión del mecanismo de protección a los trabajadores autónomos.

Tres meses y medio después del inicio de la pandemia y como complemento a estas medidas de reactivación, el Gobierno está volcado ahora en la reactivación de la economía española. Por ello, hoy se pone en marcha un segundo programa de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones de euros. Este programa consta, por un lado, de un Fondo de apoyo a la solvencia, dotado con 10.000 millones de euros, que invertirá en aquellas empresas estratégicas para el tejido productivo. Por otro lado, se ha habilitado una nueva línea de avales ICO específica para la inversión por 40.000 millones de euros.

Este programa está orientado a impulsar el crecimiento, a reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pueda ser vulnerable por causa del COVID-19, y a impulsar la demanda interna, palancas necesarias para reactivar la actividad económica e incrementar el empleo.

Gobierno y agentes sociales firman el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo

El Gobierno y los agentes sociales han firmado el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, un nuevo acuerdo que sienta la bases para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo de calidad tras la crisis provocada por el COVID-19. Este acuerdo nace con el objetivo de lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

Tal y como ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto, con este acuerdo se inicia «un diálogo que debe contribuir a estabilizar nuestra economía en los próximos dos años. Estamos sentando las bases de una Nueva Economía y necesitamos que nuestros consensos sean lo más amplios posibles; para ello, el papel de los agentes sociales es crucial».

A la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa han asistido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; y Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Un acuerdo de país con más de una decena de líneas de trabajo

Con este Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo, el Gobierno, la patronal y los sindicatos sellan un compromiso de país para trabajar con urgencia en el refuerzo de la recuperación económica y empleo. Esto implica que, de manera inmediata, se van a intensificar las reuniones en el marco del Diálogo Social. Además, el acuerdo recoge más de una decena de líneas de trabajo en torno a las cuales se pretende sellar acuerdos para reforzar el crecimiento y el empleo de calidad.

Por un lado, se trabajará para impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTE derivados de la crisis del COVID 19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Por otro lado, se establece el compromiso de desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, así como de elaborar un marco adecuado para el trabajo a distancia.

El Gobierno y los agentes sociales también pactan abordar la modernización del marco laboral, para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, y la actualización de las políticas activas de empleo.

Un pacto por la Industria

Otro de los objetivos del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo es el de poner en marcha un Pacto por la industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva.

El Pacto incluye compromisos para impulsar la transición «verde» de todos los sectores, digitalizar la economía y apoyar el desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados. Asimismo, se reforzarán los Servicios Públicos, especialmente en el ámbito sanitario.

Gobierno, patronal y sindicatos también han acordado abordar de manera conjunta las necesarias adaptaciones para el refuerzo y la garantía de sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, e impulsar medidas eficaces para aflorar la economía sumergida.​

ACUERDO

«Te ayudamos» el nuevo modelo de atención al ciudadano de la Seguridad Social

La Seguridad Social estrena el servicio Te Ayudamos, un nuevo modelo de atención al ciudadano a través de este nuevo punto de acceso, disponible tanto en la página web como en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, para plantear consultas y realizar trámites.

Una vez dentro, el ciudadano encontrará los diferentes canales existentes actualmente para realizar su gestión, diferenciando si se trata de una consulta o un trámite. Si tras finalizar todo el proceso no ha logrado realizar el trámite deseado, existen dos opciones:

  • Si se trata de un trámite relacionado con afiliación, cotización o pago de deudas, el ciudadano podrá remitir un formulario y la Seguridad Social contactará con él para ayudarle y concertar una cita presencial si fuera necesario.
  • Si se trata de un trámite relativo a pensiones o prestaciones del Sistema de Seguridad Social, podrá solicitar cita previa.

Veamos en qué consiste paso a paso.

Primer paso: realizar consultas

Este servicio guiado, ofrece en primer lugar al ciudadano todos los canales a su disposición para realizar consultas a la Seguridad Social:

  • ISSA, el nuevo asistente virtual disponible en la web y la Sede Electrónica
  • El buzón de consultas desde el que podrá remitirlas directamente a las entidades que responderán a la mayor brevedad posible
  • Los teléfonos de atención ciudadana operativos de lunes a viernes: 901 50 20 50 para consultas sobre afiliación a la Seguridad Social, cotización y pago de deudas (TGSS), operativo de 8.30 a 18.30 horas. 901 16 65 65 para consultas acerca de pensiones y prestaciones económicas (INSS), en horario de 9.00 a 20.00 horas.

Segundo paso: realizar trámites

Si lo que necesita es realizar algún trámite, este servicio recuerda los servicios disponibles, cómo puede realizarlos y las formas de identificación para realizarlos. Estos servicios se agrupan en:

  • Afiliación a la Seguridad Social
  • Cotización y pago de deudas
  • Pensiones y prestaciones
  • Otras gestiones para Trabajadores del Mar

Puede realizar cualquiera de estos trámites a través de la Sede Electrónica, o con la ayuda de ISSA, si dispone de certificado electrónico o cl@ve, por lo que recuerda al ciudadano las distintas vías para obtener estos métodos de identificación e, incluso, le ofrecen la posibilidad de obtener cita previa para su tramitación si así lo desea.

Estos métodos de identificación resultan útiles para la realización de multitud de trámites relacionados con las administraciones públicas, más allá de la Seguridad Social.

Si no dispone de estos métodos de identificación, la Seguridad Social mantiene operativos los formularios habilitados durante el cierre de la atención al público en las oficinas a causa de la pandemia de la COVID-19 donde podrá presentar escritos, solicitudes y comunicaciones

Por último, recuerda otros trámites muy demandados que se pueden solicitar telemáticamente y recibir cómodamente en el domicilio como los informes de vida laboral o los de bases y cuotas ingresadas entre otros, así como, la solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea.

Para poder realizarlos, es necesario que sus datos, especialmente el domicilio, estén actualizados.

Último paso: cita previa o cita concertada

Si no ha podido realizar el trámite por ninguna de las vías anteriores se abren dos opciones, en función del tipo de trámite a realizar:

Para trámites relacionados con afiliación, cotización y pago de deudas, la TGSS ha habilitado este formulario que deberá rellenar. El personal de la entidad analizará su solicitud y contactará con usted para ayudarle a resolverlo.

En este proceso se utilizarán sistemas que permitan la verificación de la identidad del interesado y le guiarán para la realización del trámite. En última instancia, cuando no haya sido posible resolver su solicitud, se le facilitará una cita concertada para concluir el trámite presencialmente, manteniendo todas las medidas de seguridad sanitarias.

Para trámites que tengan que ver con pensiones o prestaciones del Sistema de Seguridad Social podrá solicitar cita previa desde este enlace, o en el teléfono 901 10 65 70.

No obstante, el INSS también mantiene abierto un formulario para tratar de resolver su solicitud sin necesidad de acudir a una oficina.