Procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.

Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se modifica el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas aprobado el 20 de diciembre de 2018.

Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Mediante la reciente Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial dirigiendo su objetivo principal a la protección de las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes, de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir. Por ello, se establecen al mismo tiempo, las normas de transparencia que han de regir dichos contratos, el régimen jurídico de los prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliario, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción, así como las normas de conducta aplicables a la actividad de prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario, representantes designados y asesores.

Extensión de la Ley

La Ley será aplicable a todos los contratos de préstamo/crédito concedidos por los prestamistas o en los que intervengan algún intermediario de crédito inmobiliario, que tengan la consideración de personas físicas o jurídicas y realicen dicha actividad de manera profesional cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física, y el préstamo tenga por objeto la concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre un inmueble de uso residencial, o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor.

El carácter irrenunciable de la nueva Ley, hace que las partes contratantes no puedan disponer libremente de sus disposiciones, sino que quedarán vinculadas a la misma con carácter obligatorio o imperativo. Con ello, se prevé además el régimen sancionador para los incumplimientos de las obligaciones que contiene.

Con el ánimo de conseguir una concesión responsable de financiación se incluye normas de transparencia y de conducta que han de seguir prestamistas, intermediarios o representantes designados al efecto de la contratación, no sólo desde el inicio de la misma, sino durante toda la vida del contrato. De modo que, tanto en la elaboración de productos crediticios, la concesión de préstamos, prestación de servicios de intermediación o de asesoramiento sobre el préstamo o, en su caso, de servicios accesorios, como en la ejecución de los contratos de préstamo, el análisis se basará en una información que esté actualizada en la fecha de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos existentes para la situación del prestatario a lo largo de la vigencia del contrato de préstamo propuesto.

Además, la Ley recoge dos Anexos, el primero referente a la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y el segundo al cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE), debiéndose calcular siempre bajo la fórmula matemática que aparece en el mencionado anexo.

Se impone un régimen jurídico bastante extenso sobre los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios que deberán estar debidamente inscritos en los registros que señala la propia Ley para poder desarrollar, total o parcialmente, de forma válida las actividades de intermediación crediticia o para prestar servicios de asesoramiento, así como para la concesión o gestión de los préstamos con carácter profesional. Quedan exceptuadas de la obligación de registro las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o una sucursal en España de una entidad de crédito.

Por último, destacar, que esta nueva ley supone modificaciones en las siguientes normativas:

– Ley Hipotecaria

– Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

– Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

– Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

– Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

– Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

– Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
– Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

– Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

– Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

– Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

– Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

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Plan Anual de Política de Empleo para 2019

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

El Plan Anual de Política de Empleo 2019, según lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, establece los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución. De esta manera, el Plan Anual de Política de Empleo se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas.

Del Plan 2019 debemos destacar que tiene como novedad la simplificación y racionalización del número de indicadores, fruto del trabajo conjunto realizado con las Comunidades Autónomas; y por otra parte, que se han tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

El Plan 2019, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto. De acuerdo al Plan Presupuestario del Gobierno de España para 2019, el escenario macroeconómico se encuadra en una fase expansiva de la economía española, impulsada por el robusto crecimiento del empleo, las favorables condiciones financieras y los avances en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

Asimismo, el crecimiento económico está siendo intensivo en creación de empleo, registrando la ocupación tasas interanuales próximas al 3 %, y reduciéndose la tasa de paro en más de dos puntos por año. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa, el empleo ha crecido en 566.200 personas en los 12 últimos meses, mientras que el paro ha disminuido en 462.400 personas en el mismo período.

El Programa Nacional de Reformas 2018 da respuesta a las prioridades recogidas en el Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento 2018 y a las Recomendaciones específicas fijadas para España, e igualmente en consonancia con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que busca «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos».

Por ello, el principal reto es que el crecimiento sea sostenible en el tiempo para superar por completo las consecuencias de la crisis y seguir avanzando en la convergencia en empleo, renta, salarios y productividad. Con este objetivo las prioridades se estructuran en tres bloques: sostenibilidad fiscal, crecimiento sostenible y avances en el mercado interior y profundización de la Unión Económica y Monetaria.

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos que son los siguientes:

A. Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial atención a los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como el Plan de choque por el Empleo Joven (2019-2021), la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo.

B. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años mediante instrumentos como el Plan de Empleo para personas paradas de larga duración.

C. Promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales, mediante el desarrollo del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, a través de las Órdenes Ministeriales que regulan la oferta formativa y su financiación, el Catálogo de especialidades formativas y el Registro de entidades formativas.

D. Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.

E. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

Asimismo, el PAPE 2019 incluye los Objetivos Estructurales establecidos en la Estrategia, agrupados en 6 ejes, cuyo grado de cumplimiento se evaluará mediante un conjunto de 22 indicadores formados por 27 componentes.

Dentro de las novedades que presenta este Plan, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada. También se ha suprimido el uso de indicadores de carácter declarativo, siguiendo los criterios establecidos en la propia Estrategia.

En total, teniendo en cuenta los tres bloques de objetivos, el PAPE 2019 consta de 22 indicadores y 27 componentes, cuyo cálculo se llevará a cabo a partir de la información y los datos obtenidos principalmente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Estos indicadores se han elaborado contando con la participación activa de las CCAA, con rigor técnico y transparencia.

En las Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 20 de diciembre de 2018 se presentaron las líneas generales del Plan Anual de Política de Empleo para 2019, y se presentó su texto a esa misma Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de febrero.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2019, se recogen de manera resumida en el Anexo II y de forma detallada en el Anexo III, que lo acompañan.

Los requisitos para estos servicios y programas son los siguientes:

  • Deben ser servicios y programas de políticas activas de empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
  • Deben ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
  • Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2019, de forma que puedan identificarse beneficiarios en ese año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.
  • Relevancia: dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
  • Pertinencia: estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
  • Coherencia interna: consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2019 (ejes, objetivos estratégicos, objetivos estructurales).

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Estatuto del personal investigador predoctoral en formación

Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación.

Mediante este Real Decreto 103/2019 (RD), que entró en vigor el día 16 de marzo, se desarrolla el régimen jurídico de la relación laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto en el artículo 21 del artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), derogando el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

Esta modalidad de contrato específica del personal investigador en formación vincula al personal investigador predoctoral en formación, esto es, a aquellos que están en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS (European Credit Transfer System), master universitario, o equivalente, y han sido admitidos a un programa de doctorado, y a las entidades públicas o privadas a las que se refieren, respectivamente, el artículo 20.2 y la disposición adicional primera de Ley 14/2011.

El RD configura, junto con la LCTI a la que desarrolla, el marco normativo del contrato predoctoral, aplicándose supletoriamente el Estatuto de los Trabajadores (ET) y demás normas laborales, los convenios colectivos y los contratos de trabajo.

Objeto

Combinará la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral en formación de tareas de investigación en un proyecto específico y novedoso y actividades, integrantes del programa de doctorado, conducentes a la obtención del título de Doctorado, sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y formativa del contrato.

Se clarifica la posibilidad de que estos investigadores colaboren en tareas docentes sin que suponga una merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales.

Los departamentos facilitarán a los investigadores que lo soliciten la realización de estas colaboraciones en tareas docentes, en igualdad de oportunidades, y en la medida en que sea posible dentro de los límites anteriormente establecidos.

Forma

  • Respecto a la formalización por escrito del contrato que, además, deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado, el real decreto concreta que:
  • Se identificará el proyecto o línea de investigación específica y novedosa que constituya el marco en el que se realizará la formación, la duración pactada y el lugar de realización efectiva de las actividades.
  • La entidad empleadora estará obligada:
  • Si no constan en el contrato, a informar por escrito de los elementos esenciales y principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos por el Real Decreto 1659/1998.
  • A comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación, el contenido de estos contratos y las prórrogas de los mismos.
  • A entregar a la representación legal de este personal, en el mismo plazo de 10 días, y con anterioridad a su remisión a la oficina pública de empleo, una copia básica del mismo. Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Para los casos en que no exista representación legal, también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la oficina de empleo.

Duración

El RD reproduce lo establecido en la ley introduciendo especificaciones en determinados aspectos:

  • El contrato será de duración determinada, con dedicación a tiempo completo, precisando que este extremo se extiende durante toda su vigencia.
  • No podrá concertarse por tiempo inferior a 1 año ni superior a 4. No obstante, cuando el contratado sea una persona con discapacidad (RD Leg. 1/2013) la duración máxima se fija en 6 años, teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el impacto del grado de las limitaciones en el desarrollo de la actividad, introduciéndose ahora la exigencia de informe previo favorable del servicio público de empleo competente, que a estos efectos podrá recabar informe de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad competentes.
  • Las prórrogas, cuando se concierte por una duración inferior a la máxima establecida:
  • no podrán ser inferiores a 1 año.
  • se admite la posibilidad de una prórroga automática cuando el contrato resulte prorrogable y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, salvo informe desfavorable de evaluación motivado emitido por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, hasta completar su duración máxima.
  • en el supuesto de que, por haber estado ya contratado el trabajador bajo esta modalidad, el tiempo que reste hasta el máximo de 4 o 6 años, sea inferior a un año, podrá concertarse el contrato, o su prórroga, por el tiempo que reste hasta el máximo establecido en cada caso.
  • El personal investigador predoctoral en formación no podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o distinta entidad, por un tiempo superior al máximo posible de 4 o 6 años, según los casos.
  • Se amplían los supuestos que suspenderán el cómputo de la duración del contrato:
  • la decisión de la trabajadora víctima de violencia de género [art. 45.1.n) ET] se añade a las de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y paternidad. Repárese en que se ha producido un desajuste y que deben entenderse hechas las adecuaciones correspondientes como consecuencia del Real Decreto-Ley 6/2019.
  • la reclamación formulada por incumplimiento de las tareas propias de la dirección de la tesis doctoral ante el órgano competente con emisión por parte de éste de dictamen favorable al reclamante. En estos supuestos se suspenderá el cómputo de la duración del contrato durante el periodo que transcurra desde la presentación de dicho dictamen favorable hasta que se produzca el cambio en la dirección de la tesis doctoral, con un límite de 4 meses. El dictamen deberá emitirse a la mayor brevedad posible. La entidad competente deberá resolver, previo informe positivo de dicha entidad respecto de la nueva dirección, el cambio en la dirección de la tesis en el plazo máximo de 1 mes.

Retribuciones

La novedad respecto de la retribución de este contrato, que no podrá ser inferior al 56 % del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los 2 primeros años, al 60 % durante el tercer año, y al 75 % durante el cuarto año, ni inferior al salario mínimo interprofesional que se establezca cada año, reside en especificar que:

  • Para su establecimiento se tomará como referencia mínima la categoría correspondiente al Grupo 1 de personal laboral de la tabla salarial recogida en el convenio único de personal laboral de la Administración General del Estado.
  • La aplicación de la cantidad anual resultante se podrá también computar al periodo total del contrato predoctoral de 4 años.

Otras condiciones de trabajo

Para la fijación de la jornada laboral, los descansos, vacaciones y permisos, así como para el resto de condiciones de trabajo aplicables se efectúa una remisión al convenio colectivo aplicable a la entidad empleadora respecto al personal con titulación de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado universitario y acceso a los programas de doctorado o, en su ausencia, al ET.

Extinción del contrato

El contrato predoctoral se extinguirá:

  • Por la llegada a término o previa denuncia de cualquiera de las partes, así como por las restantes causas previstas en el artículo 49 del ET. Para los contratos de duración superior a 1 año, la parte que formule la denuncia deberá preavisar con una antelación mínima de 15 días;
  • Por la obtención del título universitario oficial de Doctorado, considerándose que se ha obtenido en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral y teniendo en cuenta que la extinción se produce, aunque no se hubiera agotado la duración máxima del mismo;
  • Por incumplimiento de las tareas propias del contrato por parte del investigador no superándose favorablemente la evaluación que de su actividad hace anualmente la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado.

Seguridad Social

En esta materia no se aborda la cuestión de la cotización de este colectivo, acogido al Régimen General, reiterando en la disposición adicional única la reducción del 30% de la cuota empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes ya prevista en la LCTI (disp. adic. 18ª).

Por último, la disposición final tercera establece que este contrato predoctoral dispondrá de una clave específica de contrato de trabajo que fijará el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Recuérdese, a este respecto que en este momento se está obligando a las universidades a cotizar como si se tratara de trabajadores contratados mediante un contrato para obra o servicio determinados (código 401).

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Plan Anual de Política de Empleo para 2019

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Continuando con el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, iniciado por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, mediante la nueva Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, que entró en vigor el día 15 de marzo, se establece la estructura del Catálogo de Especialidades Formativas, así como los procedimientos para su actualización permanente, incluyendo el procedimiento para el alta, modificación, baja y reactivación de especialidades en el Catálogo de Especialidades Formativas, de manera que responda con agilidad a las demandas de formación de sectores y ocupaciones emergentes.

La nueva Orden viene a desarrollar parcialmente el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, con el objeto de regular la estructura y contenido del Catálogo de Especialidades Formativas y el procedimiento para su gestión y actualización, de manera que responda con agilidad a las demandas de formación de los sectores y ocupaciones emergentes.

Así mismo, se establecen los mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del citado Catálogo, con objeto de asegurar su calidad y el cumplimiento de sus finalidades y queda derogada la Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialidades formativas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única relativa a la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Catálogo de Especialidades Formativas

El Catálogo de Especialidades Formativas es uno de los instrumentos de transparencia y difusión del sistema integrado de información de la formación profesional para el empleo, e incluye la ordenación de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Las finalidades del Catálogo de Especialidades Formativas son las siguientes:

a) Adecuar y actualizar la oferta de formación profesional para el empleo, considerando la prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual, previstos en los artículos 4 y 5 de Ley 30/2015, de 9 de septiembre, así como los resultados del seguimiento, control y evaluación de la formación u otras fuentes de información de los Servicios Públicos de Empleo.

b) Ser el referente común para la programación de las acciones formativas en todas las iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, excepto las dirigidas a la formación programada por las empresas para sus trabajadores.

c) Ser un referente en los procesos de la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación en los registros de las Administraciones Públicas competentes, cuando estas reúnan los requisitos especificados en el Catálogo, según se establece en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

d) Facilitar el seguimiento, evaluación y mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, considerando lo establecido en los programas de las especialidades formativas que configuran el Catálogo y los resultados alcanzados en la impartición de las correspondientes acciones formativas.

e) Favorecer los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en la formación formal, mediante la certificación de módulos superados y de expedición de los certificados de profesionalidad o de sus acreditaciones parciales acumulables, que se reflejarán en la Cuenta de Formación del trabajador; y en la formación no formal, mediante la expedición de los diplomas acreditativos o de los certificados de asistencia, como corresponda en cada caso, según lo recogido en el artículo 7 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

f) Ser un instrumento de apoyo para la orientación profesional realizada por los Servicios Públicos de Empleo, mediante la utilización del Catálogo para el diseño de itinerarios personalizados para el empleo y la identificación de itinerarios formativos cuando se precise, para los usuarios de dichos servicios, en la búsqueda de oportunidades de formación y/o empleo acordes a su perfil, de acuerdo con lo establecido en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada por Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, y su normativa de desarrollo.

g) Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de las personas trabajadoras.

Marco jurídico, estable y común

Con la finalidad de establecer un marco jurídico, estable y común para todos, que contribuya a reforzar la coordinación, la colaboración y la cooperación de los diferentes actores y Administraciones Públicas que participan en el Sistema de Formación Profesional para el empleo, garantizando de este modo la necesaria unidad de mercado, la Orden TMS/283/2019 regula la estructura, contenido y procedimiento de actualización del Catálogo de Especialidades Formativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para lo que, en sus anexos se establecen:

1. Familias y Áreas Profesionales.
2. Propuesta de alta o modificación de especialidad formativa.
3. Propuesta de alta de itinerario formativo.
4. Propuesta de baja o reactivación de especialidad o itinerario formativo.
5. Programa formativo.

Áreas prioritarias, Iniciativas de formación y tipos de programas y Valoración de las especialidades

A efectos de la programación formativa se considerarán áreas prioritarias las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan regulaciones específicas, de conformidad con lo que establezcan al respecto el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Junto a las áreas prioritarias, para las especialidades del Catálogo se contemplarán también las siguientes variables:

a) Iniciativas de formación y tipos de programas: Para cada especialidad se registrarán las iniciativas y tipo de programa en los que ha intervenido.

b) Valoración de las especialidades: Se dispondrá de información sobre el funcionamiento de las especialidades para valorar su calidad por parte de distintos agentes, como las entidades o centros de formación y los participantes en la misma.

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Modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018

Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Estando ya próximo el inicio de la campaña de Renta y Patrimonio, en el BOE del día 13 de marzo se ha publicado la Orden por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Modelos de declaración del IRPF/IP

El modelo de declaración del IRPF y los documentos de ingreso o devolución son los siguientes:

• Modelo D-100: Declaración del IRPF.
• Documentos de ingreso o devolución:
• Modelo 100: Documento de ingreso o devolución de la declaración del IRPF.
• Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo para la declaración del IRPF.

Los modelos de declaración y de documento de ingreso del IP son:

• Modelo D-714: Declaración del IP. Ejercicio 2018.
• Modelo 714: IP 2018. Documento de ingreso.

Borrador de la renta

Los contribuyentes podrán obtener el borrador y los datos fiscales de la declaración del IRPF por medios telemáticos en la sede electrónica de la AEAT, en el Servicio de tramitación del borrador/declaración, al que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (Renta Web) (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es.

El procedimiento de modificación, confirmación y presentación del borrador de a la renta se encuentra prevista en los artículos 6 y 7 de la presente Orden.

Atención. Este año desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del teléfono, o en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración.

Plazo de presentación de las declaraciones del IRPF y del IP

Por lo que respecta al plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del IRPF, cualquiera que sea su resultado, será el siguiente:

• En general: el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos inclusive.

• En el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones: desde el 2 de abril hasta el 26 de junio de 2019, ambos inclusive, excepto que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo: hasta el 1 de julio de 2019.

El plazo de presentación de las declaraciones del IP será también el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos inclusive, excepto en el caso de domiciliación bancaria de las declaraciones que será desde el 2 de abril hasta el 26 de junio de 2019, ambos inclusive.

Es obligatoria la presentación por vía electrónica para los contribuyentes del IRPF obligados a presentar el Impuesto sobre el Patrimonio (la presentación de la declaración correspondiente a este impuesto deberá efectuarse obligatoriamente a través de Internet).

En caso de fraccionar el pago del IRPF en dos plazos, el segundo debe ingresarse, como máximo, el día 5 de noviembre de 2019.

Calendario de la campaña Renta 2018

• 15-03-2019. Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia. Suscripción a la app "Agencia Tributaria"

• 01-04-2019.  Solicitud de cita previa: Plan "LE LLAMAMOS"

• 02-04-2019.  Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2018

• 09-05-2019.  Solicitud de cita previa para atención en oficinas

• 14-05-2019.  Inicio de la atención presencial en oficinas

• 26-06-2019.  Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar

• 28-06-2019.  Último día para solicitar cita previa

• 01-07-2019.  Último día para presentar las declaraciones de Renta 2018 y Patrimonio 2018

• 05-11-2019.  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de Renta

Servicios de ayuda para confeccionar y presentar la Renta

La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes diversos servicios de ayuda. Según las rentas que haya percibido y sus circunstancias personales podrá elegir entre los servicios que se indican a continuación:

• App. Aplicación móvil "Agencia Tributaria"

• Renta WEB

• La Agencia Tributaria llama a los contribuyentes para confeccionarle su declaración de Renta telefónicamente: “Plan Le Llamamos”

• Acudiendo a sus oficinas. Confección y presentación Renta 2018

Forma de presentación de las declaraciones del IRPF/IP 2018

IRPF:

A través de Servicio de tramitación del borrador/declaración el contribuyente puede confeccionar su declaración del IRPF con el producto Renta Web y proceder a su presentación.
Atención. Como novedad para este ejercicio 2018, desaparece la posibilidad de presentar la declaración a través del papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la AEAT. En su lugar, la declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de internet, en la sede electrónica de la AEAT, a través del teléfono, o en las oficinas de la AEAT previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración; si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el ingreso, ingresar obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de un documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso. 

También como novedad:

• Los descendientes o ascendientes que se relacionen en las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo deberán disponer de número de identificación fiscal (NIF).

• Cuando sea de aplicación la deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, será necesario que los miembros integrados en la unidad familiar dispongan de número de identificación fiscal (NIF).

IP:

• La presentación de la declaración correspondiente al IP deberá efectuarse obligatoriamente por vía electrónica a través de Internet mediante la utilización de certificado electrónico reconocido o mediante el uso del sistema Cl@ve PIN o, finalmente, a través de la consignación del NIF del contribuyente y del número de referencia o de los datos fiscales suministrados por la Agencia Tributaria.

• Los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre Patrimonio, además, estarán obligados a utilizar la vía electrónica para la presentación de la declaración del IRPF o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda.

¿Quién tiene obligación de declarar?

IRPF:

Con carácter general, están obligados a declarar (sea confirmando un borrador a través de Renta WEB o presentando una declaración) todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, que hayan obtenido en 2018 rentas sujetas al Impuesto. No obstante, no existe obligación de declarar cuando se perciben solo las siguientes rentas:

A) Rendimientos del trabajo:

• Límite de 22.000 € cuando la renta se perciba de un solo pagador o se perciban rendimientos de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

– Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y posteriores no superen los 1.500 €.

– Cuando los únicos rendimientos de trabajo consistan en prestaciones pasivas (pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes de pensiones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, Planes de previsión asegurados y prestaciones de seguros de dependencia), siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido (a solicitud del contribuyente mediante presentación del modelo 146).

• Límite de 14.000€ cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:

Atención. Este límite de 14.000€ será de 12.643€ cuando el impuesto correspondiente al periodo impositivo 2018 se hubiera devengado a partir del 5 de julio de 2018.

– Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el segundo y restantes pagadores superen los 1.500 €.

– Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias.

– Que el pagador no tenga obligación de retener.

– Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Nota: Tienen la consideración de rendimientos del trabajo sometidos a un tipo fijo de retención:  las retribuciones percibidas por la condición de administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos (retención del 35% o del 19% cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros), así como los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación (retención del 15%).

B) Rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones sean inferiores a 1.600 €.

Nota: Se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.  Cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía a integrar en la base imponible la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la obligación de declarar.

C) Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas (estas con efectos desde el 01-01-2018), con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

D) Tampoco existe obligación de declarar: Cuando se obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 € y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 €, en tributación individual o conjunta.

Atención. A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las rentas sujetas al nuevo Gravamen especial sobre determinadas loterías y apuestas.

No obstante, aunque no resulten obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.

También estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.

Impuesto sobre el Patrimonio:

Estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros ( a efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta todos los bienes y derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del impuesto, computados sin considerar las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u obliga­ciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo).

Las personas fallecidas en el año 2018 en cualquier día anterior al 31 de diciembre, no tienen obligación de declarar por este impuesto.

Los residentes en territorio español que pasen a tener su residencia en otro país podrán optar por seguir tributando por obligación personal en España por el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de que sean titulares a 31 de diciembre, con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. La opción debe ejercitarse mediante la presentación de la declaración en el primer ejercicio en el que hubiera dejado de ser residente en el territorio español.

Atención: la opción podrá ejercitarse también por aquellos sujetos pasivos que dejaron de ser residentes en territorio español en los ejercicios en los que se eliminó el gravamen sobre el Impuesto sobre el Patrimonio y optaron en su momento por seguir tributando en España por obligación personal.

Asimismo debe tenerse en cuenta la sujeción al Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real de los contribuyentes del IRPF que opten por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de contribuyentes por el IRPF, conforme al régimen especial de los "trabajadores desplazados a territorio español" establecido en el artículo 93 de la LIRPF y las especialidades en la tributación de los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Impuesto Patrimonio.

Principales novedades en la declaración de renta 2018

En cuanto a la declaración del IRPF, destacamos las siguientes novedades:

Deducción de gastos de suministros de la vivienda y de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad económica: con efectos desde el 01-01-2018, los autónomos (empresarios y profesionales) en estimación directa en el IRPF pueden deducirse los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un porcentaje más alto o inferior.

También serán gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto en estimación directa los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que:

• se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería

• se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, y

• con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, esto es, con carácter general, 26,67 € si el gasto se produce en España o 48,08 € si es en el extranjero, cantidades que se duplican, a su vez, si se pernocta como consecuencia del desplazamiento.

Módulos IRPF/IVA 2018: la cuantía de los módulos y los índices de rendimiento neto de las actividades se mantienen para el 2018 y la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. Se modifica el índice de rendimiento neto aplicable en 2017 por la actividad agrícola de obtención de arroz que pasa del 0,37 al 0,32. Este mismo índice es aplicable para 2018.

Se prórroga para 2018 los límites establecidos en 2017 para el régimen de estimación objetiva en el IRPF y para los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA, por lo que se mantendrán, al menos un año más, los límites de 250.000 € y 125.000 €.

Elevación del importe exento de las fórmulas indirectas de servicio de comedor (vales-comidas o cheques-restaurante): con efectos desde el 01-01-2018, se incrementa la cuantía diaria exenta de las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, tales como tickets restaurante, vales comida o documentos similares, tarjetas o cualquier medio electrónico de pago que se entregan al trabajador, de 9 € a 11 € diarios.

Incrementos en la exención de determinadas becas: con efectos desde el 01-01-2018, se eleva el importe exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar estudios, que pasa a ser de 6.000 € (antes 3.000 €). Esta cuantía se eleva a 18.000 € (antes 15.000 €) cuando la dotación económica compense gastos de transporte y de alojamiento para la realización de estudios reglados, hasta el nivel de máster incluido o equivalente (antes hasta el 2º ciclo universitario). Cuando se trate de estudios en el extranjero el importe exento asciende a 21.000 € (antes 18.000 €). Si el objeto de la beca es la realización de estudios de doctorado, el importe exento alcanza los 21.000 € o 24.600 € cuando se trate de estudios en el extranjero.

Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie: con efectos retroactivos desde el 01-01-2017, se determina que no tendrá la consideración de renta del trabajo en especie la formación recibida por los trabajadores cuando sea un tercero el que financie la realización de los estudios, siempre que el empleador autorice tal participación.

Mínimo familiar por descendientes: con efectos retroactivos desde el 01-01-2017, se extiende el mínimo familiar por descendientes a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guardia y custodia.

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo: Con efectos desde el 05-07-2018 se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, ampliándose los límites máximos que permiten aplicar las distintas cuantías de reducción que a su vez se incrementan para los trabajadores con menores rentas, de forma que los límites establecidos pasan a ser de 16.825 euros y 13.115 euros (anteriormente 14.450 y 11.250 euros) y la cuantía de la reducción pasa de 3.700 a 5.565 euros anuales.

No obstante, se introduce en la LIRPF una disposición adicional para regular esta reducción durante el periodo impositivo 2018, distinguiéndose dos supuestos en función de si el impuesto se hubiera devengado con anterioridad o a partir del 05-07-2018.

Así:

• En el caso de devengo del impuesto con anterioridad al 05-07-2018: la reducción aplicable será la prevista en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017, cuyo esquema es:

Rendimiento neto del trabajo

Otras rentas excluidas las exentas

Reducción

Inferiores o iguales a 11.250 €

Inferiores o iguales a 6.500 €

3.700 € anuales

Entre 11.250 y 14.450 €

Inferiores o iguales a 6.500 €

3.700 € – [1,15625 x (RNT–11.250)] € anuales

Superiores a 14.450 €

Inferiores o iguales a 6.500 €

0

Inferiores o iguales a 16.825 €

Superiores a 6.500 €

0

• En el caso de devengo del impuesto a partir del 05-07-2018: la reducción será la resultante de incrementar la cuantía derivada de la aplicación de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 en la mitad de la diferencia positiva resultante de minorar el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicando la normativa vigente a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción calculada con arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

Deducción por maternidad: Con efectos desde el 01-01-2018, esta deducción se podrá incrementar en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente hubiera satisfecho gastos por la custodia de menores de 3 años en guarderías o centros educativos autorizados, entendiéndose por gastos de custodia las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula, la asistencia, horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no tengan la consideración de rendimientos en especie exentos y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo (extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente).

El incremento de la deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos para tener derecho a la deducción por maternidad y a este incremento, y tendrá como límite para cada hijo tanto las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y mutualidades devengadas en cada periodo impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción, como el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho periodo a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

No obstante, en el periodo impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento podrá resultar de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por maternidad. 

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo:  Con efectos desde el 05-07-2018, se incrementa el importe de la deducción (por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre que forme parte de una familia numerosa, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes, hasta 1.200 euros anuales incrementándose este importe en un 100 por ciento en caso de familias numerosas de categoría especial) hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda.

Con efectos desde 5 de julio de 2018, se incluye un nuevo supuesto al que será aplicable la deducción: por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones previstas para descendiente con discapacidad o ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo, hasta 1.200 euros anuales.

Reglas comunes a ambas deducciones:

• A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el estado civil del contribuyente y el número de hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido para que la familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, se determinarán de acuerdo con la situación existente el último día de mes.

• El importe del abono mensual de la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad será de 100 euros.

• Las cuantías de la deducción prevista en el artículo 81 bis, número 1, letra c) de la LIRPF se incrementarán en 50 euros mensuales por cada uno de los hijos que exceda del número mínimo de hijos exigidos para que la familia haya adquirido la condición de familia numerosa.

• Para el abono anticipado de la deducción por cónyuge no separado legalmente, la cuantía de las rentas anuales a tomar en consideración serán las correspondientes al último período impositivo cuyo plazo de presentación de autoliquidación hubiera finalizado al inicio del ejercicio en que solicita su abono anticipado (para el ejercicio 2018, se tomará como referencia el ejercicio 2016 y para el ejercicio 2019, el ejercicio de referencia será 2017).

• En el período impositivo 2018, estas deducciones se determinarán tomando en consideración sólo meses de agosto a diciembre

Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: Con efectos desde 01-01-2018, se establece una nueva deducción en la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos contribuyentes que no pueden presentar declaración conjunta por residir alguno de los otros miembros de la unidad familiar en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, equiparando así la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España. No obstante, esta deducción no es aplicable cuando alguno de los miembros de la unidad familiar hubiera optado por tributar por el régimen especial para trabajadores desplazados del IRPF o por la opción para contribuyentes en otros Estados miembros de la Unión Europea del IRNR o adolezca de falta de NIF.

El contribuyente de IRPF podrá deducir de la cuota íntegra de su declaración individual el resultado de las siguientes operaciones:

1. Se suman:

– Las cuotas íntegras estatal y autonómica minoradas en las deducciones tanto estatales como autonómicas (arts. 67 y 77 LIRPF) que correspondan a los miembros de la unidad familiar contribuyentes del IRPF, junto con

– Las cuotas del IRNR correspondientes a las rentas obtenidas en territorio español por los miembros no residentes de la unidad familiar.

2. Se determina la cuota líquida total en tributación conjunta de todos los miembros de la unidad familiar como si fueran contribuyentes del IRPF (renta mundial) pero para los miembros no residentes solamente se tienen en cuenta para este cálculo las rentas positivas que excedan de las rentas negativas.

3. Se obtiene la diferencia entre la cuantía resultante del número 1 y la cuota resultante del número 2:

– Si el resultado de la diferencia es negativo, no hay derecho a deducción alguna, porque la tributación conjunta de la totalidad de miembros de la unidad familiar resulta superior a la que corresponde en tributación individual de cada uno de ellos.

– Si el resultado de la diferencia es positivo, la cuantía de dicha diferencia se deducirá de la cuota íntegra estatal y autonómica, una vez efectuadas las deducciones estatales y autonómicas que correspondan (arts. 67 y 77 LIRPF) aplicando las siguientes normas:

1. Uno. Se minorará la cuota íntegra estatal del IRPF en la proporción que representen las cuotas del IRNR respecto de la cuantía total prevista en el número 1 anterior, y el resto minorará la cuota íntegra estatal y autonómica por partes iguales.

2. Dos. Si son varios los contribuyentes integrados en la unidad familiar, la minoración se hará de forma proporcional.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla: Con efectos desde 01-01-2018, se eleva del 50 al 60 por ciento el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, tanto para los contribuyentes residentes en Ceuta y Melilla, como para los no residentes en dichos territorios que hubieran obtenido rentas en ellos.
Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación: Con efectos desde el 01-01-2018, se aumenta del 20 al 30% el porcentaje de esta deducción por las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que cumplan los requisitos.  Se aumenta también la base máxima de deducción, que pasa de 50.000 a 60.000 euros anuales, y que estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas

Obligación de declarar: Con efectos desde 01-01-2018, se modifica la obligación de declarar, estableciendo dos modificaciones:

• Dentro del límite conjunto excluyente de la obligación de declarar previsto en el artículo 96.2.c) de la LIRPF para las rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado previsto de 1.000 euros anuales, se incluyen también las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas.

• El límite excluyente de la obligación de declarar en el caso de percibir rendimientos del trabajo previstos en el artículo 96.3 de la LIRPF (procedan de más de un pagador salvo las excepciones señaladas, pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, el pagador no esté obligado a retener o sean rendimientos sujetos a tipo fijo de retención) se eleva a 14.000 euros (con anterioridad el límite era de 12.000 euros).

Se establece también un régimen transitorio para la obligación de declarar en el período impositivo 2018, de tal forma que cuando el impuesto correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (5 de julio de 2018), el límite de 14.000 euros señalado en el párrafo anterior será de 12.643 euros.

Presentación de la declaración: desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la AEAT.

TEXTO COMPLETO:

Inspección farmacéutica. Sanidad exterior

Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en frontera por la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior.

Modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018

Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y protección social

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Mediante este Real Decreto-Ley 8/2019 (en adelante, RDL 8/2019), se regulan una serie de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, entre las que destacan las nuevas obligaciones sobre el registro obligatorio de jornada, junto con nuevas medidas de fomento del empleo indefinido, protección social y en relación al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Hay que tener en cuenta que esta norma, deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la citada norma (al haberse disuelto el Congreso de los Diputados el pasado 5 de marzo de 2019).

A continuación, se realiza un análisis sucinto y breve de sus principales modificaciones.

Entrada en vigor

De acuerdo con su disposición final sexta, la norma entró en vigor, con carácter general, el día 13 de marzo de 2019.

No obstante, las reformas acerca de prestaciones familiares de la Seguridad Social; protección social en el sector marítimo; conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en indefinidos o fijos-discontinuos, y bonificaciones por contratación de desempleados de larga duración, entrará en vigor el 1 de abril de 2019, siendo el primer día del mes siguiente a su publicación.

La modificación sobre el registro obligatorio de jornada entrará en vigor a los dos meses de su publicación, esto es, el día 12 de mayo de 2019.

A.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

A.1. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años

Se modifica la Ley General de Seguridad Social (LGSS) para recuperar el derecho al subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, edad que se había incrementado a 55 por el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio. Esa recuperación pasa por seis cambios en los arts. 274 y siguientes de la LGSS:

  • Reducción de la edad de acceso de 55 a 52 años.
  • Supresión del requisito de tener cumplida la edad de 52 años en el momento del hecho causante del subsidio, permitiendo el acceso cuando se cumpla esa edad y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.
  • Incremento de su duración máxima, de modo que, si antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, se percibirá hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
  • Eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio, y tomar únicamente las de la persona solicitante para determinar si procede la concesión.
  • Incremento de la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del 100 al 125 por ciento del tope mínimo de cotización vigente en cada momento; y
  • Eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.

Las modificaciones relativas al subsidio para mayores de 52 años se aplicarán a los derechos al subsidio que nazcan o se reanuden a partir del 13 de marzo de 2019, así como a los que en dicha fecha se estén percibiendo por sus beneficiarios. Las modificaciones relativas a la cotización durante la percepción del subsidio del 100 al 125 por ciento del tope mínimo de cotización vigente se aplicarán desde el día 1 de abril (día primero del mes siguiente a la entrada en vigor del RDL), en relación con los beneficiarios que en dicha fecha estén percibiendo el subsidio por desempleo y a los que, a partir de la misma, lo obtengan o lo reanuden.

A.2 Prestaciones familiares de la Seguridad Social

Mediante el artículo 2 del RDL se incrementa el importe de la asignación económica por hijo a cargo (que llevaba congelada desde su establecimiento en el ejercicio 1992), al tiempo que se establecen prestaciones de importe superior en aquellos núcleos familiares con menores ingresos.

Así, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en el capítulo I del título VI de la LGSS serán los siguientes:

1. Con carácter general, el importe de la asignación económica por hijo o menor a cargo, con menos de 18 años y no discapacitado, se sitúa en 341 euros/año.

El acceso al reconocimiento y el percibo de estas prestaciones quedan condicionados a la acreditación de ingresos (por parte del beneficiario/beneficiarios) que no superen un determinado límite que se sitúa en 12.313,00 euros anuales19 y, si se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido

2. Sin perjuicio de lo anterior, y como novedad, la cuantía de la asignación económica establecida citada será en cómputo anual de 588 euros en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores según la siguiente escala:

Integrantes del hogar

Intervalo de ingresos

Asignación íntegra anual euros

Personas > = 14 años (M)

Personas < 14 años (N)

1

1

4.679,99 o menos

588 x H

1

2

5.759,99 o menos

588 x H

1

3

6.839,99 o menos

588 x H

2

1

6.479,99 o menos

588 x H

2

2

7.559,99 o menos

588 x H

2

3

8.639,99 o menos

588 x H

3

1

8.279,99 o menos

588 x H

3

2

9.359,99 o menos

588 x H

3

3

10.439,99 o menos

588 x H

M

N

3.599,99 + [(3.599,99 x 0,5 x (M-1)) + (3.599,99 x 0,3 x N)] o menos

588 x H

Beneficiarios:
H = Hijos a cargo menores de 18.
N = número de menores de 14 años en el hogar.
M = número de personas de 14 o más años en el hogar.

Se mantienen las cuantías del resto de las asignaciones familiares, establecidas en el Real Decreto-Ley 28/2018.

Los nuevos importes de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo no discapacitado, recogidas en el artículo 2 del RDL, entran en vigor el día primero del mes siguiente a su publicación, es decir, el día 1 de abril de 2019, conforme prevé el apartado 3 de la disposición final sexta del mismo.

A.3. Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, modificó, entre otros aspectos, la determinación de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común, de modo que el importe de la misma pasaba a depender, además de otros elementos, del período de cotización acreditado por la persona incapacitada, considerando también como período cotizado el que faltase, en el momento del hecho causante, para alcanzar la edad ordinaria de jubilación, en la forma que, en la actualidad, recoge el artículo 197 de la LGSS.

Dado que, en los supuestos de afiliación tardía al sistema, la nueva forma de determinación de la base reguladora de las pensiones señaladas, podía dar lugar a prestaciones de importe reducido, en especial cuando el grado de incapacidad a reconocer era el de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la misma Ley 40/2007 estableció una garantía mínima de esta clase de pensión, de forma que la cuantía de la misma no podría resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, vigente en cada momento.

El apartado seis de la disposición final segunda del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo modificó dicha garantía (dando nueva redacción al art. 196.2 LGSS) de modo que la garantía de la pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual, derivada de enfermedad común, pasa a referenciarse al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de titulares menores de 60 años con cónyuge no a cargo, pensión mínima que, para el ejercicio de 2019, se situaba en 5.838,00 euros/año.
Pues bien, el artículo 3 del RDL modifica de nuevo el importe de la pensión mínima, estableciendo que durante el año 2019 las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para menores de sesenta años del sistema de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas en los importes siguientes:

Incapacidad permanente

Con cónyuge a cargo

Euros/año

Sin cónyuge: unidad económica unipersonal

Euros/año

Con cónyuge no a cargo

Euros/año

Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años.

6.991,60

6.991,60

6.930,00

El incremento se justifica en la introducción por la especial situación de estas personas, cuyas dificultades de poderse reincorporar al trabajo son claras y manifiestas, por una parte, y en el hecho de que les afecta la subida del SMI para 2019 que se ha traducido en materia de Seguridad Social en la subida de la cuantía de la base mínima de cotización, y de ahí el incremento de la cuantía de la pensión.

A.4. Protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo-pesquero

Por medio de la modificación de los artículos 4, 24 y 25 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, se adecúa el catálogo de prestaciones a las novedades reguladas por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Se introduce a nueva prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, así como se adecuan las referencias a maternidad y paternidad a la nueva denominación de nacimiento y cuidado del menor, remitiendo, para su regulación a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

A.5. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social

Se modifica el artículo 5 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (que reguló, para el ejercicio 2019, entre otros, la cotización aplicable en el sistema especial del Régimen General de los trabajadores por cuenta ajena agrarios), para paliar los efectos de los incrementos de la base mínima de cotización, de modo que, con efectos desde el 1 de enero de 2019, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2018, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2019 una reducción del 14,6%.

A.6. Inactividad de artistas en espectáculos públicos

Se modifica el apartado 1 del artículo 249 de la LGSS, a efectos de ampliar el plazo de solicitud de la situación de inactividad de artistas en espectáculos públicos.

Hay que recordar que conforme al artículo 249.ter de la LGSS, los artistas en espectáculos públicos pueden continuar incluidos, de forma voluntaria, en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad, siempre que acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en el año natural anterior y las retribuciones percibidas por esos días superen la cuantía de tres veces el SMI, en cómputo mensual.

La inclusión –que resulta incompatible con la inclusión del trabajador en cualquier otro régimen del sistema de la Seguridad Social, con independencia de la actividad de que se trate– ha de solicitarse por la persona interesada a la TGSS entre los días 1 y 15 de enero de cada año y, de reconocerse, surte efectos desde el 1 de enero del mismo año.

Además, en la disposición transitoria única del Real Decreto-Ley 26/2018 se establecía que en el año 2019 la solicitud de inclusión en el Régimen General como artista en inactividad, regulada en este nuevo artículo 249 ter, podría realizarse hasta el 31 de marzo.

Por ello, se amplía ahora ese plazo de solicitud a cualquier momento del año, dotando así de eficacia a las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, que a su vez daba cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de septiembre de 2018.

Se considera que el establecimiento de una fecha cerrada de solicitud no atiende correctamente a las necesidades del colectivo, reduciendo el nivel mínimo de ingresos necesarios para continuar en la Seguridad Social, en la situación señalada, en los siguientes términos:

a) Los artistas en espectáculos públicos pueden continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en los 12 meses naturales anteriores a aquel en que soliciten dicha inclusión a la TGSS.

b) Para quedar incluido en el sistema de Seguridad Social en los periodos de inactividad es necesario que, en los días de trabajo de los 12 meses anteriores, las retribuciones percibidas superen dos veces el SMI en cómputo mensual.

c) La inclusión ha de solicitarse a la TGSS en cualquier momento y, de reconocerse, tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la solicitud.

d) La inclusión no procederá cuando previamente se hubiera producido la baja de oficio, por falta de abono de las cuotas correspondientes a períodos de inactividad durante dos mensualidades consecutivas y el solicitante no se encontrase al corriente en el pago de las cuotas debidas.

El apartado 2 de la disposición derogatoria única del RDL deroga la transitoria única del Real Decreto-Ley 26/2018 desapareciendo la limitación de plazo prevista este ejercicio (hasta 31 de marzo) para solicitar la inclusión en el Régimen General como artista en inactividad.

B. MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO

B.1 Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos

Se articula el «Plan de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos» que incluye a los trabajadores fijos-discontinuos, posibilitando a las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, al bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización –mensual o por jornadas reales trabajadas–. Además, con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.

Atendiendo a la nueva regulación, las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, que transformen, antes del 1 de enero de 2020, los contratos de trabajo de duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la fecha de su celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, durante los dos años siguientes a la transformación del contrato:

a) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, con cotización por bases mensuales, y que tengan una base de cotización mensual inferior a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/año). En el caso de trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros/mes (640 euros/año).

b) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria sea inferior a 81 euros, la bonificación será de 2 euros/día. En el caso de trabajadoras, las bonificaciones serán de 2,66 euros/día.

c) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de cotización entre el 2 y el 11, que tenga una base de cotización mensual inferior a 1.800 euros o una base diaria inferior a 81,82 euros, la bonificación se corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere 88,15 euros/mes, o 4,01 euros por jornada real trabajada. En el caso de trabajadoras, la bonificación se corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no supere 58,77 euros/mes, o 2,68 euros por jornada real trabajada.

Las bonificaciones previstas no serán de aplicación durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como nacimiento y cuidado del menor causadas durante la situación de actividad (art. 5.7 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre).

Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de transformación del contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro del incentivo.

B.2 Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración

Se introduce una bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración. De esta manera, se pretende incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, mediante una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Para la aplicación de dicha bonificación, se establece que se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral.

Los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante tres años.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.

Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, dos años desde la celebración del mismo. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder al reintegro del incentivo.

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato o por resolución durante el período de prueba.

B.3 Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística

Se establece una medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, dada la no aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, medida que, desde hace varios ejercicios económicos, se viene recogiendo en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Así, las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Esta medida será de aplicación desde el 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2019.

C. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

C.1. Registro de jornada

Esta es sin duda una de las principales novedades introducida por el RDL 8/2019 y que afecta a la modificación del artículo 34 del ET.

Por un lado, se modifica el apartado 7 del mencionado precepto, ampliando su contenido y estableciendo la posibilidad del Gobierno de establecer –además de las ya previstas ampliaciones sobre limitaciones de la jornada de trabajo y de los descansos- especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran. Ello, a propuesta de la titularidad del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y siempre previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Se añade por tanto a las facultades preexistentes del Gobierno en materia de jornada u ordenación del tiempo de trabajo, las consiguientes en lo que respecta al registro de la jornada de trabajo.

Y por otro, se amplía el artículo 34 del ET mediante un nuevo apartado 9 en cuya virtud se establece la obligación empresarial de garantizar el registro diario de jornada en el que se regula la articulación y requisitos mínimos del mismo.

En concreto, se establece la obligación de:

  • Las empresas de garantizar el registro horario de la jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que establece en propio precepto estatutario.
  • Organizar y documentar el registro de jornada bien mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, mediante decisión del empresario previa consulta con los representantes de los trabajadores en la empresa.
  • Conservar los registros durante 4 años y tenerlos a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La entrada en vigor de esta obligación se posterga a un plazo de dos meses desde la publicación en el BOE, es decir, el 12 de mayo de 2019 (disposición final sexta RDL 8/2019).

Por último, hay que señalar que la norma modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tipificando como infracción grave la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en esta materia.

Ello implicará que podría derivarse propuesta de sanción con causa tanto en la no instauración del registro de jornada, como en un incumplimiento referido a la conservación de los datos del registro, o a la participación de los representantes legales de los trabajadores en su confección. Recordemos que la sanción derivada de una infracción grave en materia de relaciones laborales y empleo podría ser sancionada con una multa de, entre 626 y 6.250€.

C. OTRAS MEDIDAS

C.1 Propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores

El Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La composición y funciones de este grupo de expertos y expertas se determinarán mediante Acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (disposición adicional primera del RDL 8/2019).

C.2 Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes

El Fondo de Apoyo a la acogida e Integración de Inmigrantes se constituyó en 2004 para dotar económicamente y apoyar la acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes, financiando los planes para la inserción social, laboral y educativa para el colectivo, mediante programas de formación, fomento del empleo y mediación intercultural ejecutados por ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos. Tras experimentar en 2010 y 2011 un importante recorte, se suprimió en 2012. Ahora, se recupera, dotándolo de 70 millones de euros para el ejercicio 2019 (disp. adic. segunda del RDL 8/2019).

C.3 Evaluación de las medidas de fomento del empleo indefinido

Con anterioridad al 31 de octubre de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un informe de evaluación del impacto de las medidas de fomento del empleo indefinido incluidas en el capítulo II de este RDL 8/2019.

La evaluación se extenderá al período anterior al de establecimiento de las medidas, de forma que se pueda comparar la evolución del empleo indefinido tanto antes como después de su aplicación, a fin de efectuar un análisis más completo de sus efectos.

En función de los resultados de la evaluación, se adoptarán las medidas de reforma o adaptación que resultan necesarias para favorecer el empleo indefinido en los sectores de actividad y respecto de las personas desempleadas a que se refiere el citado capítulo (Disp.adic.tercera 8/2019).

C.4 Sistema Nacional de Garantía Juvenil

A través de disposición final primera, el RDL 8/2019 modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, afectando al Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNJG) en los siguientes aspectos:

  • El ámbito de aplicación, y por tanto, uno de los requisitos exigidos para la inscripción en el fichero del sistema, se extiende a los jóvenes menores de 30 años, de forma que quedan comprendidos los mayores de 16 y menores de la edad referida, ahora sin condicionantes adicionales ni tramos intermedios en los que se exija que la tasa de desempleo supere umbral alguno [nueva redacción de los arts. 88 y 97 c) y derogación de la disp. adic. 28ª Ley 18/2014].
  • Este límite de 30 años: será de aplicación tanto a los jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero del SNGJ, como a aquellos que hayan solicitado su inscripción, con anterioridad al 13 de marzo de 2019 (fecha de entrada en vigor del RDL 8/2019) y se aplicará para beneficiarse de una acción derivada del mismo con anterioridad a esa misma fecha (disp. trans. primera RDL 8/2019).
  • Se facilitan las vías de inscripción en el sistema, de forma que cuando se produzca la inscripción o la renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo, será éste quien propondrá la inscripción en el SNGJ, tomándose como fecha de solicitud la que dicho servicio estime oportuna dentro del periodo de vigencia de la demanda (nueva redacción del art. 98.5 Ley 18/2014).
  • La baja en el sistema se producirá de oficio cuando hayan transcurrido 4 meses desde que el inscrito cumpla 30 años (en coherencia con la ampliación del ámbito de aplicación visto). No obstante, no serán dados de baja si están recibiendo algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106 de la Ley 18/2014, siempre que –y aquí reside la novedad– hubieran sido previamente consignadas en el sistema conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 100 de la repetida Ley 18/2014 (nueva redacción del art. 101.4 Ley 18/2014).
  • Se modifica el ámbito en el que se llevará a cabo la coordinación y seguimiento del SNGJ, que pasa a depender del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, donde, a partir de ahora, se ubica la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Empleo (nueva redacción del art. 112 Ley 18/2014).

C.5 Prestación de paternidad

Se incluyen aclaraciones sobre el Decreto-Ley 6/2019, que amplía el permiso de paternidad: establece que hasta el 1 de abril la prestación de paternidad permanecerá como hasta antes de la reforma y que los tiempos en los que se aplique la reducción de jornada por cuidado de lactante (o por cuidado de menor) computarán de cara a las prestaciones como si se hubiera mantenido la jornada normal.

Así, con efectos de 8 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2019, seguirá siendo de aplicación el régimen jurídico de la prestación de paternidad contenido en el Capítulo VII del Título II de la LGSS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su redacción vigente a 7 de marzo de 2019 (disposición transitoria tercera RDL 8/2019).

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