Módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz

Orden JUS/1185/2018, de 2 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

Procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado

Orden PCI/1187/2018, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.

Autorización a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca.

Calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.

Metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares

Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares.

Retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del personal al servicio de la Administración de Justicia

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Administración de Justicia, sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del personal al servicio de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea

Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre.

Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio

Real Decreto 1267/2018, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Adquisición de mercancías en moneda extranjera. NRV 10ª y NRV 11ª.

Sobre el tratamiento contable a aplicar en relación con el tipo de cambio que debe emplearse para contabilizar la importación de unas mercancías.

El consultante pregunta sobre el tipo de cambio que debe emplearse para contabilizar las mercancías adquiridas y, en particular, si debe aplicarse el tipo de cambio de contado existente en la fecha del Documento único administrativo (DUA) o si se debe utilizar el tipo de cambio de contado en la fecha de la factura.

La norma de registro y valoración (NRV) 10ª. Existencias del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, establece en su apartado 1.1 que:

“El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.”

Asimismo, se estipula que: “El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias sólo se incluirá en el precio de adquisición cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública.”

Por tanto, con independencia del precio que se establezca oficialmente a efectos tributarios en la Aduana, desde el punto de vista contable el precio de adquisición será el consignado en factura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se encuentren en almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, entre otros, e incluidos los impuestos que graven la adquisición y no sean recuperables de la Hacienda Pública.

Por otra parte, las transacciones en moneda extranjera se regulan en la NRV 11ª del PGC. En relación con el tratamiento de estas transacciones la citada norma incorpora dos apartados dedicados a determinar la valoración inicial y la valoración posterior de las partidas.

En cuanto a la valoración inicial, toda transacción en moneda extranjera, ya se trate de una partida monetaria o una partida no monetaria, se convertirá a moneda funcional (euro), aplicando al importe en moneda extranjera, el tipo de cambio de contado, es decir, el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento, establecidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad recogido en la primera parte del PGC.

Por lo tanto, en el caso planteado en la consulta, el gasto por compras y la partida de proveedores en moneda extranjera se valorarán al tipo de cambio de contado que hubiera en el momento de la compra (fecha de la transacción). Posteriormente, cuando se pague la correspondiente factura, o, al cierre del ejercicio, se deberá aplicar el tipo de cambio de contado en esa fecha, y la diferencia, positiva o negativa, que surja por la variación del tipo de cambio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En consecuencia, las mercancías importadas se incorporarán al inventario valoradas al tipo de cambio de contado que hubiera en el momento de la compra (fecha de la transacción). Este valor se incrementará en el importe de los aranceles que se liquiden por la aduana.

Medidas urgentes en materia de carreteras

Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras.

El pasado 8 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras. Este Real Decreto-ley se dicta por razones de extraordinaria y urgente necesidad modificando la actual Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Razones que explican la modificación con extraordinaria y urgencia necesidad

Desde el Ministerio de Fomento, previa deliberación del Consejo de Ministros, se considera que existen suficientes razones de extraordinaria y urgente necesidad para la modificación de la Ley de carreteras mediante Real Decreto-ley. Estas razones son dispares, pero a nivel de ciudadanía, las más importantes son las que afectan, principalmente, a la seguridad vial y medioambiental, a la propia seguridad ciudadana y la protección de los usuarios ante la negligencia de los concesionarios de carreteras.

Para entender la consideración de un Real Decreto-ley, éste se constituye como un instrumento constitucionalmente lícito, para conseguir los fines que justifica la legislación de urgencia. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, lo considera como un instrumento para subvenir a una situación concreta que, dentro de los objetivos gubernamentales y que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Así, todas las medidas que se adoptan en este Real Decreto-ley se ajustan a los presupuestos habilitantes para su aprobación del artículo 86 de la Constitución Española, además, de ajustarse a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Del contenido del Real Decreto-ley se desprende, en primer lugar, el desvío de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje para poder disminuir la siniestralidad, que, cada día, alberga niveles más avanzados en determinados tramos de carreteras convencionales, así como para disminuir las congestiones de tráfico que estos vehículos ocasionan.

Es motivo de urgente y extraordinaria necesidad, con un “plus” jurisprudencial añadido, el aseguramiento de un deber de vigilancia reforzada que los concesionarios de autopistas han de soportar ante nevadas u otras situaciones meteorológicas adversas. Con ello, y por tener la consideración de garantes de la seguridad vial, se modifica la Ley de carreteras para tipificar como infracción muy grave la eventual negligencia que los concesionarios de carreteras ocasionan, provocando un perjuicio significativo a los usuarios.

También se reforma la Ley de carreteras para dar cobertura de rango legal al cobro de peajes por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. (SEITTSA), para que pueda asumir, en su caso, la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido o que reviertan al Estado. Para que el Estado español pueda continuar con la explotación de determinadas autopistas y, al mismo tiempo, le esté permitido, en su caso, continuar con la explotación de otras, se hace necesario que SEITTSA pueda percibir los nuevos peajes que apruebe el Gobierno. Adicionalmente, para evitar la dispersión normativa en la regulación de SEITTSA en relación a la gestión y construcción de carreteras, se unifica esta cobertura legal con la de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, procediendo a derogar el artículo 158 de la misma. La urgencia se justifica en que no es posible la tramitación de un proyecto de ley de forma que esté en vigor antes del fin de la vigencia del convenio de gestión suscrito con SEITTSA, el 31 de diciembre de 2018.

Finalmente, la Ley de carreteras también se modifica para permitir al Estado la aprobación de los proyectos de construcción con declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. El objetivo es no demorar la realización de las obras en los casos que así fuese necesario, evitando, retrasos que ocasionen un perjuicio para el interés general y el grado de afectación que sufren los usuarios por las obras de carreteras. Tal y como expresa el Real Decreto-ley, “las razones que justifican la urgencia de esta modificación derivan de la necesidad de que a los próximos proyectos de construcción de carreteras les resulte de aplicación la previsión de forma inmediata con la finalidad de asegurar el cumplimiento del interés público de su construcción sin necesidad de someter caso a caso la declaración de utilidad pública o interés social. La redacción actual del artículo 12 de la Ley de carreteras, obliga a la realización de una serie de trámites administrativos adicionales para cualquier tipo de obra de carreteras, con independencia de su envergadura y fin principal. Existen en particular obras de escasa cuantía económica, pero que inciden de manera importante en la seguridad vial, tales como: actuaciones en Tramos de Concentración de Accidentes, mejoras locales de trazado, mejora de intersecciones y enlaces, etc. y cuya contratación es urgente, dada su incidencia en la seguridad. La tramitación ordinaria de la modificación de la Ley requeriría de unos plazos mucho más dilatados con el consiguiente retraso en la puesta en servicio de estas actuaciones y el retraso en la consecución de las mejoras de la seguridad vial”.

Modificaciones

El Real Decreto- ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras establece un único artículo modificando la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, de la forma que a continuación se detalla:

1. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que hace referencia a la aprobación de los proyectos de construcción para que el Estado pueda declarar la urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios.

2. Se añade un apartado 6 al artículo 38, sobre el desvío de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje.

3. Se añade una nueva letra k) al apartado 2 del artículo 41, referente al deber de vigilancia reforzada de los concesionarios de autopistas.

4. Se añade una nueva disposición adicional séptima, que versa sobre la gestión directa de la construcción y/o explotación de las carreteras estatales por SEITTSA.

5. Y, por último, se añade una nueva disposición transitoria tercera, sobre el régimen sancionador de las concesiones.

TEXTO COMPLETO: