Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación

Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Para ponernos en antecedentes la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, habilitó al Ministro de Justicia para aprobar los modelos de presentación de cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil.

En uso de esta habilitación, se dicta la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. A su vez, la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, habilitó al Director General de los Registros y del Notariado para que apruebe las modificaciones que exijan los modelos como consecuencia de reformas puntuales de la normativa contable. Y en uso de esta última habilitación, se aprueba la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo.

A su vez, el pasado 07 de mayo de 2021 la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sometió a trámite de audiencia los Borradores de Órdenes por la que aprobarían los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil, tanto de las cuentas anuales normales como de las consolidadas. Centrándonos en las consolidadas, en el BOE del día 26 de julio de 2021 se ha publicado la Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Novedades en relación con los modelos anteriores

La presente orden contempla, en primer lugar, la previsión del depósito de cuentas consolidado mediante la utilización del formato electrónico único europeo. Así, cuando el grupo sujeto a la obligación de depositar las cuentas anuales consolidadas decida presentarlas en formato electrónico único europeo, por aplicar las normas internacionales de contabilidad NIC/NIIF, deberá realizarlo mediante la generación del fichero correspondiente, que deberá cumplir las normas y especificaciones de acuerdo a la Taxonomía XBRL del formato ESEF, que se encuentra publicada en la siguiente página web de la European Securities and Markets Authority (ESMA): https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2020.

Los requisitos técnicos que debe cumplir dicho fichero se encuentran definidos en la ESEF Conformance Suite, https://www.esma.europa.eu/document/conformance-suite-2020, que consiste en un conjunto de estructuras y ejemplos en formato XBRL, acompañados de un fichero Excel que describe las guías y reglas que debe cumplir un archivo en este formato electrónico único.

Atención: se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (NIC), las NIC sólo son aplicables de forma obligatoria para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas si, a la fecha de cierre del ejercicio, la sociedad que elabora dichas cuentas ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la UE.

En segundo lugar, en relación con la utilización de los modelos actualmente vigentes para el depósito de las cuentas consolidadas, en la presente orden se contemplan dos novedades.

La primera novedad se refiere a la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido sus cuentas anuales a auditoría, acordándose la inclusión de la fecha de emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria- realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de auditoria que ha emitido el informe, contemplando a su vez la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.

La segunda se refiere a un aspecto muy importante de la documentación de las cuentas anuales en el modelo actualmente vigente que es el relativo a la información no financiera de las sociedades obligadas a su presentación tras la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Teniendo en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 262.5 se refiere a esta obligación apuntando la posibilidad de incluirlo en el informe de gestión o bien elaborarlo por separado, el artículo 49.6 y 9 del Código de Comercio resalta por un lado, la importancia de que dicho informe sobre información no financiera sea presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en la junta general de accionistas de las sociedades y por otro, la autonomía e independencia del informe de gestión propiamente dicho con referencia concreta al estado de información no financiera, la puesta a disposición del público de forma gratuita y fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de cinco años.

Así, el contenido específico del mismo, distinto del informe de gestión, y la expresa diferencia de consideración jurídica, que implican y resaltan su singularidad, justifican su posible tratamiento como documento independiente. La información no financiera forma parte del informe de gestión, pero su especificidad fundamenta la posibilidad, como se contempla expresamente, de separarlo del mismo, a modo de anexo, sin que deba tener la consideración de documento independiente del informe de gestión. La enorme importancia de esta información no financiera y la posibilidad de su posterior utilización para la confección de estudios económicos o estadísticos sobre su contenido hacen necesaria su separación, aunque meramente formal, a los solos efectos de la presentación de las cuentas anuales. Dicha separación facilitará ese tratamiento informático posterior.

BOE:

Aprobados los nuevos modelos de cuentas anuales 2021

Se ha llevado a cabo la publicación de los nuevos modelos de cuentas anuales cuya entrada en vigor se produce al día siguiente de su publicación. Sin embargo, se establece un período transitorio en la Disposición Transitoria primera (de ambas normas y para ambos modelos).

«Los sujetos obligados podrán seguir utilizando los modelos y formatos electrónicos aplicables con anterioridad a la vigencia de la presente orden ministerial para la presentación de las cuentas anuales de ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2020.

No obstante, se permitirá la utilización de los modelos aprobados por la Orden y Resolución que ahora se derogan, siempre que la aprobación de las cuentas y su depósito en el Registro Mercantil competente se haya efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden».

Así, las modificaciones introducidas en los modelos son las siguientes:

Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación
(Modelo normalizado ABREVIADO)

En la presente orden se recogen fundamentalmente tres novedades con relación al modelo actualmente vigente:

  • La primera de ellas es la relativa a una cuestión de detalle en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido sus cuentas anuales a auditoría.
  • El segundo punto nuevo de los señalados se refiere a la información no financiera. Un aspecto muy importante de la documentación de las cuentas anuales en el modelo actualmente vigente es el relativo a la información no financiera de las sociedades obligadas a su presentación. En particular, se hace referencia a la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera y su publicación en la página web de la sociedad, cuestión dirimida por Resolución del ICAC Número BOICAC 125/Marzo 2021-3.
  • El tercer punto versa sobre la introducción, con carácter excepcional y transitorio, en el modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja de declaración COVID 19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas. Dicha hoja permitirá analizar a nivel granular empresarial los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en marcha, lo que resultará de enorme interés para unidades ministeriales y áreas de investigación de la Administración pública a las que se dé acceso a estos datos.

 
Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
(Modelo normalizado CONSOLIDADO)

La orden contempla, en primer lugar, la previsión del depósito de cuentas consolidado mediante la utilización del formato electrónico único europeo. Así, el uso del formato electrónico único de presentación de información para los informes financieros anuales, permite a los Estados miembros poder posponer un año la aplicación del requisito de elaboración y divulgación de informes financieros anuales empleando el formato electrónico único de presentación de información. Para hacer uso de tal posibilidad, el Estado miembro ha de notificar a la Comisión su intención de autorizar dicho aplazamiento, y dicha intención ha de estar debidamente justificada.

El 12 de febrero de 2021, España comunicó que optaría por el diferimiento por un año de la obligación de presentar el informe financiero anual en el Formato Electrónico Único Europeo.

En segundo lugar, en relación con la utilización de los modelos actualmente vigentes para el depósito de las cuentas consolidadas, la presente orden contempla dos novedades:

  • La primera de ellas se refiere a una cuestión de detalle en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas de las sociedades que han sometido sus cuentas anuales a auditoría. De esta manera, se ha acordado la inclusión, en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas, de la fecha de emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria- realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de auditoria que ha emitido el informe, contemplando a su vez la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora.
  • La segunda modificación atañe a la constancia de la información no financiera (tal y como se recoge en la resolución del ICAC anteriormente citada).

INSST. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (actualizada)

Mediante un comunicado en su página web el INSST ha notificado la actualización de la «guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo».

Dentro de los criterios y recomendaciones facilitados para la aplicación del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, de carácter no vinculante, resulta de especial interés en lo referente a la evaluación del riesgo por presencia de atmósferas explosivas y en lo que concierne a medidas preventivas y de protección aplicables.

La guía se estructura en tres partes:

1. Se recoge el articulado y las disposiciones adicional, transitoria y finales junto con las aclaraciones de los conceptos relevantes. En la segunda parte,

2. Se abordan los apartados de los anexos del real decreto desde un punto de vista más técnico.

3. Se desarrollan los aspectos considerados excesivamente amplios para ser intercalados en el apartado correspondiente o para los cuales se ha considerado necesario un desarrollo técnico de mayor profundidad como puede ser la clasificación en zonas de riesgo de atmósferas explosivas.

La actualización responde al cumplimiento de la D.F. 1.ª del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio y tiene el objeto de incorporar los cambios normativos y legislativos que han tenido lugar desde su última actualización en el año 2009. Entre otros aspectos, se han modificado los comentarios relativos al artículo 5 («Obligaciones generales»), a la Disposición adicional única («Aplicación a los equipos de trabajo destinados a ser utilizados en lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas y que ya se estén utilizando») y al contenido de los apéndices 4 («Equipos para uso de atmósferas explosivas») y 5 («Fuentes de ignición. Electricidad estática»). También se ha tratado de simplificar y aclarar el contenido del apéndice 1(«Funciones y la cualificación preventiva»).

Preguntas frecuentes sobre la Ley de lucha contra el fraude fiscal

Ante la reciente aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Agencia tributaria ha publicado un documento que da respuesta a las principales preguntas frecuentes de los ciudadanos en esta materia.

Modelo 720. Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Sanciones desproporcionadas

Ya se han publicado las Conclusiones del Abogado General presentadas el 15 de julio de 2021, en el Asunto C 788/19 de la Comisión Europea contra el Reino de España sobre la conformidad al Derecho de la Unión Europea de las sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar algunos de sus bienes y derechos situados en el extranjero (obligación que se cumple en España mediante el «modelo 720»).

De esta forma, la normativa reguladora de la obligación de declarar bienes en el extranjero, en su redacción actual, puede ser declarada ilegal.

En febrero del año 2013, se denunció ante la Comisión Europea, la normativa española que obliga a declarar bienes en el extranjero, modelo 720, argumentando que el régimen sancionador previsto era tan duro que suponía un obstáculo y una restricción a la libre circulación de las personas establecida en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la libre circulación de capitales garantizada por el artículo 63.

En diciembre de 2014 la Comisión Europea informó sobre las conclusiones de su investigación señalando que hay dos aspectos del modelo 720 que pueden vulnerar el derecho de la Unión Europea: el desproporcionado régimen sancionador y la imputación como ganancias de patrimonio no justificadas de los activos no declarados en plazo sin posibilidad de alegar prescripción.

El 19 de noviembre de 2015 se remitió una carta de emplazamiento notificando el inicio de un procedimiento de infracción (2014/4330) contra España y concediendo a España un plazo de dos meses para responder, hasta el 19 de enero de 2016. España solicitó su ampliación y presentó en marzo de 2016 unas extensas alegaciones.

El 15 de febrero de 2017 la Comisión ha remitido a las autoridades españolas un dictamen motivado en el que les requiere para que modifiquen sus normas referidas a las sanciones por la no presentación o no presentación en plazo o con datos falsos de la declaración (modelo 720) sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo. La Comisión considera que las multas impuestas en el caso de incumplimiento son desproporcionadas. Además, como son mucho más altas que las sanciones aplicadas en una situación puramente nacional, pueden impedir a las empresas y a los particulares invertir o trasladarse a través de las fronteras en mercado único. Por lo tanto, entienden que estas disposiciones son discriminatorias y están en conflicto con las libertades en la UE.

Las primeras manifestaciones de las autoridades tributarias de España tras el Dictamen hablaban de bajar el importe de las sanciones, pero posteriormente han defendido que se ha sancionado en pocas ocasiones, y que se seguirá haciendo porque se trata de contribuyentes que teniendo bienes y derechos fuera de España no han querido declararlos nunca.

También en ese momento, se oficializó a través de la Dirección General de Tributos la consulta V1434-17, de seis de junio.

Si la postura final del Gobierno de España es mantener la normativa, sin modificar nada, presumiblemente existirá en el futuro una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre el tema.

El Tribunal de Luxemburgo ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre medidas comparables, considerando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que:

• Las medidas administrativas o represivas que permite una normativa nacional no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimos de dicha normativa.

• El principio de proporcionalidad no solo rige en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción, sino también en cuanto atañe a la determinación de las normas relativas a la cuantía de las multas y a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijarlas.

• La gravedad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que dichas sanciones castigan.

Y de ahí se concluye que existe un incumplimiento de la libre circulación de capitales por parte de estos regímenes sancionadores abusivos.

Finalmente, en 2019, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la imposición de sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles por no comunicar los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE y del EEE.

La Comisión considera que esas sanciones por cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación legítima de presentar información son desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a empresas y particulares de realizar inversiones o ejercer la libre circulación a través de las fronteras en el mercado único.

Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales en la UE, como la libre circulación de personas, la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales. Dicha decisión de la Comisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 23 de diciembre de 2019.

El 15 de julio de 2021 se han publicado las conclusiones del Abogado General en el asunto C-788/19 de la Comisión Europea contra el Reino de España sobre la conformidad al derecho de la Unión Europea de las sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720), siendo la cuestión central del recurso la proporcionalidad de la normativa controvertida.

El Abogado General propone al TJUE la estimación parcial del recurso. Al respecto, alcanza las siguientes conclusiones sobre las imputaciones realizadas por la Comisión Europea:

• Sobre la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas sin posibilidad de invocar la prescripción.

La Comisión lo considera una medida desproporcionada dado que los instrumentos de intercambio de información existentes a nivel de la Unión Europea permiten a los Estados miembros obtener la información necesaria sobre los bienes y derechos en el extranjero para ejercer el oportuno control fiscal ya que la Directiva 2011/16 cubre ampliamente la información que debe ser declarada mediante el modelo 720, negando el Estado español la suficiencia de dichos medios.

Para el Abogado General, es la Comisión la que debe probar la existencia del incumplimiento alegado sin que, a su juicio, haya aportado al Tribunal los datos necesarios para que éste compruebe la existencia del incumplimiento. Así, y por lo que se refiere a la necesidad del plazo de prescripción controvertido, considera que la Comisión ha aportado la prueba de que va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido únicamente en relación a las cuentas bancarias nuevas, ya que la Administración tributaria española disponía o podía disponer de información suficiente sobre las mismas para liquidar los correspondientes impuestos.

Por ello, propone la estimación parcial de esta primera imputación puesto que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y del artículo 40 del Acuerdo EEE en la medida en que, en caso de incumplimiento o de cumplimiento extemporáneo de la obligación de información relativa a las cuentas bancarias nuevas, la Administración tributaria puede llevar a cabo una regularización de la correspondiente deuda tributaria con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate.

• Sobre la multa fija del 150%.

La Comisión alega que constituye una restricción desproporcionada el hecho de «imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150% aplicable en caso de incumplimiento de la obligación informativa respecto de los bienes y derechos en el extranjero o de presentación extemporánea del modelo 720», por su severidad y por carácter automático y no graduable.

Por lo que refiere a la severidad de la multa, la Comisión indica que el porcentaje del 150% es notablemente superior a los tipos de las sanciones progresivas aplicables en caso de declaración tributaria extemporánea, ya que estos tipos son del 5%, del 10%, del 15% y del 20%, dependiendo de si el retraso es de, respectivamente, 3, 6 o 12 meses o más. Esos tipos más reducidos deben compararse con el porcentaje de la multa proporcional del 150%, ya que, en ambos casos, se trata de las consecuencias que acarrea la presentación extemporánea de una declaración acerca de rentas imponibles. Ahora bien, los recargos de menor magnitud se asocian con una declaración tributaria que está directamente relacionada con el deber de ingreso, mientras que la sanción de mayor magnitud del 150% se asocia con la declaración informativa del modelo 720, que constituye una mera obligación formal de información que, como regla general, no conlleva una tributación.

El Gobierno español, por su parte, estima que no son comparables ya que solo la primera tiene el carácter de una sanción, destinada a reprimir el comportamiento del contribuyente que se limita a cumplir la obligación de información sin regularizar el impuesto correspondiente, mientras que los segundos tienen como única finalidad incitar a los contribuyentes a respetar los plazos fijados e indemnizar al Estado por el perjuicio sufrido por el retraso en el pago del impuesto.

Por lo que se refiere al carácter automático y no graduable de la multa, la Comisión indica, en primer lugar, que la multa del 150% no es susceptible de ningún tipo de graduación, ya que ese porcentaje se aplica con independencia del nivel de información de que dispongan las autoridades tributarias nacionales, de la fecha de adquisición de los activos en cuestión (antes de un período de prescripción o durante el mismo) y del comportamiento de los contribuyentes, quienes, lejos de haber incumplido en todos los casos con la obligación declarativa, podrían simplemente haber dado cumplimiento a la misma con retraso.

El Gobierno español, sim embargo, niega el carácter automático ya que la Administración tributaria debe demostrar la responsabilidad del contribuyente.

Para el Abogado General, la Comisión no ha aportado pruebas de que la sanción del 150% se imponga de manera automática y no graduable no siendo tampoco comparable, en línea con lo argumentado por el Gobierno español, con los recargos aplicables en caso de retraso en el pago. No obstante, considera desproporcionado el hecho de que, en caso de incumplimiento de la obligación de información relativa a las cuentas bancarias nuevas, la Administración tributaria pueda liquidar la correspondiente deuda tributaria con independencia de la fecha de adquisición de los activos de que se trate.

• Sobre las multas fijas.

La Comisión considera que estamos ante una restricción desproporcionada, cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen general para infracciones similares. En este punto, el Abogado General considera desproporcionadas dichas multas por los motivos invocados por la Comisión:

— la obligación de presentar el modelo 720 constituye una obligación formal cuyo incumplimiento no causa ningún perjuicio económico directo a la Hacienda Pública.

— las multas impuestas en caso de incumplimiento de las obligaciones asociadas al modelo 720 son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas.

— las multas impuestas en relación con la categoría de las cuentas bancarias nuevas son desproporcionadas, dado que la Administración tributaria española ya dispone de tal información, procediendo extraer la misma conclusión para las demás categorías de activos, habida cuenta de la cuantía muy elevada de las multas y del hecho de que las multas solo sancionan el incumplimiento de una obligación formal.

Pues bien, junto a ese procedimiento, el Tribunal Supremo ha admitido tres recursos de casación.

Dos de ellos, plantean las mismas cuestiones a dilucidar por el TS: si un acto sancionador, consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración-, de la obligación de suministrar información a través del modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria) puede resultar incompatible con el derecho de la Unión Europea, considerando el principio de proporcionalidad y las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda cuestión que se plantea es si a efectos del juicio de proporcionalidad sobre la sanción, si el parámetro que debe considerarse a efectos comparativos, es el de la cuantía o relevancia económica de los bienes y derechos situados en el extranjero o el de la cuantía de la sanción prevista para infracciones similares cuando afectan a bienes y derechos localizados en el territorio español (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Autos de 2 de julio de 2020, Rec. 6202/2019 y 6410/2019).

En el tercero de ellos la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, en el marco de las libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE, en particular y sin perjuicio de otras que pudieran resultar afectadas, la libre circulación de capitales, interpretadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, a tenor de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, una liquidación por IRPF puede practicarse sin sometimiento a plazo de prescripción alguno, cuando las ganancias patrimoniales no justificadas que se regularizan, correspondan a rendimientos constituidos en bienes y activos en el extranjero y hayan sido puestas de manifiesto con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información estipulada en la Disposición adicional 18ª de la Ley 58/2003, General Tributaria. (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Auto de 2 de julio de 2020, Rec. 1124/2020).

PREGUNTAS FRECUENTES:

Reforma del sistema público de pensiones: primer acuerdo con los agentes sociales

Tras el primer acuerdo adoptado para reformar las pensiones, entre otros aspectos, continuará la fase de negociación en el marco del diálogo social. Se prevé la próxima publicación de una norma que siga las líneas marcadas por las recomendaciones del Pacto de Toledo, y alcance los objetivos del Gobierno al inicio de la presente legislatura.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció recientemente el consenso con empresarios y sindicatos para llevar al Consejo de Ministros un primer «paquete de medidas» de esta anunciada reforma («Primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en cumplimiento del Pacto de Toledo y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”). Y, entre ellas, cabe destacar una importante revalorización de las pensiones, que tendrá como referencia el IPC, introduciendo un mecanismo corrector para las desviaciones para que nunca se reduzca la pensión (aunque el IPC resulte negativo).

A lo anterior se une la penalización de las jubilaciones anticipadas que, según las estimaciones del propio Ministerio suponen un gasto a las arcas del Estado de unos 8.200 millones de euros al año, junto con la incentivación de la jubilación demorada, o algunos aspectos del sistema de cotización de los autónomos.

La mesa técnica del diálogo social responsable de la negociación de las medidas continuará negociando el anteproyecto de la próxima ley de pensiones, en el que se prevé también una transferencia anual a la Seguridad Social para ayudar a la financiación del sistema de pensiones, la separación de fuentes de financiación (derivando a Hacienda los gastos impropios para eliminar el déficit), acordada expresamente en el primer bloque de medidas, y la derogación del factor de sostenibilidad introducido por el Gobierno del PP en 2011, que trataba de ajustar las jubilaciones a la esperanza de vida de los contribuyentes. Finalmente, la derogación de este indicador se excluyó del primer acuerdo, por lo que continuará negociándose este extremo.

1. Principales medidas de la reforma

Penalización de la jubilación anticipada

A pesar de las exigencias legales sobre la fecha para jubilarse, la edad efectiva de cotización se sitúa actualmente en 64,6 años, de modo que el Estado deja de ingresar por las cotizaciones sociales y abona antes de tiempo las correspondientes prestaciones.

El segundo apartado del acuerdo se ocupa de una serie de medidas para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva con la edad legal de jubilación.

Legalmente, la jubilación anticipada voluntaria se encuentra en el art. 208 LGSS, permitiéndose acogerse a ella varios años antes de cumplir la edad legal, en función del periodo cotizado. Entre los requisitos, se exige contar con, al menos, 35 años cotizados en el momento de la solicitud y estar en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social (no se permite estando en situación de baja). Se habla, por el contrario, de jubilación anticipada involuntaria o forzosa cuando se insta desde una situación de desempleo como consecuencia de un despido objetivo o un ERE (junto con algunos supuestos por resolución voluntaria del trabajador). En este caso, la jubilación se puede adelantar hasta 4 años desde la edad ordinaria. Se reserva para cotizaciones de, al menos, 33 años en el momento de la solicitud.

Asimismo, el acuerdo modifica el procedimiento de solicitud de la jubilación anticipada por razón de actividad, y precisa con mayor detalle los indicadores de peligrosidad o penosidad que determinan el acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.

El Ejecutivo quiere limitar la jubilación anticipada voluntaria drásticamente. En palabras del Ministro Escrivá, el objetivo es “inducir a las personas a trabajar más en la medida en que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo”.

Para ello, se aprobará una serie de restricciones a este mecanismo. La Seguridad Social pretende que la aplicación de los coeficientes reductores del sistema se efectúe por meses de adelanto sobre la edad legal de jubilación (según el primer acuerdo, los coeficientes serán mensuales y no por trimestres). Se plantea un periodo transitorio de tres años para implantar esta medida.

La finalidad es evitar las salidas anticipadas en los dos primeros meses en que esté disponible (es decir, a partir de dos años antes de cumplir la edad de jubilación: meses 23 y 24). Durante esos dos meses, se incrementarán las penalizaciones en comparación con las actualmente vigentes, disminuyendo a partir del mes 22.

Como consecuencia, las personas que se jubilen anticipadamente percibirán pensiones más bajas que las que corresponden al régimen ordinario. Se quiere acabar con las excepcionalidades y reducciones que se producen ahora, de modo que una pensión media perdería 164 euros al mes. En palabras de Escrivá hace unos días, “vamos a rehacer el sistema de penalización de la jubilación anticipada y lo vamos a hacer para que genuinamente refleje más la idea de que, si alguien se quiere jubilar dos años antes, realmente lo que tenga sea una penalización permanente en su pensión». En el último acuerdo con los agentes sociales, la penalización abarcará una franja de entre el 2,81% y el 21%, en función de los meses que se adelanta la jubilación (máximo, 24) y el periodo cotizado. El sistema se acompañará de un férreo sistema de control para penalizar a estas personas.

Ejemplo: la pensión de jubilación media es de 1.028,19 euros desde el 1 de enero de 2021. Si una persona trabajadora decide jubilarse con 24 meses de anticipación, se le aplicará una penalización del 21% (si cuenta con menos de 38 años y 6 meses cotizados), 19% (menos de 41 años y 6 meses de cotización), 17% (menos de 44 años y 6 meses) o 13% (44 años y 6 meses o más). En el otro extremo de la tabla, si la persona anticipa un solo mes la fecha de jubilación, la reducción será del 3,26% (menos de 38 años y 6 meses de cotización), 3,11% (menos de 41 años y 6 meses), 2,96% (menos de 44 años y 6 meses) o 2,81% (44 años y 6 meses o más cotizados).

También se regulará un sistema de penalizaciones para personas compelidas a jubilarse tras un despido. La reducción de la pensión oscilará entre el 0,5% y el 30%, en función de los meses en que se adelante la jubilación de hecho (entre 1 y 48: es decir, se puede llegar a los cuatro años) y del tiempo ya cotizado.

Ejemplo: teniendo en cuenta que se puede anticipar la jubilación tras despido hasta cuatro años, la penalización máxima del 30% se aplicará a personas trabajadoras que decidan retirarse con 48 meses de adelanto (cotizando menos de 38 años y 6 meses); la mínima del 0,5% se refiere al jubilado con solo un mes de antelación (siempre que cuente con 44 años y 6 meses o más cotizados). Se regulará un amplio espectro de reducciones entre estos casos extremos, dependientes también de los meses de anticipación y los periodos de cotización alcanzados.

Asimismo, se desincentivará el retiro anticipado de las personas que hayan cotizado por bases más altas, y se introducirán mayores exigencias en los casos de aquellas que realizan su actividad en condiciones penosas o peligrosas, para las cuales se exigirá la acreditación de un mínimo de trabajo de esta naturaleza en edades próximas a la jubilación.

A grandes rasgos, el objetivo de la futura norma es doble: penalizar la adscripción voluntaria al sistema de pensiones antes de tiempo, y favorecer la jubilación demorada.

Incentivos para la jubilación demorada

Con la misma finalidad de demorar el momento de jubilación, el primer bloque de medidas acompaña un incremento del 4% en la pensión para el que retrase voluntariamente su acceso a la misma tras cumplir la edad legal. Según la normativa actual, el incentivo se encuentra en una franja entre el 2% y el 4%, dependiendo de los años de cotización. El nuevo sistema posibilitará la opción entre un incremento de la prestación por jubilación del 4% por cada año de retraso, o bien una suma a tanto alzado por cada año adicional cotizado, que puede llegar a un máximo de 12.060,12 euros, o una fórmula mixta que combine las anteriores premisas. La elección se permitirá al cotizante y se llevará a cabo por una sola vez, en el momento en que se adquiera el derecho a percibir el complemento económico, no pudiendo ser modificada con posterioridad.

Ejemplo: según los datos del borrador del anteproyecto, una persona con una jubilación mínima de 9.569 euros (683 euros al mes) podría optar a una prima de 4.786,27 euros (cotizando menos de 44 años y 6 meses); para una pensión máxima (37.567 euros anuales) y una muy prolongada cotización (más de 44 años y medio), el incentivo alcanzará 12.060,12 euros por cada año de demora en la jubilación.

PROPUESTA DE PAGO ÚNICO EN SUSTITUCIÓN DEL AUMENTO DEL 4%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Importe pensión (euros/año)

9.569

13.300

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

37.567

Propuesta de pago único/año (euros/año)

4.786,27

5.843,25

6.285,14

7.482,31

8.565,82

9.566,60

10.503,43

10.963,74

Carreras de cotización con más de 44 años y medio: propuesta de pago único año (euros/año)

5.264,89

6.427,58

6.913,65

8.230,54

9.422,40

10.523,26

11.553,78

12.060,12

Jubilación parcial

La jubilación parcial posibilita reducir la jornada en la misma proporción que el salario, y completarlo con parte de la pensión. En realidad, implica que estas personas trabajadoras pueden concentrar las jornadas de trabajo en un solo año, dejando de trabajar todo el periodo restante hasta llegar a la edad ordinaria de jubilación, y retirándose sin ver recortada su pensión por coeficientes penalizadores de la jubilación anticipada.

El Gobierno quiere limitar también esta posibilidad de concentración de jornada. Según borrador del texto en ciernes, la jornada de trabajo resultante de aplicar la reducción deberá prestarse a lo largo de cada año, si bien podrá concentrarse durante el primer año hasta el 60% de la suma de las jornadas anuales que deben prestarse hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Asimismo, la jubilación parcial será incompatible con las ayudas al desempleo (se suspenderá la percepción de la pensión de jubilación hasta la extinción de la prestación por desempleo).

Limitación de la jubilación forzosa y voluntaria en la negociación colectiva

Se acuerda expresamente que «no sea posible establecer cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años». Además, se exigirá que la persona trabajadora afectada tenga derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva, y que cada extinción contractual conforme a esta previsión lleve aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una persona trabajadora como medida vinculada a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo». Excepcionalmente, el límite podrá rebajarse hasta la edad ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 10% de las personas ocupadas en las mismas.

Recordemos que, desde la entrada en vigor del RDL 28/2018, de 28 de diciembre, se permite a los convenios colectivos fijar jubilaciones obligatorias o forzosas por alcanzar la edad legal. La facultad de pactar esta imposición de la jubilación ha sufrido diversos vaivenes en los últimos diez años, de modo que la reforma laboral de 2012 la prohibió y la citada modificación de 2018 la reinstauró. Según las estadísticas, más de un millón de personas trabajadoras se acoge a convenios que contienen esta cláusula, especialmente en sectores como el de la construcción y el metal, así como en grandes empresas. Como se ha indicado, la norma evitará la jubilación forzosa en convenios colectivos de trabajadores que cuenten con menos de 68 años. Para instaurarla, la empresa tendrá que contratar a otra persona con contrato fijo, siempre con excepciones que flexibilizan los requisitos para determinados sectores.

Del mismo modo, muchos convenios contienen “premios” por la jubilación anticipada o baja voluntaria, de modo que queda plasmado un acuerdo entre empresa y empleado que, voluntariamente, decide jubilarse de forma anticipada o causar baja. A través de estas cláusulas se jubilan personas trabajadoras entre los 60 y los 64 años. El acuerdo alcanzado en junio incluye nuevos supuestos, con menor penalización, y un sistema de coeficientes reductores mensuales. Se incluye, entre otras, a personas que estén cobrando subidio por desempleo en el momento de jubilarse anticipadamente desde hace, como mínimo, tres meses.

Por otra parte, y entre otras medidas polémicas en negociación, se ha exteriorizado la voluntad del Gobierno de evitar, por ley, que los convenios colectivos prohíban a las personas trabajadoras de su ámbito de aplicación seguir en su puesto de trabajo al llegar a la edad legal de jubilación.

Varias organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) han mostrado su oposición a esta medida por entender que se cercenaría la libertad de negociación de las partes en los convenios colectivos y se dificultaría la renovación de las plantillas. Los sindicatos, por su parte, aducen que pocas personas continúan en activo al llegar la edad legal, y las que lo hacen, normalmente, son trabajadores con una alta cualificación y bien remunerados.

Revalorización de las pensiones

El acuerdo garantiza expresamente el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del ejercicio anterior. En el supuesto de que el IPC resultare negativo, no se produciría la reducción de las jubilaciones: se mantendrían en la misma cuantía.

Además, el Gobierno y los agentes sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual, de la que se dará traslado al Pacto de Toledo, y que contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos

En el primer bloque de medidas se incluye, asimismo, la reforma del régimen de autónomos, según trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda. El nuevo sistema, en fase de diálogo con las principales asociaciones, se aplicaría a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, parte de trece tramos de cotización «para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago».

La flexibilidad será sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

Otras medidas de mejora de la gestión y de la calidad de la acción protectora

El primer acuerdo se cierra con una batería de medidas que reconoce nuevos derechos o amplía algunos existentes, como la equiparación de la viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional (becas) y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.

También se creará una Agencia Estatal de la Seguridad Social, se modificará la base reguladora de las prestaciones de incapacidad temporal para personas con contrato fijo-discontinuo y se mantendrá con carácter indefinido (más allá del 1 de enero de 2022) la llamada «cláusula de salvaguarda» prevista en la disp. trans. 4ª LGSS.

2. Supresión del factor de sostenibilidad de las pensiones

Qué es el factor de sostenibilidad

Sin perjuicio del calendario gradual existente sobre edad de jubilación, la ley expresa que, para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión completa por jubilación, se requiere cotizar 37 años en el sistema público de pensiones, circunstancia realmente complicada teniendo en cuenta los índices de desempleo y el retraso en la entrada en el mercado laboral de los jóvenes, y ello a pesar del aumento de la edad de jubilación a los 67 años.

Dado este calendario progresivo de la edad de jubilación, en 2021 se requiere tener 66 años con, al menos, 36 años de cotización, o 65 años con 37 años y tres meses cotizados.

El factor de sostenibilidad se concibió en su día para tratar de ajustar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Su aplicación está suspendida desde 2018 (en principio, se retrasó, como mínimo, hasta 2023). Implica que la cuantía de la pensión de los que disfruten de una mayor esperanza de vida sea menor. Se calcula multiplicando el factor del año anterior (2020) por la esperanza de vida a los 67 años. El resultado siempre es menor que uno, lo que hace que las pensiones se vayan reduciendo gradualmente en función de un aumento de la esperanza de vida de los cotizantes a la Seguridad Social.

Otro componente del factor de sostenibilidad es el factor de revalorización anual, que implica ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas: las pensiones solo subirán si se incrementan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. El factor oscila entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más 0,5%. La aplicación de este factor está también suspendida y todo indica que se derogará en el corto plazo, sustituyéndose por el IPC real.

Factor de sostenibilidad en la futura reforma

La futura ley de pensiones derogará expresamente el factor de sostenibilidad. El Ejecutivo establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley objeto de debate. No han trascendido más detalles de este mecanismo, pero, en caso de disenso, se aprobaría unilateralmente por el Gobierno. La negociación será complicada: las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han destacado «la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea». Por tanto, la representación de los empresarios anuncia su defensa del factor de corrección y solo aceptarán otro mecanismo o factor que produzca efectos similares en el sistema.

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY:

Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Con el fin de dotar de una regulación específica a la situación de los inmuebles cedidos a las Comunidades Autónomas cuya titularidad mantiene el Estado a través de la Seguridad Social que refleje de forma adecuada la complejidad de esta situación y dé respuesta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se aprueba y publica en el BOE la Resolución de 14 de julio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Dicha Resolución viene a modificar la NRV 16.ª «Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos» de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado.

BOE: