Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del programa de formación profesional dual en la empresa 2018-2019

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del programa de formación profesional dual en la empresa 2018-2019.

Costes de venta de un activo arrendado. Indemnizaciones abonadas a personas físicas por extinción de contratos de arrendamientos rústicos históricos. Corrección de errores. NRV 22ª.

Sobre el tratamiento contable a otorgar a las indemnizaciones abonadas a personas físicas por extinción de contratos de arrendamientos rústicos históricos, cuando estos se extinguen por el cambio de la naturaleza del suelo de rústico a urbano.

La sociedad consultante era propietaria de terrenos agrícolas arrendados. Los terrenos estaban situados a las afueras de una ciudad y fueron transformados en solares por la expansión del planeamiento urbano. En ejecución del citado planeamiento, la sociedad recibió derechos edificatorios sobre parcelas ya urbanas que enajenó a un promotor en el ejercicio 2007.

De acuerdo con la legislación de la Comunidad Autónoma, los denominados arrendatarios históricos de suelo rústico tienen derecho a ser indemnizados, entre otros casos, cuando se modifica la calificación del suelo que obligue a extinguir el contrato de arrendamiento por imposibilidad técnica para su uso agrario. De los términos en que está redactada la consulta, parece que la indemnización se fija cuando dicho suelo se venda, ya como urbano, mediante una participación en el plus valor de dicha enajenación, participación que puede oscilar entre el 50% y 60% de dicho plus valor, en función de determinadas circunstancias.

Este concepto de plus valor está definido en la ley autonómica que trata los arrendamientos rústicos históricos, como la diferencia entre el valor de aprovechamiento urbanístico (descontadas las cargas de urbanización y los costes variables exigidos por el propietario) y el valor agrario de la finca arrendada.

Según se afirma en la consulta, los arrendatarios históricos, con fundamento en los derechos que les corresponde conforme a la legislación antes mencionada, han reclamado el pago de las indemnizaciones que por extinción de sus contratos les corresponde. Esta reclamación aún no ha llegado a los tribunales de justicia porque las negociaciones entre las partes han llegado a un principio de acuerdo en una cantidad, con la que se darían por finiquitados y pagados todos sus derechos derivados de sus participaciones en el plus valor por transformación de la finca.

El tratamiento que tiene previsto realizar la sociedad consultante ante el próximo pago de las indemnizaciones será aplicar la norma de registro y valoración (NRV) 22ª. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Conforme a esta norma, la subsanación del error debe hacerse de forma retroactiva, esto es desde el año de la venta el 2007, y el importe de las indemnizaciones se imputará directamente al patrimonio neto, en concreto, a una partida de reservas.

La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de los hechos que se han descrito.

Los hechos descritos por el consultante se refieren al ejercicio 2007. El marco de información financiera vigente en aquel año era el Plan General de Contabilidad de 1990.

En aquel entonces, como en la actualidad, el principio que regía el reconocimiento de ingresos y gastos era el principio de devengo, que en el PGC de 1990 se expresaba en los siguientes términos:

“La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.”

De acuerdo con la interpretación publicada por este Instituto en la consulta 1 del BOICAC 42, de junio de 2000, en principio y con carácter general, los costes de indemnizaciones a arrendatarios se incorporan al activo, como mayor valor del bien arrendado en la medida que supongan un aumento de la rentabilidad futura del mismo.

Si tal y como afirma el consultante, el derecho a la indemnización trae causa de la venta del activo, o de los “concretos derechos edificatorios sobre parcelas ya urbanas” que se recibieron como resultado de la ejecución de los planes de desarrollo urbanístico que afectaron a los terrenos agrícolas que tenía arrendados, en todo caso, el importe devengado por la indemnización se debería haber contabilizado, por su valor actual, como un ajuste al resultado de esa enajenación, esto es, un menor beneficio devengado en el año 2007.

Sin embargo, de los términos en que está redactada la consulta se infiere con claridad que la sociedad consultante no contabilizó un menor beneficio y el correspondiente pasivo en el año 2007. Lo que no resulta tan evidente es cuál es el momento en que se produjo la reclamación de los arrendatarios, o si el nacimiento de su derecho estaba condicionado por algún evento posterior a los hechos que se detallan en el escrito de consulta.

Pues bien, a la vista de estos antecedentes, cabría sostener que el nacimiento de la obligación a efectos contables surgió en el ejercicio 2007, siempre que en aquella fecha fuese probable que por causa de la venta de los derechos edificatorios se fuese a producir una salida de recursos del patrimonio de la sociedad. Si por el contrario, a la vista de la información existente en aquella fecha, no se hubiera podido llegar a dicha conclusión, el nacimiento de la obligación debería haberse ubicado en el ejercicio en que se cumplieron esas condiciones y originar con ello el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias y del correspondiente pasivo.

La entrada en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008 del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, no altera esta conclusión, en la medida que los criterios de devengo y reconocimiento de ingresos y provisiones en este nuevo marco de información financiera no se han visto sustancialmente alterados en comparación con los vigentes en aplicación del PGC de 1990.

En definitiva y como conclusión, si en aplicación de los criterios que se han expuesto la fecha de devengo de la indemnización fuese anterior al inicio del ejercicio en que se ha llegado al acuerdo con los arrendatarios, la subsanación del error contable que ahora se advierte se contabilizará como un cargo en las reservas y el reconocimiento de un pasivo en los términos regulados en la NRV 22ª del PGC.

A mayor abundamiento se informa que la interpretación de este Instituto sobre si la subsanación de un error contable implica la reformulación de cuentas anuales está publicada en la consulta 3 del BOICAC nº 86, de junio de 2011, en la que se concluye que, con carácter general, los errores contables deben subsanarse en el ejercicio en que se detectan, debiendo reflejarse la citada rectificación en las cuentas anuales de dicho ejercicio.

De todo lo anterior se dará cumplida información en la memoria de las cuentas anuales, con el objetivo de que aquellas en su conjunto expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de 2019

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que se ha remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, y se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) de 16 de enero de 2019.

Los Presupuestos recogen el mayor gasto destinado a pensiones, dependencia, becas para el estudio o lucha contra la violencia de género y la pobreza infantil. Esto se traduce en que el gasto social supone el 57% de los Presupuestos.

Las cuentas de 2019 también incorporan medidas orientadas a incentivar el crecimiento y el empleo. Se refuerzan partidas de gasto de vital importancia para impulsar la competitividad y el potencial de crecimiento de nuestra economía, como son la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), las infraestructuras o el capital humano.

Los Presupuestos de 2019 combinan la recuperación de derechos sociales con la sostenibilidad de las cuentas públicas y la consolidación fiscal comprometida con la Comisión Europea. Para ello, las cuentas públicas adecúan los gastos a las previsiones macroeconómicas para continuar con la reducción del déficit público y garantizar el crecimiento de la economía teniendo en cuenta el contexto internacional.

Respecto a los ingresos, los Presupuestos contemplan un aumento de la recaudación tributaria del 9,5%. Si se descuenta el efecto provocado por el Suministro Inmediato de Información se sitúa en el 7,3%.

Pensiones

La principal partida presupuestaria es la destinada a las pensiones públicas, que en 2019 asciende a 153.864 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,2% respecto a 2018. Se trata de la mayor dotación de la serie histórica. Parte de este aumento se debe a la revalorización de las pensiones el 1,6% de forma general y a la subida del 3% para las pensiones mínimas y las no contributivas.

El Presupuesto también incorpora la elevación en cuatro puntos del tipo aplicable a la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, cuyo porcentaje se sitúa en un 60% con este incremento. Esta medida, destinada a mayores de 65 años, beneficiará a casi 500.000 personas, que verán subir su pensión un 7%.

Dependencia

El compromiso del Gobierno con las personas más vulnerables y con la creación de una sociedad más justa se refleja en el aumento de un 59,3% de la partida para el programa Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En concreto, este pilar del Estado de Bienestar cuenta en 2019 con un incremento de 831 millones de euros, lo que permite alcanzar la mayor dotación para el sistema de dependencia, con 2.231 millones de euros.

Además, las cuentas de 2019 recuperan la financiación por el Presupuesto del Estado de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, con 315 millones de euros.

También se elimina el copago farmacéutico para los pensionistas cuya renta sea inferior a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Esta medida beneficiará a más de 6,8 millones de personas.

Pobreza infantil y violencia de género

Los Presupuestos también cuentan con un incremento de 25 millones en el programa de protección familiar y de lucha contra la pobreza infantil. En concreto, los recursos se destinan a proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad de las familias cubriendo necesidades básicas; proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo; y servicios de intervención y apoyo familiar.

Además, se han dotado 30 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para atender a los menores extranjeros no acompañados acogidos por éstas.

Los Presupuestos Generales de 2019 también recogen el compromiso financiero derivado del Pacto de Estado sobre la violencia de género con 220 millones de euros, lo que supone la mayor cifra de recursos para combatir esta lacra.

Políticas para jóvenes

Los Presupuestos de 2019 incluyen 1.620 millones para el sistema general de becas y ayudas al estudio, lo que supone un 10,2% más que en el año anterior.

Por otra parte, se bajarán las tasas universitarias, que podrán volver a niveles anteriores a los incrementos producidos en 2012. Se trata de una competencia autonómica y el Gobierno habilita a las comunidades a aplicar esta política en beneficio de la educación superior.

Además, los Presupuestos combaten el elevado paro juvenil al destinar 670 millones en 2019 para el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que asciende a un total de 2.000 millones en ese periodo.

Además, la política de vivienda, que se incrementa en un 41%, tendrá a los jóvenes como uno de sus colectivos prioritarios. El Presupuesto dota con 137 millones de euros el Plan 20.000 viviendas, que tiene por objeto el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

Por otra parte, los Presupuestos contienen una dotación de 100 millones de euros para financiar la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicándose su cuantía respecto del ejercicio anterior, para favorecer los principios de equidad e igualdad y compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables.

Más protección para los parados

Las cuentas públicas de 2019 también incluyen importantes mejoras para combatir la elevada tasa de desempleo que todavía sufre España. Los Presupuestos de 2019 refuerzan la protección de este colectivo tan castigado durante la crisis al incrementar las partidas para las políticas de desempleo un 4%, hasta los 18.402 millones de euros. De este total, 18.102 millones corresponden a las prestaciones por desempleo, 691 millones más que en 2018. Este incremento se produce a pesar de que la previsión es que la tasa de paro descienda al 14%.

Esta situación se debe a que los Presupuestos aumentan la cobertura de protección de las personas sin empleo. De hecho, contemplan recuperar el subsidio para mayores de 52 años. También se considera la renta individual en lugar de la renta familiar dentro de los requisitos para acceder al subsidio por desempleo.

Los Presupuestos también recogen el incremento del Salario Mínimo Interprofesional un 22,3% hasta los 900 euros.

Familia y fortalecimiento de la clase media

El Gobierno está comprometido con avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ese motivo los Presupuestos recogen el incremento de cinco a ocho semanas de los permisos de paternidad. Además, se avanza en la universalización de la escuela entro 0 y 3 años, de manera que pueda ser considerada una inversión financieramente sostenible para los municipios.

Aumento del I+D+i y cambio del modelo productivo

El Gobierno también apuesta por un cambio en el modelo productivo para hacerlo más sostenible y mejorar la competitividad de la economía basándose en el valor añadido. Por ese motivo, los Presupuestos de 2019 incluyen un incremento de 357 millones en la partida de I+D civil, hasta alcanzar los 6.729 millones de euros, un 5,6% más. En concreto, destacan el aumento un 8% de los créditos del presupuesto no financiero en I+D+i para investigación civil, que ascienden a 2.845 millones de euros.

Además, los Presupuestos de 2019 también recogen un gran impulso a la política de infraestructuras con una dotación de 7.572 millones, lo que supone un incremento del 39,9% respecto al año anterior.

Mayores ingresos

En cuanto a los ingresos, los Presupuestos Generales de 2019 apuestan por un modelo fiscal más justo y redistributivo, propio de una fiscalidad del siglo XXI. Ese nuevo marco no contempla una subida de impuestos para la clase media y trabajadora, ni para los autónomos ni las pymes. Las nuevas medidas tributarias afectan a rentas muy elevadas y a grandes empresas.

El techo de gasto no financiero para 2019 aumenta un 4,4% hasta los 125.064 millones y se sustenta en la mejora de la recaudación fiscal por efecto del ciclo económico y también por las medidas tributarias aprobadas por el Gobierno.

Los ingresos tributarios para 2019 alcanzarán los 227.356 millones de euros, un 9,5% más que la previsión de liquidación del año anterior y la mayor cifra de la historia. Si se elimina el efecto provocado por el Suministro Inmediato de Información (SII), el incremento de la recaudación queda en el 7,3%. Las medidas de ingresos, incluyendo las figuras impositivas de nueva creación, aportan un total de 5.654 millones de euros.

Este nuevo modelo fiscal pretende que los nuevos sectores de actividad tributen en función de su capacidad real y garantiza que quienes más tienen, más contribuyan. De esta forma, todas las figuras tributarias aumentarán su recaudación, pero su afectación la notarán básicamente las rentas más altas y grandes empresas.

Destaca la subida del Impuesto sobre Sociedades, con un incremento del 14,1%, hasta los 27.579 millones de euros, al idearse medidas para elevar la aportación de las grandes empresas.

En este impuesto se establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las grandes empresas y del 18% para aquellas compañías que cuentan con un tipo agravado del 30% en Sociedades (entidades financieras y compañías de explotación de hidrocarburos).

En las grandes corporaciones se limitan un 5% las exenciones a los dividendos y plusvalías generados mayoritariamente en el exterior.

Mayor aportación de las rentas altas

En materia del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), los Presupuestos contemplan una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de 300.000 euros. Asimismo, para las rentas del capital, se incrementan cuatro puntos el tipo del IRPF para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros. La subida de este impuesto solo afecta al 0,5% de los contribuyentes que declaran rentas superiores a esos umbrales.

Estas medidas, junto a la mejora del empleo, permiten un incremento del 4,9% en la recaudación del IRPF.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la recaudación aumentará un 11,7%, pero en términos homogéneos el incremento será del 5,1% (descontando el efecto del SII).

Rebajas y fiscalidad medioambiental

Los Presupuestos para 2019 incluyen una serie de rebajas en varios impuestos, que benefician a pymes y a las clases medias y trabajadoras.

De esta forma, se contempla una rebaja del tipo en Sociedades del 25% al 23% para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

También se reduce el IVA para los productos de higiene femenina, que pasan de un tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. Por su parte, el IVA de los servicios veterinarios bajará del 21 al 10%.

Asimismo, se reduce el IVA para las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos y revistas pasando del 21% al 4%. De esta forma se equipara con el gravamen del formato tradicional en papel de estos productos.

En cuanto a la fiscalidad medioambiental, siguiendo las recomendaciones internacionales, el Gobierno reduce la actual bonificación de la que disfruta el diésel sobre la gasolina. En concreto, el impuesto especial sobre gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro. Esto supone un incremento de 3,3 euros al mes para un conductor medio.

Los profesionales del transporte están exentos de esta subida al no afectar al gasóleo profesional. La finalidad de esta medida no es recaudatoria, sino de protección del medio ambiente.

Una parte del incremento de esta recaudación se destinará a subvencionar políticas sostenibles como impulsar la renovación del parque automovilístico e incentivar a las empresas a que adopten medidas respetuosas con el medio ambiente para colaborar en la transición ecológica.

Nuevas figuras tributarias

Las cuentas para 2019 contemplan en sus previsiones de ingresos el impacto de otras nuevas figuras, cuya creación se está tramitando a través de los respectivos proyectos de Ley, como es el nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras, que grava con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.

Por otro lado, está el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que grava con un 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos y que afectará a las compañías que obtengan 750 millones de facturación a nivel global y 3 millones en España.

También está pendiente la aprobación una nueva Ley para reforzar la lucha contra el fraude fiscal que, entre otras medidas, prohibirá por ley las amnistías fiscales o limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales.

Financiación territorial

Otro aspecto fundamental tiene que ver con la financiación territorial, es decir, los recursos que reciben las comunidades autónomas para gestionar servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad. En concreto, en 2019 las comunidades recibirán 110.570 millones, un 6,2% más que el año anterior. Esta mejora también se traslada a las corporaciones locales, que contarán con un 7,6% más de recursos hasta los 19.329 millones.

Previsiones económicas 2019

El Consejo de Ministros ha actualizado el escenario macroeconómico que se incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El Gobierno estima que la economía española crecerá este año el 2,2%, previsión inferior una décima a la incluida en el Plan Presupuestario de 15 de octubre de 2018 debido, principalmente, al mayor ajuste fiscal necesario para reducir el déficit público hasta el 1,3%.

En cualquier caso, y dentro de un contexto internacional menos favorable, España mantendrá una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista para la zona euro. La buena marcha de los indicadores más recientes, junto con la caída de los precios del petróleo y el aumento de la renta disponible de los ciudadanos asociado a algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, apuntan a una aceleración del crecimiento en el último trimestre de 2018 y los primeros de 2019.

La tendencia en el mercado laboral sigue siendo positiva, con la previsión de creación de 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019 y la reducción de la tasa de paro hasta el 14%.

La demanda nacional se mantiene como el principal motor del crecimiento económico, con una aportación de 2,2 puntos porcentuales en 2019. Por su parte se prevé que la demanda externa tenga una contribución negativa de -0,1 puntos porcentuales.

Se estima que en 2019 el consumo privado crezca un 1,7%. El consumo público modera su crecimiento hasta el 1,4% por el tono más restrictivo de la política fiscal requerido para cumplir el objetivo de déficit del 1,3%.

Hay que destacar el dinamismo de la formación bruta de capital fijo, debido a la fortaleza de la inversión en equipo, que se prevé que crezca a tasas del 5%, y la inversión en construcción, con un crecimiento anual estimado del 4,5%.

Por lo que respecta al sector exterior, se estima que las exportaciones de bienes y servicios crecerán el 2,8%. Por su parte, las importaciones tendrán un crecimiento ligeramente superior al 3%.

Finalmente, se prevé que la balanza por cuenta corriente siga siendo superavitaria y la economía española mantenga capacidad de financiación frente al exterior.
Este crecimiento dinámico y sostenido será compatible con una evolución contenida de los precios.

PROYECTO LEY:

Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.

En virtud del mandato establecido en el artículo 116 de la Ley General Tributaria de elaborar anualmente un plan de control tributario, se ha publicado la Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la AEAT donde se publican las directrices generales del citado Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2019.

La Agencia Tributaria colocará su lupa este año sobre las empresas fantasmas, aquellas que usualmente pasan por debajo del radar de la inspección por su aparentemente baja o nula actividad. El fisco sospecha que una parte de ellas, especialmente las de pequeño tamaño, esconden realmente negocios no declarados, entramados societarios o falsas situaciones de insolvencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes.

Esta medida supone la principal novedad del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, que también recoge actuaciones específicas sobre las fintech, las criptomonedas, las haciendas forales o los efectos del Brexit.

También se pondrá el foco de atención por parte de Hacienda en otros temas como:

• La prevención del fraude mediante asistentes virtuales, una nueva estrategia frente a los contribuyentes que inician actividades económicas y mejoras en la asistencia al contribuyente son las medidas que pretenden impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

• El control de los patrimonios relevantes se verá reforzado con la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

• El control de la facturación irregular constituye una prioridad, línea de actuación que se verá reforzada con la anunciada prohibición del software de doble uso.

• La explotación de la información internacional (CRS, ‘Informe país por país’) permitirá inducir el cumplimiento voluntario y elevar el número de actuaciones.

• Los riesgos derivados del Brexit, la represión del contrabando y el tráfico de drogas, con especial atención a la zona del Estrecho, y la agilización de la gestión recaudatoria de las deudas son otros ámbitos prioritarios.

Una pieza básica en este enfoque reforzado del control hacia la mejora del cumplimiento y el ensanchamiento de bases imponibles futuras pasará por ejercer un mayor y mejor control y análisis de los motivos de las regularizaciones inspectoras en los distintos expedientes. Ello vendrá acompañado de la implantación definitiva en 2019 de una herramienta de gestión de riesgos tributarios, que sistematiza todos los existentes en la AEAT, crea colectivos de riesgos y permite un mejor seguimiento del resultado de las actuaciones de control que la Agencia lleva a cabo.

Los asistentes virtuales, ya probados con éxito en el IVA y en el Suministro Inmediato de Información (SII), se potenciarán y extenderán a las declaraciones censales, dentro de una estrategia ‘Right from the start’, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias por los contribuyentes que inician actividades económicas.

Con el mismo propósito de impulsar el cumplimiento voluntario se introducirán mejoras en la campaña de Renta (Renta WEB) para facilitar la declaración de las carteras de valores, se consolidará la app puesta en funcionamiento en 2018 y se potenciarán los avisos a los contribuyentes sobre las rentas que deben declarar.

En el IVA se analizará la cesión de datos fiscales (información de sus clientes y proveedores) a los contribuyentes no incluidos en el SII para facilitarles la presentación de las declaraciones.

La utilización de los avances tecnológicos en el análisis de riesgos para optimizar las nuevas fuentes de información internacional, tales como la información sobre cuentas financieras en el exterior o el ‘Informe País por País’ que deben presentar los grupos multinacionales, reforzará la prevención y permitirá incrementar el número de actuaciones de control de las personas y entidades con bienes y derechos en el exterior o con actividad internacional.

Creación de la Unidad de Control de Patrimonios Relevantes

Muy especialmente se potenciarán las actuaciones de control acerca de los contribuyentes con patrimonios significativos con la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes.

Esta unidad tiene el objetivo de coordinar e impulsar en todo el territorio la obtención y ordenación de información para el control, la colaboración en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas y la propuesta, impulso y seguimiento de nuevas líneas de selección de obligados tributarios que cuentan con un patrimonio relevante y muestran determinados perfiles de riesgo fiscal. En las actuaciones se prestará especial atención a los bienes y derechos situados en el exterior y los entramados financieros y societarios.

El control de la facturación irregular, unido a la anunciada prohibición del software de doble uso que permite la llevanza de dobles contabilidades, incidirá sobre las actividades con consumidores finales con mayor riesgo de fraude, en especial en el IVA.

Con carácter general, la planificación de las actuaciones de control se orienta no solo a regularizar los incumplimientos detectados, sino también a inducir un mejor comportamiento futuro de los contribuyentes comprobados y sus entornos y, en general, de los sectores económicos en los que la presencia inspectora sea significativa. De igual forma, se realizará un especial seguimiento de los motivos de regularización como fuente de información esencial para la planificación de nuevas actuaciones de control.

La represión del contrabando y el tráfico de drogas se verá reforzada con la entrada en vigor de la normativa de contrabando encaminada a limitar el uso de las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad habitualmente utilizadas por los narcotraficantes.

Uso abusivo de sociedades y control general en Sociedades

Como en años anteriores, se analizará la interposición de personas jurídicas con el objeto de reducir improcedentemente la tributación, sin perjuicio de análisis concretos que permitan detectar otras inconsistencias como la indebida deducción de gastos personales.

Además, como complemento a las actuaciones de control de grandes empresas, se realizarán actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión y de Inspección sobre las pequeñas sociedades comerciales o industriales, hasta ahora con un bajo nivel de prioridad en el control del impuesto, con el objetivo de mejorar su comportamiento tributario.

En especial, se actuará respecto de las empresas cuyos volúmenes de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros resulten incoherentes con los normales de su sector.

Adicionalmente, se realizarán actuaciones de control sobre los grupos fiscales, incluyendo aquellos que presentan cifras de negocios consolidadas reducidas, están integrados por un número pequeño de entidades y no efectúan operaciones intra-grupo.

Nuevos modelos de negocio

Se realizará un estudio inicial de las tecnologías Fintech para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre el desarrollo de actividades económicas, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes.

Además, se continuarán realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades, como la "triangulación de envíos", en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y "tiendas de tiendas" instaladas en páginas web.

Asimismo, serán objeto de atención las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico. De igual forma, continuará el análisis y estudio de los nuevos medios de pago para avanzar en su control.

En relación con los riesgos fiscales observados en las operaciones realizadas con criptomonedas, durante el año 2019 se continuarán las actuaciones iniciadas en 2018, a partir de la información obtenida de los intermediarios que intervienen en dichas operaciones.

También se efectuará el análisis y explotación de la información de terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas por contribuyentes residentes en España, en aplicación de la nueva normativa, que está previsto que se apruebe en 2019.

Otras actuaciones en el ámbito de los tributos internos

Con carácter general, se reforzarán los controles de acceso al censo y la actualización de la información censal en desarrollo de la estrategia ‘Right from the start’. También continuarán los controles sobre actividades económicas en el IRPF, los rendimientos de capital inmobiliario con explotación de la nueva declaración informativa sobre arrendamientos turísticos, las retenciones y la utilización abusiva del régimen de las entidades sin fines lucrativos.

Se continuará con el proceso de optimización de la información proporcionada por el SII facilitando la aproximación de las actuaciones de control a la realización de las operaciones. De igual forma, continuarán siendo prioritarias las actuaciones de control vinculadas a la existencia de tramas de IVA, con un control reforzado del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) y los sectores y actividades de riesgo.

En el ámbito de los Impuestos Especiales, se efectuarán controles para verificar la correcta aplicación de la normativa, la formación del censo, la procedencia de las devoluciones y las condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la vigencia de las autorizaciones de los establecimientos sujetos a los Impuestos Especiales de Fabricación, y controles específicos del movimiento y existencias de productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales.

Otras actuaciones en el ámbito aduanero

Ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo sobre el Brexit, se realizarán las adaptaciones necesarias en los sistemas informáticos para garantizar la normal tramitación aduanera tras la salida del Reino Unido y se intensificará la información a los operadores.

Por otro lado, se continuará con la mejora del sistema de pre-declaraciones aduaneras, los procedimientos de revaluación de autorizaciones aduaneras y las propias autorizaciones aduaneras.

Además, se efectuarán actuaciones de comprobación de mercancías en los recintos aduaneros y de los movimientos de efectivo realizados por viajeros, así como controles a posteriori para verificar el origen, clasificación arancelaria y valor en aduana declarados con motivo de la importación de mercancías.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones en los casos en los que se detecte la ocultación total o parcial de la cadena de transmisión comercial desde la importación hasta la venta al consumidor final y actuaciones de comprobación e investigación combinadas en el caso de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático.

Lucha contra el contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales

Se realizarán actuaciones de prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos, actuando de manera integral contra las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

Frente al tráfico de drogas, las áreas de control prioritario serán tanto el tráfico de cocaína, como la producción de marihuana en plantaciones clandestinas dentro del territorio nacional. Se incrementará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Además, se intensificarán las actuaciones encaminadas a perseguir nuevas tendencias en el tráfico ilícito por vía marítima como el denominado "drop-off" (dispositivos de localización colocados en las drogas) y se impulsará un proyecto iniciado en 2018 para implicar a todos los operadores, públicos y privados, del ámbito portuario.

Por lo que se refiere al comercio ilícito de tabaco, se incrementará el control de la cadena de suministro debido a la entrada en vigor de la normativa armonizada sobre trazabilidad. Además, se potenciarán las herramientas de análisis de riesgos en puertos y el uso de los medios de inspección no intrusiva para evitar el fraude en el transporte en contenedores.

Además, se va a implementar una nueva estrategia aduanera de inteligencia marítima y se potenciarán las actuaciones de análisis de riesgos y de investigación relativas a tráficos ilícitos que afecten a la seguridad global o de los ciudadanos y al medio ambiente.

Como complemento de las prioridades anteriores, en el ámbito la investigación por blanqueo de capitales, se intensificarán los controles de movimiento de efectivo en aeropuertos, puertos y carreteras españolas y se reforzará el intercambio de información, la cooperación internacional y la formación frente a la utilización por el crimen organizado de la internet profunda (‘deep’ y ‘dark web’) para el tráfico y comercio de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas como medios de pago.

Control en el ámbito de recaudación

Se desarrollarán actuaciones para evitar la elusión del pago de las deudas mediante técnicas de ocultación del patrimonio creando apariencias de insolvencia, en ocasiones mediante testaferros, la interposición de entidades o la ocultación de los bienes o derechos en el exterior.

Además, se introducirán mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio, se intensificarán las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas, la adopción de medidas cautelares cuando existan indicios racionales de que el deudor o terceros vayan a obstaculizar o impedir la acción de cobro y la utilización de todas las posibilidades que la normativa establece para exaccionar las deudas por responsabilidad civil y las penas de multa cuyo cobro se encomiende a la Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito.

Por último, con la integración del procedimiento de subasta en el Portal del Boletín Oficial del Estado se gestionará de manera uniforme la adjudicación de bienes y derechos subastados, y conseguirá optimizarse la utilización de los recursos, con el consiguiente ahorro de costes.

Asistente virtual del IVA

En 2019, la AEAT prevé también reforzar la prevención de los incumplimientos tributarios desde la óptica de la información y asistencia con una estrategia integral de reducción de cargas administrativas y proyectos específicos, como la creación del asistente virtual del IVA (‘AVIVA’), prevista para octubre de este año, o la actualización de contenidos del asistente del Suministro Inmediato de Información (SII), que podría venir acompañado de la puesta a disposición, para no acogidos al SII, de información de operaciones declaradas por los obligados al sistema.

De igual forma, se prevé, ya para la próxima Campaña de Renta, incorporar a Renta Web una versión renovada del programa ‘cartera de valores’ que contemplará la precumplimentación de datos por parte de la AEAT, facilitando la declaración de compraventa de acciones por parte del contribuyente. También se contempla la creación de un nuevo asistente virtual y un nuevo formulario que haga más fácil la cumplimentación de las declaraciones censales.

TEXTO COMPLETO:

Medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural

Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.

La Comisión Europea inició de oficio una investigación sobre la transposición de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva 2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la posible falta de conformidad con la legislación de la Unión Europea, que culminó en septiembre de 2016 con un Dictamen Motivado dirigido a España, concluyendo que se habían transpuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico español las directivas citadas. A raíz del Dictamen Motivado, y dado el tiempo transcurrido desde su emisión, resultaba urgente la adopción de las medidas legislativas necesarias para evitar el riesgo de que la Comisión Europea presentase un recurso de incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva una incertidumbre jurídica para todos los agentes involucrados en el sector.

La presente norma intenta poner fin a esta situación, realizando un reparto de competencias y dotando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Modificaciones que provoca

Este Real Decreto-ley modifica las siguientes leyes:

  • Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;
  • Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos;
  • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;
  • Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Contenido

Está formado por dos Títulos con un total de seis artículos, cuatro Disposiciones transitorias, una única Disposición derogatoria y cinco Disposiciones finales.

El Título I, que está formado por los artículos 1 y 2, se refiere a las orientaciones de política energética y mecanismos de cooperación. Esa política energética será adoptada por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que deberán ser tenidas en cuenta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.

Se prevé, así mismo el establecimiento de una Comisión de Cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisión de Cooperación es un mecanismo de conciliación previa que tendrá por objeto alcanzar una solución consensuada de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica.

El Título II hace referencia a las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Está formado por cuatro artículos (artículos 3, 4, 5 y 6). En ellos, se introducen las siguientes modificaciones:

Artículo 3 modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en lo que sigue:

Al artículo 7.1, se añaden las letras g), h) e i), y se incluye un párrafo final; se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7; se modifica el apartado 7 del artículo 7; se añade un nuevo apartado 38 al artículo 7 y se añade un nuevo apartado 39 al artículo 7.

Además, se modifica el apartado 1 del artículo 29.

Artículo 4 modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico de la siguiente manera:

Queda modificado el artículo 3.5 y el apartado 7 del artículo 3. Se elimina el apartado 10 del artículo 3 y se añade el apartado 7 al artículo 4.

Se modifica el apartado 7 del artículo 7 y los apartados 2, 4, 5, 8, 9 y 11 del artículo 14. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 14.

Se modifica la redacción del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 7. Así como el artículo 33 y el apartado 3, 4  y 38 del artículo 64. Además se le añade un apartado 38 bis al artículo anterior.

Se modifica el apartado 2 y 3 del artículo 65; el apartado 6 del artículo 66 y se añade le un apartado 6 bis.

También quedan modificados los apartados 3 y 4 del artículo 73.

Artículo 5, supone la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos en lo siguiente:

Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 y se añaden los nuevos párrafos e) y f).

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4.

Se modifican el apartado 1 del artículo 57; el apartado 3 del artículo 60; el apartado 2 del artículo 61; el párrafo r) del artículo 64.2; la redacción del artículo 65; el apartado 2 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 70; la redacción del artículo 72; los apartados 2 y 3 del artículo 76; los apartados 1 y 2 del artículo 91; y, el artículo 92.

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 101 y además se modifica el artículo 116.

Artículo 6 supone la modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Con ello:

Se modifica el apartado 4 del artículo 59, se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 59. Además, se modifican los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 60 y el apartado 2 del artículo 63.

Por último, se elimina el artículo 64 se modifica el apartado 1 del artículo 65.

La Disposición transitoria primera hace referencia a la coordinación de los planes de regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con las orientaciones de política energética.

La Disposición transitoria segunda se refiere al régimen transitorio en la asunción de funciones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La Disposición transitoria tercera habla de los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

La Disposición transitoria cuarta trata de las funciones y competencias cuyo ejercicio se mantiene transitoriamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La Disposición derogatoria única supone una derogación normativa, estableciendo que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este Real Decreto-ley.

La Disposición final primera versa sobre la cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de inferior rango.

La Disposición final segunda se refiere a los títulos competenciales.

La Disposición final tercera comunica la aprobación de las metodologías de peajes y cargos.

La Disposición final cuarta hace referencia al desarrollo reglamentario. Y por último, la Disposición final quinta, sobre su entrada en vigor.

TEXTO COMPLETO:

Medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural

Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.

Tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación

Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019.

Actualización del anexo 1 por el que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

Listas de sustancias y métodos prohibidos y Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte

Textos enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2018 del Anexo I, Listas de sustancias y métodos prohibidos, y del Anexo II, Normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 18 de noviembre de 2005.

Vida útil y vida económica del inmovilizado material. MCC, NRV 2ª y NRV 3ª.

Sobre el criterio de amortización aplicable a una instalación hotelera, con aula taller, salón para conferencias, etcétera, que ha sido edificada en un terreno clasificado como suelo no urbanizable, previa autorización administrativa en los términos que se indican a continuación.

El consultante ha recibido, previa tramitación del oportuno expediente administrativo, una declaración de interés comunitario para la atribución del uso y aprovechamiento de un suelo no urbanizable, durante un plazo de vigencia de 25 años. A cambio, el consultante tendrá que pagar a la Administración un canon anual, actualizable anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo.

Sobre la base de esta autorización, el consultante ha edificado una instalación hotelera. Además del canon, el consultante se compromete a cesar en el uso o aprovechamiento del suelo y a demoler y desmantelar las instalaciones construidas con reposición de las cosas a su estado inicial al término de los 25 años, sin perjuicio de las posibles prórrogas legales.

La consulta versa sobre el criterio a seguir para amortizar el inmovilizado material afecto a la instalación hotelera.

La vida útil se define en el punto 10. Valor residual, del apartado 6. Criterios de valoración, del Marco Conceptual de la Contabilidad, incluido en la primera parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, como sigue:

“La vida útil es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En particular, en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el periodo concesional cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.

La vida económica es el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.”

En relación con la amortización, en el apartado 2.1. Amortización de la norma de registro y valoración (NRV) 2ª. Inmovilizado material, del PGC se señala lo siguiente:

“2.1. Amortización

Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.”

Por otro lado, en la letra h) de la NRV 3ª. Normas particulares sobre el inmovilizado material, en lo que atañe a la amortización de las inversiones realizadas en locales arrendados, se expresa que:

“h) En los acuerdos que, de conformidad con la norma relativa a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, deban calificarse como arrendamientos operativos, las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arrendado o cedido en uso, se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo. La amortización de estas inversiones se realizará en función de su vida útil que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión -incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.”

En desarrollo de estos criterios, en la Norma Segunda. Valoración posterior de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, apartado 3. Amortización, subapartado 3.3. Vida útil, se introducen las siguientes aclaraciones:

“3.3. Vida útil

1. Vida útil es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. En particular, en el caso de activos sometidos a reversión, su vida útil es el periodo concesional cuando éste sea inferior a la vida económica del activo; y en el de las inversiones en locales arrendados, que deban calificarse como arrendamientos operativos, y no sean separables del activo cedido en uso, la duración del contrato de arrendamiento, incluido el periodo de renovación cuando exista evidencia de que el mismo se va a producir, siempre que la citada duración sea inferior a la vida económica del activo.

2. Se entiende por vida útil, por tanto, el período durante el cual la empresa espera razonablemente consumir los beneficios económicos incorporados o inherentes al activo.

3. Se trata de un período estimado que se debe calcular en función de un criterio racional, teniendo en cuenta aquellos factores que pueden incidir en la vida productiva del inmovilizado. Entre estos, se destacan los siguientes:

a) El uso y desgaste físico esperado.

b) La obsolescencia técnica o comercial.

c) Los límites legales u otros que afecten a la utilización del activo.”

A la vista de todos estos antecedentes, en el caso que nos ocupa, la vida útil de las instalaciones será la duración del plazo por el que se ha autorizado el uso o aprovechamiento del suelo, incluidas las posibles prórrogas legales cuando exista evidencia de que esta ampliación se va a producir, siempre que la citada duración sea inferior a la vida económica del activo. En caso contrario, se tomará esta última como plazo de amortización.

La razón que sostiene este criterio es identificar el período durante el cual la empresa espera razonablemente consumir los beneficios económicos incorporados o inherentes al activo, en términos similares a lo que sucede con los activos sometidos a reversión, o en las inversiones en locales arrendados, cuando la vida económica de estos activos excede el periodo de aprovechamiento económico por causa de la existencia de un plazo límite para su explotación inferior a la vida económica de los activos.

Los convenios colectivos vuelven a poder establecer cláusulas de jubilación forzosa

La Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, ha reinstaurado, con efectos de 1 de enero de 2019, la capacidad de los convenios colectivos de establecer jubilaciones obligatorias por edad, modificando para ello la D.A 10ª del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Se recupera así un instrumento que en su redacción hasta la fecha la D.A. 10ª ET había anulado.

En este sentido, la nueva redacción aportada a la disposición del texto estatutario permitirá el rejuvenecimiento de plantillas, dado que los contratos extinguidos serán reemplazados, en ciertas condiciones legales, por nuevas contrataciones de desempleados o por transformaciones de temporales en indefinidos o de trabajadores contratados a tiempo parcial por contrataciones a tiempo completo. Esto es, no se trata de una posibilidad indiscriminada, sino de reconocer una capacidad convencional sometida a condiciones de política de empleo en las empresas o sectores que asumieran tal estrategia.

Así, desde el 01-01-2019, los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.

b)  La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como:

– la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos;

– la contratación de nuevos trabajadores;

– el relevo generacional;

– o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.

Hay que recordar que desde el 07/07/2012 hasta el 31/12/2018, la redacción vigente en su momento de la D.A.10ª, Estatuto de los Trabajadores, establecía: «Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas», fijándose una serie de normas transitorias en relación con las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación:

1. La nulidad en las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación, se aplicará a los convenios colectivos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012).

2. Con anterioridad al 07/07/2012 se aplicará en los siguientes términos:

– Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca después de la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012), la aplicación se producirá a partir de la fecha de la citada finalización.

– Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera producido antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de junio (07/07/2012), la aplicación se producirá a partir de esta última fecha.

Extensión de la colaboración social a la presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros.

Esta Resolución, que será de aplicación a partir del día 8 de enero de 2018,  tiene por objeto regular los supuestos y condiciones en que podrá extenderse la colaboración social en la aplicación de los tributos regulada en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, a la presentación telemática de solicitudes de rectificación de autoliquidación regulada por Resolución del Director General de 11 de diciembre de 2001, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario.

Asimismo, se aprueba el documento normalizado válido para acreditar la representación en la presentación de la solicitud de rectificación de autoliquidación y de la documentación que, en su caso, lo acompañe.

Supuestos y condiciones en que puede extenderse la colaboración social a la presentación de solicitudes de rectificación de autoliquidación

1.º La colaboración social en la aplicación de los tributos podrá extenderse a la presentación telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación a las que se refiere el apartado segundo, punto 2.º de la Resolución del Director General de 11 de diciembre de 2001, por la que se regula la presentación por vía telemática de recursos de reposición y otras solicitudes de carácter tributario, en las condiciones establecidas en esta resolución y de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula dichos procedimientos y en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que regulan la colaboración social en la aplicación de los tributos.

A tal efecto, las referencias hechas en el apartado segundo, punto 2º, de la citada Resolución de 11 de diciembre de 2001 al artículo 155 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y al Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, se entenderán realizadas, respectivamente, al artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición derogatoria única, apartado 3 de dicha norma, y al Capítulo V del Título II del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

2.º Podrán presentar las solicitudes de rectificación a las que se refiere el apartado anterior, en representación de terceros, las personas o entidades que suscriban el correspondiente acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en el artículo 79 del citado Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio –por el que se regulan los sujetos de la colaboración social en la aplicación de los tributos–.

3.º Las personas o entidades a las que se refiere el apartado anterior que pretendan presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación en representación de terceras personas, deberán ostentar la correspondiente representación de las personas en cuyo nombre presenten la documentación, en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley General Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá instar de los mismos, en cualquier momento, la acreditación de su representación, siendo válido el documento normalizado que figura en el Anexo de esta resolución, que estará disponible en Internet (www.agenciatributaria.es ).

4.º La persona o entidad autorizada para presentar solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y su documentación aneja, si la hubiere, en representación de terceras personas, deberá disponer de un certificado de usuario admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, emitido por un prestador de servicios de certificación incluido en el registro de prestadores de servicios electrónicos de confianza del Ministerio de Economía y Empresa, y que haya sido validado en la plataforma @firma, así como cumplir con lo dispuesto en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.

TEXTO COMPLETO: