AEAT. Nuevos servicios de ayuda sobre deudas: "Calculadora de plazos de pago” y “Calculadora de intereses y aplazamientos”

Para facilitar al máximo a los ciudadanos la información y la asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la Agencia Tributaria ha desarrollado dos nuevos servicios de ayuda sobre deudas, disponibles en el apartado Herramientas de Recaudación, dentro del banner Herramientas de asistencia virtual.

Más información sobre las Herramientas de Recaudación

Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística

El Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, establece en la Disposición adicional cuarta, sobre medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, lo siguiente:

  1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

    Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector del turismo.

    Para que las bonificaciones resulten de aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.

    La presentación de las declaraciones responsables a las que se refiere este artículo se deberán realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

  2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional.
  3. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el Programa de Fomento del empleo regulado en esta Ley, se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.
  4. Las bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social en las correspondientes liquidaciones de cuotas sin perjuicio de su control y revisión posterior por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  5. Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social.

    El importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100 por 100 de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

Declaración responsable sobre la vinculación al sector del turismo

La declaración responsable a la que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional cuarta transcrita anteriormente:

  1. Debe presentarse a través del Sistema RED, con las excepciones indicadas en el segundo punto del apartado siguiente, y
  2. Debe presentarse respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo –es decir, debe presentar respecto de cada uno de los meses -julio, agosto, septiembre y octubre-, y
  3. Debe presentarse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dicha declaración.

Modo de presentación de la declaración responsable

  1. Las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo deberán presentar la declaración responsable por el Sistema RED través de la funcionalidad Anotación Causa Peculiaridades de Cotización en CCC y, dentro de ésta, a través de la opción Anotación Resto de Peculiaridades por la que se podrá pasar a realizar la declaración responsable sobre la vinculación al sector del turismo –CAUSA DE PECULIARIDAD DE COTIZACIÓN 017-TURISMO-COMERC-HOSTELERÍA.C/FIJ.DISCONT.TURISMO HOST.C.FIJ.D.

    Junto con la anotación valor CAUSA PECULIARIDAD DE COTIZACIÓN 017 se deberán cumplimentar los siguientes campos:

    • FECHA DESDE: Debe ser igual a 01-07-2020, 01-08-2020, 01-09-2020 o 01-10-2020.
    • FECHA HASTA: En el caso de que la FECHA DESDE sea igual a 01-07-2020, 01-08-2020, 01-09-2020 o 01-10-20200, la FECHA HASTA deberá ser 31-07-2020, 31-08-2020, 31-09-2020 o 31-10-2020, respectivamente.

    Las declaraciones responsables se podrán realizar hasta el momento en el que se presente la liquidación de cuotas correspondiente a cada mes. No obstante, no se podrán modificar ni eliminar las declaraciones responsables presentadas durante el mes anterior, por ejemplo, durante el mes de agosto no se podrán modificar ni eliminar las declaraciones responsables presentadas durante el mes de julio.

  2. Para las empresas encuadradas en el sector del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, se darán próximamente instrucciones respecto de la forma de presentación de la declaración responsable.

    IMPORTANTE: Para que las bonificaciones resulten de aplicación se requiere de la previa presentación de declaración responsable a la que se hace referencia en este apartado.

Identificación de personas trabajadoras a las que resulten de aplicación las bonificaciones

Actuaciones en el ámbito de afiliación:

La identificación de los trabajadores a los que resulte de aplicación las bonificaciones, por concurrir, según la declaración responsable de la empresa, los requisitos a los que se refiere la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 25/2020, se realizará a través de los procedimientos ya establecidos en ocasiones anteriores para este tipo de beneficios –valor 420 del campo TIPO SITUACION ADICIONAL-. El plazo para la comunicación de dicho valor respecto del mes de julio de 2020 se extenderá hasta el día 30 agosto de 2020.

Una vez que esté disponible la anotación de dicho valor para el mes de julio se informará a través de los medios telemáticos disponibles.

Campaña de la Inspección de Trabajo a las empresas en ERTE

En estos meses la Inspección de Trabajo ha iniciado una fuerte campaña enviando cartas a las empresas en ERTE. El fin es evitar las situaciones de fraude con los ERTES y el uso indebido de las prestaciones y exenciones a las que acceden trabajador y empresa.

La Inspección de Trabajo ha iniciado una fuerte campaña enviando cartas a las empresas en ERTE. El fin es evitar las situaciones de fraude con los ERTES y el uso indebido de las prestaciones y exenciones a las que acceden trabajador y empresa.

Si su empresa ha tramitado un ERTE y está desafectando a trabajadores, sepa que la Inspección está comprobando que no se cometan irregularidades.

La Inspección informa sobre la «incompatibilidad entre la prestación por desempleo y el trabajo por cuenta ajena», recordando que la empresa está obligada a comunicar al SEPE la reincorporación parcial o total de los trabajadores en ERTE.

Hacen hincapié en que esta comunicación es obligatoria, y debe realizarse con carácter previo. Y es independiente de las gestiones que deben hacerse con el SEPE para las prestaciones, cuya comunicación también es ineludible.

Igualmente, recuerdan que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva una infracción e importantes sanciones, tanto para empresas, como para los trabajadores.

Ejes de actuación de la actividad de Inspección. Documentación que van a solicitar

Registro. Aunque hayamos estado en estado de alarma, la Inspección recuerda que debe cumplirse la normativa del Estatuto de Trabajadores sobre la jornada y control horario. Supervisarán especialmente el número de horas, para evitar que el teletrabajo vulnere los derechos de los trabajadores. Y que ha seguido llevando el control horario también durante el estado de alarma. También controlarán que el horario de los trabajadores con reducción de jornada se corresponde con la jornada comunicada en el ERTE o variaciones posteriores. En el centro de trabajo además comprobarán las medidas de higiene sobre el sistema de registro mediante huella. Se recomienda utilizar otros sistemas de registro que no impliquen ese riesgo o extremar las medidas de limpieza.

Entre otros documentos, se les exige la aportación de los registros de jornada:

  • Este documento se exige para comprobar que, en un ERTE de reducción de jornada, el empleado está trabajando las horas que le corresponden.  Si la Inspección detecta que trabaja más horas de las que debería (por ejemplo, porque según el ERTE debería trabajar dos horas al día, pero los fichajes demuestran que trabaja cuatro), podrá imponer una multa de al menos 6.251 euros por trabajador, por la comisión de una infracción muy grave (la infracción consiste en dar ocupación a trabajadores afectados por un ERTE).
  • Además, no disponer del registro de jornada constituye una infracción grave tipificada con multa desde 626 hasta 6.250 euros. Dicha multa se sumaría a la del punto anterior si, además de no disponer del registro, se acredita que un empleado trabaja más horas de las comunicadas en el ERTE. Por tanto, recuerde a sus empleados que deben seguir fichando por las horas trabajadas si están en un ERTE de reducción de jornada.

Horarios. Tras finalizar la tramitación de un ERTE, su empresa debe comunicar al SEPE el calendario con los días concretos de suspensión de contrato o de reducción de jornada individualizados por trabajador. Pues bien, la Inspección está solicitando dicho calendario para comprobar que los trabajadores que se encuentran en el centro de trabajo son los que tienen que estar. Si su empresa ha desafectado a trabajadores, la Inspección le pedirá las modificaciones del calendario transmitidas a la Administración. Piense que, si descubren a un trabajador fuera del horario comunicado, le pondrán la multa de al menos 6.251 euros.

Altas. La Inspección también intenta averiguar si antes del ERTE se han tramitado altas fraudulentas (para facilitar el acceso a la prestación por desempleo) o si se han producido incrementos injustificados de bases de cotización (para conseguir un aumento en el importe del paro). Dichas actuaciones suponen una infracción muy grave tipificada con multas de como mínimo 6.251 euros

Las actuaciones en las empresas que estén en situación de ERTE van a centrarse en controlar los siguientes casos:

  • Trabajadores que están trabajando y cobrando una prestación por ERTE. Se controlarán especialmente estos casos para evitar situaciones fraudulentas.
  • Altas fraudulentas en empresas que no se correspondan con puestos de trabajo reales. Es decir, que se haya contratado al trabajador para que cobre fraudulentamente una prestación después.
  • Incrementos indebidos de las bases de cotización que carezcan de sentido, cuyo fin sea obtener una prestación por desempleo superior durante el ERTE.
  • Sobre todo, revisarán las medidas comunicadas por la empresa y si se corresponden con la realidad. Y en cuanto a procedimientos, que se hayan comunicado al SEPE tanto la solicitud de ERTE, como posteriores variaciones y baja o renuncia al ERTE, cuando se produzca.
  • Si es un ERTE ETOP, verificarán que se ha cumplido con las obligaciones que exige el RD Ley 8/2020. Y si es un ERTE de fuerza mayor, solicitarán comunicación del ERTE a los trabajadores.
  • En los ERTE ETOP van a revisar además la existencia de comunicación a la Autoridad Laboral de la finalización del periodo de consultas e informe del acuerdo.
  • En cuanto a la contratación de trabajadores, posterior al inicio del ERTE, no entrarán en ellas si se trata de puestos diferentes a los suspendidos. Por ejemplo, una empresa de repostería que tiene en ERTE a algunos operarios de la pastelería y decide contratar a un community manager.

Medidas de Seguridad e Higiene adoptadas frente al COVID-19. La documentación que van a solicitar:

Van a distinguir entre las empresas en las que existe un riesgo de exposición profesional al SARS-COV-2, como servicios de asistencia sanitaria, funerarias o laboratorios. En estas empresas supervisarán el cumplimiento del RD 664/1997 sobre la prevención de riesgos en este tipo de puestos y las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

El resto de empresas, se vigilará la existencia de las medidas preventivas aconsejadas por las Autoridades Sanitarias en cada fase de desescalada de la pandemia.

En estas empresas comprobarán:

  • El cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el puesto de trabajo. Si observan algo, podrían iniciar actividades rutinarias.
  • Implementación de las medidas sanitarias: distancia interpersonal de 1,5 metros, equipos de protección individual, medidas de higiene y desinfección, etc. Si constatan la no existencia de estas medidas, realizarán una advertencia a la empresa. En caso de mantenerse el incumplimiento, se informaría a las Autoridades Sanitarias.

Documentación que pueden solicitar:

  • Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo. Donde deben tenerse en cuenta las recomendaciones sanitarias.
  • Planificación de riesgos. Donde se debe incluir la incidencia del COVID-19 en la planificación conforme al Ministerio de Sanidad.
  • Tipo de medidas que está aplicando la empresa.

Si observan la ausencia de estas medidas o de los anteriores documentos, pueden iniciar actuaciones contra la empresa.

Le aconsejamos solicitar a su empresa de prevención la evaluación específica del COVID-19 en su actividad y conservar ese informe. Y por supuesto, implementar las medidas recomendadas.

Recordar que, según el artículo 9.2 de la Orden SDN/386/2020 la empresa, además de cumplir las obligaciones de prevención de riesgos, deberá formar e informar a todos los trabajadores sobre el correcto uso de los equipos de protección.

Hacienda aprueba el reparto de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de 6.000 millones del Fondo COVID-19, dotado con un total de 16.000 millones de euros para que las comunidades autónomas financien el impacto de la pandemia y se compense la reducción de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica.

El Fondo COVID está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. El tramo aprobado hoy es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario y que suman más de la mitad del fondo con 9.000 millones.

El primer tramo de 6.000 millones repartido hoy tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computan los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

El reparto del primer tramo queda como sigue:

Comunidades Autónomas Importes (miles de euros)
Cataluña 1.246.525,83
Galicia 268.111,32
Andalucía 597.610,28
Asturias 106.103,81
Cantabria 64.712,95
La Rioja 57.517,28
Murcia 98.164,46
Comunidad Valenciana 449.632,01
Aragón 146.580,33
Castilla-La Mancha 319.263,56
Canarias 158.979,47
Extremadura 96.000,05
Baleares 104.536,52
Madrid 1.495.746,47
Castilla y León 349.156,42
País Vasco 328.630,88
Navarra 88.728,36
Ciudades Autónomas
Melilla 12.000,00
Ceuta 12.000,00
Total 6.000.000,00

El segundo tramo del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar.

Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).

Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

El Fondo COVID-19 supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las Comunidades Autónomas al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Con esta medida el Gobierno garantiza que las comunidades tengan recursos para hacer frente al impacto de la pandemia y poder prestar servicios públicos de calidad. De esta forma, el Gobierno da un paso más en su estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales.

El Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más.

Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones de euros.

Este instrumento fue aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

El fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este fondo se rige por lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea. De hecho, se enmarca en la estrategia europea de medidas de apoyo económico público frente a la pandemia.

El acuerdo aprobado establece las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir en las operaciones de apoyo público temporal.

El inicio del procedimiento para la utilización del Fondo está supeditado a que haya habido una solicitud expresa por escrito de la empresa.

Para resultar beneficiaria de alguno de los instrumentos financieros de este fondo, la compañía tendrá que reunir una serie de condiciones. Algunas de ellas son:

  • Constituir una empresa no financiera con domicilio social y principales centros de trabajo situados en España.
  • No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 y no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento o hallarse declarados en concurso antes del 31 de diciembre de 2019.
  • Que la ausencia de apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo produjera el cese de la actividad del beneficiario, o tuviera graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. Estas dificultades deberán demostrarse por el deterioro, en particular, del coeficiente deuda/capital del beneficiario o por indicadores similares.
  • Justificar que un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional.
  • Demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando a tal efecto en su solicitud un Plan de Viabilidad para superar su situación de crisis, describiendo la utilización proyectada del apoyo público solicitado con cargo al Fondo.
  • Presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal.
  • No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas, así como estar al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Además, la decisión de utilización del Fondo atenderá, entre otros elementos, a la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa, por su relación con la salud y la seguridad pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, su naturaleza innovadora, el carácter esencial de los servicios que presta o su papel en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización, el aumento de la productividad y el capital humano.

Instrumentos del Fondo

Por otra parte, los instrumentos de apoyo del fondo podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, deuda convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales o en cualquier otro instrumento de capital. Asimismo, también podrán utilizarse otras facilidades crediticias, como el otorgamiento de préstamos o la suscripción de deuda privilegiada, ordinaria o subordinada.

Las operaciones financiadas con cargo al Fondo tendrán un importe no inferior a 25 millones de euros por beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente justificados. Además, el importe máximo de las operaciones de apoyo público temporal será el mínimo necesario para restaurar la viabilidad de la empresa y no podrá implicar una mejora del patrimonio neto de la compañía beneficiaria que supere el registrado a 31 de diciembre de 2019.

Limitaciones para las empresas

Hasta el reembolso definitivo del apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo para reforzar su solvencia, el beneficiario estará sujeto a una serie de restricciones. En concreto, no se permite a los beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni asumir riesgos excesivos. También quedará prohibido distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir participaciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo.

Además, hasta el reembolso del 75% del apoyo público, la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, de los Administradores, o de quienes ostenten la máxima responsabilidad social en la empresa, no podrá exceder de la parte fija de su remuneración vigente al cierre del ejercicio 2019. Es decir, bajo ningún concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes.

Por otra parte, el reembolso de la participación del Estado deberá acompasarse con la recuperación y la estabilización de la economía.

Dicho importe se incrementará en un 10% si transcurridos 5 años desde la aportación de capital, no se ha reducido al menos en un 40% la cuota de participación inicial. De mantenerse una participación con cargo al Fondo transcurridos 7 años desde la aportación de capital, el montante del reembolso se incrementará adicionalmente en un 10% sobre la participación viva en dicho momento. En las sociedades cotizadas, dichos incrementos del reembolso se producirán transcurridos 4 y 6 años respectivamente en las condiciones que se establezcan en cada caso.

Consejo Gestor

El acuerdo aprobado hoy también establece la composición y el funcionamiento del Consejo Gestor del Fondo. Ese órgano es el encargado de resolver sobre las solicitudes de las empresas; elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones de las solicitudes del Fondo; y fijar la posición de la Administración General del Estado en el ejercicio de los derechos y facultades que le correspondan por su participación en el capital social de las compañías estratégicas que reciban esta ayuda temporal.

El Consejo Gestor estará presidido por el presidente o vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contará con cuatro vocales, que serán el titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; el titular de la Subsecretaría de Hacienda; el titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; y la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía. Además, el Consejo Gestor tendrá un secretario, puesto que será desempeñado por el secretario general de la SEPI.

Los miembros del Consejo Gestor no percibirán remuneración ni dieta alguna por su pertenencia al grupo.

Apoyo al sector empresarial

La creación de este fondo se suma a una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno desde el inicio de la pandemia para proteger y reforzar el tejido productivo español.

Así, se aprobó la flexibilización de los aplazamientos del pago de impuestos o se impulsaron líneas de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico.

Además, el Estado, a través del ICO, ha puesto a disposición de las empresas y autónomos líneas de avales de hasta 100.000 millones de euros para dotar de liquidez al tejido productivo español, permitiendo así su funcionamiento y protegiendo la actividad y el empleo. Una cantidad que se amplía con hasta 40.000 millones más de avales ICO destinados a apoyar la inversión de empresas y autónomos.

Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda

Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Fondo COVID-19

Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Dominio público marítimo-terrestre. Canon de ocupación

Real Decreto 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada por el COVID-19.

El sector exterior como pilar de crecimiento y creación de empleo en la recuperación económica y social

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado en el Consejo de Orientación Estratégica del ICEX celebrado que “el sector exterior ha de situarse como pilar de crecimiento y creación de empleo en la recuperación económica y social española”.

En su intervención en el Consejo –en el que han participado representantes de CEOE, CEPYME, Cámara de Comercio de España, Club de Exportadores y Foro de Marcas Renombradas, la ministra ha recordado el esfuerzo del Gobierno para proteger el tejido productivo y el empleo “mediante una eficaz red de seguridad de la que se han beneficiado el conjunto de la sociedad española”, y ha destacado instrumentos como la línea de avales ICO -que hasta el 15 de julio ha financiado 89.700 M€ y más de 715.000 operaciones a empresas y autónomos-, una línea Covid de CESCE para la financiación a empresas exportadoras -dotada con 2.000 M€ y que hasta el momento ha financiado 637 operaciones por valor de 680 M€ -, el mecanismo “fast track” de COFIDES dirigido a la aprobación de aplazamientos de cuotas de deudas de empresas afectadas por la crisis sanitaria, y la adaptación de la oferta del ICEX a su versión on-line bajo el lema No pares, ICEX está a tu lado: “Los equipos de la Secretaría de Estado, la red de Oficinas Comerciales en el exterior, ICEX, CESCE y COFIDES han trabajado intensamente tanto para adaptar los instrumentos y los recursos disponibles al nuevo entorno como para buscar e identificar las medidas más adecuadas para apoyar al comercio exterior, y en concreto, para mantener el proceso de internacionalización en el que estaba inmerso la economía española y que tan buenos efectos estaba generando a la hora de contribuir al crecimiento económico”.

Asimismo, ha puesto en valor la fortaleza del tejido empresarial español, “que será capaz de reafirmar su posición en el mercado internacional en cuanto se inicie la recuperación”. Como ejemplos de esa fortaleza ha mencionado la ampliación de la base exportadora (que ha aumentado hasta las 53.000 empresas que exportan de manera regular), la diversificación geográfica (con menor dependencia de la zona euro y mayor peso de las exportaciones a Asia, África y Norteamérica), el creciente peso del comercio exterior de servicios, y la inserción de España en las cadenas globales de valor. “Esta favorable inserción revela la capacidad de adaptación de las empresas españolas ante la reorganización de la producción mundial, tendencias que dotan al sector exterior de una capacidad reforzada para contribuir a la recuperación económica, mediante el fomento de la internacionalización”, ha recalcado.

Plan de Choque post-COVID

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha trazado las líneas maestras del Plan de Choque post-COVID y del ‘Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022’. Las principales líneas del Plan están encaminadas a:

  • preservar el tejido productivo, con especial atención a las PYMEs, mitigando el impacto de la crisis sobre el sector exterior, promoviendo una imagen de España asociada a la competitividad y a la excelencia y manteniendo los mercados abiertos (influyendo en la UE y en foros multilaterales como la OMC, la OCDE, la UNCTAD y el G20), ante los riesgos de proteccionismo y preferencia por el consumo nacional desatados por la crisis del COVID-19;
  • conseguir que el sector exterior se configure como pilar de crecimiento y empleo, favoreciendo la diversificación de las exportaciones y la implantación de nuestras empresas en sectores y destinos estratégicos;
  • potenciar la capacidad de resiliencia del sector exterior cuando se retome con normalidad la actividad exportadora, con instrumentos suficientes y adecuados a sus necesidades que permitan resistir ante eventuales rebrotes o nuevas pandemias, acompañando a las empresas internacionalizadas en el cambio estructural necesario hacia la digitalización y el uso masivo de tecnologías.

Plan Estratégico del ICEX 2021-2022

La consejera delegada de ICEX, María Peña, ha presentado también el Plan Estratégico de ICEX 2021-22, cuyos pilares son la digitalización, la sostenibilidad y la diversificación de mercados como mecanismos de competitividad en el exterior. Durante la pandemia, ICEX ha centrado su actividad en la virtualización de sus actividades y el reforzamiento de los servicios personalizados de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales, la potenciación de las acciones vinculadas con la imagen y la comunicación en los mercados exteriores, y el fortalecimiento de la apuesta por los mercados electrónicos.

Sobre si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio por las consecuencias derivadas del estado de alarma para la gestión del COVID-19 y la posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento. NRV 23ª.

Sobre si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, en aplicación de lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 23ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio del PGC, por las consecuencias derivadas de la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como la posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

El consultante plantea si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 considerando la modificación del plazo legal de formulación de cuentas previsto en el apartado 3 del artículo 40 del Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, como consecuencia de:

a) Impagos y retrasos en los cobros de clientes y deudores que se van a producir en los próximos meses sobre partidas a cobrar existentes al cierre del ejercicio 2019, como consecuencia de su incapacidad para atender a sus compromisos por los efectos del coronavirus.

b) La posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

c) La corrección valorativa sin precedentes y generalizada que se está produciendo en las inversiones financieras (acciones de compañías cotizadas, bonos, participaciones en empresas del grupo, etc).

A estos efectos debe señalarse que el apartado 3 del artículo 40 del Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, cuya redacción ha sido modificada por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, modifica el plazo legal de formulación de cuentas anuales con la siguiente redacción:

"3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.”

Por su parte, la Norma de Registro y Valoración (NRV) 23ª Hechos posteriores al cierre del ejercicio, contenida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, dispone:

“Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambos.

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales. No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la memoria información respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

En consecuencia, las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los gestores, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad o que no existe una alternativa más realista que hacerlo.”

En relación con la cuestión planteada, cabe señalar que desde finales del año pasado ha comenzado una crisis epidémica mundial por la infección del virus denominado COVID-19 con origen en China. En España se detectó el primer contagio el pasado 31 de enero de 2020. Desde esa fecha el número de contagios y fallecimientos ha ido aumentando, lo que ha obligado al Gobierno a la adopción de diversas medidas y a la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las medidas han sido completadas con otra serie de Reales Decretos, Ordenes Ministeriales e instrucciones, y muchas de ellas van encaminadas a evitar la propagación de la epidemia. Las medidas de confinamiento y de suspensión de la actividad en determinados sectores tienen o van a tener, sin lugar a dudas, un impacto relevante en la actividad de las empresas que puede afectar a su capacidad de hacer frente temporalmente a sus compromisos.

Las circunstancias que se han producido en el mes de marzo y que supondrán, como señala el consultante, que algunos saldos de clientes y deudores que su empresa tiene contabilizados no puedan atenderse en los plazos establecidos o no puedan atenderse, no parece que muestren hechos que ya existían a cierre del ejercicio 2019, dado que si bien la existencia del virus ya se conocía en ese momento, no así las consecuencias económicas que su expansión en España iba a conllevar.

En virtud de lo anterior estaríamos según la NRV 23ª ante un hecho posterior de tipo 2, previsto en el segundo párrafo de la norma reproducida, que en principio no implicaría la necesidad de ajustar las cuentas anuales, sin perjuicio de que tal situación de crisis deba recogerse en la Memoria en el apartado de “Hechos posteriores”. No obstante, el análisis de las implicaciones que estas circunstancias tienen en la sociedad es una cuestión que corresponde valorar a los administradores de la sociedad y en su caso a sus auditores.

El consultante asimismo plantea la posible no aplicación del principio de empresa en funcionamiento, argumentando a este respecto que “tal y como indica la NIC 10 “el deterioro de los resultados de explotación y de la situación financiera de la entidad, con posterioridad a la fecha de balance, puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta todavía adecuada”.

El principio de empresa en funcionamiento recogido en el Marco Conceptual de la Contabilidad, contenido en la primera parte del PGC establece lo siguiente:

“Empresa en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. En aquellos casos en que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se determinen en las normas de desarrollo de este Plan General de Contabilidad, la empresa aplicará las normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales toda la información significativa sobre los criterios aplicados.”

A dicho principio también se refiere el último párrafo de la NRV 23ª reproducido. El cese en la actividad referido hay que entenderlo como un cese definitivo y no como una interrupción temporal de la actividad. De esta manera, salvo que los administradores de la sociedad tengan la intención de liquidar la sociedad o los efectos del deterioro en la situación financiera de la entidad no permitan otra alternativa más realista que liquidar la empresa, no procedería determinar la inaplicación del principio de empresa en funcionamiento para la formulación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Este criterio resulta igualmente de lo establecido en la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013, sobre el marco de información financiera cuando no resulta aplicable el principio de empresa en funcionamiento que en su introducción establece que a la vista del criterio establecido en la NRV 23 del PGC “cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que hayan surgido después del cierre del ejercicio pero antes de la formulación de las cuentas anuales que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, las posibles situaciones a resolver en la práctica serían las siguientes. Si una vez ponderados los factores causantes y mitigantes de la quiebra del citado principio, la dirección opina que procede aplicarlo, la empresa informará sobre dichos factores en la nota de la memoria relativa a los «Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre». En caso contrario, también se informará sobre estos hechos en el mismo apartado de la memoria junto con una referencia expresa a que las cuentas anuales se han formulado aplicando el marco de información financiera aprobado por la presente Resolución.”

Por último, el consultante pregunta sobre la posible corrección valorativa de las inversiones financieras dado que, a su parecer, “la aparición del coronavirus COVID 19 en el último trimestre del ejercicio 2019 ha producido una masiva y drástica caída del valor de los activos financieros a nivel mundial. En opinión de esta parte, es razonable considerar que este hecho guarda relación con las condiciones de las inversiones en la fecha del balance y, por tanto, debe corregirse la valoración de los activos financieros al cierre del ejercicio 2019.”

A este respecto, este Instituto se reitera en la aplicación de las reglas generales previstas en la NRV 23ª.

Cualificación profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones

Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.

Mediante este Real Decreto 616/2020 se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.
La cualificación profesional que se actualiza es:

  • Administración de servicios de internet. Nivel 3. IFC156_3

Las cualificaciones profesionales que se modifican parcialmente son:

  • Seguridad informática. Nivel 3. IFC153_3.
  • Programación de sistemas informáticos. Nivel 3. IFC303_3.
  • Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos-inmóticos, de control de accesos y presencia, y de videovigilancia. Nivel 3. IFC365_3.

En este enlace tiene más información sobre las familias profesionales.

Cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal

Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.

Mediante este Real Decreto 615/2020 se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.

La cualificación profesional que se actualiza es:

  • Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. Nivel 2. IMP120_2.

Las cualificaciones profesionales que se modifican parcialmente son:

  • Maquillaje integral. Nivel 3. IMP024_3.
  • Peluquería. Nivel 2. IMP119_2.
  • Bronceado, maquillaje y depilación avanzada. Nivel 3. IMP182_3.
  • Tratamientos capilares estéticos. Nivel 3. IMP397_3.

En este enlace tiene más información sobre las familias profesionales.

Cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Mediante este Real Decreto 614/2020, se establece una cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

La cualificación profesional que se establece en este RD es:

Servicio de entrega y recogida a domicilio. Nivel 1. COM701_1. Anexo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

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Cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal

Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.