La jueza decana de Madrid reclama autonomía presupuestaria para el CGPJ

La jueza decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha reclamado autonomía presupuestaria para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no dependa del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas para resolver las necesidades de los juzgados. María Jesús del Barco ha participado este jueves en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre el poder judicial, en el que dicho que al CGPJ se le ha vaciado de competencias y se ha convertido en una mera dirección de personal del Ministerio de Justicia.

La decana de los juzgados madrileños estima que la Constitución concibió el CGPJ no solo para la política de nombramientos, ascensos, actividad disciplinaria e inspección sino también para gestionar los medios materiales y personales. Si embargo ha recordado que el Tribunal Constitucional no solo arrebató a los jueces la posibilidad de elegir a los vocales del CGPJ de procedencia judicial sino también quitó a su órgano de gobierno de las competencias de la gestión de medios materiales y personales.

«Cuando tengamos esa autonomía podremos hablar de gobierno del poder judicial en términos constitucionales» porque «sin dinero no hay poder», ha recalcado María Jesús del Barco. Ha comentado que es consciente de que esto supone asumir competencias que ahora corresponden al Ministerio de Justicia y a las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas con competencias asumidas en este área.
A todo ello ha añadido que «a los políticos les importa poco la justicia ya que no sacan de ella rédito electoral» a pesar de que los ciudadanos siguen acudiendo a ella de forma masiva, con siete millones y medio de demandas al año y con un constante incremento de la litigiosidad,

Y ha asegurado que esta reducción de competencias del CGPJ y la consiguiente falta de medios de los juzgados y tribunales afecta al trabajo de los jueces sobre todo los que sufren mayores cargas de asuntos, sin perjuicio de que los jueces actúan con independencia al tomar decisiones jurisdiccionales, ha precisado.

El IPC sube en julio al 2,9% interanual, la tasa más alta desde febrero de 2017

Los precios al consumo siguen su escalada y la inflación se situó en julio en el 2,9% interanual, dos décimas más que el 2,7% registrado en junio, lo que supone la tasa más alta desde febrero de 2017, cuando marcó el 3%, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de julio, el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual encadena su séptima tasa positiva consecutiva. Sin embargo, en tasa mensual el IPC retrocedió un 0,7% tras sumar cuatro meses consecutivos de ascensos. El INE publicará los datos definitivos el próximo 13 de agosto.

Según Estadística, en la evolución del dato interanual de julio influyeron los servicios de alojamiento y el gas, cuyos precios aumentaron este mes frente a las bajadas del año pasado, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuyeron más en julio de 2020 que este mes. Destaca también, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento registrado en julio del año pasado.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que aumentó en julio cuatro décimas hasta el 0,6%, con lo que se sitúa más de dos puntos por debajo de la del IPC general. En el séptimo mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 2,9%, cuatro décimas más que la registrada el mes anterior. Por su parte, el indicador adelantado del IPCA cayó un 1,2% en tasa mensual.

El Gobierno prorroga el escudo social en vivienda hasta el 31 de octubre

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la prórroga del conocido como escudo social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre. La protección actual, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios a vulnerables, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos, estaba vigente hasta el 9 de agosto.

Según han confirmado este jueves fuentes del Ejecutivo, la prórroga se ha acordado gracias a «un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados» para ampliar las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2021. «Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, han concluido con el acuerdo para prorrogar este Real Decreto-ley», detallan.

Hasta la fecha, la única protección que estaba asegurada era la relativa a la suspensión de los desahucios de las familias en riesgo, siempre que pudiese acreditarse la vulnerabilidad económica y el juez encargado del proceso así lo corroborase. Debido al retraso en la aprobación de la ley de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajaba en un nuevo decreto para extender de forma estructural la limitación de los desahucios hasta que la ley de vivienda se llevase al Consejo de Ministros.

Con la medida anunciada este jueves, además de la suspensión de los desahucios en las mismas condiciones, se prorroga la posibilidad de que los inquilinos vulnerables soliciten el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual siempre que el propietario sea un gran tenedor de vivienda, una definición en la que entran los titulares de 10 o más inmuebles.

También se prohíbe para primeras viviendas de las personas vulnerables el corte de suministros básicos, como son los de energía eléctrica, gas natural y agua y se amplía automáticamente la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

El Gobierno aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de Covid-19. Desde entonces se ha ido prorrogando el paquete, incluyendo en estas ampliaciones varias modificaciones que han culminado en el diseño actual.

El paro baja en 110.100 personas entre abril y junio y se crean 464.900 empleos

El mercado laboral cerró el segundo trimestre del año con el segundo mayor ascenso de su historia, sólo superado por el crecimiento que tuvo lugar entre julio y septiembre del año pasado, con el desconfinamiento de la economía. De nuevo en esta ocasión el levantamiento de las restricciones sanitarias ha sido clave para impulsar la creación 464.900 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año con respecto al primero, de acuerdo con las cifras de la Encuesta de Población Activa publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, el mercado laboral alcanza los 19.671.700 ocupados, apenas 133.200 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la crisis del coronavirus.

Se trata de un dato muy positivo, ya que viene acompañado de un cierto crecimiento de las horas de trabajo que apunta a la recuperación de numerosos trabajadores desde el ERTE, con algunas provincias y actividades económicas que ya han recuperado las cifras de ocupación previas a la crisis. Sin embargo, también es necesario tomar las cifras con cautela, porque buena parte del empleo generado en este periodo es en el sector público, mientras que el privado sigue 378.300 puestos por debajo de las cifras anteriores a la pandemia, o se ha generado de forma coyuntural en sectores que se han visto favorecidos por la situación sanitaria, pero cuyo avance se puede revertir en los próximos años.

Entre abril y junio se crearon 464.900 puestos de trabajo, una cifra que duplica los incrementos en el mismo trimestre de cada uno de los diez años anteriores al estallido de la pandemia. Esta cifra supone un incremento del empleo del 5,7% que se cimienta, principalmente, sobre el final de las restricciones sanitarias, la reapertura de diversas actividades y el mayor optimismo por la vacunación, que ha permitido liberar parte de la demanda embalsada el año pasado. Pero para ver la auténtica magnitud de este avance es necesario mirar también al incremento en las horas trabajadas, que suma otro 2%.

Con ello, las jornadas equivalentes a tiempo completo suben un 7,7% respecto al arranque del año, lo que convierte a este trimestre en el segundo mejor periodo de la serie histórica, aunque en esto han jugado un papel fundamental no sólo el menor número de trabajadores en ERTE, sino también «la menor incidencia de las vacaciones, la reducción de las ausencias por enfermedad y del paro parcial por razones técnicas o económicas», señala el INE. Con ello, además, el número de desempleados se ha reducido en 110.100 personas entre abril y junio, hasta los 3.543.800 desempleados, con lo que la tasa de paro se reduce en siete décimas, hasta el 15,3%. Sin embargo, hay que destacar que la caída del desempleo es de apenas una cuarta parte del aumento del paro, lo que se puede deber a la mayor incorporación de personas a la búsqueda de empleo, alentados por las mayores posibilidades en esta fase de la recuperación.

De hecho, hay motivos para poner en tela de juicio el vigor de este crecimiento. El principal es la composición de esta creación de empleo, ya que, aunque el empleo privado ha sido el gran protagonista del empujón entre abril y junio, sumando nueve de cada diez nuevos empleos respecto al primer trimestre del año, también hay que tener en cuenta que el público tenía poco margen de crecimiento, porque ya se encuentra en máximos históricos, con 3.439.600 ocupados.

Esto es, 245.100 puestos de trabajo más que antes de la crisis, cuando el sector privado, que crece más por el efecto rebote, todavía se encuentra con 378.300 empleos menos que en 2019. Por ello, el dato de que se ha recuperado el 90% del empleo perdido durante la crisis no es tan positivo como parece a primera vista. Los datos por sectores, además, revelan que buena parte de la creación de empleo se debe al rebote de actividades muy afectadas por la pandemia que han recuperado buena parte de su actividad entre abril y junio, pero que siguen muy por debajo de las cifras de 2019 y es improbable que las recuperen en el corto plazo. Así, los servicios de comidas y bebidas capitalizan la tercera parte de la creación de empleo en estos tres meses, con 161.600 ocupados más que en el primer trimestre, pero todavía necesitan recuperar una cifra similar para alcanzar los niveles prepandemia. Esta actividad va seguida de la construcción (con 63.000 nuevos trabajadores), seguidas de los servicios de alojamiento (49.400), la Administración Pública sin incluir la sanidad o la educación (29.800) o las actividades recreativas (29.500).

El teletrabajo se reduce del 16,2% al 9,4% en un año

Las empresas mantienen la vuelta a la oficina de forma progresiva. En el segundo trimestre del año, el número de ocupados que trabajaron desde su domicilio más de la mitad de su jornada se redujo a 1.849.600, el 9,4% del total. Esto es, 1,8 puntos menos que en el trimestre anterior y 6,8 enteros menos que en el mismo periodo de 2020, aunque las cifras todavía duplican las existentes antes del estallido de la pandemia (4,8%). Esta reducción se debe a tres factores.

El primero es que numerosas empresas están implementando ya planes de vuelta a la oficina, aunque sea con horarios más flexibles y parte de la jornada en el domicilio particular. El segundo, que el avance de la vacunación, que se ha acelerado a partir de abril, está facilitando este proceso, al reducir el riesgo de esta reincorporación. Además, la disminución del número de contagios en estos meses también ha jugado un papel en esta dirección.

Y el tercero es que la mayor parte de los empleos creados en este segundo trimestre se han generado en sectores donde no es posible el teletrabajo, como la hostelería, lo que hace que el porcentaje de teletrabajadores se reduzca significativamente en los últimos meses.

Los Registradores darán cinco meses a las empresas para adaptar sus cuentas

El Colegio de Registradores dará a las empresas cinco meses para subsanar los errores en las cuentas anuales que entregarán hoy las empresas después de que el Ministerio de Justicia cambiara los formularios el martes a solo cuatro días del cierre del ejercicio. La Junta del Colegio de Registradores ha habilitado un doble sistema para el cumplimiento de la entrega -hoy vence su plazo- para facilitar a las sociedades el cambio de los formularios tras la publicación en el BOE de los nuevos modelos.

Según fuentes del Consejo General de Economistas de España (CGE), el Colegio de Registradores les trasladó el jueves las medidas que toman sobre este asunto. Por un lado, los Registradores recuerdan que «en principio, las cuentas anuales, al haber entrado en vigor las órdenes antes referidas, deben depositarse con arreglo a la nueva normativa». Sin embargo, los Registradores precisan que «con el objeto de que se puedan conciliar la obligación en plazo del depósito, y, al propio tiempo, la incorporación de las nuevas exigencias legales en tan breve periodo de tiempo, el Colegio de Registradores ha habilitado un doble sistema para el cumplimento».

Este sistema permitirá que «aquellas sociedades mercantiles que puedan adaptarse a las nuevas exigencias sobrevenidas desde el martes pasado, podrán hacerlo de forma inmediata y digitalizada». En cualquier caso, los Registradores establecen que «para aquellas que les resulte de difícil o imposible ejecución, podrán usar los modelos de presentación de cuentas anteriores si bien que, deberán subsanar en el plazo de cinco meses el defecto que les será advertido, con el fin que en el indicado plazo aporten el resto de la documentación ahora exigida desde el 27 de julio».

El Colegio de Registradores habilitará un banner específico con mayor información e hipervínculos a los documentos necesarios en los enlaces: https://www.registradores.org/ y https://www.registradores.org/informaci%C3%B3n-cuentas-anuales. «A mayor abundamiento, en próximos días, el Colegio de Registradores ofrecerá mayor información sobre la forma de subsanar los posibles defectos advertidos como consecuencia del uso de los modelos anteriores a la Orden tantas veces citada», aseguran los Economistas.

El Ejecutivo cambió el martes la fórmula para presentar las cuentas anuales a cuatro días del cierre. Las empresas que hasta el pasado lunes no habían presentado sus balances han tenido solo cuatro días, hasta hoy, para adaptarse a la nueva forma que ha aprobado el Gobierno. La publicación en el BOE de los formularios desató las críticas entre los economistas, asesores fiscales y los contables. Los especialistas consideraban que la medida de justicia genera un «auténtico caos contable» en el final del mes de julio.

Tal fue la avalancha de consultas que esta semana ya muchos Registros decidieron intervenir. A principios de semana, muchos registradores decidieron ampliar la recepción en estos días para cuentas anuales hasta las 00 horas, aunque el horario en general es hasta las 17 horas. El Registro Mercantil de Valencia se sumó a estos Registros y fue más allá. Emitió una nota informativa en la que declaraba que «para este ejercicio se podrán presentar en plazo y hasta las 23 horas y 59 minutos del 2 de agosto» las cuentas anuales. Al ser 31 de julio -último día para presentar las cuentas- día inhábil, este Registro decidió facilitar la entrega a las empresas dándole a las empresas hasta el siguiente día hábil, el lunes 2 de agosto.

elEconomista informó el miércoles de la Orden del Ministerio de Justicia JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. Esta normativa modificaba las reglas en pleno cierre del Ejercicio. Hoy finaliza el plazo para que las sociedades depositen en el Registro Mercantil sus estados financieros del año. El Gobierno ha modificado la normativa este lunes, lo que obligará a los profesionales a adaptar las cuentas en tiempo récord.

Según el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, deberán depositar sus estados financieros anuales en el Registro dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales. Lo habitual es que se preparen y presenten durante el mes de julio. Las juntas generales en las que se aprueban las cuentas suelen ser a finales de junio.

Este periódico informó de las quejas que levantó entre los profesionales la medida. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha expresado su «indignación y profundo malestar» por la aprobación, mediante Orden Ministerial, de los nuevos modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Deben ser utilizados por todas aquellas entidades que tengan pendiente depositar y presentar sus cuentas, lo que supone «dar un perentorio plazo de cuatro días para implementar de nuevo un trabajo que, a día de hoy, estaba prácticamente concluido».

Los asesores fiscales se quejan también de la «enorme falta de previsión de la administración tributaria al no haber publicado estos modelos con las nuevas obligaciones de información con una antelación razonable para facilitar así su debido cumplimiento en tiempo y forma».

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, subrayó que esta medida va a suponer «una presión añadida» para las empresas, no solo por las complicaciones administrativas «sino también por los costes de cumplimiento, especialmente para las pymes». Para Pich resulta «incomprensible» que un problema de coordinación entre Administraciones «se intente solucionar con una nueva carga para las empresas».

Bruselas transferirá los primeros pagos del fondo de recuperación a principios de agosto

La Comisión Europea espera poder transferir los primeros desembolsos asociados al fondo Next Generation EU durante los primeros días de agosto a los 16 socios que ya tienen aprobados sus respectivos planes de recuperación, entre los que se encuentra España. «Puedo confirmar que, efectivamente, los primeros pagos de prefinanciación están previstos para principios de agosto», ha explicado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts, durante una rueda de prensa de la institución celebrada este jueves.

La portavoz comunitaria, sin embargó, declinó detallar cuál será el calendario definitivo por el que comenzarán a llegar las primeras ayudas. España, en concreto, tiene asignada una prefinanciación de 9.000 millones de euros a los que luego podrán sumarse otros 10.000 millones antes de que termine el año. Este último tramo, como el resto que el país reciba hasta 2023, dependerá sin embargo del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos a los que Madrid se ha comprometido ante Bruselas. Junto a España, el resto de socios que aspiran a recibir cuanto antes el dinero son Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Croacia, Lituania, Eslovenia y Chipre.

Varios de ellos, incluyendo España, ante la urgencia de recibir cuanto antes los fondos, han presionado a lo largo de los últimos meses tanto a la Comisión como al Consejo para acelerar la transferencia definitiva de los primeros pagos. El Ejecutivo comunitario, una vez que recibiese los planes nacionales, disponía de hasta dos meses para darles el visto bueno. A partir de ahí, el Consejo, que representa a los 27 socios, contaba con otros 30 días para dar el aprobado definitivo a cada plan. «La Comisión ha hecho todo lo que está en nuestras manos para acelerar este proceso», dijo Nuyts.

Si se cumplen los plazos dados a conocer por la Comisión, los primeros pagos llegarán a los países poco más de un año después de que los 27 socios aprobasen el fondo de recuperación, compuesto por un total de 750.000 millones de euros que Bruselas está recopilando gracias a la primera emisión conjunta de deuda que lleva a cabo el Ejecutivo comunitario.

La prefinanciación de 9.000 millones de euros que recibirá España forma parte del paquete de transferencias directas que tiene comprometidas, y que suma casi 70.000 millones de euros a recibir en los próximos años. A partir de entonces, las capitales tienen la opción de recurrir a los créditos blandos, que en el caso español suman otros 70.000 millones de euros, hasta sumar un total aproximado de 140.000 millones.

España usará las ayudas para implementar programas de transición energética, movilidad sostenible, rehabilitación de vivienda, modernización de las administraciones públicas o digitalización de pymes, entre otras inversiones. Para ello, España también tendrá que abordar reformas de calado como la del mercado laboral, la de pensiones o la fiscal.

El número de ocupados aumenta en 464.900 personas en el segundo trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior

Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de 1.964.700 en el primer trimestre de 2021 a 1.498.400 en el segundo. El descenso se debe, fundamentalmente, a la menor incidencia de las vacaciones y a la reducción de las ausencias por enfermedad y por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y paro parcial por razones técnicas o económicas. Como consecuencia de todo ello, el número de horas trabajadas aumenta respecto del trimestre anterior un 7,73%.

En variación anual las horas trabajadas crecen un 34,35% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2020. Si se compara con el segundo trimestre de 2019, antes de la pandemia, el número de horas trabajadas varía un –1,41%. El 9,4% de los ocupados (1.849.600) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 11,2% observado en el primer trimestre de 2021, al 16,2% del segundo trimestre de 2020 y al 4,8% de 2019. Los flujos entre los distintos estados de ocupación, paro e inactividad muestran un incremento de las entradas a la ocupación desde la inactividad y el paro, así como un descenso de los ocupados y parados hacia la inactividad, lo que produce un incremento notable del número de activos este trimestre.

El número de ocupados aumenta en 464.900 personas en el segundo trimestre de 2021 y se sitúa en 19.671.700. La tasa de variación trimestral del empleo es del 2,42%. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es del 49,63%, con un incremento de 1,16 puntos respecto del trimestre anterior. En variación anual, esta tasa ha subido 2,6 puntos.

Por sexo, el empleo aumenta este trimestre en 241.400 mujeres y en 223.500 hombres. Por nacionalidad, la ocupación sube en 331.200 personas entre los españoles y en 133.700 entre los extranjeros. Por edad, el empleo crece este trimestre en todos los grupos. El mayor aumento (79.600 ocupados más) se da entre las personas de 20 a 24 años. En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 1.064.400 personas (589.300 mujeres y 475.100 hombres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 5,72%, lo que supone un incremento de 8,13 puntos respecto al trimestre precedente. Con relación al segundo trimestre de 2019 el número de ocupados se ha reducido en 133.300.personas.

La ocupación aumenta este trimestre en todos los sectores: en Servicios (365.700 personas más) en Construcción (63.100), en la Industria (23.000) y en la Agricultura (13.100). En el último año el incremento en la ocupación también se da en todos los sectores: hay 838.100 ocupados más en los Servicios, 155.800 en la Construcción, 47.700 en la Agricultura y 22.900 en la Industria. El empleo a tiempo completo se incrementa este trimestre en 325.600 personas y el empleo a tiempo parcial en 139.300. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial sube 38 centésimas, hasta el 14,41%.

En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo crece en 715.200 personas y el empleo a tiempo parcial en 349.300. El número de asalariados aumenta este trimestre en 403.200. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 98.100 y los que tienen contrato temporal en 305.000. La tasa de temporalidad sube 1,27 puntos, hasta el 25,06%. En los 12 últimos meses el número de asalariados ha crecido en 980.600. El empleo indefinido ha aumentado en 314.100 personas y el temporal en 666.500. El número total de trabajadores por cuenta propia sube en 71.800 personas en variación trimestral y en 78.000 en el último año. El empleo privado se incrementa este trimestre en 422.700 personas, situándose en 16.232.100. El empleo público2 aumenta en 42.100, hasta 3.439.600.

El paro baja este trimestre en 110.100 personas. El número total de parados se sitúa en 3.543.800. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del –3,01%. La tasa de paro disminuye 72 centésimas y se sitúa en el 15,26%. En los 12 últimos meses esta tasa ha bajado seis centésimas. Por sexo, el número de hombres en paro se reduce en 60.700 este trimestre, situándose en 1.639.500. Entre las mujeres el desempleo disminuye en 49.400, hasta 1.904.300. La tasa de paro femenina baja 77 centésimas y se sitúa en el 17,36%. La masculina disminuye 68 centésimas y queda en el 13,39%.

Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas de 25 a 54 años (–168.000). Por el contrario, el número de parados sube en 46.300 entre los menores de 25 años y en 11.600 entre los de 55 y más años. Por nacionalidad, el paro baja este trimestre entre los extranjeros en 56.500 y entre los españoles en 53.600. La tasa de paro de la población española es del 13,94%, mientras que la de la población extranjera es del 23,75%. El desempleo disminuye este trimestre en todos los sectores: en Servicios (306.200 menos), en Industria (–43.300), en Construcción (–35.500) y en Agricultura (–21.900).

El Tesoro emitirá en septiembre su primer bono verde, para captar hasta 13.600 millones

El Tesoro público emitirá en septiembre su primer bono verde, destinado a financiar proyectos para reducir la huella ecológica de la economía española. Será el primero de un calendario de emisiones que paulatinamente aspira a captar hasta un total de 13.600 millones de euros, que el Estado irá a buscar en forma de financiación a los mercados inversores. Así lo han anunciado este miércoles las vicepresidenta primera y tercera, Nadia Calviño y Teresa Ribera; en rueda de prensa; en la que han presentado el marco regulador del programa de financiación verde. «Se ha entendido que los riesgos ambientales no son algo lejano, sino algo que determina la solvencia y la viabilidad de buena parte de las actividades económicas», ha destacado la ministra para la Transición Ecológica.

El erario público español diversifica así sus fuentes de financiación para los próximos años, reduciendo el coste de la misma y abriendo nuevas vías específicamente planteadas para promocionar aquellas inversiones destinadas a mejorar la sostenibilidad de las actividades españoles. Esto es, por ejemplo, mejoras en la red de transporte ferroviario (como alternativa al vehículo privado), proyectos de adaptación al cambio climático para reducir las emisiones efecto invernadero o mecanismos para la prevención de riesgos de incendios; entre otros.

Calviño ha destacado que la agencia de calificación Moody’s ya ha evaluado el proyecto presentado este miércoles públicamente -esta semana será promocionado entre potenciales inversores- y les ha concedido la máxima nota crediticia, al nivel de Francia o Reino Unido. «Nuestros bonos serán los de mayor calidad en el mercado», ha afirmado. Los 13.600 millones de euros de bonos verdes que emitirá el Tesoro durante el próximo año se incluye dentro de la previsión de los 80.000M de nueva deuda publicitada para el conjunto del ejercicio. La titular de Economía se ha mostrado claramente optimista para colocar estos bonos y a un tipo de interés bajo, debido al «alto apetito inversor» que afirma detectar en los mercados.

El Tesoro saca ahora estos bonos verdes, después de realizar un análisis sobre qué proyectos podrán financiarse mediante los fondos NextGeneration EU y cuáles deberán tirar de financiación privada en los mercados. El Ejecutivo se ha comprometido a elaborar un reporte anual del impacto de los proyectos financiados con bonos verdes, para facilitar una «inversión segura» y «la solvencia a medio y largo plazo»; a la vez que dan cuenta del retorno que los recursos prestados por los inversores tienen en el medio ambiente; según ha explicado Ribera. Que ha considera que «el mercado de bonos verdes está en alza», por lo que el Ejecutivo estudiará ahondar en esta vía de financiación en un futuro.

Inglaterra elimina en agosto la cuarentena para el turismo de la UE y Estados Unidos

El Gobierno británico anunció este miércoles que eliminará a partir del 2 de agosto la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países. El ministro de Transporte, Grant Shapps, confirmó la medida, la cual, dijo, «ayudará a que vuelvan a juntarse» con sus «familiares y amigos en el Reino Unido» aquellos que «viven en EE.UU. y países de la UE».

Este cambio, explicó en su cuenta de Twitter, se aplicará a los vacunados con preparados aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Sin embargo, precisó el titular de Transporte, éstos deberán aún hacerse «los habituales» test anticovid antes de viajar y realizar una «prueba PCR al segundo día de regresar a Inglaterra». Hasta ahora, solo estaban exentos de hacer la cuarentena de diez días a su regreso a Inglaterra desde el extranjero (menos desde un país considerado de máximo riesgo) los ciudadanos que hubieran recibido la pauta de vacunación en el Reino Unido.

El cambio supondrá que cualquier nacional de un país de la UE o estadounidense totalmente vacunado podrá entrar a Inglaterra sin necesidad de aislarse, sea para hacer turismo, negocios, para visitar a familia o asistir a eventos deportivos. No obstante, en general, al margen de dónde se haya obtenido la vacuna, todavía se tendrá que hacer la cuarentena cuando se llega de un territorio en la lista ámbar plus, como actualmente Francia, o en la roja (en este caso, en un hotel designado), como muchos en América Latina. Están exentos del aislamiento todos los viajeros llegados de países verdes y las personas vacunadas que procedan de lugares en ámbar, como España, si bien deben aportar tests negativos antes y después de llegar al país.

En los últimos días, el sector de viajes, muy afectado económicamente por la pandemia, ha presionado al Gobierno para que flexibilice su política de viajes internacionales, a fin de salvar algo de la temporada veraniega. Se espera que, además de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que tienen sus propias competencias, actualicen en breve sus políticas de viaje.

La Fed prepara el terreno para la reducción de las compras

Los cambios en la política monetaria de EE UU se aplazan para próximas reuniones. Un mes después de que la Reserva Federal adelantara a 2023 la subida de tipos, los miembros de la institución volvieron a reunirse para evaluar las condiciones económicas y debatir sobre una eventual reducción del programa de compras. Tras dos días confrontando ideas, el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) decidió mantener sin cambios los tipos, que permanecen en la horquilla del 0-0.25% desde marzo de 2020, y acordaron seguir compra deuda a razón de 120.000 millones de dólares al mes, ritmo que permanece sin cambios desde diciembre.

Fiel a las palabras de Jerome Powell de avisar con antelación antes de acordar nuevos cambios, el banco central de EE UU empieza poco a poco a preparar el terreno para el tapering. En el comunicado del Comité, lo miembros de la institución resaltan que la primera economía del mundo se encamina hacia los objetivos de empleo e inflación, dejando entrever que se dan los progresos para proceder al tapering, un proceso que el mercado espera que llegue a finales de año. No obstante, aunque el tapering está cada vez más cerca la Fed se compromete a ajustas la orientación de la política monetaria si surgen riesgos que puedan impedir la consecución de los objetivos.

“Con los avances en las vacunas y el fuerte apoyo de las políticas, los indicadores de actividad económica y el empleo han seguido fortaleciéndose. Los sectores más perjudicados por la pandemia han mejorado, pero no se han recuperado del todo”, señala la institución en el comunicado. Después de las sorpresas dadas por la inflación en los últimos meses, la Fed volvió a remarcar que los repuntes de se deben en gran medida a factores transitorios, una idea que también remarcó Powell en la rueda de prensa al señalar que por transitorio se refiere a no dejar marca permanente a la inflación y que el proceso de alza de los precios es de esperar que se detenga. Por si a alguien le quedaba alguna duda el comité reiteró que pretende alcanzar el máximo de empleo y la inflación en la tasa del 2% a largo plazo.

“Dado que la inflación se ha situado persistentemente por debajo de este se tratará de lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo”, remarca. Es decir, aleja los fantasmas de una subida del precio del dinero, algo que está previsto para 2023. En la posterior rueda de prensa Jerome Powell adelantó que esperan que la inflación supere el 2% en los próximos meses y aseguró que en las próximas reuniones brindarán más claridad. Powell espera que la creación de empleo coja tracción en los próximos meses pues considera que aún están lejos de progreso sustancial del mercado laboral. Respecto al alza de los tipos el banquero central considera que aún queda mucho camino por recorrer y se sitúan en un horizonte muy lejano.

La falta de concreción impidió a Wall Street salir de dudas. A media sesión el Dow Jones y el S&P 500 cotizaban en tablas mientras el Nasdaq se anotaba un 0,5% gracias a los buenos resultados logrados por las grandes tecnológicas. En el mercado de deuda el bono de EE UU a 10 años repunta ligeramente al 1,26%.

El salario medio cae un 2,6% en 2020; en la administración sube el 5,4%

La crisis desatada por el coronavirus ha impactado con fuerza en la mayor parte del mercado laboral, pero no en todo ni con la misma fuerza. Así se explica que los sueldos de los funcionarios y empleados públicos hayan subido durante lo más duro de la pandemia, el año pasado, mientras que los del resto de actividades se hayan contraído, con pocas excepciones y también con algunos desplomes muy significativos, como la hostelería, las actividades recreativas, el transporte o el comercio. Esto se debe, fundamentalmente, al elevado impacto de los ERTE. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte en su informe de que la comparación con 2019 está distorsionada porque «se vivió una dualidad en el empleo de las empresas», ya que en las empresas había trabajadores retribuidos con sueldos y otros por las prestaciones públicas, ya fuera total o parcialmente.

En concreto, los empleados de la Administración Pública, Seguridad Social y Defensa (sin incluir sanidad ni educación, debido a que son actividades tanto públicas como privadas) registraron un incremento del sueldo medio del 5,4% en 2020 respecto al año anterior, algo que contrasta con el descenso del 2,6% en el conjunto del mercado laboral. Con ello, los funcionarios se convierten en el quinto grupo de trabajadores mejor pagados en España, con 29.580 euros al año, desbancando a las actividades profesionales, científicas y técnicas. Los empleados públicos en el ránking de los mejor pagados quedan únicamente por detrás del suministro energético (60.352 euros al año), las actividades financieras (48.180), la minería (38564) y la información y las comunicaciones (35.423).

Esta subida viene acompañada por alzas en otros pocos sectores, como es el caso de la minería (4,9%), las actividades inmobiliarias (4,7%) o el suministro de energía (2,7%). Sin embargo, se trata en la mayoría de los casos de sectores de un tamaño relativamente escaso o de actividades muy vinculadas al sector público, como es el caso de esta última. De hecho, las ganancias de estos sectores, que aglutinan al 23% de los trabajadores de la muestra (la encuesta no incluye agricultura o empleo doméstico, por su carácter más informal) contrasta con los recortes sufridos por la mayor parte de los trabajadores. Los mayores recortes se produjeron en la hostelería (un 33,5%, debido al cierre de establecimientos, los despidos y los ERTE, así como ciertos ajustes salariales), seguidos de las actividades artísticas y recreativas (11,3%), transporte y almacenamiento (7,8%), el comercio (5,2%), la industria y otros servicios (ambos un 4,5%).

Llama la atención que el dinero gastado por las empresas en indemnizaciones por despido en 2020 haya caído un 8,4% a pesar de la crisis, algo probablemente debido a las mayores trabas en los despidos y a que muchas empresas han optado por los ERTE, como pone de manifiesto que esta cifra haya caído un 39,9% en el comercio y un 37,8% en la hostelería. Estos datos contrastan con el fuerte incremento en la minería, donde las indemnizaciones por desempleo se han multiplicado por doce y alcanzan los 2.181 euros por cada trabajador, catorce veces por encima de la media. Asimismo, también llaman la atención, aunque tienen cierta lógica, los descensos en los gastos de formación profesional en la empresa (una caída del 28,3%), los de carácter social (25,5%) y de transporte (17,8%).

Por regiones, destaca el incremento salarial de Murcia (un 1,5%), algo que no tiene equivalente en otras comunidades. De hecho, los sueldos llegan a caer un 12,3% en Canarias y un 11,8% en Baleares, debido al enorme peso del sector turístico en ambas zonas. Estas regiones van seguidas de Cataluña (con una caída del 4,3%), Aragón y Extremadura (3,7%), La Rioja (3,2%), Comunidad Valenciana y Cantabria (2,8%).

Los empresarios reacios a la subida del salario mínimo en estos momentos

Los dirigentes empresariales consultados coinciden en sus críticas a la decisión de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, de acometer en septiembre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), si el mercado de trabajo sigue mejorando como en los últimos meses. Calviño pasó así de aplazar la subida de esta renta a aceptar su incremento, tras consultar con la patronal y los sindicatos. Además, después de sostener un duro pulso con la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es una decidida partidaria de subir el SMI inmediatamente. Hay que recordar que la renta es de 950 euros al mes, y 13.300 euros anuales, por catorce pagas.

Sin embargo, los empresarios no están de acuerdo en subir ahora esta renta, de la que dependen alrededor de dos millones de trabajadores. «La mejora de las condiciones salariales es un objetivo compartido por todos», dice José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Sin embargo, puntualiza: «Pero es indispensable que la recuperación económica se consolide y todavía persisten factores de incertidumbre, como, fundamentalmente, la evolución de las nuevas variantes del coronavirus y su incidencia en actividades esenciales como el turismo, el comercio y la hostelería». Son los sectores más castigados por las decisiones del Gobierno, de las comunidades autónomas y de los países que más turismo emiten a España de frenar la movilidad nacional e internacional, y cerrar las actividades de ocio.

Otros empresarios se preguntan ¿por qué Calviño ha cambiado de opinión en un mes sobre la oportunidad de subir el SMI, cuando antes compartía la opinión de los empresarios? Así se expresan, Lorenzo Amor, presidente de ATA, la mayor organización de autónomos, y uno de los vicepresidentes de CEOE, y Francisco Aranda, presidente de la asociación UnoLogística. «Lo que hace un mes no era bueno para la economía [como la subida del SMI] ahora no puede ser bueno. Precisamente, cuando los contagios han aumentado otra vez, dentro de la quinta ola de la pandemia. Lo importante es vacunar y recuperar la economía cuanto antes», dice Amor.

«Mi opinión es la misma que hace sólo unas semanas tenía la vicepresidenta Calviño. Es decir, resulta completamente inoportuno porque ahora la prioridad es la recuperación económica y salvar los empleos que están en suspenso con los ERTE», dice Aranda que recuerda que, según el Banco de España, la subida en un 22,3% del SMI, en 2019, desde los 735 a los 900 euros mensuales supuso que dejaran de crearse en torno a 180.000 empleos. El mismo dato que cita Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, para subrayar la medida.

En efecto, todos los empresarios consultados advierten al Gobierno de que una subida del SMI ahora podría repercutir otra vez entre los jóvenes y los desempleados, que muchas veces unen ambas circunstancias en un trabajador.

Así, el presidente de Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, argumenta que «los aumentos del SMI sólo deberían llevarse a cabo en momentos con un bajo nivel de desempleo, elevado crecimiento económico y creación de empleo. Un aumento de esta renta en las actuales circunstancias perjudicará especialmente a las pequeñas empresas, que son las que más están sufriendo esta crisis, aumentará el desempleo y dificultará la contratación de aquellos trabajadores con menor nivel de renta, como los jóvenes y las mujeres».

Euskadi gestionará las tasas Tobin y Google

Hasta ayer mismo, el reciente deterioro de las relaciones entre el PNV y Pedro Sánchez parecía que se pondría de manifiesto con la inasistencia del lehendakari Íñigo Urkullu a la Conferencia de Presidentes, mañana en Salamanca. Por sorpresa, y casi in extremis, las cosas han cambiado gracias a la decisión del Gobierno central de ceder al País Vasco la recaudación del IVA por ventas a distancia, así como de los impuestos de Transacciones Financieras (tasa Tobin) y Servicios Digitales (tasa Google).

Para cerrar este traspaso, responsables de ambas administraciones se reunirán hoy en Madrid en la conocida como comisión mixta del Concierto Económico, un órgano bilateral en el que Madrid y Vitoria sellan sus pactos financieros y fiscales. Según la regulación, ambas Administraciones deben acordar técnicamente dónde y cómo se ingresan los nuevos impuestos que entren en vigor en España, como ocurre este año con las tasas Tobin y Google. De hecho, el Gobierno vasco lleva meses reclamando la convocatoria de la comisión mixta -que no se ha reunido en 2 años- para que las Diputaciones forales (competentes en materia fiscal) empiecen a recaudar los nuevos tributos, cuyo importe rondará los 200 millones.

Las dos Administraciones acordarán también hoy la renovación de la junta arbitral que dirime los conflictos fiscales entre ambas, con el nombramiento de Sofía Arana y de Violeta Ruiz Almendral, que se suman a Javier Muguruza. Algunos medios creen que hoy podrían cerrarse otros acuerdos urgentes y relevantes para el Gobierno vasco, como el techo de gasto y la senda de endeudamiento, esenciales para elaborar las cuentas vascas y forales.

Hacienda cubrirá el coste que tendría para las regiones devolver el exceso de financiación que se les entregó en 2020

El Gobierno ha decidido poner fin a la gran inquietud que pesaba sobre las comunidades autónomas de cara al año 2022, cuando debían devolver el exceso de financiación que recibieron durante el año 2020. Según fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo, Hacienda ha anunciado a las autonomías que les entregará una transferencia extraordinaria para cubrir dicha factura. A fin de reforzar la capacidad económica de las regiones ante la embestida de la pandemia, el Gobierno decidió mantener la financiación prevista a las autonomías en 2020, efectuando entregas a cuenta sin tener en cuenta el impacto negativo que iba a tener la recesión económica en los ingresos públicos.

Las comunidades deben ajustar cuentas con Hacienda a los dos años de la recepción de estos anticipos anuales, lo que suponía que las regiones tenían que hacer frente a un fuerte desembolso al Estado en 2022 para devolver el dinero recibido en exceso. Diferentes consejeros autonómicos vienen reclamando soluciones al Gobierno para evitar que justo cuando la economía comienza a remontar de la crisis del Covid -pues en 2022 se espera recuperar el nivel de PIB precrisis- semejante mazazo a sus arcas públicas podría resultar contraproducente.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las regiones que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirán una transferencia extraordinaria a las comunidades autónomas por los 3.900 millones que se estima que tendrían que devolver. La medida resulta inédita y mucho más contundente que la solución dada a este mismo problema en la crisis anterior, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dio un plazo de 10 años -prorrogado después- para devolver el dinero entregado de más.

La cobertura total de las liquidaciones negativas de 2020 es uno de los factores que contribuye a construir el techo de gasto récord aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La solución, anunciada durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha reunido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los consejeros autonómicos del ramo, se ofrece en paralelo a un incremento del 6,3% de las entregas a cuenta para 2022, también hasta una cifra nunca vista de 112.213 millones de euros.

Las comunidades de vecinos no pueden prohibir en sus estatutos los pisos turísticos

La prohibición establecida en los estatutos de una comunidad de propietarios de convertir las viviendas en pisos de uso turístico ha sido rechazada en una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, disponible en este enlace.

Los jueces han rechazado el argumento de los vecinos que consideraban claro el carácter empresarial o profesional que se desarrolla en los pisos turísticos, actividad prohibida en los estatutos de la comunidad de propietarios por la peculiar configuración del edificio. El inmueble, ubicado en el centro de Oviedo, está distribuido en dos portales diferenciados, uno de los cuales da acceso a las viviendas (donde se prohíben los pisos turísticos) y el otro a los locales y oficinas (donde se permiten las actividades empresariales o profesionales).

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Consejería de Empleo Industria y Turismo del Principado de Asturias que confirmaba la inscripción definitiva de una vivienda en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas como Vivienda de Uso Turístico.

Tanto la empresa propietaria de los pisos turísticos como el letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias entienden que la finalidad para turismo o vacaciones está comprendida dentro del uso residencial y no como actividad profesional o empresarial. Además, en el mismo edificio existe otra empresa que tiene alquilados varios pisos. Denuncian que la comunidad permite los contratos del alquiler sobre las viviendas (contratos de uso residencial) y prohíbe el alquiler vacacional por entender que es una actividad empresarial.

Por otro lado, existe autorización del Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa municipal, que declara los pisos como viviendas de uso turístico con una finalidad residencial. Diferencian entre uso de la vivienda, que es residencial, y actividad en la vivienda (con fines profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales) que según la propietaria de los pisos turísticos no existe.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias recuerda que en varias de sus sentencias se establece que la vivienda no pierde su carácter residencial por estar destinada a alojamiento turístico temporal. El uso propio de residencia -ya sea provisional o permanente- mantiene su condición de domicilio y a pesar de que estos alquileres estén excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Aunque el propietario del inmueble alquile los pisos a una empresa con la finalidad de dar un rendimiento turístico a las viviendas para realizar al mismo tiempo una actividad comercial y otra de uso residencial de los pisos, esta doble situación no impide mantener el objetivo de las viviendas turísticas como residencia de sus moradores. Además, la Agencia Tributaria califica los ingresos obtenidos por el alquiler de vivienda como rendimientos de capital inmobiliario.

Por lo tanto, el uso turístico no deja de tener carácter residencial aun cuando tenga su consecuencia previa de un uso empresarial y mercantil por parte de la propietaria. En este caso no son aplicables los estatutos que prohíben expresamente que en las viviendas se desarrollen actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de cualquier tipo. Los jueces tienen en cuenta que los pisos turísticos tienen un uso residencial mediante su arrendamiento como actividad económica consistente en la explotación comercial de dicha vivienda.

Hacienda condiciona el pago de 3.000 millones de IVA a las regiones a la aprobación del Presupuesto

Tras aprobar ayer un techo de gasto histórico para los Presupuestos Generales del Estado de 2022, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las regiones una asignación de fondos también récord para el próximo año con la que podrán comenzar a diseñar sus cuentas públicas. Así ha sido comunicado a los consejeros autonómicos del ramo que han participado el Consejo de Política Fiscal y Financiera -incluyendo al de Cataluña, por primera vez en un lustro- por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Hacienda ha detallado a las regiones que el importe de las entregas a cuenta para 2022 será de 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior y la mayor cifra de la serie histórica. En paralelo, Hacienda ha prometido a las autonomías la entrega de 3.000 millones de euros más correspondientes al mes de IVA de 2017 que no fue distribuido por el efecto que del nuevo sistema de información electrónica, el SII.

Tras la sentencia judicial que ordena a abonar el monto a las regiones, Hacienda ha propuesto hacerlo de golpe en 2022 a condición, eso sí, de que se apruebe un nuevo Presupuesto. Montero ya ligó la devolución a las cuentas de 2019, operación que se frenó al tumbar el Parlamento el plan presupuestario, lo que digo lugar a las primeras elecciones generales de aquel año. Finalmente, Montero ha comunicado a las Comunidades Autónomas el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Los fondos se distribuirán por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid advierte de la avalancha de pleitos por el Covid

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha advertido de la avalancha de pleitos que van a llegar a los juzgados debido a la crisis por la pandemia del coronavirus Covid-19 que saturarán un sistema ya colapsado sobre todo en los órdenes social y mercantil. Así lo ha manifestado Rodríguez Padrón en la presentación de la memoria del TSJM, en la que ha estimado conveniente una ley más completa en la que los tribunales puedan apoyarse a la hora de convalidar o no restricciones de derechos, como toques de queda o confinamientos, que acuerden el Gobierno central o las comunidades autónomas ante situaciones como la pandemia.

Celso Rodríguez ha estimado que «las implicaciones económicas de la pandemia sobre el tejido empresarial, el consumo o las relaciones mercantiles en general hace suponer un incremento de asuntos en los próximos tiempos» y ha destacado que «últimamente se ha acumulado una ingente cantidad de demandas relacionadas con el transporte aéreo como reclamaciones por retrasos de vuelos. A su juicio es imprescindible la creación en la Comunidad de Madrid de 145 nuevos órganos judiciales y 32 plazas más de magistrados para paliar el déficit de jueces existente y la desproporción entre el número actual, 737, y los asuntos que deben resolver, causa de la lentitud en las resoluciones.

El presidente del TSJM ha comentado que los jueces no se sienten utilizados en batallas políticas sobre restricciones de derechos como la que se pueda estar dando entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Madrid. No obstante, ha considerado que como ya dijo en una sentencia la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM sería deseable «por razón de seguridad jurídica» que los tribunales contaran con «una base normativa mucho mayor que la vigente», a través de una ley, para resolver las peticiones de validación de medidas de restricción de derechos como los de movilidad y reunión.

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el decreto de estado de alarma ha dicho que algunos jueces ya han procedido al archivo de procedimientos en curso, aunque ha indicado que es pronto para cuantificar los recursos y reclamaciones presentados ya que la resolución es muy reciente. Celso Rodríguez ha explicado que el impacto del coronavirus ha condicionado los datos de 2020, año en el que debido a la pandemia y a las medidas adoptadas para hacerla frente descendió el volumen de ingresos de asuntos en los juzgados madrileños en un 8,1%, 816.674 frente a los 888.286 en 2019.

La Mutualidad de la Abogacía lanza #YoSíAhorro, una nueva solución de microahorro

La Mutualidad de la Abogacía ha puesto a disposición de sus socios #YoSíAhorro, una nueva solución de microahorro que permite a los usuarios economizar más de 2.500 euros adicionales al año sin modificar sus hábitos de gasto. La nueva herramienta, implementada en colaboración con la compañía Coinscrap, está disponible para todos los mutualistas que cuenten con el Sistema de Ahorro Flexible, un producto que puede ser contratado digitalmente a través de la web de la entidad.

La solución hace uso de técnicas ya conocidas, como el ahorro por redondeo, la disposición de metas o la asignación de contribuciones periódicas. Pero también de otras más novedosas que pueden resultar especialmente atractivas para los más jóvenes, como la asignación de condicionantes. Así, se fomenta el ahorro mediante la gamificación. Por ejemplo, el joven ahorra un euro si su equipo favorito gana un partido.

Rafael Navas, director general de Mutualidad de la Abogacía, ha declarado que esta solución forma parte de su “misión de fomentar la cultura del ahorro en todos los rangos de edad” y ha animado a que los mutualistas hagan uso del servicio

El Gobierno aprueba la ley que permitirá crear una empresa con solo un euro desde 2022

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley “Crea y Crece”, de creación y crecimiento empresarial, que permitirá crear empresas tan solo con un euro, eliminará obstáculos para que las pymes ganen tamaño y establecerá medidas para atajar la morosidad. Con esta propuesta, y según detallan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo persigue la creación de un marco regulatorio que facilite la creación de empresas en España, reduciendo las trabas tanto regulatorias como financieras a las que se enfrentan los ciudadanos. De esta manera, desaparecerá el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa, permitiendo su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática en un plazo cercano a los 10 días.

La morosidad, en numerosas ocasiones, es la antesala de cierres y pérdida de puestos de trabajo. Por ello, el Ejecutivo también quiere poner freno a los impagos que sufren las empresas y que experimentaron un repunte durante la pandemia. Con el nuevo proyecto de ley, el Gobierno pretende reducir el riesgo a impagos mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. Este plazo legal, que se sitúa actualmente en los 60 días, afecta especialmente a pymes y autónomos, que normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas.

El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el “pronto pago”, han señalado fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este sentido, el Gobierno también pretende incluir el cumplimiento de estos plazos como requisito ineludible para acceder a las subvenciones estatales. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. Por otro lado, también se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.

El anteproyecto recoge también la ampliación del catálogo de actividades económicas que a día de hoy están exentas de licencia para la puesta en marcha de empresas. En cuanto a la financiación, se flexibilizarán mecanismos alternativos como el “crowfunding” y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la financiación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las empresas. Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que las empresas reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech.