Críticas de los juristas a la treta de Sánchez para burlar al Senado

El ardid que ha ideado Pedro Sánchez para acabar con la capacidad de veto presupuestario que tiene el Senado vulnera 14 sentencias del Tribunal Constitucional (TC), con lo que supone, para los juristas a los que ha consultado este diario, “un fraude de ley”, “un disparate jurídico”, una “anomalía antidemocrática” y una “irresponsabilidad” que atenta contra la “seguridad jurídica”.

No se trata sólo de que el Alto Tribunal exija en más de una docena de fallos una “conexión mínima de homogeneidad” entre enmienda y texto enmendado, sino de que, en este caso, la práctica de introducir una enmienda en una norma que no tiene nada que ver vulnera un acuerdo de la Mesa del Congreso, es decir, del órgano que representa la soberanía de la Cámara, y lo hace en la tramitación de una ley orgánica que marca las reglas del juego en el control presupuestario del Estado.

Los juristas reaccionaron ayer y recordaron que la doctrina del TC es clara y está asentada. Así lo recoge la sentencia STC 59/2015, que recuerda la jurisprudencia de sentencias como las STC 119/2011, 136/2011, 176/2011, 204/2011, 209/2012, 234/2012, 59/2015: “En el ejercicio del derecho de enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe respetarse una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado, so pena de afectar, de modo contrario a la Constitución, tanto al derecho del autor de la iniciativa (artículo 87 de la Constitución Española-CE), como al carácter instrumental del procedimiento legislativo (artículo 66.2 CE) y, en consecuencia, a la función y fines asignados al ejercicio de la potestad legislativa por las Cámaras, provocando un vicio en el desarrollo del citado procedimiento que podría alcanzar relevancia constitucional, si alterase de forma sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras”.

El propio PSOE recurrió en 2004 la introducción de una enmienda en el Senado en una reforma del Código Penal por parte del Gobierno de José María Aznar para evitar una modificación de una norma de referéndum que podía afectar al plan Ibarretxe. El TC le dio la razón incluso aunque la propia Mesa del Senado había calificado positivamente la enmienda.

El BCE apuesta por más integración financiera para reducir el impacto de las crisis

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha apostado por una “mayor integración financiera” en la Unión Europa (UE) para compartir los riesgos entre los países y actores del mercado del bloque comunitario y reducir así el impacto de las crisis. El banquero italiano ha defendido que el área en la que Europa más puede ayudar al crecimiento es el desarrollo del mercado único, ante un entorno de “incertidumbre” en el que el “crecimiento potencial” se ha reducido en la UE con respecto a otras economías avanzadas.

“Los mercados integrados, especialmente los financieros, ayudan a compartir riesgos entre los países y dentro de ellos”, ha subrayado Draghi en un discurso pronunciado este miércoles en la Hertie School of Governance de Berlín. El presidente de la autoridad monetaria ha indicado que la integración de los mercados de capitales facilita que, en una recesión, las personas puedan diversificar sus activos y recurrir a aquellos que están en las zonas de la UE menos afectada por el choque económico.

Por otro lado, la integración bancaria evitará que los bancos más pequeños tengan una exposición “elevada” a la economía local, lo que permitirá que el flujo de crédito no se detenga. En este sentido, el banquero italiano ha destacado que, de acuerdo a las estimaciones del BCE, en Estados Unidos el 70% de los “‘shocks’ locales” son absorbidos en los mercados integrados, frente al 25% de la zona euro.

“Compartir el riesgo fomenta la estabilidad y la convergencia dentro de las uniones monetarias. Y sin eso, se vuelve mucho más difícil hacer que las altas tasas de crecimiento sean sostenibles”, ha apostillado Draghi.

Bruselas da un espaldarazo a quienes piden anular el IRPH hipotecario

Los consumidores hipotecarios que confían en ver anulado el índice IRPH acaban de encontrar un poderoso aliado en la Comisión Europea. En un informe remitido al Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas defiende que la cláusula que marca el tipo de interés del crédito será nula si no se comercializó con la debida transparencia.

El documento detalla que eso significa “la obligación para el profesional de explicar al consumidor, antes de la firma del contrato, cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado, así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleados en el mercado”.

Una condición que pocas veces cumplían las entidades financieras que utilizaban este tipo de referencia, en lugar de la más habitual, el euríbor. Aunque el Tribunal Supremo español dio por bueno el uso del IRPH sin exigencias específicas, alegando que es un índice oficial aceptado por los reguladores españoles, su postura ha sido cuestionada por varios jueces de instancias inferiores.

Estos albergan la duda de si la cláusula debe someterse al mismo control de transparencia que la regulación comunitaria exige para el resto y presentaron diversas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que lo aclare.

La Comisión Europea ha remitido ahora un informe a este tribunal exponiendo su interpretación de la directiva comunitaria que la Corte de Luxemburgo tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia.

Aunque está por ver cuál es el fallo del TJUE, no sería la primera vez que este tribunal enmienda la plana al Supremo español, como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo opacas (que obligó a devolver íntegramente con retroactividad total) o con la posibilidad de que los jueces españoles suspendan los desahucios al detectar cláusulas abusivas.

Las mujeres gestantes o lactantes no pueden ser obligadas a trabajar de noche, aunque solo lo hagan por forma parcial

La corte europea afirma que debe entenderse como trabajo nocturno la labor que realizan las asalariadas embarazadas que formen parte de un turno que se realice parcialmente en horario de noche. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o que se encuentren en periodo de lactancia, que tengan un trabajo parcial en horario de noche realizan, desde un punto de vista laboral, un trabajo nocturno y, por esa razón, deben contar con un derecho a la protección específica contra los riesgos que esta labor pueda presentar.

La corte europea observa en su fallo que la Directiva 92/85, relativa a la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en periodo de lactancia, no contiene ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto de trabajo nocturno. Sin embargo, el TJUE señala que de las disposiciones generales de la Directiva 2003/88, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, sí que puede deducirse y considerarse que una trabajadora que realiza un trabajo en turnos en el que sólo una parte de sus funciones son desempeñadas en horario de noche realiza efectivamente una labor durante el periodo nocturno y, por lo tanto, debe calificarse de trabajador nocturno.

El tribunal, que observa que las disposiciones específicas de la Directiva 92/85 no deben interpretarse de manera menos favorable que las disposiciones generales de la Directiva 2003/88, añade que, para poder beneficiarse de esta protección en el marco del trabajo nocturno, la trabajadora debe presentar un certificado médico que dé fe de la necesidad de ello desde el punto de vista de su seguridad o su salud. El asunto al que da respuesta ahora el TJUE fue elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) a raíz del recurso interpuesto por una trabajadora de la empresa Prosegur España.

La asalariada, que trabajaba como vigilante de seguridad para la citada compañía, dio a luz a un hijo en noviembre de 2014, que recibió lactancia materna. Desde marzo de 2015, la trabajadora desempeñó sus funciones en un centro comercial en turnos rotatorios y variables de ocho horas, de las que parte se realizaban en horario nocturno. La vigilante de seguridad intentó obtener la suspensión de su contrato de trabajo y la concesión de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural prevista por la normativa española. Por esa razón, solicitó a Mutua Umivale que le expidiera un certificado médico que acreditara que su puesto de trabajo presentaba un riesgo para la lactancia natural, algo que le fue denegado, por lo que la trabajadora terminó por presentar una reclamación, que también fue desestimada.

Resuelto este asunto, el TSJG también preguntaba a la corte europea sobre si en este asunto procedería aplicar la normativa de inversión de la carga de pruebas prevista en la Directiva 2006/54 sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. En este sentido, el TJUE responde afirmativamente puesto que se observa que, aparentemente, la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo de la vigilante de seguridad no comportó un examen específico que tuviera en cuenta su situación individual, y que la interesada sufrió discriminación.

La Generalitat vuelve a las reuniones del Ejecutivo con todas las autonomías

La Generalitat de Cataluña ha avanzado al Gobierno central que está dispuesta a intervenir y participar, la semana que viene, en una reunión de la comisión de financiación autonómica multilateral, montada a partir de las reclamaciones planteadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre las insuficiencias del sistema detectadas en todas las comunidades.

La Generalitat enviará a esa cita al subdirector general de Presupuestos, y “explorará” así si tiene sentido continuar con esas reuniones no bilaterales, que son su gran apuesta política con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las dos vías son complementarias, al menos por ahora. El martes, de hecho, está convocada la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde el Gobierno catalán llevará entre otras cuestiones la deuda pendiente, que según sus datos asciende a 7.607 millones.

La primera pista de confirmación de que el nuevo clima de diálogo con Cataluña podría empezar a dar algunos frutos la aportó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control en el Congreso de este martes, cuando respondió a una diputada del PP sobre si la situación política actual está afectando a la estabilidad financiera de España. Montero argumentó que no y señaló que resolver dudas a los ciudadanos no es despilfarrar ni malgastar. La ministra agregó que “la situación de Cataluña es muy importante para todo el contexto nacional” y ratificó que en ese contexto el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no se va a cansar de trabajar y dialogar”. Fue entonces cuando confirmó que a finales de septiembre se producirá una reunión de la Comisión de Financiación Autonómica a la que acudirá la Generalitat. No dio más datos, porque muchos aspectos de esa sesión aún están por concretar.

Fuentes del Gobierno central y de la Generalitat ratificaron más tarde que efectivamente esa cita se está cerrando en estos momentos, y probablemente será la semana que viene con todas las autonomías. Y desde el Gobierno catalán concretaron que a la misma acudirá un técnico, no un político, para rebajar un poco las expectativas. El alto cargo del Gobierno catalán que se presentará en esa primera reunión exploratoria será el subdirector general de Presupuestos (ni el director general ni el consejero) porque se quiere comprobar antes de avanzar más cuáles son las intenciones reales del Gobierno central, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Desde la Generalitat reconocen, además, que el Gobierno central les ha pedido algún gesto político como acudir a esa minicumbre autonómica como compensación a las señales de distensión ofrecidas hasta ahora desde La Moncloa y como contrapeso a las citas bilaterales que se están multiplicando con distintos ministerios. “Nuestro marco de juego y por lo que nosotros apostamos en esta relación siguen siendo las reuniones bilaterales, pero estamos dispuestos a explorar más cosas y a las demás reuniones iremos a escuchar”, sostienen altos cargos del Gobierno catalán implicados en estas negociaciones.

En este sentido, esa primera participación en la comisión técnica de Financiación Autonómica se considera, desde ambas partes, un primer paso para que la Generalitat de Cataluña vuelva en breve también a las reuniones en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las demás autonomías. Es ahí donde se diseña y dibuja el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas. Ningún representante de la Generalitat se presentó a las dos últimas convocatorias de esos consejos, en julio y agosto pasado.

“La pelota la tiene el Gobierno central ahora y si ellos chutan y nos la pasan nosotros tendremos que hacer algo y devolverla”, explican gráficamente fuentes del Gobierno catalán. Las mismas fuentes muestran su disposición a acudir a un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera para, entre otras cosas, poner en aprietos a la ministra Montero recordándole sus intervenciones cuando era consejera de Economía de la Junta de Andalucía y pedía consejos más participativos y deliberativos.

Hacienda estudia rebajar el impuesto de Sociedades a 1,4 millones de pymes

El Ministerio de Hacienda, que lidera los contactos con la formación morada, ha aceptado estudiar una rebaja del impuesto de sociedades para las pymes. En concreto, según fuentes conocedoras de la negociación, el planteamiento que hay sobre la mesa es que las compañías que facturen menos de un millón de euros pasen a pagar un tipo del 23% frente al tipo general del 25% al que están sometidas actualmente junto al resto de empresas.

La medida podría beneficiar a cerca de 1,4 millones de empresas españolas sujetas a este impuesto, dejando fuera apenas a 20.000 que facturan por encima de un millón de euros. De ellas, sin embargo, tan solo unas 350.000 compañías pagan efectivamente el tributo de Sociedades, dado que muchas no tienen beneficios y otras pequeñas empresas que siguen registradas han desaparecido durante la crisis o están en concurso de acreedores, según los datos recopilados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF), correspondientes a 2015.

A falta de ver el impacto que tendría la media en la recaudación, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español lo componen fundamentalmente pymes de pequeño tamaño y que el 50% de la recaudación del impuesto de Sociedades se obtiene de solo 727 grandes empresas.

En paralelo a la fiscalidad específica de las pymes, el Gobierno y Podemos vienen negociando la posibilidad de establecer un tipo mínimo del 15% en sociedades para evitar que las grandes compañías acaben pagando un tipo efectivo inferior a este umbral aprovechándose de deducciones fiscales. Pese a la unificación del tipo general al 25%, las empresas españolas pagan de media el 7% de su beneficio en impuestos, aunque descontando las ganancias del extranjero (que no tributan en España), el tipo efectivo rondaría el 12%.

Más allá, de la negociación abierta entre Hacienda y Podemos, ha salido un plan para modificar el IRPF. Las partes han acordado diseñar la introducción de un nuevo tramo fiscal a partir de los 140.000 o los 150.000 euros en los que el gravamen subiría en tres o cuatro puntos desde el 45% actual fijado para rentas de más de 60.000 euros.

Suspendida la tasa de generación y el impuesto al sol

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Congreso de los Diputados que el Gobierno “suspenderá” en un Consejo de Ministros “muy próximo”, el impuesto del 7% a la generación eléctrica para aliviar la subida del precio de la luz, que ayer registró el máximo del año, casi 76 euros MWh. Este tributo, que creó el Gobierno del Partido Popular en la ley 15/2012 fue un puntal de la reforma energética de José Manuel Soria para acabar con el déficit de tarifa, junto con un fuerte recorte de los ingresos de las renovables.

La suspensión, “hasta dejarlo en un tipo cercano a cero”, según Ribera, permite al Gobierno bajar la factura sin tener que cambiar la ley (para lo que no tendría tiempo, aunque sí apoyos, ya que el PP se ha adelantó a la medida con una proposición de ley para eliminar este impuesto). Esta suspensión supondrá, según fuentes del ministerio, una rebaja de la factura del 2,5%.

Como adelantó el lunes Cinco Días, el Gobierno ha estado debatiendo si eliminar este impuesto, cuya recaudación es superior a los mil millones de euros. Una cantidad que podrá compensar con los ingresos de las subastas de derechos de emisión CO2, que se han triplicado en lo que va de año, de 5 euros por tonelada a 24 euros, y proporcionará una recaudación a Hacienda de 1.400 millones de euros este año, frente a los 500 millones de años anteriores. Detrás de esta inflación están las medidas de Bruselas para encarecer el precio y evitar las emisiones de la industria.

Tras criticar un modelo de mercado mayorista arcaico, “en el que conviven lo viejo y lo nuevo”, la ministra ha anunciado un paquete de medidas urgentes de choque: la desaparición del llamado impuesto al sol, ampliamente anunciado, pero que tampoco concretó; el fomento de la energía distribuida y medidas de protección al consumidor doméstico. Para más adelante propuso, también sin especificar, un cambio del actual mercado marginalista de la electricidad, en el cual, el precio de la tecnología más cara que casa en las subastas (las plantas de carbón y de gas) se aplica a todas las demás.

Dado que la actual estructura de la factura incide de lleno en los pequeños usuarios, la ministra ha anunciado una continuidad del actual bono social de la tarifa, ampliando su cobertura a los consumidores más vulnerables (mejorándolo para personas solas y protegiendo a la infancia) así como la creación de un bono para calefacciones, Se trata de un “bono térmico” no asociado a una energía concreta de gas o luz.

En cuanto a las medidas de protección a los domésticos, Teresa Ribera anunció medidas contra las prácticas abusivas de las comercializadoras, exigiendo una mayor información y transparencia sobre la potencia contratada, para que se ajuste a las necesidades de cada hogar y aumentar los tramos de esta potencia. Se trata de “mejorar la situación de las familias monoparentales, personas solas y defensa de la infancia”, subrayó.

Ribera propuso un debate a fondo sobre el funcionamiento del mercado: acelerar la transición energética, dar garantías al inversor y lograr un mercado sencillo y estable. Hasta ahora el modelo de mercado marginalista era el adecuado, pero la situación actual es diferente, según la titular de Transición Ecológica, pues con un parque prácticamente amortizado, las viejas centrales siguen recibiendo el mismo precio que la tecnología más cara.

Aunque no ha detallado las medidas para reformar el pool, Ribera indicó que se buscará un modelo de remuneración atractivo para las renovables, con la repotenciación de las instalaciones; se “tomará en serio regular el almacenamiento energético” y se replanteará el funcionamiento de los mercados de capacidad. Asimismo, propone impulsar los contratos bilaterales a plazo (PPA).

El Gobierno no hará una ley en solitario para subir las pensiones como el IPC

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha descartado este miércoles que el Gobierno vaya a volver, por ley y de forma unilateral, a revalorizar las pensiones lo mismo que suba el IPC. Ha descartado así tajantemente en la tribuna del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo vaya a promover un decreto en solitario para que las pensiones vuelvan a actualizarse anualmente lo mismo que los precios, tal y como ocurría antes de 2014.

“No pida usted al Gobierno que haga de manera unilateral una ley, como hizo el anterior Gobierno. Se traerá una ley de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo y del diálogo social”, ha dicho Valerio. Este mensaje no era baladí, sino una forma de instar a los partidos a que lleguen a un consenso en el Pacto de Toledo que, precisamente este miércoles, volvía a parecer algo imposible. De hecho, momentos después de estas declaraciones de Valerio, la reunión de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo donde los grupos políticos estudian la próxima reforma de pensiones se ha desconvocado minutos antes de su inicio.

El motivo ha sido una vez más la existencia de dos claros bloques sobre cómo revalorizar las pensiones cada año: si con el IPC como mínimo o con la inflación como elemento troncal, pero teniendo en cuenta, en el marco del diálogo social, otros elementos como los salarios y el PIB.

Tras la reunión de la semana pasada, el PSOE parecía haberse aproximado al bloque que defendía o aceptaba vincular la actualización de las pensiones a otros aspectos, además del IPC como elemento principal. De hecho, al término de dicho encuentro, los representantes de Podemos y Esquerra Republicana aseguraban que se habían quedado solos en la defensa de una revalorización idéntica al IPC como mínimo.

Sin embargo, esta semana, los diputados de esta comisión han seguido trabajando y, según distintas fuentes de la negociación en la noche del martes, había un principio de acuerdo de prácticamente todos los grupos entorno a una nueva redacción de la recomendación número dos –que habla sobre la revalorización de las pensiones–. Ese supuesto consenso giraba en torno a un texto similar a esta misma recomendación que sí acordó en el Pacto de Toledo de 2011 eliminando las críticas a los socialistas por haber congelado las pensiones.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, antes de iniciarse incluso la reunión formal del Pacto de Toledo, el PSOE presentó a los portavoces de esta comisión una nueva redacción, distinta a la de la noche anterior y consensuada con el PNV, con mayores garantías de vinculación de la subida de las pensiones al IPC.

La reacción a esta nueva formulación ha sido dispar. Esquerra Republicana ha considerado que las garantías de mantenimiento del poder adquisitivo no eran suficientes. Mientras que, por el contrario, los representantes del PP, Ciudadanos y PdCat no han recibido bien la nueva redacción acordada por el grupo de la mayoría de los partidos que sustentan al Gobierno, al constatar lo que interpretaron como un bandazo del PSOE respecto a su postura de la pasada semana. Fuentes populares ha criticado también el enrocamiento del bloque de izquierdas, que boicotea el consenso en el Pacto de Toledo, liderado, en opinión de los populares, por Unidos Podemos.

Ante esta situación, los grupos han convenido que, para no volver a escenificar públicamente la existencia de persistentes diferencias entre los dos bloques parlamentarios, se desconvocaba la reunión hasta la semana próxima, en principio. Si entonces no se hubieran solventado estas diferencias quizás la comisión seguiría sin celebrarse.

Ante todo, este embrollo, lo único cierto es que el Gobierno no quiere legislar en solitario en esta materia y quiere contar con el respaldo parlamentario de un consenso en el Pacto de Toledo y de un acuerdo en el diálogo social.

De hecho, distintas fuentes de la negociación opinan que la intención del Ejecutivo es logar un pacto con sindicatos y empresarios que presione a los grupos en el Pacto de Toledo.

La deuda pública baja por primera vez en tres meses y termina julio en 1,160 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas bajó en 2.733 millones de euros en julio, hasta 1,160 billones de euros, un 0,23% menos que en junio, y se sitúa en torno al 97,8% del PIB, según los datos publicados este martes por el Banco de España. Con el descenso en julio, la deuda pública rompe la racha alcista de los tres meses anteriores y se modera ligeramente, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB.

En términos interanuales, la deuda de las administraciones públicas creció en 29.655 millones de euros, un 2,6% más que en julio de 2017. Tras el descenso de julio, la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el entorno del 97,8% (tomando como referencia los cuatro últimos trimestres móviles del PIB publicados), por encima del objetivo marcado para este año del 96,8% del PIB.

El Ministerio de Economía estima que la ratio se habría situado en el 97,39% del PIB, consistente con la previsión del 97% para el conjunto del año, al realizar una interpolación lineal entre el último PIB nominal conocido y el previsto a 31 de diciembre de 2018 (basado en datos de la Contabilidad Nacional Anual publicados por el INE y en las previsiones del nuevo cuadro macroeconómico publicadas el pasado 20 de julio).

Por administraciones, buena parte del descenso de la deuda pública en julio se debe a la bajada de la deuda del Estado, que disminuyó en 2.951 millones de euros, hasta los 1,01 billones de euros, lo que supone un retroceso mensual del 0,3% pero un alza interanual del 4,5%. Al mismo tiempo, la deuda de las comunidades autónomas bajó también en julio en 601 millones, un 0,2% menos respecto al mes anterior pero un 2,3% más frente a julio de 2017, hasta situarse en 291.771 millones de euros.

Por su parte, el endeudamiento de las corporaciones locales descendió en 582 millones, hasta los 28.767 millones, un 2% menos respecto a junio y además un 10% inferior a hace un año. Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en 34.888 millones, lo que supone un repunte interanual del 50,6%, puesto que en julio de 2017 era de 23.157 millones de euros.

Por instrumentos, los valores representativos de deuda volvieron a representar el mayor porcentaje de endeudamiento, con un 85,6% del total, si bien bajaron un 0,1% respecto a junio, hasta situarse en 994.146 millones de euros. Los valores a largo plazo, que en julio se situaron en 927.521 millones de euros, se redujeron un 0,2% respecto a junio, mientras que los valores a corto plazo alcanzaron 66.626 millones de euros, un 1,1% más.

Los préstamos bajaron en 1.991 millones en el séptimo mes del año, hasta los 161.453 millones. Los préstamos a corto plazo bajaron hasta los 10.286 millones y los de largo plazo disminuyeron hasta los 151.166 millones de euros.

Freno a las exportaciones españolas

Las ventas españolas al exterior han pasado de encabezar el crecimiento de la eurozona a situarse a la cola y a lastrar los resultados del PIB. Éstas crecieron entre enero y junio un 2,9%, tres veces más lento que en 2017, cuando registraron un incremento del 10% interanual. La desaceleración de las economías europeas, las amenazas proteccionistas y la apreciación del euro son algunas causas, pero también hay factores internos que pueden poner en jaque el crecimiento de cara a 2018.

Los coletazos del sector exterior durante la primera mitad del año se han convertido en señales de humo que anticipan la desaceleración de la economía. Las exportaciones españolas han pasado de registrar incrementos a doble dígito a crecer por debajo del PIB y situarse a la cola de la Eurozona.

“Que las exportaciones hayan aumentado un 2,9% implica que crecen en línea con el conjunto del PIB, de manera que ya no constituyen uno de los principales motores de la economía española”, explica Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Las ventas de España al exterior pasaron de crecer un 10%, entre enero y junio de 2017, a hacerlo un 2,9% este año, tres veces más lento. Una tendencia preocupante, teniendo en cuenta que el sector contribuye al 34% del PIB. De perpetuarse, su peso podría tirar de la economía hacia abajo.

El ejemplo paradigmático de la importancia del sector exterior está en uno de los últimos bandazos del Gobierno, el pasado miércoles, cuando el presidente, Pedro Sánchez, rectificó al acceder a entregar un contrato de venta de explosivos a Arabia Saudí para priorizar su relación comercial y los empleos que de ella se derivan en España.

La Seguridad Social perdió 33.222 cotizantes extranjeros en agosto

La Seguridad Social perdió 33.222 cotizantes extranjeros en agosto, un 1,6% menos en relación al mes anterior, hasta situar el número de inmigrantes en alta en 1.987.207 ocupados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Con este retroceso, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena dos meses de caídas después de haber perdido 6.130 cotizantes en julio.

Del total de inmigrantes en alta en la Seguridad Social al finalizar agosto, 1.658.596 cotizaban en el Régimen General; 323.507 en Autónomos; 5.014 en el Régimen del Mar, y 91 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de agosto en 138.879 personas, su mayor repunte en valores absolutos en un mes de agosto desde el ejercicio 2007. En términos relativos, el crecimiento anual de la afiliación de extranjeros se situó en el 7,5%. Del total de trabajadores de otros países que cotizan a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (332.548), Marruecos (231.066), Italia (117.345), China (103.660) y Ecuador (74.738). Les siguen los que provienen de Colombia (66.002), Reino Unido (63.108), Bulgaria (59.507), Portugal (52.054) y Bolivia (51.646).

Los salarios aumentan un 1,1% a nivel nacional respecto al mismo trimestre del 2017 según el INE

Cantabria, Baleares y Navarra son las comunidades autónomas donde más subieron los salarios en el segundo trimestre de este año. Según la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) publicada por el INE, el coste salarial (que incluye los sueldos y los pagos extra) por trabajador y mes, es decir, lo que las empresas pagan a cada empleado, se incrementó en esas tres regiones un 4%, 3% y 2,8% respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2017.

A nivel nacional, el coste salarial escaló apenas un 0,5%, pasando de los 1.942 a los 1.951,8 euros por trabajador y mes. No obstante, si se atiende únicamente al coste salarial ordinario, es decir, el sueldo base depurado de pagos atrasados y horas extras, se percibe un aumento del 1,1%, situándose en los 1.646,51 euros por trabajador y mes.

Todo ello revela que si bien los sueldos están subiendo todavía lo hacen muy por debajo de la recomendación del 2% pactada entre las cúpulas de las organizaciones patronales y sindicales a finales del pasado mes de junio. Pese a que los convenios firmados en 2018 sí recogen alzas cercanas al 2%, esto afecta a un escaso número de trabajadores, por lo que no se está viendo reflejado en el aumento salarial pactado de media, que está estancado desde hace dos meses en el 1,65%. Esto se produce, además, a pesar de que ya han transcurrido dos meses con la aplicación del pacto salarial.

Pese a todo, sí se aprecia una tendencia positiva en los datos facilitados hoy el INE, ya que en los últimos tres trimestres el aumento del coste salarial ordinario por trabajador se ha acelerado, incrementándose un 0,3% en el último trimestre de 2017, después un 0,7% en el primero de este año, y ahora un 1,1%.

Si se atiende al coste laboral por trabajador, es decir, todo lo que le cuesta a la empresa cada uno de sus trabajadores además del salario (cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y otras percepciones como complementos a prestaciones o indemnizaciones por despido), se aprecia un incremento del 0,7% respecto a hace un año, hasta los 2.602 euros por trabajador y mes. La comunidad donde más pagan las empresas por sus trabajadores es Madrid, con 3.053 euros, seguida por País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias, todas situadas por encima de la media nacional. Las que menos, Extremadura, Canarias, Murcia y Andalucía, con un coste laboral inferior a los 2.300 euros por empleado.

La jubilación parcial media fue de 1.644 euros

Al no tener los citados coeficientes penalizadores, que sí tienen las pensiones de los jubilados anticipados, el coste medio acumulado de las prestaciones de quien se retira de forma parcial es un 25,4% superior al de la jubilación anticipada ordinaria, según los cálculos de García. Esto hace que, dado el número de pensiones afectadas, el sobre coste anual de esta modalidad de retiro es de algo más de 2.000 millones anuales.

Este cálculo se ha elaborado teniendo en cuenta una esperanza de vida del pensionista de 21 años y usando un coeficiente reductor medio de 6,75% en el caso de la jubilación anticipada. Según esto, el coste medio adicional para la Seguridad Social por cada 1.000 euros de pensión de la modalidad con contrato de relevo, acumulado durante la vida esperada del beneficiario, se sitúa en torno a 72.000 euros por encima del coste de una jubilación anticipada ordinaria.

Es más, dado que la jubilación parcial media fue de 1.644 euros –frente a los 1.131 euros mensuales de media de quien se jubila a la edad ordinaria–, el coste unitario se eleva a 118.400 euros por pensionista parcial para toda la vida de la prestación, según los cálculos del colaborador de Fedea.

Todas estas cifras ponen de manifiesto los efectos negativos de esta modalidad de retiro sobre la suficiencia financiera de la Seguridad Social (los más de 2.000 millones de sobrecoste equivalen casi a un 12% del déficit del sistema en 2017).

Pero, además, para este economista significa que, “dentro del terreno de la legitimidad social del sistema de pensiones, su aplicación implica un trato favorable a una parte de la población no extensible a todos los trabajadores que cumplen las mismas condiciones de edad y aportación al sistema, es decir, disminuye la equidad individual del sistema público de pensiones”.

El Gobierno usa un atajo legal para acelerar los Presupuestos y evitar el veto del Senado

El grupo parlamentario socialista ha registrado este martes a última hora una enmienda que pide modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de la tramitación del proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, aunque se trate de asuntos de ámbito diferente.

Fuentes parlamentarias del PSOE han confirmado que el grupo parlamentario ha registrado hoy esta iniciativa, dado que una Ley orgánica como la Ley de Estabilidad Presupuestaria puede ser modificada a través de otra Ley orgánica, tal como avala el Tribunal Constitucional. Este es el caso del proyecto de ley para luchar contra la violencia de género y que actualmente se tramita en el Congreso y cuyo plazo de presentación de enmiendas ha finalizado hoy.

La iniciativa pide levantar el veto que puede imponer el Senado a los objetivos de déficit y deuda pública para que, en caso de ser rechazados, puedan volver a ser votados en el Congreso de los Diputados y aprobados con mayoría simple. De esta forma, el Ejecutivo se garantiza la aprobación de esta enmienda y, por lo tanto, la modificación de la Ley de Estabilidad.

Y es que la tramitación del proyecto de Ley para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género requiere una primera votación y aprobación en el Congreso, posteriormente en el Senado y, en caso de que la Cámara Alta rechazara alguna enmienda, el texto volvería al Congreso donde podrían ser introducidas nuevamente y votadas.

El registro de esta enmienda se produce el mismo día que el Pleno del Congreso ha aprobado tramitar la proposición de Ley presentada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto y que ha sido apoyada por el PNV y el PDeCAT.

Durante el debate la mayoría de los grupos parlamentarios pedirán que la modificación de esta Ley también afecte a la regla de gasto, por lo que el trámite de enmiendas haría ralentizar su aprobación definitiva, sobre todo después de que la Mesa del Congreso rechazara recientemente que la proposición fuera tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única.

La Autoridad Fiscal mejora su previsión de ingresos por IRPF y sociedades

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mejorado su previsión de recaudación por impuesto de sociedades e IRPF para este año, aunque mantiene su estimación de que el déficit público terminará 2018 en el 2,7% del PIB, una cifra que coincide con la del Gobierno.

En su informe de seguimiento mensual de los datos de ejecución presupuestaria, la AIReF mantiene su escenario central de déficit para este año, que implicaría salir del procedimiento de déficit excesivo, aunque ve improbable cerrar el ejercicio en el 2,2% del PIB, que es la meta en vigor porque es la única aprobada en Cortes.

La Autoridad ve factible que se logren los ingresos previstos, ya que han crecido en tres décimas de PIB en lo que va de año, principalmente gracias al impuesto de sociedades y el IRPF, una tendencia que se mantendrá algo más suave -dos décimas- hasta final de año.

Sin embargo, ve muy improbable cumplir la previsión de gastos a pesar de que se ha reducido en tres décimas de PIB, principalmente por el impacto en la segunda mitad del año de las medidas incluidas en los Presupuestos y el mayor coste de los intereses de la deuda.

Así, la AIReF considera improbable que la Administración Central cumpla el objetivo de déficit notificado a la Comisión Europea (1,2% del PIB, por encima de la meta oficial del 0,7% del PIB), al igual que la Seguridad Social, que con un objetivo notificado del 1,4% del PIB (1,1% oficial) cerrará en el 1,5% del PIB.

Sí ve probable que las comunidades autónomas consigan reducir su déficit al 0,4% del PIB este año, aunque advierte de que alcanzar al mismo tiempo el objetivo de estabilidad y la regla de gasto exigiría cerrar con un déficit inferior, lo que es improbable.

Hacienda llena sus arcas con la subida de la luz y frena las iniciativas de la ministra Ribera

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparece este miércoles en el Congreso para desgranar algunas de las medidas que prepara para abaratar el precio de la luz, tras la fuerte subida que experimenta desde hace semanas. Según fuentes del sector, Ribera planea anunciar una rebaja importante en el impuesto de generación, que grava ahora con un 7% la producción eléctrica.

Ahora se aplica sobre las compañías eléctricas y estas lo trasladan a los consumidores. Con la reducción de este impuesto, el ministerio pretende amortiguar la fuerte subida de los precios de la energía. Sin embargo, reducir esa carga solo permitirá rebajar una parte pequeña de la factura, ya que los costes fijos (como los peajes eléctricos o el alquiler de los contadores) se suman aparte a los gastos por el consumo. La ministra también avanzará algunos cambios en el bono social eléctrico para ampliar su alcance y que un mayor número de personas con rentas más bajas puedan beneficiarse de esta ayuda.

El precio de la electricidad, precisamente, vuelve este miércoles a alcanzar un nuevo máximo anual al cerrar la subasta mayorista de ayer con una cotización media de 75,93 megavatios hora (MWh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE). Esta escalada del precio de la electricidad está creando un clima de preocupación entre los consumidores. Aunque el encarecimiento se debe al incremento de los derechos de CO2, a la subida de los precios del petróleo y a la falta de aportación de las fuentes energéticas locales, con menor aportación de las renovables los políticos buscan medidas para atajar esta subida.

El impuesto de generación de energía es un tributo creado por el PP en 2012, en lo peor de la Gran Recesión, para que ese gravamen del 7% a la producción de energía de las eléctricas permitiera acabar con el déficit de tarifa, que llegó a generar una deuda de más de 20.000 millones. Este impuesto fue recurrido por Iberdrola en los tribunales. Tras un largo pleito, el Tribunal Constitucional avaló el impuesto el pasado julio.

El responsable de Economía del PP, Alberto Nadal, confirmó ayer que preparaba un proyecto de ley que pasa por anular ese mismo impuesto, lo que, según sus propios cálculos, permitirá bajar el recibo de la luz un 3,5%. Nadal explicó que la idea consiste no tanto en eliminar el impuesto, sino en poner un gravamen del 0% para que en caso de que baje el precio del petróleo y se abaraten las emisiones de CO2 se pueda recuperar si es necesario. El responsable económico de los populares calcula que la supresión de este impuesto que recauda alrededor de 1.700 millones al año se podría compensar por el aumento de los ingresos por la mayor aportación de los derechos de emisión de CO2 y por los mayores ingresos impositivos que el Estado obtiene por el alza del precio de la electricidad.

Hasta ahora el sector eléctrico pagaba a la Administración unos 450 millones por los derechos de emisión de CO2, pero el encarecimiento de los bonos que permiten expulsar dióxido de carbono podría elevar los ingresos hasta los 1.500 millones. La recaudación adicional por IVA e impuestos especiales que grava el recibo de la electricidad también aportará unos 800 millones extraordinarios.

Los abogados alertan del colapso de los juzgados por las cláusulas suelo

Una demanda interpuesta en el juzgado para conseguir la devolución de las cláusulas suelo puede prolongarse entre dos y tres años. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) denuncia en su informe anual la saturación que padecen los juzgados creados de forma específica para resolver las demandas de los consumidores sobre las cláusulas hipotecarias, que fueron consideradas abusivas en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE.

El flujo de entrada de demandas es tan caudaloso que inundan los juzgados. En el caso de Barcelona, se amontonan en el juzgado de primera instancia número 50, que fue designado especialmente para abordar estos asuntos. Los abogados consideran que esta fórmula no funciona y provoca que se dilaten los procedimientos para los consumidores y se favorezca el colapso. De hecho, las estadísticas sitúan al juzgado barcelonés como uno de los más saturados de España. Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en los últimos ocho meses sólo se han resuelto el 6,6% de las 25.000 demandas que fueron presentadas.

La jurisprudencia que se aplica tras el fallo del tribunal europeo está clara y los procedimientos son de poca complejidad, como lo demuestra el hecho que el 98,3% de las sentencias que se dictan son favorables al consumidor. Sin embargo, todo el proceso se dilata ante el aluvión de demandas que reciben los juzgados y los pocos recursos con los que cuentan.

A pesar de la excesiva tardanza y la evidente saturación, el CGPJ decidió prorrogar esta fórmula hasta finales de año, si bien no logró aligerar la carga de trabajo. De esta manera, 54 jueces deben resolver las 250.000 que tienen los juzgados españoles sobre la mesa.

El ICAB se posiciona en contra de la prórroga y apuesta por volver a descentralizar las demandas por cláusulas suelo entre todos los juzgados de primera instancia lo que, a su parecer, permitiría acortar los plazos y resolver los asuntos en un periodo de entre tres y seis meses. Otra de las medidas que propone es derivar las reclamaciones por la vía extrajudicial y apostar por la mediación.

Para ello, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, propone modificar el real decreto ley para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para “implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias”.

El Banco de España advierte del impacto de la subida de tipos sobre la rentabilidad de las empresas

Así se desprende del artículo analítico ‘Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre de 2018’ elaborado por el Banco de España, en el que se expone que, dado el nivel actual de mínimos históricos en los costes de financiación, y la posible normalización de las condiciones monetarias en el medio plazo, el recorrido a la baja de los mismos es ya “muy limitado”.

En este sentido, la autoridad monetaria nacional ha elaborado un análisis en el que mantiene sin cambios todas las partidas del balance y de la cuenta de resultados de las empresas, y ha modificado exclusivamente el coste de financiación, utilizando como referencia la situación económico-financiera de 2016. En este sentido, el supervisor subraya que esta aproximación exagera los efectos, ya que la situación actual frente al ejercicio utilizado “es mejor”.

De este modo, queda en evidencia que la disminución de la rentabilidad sería algo más intensa en el segmento de empresas grandes, para el que este indicador podría llegar a reducirse hasta casi 2 puntos porcentuales si el encarecimiento de los costes de financiación fuera de 200 puntos básicos.

Por sectores de actividad, se aprecia que en todos los casos los descensos de la rentabilidad serían de algo menos del punto porcentual, en el caso de una subida de 100 puntos básicos, mientras que en el escenario más desfavorable oscilarían entre 1,4 y 1,9 puntos básicos, siendo las ramas de energía, la de información y comunicaciones, y la de construcción y actividades inmobiliarias las que experimentarían un deterioro más acusado.

Por otro lado, respecto a un incremento de los costes de financiación sobre el peso relativo de compañías que soportan una presión financiera elevada, el efecto sería más acusado en el segmento de las pymes. Concretamente, la deuda de las pymes en situación de vulnerabilidad podría llegar a suponer un 20,4% del total del endeudamiento, mientras que en el de las grandes representaría, en el peor de los casos, un 17,7% respecto al endeudamiento total agregado.

Esto se explica porque, si bien las pymes verían un menor deterioro de su rentabilidad, al ser esta más reducida antes de intereses, tendrían menos margen para hacer frente a un repunte de los gastos financieros.

En términos del número de trabajadores, la repercusión no sería tan importante, de modo que, como consecuencia de un aumento de los costes financiación, el peso del empleo concentrado en empresas vulnerables podría crecer, desde poco más del 5% observado en 2016, hasta un máximo del 6,4% en el escenario más desfavorable.

El FMI avisa: un 'brexit' sin acuerdo supondría "costes sustanciales"

Un Brexit sin acuerdo supondría “costes sustanciales” para la economía británica y por eso es “crucial” que Londres se ponga de acuerdo con Bruselas, indicó este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre el Reino Unido.

El FMI prevé que el crecimiento alcance 1,5% el año que viene en el Reino Unido, pero sus previsiones se basan en la hipótesis de un acuerdo con la Unión Europea antes de que acabe el año y la puesta en marcha de un periodo de transición, indica la organización.

Si la salida de la UE fuera más compleja “podría llevar a un resultado mucho peor”, advierte el FMI en su informe, publicado en medio de las discusiones sobre el Brexit. La UE y Reino Unido quieren finalizar las negociaciones en la cumbre europea del próximo octubre o en noviembre a más tardar, pocos meses antes de la fecha prevista para el Brexit, el 29 de marzo de 2019.

“Alentamos tanto al Reino Unido como a la UE a trabajar asiduamente” para evitar una separación brutal, dijo la directora general del FMI Christine Lagarde en una rueda de prensa en Londres. “El poco tiempo que queda para concluir un acuerdo es muy problemático”, añadió.

El ministro británico de Finanzas, Philip Hammond, que se reunió con Lagarde, aseguró por su parte que un Brexit sin acuerdo “parece improbable, pero sigue siendo posible”.

La CNMC da luz verde al primer AVE privado

El primer servicio privado de alta velocidad ferroviaria en España, en competencia con Renfe, ha entrado en rampa de lanzamiento. La CNMC ha aprobado la petición de Intermodalidad de Levante SA (ILSA) para operar entre Madrid y Barcelona hacia la ciudad francesa de Montpellier, en el sur de Francia. La compañía, controlada por los propietarios de la aerolínea de vuelos regionales Air Nostrum, ha aprovechado que los servicios de tráfico internacional de pasajeros están liberalizados en la UE (desde el 1 de enero de 2010) para arrancar su proyecto y presentar batalla comercial al monopolio público.

De hecho, ILSA ha solicitado trenes a Renfe Alquiler, en concreto unidades de la serie S-100 de Alstom, para acelerar la puesta en marcha de su oferta. Por el momento, la empresa parece haber tenido escaso éxito en su demanda al grupo público, por lo que ha solicitado la intermediación de la propia CNMC. La previsión de ILSA es cubrir el viaje en 5 horas y 47 minutos, con paradas intermedias en Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Narbona.

La intención de ILSA es estrenarse el próximo 5 de octubre, según trasladó al órgano regulador. Pero la posibilidad de contar con los citados trenes está en entredicho. Según Renfe, ni están disponibles ni están homologados para circular por la red francesa ni son aptos técnicamente para ello.

El nuevo jugador en el negocio ferroviario pretende lanzar dos viajes diarios de ida y otros dos de vuelta hacia Montpellier. Las salidas desde Madrid están previstas a las 7,45 de la mañana y 15,30 horas, mientras que las salidas desde la ciudad gala se producirán a las 7,00 y 15,30 horas. Actualmente, Renfe tiene un servicio nocturno desde Madrid y cuatro viajes diarios desde Barcelona.

La previsión de ILSA es cubrir el viaje en 5 horas y 47 minutos, con paradas intermedias en Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Narbona. Además de una mayor oferta para el viajero, el regulador ha revelado que ILSA propone tiempos de viaje un 10% inferiores a los de Renfe, por el menor número de paradas, y billetes más baratos.