Los hoteleros prevén una reducción del turismo alemán y británico este verano

La temporada estival registrará en su conjunto luces y sombras, a juzgar por las previsiones de la patronal hotelera Cehat. Según los hoteleros, el turismo procedente de Alemania y Reino Unido se verá reducido este verano frente al turismo interno que crecerá. En España esperan 79,77 millones de pernoctaciones¸ seguida por países como Francia con 68,63 millones. Entre las bajadas de afluencia, destaca el turismo inglés y el alemán, con 28,29 y 34,92 millones de pernoctaciones, respectivamente.

Haciendo referencia a Alemania, el presidente de la confederación española hotelera, Juan Molas, destacó este jueves que “la reciente climatología española preocupa al turismo”. “El destino de verano para los alemanes este año será Alemania, porque está haciendo una climatología excelente allí. Además, ha hecho un invierno suave y eso a España le ha perjudicado”, dijo.

Suizos y belgas, también han supuesto una bajada importante para el turismo español debido a la fuerte competencia de destinos como Turquía, Grecia y Croacia y otros más recientes como Montenegro. No obstante, otras procedencias turísticas como la rusa o la portuguesa han crecido, así como el turismo asiático, cuyo principal propósito turístico va dedicado a las compras y a la cultura.

En términos generales, el sector hotelero prevé una continuidad y estabilidad del turismo en España para el actual periodo vacacional respecto a temporadas pasadas, tal y como indicó ayer Molas.

Entre los destinos favoritos, “se ha producido en los últimos meses una tendencia hacia el norte por razones climatológicas”, destacando Galicia y País Vasco, seguidos por Asturias y Cantabria, mientras que “se siguen manteniendo ciudades como Valencia, Málaga o Salamanca”, explicó. A su vez, islas como “Ibiza mantienen un índice de turismo muy similar al de 2018” y otros como “Menorca o Mallorca han sufrido una temporada mala” aunque “esto podría verse favorecido por ventas de última hora”.

A propósito de esto, destacó también la gran preocupación del sector hotelero por la “competencia descontrolada de la oferta no regulada” y que supone un 17,9%. “No es que estemos en contra de las viviendas turísticas, estamos en contra de las viviendas turísticas no reguladas”, ha matizado. Entre otras preocupaciones, el sector hotelero teme la “escasa o nula referencia del turismo por parte de los partidos políticos”, así como las políticas de visados vigentes que afectan, entre otros, a ciudadanos chinos y rusos.

Un nuevo reglamento reduce la exigencia de información a las pequeñas firmas

La UE es consciente desde hace años que el acceso a los mercados es demasiado complicado. Y para rebajar los obstáculos, el domingo entrará en vigor un reglamento que simplifica la elaboración de los folletos necesarios para colocar acciones en una OPV o vender deuda. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), entre ellas las españolas, serán las grandes beneficiadas.

La actual regulación sobre la información que una empresa debe poner negro sobre blanco antes de emitir acciones o bonos data de una directiva de 2003, que ha quedado obsoleta, según los expertos consultados. Su adaptación por parte de los distintos países ha dado lugar a una fragmentación del mercado europeo. El reglamento, de aplicación directa, pone fin a esto de una vez y para siempre.

Uno de los sectores que serán más mimados por la nueva regulación será el de las pymes, que en España suponen el 99,8% del total. La normativa sentencia que “el coste de elaborar un folleto normal puede llegar a ser desproporcionadamente elevado y disuadirlas de ofertar sus valores al público”. Para solucionar este problema, se crea un nuevo tipo de folleto, denominado de la Unión de crecimiento.

Empresas de reducido tamaño que no tengan admitidos valores en un mercado regulado (como la Bolsa española) podrán emplearlo. Un reglamento delegado publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 21 de junio rebaja a la mínima expresión las exigencias de este documento, con un contenido reducido y un orden fijo de presentación de la información. Las compañías que podrán utilizar este documento para salir al mercado son las que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: contar con un número de empleados inferior a los 250, un balance que no supere los 43 millones de euros y una facturación inferior a los 50.

También podrán acogerse al nuevo régimen simplificado las empresas que coticen en los denominados mercados de pymes en expansión. Estos son sistemas multilaterales de negociación, como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). En todo caso, la capitalización media de estas compañías durante tres años no puede superar los 500 millones de euros.

Hay un tercer tipo de ofertas que se podrán lanzar con el nuevo salvoconducto. Las de importe inferior a 20 millones de euros por parte de compañías que no estén en una plataforma alternativa y siempre que tengan menos de 500 empleados.

El aumento de bajas por enfermedad resta 1.000 millones a las mutuas

El alza de las bajas por enfermedad común lastró los resultados de las mutuas de accidentes patronales en el 2018. Según explicaron en las juntas de accionistas, se registraron 19,7 millones de días de baja, un 11,8% más y el sector, en su conjunto, perdió 1.000 millones de euros en esta cobertura (un 66% más), que fue deficitaria para 17 de las 19 mutuas.

La mutua que preside José María Juncadella logró en el 2018 un excedente de 73,3 millones de euros, un 20% menos que en el año anterior, porque el resultado de la gestión de la cobertura por accidentes profesionales (de 197 millones de euros), se vio disminuido por las pérdidas de 138 millones producidas por la gestión de la enfermedad común.

El director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio, explicó que la mutua ingresó 2.294,60 millones, un 3% más, y aportó 58,34 millones a los fondos de la Seguridad Social, un 53% menos que en el 2017. Asepeyo da cobertura actualmente a 4,5 millones de trabajadores en España, un 3,5% más que el año anterior, pertenecientes a más de 250.000 empresas.

La mutua invirtió el año pasado más de 9 millones de euros en mejorar y ampliar su red asistencial, compuesta por 177 delegaciones propias, y gestionó ayudas de 12,8 millones de euros a trabajadores accidentados a través de su fondo de ayuda social.

Mutua Universal tuvo un excedente de 44,3 millones de euros en el 2018, un 35,5% más que el año anterior, y obtuvo unos ingresos por cotizaciones sociales de 1.076 millones, con un incremento del 9,7%. La entidad que preside Juan Echevarría Puig alcanzó los 1,46 millones de trabajadores protegidos (un 5,25 más), pertenecientes a 165.678 empresas asociadas, que crecieron el 3,4%. La mutua patronal invirtió 4,4 millones en mejorar su red asistencial.

Activa Mutua ingresó 372 millones de euros el año pasado, un 4,3% más que en el año anterior, con un excedente de gestión de 16,1 millones. La entidad cerró el 2018 con 68.899 empresas asociadas y 547.900 trabajadores protegidos. La junta de la mutua aprobó nombrar a Domingo Bargalló como nuevo presidente y a Miguel Ángel Díaz Peña como nuevo director gerente.

Aragonès propone un salario mínimo para Cataluña

El vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha propuesto esta mañana a los agentes sociales pactar un salario mínimo interprofesional para Cataluña que, si bien no sería de obligado cumplimiento, podría establecerse como una referencia. Aunque Aragonès no ha querido dar una cifra sobre qué salario podría ser, en el programa electoral de su partido (ERC) se proponía 1.200 euros al mes.

Aragonès lo ha dicho durante la presentación del ‘Informe anual sobre la economía catalana 2018’ en el auditorio de la Cruz Roja en Barcelona. En ese acto estaban presentes representantes sindicales y empresariales. El salario mínimo interprofesional en España está en los 900 euros. Según la Generalitat sólo un 1% de los trabajadores cobra el salario mínimo.

El secretario general de CC.OO., Javier Pacheco, ha rechazado de manera categórica la propuesta de Aragonès porque al no ser de obligado cumplimiento tendría poco efecto. Al mismo tiempo, Pacheco ha invitado a Aragonès a que utilice otras herramientas que tiene a su disposición para mejorar los sueldos en Catalunya como el IRPF. Su homólogo en UGT, Camil Ros, ha preferido esperar a ver en qué se concreta la propuesta.

Durante la presentación del informe, Aragonès ha destacado la fortaleza que –a su juicio– tiene la economía catalana que creció según el Idescat un 2,6% en el 2018. En su intervención no ha hecho ninguna referencia a las miles de fugas de sedes sociales durante el 2018. Es más, en la presentación se asegura que crecieron un 1,5% en el 2017.

Acuerdo en el G7 de ministros de Finanzas para que la economía digital pague impuestos

Acuerdo en quien debe definir la conocida como tasa Google, la OCDE. Acuerdo en el plazo, fin de 2020. ¿Está todo hecho, entonces? Ni mucho menos. El francés Bruno Le Maire y el norteamericano Steven Mnuchin encarnaron a la perfección lo del vaso medio lleno o medio vacío. El anfitrión desbordó optimismo. El invitado, prudencia. El ministro francés puso el énfasis en lo «ambicioso» del acuerdo y subrayó en varias ocasiones que era «la primera vez». El secretario de Tesoro americano repitió tres o cuatro veces que estamos ante una «cuestión compleja» y que «queda mucho camino por hacer».

De lo que no hay duda es que la cumbre de ministros de Finanzas, celebrada en Chantilly, a unos kilómetros al norte de París, termina mejor como empezó. Lo que en principio era «tensión» entre Francia y EEUU, posiciones extremas en entre las siete economías más grandes del mundo, ha terminado en buenas palabras y en una declaración común que da un paso adelante, Conviene recordar que los esos dos países forman con Japón, Canadá, Alemania, Italia y el Reino Unido el G7. Esto es, el 46% de la riqueza mundial, medida en términos de PIB, aunque sólo reúnan al 9% de la población mundial. En pocas palabras, lo que ellos decidan va a misa.

Y lo que han decidido en sus dos días de reuniones, aquí en Chantilly, es un «acuerdo para tasar las actividades sin presencia física, en concreto las actividades digitales» de las sociedades, en palabras de Le Maire al presentar las conclusiones de la cumbre. «Es la primera vez que los Estados miembros del G7 se ponen de acuerdo sobre este principio» repitió bajo los focos de las televisiones en la sala donde dio la rueda de prensa oficial como anfitrión.

A su término, en una salita canija y con poca luz habló el secretario del Tesoro. No sólo repitió que queda mucho camino, sino que advirtió que «EEUU no aceptará nada específico para las compañías digitales americanas». Como es sabido Gafa son las siglas de Google, Amazon, Facebook y Apple, empresas todas de matriz americana. Es evidente que Washington quiere que si hay impuesto sea pagado por todos… incluidas las grandes casas del lujo francés, por ejemplo, que hoy en día obtienen en internet una parte importante de sus ingresos.

Mnuchin, y he aquí una inflexión a destacar, admitió «progresos importantes». Lo dijo hasta en tres ocasiones cambiando el adjetivo por «significativo» o «notorio». Está claro que el clima ha cambiado. Lo que, al comienzo de esta cumbre era «tensión» parece que se encamina hacia un acuerdo. Aunque el camino a recorrer no será un paseo en calesa, como las que se exhiben a la entrada de esta sala de prensa, dispuesta, ejem, en las caballerizas del palacio. Cuando circulaban por caminos empedrados nadie había pensado en un impuesto sobre el gasoil.

Será la OCDE, antes de que termine el año, el organismo donde se ponga negro sobre blanco la nueva tasa. Y el G20 quien decida antes de que concluya 2020. Veremos si la criatura progresa adecuadamente. El primer test lo tendremos a finales de agosto en Biarritz donde los jefes de Estado y de gobierno del G7 se van a ver las caras.

La Airef mejora su previsión de déficit para cierre de año, rebajándola del 2,1% al 2% del PIB

En línea con los planes que el Gobierno remitió a Bruselas, aunque lejos del objetivo oficial del 1,3% heredado del Ejecutivo del PP. Pese a esta mejora en la imagen general que arroja su informe de evaluación de las cuentas públicas, el organismo alertó de graves incrementos de gasto en comunidades y ayuntamientos.

En este último capítulo, de hecho, la Airef ha recomendado a Hacienda que impulse medidas preventivas para frenar los incrementos de gasto público del orden del 10%, frente al 2,7% de referencia, detectado en los ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo Insular de Tenerife.

También le pide controlar a Almonte, Jaén, Jerez de la Frontera, Parla y Navalcarnero, por subir su gasto más del 8% pese a sus déficits recurrentes. En estos casos, al pedir la intervención el Ministerio, el organismo da un paso más allá que con el reto de municipios, a los que, en general, pide autocontención, al prever que rebajarán su superávit del 0,5% de 2018 al 0,4% en 2019.

Así lo han avanzado fuentes del organismo este jueves coincidiendo con la publicación del informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas.

En el caso de los ayuntamientos, la Airef ha detectado un alza importante de las inversiones coincidiendo con la celebración de los comicios locales del pasado 26 de mayo, si bien está por ver el detalle de que cuantías corresponden exclusivamente a gasto electoral.

Este factor también ha afectado a un alza del gasto de las Comunidades Autónomas en las que, sin embargo, el aumento de costes está más relacionado con el aumento de la retribución de los empleados públicos, fruto tanto del acuerdo nacional firmado entre Gobierno y sindicatos como por las medidas de mejora adicional aprobadas por los propios Ejecutivos regionales.

El organismo tiene cuenta en su estimación que las cuentas autonómicas empeoran este año porque se rebajan las ayudas europeas con las que cuentas respecto a 2018 así como por la liquidación del IVA, dado que el nuevo sistema de intercambio de información inmediata (conocido como SII) que deja un mes menos de ingresos para las regiones -unos 2.500 millones- este año. La Airef ha revelado además que Hacienda no tiene previsto compensarlas este ejercicio como sí se planteó inicialmente. El Ministerio, eso sí, prevé inyectarles unos 7.000 millones de entregas a cuenta pendientes pese a la falta de Presupuestos.

Sin embargo, incluso sin tener en cuenta los gastos no recurrentes y la distorsión comparativa con los fondos europeos de 2018, la Airef subraya que Madrid, Canarias y Navarra siguen presentando un alza del gasto del 5% al 8%. Además, el organismo recuerda que Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares mantienen incumplimientos pendientes de ejercicios anteriores por los que aún deben presentar planes económicos financieros. En total, 11 regiones corren ya riesgo de incumplir la regla de gasto y su déficit total pasaría del 0,2% de 2018 al 0,5%.

Del lado de la Seguridad Social, la Airef rebaja el déficit del 1,4% al 1,3%, destacando que los ingresos por cotizaciones están mejorando por encima de lo esperado (7,5%) gracias al aumento de las bases de cotización (las mínimas crecieron un 22% en enero en paralelo al alza del salario mínimo y las máximas se incrementaron un 8%) lo que compensa el aumento del gasto en pensiones del 5,9%.

En la administración central, la Airef prevé un déficit del 0,6%, frente al 1,4% de 2018, al crecer con fuerza la recaudación de IRPF y retener el mes extra de IVA no abonado a las comunidades, lo que compensa la caída de recaudación de otros impuestos como transmisiones patrimoniales, Sociedades (por la devolución de 702 millones a Telefónica, que ganó un pleito al Estado) o el propio IVA. A su vez, pese a la incidencia electoral, el gasto se reduce principalmente por el abaratamiento de los intereses de la deuda.

En este campo, la Airef sí saca los colores a España al denunciar que es uno de los países de la UE que menos ha reducido su deuda pública en los últimos años pese a haber liderado el crecimiento. Avanza, además, que del 97,1% de 2018 solo se rebajará este año al 96,1% frente al 95,8% previsto por el Gobierno.

Así, la Airef estima que la administración central acabará 2019 con un déficit del 0,6, frente al 1,4 del año anterior (beneficiada también por no pagar el mes extra de IVA a las comunidades); que el de la Seguridad Social baje del 1,4% al 1,3%, que el de las Comunidades Autónomas suba del 0,2% al 0,5% y que el superávit de los ayuntamientos caiga del 0,5% al 0,4%.

El G7 acuerda impulsar un tipo mínimo de Sociedades global

Los ministros de finanzas de los países del G7 han dado este jueves un paso histórico. Las autoridades han pactado impulsar una fiscalidad global que grave la actividad de las grandes multinacionales, que, como Google o Amazon, no cuenten con presencia física en un país, pero sí obtengan valor en él. Así mismo, los miembros del G7 también han coincidido en la necesidad de fijar un tipo mínimo global en el impuesto de Sociedades para asegurarse de que las grandes empresas no desvían sus beneficios a paraísos fiscales o a países con una baja fiscalidad.

“Los ministros se han puesto de acuerdo en que abordar los desafíos fiscales provocados por la digitalización de la economía es urgente”, ha indicado sobre la reunión un resumen francés de la misma. “El objetivo será gravar los nuevos modelos de negocio y en particular, aquellos generando valor sin contar con presencia física”, detalla el documento.

A pesar de que se ha producido acuerdo, tan sólo se trata de un primer paso y no hay información sobre el posible tipo impositivo todavía. Según refiere el Financial Times, las normas sobre fiscalidad global se concretarán mediante negociaciones con la OCDE. La organización conformada por 129 países tendrá hasta enero de 2020 para configurar la arquitectura del gravamen, de forma que durante el año que viene se pueda tomar una decisión definitiva.

“Es un gran avance de cara a la puesta en marcha de una fiscalidad más justa y más eficaz”, ha asegurado en una rueda de prensa el ministro de Economía y Finanzas francés Bruno Le Maire. El ministro califica como ambicioso el plan debido a que es la primera vez que se tienen en cuenta desde un punto de vista fiscal los desafíos de la economía digital.

Le Maire se ha felicitado por que el G7 haya adoptado “un enfoque coordinado, multilateral y más constructivo”, tras las amenazas de sanción lanzadas esta misma semana por el Gobierno estadounidense contra París por la creación de la llamada tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon).

Las conclusiones del grupo de trabajo del G7 sobre criptodivisas no han distado mucho de las opiniones mostradas hasta ahora por las principales autoridades. Así, el equipo de trabajo liderado por el miembro del Consejo del BCE Benôit Coeuré ha sentenciado que las criptomonedas estables como libra pueden impulsar la inclusión financiera y abaratar los costes, tal y como asegura su principal impulsor Facebook, pero que también entrañan una serie de “graves riesgos”.

Entre estos riesgos, el equipo de Coeuré destaca los relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la financiación de terrorismo, la protección de datos, la competencia y la tributación. “Estos activos también podrían plantear problemas relacionados con la transmisión de la política monetaria, la estabilidad financiera, el buen funcionamiento y la confianza pública en el sistema de pago global”, añade en sus conclusiones el grupo de trabajo.

Solo 1 de cada 5 jóvenes menores de 29 años consigue emanciparse

El año 2018 concluyó con la menor proporción de jóvenes emancipados de la última década, y es que, para que una persona menor de 30 años pueda alquilar en solitario, debe destinar de media más del 90% de su salario. Por eso, solo 19 de cada 100 personas entre 16 y 29 años cerraron el ejercicio residiendo fuera del hogar de origen, llegando a cifras récord del 17% en regiones como Andalucía, Castilla y León o País Vasco. Son cifras presentadas este jueves en el balance anual del Consejo de la Juventud de España (CJE), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Instituto de la Juventud.

Hay muchos más números que convierten en poco halagüeña la situación de los más jóvenes, atendiendo al balance de 2018. La tasa de temporalidad de los que tienen entre 16 y 29 años ronda el 55%, por encima del 32% de los que se mueven entre los 30 y los 34 años, y muy superior al 20% de los que tienen más de 35. A esto se le añade que a casi un 15% de los menores de 30 años les faltan horas de trabajo para poder hacer frente a sus gastos, y que casi el 45% de ellos está en situación de sobrecualificación, trabajando en tareas para las que no son necesarios los títulos formativos que han conseguido.

“Lo que nos dicen las cifras es que la situación de la juventud no ha mejorado. Los datos macroeconómicos señalan algo de luz en la economía española, pero esto no se refleja en la juventud, que se encuentra aún con salarios bajos, empleo temporal y cada vez más desajustes en el mercado”, explica Alejandro Delgado, responsable de finanzas y socioeconomía del CJE. Así, prosiguió, ante las nuevas fórmulas de contratación o de modelos laborales, los que pagan las consecuencias son, mayoritariamente, quienes se enmarcan en estas franjas de edad. “El abuso al trabajador es constante, y en muchas ocasiones ya no hablamos de defender derechos laborales que son bajos, sino que son inexistentes”. Así, las prácticas extracurriculares, la concatenación de becas y unos salarios que “impiden desarrollar un proyecto de vida” son, en opinión de Manuel Ramos, presidente del CJE, “unas herramientas de precarización que hay que eliminar cuanto antes”.

Desde el citado organismo también ponen el foco en la prácticamente nula capacidad de ahorro de quienes oscilan en estas franjas de edad. Según los datos recabados, la retribución neta de un asalariado que tiene entre 16 y 29 años supera por poco los 11.000 euros, llegando a algo más de 15.000 en el caso de los que se mueven entre 30 y 34 años. Así, en los hogares jóvenes, aquellos en los que los inquilinos tienen menos de 34 años, los ingresos netos anuales rozan los 25.000 euros.

Como medidas urgentes para encarar la situación es necesario “abordar la reforma del Estatuto de Trabajadores para adecuarlo a la realidad de nuestra juventud”, señaló Delgado. Así, más allá de la derogación de la reforma laboral, “debemos adecuar la normativa para que el colectivo juvenil tenga seguridad y pueda afrontar la emancipación”. En este sentido, la estabilidad política también es uno de los temas primordiales para el CJE, sobre todo en lo relativo a la elaboración y aprobación de los Presupuestos, con el objetivo de que “las partidas destinadas a la juventud sean blindadas y aumentadas y estén dirigidas a menguar el paro juvenil o las dificultades de acceso a la vivienda”, alega Delgado.

La CNMC ha procedido a recalcular unas 60 sanciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emprendido una ofensiva para recuperar el importe de las multas impuestas y que los tribunales han anulado por defectos de forma en los expedientes o por problemas con los criterios de cálculo. Hay dos estrategias en paralelo, el recálculo de las multas y la reapertura y nueva instrucción de expedientes. Fuentes de la CNMC lo justifican señalando que el organismo “tiene que agotar todos los recursos legales para defender el interés general frente al de las empresas”.

Sin anunciarlo públicamente mediante comunicados ni notas de prensa, Competencia ha impuesto este año, entre otras, una multa de 13,755 millones a Cellnex, otra de 3,32 millones a Correos y una más de 4,2 millones a Enri 2000. Esas tres multas, y algunas más, tienen una peculiaridad: son exactamente de la misma cuantía que las que anularon los tribunales en los expedientes originales y obligaron a recalcular, tras la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2015.

El último caso afecta a la empresa estatal de paquetería y mensajería Correos. En 2013, la CNMC le impuso una multa de 3,3 millones por una infracción muy grave en relación a su posición de dominio en servicios mayoristas de acceso a la red postal pública y en servicios minoristas de notificaciones administrativas. Correos recurrió, la Audiencia Nacional anuló la multa y obligó a la CNMC a recalcularla. Ahora, en una resolución de la CNMC, fechada el 4 de julio de 2019, el organismo dice que con los nuevos criterios la multa debería ascender a 3,84 millones de euros, pero al ser superior a la inicial, aplica la misma sanción original.

También este año, sin que hubiera trascendido hasta ahora, la CNMC ha impuesto una multa a Abertis Telecom (ahora Cellnex) por importe de 13,755 millones de euros. Esa cuantía es la misma de la multa original de 2012 por abuso de posición dominante en la difusión de la señal de TDT. Con los nuevos criterios del Supremo, a la CNMC le salía una multa de 17,24 millones. De nuevo, como la sanción recalculada es superior a la original, la CNMC repite la multa inicial.

La inflación de la eurozona sube una décima en junio hasta el 1,3%

La inflación interanual en la zona euro el pasado junio fue del 1,3%, lo que supone un avance de una décima frente al 1,2% de mayo, informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En el mes de junio de 2018, la inflación de la eurozona fue del 2%. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la inflación en junio fue del 1,6%, estable con respecto a mayo y una décima menos que el 2,1% registrado en el mismo mes de 2018.

Las tasas interanuales más débiles se registraron en Grecia (0,2%), Chipre 0,3%) y Dinamarca y Croacia (0,5% ambas), mientras que las más altas se las anotaron Rumanía (3,9%), Hungría (3,4%) y Letonia (3,1%), al tiempo que en España fue del 0,6%. Las mayores contribuciones al avance de los precios en la zona euro en junio provienen de los servicios (0,73 puntos porcentuales), la alimentación, el alcohol y el tabaco (0,3 puntos), la energía (0,17 puntos) y los bienes industriales sin contar la energía (0,07 puntos), precisa Eurostat.

La oficina de estadística comunitaria también ha publicado hoy el dato de la producción en el sector de la construcción en mayo, el cual cayó un 0,3% tanto en la zona del euro como en el conjunto de la UE en comparación con el mes anterior. En abril, la producción en la construcción había disminuido un 1,7% en los países de la moneda única y un 1,3% en los Veintiocho. En términos interanuales, la producción progresó en mayo un 2% en la eurozona y un 2,5% en la UE.

En España, la producción en la construcción bajó un 0,3% en mayo en comparación con abril y se mantuvo estable frente al mismo mes del año anterior. En comparación con abril, la producción en la eurozona de la ingeniería civil disminuyó un 0,8% y un 0,3% la de edificios. En los Veintiocho, la producción bajó un 0,5% en la ingeniería civil y un 0,2% en los edificios.

Entre los estados miembros para los que hay datos disponibles, las mayores caídas de la producción en el sector de la construcción se produjeron en Rumanía (7,6%), Finlandia (3,1%) y Suecia (2,9%), mientras que las mayores subidas tuvieron lugar en Eslovenia (4,1%), Francia (1,9%) y Holanda (1,4%). En comparación con mayo del año anterior, la producción aumentó en la zona del euro un 2,3% en la ingeniería civil y un 2% para los edificios. En los Veintiocho, la producción avanzó un 4,7% para la ingeniería civil y un 2% para los edificios.

Entre los estados miembros para los que hay información disponible, las principales subidas en la producción de la construcción se registraron en Hungría (26,2%), Rumanía (23,8%) y Eslovenia (11,1 %), en tanto que las mayores caídas fueron en Finlandia (1,6%) y Bélgica (1,5%).

El Gobierno lanza una web con consejos y todas las ayudas para alquilar

El Ministerio de Fomento ha lanzado una web con información para facilitar el acceso al alquiler y mejorar la relación contractual con los propietarios. Bajo el nombre ‘Alquila bien, es tu derecho’, la herramienta, que integra toda la información pública en materia de alquiler, “pretende facilitar los aspectos fundamentales que necesita saber tanto la parte arrendataria como la arrendadora para suscribir un contrato de alquiler”, explica en un comunicado el ministerio.

La web tiene además como objetivo dar a conocer las principales novedades que presenta el real decreto ley que está en vigor desde marzo y que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos. La página también aporta información sobre cómo proceder a los trámites del depósito de las fianzas del contrato de arrendamiento. Para ello, enlaza con las distintas páginas web de los organismos autonómicos competentes para realizar este trámite.

Asimismo, el portal también recoge todas las ayudas para el alquiler comunidad por comunidad, recogiendo las de Catalunya, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y el resto de autonomías, con la cuantía de las ayudas y los requisitos para acceder. La herramienta también ofrece una guía práctica orientativa que recoge cláusulas y condiciones con una explicación detallada en cada apartado para elaborar un contrato de alquiler.

Por otro lado, Fomento también ha puesto en marcha un servicio de atención ciudadana para poder atender las dudas que puedan surgir a la hora de alquilar una vivienda. Por una parte, ofrece el teléfono gratuito 900 900 707 y por otra un buzón donde registrar las dudas que un equipo técnico responderá.

Calviño entra en la quiniela de los líderes europeos para dirigir el FMI

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, es uno de los nombres que los líderes europeos están barajando para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmó una fuente comunitaria conocedora de las negociaciones.

Los gobernantes europeos están buscando un candidato de consenso para dirigir el organismo con sede en Washington, después de que Lagarde renunciara este martes a su puesto a cambio de presidir el Banco Central Europeo (BCE). “Calviño está en el mix de nombres que se está discutiendo”, confirmó la fuente.

Por su parte fuente de Moncloa han considerado un «honor» que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, figure en la lista de lista de favoritos para sustituir a Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ejecutivo en funciones se felicita así después de que haya trascendido la iniciativa de los miembros europeos del G7 –que aglutina a Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia e Italia– para promover un grupo de candidatos a la dirección del FMI en la que ha sido incluida Calviño.

En este sentido, fuentes de Moncloa han subrayado que para el Ejecutivo es «un honor» que «la valía y competencia de sus integrantes sea reconocida a nivel internacional» y ha incidido que supone «una buenísima noticia para España» que la ministra Calviño «sea considerada entre el reducido grupo de personas que podría dirigir uno de los principales organismos financieros internacionales, como es el FMI».

Tras agradecer a los países europeos integrantes del G7 (Reino Unido, Francia e Italia) que hayan sugerido el nombre de la ministra española como candidata, desde Moncloa han destacado la importancia de «mantener la unión de acción» entre los países de la Unión Europea para seguir optando a la dirección del FMI.

Finalmente, ha recordado que España «siempre» ha apoyado que la nueva dirección del FMI tras la marcha de Lagarde, que se hará efectiva el próximo 12 de septiembre, recaiga «en una mujer europea de reconocido prestigio». «Nos llega de orgullo que Nadia Calviño haya sido incluida en este grupo de candidatos, convirtiéndose en exponente de las políticas de igualdad de género que este Gobierno está impulsado bajo la Presidencia de Pedro Sánchez», han destacado fuentes de Moncloa.

A primera hora del miércoles, Calviño reconoció haber hablado con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de presentarse para presidir la institución. Sin embargo, en la entrevista con la emisora de radio Cadena Ser, Calviño no dejó claro si tras la conversación con el presidente se había decidido postular su nombre para el puesto.

“No se ha planteado en estos términos la conversación”, respondió la ministra al ser preguntada por si Sánchez le había anunciado que propondría su candidatura.

La Seguridad Social se consolida como la más gravosa de las administraciones públicas

Según el avance mensual del regulador, el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas (Estado y organismos, administraciones territoriales y Seguridad Social) aumentó en mayo en 12.400 millones de euros, por lo que llegó a los 1,19 billones de euros, superando así la barrera del billón. En porcentaje del PIB, está en el 97,5% por lo que se aproxima al alcanzado en 2016, cuando superó el 100%, otra de las barreras ‘intocables’ en esta materia, y a los niveles de febrero y marzo de este año.

Los datos del Banco de España indican que en mayo creció respecto a abril –mes en el que se redujo en gran medida– pero sobre todo frente a mayo de 2018, ya que subió un 3,3% al aumentar en 38.688 millones. Al analizar el dato mensual, la deuda del Estado fue la causante pues de los 12.400 millones, 9.082 millones corresponden a la Administración central. Sin embargo, es la Seguridad Social la que sigue imparable porque alcanzó un nuevo récord en mayo, con una subida del 4,1% hasta llegar a los 46.821 millones. De mayo a mayo creció un 71%, lo que confirma que este organismo sufre ya un desfase entre ingresos y gastos estructural y penaliza al endeudamiento de todas las administraciones.

Ese mismo mes, las cuentas de la Seguridad Social arrojaron una subida de las pensiones contributivas del 7,11% y de las no contributivas, del 4,23%, respecto al mismo mes de 2018. Hay que tener en cuenta que en mayo del año pasado todavía no se había llevado a cabo la revalorización de las pensiones acordada en la ley de Presupuestos de 2018, que entró en vigor en julio, y por la que subieron las prestaciones un 1,6%, en vez de un 0,25%, y las mínimas, un 3%. El propio organismo cuantifica el gasto de los cinco primeros meses de 2019 en 495,47 millones de euros más que el del mismo periodo de 2018.

La subida de las pensiones ha incrementado el gasto de la Seguridad Social pero no es el motivo principal de su desfase. Éste hay que buscarlo en causas más sociológicas como el envejecimiento de la población, que tiene una mayor esperanza de vida, lo que provoca que más personas cobren más pensiones durante más años. Las cotizaciones, principal fuente de ingresos de la Seguridad Social, han crecido en los últimos meses al ritmo del aumento del empleo, pero no ya es suficiente porque el déficit es crónico. Hasta el punto que instituciones como la Airef reclaman que la financiación de la Seguridad Social sea competencia del Estado al ser evidente la imposibilidad de que el sistema se sostenga solo con las cotizaciones de los trabajadores.

En lo que se refiere al Estado y la gran subida de su endeudamiento en mayo, el Ministerio de Economía y Empresa explicó ayer que el saldo mensual tiene una evolución volátil debido a la concentración de emisiones de deuda en los primeros meses del año. Las comunidades autónomas también aumentaron su deuda el pasado mayo, según el Banco de España. Respecto a abril, se elevó en 1.638 millones de euros, hasta alcanzar un total de 298.568 millones. En términos interanuales creció un 2,6%.

Por último, las corporaciones locales continúan con la senda iniciada en 2013 y sus cuentas son las más saneadas. El organismo regulador señala que en mayo estas administraciones territoriales redujeron su endeudamiento en 290 millones en comparación con el mes de abril y lo dejaron en 26.040 millones de euros. Al contrario que el resto de administraciones públicas, las corporaciones locales recortaron su deuda en los 12 meses que van de mayo de 2018 a mayo de 2019 en 2.871 millones, lo que representa un 10%. Estas instituciones están fuertemente controladas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que les prohíbe de facto endeudarse y les obliga a tener estabilidad.

Hacienda no acepta injerencias americanas por la ‘Tasa Google’

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha rechazado que el Gobierno se encuentre preocupado por posibles represalias por impulsar a nivel nacional un nuevo impuesto los servicios digitales, conocido comúnmente como ‘tasa Google’, y ha asegurado que volverá a llevarlo al Congreso cuando vuelva a constituirse el Ejecutivo.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Ministerio de Hacienda, Montero ha asegurado que no han recibido «directamente ningún tipo de contacto, o de amenaza o de advertencia de nadie» y cree que esta posible amenaza «es un término más periodístico que diplomático».

La ministra en funciones recordó que el desarrollo de esta nueva figura impositiva ya se recogió en el proyecto de ley tramitado antes del fin de la legislatura anterior y que la hoja de ruta del Gobierno socialista en cuanto a fiscalidad «sigue firme», al mantener su intención de introducir cambios en el IRPF, la equiparación del diésel con la gasolina o la creación de la tasa a las transacciones financieras. «La política fiscal está perfectamente definida en el proyecto de Presupuestos y no hemos movido nuestra posición», agregó Montero en referencia al fallido proyecto de Presupuestos de 2019.

Al ser preguntada si el Gobierno iniciará la tramitación de la tasa Google en cuanto haya investidura, Montero insistió en que la intención es que «en cuanto el Gobierno esté a pleno rendimiento y abandone su estatus de funciones va a proponer nuevamente en el Congreso la tramitación de las tres leyes que estaban en marcha que permiten redondear la política fiscal: transacciones financieras, tasa digital y lucha contra el fraude fiscal».

Afirmó que «hay que promover un impuesto a nivel europeo» pero que «mientras esta circunstancia ocurre nosotros vamos a implantarlo en el marco de nuestro país para que también alumbre al resto de países en que es necesario alumbrar una nueva fiscalidad».

En cualquier caso, Montero apuntó que «conocemos perfectamente que EEUU cuando Francia puso en marcha esta misma fiscalidad reaccionó transmitiendo su negativa y de la misma manera lo podría transmitir en España».

El Senado de EEUU aprueba el Convenio fiscal con España

El Pleno del Senado norteamericano ha aprobado el Convenio de Doble Imposición (CDI) suscrito entre los Gobiernos de España y Estados Unidos. Culmina así el desbloqueo de este acuerdo, que supondrá una importante rebaja fiscal para las empresas que operan en ambos países. El pasado 25 de junio, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta dio luz verde a Convenio y puso fin a cerca de una década de veto por parte del senador republicano Rand Paul, dado que el Reglamento del Senado de EEUU permite que un único senador vete una norma.

El nuevo texto extiende el tiempo mínimo requerido para considerar un establecimiento permanente, que pasa de 6 a 12 meses; reduce la tasa general de retención de impuestos sobre pagos de dividendos entre compañías asociadas (10% de participación, anteriormente 25%), que pasa del 10% a 5%, y elimina el impuesto a la retención de dividendos para las empresas matrices que posean el 80% o más de las acciones con derecho a voto en la entidad que paga durante 12 meses. Este cambio pondrá fin a las numerosas discusiones con la Inspección española sobre la distribución de dividendos que las filiales españolas realizan a grupos estadounidenses a través de empresas matrices de la UE.

Además, el nuevo texto elimina la retención fiscal sobre el interés, que crea igualdad de condiciones entre los bancos de EEUU, y también de la UE ya que actualmente los pagos de intereses realizados a entidades de la UE están exentos de impuestos en España, mientras que los realizados a entidades estadounidenses estaban sujetos a una retención del 10%. Otra novedad es la eliminación de imposición de royalties, que supone una gran ventaja para las empresas de EEUU y España. Tradicionalmente, España gravaba las importaciones de tecnología, aplicando una tasa impositiva del 5%, 8% ó 10%, dependiendo de la naturaleza del pago del royalty.

La eliminación de este impuesto pondrá fin a las discusiones eternas entre los grupos empresariales de EEUU y las autoridades tributarias españolas con respecto a los pagos relacionados con el software, el arrendamiento de equipos industriales o los servicios de asistencia técnica. Asimismo, ambos países renuncian a su derecho a gravar en origen las ganancias de capital de las acciones, con la única excepción de las acciones de las sociedades holding inmobiliarias. Éste es un cambio importante, ya que el texto original en vigor permitía imponer impuestos en origen sobre las ganancias de capital derivadas de la venta de participaciones sustanciales (25% o más). Por último, se incluye un procedimiento de arbitraje mutuo obligatorio para resolver disputas de doble imposición entre los dos países.

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain), Jaime Malet, órgano que ha impulsado la renovación, declara que el nuevo Convenio «favorecerá a España como destino inversor de empresas estadounidenses en comparación con otros países europeos que hasta hoy gozaban de mejores convenios, y supondrá un impulso para las empresas españolas cuyas filiales compiten con otras empresas de matriz extranjera con un marco fiscal hasta ahora más favorable en los EEUU».

El Departamento de Comercio de EEUU ha fijado la inversión de las empresas españolas en EEUU en más de 73.000 millones de dólares, creando más de 80.300 puestos de trabajo estadounidenses. Por ello, la Cámara quiere subrayar el enorme esfuerzo realizado por las empresas españolas en los EEUU durante los últimos 10 años.

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han dictado una veintena de sentencias en lo que va de año que fallan en contra de Hacienda

La justicia ha establecido que la Agencia Tributaria aplicó indebidamente unas retenciones a los dividendos que cobraban vehículos de inversión con sede fuera de España y que se negaba a devolver. Ahora, el Estado tendrá que devolver varias decenas de millones de euros.

Entre las gestoras que han ganado la batalla a Hacienda están las más grandes del mundo, las estadounidenses BlackRock y Vanguard, que administran activos entre las dos por valor de más de 10 billones. También está Norges, que junto a BlackRock son los dos mayores inversores de la Bolsa española. Hay gestoras inglesas, como Schroders o Scottish Equitable (propiedad de la aseguradora Aegon), así como los fondos de pensiones de los trabajadores de la BBC y de la red eléctrica británica (National Grid UK) y muchos otros inversores institucionales en un goteo de casos que, según fuentes jurídicas, continuará.

En 11 de las sentencias se fija con claridad cuánto dinero deberá devolver el Estado a los partícipes de los fondos o los planes. En total, cerca de 15 millones de euros más intereses de demora, casi siempre de más de una década. Sin embargo, el importe total será mucho mayor porque BlackRock y Vanguard son las principales propietarias de muchas de las grandes compañías españolas, pero en sus sentencias no se detallan las cantidades. Además, como se recoge en alguno de los fallos judiciales, hay cientos de inversores institucionales en la misma situación. Tras años de batalla administrativa y judicial, el Supremo ha dictado ahora jurisprudencia y la Audiencia Nacional ha reconocido que estaba esperando su doctrina para desbloquear los recursos que se le acumulaban.

Los casos sentenciados ahora por el Supremo y la Audiencia Nacional se remontan a entre 2002 y 2010. Entonces, Hacienda aplicaba una retención del 15% (que luego subió al 18%) a los dividendos que las empresas españolas abonaban a sus accionistas, cuando eran vehículos de inversión extranjeros. Esta retención se aplicaba a cargo del impuesto de la renta de no residentes (IRNR).

Las gestoras extranjeras utilizaban figuras como la sicav luxemburguesa, los fondos irlandeses o seguros de vida domiciliados en el Reino Unido. Cuando empezaron a aplicarse estas retenciones a los dividendos que cobraban, acudieron a la justicia para denunciar que se estaba produciendo una discriminación contraria al derecho de la UE, puesto que el régimen fiscal que se les estaba aplicando era peor que el que soportaban los fondos o planes españoles.

Los fondos y sicavs tienen una fiscalidad especial, por su condición de vehículo de inversión colectiva. Tienen que pagar un gravamen del 1%, pero no tributar por los dividendos que cobran. Quienes pagan impuestos son los dueños de los fondos. Si venden su participación y esta ha generado plusvalías, tributarán como rendimiento de capital en el IRPF.

Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (adscrito al Ministerio de Hacienda) fueron contrarias a los intereses de las gestoras extranjeras, por lo que decidieron recurrir y acudir, primero a la Audiencia Nacional y luego al Tribunal Supremo.

El Parlamento Europeo elige a Von der Leyen para presidir la Comisión

La Comisión Europea tiene nueva dirigente para los próximos cinco años. Por primera vez en la historia de la institución (1958), una mujer estará al frente el Ejecutivo comunitario, el puesto de más alto de la UE, y sucederá al conservador Jean-Claude Juncker. La alemana Ursula Von der Leyen, también conservadora y estrecha aliada de la canciller Ángela Merkel, logró este martes el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo en una ajustada votación.

Tras enarbolar promesas de índole medioambiental, social y fiscal, consiguió un amplio apoyo entre el grupo socialdemócrata (que cuenta con 154 diputados) y el liberal (108), además del respaldo unánime de su familia política, los populares (182).

Retomando el ambicioso paquete de medidas anunciado el lunes, Von der Leyen –nacida en Bruselas y de 60 años, cuatro menos que Juncker–, convenció a 383 eurodiputados (de un total 747) tras prometer ante la Eurocámara que pondrá en marcha una ambiciosa política verde en sus primeros 100 días de mandato. También defendió la implantación del salario mínimo en todos los países de la UE (seis estados miembros carecen de él, entre ellos Italia, Irlanda o Chipre), así como de un seguro de desempleo comunitario complementario al nacional, recogiendo así parte de las demandas de los socialdemócratas, que llegaron divididos a la votación, sobre todo por el rechazo de la delegación alemana.

Concretamente, dentro del impulso de medidas contra el cambio climático, la décimo tercera dirigente del Ejecutivo comunitario –que tomará posesión el próximo 1 de noviembre– quiere que Europa se convierta en 2050 en el primer continente neutro en emisiones, esto es, que no emita más sustancias contaminantes de las que pueden absorber, y que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se erija como el primer banco verde del mundo, con una dotación de 1.000 millones de euros en la próxima década. También prevé un fondo de transición para apoyar a las regiones que se vean más afectadas por la reconversión y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

La hasta ahora ministra de Defensa bajo Merkel (también primera mujer en el cargo), defendió además una mayor flexibilidad en la política fiscal, en un claro guiño a los países del Sur que más han sufrido las medidas de austeridad, e imponer mayores impuestos a los gigantes tecnológicos. “Si quieren beneficios, deben compartir la carga”, subrayó. Propuso, además, cambiar la unanimidad por la mayoría cualificada para desbloquear las propuestas de mayor calado de la UE, y se mostró abierta a dar más tiempo a Reino Unido para culminar el Brexit, previsto para el 31 de octubre.

Su defensa de un “new green deal” no logró convencer a Los Verdes (74 asientos) ni a la Izquierda (41), que ya habían adelantado su rechazo. Su propuesta de poner en marcha un nuevo mecanismo para luchar contra la erosión del Estado de Derecho y de cambiar la regulación para evitar que se criminalice a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo provocaron el rechazo del grupo Identidad y Democracia (73), integrado por los partidos ultras de Salvini, Le Pen o AfD, pero sí contó con el respaldo de los ultracatólicos polacos (PiS, 26) integrados en el grupo euroescéptico ECR.

Los países del Este, conocidos como el bloque de Visegrado, fueron quienes principalmente boicotearon, durante el pasado Consejo Europeo, la nominación del socialdemócrata holandés Frans Timmermans al frente del Ejecutivo comunitario, por ser quien lideró la apertura de expedientes sancionadores contra varios de ellos por vulnerar los derechos fundamentales.

Lagarde abandona el FMI tras lograr los apoyos para presidir el BCE

Christine Lagarde ha presentado este martes su dimisión como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con efectos del 12 de septiembre, y ha dado así paso a la puesta en marcha del proceso de relevo en la institución con sede en Washington. Lagarde, de 63 años, fue nominada como nueva presidenta del Banco Central Europeo el pasado 2 de julio, pero no había renunciado formalmente a su puesto en el FMI, sino que había delegado sus funciones en su número dos, David Lipton. Este se ha convertido ahora en director gerente interino.

“Ahora que hay mayor claridad sobre el proceso de mi nominación como presidenta del BCE y el tiempo que ello llevará, he tomado esta decisión por el interés del Fondo, ya que acelerará el proceso para seleccionar a mi sucesor”, ha afirmado la política francesa en un comunicado enviado en la mañana de este martes. La propuesta de su nombramiento al frente del organismo de Fráncfort se formalizó el pasado 9 de julio y, si nada se tuerce, asumirá el cargo el 1 de noviembre. Avalada ya por los 19 países socios del euro, el asunto debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE, pero la opinión de estas dos instancias no es vinculante.

Ahora empieza para el FMI una carrera por el mando que no se esperaba hasta 2021, cuando terminaba este segundo mandato de Christine Lagarde. El comité ejecutivo del Fondo, formado por 24 países o grupos de países, abrirá el plazo para que los interesados presenten candidaturas y llevará a cabo una criba para dejar la selección en una serie de finalistas —probablemente, una terna— que pasan por una entrevista personal.

El pacto no escrito que lleva décadas funcionando establece que la dirección del FMI corresponde a una europeo y la del Banco Mundial, a un estadounidense, pero conforme las economías emergentes han ido ganando peso en el mundo, muchos países han empezado a cuestionar esta tradición. El peso de cada país o grupos de países en el Consejo se pondera en función de su peso en el accionariado de la institución y Estados Unidos se sitúa a la cabeza con el 16,5% de porcentaje de voto.

Llega la nueva norma de pagos

A partir del próximo 14 de septiembre regirá en España la norma que, en noviembre de 2018, traspuso la directiva de la Unión Europea contra el fraude y el uso de información sensible en los pagos digitales. A dos meses de su entrada en vigor, la ley aún es poco conocida entre uno de sus actores principales: el comercio.

Básicamente, el texto obliga a las entidades bancarias a realizar el llamado open banking, es decir, a ofrecer medios técnicos (software) a terceros para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes. Para ello, establece un sistema de seguridad con el fin de controlar quién y cuándo accede a dicha información llamado Autentificación Reforzada de Cliente (ARC) o SCA, por sus siglas en inglés.

De cara a los comercios, la realidad de este sistema de autentificación es la siguiente: a la hora de abonar una compra superior a un importe de 30 euros habrá que pedir al cliente dos elementos que lo identifiquen de entre tres posibles: algo que posee físicamente, como el documento nacional de identidad (DNI), pasaporte o la tarjeta bancaria; algo que solo sabe el comprador, como el pin o una contraseña; o algo que existe para identificarle, como la huella digital o un rasgo biométrico, por ejemplo, los rasgos faciales.

Los bancos deben disponer de las llamadas API (protocolo informático o especificación formal sobre cómo el módulo de un software se comunica con otro) que servirán de enlace entre el cliente y el comercio sin necesidad de utilizar objetos físicos, como las tarjetas.

En realidad, esta doble autentificación ya se utiliza en las compras sin efectivo en los comercios físicos. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC) y vicepresidente de Cepyme, lo explica así: “En el terreno físico, la entrada en vigor de la ARC apenas va a tener incidencia, pues habitualmente ya se piden dos medidas de identificación al consumidor (la tarjeta de crédito y el pin); en el caso de las tarjetas contactless, para ganar agilidad en los pagos, se pedirá esta doble autentificación tan solo cada cinco pagos y, por tanto, creemos que la ralentización de las operaciones y la incidencia en el comercio físico va a ser mínima”.

La CNMV afila sus armas para vigilar a las entidades financieras

Ha lanzado el concurso para contratar la empresa que se encargará de espiar a las entidades financieras y vigilar así cómo comercializan entre el público los productos financieros. Los empleados de la firma se harán pasar por clientes y realizarán visitas o llamadas telefónica sin revelar su actuación por cuenta de la CNMV (en la jerga, esta fórmula se denomina mystery shopping).

La licitación fue publicada el pasado 9 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en ella se detalla que el importe base de la licitación es de 65.600 euros para un plazo de dos años. Si bien, este es ampliable por un año adicional, lo que podría elevar el valor estimado del contrato a 98.400 euros. La presentación de ofertas concluirá el próximo jueves 25 y la adjudicación se realizará en septiembre. Será a partir de entonces cuando arranque el proceso de mystery shopping.

Durante el periodo del contrato, la entidad realizará al menos una comprobación del proceso de comercialización de productos financieros con un mínimo de 100 visitas. El número máximo de comprobaciones será de cinco y el de visitas, de 1.200. En una misma investigación, la CNMV podrá solicitar la realización de “visitas a las sucursales u oficinas de atención al público de un máximo de ocho entidades diferentes a la vez, distribuidas por todo el territorio nacional”, señala el pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

El supervisor explicó a inicios de año que contrataría una firma para que le ayudara en investigaciones concretas, por ejemplo, en la obtención de información sobre la actividad de chiringuitos financieros. La CNMV efectuó el primer mystery shopping en 2016 y publicó sus resultados en febrero de 2017.