España crecerá entre un 0,6% y un 0,8% en el cuarto trimestre

BBVA Research estima que el crecimiento de la economía española podría situarse entre el 0,6% y el 0,8% en el cuarto trimestre y afirma que se mantienen los sesgos a la baja sobre sus expectativas de crecimiento del 2,6% para este año, tras la “sorpresa” a la baja del PIB en el tercer trimestre (+0,6%). Así se desprende del último observatorio mensual elaborado por el servicio de estudios de la entidad, que destaca que la demanda doméstica actúa como soporte del avance de la actividad al tiempo que aumenta la incertidumbre sobre la recuperación de la externa, con una mejora en el ritmo de creación de empleo y una estabilización de la inflación en el segundo semestre.

El análisis señala que el PIB avanza a un ritmo trimestral “sosegado”, después de que la estimación publicada por el INE de un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre se sitúa de nuevo por debajo del 0,7% previsto por BBVA Research y en línea con el avance registrado a lo largo del primer semestre del año. Por su parte, con cerca del 20% de la información disponible para el cuarto trimestre, el modelo MICA-BBVA señala que el avance trimestral del PIB podría situarse entre 0,6% y el 0,8%.

Con todo, dada las sorpresas a la baja registradas a lo largo del año, junto con la persistencia de los riesgos que penden sobre el escenario, apunta que “se mantiene el sesgo a la baja sobre el crecimiento previsto para 2018 por BBVA Research (+2,6%)”. Cierre del año De cara al cierre del año, las señales que se extraen de los indicadores de gasto, confianza y mercado laboral auguran un crecimiento del consumo privado ligeramente menor que el registrado en el tercer trimestre.

Por su parte, los datos de ejecución presupuestaria sugieren que el avance del gasto en consumo público podría ser cercano al registrado el trimestre anterior, de en torno al 0,7%. En lo que atañe a la inversión, los indicadores parciales de coyuntura señalan que aquella destinada a maquinaria y equipo podría seguir creciendo, aunque, en todo caso, con menos ímpetu que lo observado durante los trimestres centrales del año. Mientras tanto, la inversión residencial podría mantener su ritmo de avance en cotas cercanas a las observadas en el pasado trimestre.

La banca ha devuelto ya 2.292 millones cobrados por las cláusulas suelo

Las entidades financieras españolas han aceptado ya devolver a su clientela 2.292 millones de euros de las cláusulas suelo hipotecarias opacas, según revisaron representantes del Gobierno, la banca, los consumidores y el supervisor financiero reunidos en la cuarta comisión de seguimiento, control y evaluación del mecanismo extrajudicial de devolución habilitado en enero de 2017.

La cifra supone la mitad de los cerca de 4.700 millones de euros ingresados por el conjunto del sector gracias a estas condiciones, que limitan la rebaja de cuotas de la que disfruta el consumidor pese a la caída del euríbor a mínimos históricos y que la justicia ha declarado nulas cuando se comercializaran sin la debida transparencia.

Con datos a cierre de agosto, es decir en algo más de año y medio, la banca ha recibido 1.166.485 solicitudes de devolución del dinero abonado por estas cláusulas, “lo que pone de manifiesto el significativo volumen de solicitudes que el mecanismo establecido por la norma en vigor ha permitido canalizar y atender por vía extrajudicial”, informó el Banco de España.

El sector financiero ha admitido a trámite un 64,7%, tiene pendiente de analizar un 0,7% y ha rechazado un 34,6%. La banca justifica esta última cifra alegando que en cerca de la mitad de los casos los solicitantes no tenían cláusulas suelo mientras que la otra mitad mantenía ya en marcha un procedimiento judicial de reclamación.

La banca ofrece pagar 2.226 millones por la vía pactada a medio millón de afectados por las cláusulas suelo. De los escritos admitidos a trámite, las entidades han estimado un 68,5%, 517.502 solicitudes, alcanzando un acuerdo con el 93% de los interesados a los que han devuelto 2.292 millones de euros a razón de 4.430 euros por cliente, de media. Según asegura el supervisor financiero, “la evolución de los datos evidencia la reducción paulatina del número de solicitudes presentadas por los ciudadanos”.

Desde la asociación de consumidores Adicae, que forma parte de la comisión, criticaron el alto volumen de solicitudes desestimadas o en las que las que no se alcanzó un acuerdo porque la entidad ofreció a su cliente una cuantía menor a la que le correspondía por una devolución con retroactividad total, como exige el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Buena parte de estos casos, recuerdan, acaban atascados en los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria que el Ejecutivo anterior puso en marcha en junio de 2017 y que han tramitado ya 305.437 causas contra la banca, de las que apenas ha podido resolver una cuarta parte.

La Fed revisará por completo su política monetaria en 2019

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este jueves que, a partir de 2019, revisará por completo las herramientas que actualmente usa en su política monetaria, así como la manera en la que informa de ella al mercado. “La Reserva Federal revisará el próximo año las estrategias, herramientas y prácticas de comunicación que usa para cumplir con el mandato asignado por el Congreso de máxima estabilidad laboral y de precios”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

Con el objetivo de divulgar sus nuevas prácticas, la Fed anunció que realizará una “conferencia de investigación” en junio de 2019 en el Banco de la Reserva Federal de Chicago. De la misma forma, el resto de entidades que conforman el sistema bancario central de Estados Unidos organizarán otros eventos menores para escuchar a todas las partes interesadas.

Tras eso, a mediados de 2019 el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed analizará las perspectivas recibidas durante esta serie de eventos como parte del proceso de revisión. Con esto, la Fed espera revisar de la “mejor manera” su forma de cumplir con su mandato legal de estabilidad de empleo y precios. Una vez finalizado el proceso, el FOMC informará de sus conclusiones.

El Gobierno se compromete a subir un 2,25% el sueldo de los funcionarios

El Gobierno se ha comprometido con los sindicatos a subir un 2,25% el sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos en 2019, con independencia de que finalmente se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así lo han comunicado tanto CCOO y UGT después de la reunión que han mantenido con el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto. Según explica CCOO, Benedicto “ha expresado rotundamente la voluntad del Gobierno de cumplir en su totalidad el acuerdo, incluidas las subidas salariales haya o no aprobación de Presupuestos Generales del Estado para 2019”.

“La medida afectará a los más de dos millones y medio de empleados públicos de todo el país”, añaden desde UGT. Este compromiso se produce después de la inquietud mostrada por los sindicatos ante las consecuencias de una cada vez más probable prórroga presupuestaria. En ese caso, entendían los representantes, el Gobierno podría decidir no llevar a cabo la subida salarial comprometida. De hecho, CSIF afirma que no ha recibido la confirmación por parte del Gobierno, y ha advertido de que estudiará convocar movilizaciones si el incremento no se aprueba el próximo 1 de enero.

Asimismo, CCOO ha señalado que el Gobierno ha rebajado la previsión oficial de crecimiento para 2019 desde el 2,5% al 2,3%. Ante esta situación, el sindicato ha pedido que en la parte variable de incremento salarial se tenga en cuenta esta nueva estimación. Además, esta misma organización ha exigido “que la jornada de 35 horas sea de aplicación en el conjunto del Estado sin vincularlo a ningún otro parámetro”.

Los autónomos siguen sin saber cuánto les va a subir la cuota que pagan mensualmente a la Seguridad Social

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha enfriado hoy las expectativas de las principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA y UPTA, que ayer aseguraban que habían alcanzado un preacuerdo con el secretario de Estado de Seguridad, Octavio Granado para subir las bases mínimas de cotización de los autónomos un 1,25% e incrementar los tipos que se aplican sobre esa base del 29,80% al 30%. Esto supondría un aumento de 5 euros al mes de la cuota mínima que pagan ahora los autónomos (unos 60 euros al año) y, además traería aparejada una mejora de varias prestaciones (cese de actividad, incapacidad temporal o formación).

“Quiero aclarar que aún se está en fase de negociación; la reunión de ayer (entre Trabajo y ATA y UPTA) fue puntual, de las muchas que está habiendo con sus diversas organizaciones para llegar a un acuerdo y reformar el régimen especial de trabajadores autónomos en materia de cotización. Ayer hubo una reunión más pero todavía tiene que haber más reuniones con todas las asociaciones del sector”, ha precisado hoy Valerio cuando se le ha requerido que precisara si había o no dicho pacto.

Y es que ayer mismo surgieron las primeras dudas sobre la existencia del citado preacuerdo. Apenas una hora después del término de la mencionada reunión, y una vez que ATA y UPTA habían anunciado públicamente los detalles del pacto surgieron las primeras matizaciones desde el Ministerio de Trabajo.

Esas matizaciones apuntaban a que sí había acuerdo para subir la base mínima de cotización un 1,25% hasta los 944 euros mensuales, pero no sobre el incremento de los tipos de cotización necesarios para poder costear la mejora de las prestaciones. De hecho, desde Trabajo barajaban que esa subida de tipos podía llegar hasta el 31,4%, lo que implicaría que la cuota mínima de los autónomos se incrementaría alrededor de 18 euros al mes (unos 260 euros al año).

Las principales asociaciones del colectivo ATA y UPTA insisten hoy en que ese preacuerdo quedó cerrado con Granado. Pero hoy Valerio ha asegurado que no solo no está cerrado y que debe haber más reuniones –ya estaría convocada una para finales de la próxima semana- sino que, además, el acuerdo al que se llegue con las cuatro asociaciones que están sentadas a la mesa de negociación (ATA, UPTA, Uatae y Ceat) deberá ratificarse por patronal y sindicatos en el ámbito del diálogo social. “Por supuesto también tendrá que verse en la mesa de diálogo social que no quería que se me olvidase” ha insistido hoy hasta en dos ocasiones Valerio.

El Círculo de Empresarios ve un desfase de 10.000 millones de euros en los Presupuestos

El Círculo de Empresarios consideró este jueves que en el proyecto de presupuestos del Estado para 2019 hay un “desfase” de “hasta 10.083 millones de euros” porque se ha quedado corto en el cómputo de algunos gastos y sobreestima la capacidad recaudatoria vía impuestos porque se basa en un escenario económico más favorable del existente al no tener en cuenta la incertidumbre internacional, el encarecimiento del precio del petróleo y las futuras subidas de tipos. En un documento titulado ‘La falta de rigor presupuestaria compromete la creación de empleo’ divulgado hoy la organización justifica dichos cálculos en, básicamente, cuatro capítulos claves.

Según sus cálculos, la desaceleración acarrearía 2.069 millones menos de ingresos públicos solo con la que la economía crezca los 0,2 puntos porcentuales menos estimados por Funcas y el Banco de España frente a la previsión oficial del Gobierno. Pero el mayor desfase que observa, con una merma de recaudación de 6.395 millones, procedería de la simple sobreestimación de los ingresos tributarios que, según recuerda, suele presentarse en los Presupuestos desde el ejercicio 2014.

A dichas partidas añade los 407 millones de gasto adicional que la Airef cree que comprometerán las medidas anunciadas por el Ejecutivo y 1.212 millones extras si el déficit cierra este año en el 2,8% y no el 2,7% oficial tal y como prevé el Banco de España. Pero sus reparos van más allá porque creen que las medidas dañarán al empleo y hay incertidumbres entre el inversor por la situación política y el juego de consensos que se precisa para sacar adelante los presupuestos.

“Hay demasiada intromisión del Gobierno en las actividades del sector privado, en este caso el ataque parece bastante concentrado contra las empresas, pero el que sufre al final es la economía en general, y la persona que está desempleada”, denuncia el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

En declaraciones a Servimedia, Zulueta lamenta que el enfoque sea “sacar al máximo los impuestos sobre las empresas” en lugar de poner el foco “en la creación de empleo” acometiendo las reformas necesarias para que las empresas ganen dinero y refuercen plantillas, pese a que el paro está en el 14,5% y hay 3,3 millones de parados.

El Círculo sostiene que, aun así, “no hay ninguna razón para pensar que los ingresos vayan a aumentar a un ritmo del 5,7%” como proyecta el Gobierno cuando el contexto es de desaceleración económica y sin acometer reformas para aumentar las bases imponibles y reducir la economía sumergida. De hecho, subraya que pese a contar con tipos impositivos superiores a la media de la UE en IRPF e IVA, su capacidad recaudatoria es inferior con el paro cerca del 15% y un 17,5% de economía informal.

Zulueta alerta de que, más bien al contrario, la subida de las cotizaciones y del salario mínimo interprofesional en un 22% dañará el empleo, con el riesgo de aumentar además dicha economía sumergida y la desigualdad social. Argumenta al respecto que la elevación del gravamen en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social “provocará una caída de la renta disponible de los hogares, disminuyendo su capacidad de ahorro e inversión, y por tanto reduciendo la capacidad tributaria”. Pero en materia fiscal, sus grandes tachas a los números van hacia las nuevas figuras tributarias y a los cambios en los impuestos a las empresas porque sostienen que no elevarán la recaudación como se proyecta.

“Todo lo que vemos son parches. Lo que hace falta aquí es una reforma fiscal completa”, demanda Zulueta en relación a la bautizada como ‘Tasa Google’ para intentar hacer cumplir con Hacienda a empresas que fijan sus matrices en países con menor fiscalidad, aunque cree que España en solitario no puede resolver esta situación porque es un problema europeo.

“Europa tiene que buscar una fórmula. Está claro que esta gente está evitando pagar impuestos, pero la culpa la tiene Europa y los países europeos. La UE deja a Luxemburgo, Holanda e Irlanda montar una fiscalidad distinta al resto de países y entonces, claro, los Google, los Amazon y los Appel se aprovechan”, critica Zulueta.

El Círculo calcula que esta tasa captará apenas 380 millones de euros o un 31,7% menos de lo proyectado por el Gobierno con el simple ejercicio de trasladar a España las previsiones de la Comisión Europea para toda Europa por un tributo similar, y arremete contra el riesgo de que nuevos impuestos sobre transacciones financieras deslocalice la operativa, además de considerar que “no es realista” que tribute los 850 millones apuntados en presupuestos. “La Tasa Tobin no produce en Francia, ya lleva años allí y no produce nada. Macron incluso dijo que lo iba a eliminar”, refiere Zulueta.

El Círculo, que considera electoralistas las cuentas, avisa por otro lado de que la fijación de un tipo efectivo mínimo del 15% (18% para bancos y petroleras) “desincentiva el crecimiento del tamaño de las empresas” cuando ganar dimensión es lo que necesitan para competir, ya que la fiscalidad se reduce al tiempo en las pymes, y denuncia además que será poco efectivo porque “el 67,8% de las empresas declarantes tienen bases imponibles negativas o cero”.

Para Zulueta la mayor preocupación es, sin embargo, la inquietud de los inversores hacia España ante la dificultad para sacar las cuentas con la fragmentación parlamentaria y los socios que necesita el Gobierno. “Tenemos contactos en Miami, Nueva York, en otros sitios, en Londres y yo sé que hay inversores internacionales en estos momentos muy preocupados de cara a posibles inversiones futuras en España por todo ese tema de los presupuestos: si salen si no salen; la intromisión del Gobierno apoyado por un partido neomarxista-leninista, Podemos, eso preocupa muchísimo” y “luego añades a todo eso el separatismo catalán y hace una salsa a disgusto para los inversores”.

Hacienda incorpora 1.800 millones al gasto del Estado por el rescate de las autopistas

La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, ha explicado hoy que se han incorporado a los gastos del Estado 1.800 millones de euros correspondientes al rescate de las autopistas de peaje. Durante su comparecencia en la Comisión del Presupuestos del Congreso de los Diputados, Gualda ha explicado que el gasto en inversiones del Estado se disparó en un 60,5 % en los nueve primeros meses del año, hasta los 4.833 millones.

Este incremento está relacionado con la incorporación de un ajuste de 1.800 millones procedente de la responsabilidad patrimonial de las autopistas de peaje por “la gestión del Gobierno anterior” y que solo tendrá impacto en un año.

La secretaria de Estado ha añadido que, como consecuencia de este impacto, la reducción del 22,6% registrada por el déficit del Estado en los nueve primeros meses del año ha sido inferior al 33,1% que se habría logrado sin ese efecto. En cuanto a la ejecución del Presupuesto del Estado de 2018, al cierre de septiembre se situaba en el 62,8%, por debajo del 63,8 % de 2017, si bien este año las cuentas entraron en vigor más tarde.

A 30 de octubre, la ejecución presupuestada alcanzaba el 72,6 %, por encima del 71,23 % de un año antes, ha resaltado la secretaria de Estado.

La Justicia europea confirma que España debe recuperar ayudas fiscales ilegales concedidas a multinacionales

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha avalado la decisión de la Comisión Europea en la que se declaró ilegal las ayudas concedidas por España a multinacionales por comprar empresas extranjeras gracias al régimen fiscal de amortización del fondo de comercio.

La legislación española permitía desde el 2002 a las sociedades que tributan en España amortizar durante 20 años el fondo de comercio resultante de una compra de una participación de al menos el 5% de una compañía extranjera, siempre que la mantuviera durante al menos un año.

El Ejecutivo comunitario dictaminó en el 2009 que este régimen era una ayuda pública ilegal en el caso de la adquisición de empresas europeas y en 2011 prohibió también estas ayudas para la compra de compañías de fuera de la UE. Además, ordenó la devolución de las bonificaciones concedidas desde diciembre de 2007.

Tras el recurso presentado por varias empresas establecidas en España, entre ellas Autogrill España, S.A. (actualmente World Duty Free Group, S.A.), Banco Santander y Santusa Holding, el Tribunal General de la UE (de primera instancia) anuló en 2014 las decisiones de Bruselas por considerar que no había demostrado el carácter selectivo de la medida.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia anuló a su vez este fallo del Tribunal General y le obligó a pronunciarse de nuevo sobre si la medida fiscal es o no selectiva, puesto que es uno de los requisitos necesarios para calificar una medida nacional de ayuda de Estado.

Tras haber revisado el caso, el Tribunal de Justicia ha concluido que este régimen fiscal es “selectivo” a pesar de que todas las empresas sujetas el impuesto de sociedades en España pueden acceder a la ventaja que establece dicha medida.

Los jueces europeos han defendido este punto argumentando que las sociedades que tributan en España y adquieren participaciones en compañías domiciliadas en España no pueden obtener la ventaja prevista en el mecanismo de deducción, a diferencia de lo que ocurre con las empresas que adquieren participaciones en el extranjero.

En esta línea, señalan que, según la jurisprudencia europea, una medida puede ser selectiva, aunque la diferencia de trato se base en la distinción entre empresas que optan por realizar ciertas operaciones y las que optan por no realizarlas, y no en la distinción entre empresas en función de sus características propias.

Por estas razones, el Tribunal General de la UE ha confirmado las decisiones de la Comisión Europea de 2009, incluida la disposición que permitía que esta medida fiscal siguiera aplicándose a las adquisiciones de participaciones anteriores al 21 de diciembre de 2007 o que se hubieran acordado antes de esta fecha.

El objetivo de esta disposición es proteger la confianza legítima de los beneficiarios del régimen fiscal que podrían pensar que no constituía una ayuda de Estado a causa de una posición anterior del Ejecutivo comunitario que descartó que fueran ilegales.

Los juzgados hipotecarios solo han resuelto una cuarta parte de los litigios asumidos

Los juzgados especializados en materia hipotecaria, también conocidos habitualmente como de cláusulas suelo, han ido incrementando su velocidad en la resolución de litigios desde su puesta en marcha en junio de 2017. De momento, sin embargo, estas sedes especializadas solo han sido capaces de digerir una cuarta parte de los procesos asumidos.

En concreto, en sus cinco trimestres en marcha, los juzgados hipotecarios han recibido un total de 305.437 asuntos y, a cierre del mes de septiembre, han resuelto un total de 71.234 causas (55.528 mediante sentencia), según los datos facilitados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

El organismo judicial indica, eso sí, que en el último trimestre la tasa de resolución se ha incrementado hasta el 43%, con 18.967 resoluciones frente a 44.121 asuntos ingresados, lo que supone 9.483 resoluciones al mes (pues agosto es inhábil en la vía civil) frente a los 7.431 mensuales del periodo anterior. Además, el número de nuevos asuntos decae interanualmente, comparado con los 60.059 litigios atendidos en el tercer trimestre de 2017.

En cuanto al signo de estos fallos, durante los tres últimos meses, en línea con los trimestres anteriores, el 97% de las resoluciones judiciales de estas instancias especializadas fueron favorables al cliente y contrarias a la banca.

Los juzgados especializados en materia hipotecaria atienden causas relacionadas con cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses de demora o condiciones de vencimiento anticipado, aquellas que permiten a la banca ejecutar el préstamo e iniciar el procedimiento de desahucio ante determinado nivel de impagos.

La creación de estas sedes fue acordada por el Gobierno, el CGPJ y las comunidades autónomas en el invierno de 2017 después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a la banca a devolver lo cobrado por cláusulas suelo opacas con retroactividad total hiciera temer un aluvión de litigios.

Se crearon un total de 54 juzgados especializados en materia hipotecaria, uno por cada provincia además de otro por cada una de las principales islas de los territorios insulares. Muchas de estas plazas han quedado anegadas por el volumen de demandas recibidas y algunas, como la de Barcelona, han dejado de señalar asuntos tras constatar que debían señalar juicios para dentro de más de un año.

Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Abogacía reclamando la disolución de estas sedes especializadas, que ha despertado gran controversia por la importante demora que genera para este tipo de causas, aunque ha logrado su objetivo principal de desatascar el resto de plazas judiciales que se estaban viendo colapsadas por el incremento de asuntos hipotecarios.

La guerra comercial lleva a la primera caída de la economía alemana desde 2015

El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía de Europa cayó en el tercer trimestre del año un 0,2%, frente a la subida del 0,5% registrada en el trimestre anterior. La caída se debió al debilitamiento de las exportaciones y al descenso del gasto de los consumidores, según la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). Este frenazo exportador se produce en un contexto de guerra comercial desatada por EE UU.

En comparación con el tercer trimestre del año anterior, el PIB de Alemania registró un crecimiento del 1,1%, frente a la expansión del 2,3% del trimestre anterior. “El ligero descenso trimestral del PIB se debió principalmente a la evolución del comercio exterior”, explicó la oficina estadística alemana, después de que las exportaciones bajaran en el tercer trimestre y aumentaran las importaciones respecto a los tres meses precedentes.

En cuanto a la demanda doméstica, se observaron señales mixtas, puesto que la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipamiento, así como en la construcción fue superior a la del trimestre anterior, mientras que el gasto de los hogares disminuyó. Por su parte, el gasto final en consumo del Gobierno fue ligeramente superior al observado en los tres meses anteriores.

Destatis no menciona un problema que está afectando a la poderosa industria automotriz alemana y que ha influido en la caída del PIB. Varios economistas han señalado que la debilidad de la economía alemana está relacionada con la abreviatura WLTP, la nueva norma mundial de pruebas de gases de escape de automóviles, que entró en vigor el 1 de septiembre pasado.

Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener la certificación para sus modelos en la fecha límite, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre.

“Los fabricantes alemanes no han pasado el nuevo procedimiento de prueba a tiempo para todos los tipos de vehículos y, por lo tanto, han tenido que reducir la producción en el tercer trimestre”, señaló el Instituto para la Economía Mundial (IfW) en la víspera de la publicación del comunicado de Destatis.

La industria del automóvil, tan importante para Alemania, ralentizó la economía de julio a septiembre. “La economía alemana se contrajo en el tercer trimestre porque la industria automotriz tuvo problemas con la introducción de nuevas pruebas de emisiones. Pero incluso sin este efecto, el PIB alemán apenas habría crecido debido a la disminución de la demanda de China. Estamos revisando nuestro pronóstico para 2018 del 1,8% al 1,5%”, dijo Jörg Krämer, economista jefe de Commerzbank.

“Alemania no tiene ningún problema económico coyuntural, sino un problema automovilístico”, añadió el economista del DekaBank Andreas Scheuerle. “Debido a la lenta certificación de los tipos de automóviles, la producción tuvo que ser recortada notablemente, con daños colaterales para otras industrias”.

Transporte y ocio mantienen la inflación en el 2,3% en octubre

El índice de precios de consumo (IPC) registró un crecimiento interanual del 2,3 % en octubre, un avance similar al contabilizado el mes anterior, en esta ocasión mantenido por el encarecimiento del transporte y, en menor medida, por el ocio y la cultura. Con el dato publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ratifica el adelantado el pasado 30 de octubre, la inflación sumó 26 meses consecutivos en positivo, los seis últimos creciendo por encima del 2%.

La mayor responsable del mantenimiento de la inflación fue la partida del transporte, que subió el 5,7 % anual, siete décimas más que en septiembre, debido en gran parte al incremento de los carburantes y lubricantes, y al encarecimiento del transporte aéreo. Igualmente, la partida de ocio y cultura mantuvo su precio respecto a hace un año, frente a descensos previos, lo que ha ayudado a sostener el índice general de precios y compensar así la contención registrada en el ámbito de la vivienda, que se encareció en cualquier caso un 4% interanual.

Otra partida que moderó su encarecimiento interanual, en este caso en seis décimas respecto al mes anterior, que la de comunicaciones, cuyos precios subieron en octubre el 2%. La variación anual de la inflación subyacente (sin contar con los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) aumentaron dos décimas, hasta el 1 %, con lo que se situó casi un punto y medio por debajo del IPC general. Así, la inflación subyacente volvió a la cota del punto porcentual después de tres meses por debajo.

Por lo que se refiere a la evolución mensual de los precios, el IPC general se disparó al 0,9%, siete décimas más que en septiembre, para alcanzar una cota desconocida desde mayo. Las partidas que más impulsaron los precios entre septiembre y octubre fueron vestido y calzado (11,1%) debido a la llegada de la temporada de invierno-, alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) -impulsados por la fruta-, y el transporte (0,6%) -encarecido por carburantes y lubricantes-.

Por contra, bajaron el ocio y la cultura (-0,6 %) por la caída de los paquetes turísticos, los hoteles, cafeterías y restaurantes (-0,4%), lastrados por los servicios de alojamientos, y las comunicaciones (-0,7%), por las bajadas en telefonía.

Por comunidades, la tasa anual del IPC bajó en nueve de ellas, lideradas por los descensos de dos décimas de Aragón y La Rioja, se mantuvo en tres y aumentó en cinco, encabezadas también por los avances de dos décimas de Cantabria y Madrid.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- quedó este mes también en el 2,3% interanual, igual que en septiembre, y en el 0,7% mensual, tal y como ya adelantó el INE hace dos semanas.

Fainé, presidente mundial de banca minorista

El presidente de la CECA y de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, ha sido elegido presidente del Instituto Mundial de Bancos Minoristas (WSBI) en su Asamblea General, celebrada este miércoles en Nueva Delhi. El mandato será de tres años de duración. Fainé sucede al alemán Heinrich Haasis, que ha sido nombrado presidente de honor del WSBI, tras seis años al frente de la organización.

En la asamblea que ha elegido de manera unánime a Fainé, se ha renovado la confianza en Chris De Noose como director ejecutivo. El WSBI, nacido en 1924, representa los intereses de 7.000 cajas de ahorros y bancos minoristas repartidos por todo el mundo. En cifras, los miembros del WSBI poseen un total de 15 billones de euros de balance, y atienden a 1.300 millones de clientes en cerca de 80 países, donde ofrecen servicios bancarios a familias y pymes.

Esta organización se dedica a cuestiones de relevancia global que afectan a la industria y la bancaria minorista. El periodo 2018-2021, bajo el mandato de Fainé, se centrará en tres prioridades: consolidar la interlocución con los principales organismos internacionales (BIS, FMI, OCDE y IOSCO, entre otros), reforzar la colaboración entre los distintos miembros y fomentar la inclusión financiera.

Fainé ha destacado en su discurso «la importancia de ser fieles al principal propósito del WSBI: la sostenibilidad económica y social». Y ha añadido: «Debemos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible favoreciendo el progreso y la mejora de la calidad de vida». El presidente de la fundación La Caixa también ha profundizado, en su intervención, en las iniciativas que impulsará, como la retención e incorporación de nuevos miembros, el incremento de la visibilidad del WSBI a nivel global y la promoción del intercambio de buenas prácticas bancarias.

Theresa May logra el respaldo de su Gobierno sobre el preacuerdo del Brexit

Tras un “intenso y apasionado debate”, la premier británica, Theresa May, finalmente logró este miércoles obtener la luz verde de su Gobierno sobre el preacuerdo de divorcio sellado entre los negociadores británicos y comunitarios.

“Creo que el acuerdo que se ha tomado es el mejor para el interés del conjunto del Reino Unido y el mejor que podía ser negociado”, afirmó May en una breve declaración a las puertas del número 10 de Downing Street. La primera ministra, que comparecerá este jueves ante el Parlamento británico para explicar los detalles del preacuerdo, reconoció que las negociaciones habían sido “especialmente difíciles” por las desavenencias en torno al futuro de la frontera irlandesa.

Los negociadores de Londres y Bruselas acordaron que Reino Unido en su conjunto permanecerá dentro de la unión aduanera durante los dos próximos años o hasta que se alcance una solución definitiva que evite el restablecimiento de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ello supondría que Londres tendría que seguir supeditada a los dictados de Bruselas, lo que ha suscitado el rechazo de muchos políticos británicos partidarios del Brexit. En la parte financiera, el texto (585 páginas) contempla que Reino Unido tendrá un estatus similar al de EE UU o Japón en su relación comercial con la Unión.

Entre gritos de manifestantes presentes en la comparecencia, la líder británica destacó que el texto es “un paso decisivo para movernos hacia delante y finalizar el acuerdo”. Aseguró que permitirá “recuperar el control de nuestro dinero, nuestras leyes y nuestras fronteras” y que protegerá el empleo, la seguridad y la economía del país.

La premier, que reconoció que todavía “vendrán días difíciles”, se mostró confiada de que el pacto permitirá “construir un futuro más brillante”. Ante ella está ahora el desafío de conseguir que Westminster respalde el texto, algo que está lejos de tener asegurado. Tras horas de incertidumbre en las que se rumoreó que May podría enfrentarse a una moción de confianza, la libra llegó a caer un 0,5% frente al dólar. Unas caídas que se evaporaron más tarde.

A partir de 2023 habrá que "buscar dinero" para reponer el Fondo de Reserva de las pensiones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha advertido de que a partir del año 2023 o 2025 habrá que empezar a “buscar dinero” para reponer las cantidades del Fondo de Reserva y ha abogado por que las cuotas a la Seguridad Social se destinen exclusivamente a las pensiones, así como por reservar puestos de trabajo para los parados de larga duración de más de 55 años.

Así lo ha señalado en una entrevista, en la que ha explicado que, aunque la ‘hucha’ de las pensiones se “engordó” para gastarla en las jubilaciones de la generación del ‘babyboom’, los nacidos en los años 50 y 60, ya se ha gastado ese dinero, por lo que desde 2023 o 2025 habrá que empezar a “buscar dinero” para reponer lo gastado en el fondo.

Además, se ha mostrado partidario de que todo el dinero de las cuotas a la Seguridad Social se dedique a pagar las pensiones, y el resto de partidas que se sufragan actualmente a través de las cuotas, como la baja por paternidad, que suponen casi 3.000 millones de euros al año, se financie a través de los Presupuestos del Estado.

“Pedimos que desde el Estado se haga un esfuerzo para pagar esas políticas que la Seguridad Social financia con cuotas y necesitan algún respaldo mayor”, ha enfatizado Granado, en referencia a partidas que se destinan a formación de trabajadores, subsidios no contributivos para parados, reducciones de cuota de agrarios o autónomos o tarifas planas, que “si tuvieran financiación en los Presupuestos, la Seguridad Social tendría más holgura para pagar sus pensiones”.

En cuanto a los 3.000 millones de euros que el Gobierno extraerá del Fondo de Reserva para hacer frente a la paga ‘extra’ de Navidad de las pensiones, Granado ha reconocido que por “desgracia” tienen que recurrir a la ‘hucha’, ya que en los PGE de 2018 no estaban previstos los ingresos necesarios para sufragar las pensiones, ya que la última subida “se pactó en el vacío”.

No obstante, ha apuntado que la previsión del Gobierno de Rajoy era gastar 5.000 millones, pero el Ejecutivo actual contempla 3.000 millones. Igualmente, Granado ha abogado por “intentar” que el sistema fiscal permita que hasta los trabajadores con baja remuneración tengan algún incentivo real para ahorrar.

También ha apostado por que se tengan en cuenta todos los indicadores que mejor garanticen el poder adquisitivo para la revalorización de las pensiones, como el PIB, y ha subrayado que “para pagar buenas pensiones, se necesitan buenos salarios”.

Respecto a las jubilaciones forzosas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que “forzosamente no se va a jubilar a nadie”, pero las empresas “van a intentar renovar plantilla” de forma que cuando una persona llegue a la edad de jubilación, no se le obligará a cobrar la pensión, sino que la empresa le transmitirá que no necesita sus servicios y contratará a otra persona, pero quedará “libre” para buscar otro empleo.

A este respecto, ha defendido que el hecho de que las personas mayores trabajen “no quiere decir que lo hagan ocupando los puestos de trabajo que necesitan los jóvenes”, con los que “hay que ser solidarios”, porque son los que pagarán las pensiones. “Si no se les deja hueco, luego nos quejaremos”, ha añadido.

Sobre otra de las medidas anunciadas por Sánchez esta semana, referida a la simplificación de los contratos a tres (temporal, fijo y de formación), Granado ha dicho que cualquier simplificación es “buena”, ya que modalidades como el contrato de emprendedores “no ha servido para que emprenda mucha gente, sino para disfrazar otras modalidades”.

Respecto a la reducción de bonificaciones, ha sostenido que cuanto menor es el número de gente a la que les afectan, resultan más útiles, y ha citado a colectivos como el de los discapacitados, las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes o los parados de larga duración como los que mantendrán estas bonificaciones.

La OCDE pide que los ajustes en pensiones sean menores en las rentas bajas

El jefe de Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, ha lanzado hoy una serie de recomendaciones para la reforma de pensiones española. En primer lugar, ha explicado que la mejor forma de que los españoles mantengan su nivel de vida después de la jubilación es que “ahorren para la jubilación, más y por periodos más largos”.

Según Antolín, que ha participado hoy en la IV Jornada de Pensiones en España organizada por Cinco Días y patrocinada por Ibercaja y Willis Towers Watson, esta recomendación va inevitablemente unida a la de un mayor desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones para “completar que no sustituir las pensiones públicas”.

Este responsable de la OCDE ha destacado que España está entre los países de todo el mundo donde el peso de las pensiones públicas del sistema de reparto es mayor y el pilar de las pensiones complementarias menor. Por ello, Antolín ha insistido en que en la OCDE les gustan especialmente sistemas de pensiones como el sueco, con mayor peso de la capitalización y con mecanismos automáticos de ajuste del gasto.

Estos mecanismos que defiende Antolín ya se introdujeron en el sistema español en la reforma de pensiones de 2013 con la creación del factor de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que preveía la vinculación de las nuevas pensiones a la esperanza de vida a partir de 2019. Sin embargo, ambos factores han quedado en suspenso en la actualidad.

No obstante, Antolín ha matizado su defensa de estos mecanismos de ajuste de los que ahora carece el sistema español, al considerar que no deben olvidar la solidaridad. “Tienen que tener en cuenta la diversidad de la población porque las rentas más bajas no tienen que ajustar lo mismo que las rentas más altas”. En definitiva, que aquellos que ganan menos deberían verse menos afectados por los recortes de pensiones o por su menor revalorización.

En esta misma línea, ha advertido de que hay que tener cuidado con las vinculaciones de la edad de jubilación a la esperanza de vida porque “esta es distinta dependiendo de los niveles socioeconómicos de cada uno”. Esto se corresponde con los estudios que apuntan a que los ciudadanos con rentas más altas cuentan con una mayor esperanza de vida, por ejemplo.

Asimismo, y aunque Antolín apuesta por un mayor peso de las pensiones complementarias en España, ha insistido en que su desarrollo puede acarrear costes de transición. De hecho, ha precisado que “los sistemas de capitalización no son una panacea y hay que mejorar sus diseños en muchos países del mundo, entre ellos España”. Es más, ha constatado que el modelo español de previsión social complementaria no cumple prácticamente con ninguna de las diez recomendaciones de la OCDE para que estos sistemas tengan éxito.

La base mínima subirá un 1,25% en 2019, hasta 944 euros al mes para los autónomos

El Gobierno y las asociaciones de autónomos han llegado a un principio de acuerdo para subir la base mínima mensual que pagan estos trabajadores a la Seguridad Social. Tras varias reuniones infructuosas y declaraciones de unos y otros que habían sembrado cierta incertidumbre sobre cuanto subiría la cotización de más de tres millones de autónomos en 2019 hoy se ha conocido finalmente que este preacuerdo establece una subida de la base mínima de cotización del 1,25%, con lo que pasará de los actuales 932,70 euros a unos 944,35 euros.

Sin embargo, para saber cuál será la cuota mínima mensual que pagarán los autónomos el año que viene a la Seguridad Social, aún queda por saber cuál será el tipo de cotización final. Y eso, dependiendo a quién se pregunte aún no se ha determinado.

Según las asociaciones mayoritarias de autónomos ATA y UPTA, que se han reunido hoy con Trabajo, en dicho encuentro sí se ha acordado de forma clara una subida del tipo de cotización del 29,80% actual hasta el 30% en 2019. De esta forma, la cuota mínima mensual subiría solo 5 euros o unos 60 euros anuales. Mientras que, en el caso del millón de autónomos societarios, su cuota subirá unos 82 euros anuales, casi siete euros al mes. Además, estas dos organizaciones han detallado que también se ha pactado un alza de estos tipos de cotización hasta el 30,3% para 2020 y del 30,6% en 2021.

Por el contrario, desde el Ministerio de Empleo han admitido que sí hay un pacto para subir la base mínima un 1,25% pero que aún no se ha cerrado cual será el incremento final de los tipos de cotización. Según estas fuentes “los tipos se quedarán en algún punto entre el 29,8% actual y el 31,4%”. Esto supondría que la cuota mínima podría subir hasta unos 18 euros al mes o 223 euros al año de llegarse a un tipo del 31,4%.

ATA y UPTA se han ratificado en lo que ellos consideran un acuerdo completo y firme que afecta tanto a la base mínima como a los tipos de cotización y han advertido a Trabajo “que no van a firmar otras cifras distintas; si ahora las vuelven a subir, no habrá acuerdo con los autónomos”, han asegurado. Fuentes del colectivo atribuyen la rectificación del Ministerio a posibles quejas de las asociaciones minoritarias, sobre todo de Uatae, que no han asistido a la reunión de hoy.

En cualquier caso, el aumento de los tipos de cotización implicará, según ATA, que los autónomos cotizarán por todas las contingencias que cotizan ahora los asalariados (contingencias comunes, incapacidad temporal, accidente profesional y enfermedades profesionales, cese de actividad y formación).

Este aumento de los tipos y bases de cotización de los autónomos conllevará también un aumento de la tarifa plana para los nuevos trabajadores por cuenta propia durante el primer año que pasará de 50 a 60 euros al mes, siempre según fuentes de ATA, el Ministerio no lo confirma tampoco. Asimismo, implicará mejoras en las prestaciones que reciben. En concreto, fuentes del colectivo han precisado que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad (similar a la prestación por desempleo de los asalariados). Para ello se creará un catálogo con las causas concretas de acceso a dicha prestación y se duplicará su tiempo de cobro.

Asimismo, los autónomos cobrarán la prestación por incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de la baja. Y los autónomos que estén de baja por enfermedad común dejarán de abonar su cotización a la Seguridad Social desde su segundo mes de baja.

Con estos incrementos acordados por Gobierno y autónomos se producirá una situación inédita hasta ahora y es que la base mínima de cotización será, por primera vez, inferior a la base mínima de los asalariados que el próximo ejercicio ascenderá a 1.050 euros mensuales. Según numerosos expertos esta situación podría fomentar la aparición de más falsos autónomos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado hoy que este principio de acuerdo se planteó por este departamento previamente y fue respaldado primero por las asociaciones UATAE y CEAC y hoy se han sumado ATA y UPTA en una reunión solicitada por esta última asociación “que ha ejercicio de mediador”. Solo queda, por tanto, la ratificación conjunta de este preacuerdo.

Bancos y aseguradoras urgen al Gobierno a extender las pensiones de empresa

Los bancos y las aseguradoras han reclamado al Gobierno que establezca un nuevo sistema de adscripción por defecto a planes de pensiones privados en empresas. Se trataría de un sistema como el que implantó hace unos años Reino Unido, por el que los trabajadores recibirían una parte de su salario en forma de plan de ahorro para la jubilación, salvo que se muestren expresamente en contra.

Tanto la presidenta de la patronal de los seguros (Unespa), Pilar González de Frutos, como Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (la asociación de las gestoras de fondos, mayoritariamente controladas por los bancos) defienden la necesidad de algún mecanismo semiobligatorio como la única fórmula para desarrollar la previsión social complementaria, durante su intervención en la IV Jornada de Pensiones en España, organizada por Cinco Días con el patrocinio de Ibercaja en colaboración con Willis Towers Watson.

“Defendemos los sistemas de adscripción por defecto, en los que el trabajador, desde que se incorpora a una empresa, se le ofrece la posibilidad de destinar parte del sueldo a un plan de pensiones de empleo. Una parte lo pone el trabajador, otra parte la empresa y otra parte la podría poner el Estado”, ha defendido González de Frutos.

El presidente de Inverco se ha mostrado en la misma línea argumental. “En Reino Unido se ha implantado un sistema así, con muchísimo éxito, llegando a más de 1,4 millones de trabajadores que antes no tenían planes de empleo. Este debería ser el camino a seguir”, ha explicado Aldama.

La subdirectora de organización, estudios y previsión social complementaria del Ministerio de Economía y Empresa, Francisca Gómez-Jover, ha reconocido que el sistema de planes de pensiones privados “está en encefalograma plano”, puesto que en los últimos años sale casi tanto dinero como el que entra. Esta primera mesa redonda, llamada “La previsión social complementaria, una reforma pendiente”, ha sido moderada por Rodrigo Galán, director del grupo financiero de Ibercaja Banco.

En la segunda mesa redonda “El sistema de pensiones español: una visión objetiva de los expertos” participarán Mercedes Ayuso, catedrática de Econometría, Estadística y Economía española de la Universidad de Barcelona. Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE. Javier González, director de Pensiones de Willis Towers Watson. Estará moderada por José Antonio Vega, director adjunto de Cinco Días.

En la actualidad, el dinero acumulado en planes de pensiones privados en España es relativamente bajo, en comparación con otros países occidentales. Hay 110.000 millones de euros. El 75% son planes individuales, mientras que solo el 25% está en planes de pensiones promovidos dentro de una empresa o un sector de actividad.

Los planes de pensiones de empleo tan solo se desarrollaron en algunas administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones provinciales, administración autonómica), en el sector financiero y en algunas compañías públicas que luego fueron privatizadas (Telefónica, Endesa…). Entre las empresas del Ibex 35, solo la mitad tiene un plan de pensiones para sus trabajadores.

Las injusticias fiscales que el autónomo sigue sufriendo

Es el caso de la forma en la que deben deducirse ciertos gastos, o el tratamiento fiscal del IVA, que sigue exigiendo al autónomo adelantar el pago de este impuesto en facturas que no ha cobrado. La Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA) ha definido este tipo de circunstancias como brecha fiscal, existente entre sociedades y trabajadores por cuenta propia. Dichas injusticias serán puestas encima de la mesa en la reunión que mantendrá con la Secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

Estamos ante una reivindicación que, sin duda, puede calificarse como histórica. El IVA de caja, una fórmula de tributación para evitar el problema, no ha dado sus frutos. La consecuencia es que, a día de hoy, todos los autónomos tienen que seguir rindiendo el IVA en facturas que tardan meses en cobrar, con el desfase de liquidez que genera en el último eslabón de la cadena de pagos: el autónomo.

Esta otra injusticia ha llevado a UPTA a asegurar que a los autónomos se les ha engañado recientemente. “Es hora de reparar los engaños a los que miles de trabajadores han sido sometidos en estos últimos años, la Ley de medidas urgentes no ha solucionado los principales asuntos pendientes”, ha señalado UPTA en un comunicado.

Un ejemplo de ello son las deducciones por manutención y las deducciones por gastos de suministro, en los domicilios adscritos a la actividad económica de los trabajadores autónomos. UPTA ha realizado una encuesta sobre fiscalidad y autónomos. Según estos datos, la gran mayoría de los autónomos no pueden deducirse los gastos por las trabas que impone Hacienda a nivel fiscal. Y es que, aunque hay un alto porcentaje de profesionales por cuenta propia que trabajan desde casa, y que utilizan su propio vehículo para desempeñar su actividad, estos no pueden poner en la práctica sus deducciones.

“El 58,80 % de los encuestados trabajan desde sus casas, el 43% tienen vivienda en alquiler, mientras el 15% la tiene en propiedad, sólo el 9,40% tiene un local arrendado específico para el trabajo y el 4% no tiene un lugar declarado propio”, explican.

Por todo lo anterior, plantearán la necesidad de soluciones a Hacienda. En primer lugar, para aclarar y facilitar la deducción de gastos que claramente están relacionados con la actividad que se desempeña, sin poner trabas añadidas que parecen tratar de dificultar su deducción. Además del IVA, con el objetivo de que el autónomo no cargue en sus cuentas con el desfase entre las exigencias tributarias y los retrasos en los pagos de sus clientes.

El Gobierno quiere convertir en obligatorio el Código de Buenas Prácticas Bancarias

El Código de Buenas Prácticas Bancarias ha beneficiado a casi 54.800 familias con dificultades para afrontar el pago de sus hipotecas desde el año 2012 y con datos del cierre de junio de 2018, según ha avanzado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante su respuesta a una interpelación en la sesión de control al Gobierno.

Desde que se aprobó en 2012 la primera norma de protección a deudores hipotecarios especialmente vulnerables, al cierre del año 2017 se habían recibido 104.208 solicitudes y se había realizado un total de 52.356 operaciones, de las que 44.628 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, nueve con una quita y en 7.719 casos se acordó la dación en pago.

Con los nuevos datos correspondientes al primer semestre de 2018, las operaciones realizadas ascienden a casi 54.800, de las que alrededor de 46.800 accedieron a la reestructuración de su deuda y en casi 8.000 casos se acordaron daciones en pago de la vivienda.

Calviño ha anunciado este martes su intención de que este Código de Buenas Prácticas sea permanente, es decir, que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012. Hasta ahora, el código obliga a las entidades adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos varias opciones antes de ejecutar la hipoteca.

“Elevar a rango legal el Código de Buenas Prácticas me parece importante, que unas conductas que han beneficiado a miles de personas se eleven a rango legal no tiene que ser considerado una cuestión menor”, ha resaltado Calviño, quien ha instado a todos los grupos parlamentarios a seguir avanzando en la tramitación de la nueva ley hipotecaria.

Casi todas las entidades de crédito y aquellas que conceden préstamos hipotecarios están adheridas a este Código de Buenas Prácticas, cuyo seguimiento es supervisado por una Comisión de Control y que incluye tres fases de actuación para contribuir a aliviar la situación de familias con dificultades para hacer frente a sus hipotecas.

La primera se dirige a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del plazo total de amortización. De no ser suficiente la reestructuración, las entidades ofrecen a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

Si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, los consumidores podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

Los letrados judiciales secundarán un paro de dos horas

Los letrados judiciales inician hoy sus protestas con un paro parcial convocado unánimemente por las cuatro asociaciones del colectivo entre las 10.00 y las 12:00 horas. También habrá una concentración en la entrada de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla desde las 10.30 horas hasta las 11,00 horas.

Según los datos ofrecidos por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia el paro ha sido secundado por el 75% de los letrados judiciales a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana la jornada de protesta ha sido seguida por el 82%, mientras que en la Comunidad de Madrid la cifra baja hasta el 68%. Según esta fuente informativa, durante estas dos horas se han suspendido unas 6000 actuaciones judiciales, y se han dejado de expedir mandamientos de pago por valor de 7.000.000 de euros.

El primer paro parcial de los letrados de la Administración de Justicia tiene de telón de fondo una larga batalla por sus reivindicaciones profesionales, entre las que destaca el aumento de sueldo. Esta protesta se enmarca dentro de una serie de movilizaciones en la Administración de Justicia que comenzaron los funcionarios judiciales y tendrá su culmen el próximo lunes 19 de noviembre, día en el que está convocada la segunda huelga de jueces y fiscales en lo que va de año.

En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones se reivindica una mejora de las condiciones profesionales que llevan esperando ocho años, desde que entró en vigor la reforma procesal que les otorgó más responsabilidades. Un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente sin la correspondiente adecuación salarial que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario, tal y como reivindican en el escrito.

“Nuestra contribución y esfuerzo no puede tener valor cero, y la adecuación debe aspirar a suprimir o reducir la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1”, enfatizan los letrados judiciales.

Así mismo reclaman la implantación definitiva de la Nueva Oficina Judicial, en aras de una “urgente modernización de la Administración de Justicia para conseguir dar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos actuales”.

La duración del paro, finaliza el escrito, se fija como “medida de presión inicial, susceptible de repetición y de un eventual incremento en posteriores medidas”.