Llega al Congreso el proyecto de ley sobre la reforma de las profesiones de abogado y procurador

El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros enviar a las Cortes Generales el proyecto de ley que modifica el acceso a las profesiones de abogado y procurador para adaptar la legislación española al derecho europeo. El borrador contempla cambios en tres textos legales: la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Moncloa ha explicado que «el proyecto de ley es una regulación particularmente relevante para abogados y procuradores, pues acomoda la legislación española a las exigencias del derecho europeo en lo referente al acceso y a las condiciones del ejercicio de esas profesiones y, especialmente, a la interacción entre ambas». De esta forma, ha señalado, «se da respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente del ejercicio de la procura en España» y que llevaron al Ejecutivo comunitario a abrir un procedimiento de infracción al respecto. Ahora, el Gobierno confía en que se cierre.

El principal cambio es que se establece el acceso único a las profesiones de abogado y procurador, de modo que «se exigirá el mismo título académico –el grado en Derecho– y el mismo máster de capacitación», pero se mantiene la separación en la práctica profesional, por lo que «no podrán ejercerse simultáneamente». En segundo lugar, permitirá las sociedades profesionales mixtas para que en un mismo despacho profesional se puedan prestar todos los servicios jurídicos necesarios para comparecer ante los tribunales de justicia.

Otro cambio relevante es que «se limita a 75.000 euros la cuantía total que un procurador puede devengar por un mismo asunto, frente a los 300.000 euros actuales», y se eliminan los límites mínimos. «En definitiva, es un conjunto de reformas que permiten conciliar la libre prestación de servicios jurídicos sin menoscabar la eficacia de la administración de justicia en España, y además lo hace en términos compatibles con las directivas comunitarias», ha destacado el Gobierno.

El proyecto de ley incluye tres disposiciones transitorias para que desde su entrada en vigor pueda aplicarse a quienes estén ya colegiados como abogados o procuradores o en condiciones de hacerlo; para regular la situación de quienes en ese momento estén realizando el curso de capacitación o estén pendientes de evaluación; y para regular los derechos arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose.

La elaboración y aprobación del anteproyecto de ley que reforma las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador se acordó en enero de 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en respuesta a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior.

El Consejo de Ministros amplía hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas "abusivas" en el alquiler de vivienda

Con el visto bueno del Consejo, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas en el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas. También se prolongarán las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que «tendrán que decidir» entre quitar del 50 por ciento del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos.

Podemos y sus socios incidían en que estas medidas debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma», del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE. El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió el pasado viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «alargue y amplíe» como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de alquiler de familias en extrema situación de vulnerabilidad. La prórroga del ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilidad del ‘bono social’ a este colectivo, finaliza este miércoles, mientras que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluye el viernes.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado ‘escudo social’ en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frente a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado. Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección del ‘escudo social’ para aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses. En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar igualmente hasta este miércoles, 30 de septiembre.

Hasta este miércoles se puede solicitar también la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Por su parte, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta este viernes, 2 de octubre.

Díaz tras aprobar los ERTE: "Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es «un acuerdo de máximos» que «salva, defiende y protege a todas las empresas y trabajadores de nuestro país». «Nuestro objetivo es salvar la economía y salvar los empleos», ha defendido. «Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación», ha afirmado.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021 tras el preacuerdo alcanzado a última hora de la tarde de ayer con CCOO y UGT y hoy con la CEOE in extremis. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha detallado el nuevo esquema de ERTE y que contempla tres modalidades.

Por un lado, los ERTE por fuerza mayor para las actividades más afectadas por la pandemia que tendrán exoneraciones del 85 % en el caso de las de menos de 50 trabajadores y del 75 % si tienen más, tanto para los empleados activados como los que siguen parados. Y por otro, el denominado ERTE de rebrote pasa a convertirse en dos nuevas modalidades: el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación, a los que podrán acogerse cualquier empresa sea cual sea el sector que se vea afectada por medidas relacionadas con la COVID-19.

En el primer caso, por parón total de la actividad, las bonificaciones serán del 100 % para las empresas de menos de 50 trabajadores, del 90 % para los de más de 50. En el segundo, el esquema de bonificaciones es decreciente partiendo del 100 % en octubre para pasar al 90 % en noviembre, al 85 % en diciembre y al 80 % en enero para las empresas de menos de 50 trabajadores, en tanto que para las de más de 50 empleados hay que restar diez puntos a los porcentajes anteriores.

Díaz también ha señalado que el acuerdo mantiene la obligación de mantener el empleo durante 6 meses para las empresas acogidas a un ERTE, así la prohibición de realizar horas extras. También ha apuntado que se han incluido medidas para priorizar la formación de los trabajadores en ERTE y ha recordado que se mantiene la cuantía de las prestaciones y el «contador a cero».

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las organizaciones de autónomos ATA y UPTA para prorrogar las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021. Así lo ha señalado el ministro Escrivá quien ha agradecido el diálogo mantenido a las organizaciones de autónomos y «la buena comprensión».

Tras varias semanas de reuniones e intercambio de propuestas, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá y estas dos organizaciones de autónomos lograron a última hora de ayer un acuerdo definitivo para alargar estas ayudas, del que se ha desmarcado Uatae, porque considera que las medidas son «manifiestamente insuficientes».

En concreto, el acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada.

Se ha creado una nueva ayuda por bajos ingresos para cubrir a los trabajadores por cuenta propia que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses, por ejemplo).

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para contener el coronavirus.

Bono social para proteger a parados y autónomos

El Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo supuesto para que los consumidores eléctricos que están aún en desempleo, ERTE, jornada reducida, o con algún miembro de la familia en esas circunstancias o, en el caso de los empresarios, hayan visto reducidos un 75% sus ingresos, puedan disfrutar del bono social. Según han informado fuentes del Gobierno, este supuesto sustituye y amplía la medida que, con carácter excepcional se adoptó con motivo del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los trabajadores autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma.

Esta misma medida era aplicable a los autónomos que vieron reducida su facturación al menos en un 75% en relación con el promedio del semestre anterior. En virtud del nuevo supuesto aprobado este martes, serán considerados consumidores vulnerables y podrán tener acceso a un descuento directo en la factura de la luz del 25% las personas en situación de empleo, en ERTE o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados o, en el caso de ser empresario, afrontar circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

También tendrán esa consideración de consumidor vulnerable aquellos en cuya unidad familiar algún miembro se encuentre en las situaciones mencionadas. Para solicitar el bono social, los ingresos de la unidad familiar deben ser, en el mes anterior a pedirlo, inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el consumidor no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar (11.279 euros).

También podrán hacerlo los que tengan ingresos inferiores a dos veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar (15.039 euros), y 2,5 veces en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar (18.799 euros). Estas ratios se incrementan en 0,5 puntos, en cada caso, si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33 %, ha sufrido violencia de género, es víctima del terrorismo o tiene una dependencia reconocida de grado 2 o 3.

Las personas que se encuentren en uno de los supuestos para solicitar el bono social deberán presentar una declaración responsable -incluida en el modelo de solicitud- en el que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de la unidad familiar. El derecho a percibir el bono social se extinguirá cuando dejen de concurrir los requisitos requeridos para ser beneficiario y el usuario está obligado a comunicar este hecho a la empresa comercializadora en el plazo máximo de un mes.

En todo caso, el derecho a percibir el bono social, en los términos del nuevo supuesto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se extinguirá el 30 de junio de 2021, aunque el perceptor podrá pasar a beneficiarse de otros supuestos del bono social, si cumple con los requisitos necesarios. Si un usuario se beneficia del bono social recogido en el nuevo supuesto que ha aprobado el Gobierno sin reunir los requisitos marcados en la norma, será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran producir, así como de los gastos generados.

Más de 1.330.000 hogares son beneficiarios de alguno de los supuestos del bono social y, desde la declaración del estado de alarma, más de 42.000 nuevos hogares han accedido a esta prestación, según los últimos datos disponibles. Cerca de 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepcional creado tras la declaración del estado de alarma.

Por otra parte, unos 145.000 autónomos y empresas se han beneficiado del resto de medidas extraordinarias en materia de energías adoptadas tras la declaración del estado de alarma (reducción de potencia, suspensión temporal de contratos, suspensión de facturas).

Teletrabajo de los empleados públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la normativa que regula el teletrabajo «voluntario y reversible» para 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones, incluidas autonómica y local. La ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública se ha aprobado hoy después de que la semana pasada viese la luz la ley que regula el teletrabajo en el ámbito privado previamente acordado con los agentes sociales.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el real decreto ley de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas es fruto del «consenso» con comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos.

Esta «nueva forma» de trabajo en la Administración se incluye en una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, con lo que se trata de una norma básica aplicable a todas las administraciones, un «marco común» que cada administración desarrollará en los próximos seis meses para adaptarlo a su territorio.

Esta «norma pionera» regula de manera integral el teletrabajo, ha explicado la ministra, que será una modalidad de prestación del servicio siempre que el puesto lo permita mediante tecnologías de la información y la comunicación, aunque la modalidad presencial seguirá siendo la ordinaria. El teletrabajo en la administración tendrá que autorizarse expresamente y su carácter será «voluntario y reversible» salvo situaciones excepcionales, ha insistido la ministra.

La Administración tendrá que proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios y el teletrabajo no podrá suponer un «incumplimiento de jornada de trabajo ni horario». El empleado público que teletrabaje, que deberá tener las competencias digitales necesarias para ello, tendrá los mismos derechos y deberes que el resto, ha subrayado Darias.

La lista de 42 actividades que podrán seguir acogiéndose a los Ertes hasta el 31 de enero

El acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de diciembre determina una serie de sectores donde se ubican las «empresas especialmente afectadas» por la pandemia. Las compañías de estas actividades y las que puedan acreditar mediante su facturación que forman parte de su cadena de valor, tendrán exoneraciones de las cotizaciones sociales del 85% (si tienen menos de 50 trabajadores) y del 75% (si su plantilla es mayor de 50 empleados) hasta finales de enero.

El documento, que se puede consultar en este enlace, especifica que «se consideran empresas especialmente afectadas por la pandemia aquellas que pertenecen a sectores que, entre el 30 de abril, el momento en el que más personas hubo en Erte, y el 7 de septiembre, han tenido una tasa de recuperación en la actividad que ha sido inferior al 65% y además una tasa de afiliados cubiertos por Ertes superior al 15%.»

El decreto aprobado crea tres nuevos modelos: el Erte de impedimento de actividad, equivalente al anterior Erte de rebrote, uno que sería de nueva creación, el Erte por limitación de caída de la demanda y un Erte para sectores que han sido especialmente golpeados, que supondría la continuación de los Ertes de fuerza mayor pensados para turismo y otros subsectores. Para los Ertes de cierre total, habrá una exoneración del 100% sobre las cuotas abonadas a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, y del 90% si tiene más.

Por su parte, para las empresas acogidas a un Erte por suspensión de actividad, las exoneraciones irán ligadas al tiempo que dure la suspensión. Así, serán del 100% para quienes retomen la actividad en octubre, del 90% para quienes lo hagan en noviembre y del 70% si se retoma en diciembre.

Este es el listado completo de los sectores donde se ubican estas empresas más afectadas:
Extracción de minerales de hierro
Fabricación de explosivos
Edición de periódicos
Producción de metales preciosos
Actividades de los operadores turísticos
Actividades de las agencias de viajes
Transporte aéreo de pasajeros
Reproducción de soportes grabados
Transporte espacial
Comercio al por mayor de cueros y pieles
Alquiler de medios de transporte aéreo
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Gestión de salas de espectáculos
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Actividades auxiliares a las artes escénicas
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
Organización de convenciones y ferias de muestras
Alquiler de cintas de vídeo y discos
Hoteles y alojamientos similares
Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
Otras actividades de impresión y artes gráficas
Artes escénicas
Actividades de exhibición cinematográfica
Fabricación de alfombras y moquetas
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Estirado en frío
Actividades anexas al transporte aéreo
Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
Otros alojamientos
Transporte marítimo de pasajeros
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Transporte por taxi
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Otras actividades recreativas y de entretenimiento

Prórroga de los ERTE hasta final de enero: qué empresas se pueden acoger y con qué ayudas

El Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado con las organizaciones empresariales y sindicales para prorrogar las condiciones especiales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero. Estas son las nuevas reglas que regirán esta herramienta los próximos cuatro meses:

Las compañías que atraviesen dificultades económicas causadas por la pandemia podrán solicitar algún tipo de ERTE bonificado. Esto cubrirá a la inmensa mayoría de las empresas, si bien, dependiendo de si ya tienen un ERTE previo, del sector en el que desarrollen su actividad o del tipo de restricción por el que se vean afectados podrán acogerse a una modalidad u otra, con sus correspondientes exoneraciones que van entre el 50% y el 100% según los casos.

Estos ERTE quedan todos prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero próximo y los trabajadores mantienen sus prestaciones. Ahora bien, se establecen nuevas exoneraciones empresariales que solo beneficiarán a una parte de estas empresas. Concretamente, según la definición incluida en este acuerdo «aquellas especialmente afectadas por la pandemia». Estas se defienden por tener una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad y desarrollan una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) recogidos en el acuerdo (ver listado completo al final de esta información).

También podrán incluirse en este apartado las empresas especialmente afectadas y que recibirán mayores exoneraciones aquellas «cuya actividad económica dependa mayoritariamente de las empresas cuyos CNAE se recogen en la norma o formen parte de su cadena de valor». Para estos dos grupos de empresas (las pertenecientes directamente a los sectores protegidos o las que formen parte, de manera acreditada, de la cadena de valor de las compañías de dichos sectores protegidos), las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 trabajadores o más tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo.

Asimismo, se aplicarán estas mismas exenciones de cuotas empresariales en caso de que las empresas de los sectores protegidos o de la cadena de valor inicien un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a tras la finalización de un ERTE de fuerza mayor.

Estas empresas deberán presentar ante la autoridad laboral correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor de otra empresa. Y se entenderá que son integrantes de la cadena de valor las empresas cuya facturación durante 2019 se haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con “empresas especialmente afectadas por la pandemia”, así como aquellas compañías cuya actividad real dependa indirectamente de ellas.

Los expedientes temporales denominados ‘de rebrote’ para las empresas que vieran su actividad suspendida por las medidas restrictivas adoptadas por los rebrotes de la pandemia, que fueron creados en el anterior acuerdo que reguló las condiciones de los ERTE del 30 de junio al 30 de septiembre, y que se venían utilizando desde el 1 de julio, se convierten en dos nuevas modalidades de ERTE.

La primera de estas modalidades es el ERTE por impedimento para aquellas empresas de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras. Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.

La segunda de estas modalidades es la denominada ERTE por limitaciones, destinado a las empresas que solo vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas.

En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a los siguientes porcentajes: 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 85% en diciembre y del 80% en enero, si la empresa tiene menos de 50 empleados. Si cuenta con más de 50 trabajadores, los porcentajes alcanzan el 90%, el 80%, el 75% y el 70%, respectivamente.

Se mantiene los compromisos de salvaguarda del empleo durante los seis meses posteriores al fin de los ERTE que fueron adquiridos en la normativa del 17 de marzo, y del 26 de junio donde se regularon las anteriores condiciones especiales para las suspensiones temporales de empleo. De esta forma todos los ERTE activos mantienen este compromiso. Pero, además, se establece un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo para las empresas que se acojan a un nuevo ERTE exonerado. En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior.

A las personas afectadas por un ERTE se les repondrá hasta 196 días de su derecho al cobro de la prestación por desempleo si fueran despedidas por una causa objetiva –de manera individual o colectiva–, o por cualquier causa, siempre que el despido sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal dentro de este año.

La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora, por lo que se elimina el recorte de esta base que determina la cuantía de esta ayuda al 50% a partir del séptimo mes de cobro, como ocurría hasta ahora. De esta forma, los trabajadores que lleven más de seis meses en un ERTE no verán aminorada su prestación a partir del día 181 de cobro.

La Justicia europea ratifica que los Estados miembros pueden limitar el pago con dinero en efectivo

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Giovanni Pitruzzella, en sus conclusiones reconoce que el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias, tanto la Unión como los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción, no obstante, a ciertas condiciones.

Pitruzzella señala, en primer lugar, que, en el sistema de reparto de competencias de la UE previsto en los Tratados, cuando se atribuye a la Unión una competencia exclusiva en un sector determinado, solo ella puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho sector y los Estados miembros pierden cualquier prerrogativa al respecto.

Así, estima que conforme al artículo 2.1 del TFUE, en tal caso, los Estados miembros pueden adoptar de manera autónoma actos jurídicamente vinculantes solo si están facultados por la Unión al respecto o para aplicar actos de la Unión. Esto es, la Recomendación 2010/191/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, sobre el alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros (DO 2010, L 83, p. 70) y el considerando 19 del Reglamento n.º 974/98.

Pitruzzella precisa, no obstante, que la competencia exclusiva atribuida a la Unión respecto a la moneda única no llega hasta el extremo de incluir una competencia general para regular las modalidades de extinción de las obligaciones pecuniarias, ni de Derecho privado ni de Derecho público, que sigue estando en manos de los Estados miembros.

Por lo tanto, un Estado miembro puede adoptar una disposición de Derecho nacional que, atendiendo a su objetivo y a su contenido, no regule el curso legal de los billetes denominados en euros, sino la organización y el funcionamiento de la Administración Pública que imponga a dicha administración una obligación de aceptar los pagos en efectivo por parte de sus administrados.

Concluye el Abogado General que, la obligación de aceptar efectivo por parte del deudor de una obligación pecuniaria tiene dos excepciones: por un lado, en caso de que las partes contratantes, en virtud de la autonomía privada, hayan acordado otros medios de pago; y, por otro, cuando la Unión o un Estado miembro cuya moneda es el euro haya adoptado una norma, cuyo objetivo no sea la regulación del curso legal, sino que establezca, por motivos de interés público, restricciones al uso de billetes denominados en euro como medio de pago.

En España, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este límite se amplía hasta 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

En el litigio en curso, dos ciudadanos alemanes se ofrecieron a pagar el canon digital en efectivo a la Radiotelevisión del Estado, que rechazó los ofrecimientos de pago y les envió sendos requerimientos de pago. Ambos ciudadanos recurrieron a los tribunales argumentando que el Derecho de la Unión establece la obligación incondicional e ilimitada de aceptar billetes denominados en euros como medio para liquidar deudas monetarias. El Tribunal ante las dudas planteadas, planteo una cuestión prejudicial, que, tras la publicación de las conclusiones del Abogado General, queda a la espera de la sentencia definitiva.

La FEMP ve cerca un pacto con Hacienda para inyectar 25.000 millones a los ayuntamientos

“Estamos cerca del acuerdo”, ha manifestado este martes la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre su negociación con Hacienda para lograr fondos adicionales con los que los ayuntamientos enfrenten la pandemia del Covid-19 tras el fracaso de real decreto ley de reutilización de remanentes que el Parlamento tumbó. Desde la organización que preside el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, anuncian “la proximidad de un acuerdo con el Gobierno que supondría, globalmente, la movilización de 25.000 millones de euros”.

De momento, Hacienda estaba decidida a inyectar unos 3.000 millones a los municipios con un nuevo real decreto que recuperase algunas de las medidas de la norma que rechazó el Congreso de los Diputados: la suspensión de la regla de gasto para este año, el uso del superávit de 2019 o la actualización de las entregas a cuenta sin restar el impacto de la pandemia.

El planteamiento de la FEMP pasa por recuperar además la cuestión central del decreto original: la posibilidad de que los ayuntamientos puedan usar al menos 10.000 de los 14.000 millones que se estima que atesoran en remanentes de años anteriores. Esto supondría retomar el plan negociado con Hacienda que, para sortear el veto legal al déficit local, permitiría a los alcaldes prestar a la administración central sus ahorros para recibirlos en forma de transferencias en los próximos años.

Una propuesta que solo contó con el apoyo de los ediles socialistas en la FEMP, así como de PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe en el Parlamento. Para desbloquear la situación, Caballero apuesta por rescatar también el fondo de 5.000 millones de euros no reembolsables que Hacienda llegó a prometer, pero cambiando su distribución para dar más peso al factor poblacional (con algún ajuste de despoblación, dispersión o insularidad), que marcaría la entrega de 3.000 millones, y dejando solo los 2.000 millones restantes ligados a la cuantía de remanentes de cada población.

Se espera así lograr un consenso sin el cual el Gobierno no está dispuesto a volver a acudir al Congreso de los Diputados para volver a sufrir una derrota parlamentaria con un plan muy similar al anterior. En paralelo, la FEMP negocia con Hacienda que retome el fondo de 275 a 400 millones de euros de ayudas al transporte para compensar la prestación de estos servicios pese a la caída de viajeros. Finalmente, la FEMP estima que de los 72.000 millones de euros en transferencias que España aspira a lograr de la Unión Europea, le corresponderá el equivalente a su asignación habitual de los recursos públicos, esto es, cerca del 14% del total, o lo que es lo mismo cerca de 10.000 millones adicionales en los próximos años.

La caída del IPC se modera hasta el -0,4% en septiembre por la subida del precio de la luz

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en septiembre en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el -0,4%, frente al -0,5% de agosto, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y a que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos que un año antes. En la evolución del IPC de septiembre influyó la subida de la electricidad frente a la bajada de 2019, mientras que los paquetes turísticos disminuyeron menos este mes que el pasado año y los carburantes tiraron a la baja de los precios.

Los precios encadenan seis meses de tasas anuales en negativo desde el estallido de la pandemia del COVID-19, según el indicador adelantado del IPC, aunque el descenso de septiembre supone moderar una décima la caída de agosto, cuando los precios descendieron un 0,5%, señala el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato definitivo se publicará el próximo 14 de octubre.

Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPCA se sitúa en el -0,6% en el mes de septiembre. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría una décima respecto al mes anterior.

Tras la finalización del estado de alarma, todos los productos del IPC están disponibles para su adquisición por los hogares. Estadística continuó en septiembre la recogida presencial de los precios, manteniéndose la recogida por medios telemáticos cuando, por motivos de seguridad sanitaria, no es posible o conveniente realizarla de modo presencial.

Lagarde defiende que lanzará más estímulos si es necesario

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha afirmado que están preparado para «ajustar todos sus instrumentos como sea apropiado» para asegurar el aumento de la inflación en el entorno de la «alta incertidumbre» causada por la pandemia. Pero una nueva ronda de estímulos provocará tensiones en el Consejo de Gobierno de la institución. Los halcones, dadas las condiciones relativamente benignas del mercado, quieren que el BCE reduzca discretamente sus compras de bonos, ahorrando munición para incrementar el ritmo de compras de nuevo si fuera necesario. Todo ello sin aumentar el tamaño del Programa de Compras de Emergencia para Pandemias.

En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde ha subrayado que la recuperación económica en la eurozona tras la pandemia «sigue siendo incompleta, incierta y desigual». Por ello, la presidenta ha dicho que el BCE está listo para desplegar más estímulos monetarios para ayudar a la recuperación si es necesario. El agudo declive de la economía en la primera parte del año ha pesado sobre la tasa de inflación, que se situó en el -0,2 % en agosto, y el BCE espera que siga siendo negativa en los próximos meses debido a la caída de los precios de la energía, la mayor fortaleza del euro y una reducción temporal del IVA en Alemania.

«En el actual entorno de elevada incertidumbre, el Consejo de Gobierno evaluará cuidadosamente toda la información que llegue, incluyendo sobre la evolución del tipo de cambio, en relación con sus implicaciones para la perspectiva de inflación a medio plazo», ha dicho. El organismo, ha añadido, «sigue estando listo para ajustar todos sus instrumentos, como sea apropiado, para asegurar que la inflación se mueve hacia su objetivo de modo sostenido».

«Estamos lejos del objetivo y no somos complacientes, pero hemos demostrado que cuando se trata de recalibrar nuestros instrumentos, aumentar su tamaño, siempre estamos listos para hacerlo para cumplir nuestro mandato», ha defendido Lagarde, que ha resaltado que las medidas adoptadas hasta ahora han sido «proporcionadas».

La presidenta del BCE también ha anunciado que espera tener concluida la revisión estratégica del banco en septiembre de 2021. En la práctica, supone que la autoridad monetaria tendría todavía más margen de maniobra para una política monetaria expansiva, sin preocuparse de que los precios superen la meta establecida. Además, ha señalado que el BCE publicará en su web las conclusiones del Comité de Ética sobre los casos de conflictos intereses del personal actuales y pasados.

Lagarde ha logrado poner fin a las luchas internas que el año pasado sembraron el caos en el seno del BCE durante los últimos meses de mandato de Mario Draghi. Pero la banquera gala cada vez está teniendo más difícil mantener el consenso tejido en el último año. Los desacuerdos quedaron de manifiesto durante la última reunión de política monetaria celebrada en septiembre, según indicaron a Reuters ocho fuentes distintas cercanas a las conversaciones. Se están reabriendo viejas heridas

Los responsables de política monetaria conservadores -conocidos en la jerga de los bancos centrales como «halcones», argumentan que el BCE está minimizando algunas buenas noticias, como los indicadores económicos registrados durante el verano, que fueron mejores de lo esperado. Al otro lado del tablero, las «palomas» o banqueros centrales inclinados hacia la flexibilización monetaria presionan a Lagarde para que adopte un lenguaje más contundente ante los riesgos para el crecimiento y la amenaza de la apreciación del euro frente al dólar. Y en el medio se encuentra el economista jefe del BCE, Philip Lane, que comparte la preocupación sobre la fortaleza del euro y la desconfianza sobre la recuperación.

Los halcones quieren que, dadas las condiciones relativamente benignas del mercado, el BCE reduzca discretamente sus compras de bonos, ahorrando munición para incrementar el ritmo de compras de nuevo si fuera necesario. Todo ello sin aumentar el tamaño del Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP por sus siglas en inglés).

Prórroga en la prohibición de desahucios y subidas “abusivas” del alquiler

El Gobierno mantendrá su “escudo social” de protección contra la crisis del coronavirus. El Consejo de Ministros de este martes ampliará hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y las subidas “abusivas” del alquiler, prorrogando las medidas aprobadas en plena crisis sanitaria. Las medidas, lanzadas en marzo, se prorrogaron en julio hasta el 30 de septiembre, por lo que estaban prontas a caducar. Entre otras acciones, también se mantiene la obligación de los grandes propietarios de aceptar pagos aplazados con una reestructuración de la deuda en al menos 3 años o quitas del 50% en la cuota.

Con esta prórroga el Gobierno busca aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos. En la prórroga se recoge la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas. Los beneficiarios, como en el resto de medidas, serán los que entren en la categoría de vulnerables, como los parados, afectados por ERTE, autónomos con reducción de ingresos con ciertos límites salariales –1.635,8 euros mensuales– y personas en reducción de jornada. Respecto a los alquileres con grandes tenedores, estos grandes propietarios (dueños aproximadamente del 5% de las viviendas en España) o realizan una quita del 50% o bien aceptan una reestructuración de la deuda en 3 años.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado “escudo social” en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frente a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado. El nuevo acuerdo, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos como la electricidad o el agua o las telecomunicaciones. También se mantiene la flexibilidad del bono social para colectivos vulnerables.

Las separaciones y divorcios caen un 42,1% en el segundo trimestre de 2020

Las demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) se redujeron un 42,1% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del estado de alarma por el Covid-19 y la consiguiente paralización de la actividad judicial, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, se observan disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en todas las formas de disolución matrimonial. Así, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 9.552 demandas de divorcio consensuado, un 41,8 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019; y 6.264 demandas de divorcio no consensuado, un 42,4% menos, afirma Europa Press.

Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4% menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7% menos que las presentadas el mismo periodo de 2019. Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8% respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.

La comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue Canarias, con 5,3, seguida de: Murcia, 5,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4. Todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3. Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León (3,7); Aragón y Galicia (3,8); y Extremadura y País Vasco (3,9).

En todo caso, el CGPJ precisa que es «imposible extraer conclusiones» de los datos que se presentan ya que la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean «diferentes a las de cualquier otro periodo anterior».

El Gobierno aplicará la subida salarial y los atrasos pendientes a la Administración del Estado

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido aplicar la subida y los atrasos pendientes en las nóminas del personal laboral en la Administración General del Estado, después del anuncio de movilizaciones y los diferentes conflictos colectivos planteados por los sindicatos ante el incumplimiento en el IV Convenio Único.

Los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019, según ha cuantificado CSIF en una nota. El sindicato celebra que el Ministerio haya reconducido su postura y espera iniciar pronto las negociaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado en materia salarial, así como la oferta de empleo público de 2021, para abordar las necesidades urgentes de las plantillas agravadas por la situación de pandemia.

Este acuerdo será ratificado el próximo jueves en el seno de la Comisión Negociadora del convenio, y espera que el pago de las cantidades adeudadas, correspondientes a 2019 y 2020, se realice antes de que concluya el año.

Además, CSIF destaca que ha conseguido que el Ministerio se comprometa a desarrollar otros aspectos incluidos en el Convenio Único, como la puesta en marcha de un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, así como una revisión del sistema complementario de retribuciones.

Asempleo calcula que más de 1,5 millones de españoles siguen sin trabajar por la pandemia

La pandemia de la Covid-19 sigue afectando, seis meses después de su estallido, a 1,56 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 8,1 % del empleo previo a la crisis, según las cifras de la patronal Asempleo, que urge medidas para evitar que una parte de esta pérdida termine siendo estructural. En su último boletín, Asempleo señala que, a 31 de agosto, había 753.000 afiliados menos a la Seguridad Social respecto al 11 de marzo, mientras que 810.000 trabajadores permanecían en situación de ERTE.

«Tenemos 1,5 millones de personas que o bien han perdido el empleo o siguen en situación de suspensión de su contrato de trabajo», resume el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, que urge a tomar medidas «más allá» de prorrogar los ERTE, para facilitar la vuelta al empleo de esos trabajadores y evitar que una parte de esta pérdida «devenga estructural». Los datos, recoge el informe, también indican que desde mayo 2,5 millones de trabajadores en ERTE han retomado su empleo, aunque la mayoría de sectores todavía no ha recuperado su nivel previo a la crisis.

También subraya el mayor impacto de la crisis en las provincias costeras más dependientes del turismo. Así, Gran Canaria ha perdido el 18,6 % de su empleo por destrucción y ERTE; y Tenerife el 16,6 %, entre febrero y agosto. Por sectores, señala que la hostelería, que el año pasado creó 289.000 empleos entre febrero y agosto, este año apenas ha creado 3.000; o que el comercio, que el año pasado creó 115.000 empleos entre febrero y agosto, este año ha destruido 56.000.

El sector educativo, concluye, es el que en términos absolutos más ha destruido por la pandemia con 227.000 empleos menos.

Gobierno y autónomos alcanzan un preacuerdo para prorrogar la ayuda por cese de actividad hasta el 31 de enero

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos han alcanzado un preacuerdo para prorrogar las ayudas para este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación. Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su perfil de Twitter.

«Estamos a la espera del texto definitivo que deberá ratificar nuestra junta directiva», ha señalado, tras apuntar que se ha conseguido ampliar la cobertura y que «prácticamente no se deje a nadie atrás». De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha valorado positivamente el preacuerdo alcanzado y ha señalado que todavía falta por ver el documento y cerrar «los flecos que queden».

No obstante, en declaraciones, ha destacado «la solidaridad» que han demostrado tener los autónomos con su propio colectivo, puesto que «este preacuerdo recoge una situación que transmite el impacto que tendrá esta nueva regulación del cese a aquellos autónomos que por distintas circunstancias no han sido capaces de cotizar todo lo necesario al cese de actividad».

«Hemos hecho un gran esfuerzo para que este preacuerdo, a expensas del acuerdo final, mañana se vea reflejado en un documento del Consejo de Ministros», ha añadido.

Trabajo ampliará los ERTE a todas las empresas dañadas por la segunda ola

El Ejecutivo contará casi con toda seguridad con el apoyo garantizado de los sindicatos CC OO y UGT a su última propuesta, si bien fuentes patronales precisaban que tras la última propuesta del Ministerio de Trabajo “no se puede hablar de acuerdo” por parte de los empresarios para dar el visto bueno a las nuevas condiciones para extender los ERTE actuales de fuerza mayor y habilitar nuevos ajustes para todas las empresas cuya actividad se haya dañado o se vaya a dañar por la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

La nueva oferta del Ejecutivo mantiene prorrogar los ERTE de fuerza mayor, que ahora afectan a unos 600.000 trabajadores, fundamentalmente a las empresas de los sectores turísticos (hoteleras, agencias de viajes, aviación, una parte de transporte de viajeros) –que estén inscritas en los epígrafes del turismo y algunos de ocio en la clasificación oficial de actividades–. Esto, según se quejan los empresarios, dejaría fuera a más de la mitad de los actuales beneficiarios de un ERTE por fuerza mayor.

Por ello, para compensar esta circunstancia, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social han propuesto, por un lado, ampliar las exoneraciones de cotizaciones empresariales por los trabajadores que permanezcan en los actuales ERTE por fuerza mayor (al 85% de bonificación en empresas de menos de 50 trabajadores y al 75% en las de más de 50 empleados durante los meses de octubre y noviembre; y del 70% y 60%, respectivamente en diciembre; y del 60% para las menores de 50 trabajadores y del 50% en las mayores, durante enero).

Junto a esto, el Ejecutivo propone que las empresas que no pertenezcan a estos sectores protegidos pero que formen parte de la cadena de valor de dichas actividades turísticas y de ocio y que lo puedan probar con criterios de facturación, también podrán seguir en los ERTE de fuerza mayor ya iniciados.

Pero, además, según los que ha trascendido hasta el momento, se flexibilizaría la figura de los ERTE de rebrote –que se aplican desde el 1 de julio a las empresas que tuvieran que cerrar por nuevas medidas restrictivas causadas por los rebrotes– de manera que se Cheyne pudieran acoger a estos ajustes de fuerza mayor también las empresas con limitaciones parciales de actividad (por restricciones de aforo, por ejemplo) ante el repunte de los contagios. A esta nueva modalidad de ERTE también se le aplicarían las exoneraciones decrecientes antes citadas.

La ampliación de la protección de los trabajadores afectados por ERTE no ha sido esta vez objeto de polémica. A éstos se les mantendrá la cuantía de su prestación por desempleo en el 70% de la base reguladora a partir del sexto mes de cobro (hasta hoy esta cuantía se recortaba al 50% de dicha base).

Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó el jueves pasado que el periodo de prestación por desempleo que se repondrá a los afectados por ERTE –el conocido como ‘contador a cero’– subirá de 180 a 196 días. Asimismo, la ministra confirmó la creación de una nueva prestación para los fijos discontinuos, temporales y trabajadores a tiempo parcial que no hayan reunido cotización suficiente.

Preacuerdo entre Gobierno y sindicatos para prorrogar los ERTE, a la espera de CEOE

El Gobierno tiene previsto aprobar finalmente en el Consejo de Ministros de hoy las nuevas condiciones para prorrogar hasta el próximo 31 de enero los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El Ejecutivo contará casi con toda seguridad con el apoyo garantizado de los sindicatos CC OO y UGT a su última propuesta, si bien fuentes patronales precisaban que tras la última propuesta del Ministerio de Trabajo “no se puede hablar de acuerdo” por parte de los empresarios para dar el visto bueno a las nuevas condiciones para extender los ERTE actuales de fuerza mayor y habilitar nuevos ajustes para todas las empresas cuya actividad se haya dañado o se vaya a dañar por la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Ya en la mañana de ayer, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi aseguraba: “Me gustaría llegar a un acuerdo en la prórroga de los ETE, porque somos pactistas y lo hemos demostrado en muchas ocasiones, pero nos lo están poniendo bastante difícil”. No obstante, el Comité Ejecutivo de CEOE-Cepyme tendrá la última palabra en una reunión prevista para primera hora de mañana. También las Ejecutivas de los sindicatos CC OO y UGT se reunirán en las próximas horas para cerrar algunos flecos del texto y recabar el apoyo de sus direcciones.

En cualquier caso, Garamendi aseguró hoy que la patronal aceptará la decisión «legítima» del Ejecutivo de aprobar esta prórroga en el Consejo de Ministros de mañana y añadió que los empresarios «seguirán colaborando con el Gobierno» aunque no respalden finalmente los términos de estas medidas. La nueva oferta del Ejecutivo mantiene prorrogar los ERTE de fuerza mayor, que ahora afectan a unos 600.000 trabajadores, fundamentalmente a las empresas de los sectores turísticos (hoteleras, agencias de viajes, aviación, una parte de transporte de viajeros) –que estén inscritas en los epígrafes del turismo y algunos de ocio en la clasificación oficial de actividades–. Esto, según se quejan los empresarios, dejaría fuera a más de la mitad de los actuales beneficiarios de un ERTE por fuerza mayor.

Por ello, para compensar esta circunstancia, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social han propuesto, por un lado, ampliar las exoneraciones de cotizaciones empresariales por los trabajadores que permanezcan en los actuales ERTE por fuerza mayor (al 85% de bonificación en empresas de menos de 50 trabajadores y al 75% en las de más de 50 empleados durante los meses de octubre y noviembre; y del 70% y 60%, respectivamente en diciembre; y del 60% para las menores de 50 trabajadores y del 50% en las mayores, durante enero).

Junto a esto, el Ejecutivo propone que las empresas que no pertenezcan a estos sectores protegidos pero que formen parte de la cadena de valor de dichas actividades turísticas y de ocio y que lo puedan probar con criterios de facturación, también podrán seguir en los ERTE de fuerza mayor ya iniciados.

Pero, además, según los que ha trascendido hasta el momento, se flexibilizaría la figura de los ERTE de rebrote –que se aplican desde el 1 de julio a las empresas que tuvieran que cerrar por nuevas medidas restrictivas causadas por los rebrotes– de manera que se pudieran acoger a estos ajustes de fuerza mayor también las empresas con limitaciones parciales de actividad (por restricciones de aforo, por ejemplo) ante el repunte de los contagios. A esta nueva modalidad de ERTE también se le aplicarían las exoneraciones decrecientes antes citadas.

La ampliación de la protección de los trabajadores afectados por ERTE no ha sido esta vez objeto de polémica. A éstos se les mantendrá la cuantía de su prestación por desempleo en el 70% de la base reguladora a partir del sexto mes de cobro (hasta hoy esta cuantía se recortaba al 50% de dicha base). Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó el jueves pasado que el periodo de prestación por desempleo que se repondrá a los afectados por ERTE –el conocido como ‘contador a cero’– subirá de 180 a 196 días. Asimismo, la ministra confirmó la creación de una nueva prestación para los fijos discontinuos, temporales y trabajadores a tiempo parcial que no hayan reunido cotización suficiente.

El Gobierno baraja una subida del IRPF para las rentas más altas

El Gobierno había anunciado en agosto que con la pandemia aplazaba su reforma fiscal. Y hace dos semanas que solo aprobaría algunos ajustes. El Ejecutivo tiene sobre la mesa una subida en el impuesto del IRPF para las rentas altas. Es parte de la negociación de los Presupuestos para el año que viene que está ultimando Hacienda con Unidas Podemos y tendría un alcance muy limitado dado el contexto económico y de congelaciones salariales. Sería un repunte simbólico en un tramo alto para dar el argumento a Podemos de que ha aumentado la tributación a los ricos, explican diversas fuentes gubernamentales.

En Hacienda y Economía tienen muy claro que no es momento de tocar los impuestos. Hay que dejar que el enfermo se estabilice antes de tomar medidas para elevar la recaudación. Sin embargo, los pactos para aprobar los Presupuestos son prioritarios. Y una subida en los tramos más altos de renta afecta a pocas personas, unas 100.000 declaran más de 150.000 euros, y tendría un impacto escaso en el consumo. El vicepresidente Pablo Iglesias negocia para mantener la mayoría de la moción de censura y aprobar unos Presupuestos que darían estabilidad al Ejecutivo de coalición. Así podría alegar que él es el pegamento de esa mayoría. Sin embargo, este bloque no aseguró ni la última prórroga del estado de alarma, ni los Presupuestos fallidos de 2019. Así que Moncloa quiere aprovechar la centralidad que tiene en el tablero para negociar también con Ciudadanos y garantizarse por otro lado los Presupuestos. Fuentes consultadas creen que Cs aceptaría una subida testimonial del IRPF a rentas muy altas siempre que acordasen con ellos algunas medidas de alivio a la ciudadanía.

En cualquier caso, el repunte no está fijado, probablemente solo sería un tramo y sería algo menor que el planteado en los Presupuestos que no se lograron aprobar, señalan. Entonces se anunció un alza de dos puntos en el tipo de las rentas superior a 130.000 euros, cuatro puntos más a partir de 300.000 euros y otros cuatro puntos más para las rentas de capital por encima de 140.000 euros. Existe el precedente de la subida generalizada que aplicó el PP en 2012.

Esta elevó entre seis y siete puntos el tipo a los que ganaban más de 150.000 euros. Mientras en las rentas medias se recaudó algo más, en las altas se dio una leve caída. Y provocó un desplome del 18% en el número de contribuyentes del tramo más alto. En el debate está si esa caída fue por fugas del impuesto o por la recesión. “Se puede subir simbólicamente la tarifa de renta un poco. El problema está en si estableces un impuesto de patrimonio incrementado sobre las grandes fortunas. Eso sería muy negativo y podría producir deslocalizaciones”, sostiene Javier Martín, socio director de Ideo Legal.

Con 20.000 millones del fondo europeo, las cuentas de 2021 tendrán un fuerte aumento de las inversiones que hará fácil justificar los apoyos. Ese margen también se podrá usar para lograr adhesiones a los Presupuestos, admiten fuentes gubernamentales. El presidente Sánchez aseguró en agosto que la reforma fiscal del pacto de coalición se aplazaría hasta recuperar la economía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió hace dos semanas en el mismo mensaje, y añadió que solo se incorporarán “ajustes en algunas figuras”.

Al margen de los “ajustes”, se continúa con la tasa Tobin y la Google, que no se aprueban vía Presupuestos por ser tributos de nueva creación y cuya tramitación ya está en marcha. Si no hay obstáculos, entrarían en vigor a principios de 2021. Antes de la pandemia, el Ejecutivo calculó que estas tasas ingresarían 850 y 968 millones al año, respectivamente. Su potencial recaudatorio ha sido sin embargo cuestionado, sobre todo en las tecnológicas, un gravamen que ya tenía en la agenda el Gobierno de Rajoy. La crítica es que las multinacionales pueden seguir desviando beneficios a países con una fiscalidad más baja mientras no exista un acuerdo global, en el que trabaja la OCDE.

Por otro lado, el Gobierno ha descartado aprobar el impuesto a las grandes fortunas propuesto en mayo por Podemos. Tampoco habrá reforma de la financiación autonómica. Hacienda tenía previsto abordar su renovación armonizando los impuestos de sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio. Pero la pandemia ha trastocado las prioridades.

Los Presupuestos de 2019 que el Gobierno no logró aprobar preveían que la subida a las rentas altas arrojara 330 millones en ingresos. Una cifra del todo insuficiente para compensar el boquete que la crisis sanitaria está generando en las cuentas públicas —el Banco de España prevé un déficit de doble dígito— y que no tiene en cuenta las posibles reacciones de los contribuyentes afectados, que tienen más capacidad para mover sus rentas.

La AIReF alerta: el gasto en pensiones se dispararía al 15,2% del PIB en 2050

El gasto en pensiones es una carga cada vez más pesada para la Seguridad Social, que desde hace años arrastra un déficit multimillonario fruto en gran medida del gradual envejecimiento de la población, poniendo en jaque la sostenibilidad futura del sistema público. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revisado este lunes sus proyecciones a largo plazo en materia demográfica y de gasto en pensiones y las conclusiones no son demasiado alentadoras. El organismo estima que, en un escenario base, el gasto en pensiones se disparará hasta el 14,2% del PIB en 2050, lo que supone un aumento de 3,3 puntos porcentuales sobre los niveles actuales.

La AIReF parte de la premisa de que a partir de 2023 se aplicará el denominado factor de sostenibilidad y contempla también el impacto de las «reformas paramétricas» emprendidas en 2011 por el Gobierno de Zapatero; esto es, el retraso en la edad efectiva de jubilación y la ampliación del periodo de cotización. En concreto, cuantifica el efecto de esas reformas en un recorte del gasto de 2,9 puntos de PIB en el horizonte de 2050, mientras que el factor de sostenibilidad añadiría un ahorro de 0,9 puntos adicionales.

Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha reiterado por activa y por pasiva su intención de tumbar el factor de sostenibilidad (una promesa recogida en los programas electorales de ambos partidos), una medida que aprobó el Gobierno de Rajoy a finales de 2013, pero cuya entrada en vigor se pospuso a 2023. En este sentido, la AIReF, que también parte del supuesto de que la crisis del Covid-19 será de carácter temporal y no dejará secuelas estructurales, alerta de que sin el factor de sostenibilidad el gasto en pensiones se elevaría al 15,2% del PIB.

La institución que preside Cristina Herrero, que estima que la población en España aumentará hasta los 54 millones de personas en 2050 frente a los casi 47 millones actuales, con una esperanza de vida al nacer de 86,8 años y una población en edad de trabajar por encima de los 30 millones durante todo el periodo, aboga por cerrar el déficit de la Seguridad Social, que desde hace años ronda los 17.000 millones de euros anuales, reduciendo las cotizaciones por desempleo en favor del sistema y asumiendo el Estado la pérdida del SEPE, y porque, sea también la Administración la que asuma la financiación de gastos no contributivos de la Seguridad Social. Es decir, redistribuir la carga del sistema entre «aquellas partes de la Administración con herramientas suficientes para reducirlo».

La AIReF, que ha elaborado estas proyecciones sobre el escenario central de un incremento medio del PIB del 1,4% hasta 2050, fecha en la que la tasa de paro se situaría en torno al 7%, considera que la fórmula más viable para apuntalar el sistema sería profundizar en las reformas emprendidas en 2011 y urge a acometerlas cuanto antes porque eso permitiría «una implantación más gradual, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones de los agentes a la nueva situación». Por ejemplo, si se retrasara la edad efectiva de jubilación de 64,1 años a 66 y se extendiera de 25 a 35 años el tiempo de cotización, el gasto en pensiones se minoraría hasta el 12,8% del PIB en 2050; esto es, un ahorro de 1,4 puntos de PIB.