La incertidumbre política y económica centrará un Davos con grandes ausencias

Un año más, la élite política y económica mundial se reúne en la ciudad suiza de Davos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial de 2019 no va a ser como el de años anteriores, pues tendrá una de las menores presencias de líderes políticos de los últimos años a pesar de que las múltiples tensiones geopolíticas que tienen en vilo al mundo la harían más necesaria que nunca.

En esta ocasión, de forma excepcional, no estarán presentes el presidente de EE UU, Donald Trump, ni la delegación representante del país debido a la parálisis administrativa en Washington desde el pasado 22 de diciembre. Tampoco asistirá el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por la crisis de los chalecos amarillos que vive el país galo, ni la premier británica, Theresa May, que busca negociar un acuerdo con el Parlamento británico, que sea a su vez aceptado por Bruselas, para la salida de Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. No acudirán tampoco los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; o México, Andrés Manuel López Obrador.

De los más de 3.000 participantes en el foro, solo 65 serán jefes de Estado. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel, que acudirán en representación de Europa.

Bajo el título Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial, los encuentros de este año tratarán de encontrar nuevos modelos para lograr la paz, la inclusión y la sostenibilidad que se adapten a un mundo en el que cada vez es más necesaria una mayor integración global y donde los actuales modelos de gobernanza intentan lograr una acción coordinada de todas las potencias mundiales.

“Esta cuarta ola de globalización necesita estar centrada en las personas, ser inclusiva y sostenible. Estamos entrando un periodo de profunda inestabilidad global debido a los cambios introducidos por la Cuarta Revolución Industrial y la realineación de las potencias geoeconómicas y geopolíticas”, afirmó Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial.

El cambio climático también será uno de los grandes temas abordados en Davos. Debido a la ausencia de Trump, la postura más escéptica respecto al Acuerdo de París no estará presente. Sin embargo, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevará a Trump en este sentido, pues amenaza con retirar a su país del Acuerdo.

España escapa a la rebaja de previsiones del FMI para la zona euro

El crecimiento económico mundial se está debilitando más rápido de lo previsto y los riesgos de una corrección más significativa están aumentado. Así lo constata el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus últimas previsiones presentadas en la antesala del Foro Económico Mundial que arranca este martes en Davos (Suiza).

Aunque este organismo prevé que el cierre de 2018 sea el previsto en sus estimaciones de octubre –el PIB mundial habría crecido el pasado año un 3,7%–, calcula una leve desaceleración de la economía global de dos décimas en 2019, hasta un 3,5% y de una décima para 2020, cuando la previsión es que la expansión de la riqueza mundial sea del 3,6%.

La rebaja es de una décima para las economías desarrolladas y de dos décimas para las emergentes. En el caso de la zona euro, el recorte es de tres décimas, hasta el 1,6%. Los motivos que da este organismo internacional para determinar los riesgos a la baja del crecimiento mundial son, entre otros, la probabilidad de que se produzcan tensiones comerciales más allá de las existentes. Así como el endurecimiento de las condiciones financieras que viene produciéndose desde el otoño. La institución dirigida por Christine Lagarde llega a recomendar a las economías avanzadas que tengan especial cuidado con la normalización monetaria.

Esta rebaja, que ya se había visto reflejada en las previsiones del FMI de octubre por el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, obedece en esta ocasión a un peor comportamiento de algunas economías de Europa y Asia. “Después de dos años de sólida expansión, la economía mundial está creciendo más lentamente de lo esperado y los riesgos están elevándose”, afirmó ayer Lagarde.

En concreto, el FMI atribuye buena parte de esta desaceleración a una mayor debilidad de las economías alemana e italiana. En el caso de la locomotora germana, en la segunda mitad de 2018, por la aprobación de nuevas normas por las emisiones diésel de los automóviles y una menor demanda externa; mientras que en Italia se debe a las preocupaciones sobre los riesgos de la deuda y el sistema financiero que han lastrado su demanda interna y debilitado la confianza en sus mercados.

Sin embargo, esta vez, España se ha escapado de esta rebaja de previsiones generalizada. De hecho, pese a que las principales estimaciones a la baja se dan en la zona euro, este organismo mantiene sus expectativas de crecimiento para la economía española, en el 2,2% para este año –como prevé también el Gobierno español—y en el 1,9% para 2020.

El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y la economía mundial en 2019

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando más de lo previsto al gigante asiático y a la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para este año en dos décimas, hasta el 3,5%, y podría ser más si la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos potencias se recrudece. Así las cosas, el Fondo espera que los bancos centrales tomen nota del nuevo escenario de riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, las subidas de los tipos de interés.

La expansión continúa, pero se debilita más rápido de lo previsto hace apenas unos meses, según ha admitido este lunes en Davos la nueva economista jefe del FMI, Gita Gopinath. Y aunque la rebaja es modesta (dos décimas este año y otra décima para 2020, hasta el 3,6%), el creciente vínculo entre las tensiones comerciales y los mercados financieros en un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras eleva considerablemente los riesgos a la baja para este ejercicio.

“El comercio y la inversión se han frenado, la producción industrial fuera de EE UU se ha desacelerado y los índices de los gestores de compras se han debilitado, lo que apunta a un escenario general más débil. Aunque eso no significa que estemos en puertas de una crisis económica es importante tomar nota de los muchos riesgos al alza que existen”, ha recalcado Gopinath. Entre esos riesgos, el Fondo pone el acento en la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo –“una amenaza que ya se refleja en la caída de la inversión”, ha apuntado Gopinath– y una desaceleración mayor de lo previsto en China.

En 2018, las autoridades chinas emprendieron reformas para regular la actividad bancaria en la sombra y la inversión no presupuestaria de los gobiernos locales que frenó su ritmo de crecimiento, pero la escalada comercial con EE UU ha obligado a Pekín a revertir esas políticas y aprobar medidas de estímulo para suavizar el frenazo. “Las rebajas de los tipos de interés y la relajación de las reservas de capital a los bancos han amortiguado el frenado”, ha explicado Gopinath. Pero puede no ser suficiente. “Su desaceleración podría ser más rápida de lo previsto si continúan las tensiones comerciales y eso podría provocar ventas abruptas en los mercados financieros y de materias primas, como ya sucedió en 2015-2016”, advierte la economista jefe.

A esas amenazas se suma la incertidumbre que rodea la agenda política de los nuevos Gobiernos, como sucede en Brasil o en México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las materias primas. El Fondo prevé que el barril de petróleo se sitúe entre los 55 y los 60 dólares este año.

Entre los países desarrollados, es la zona euro la que sufre una revisión mayor de sus perspectivas de crecimiento (tres décimas menos de lo previsto en octubre, hasta el 1,6%), debido a las dificultades del sector automotriz en Alemania (cuyo crecimiento cae seis décimas al 1,3%) y las renovadas tenciones financieras y soberanas en Italia, que apenas crecerá un 0,6% este año.

En el caso de los emergentes, son Turquía y México los que apuntalan la rebaja de las previsiones, al pronosticar una recesión mayor de lo previsto en el primero y una caída de la inversión privada, en el segundo. En el caso de México, con un nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre, el FMI prevé una notable desaceleración (de cuatro décimas este año y medio punto el que viene, al 2,1% y 2,2% respectivamente), debido a la “incertidumbre política, que afecta a la inversión y el sector privado”, señala el organismo.

Sin embargo, para Brasil, cuyo nuevo Ejecutivo tomó posesión el pasado día 1, el Fondo confía en que la recuperación se mantenga, con un crecimiento del 2,5% este año, una décima más de lo previsto, y un 2,2% para 2020, una décima menos. Pero no como consecuencia del programa económico del presidente Jair Bolsonaro, explicaba el subdirector del Departamento de Análisis, Jean Maria Milesi Feretti. “Son factores puramente cíclicos, Brasil acaba de salir de una fuerte recesión y es normal que la economía se recupere”, ha asegurado.

Después de años fuera del foco, tras el esencial protagonismo que mantuvieron durante la Gran Recesión, el Fondo lanza una advertencia a los banqueros centrales, que este año están ausentes de Davos. “La política monetaria en las economías desarrolladas debería seguir normalizándose con cuidado. Los principales bancos centrales están al tanto del momento de desaceleración y esperamos que calibren sus próximos pasos en línea con estos acontecimientos”, ha señalado Gopinath. Un argumento que, salvando las distancias, se aproxima a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump al criticar las subidas de tipos de la Reserva Federal y que recoge el sentimiento del mercado de que no habrá nuevas alzas del precio del dinero en EE UU en la mayor parte de este ejercicio.

El Tesoro prepara la emisión de un bono sindicado a 10 años

El Tesoro espera inaugurar el año con una emisión sindicada. La institución presidida por Carlos San Basilio ha fichado a BBVA, Citi, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan y Société Générale para emitir un bono a 10 años, según publica Bloomberg.

La última emisión sindicada que llevó a cabo España fue en enero de hace un año. Recibió demanda por más de 43.000 millones, lo que le valió para conseguir rebajar el precio desde los 50 puntos básicos sobre el midswap que había previsto inicialmente. Por aquel entonces, Mariano Rajoy era aún presidente del Gobierno, Luis de Guindos, ministro de Economía, y Emma Navarro, secretaria general del Tesoro.

El Tesoro intentará sumarse a la ola de interés de los inversores por la deuda europea periférica. La aseguradora italiana Assicurazioni Generali registró la semana pasada una demanda que superó en 10 veces la oferta. Italia y Portugal han registrado un interés sin parangón en la emisión de sus últimos bonos soberanos.

La rentabilidad del bono español a 10 años se encuentra en el 1,36% tras marcar la semana pasada su nivel más bajo desde julio. La prima de riesgo, por su parte, cotiza en los 110 puntos básicos, en zona de mínimos desde octubre.

España emitió deuda a vencimientos más cortos por 10.000 millones la semana pasada. Mañana subastará letras a 3 y 9 meses en la que pretende adjudicar entre 1.000 y 2.000 millones. La ministra de Economía, Nadia Calviño, cifró en 35.000 millones las necesidades de financiación que el Tesoro deberá acometer en 2019.

Las pensiones españolas son de las más generosas y los pensionistas deberían asumir un mayor esfuerzo

La Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) destacó este lunes que las pensiones españolas son “de las más generosas” de la UE, al contar con la mayor tasa de sustitución cuando se compara la pensión que se cobra con el salario cobrado antes de la jubilación (la cuarta si se compara con el salario medio de la vida laboral). Además, Fedea advirtió de que “incrementar desmesuradamente el gasto en pensiones atenta contra la equidad entre generaciones”, por lo que abogó por “distribuir más los esfuerzos” y no hacerlos recaer tanto como hasta ahora en las generaciones futuras.

Así se recoge en su informe ‘Pensiones: mitos y realidades’, presentado este lunes por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y el autor de la investigación, Miguel Ángel García, quienes aseguraron que el documento desmiente algunos mitos y afirmaciones como que las pensiones españolas no sean suficientemente altas o que se puedan financiar solamente cobrando más impuestos a las mayores rentas.

En este sentido, García afirmó que “la política tiende a complacer esos criterios y no se adoptan las medidas necesarias” para la sostenibilidad del sistema y criticó las últimas revalorizaciones en base al IPC y que se hayan abandonado las últimas reformas que introducían en los índices de Revalorización y Sostenibilidad. Asimismo, destacó que durante la crisis el colectivo pensionista “ha sido mejor tratado que el resto de la población”, por lo que incidió en la necesidad de “distribuir con más equidad los esfuerzos” entre toda la población. Sobre este punto, el informe señala que desde 2007, el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza relativa en España creció hasta casi el 20%, mientras que la población pensionista en dicha situación se redujo del 15% en 2006 al 8,9% en 2016.

Por su parte, De la Fuente afirmó que los pensionistas “no han sido los que más han sufrido durante la crisis” y defendió que “una parte del ajuste en el futuro debería recaer sobre los ya jubilados” para que “a nadie la caiga un coste excesivo”, al considerar, según palabras de García, que “incrementar desmesuradamente el gasto en pensiones atentará contra la equidad entre generaciones”. “El sistema de pensiones tiene que colaborar con un comportamiento sano de la economía”, afirmó García, quien advirtió de que “un sistema no puede ser al mismo tiempo muy contributivo y muy universal, ya que si son suficientes para todo el mundo entonces no se cumple con el elemento contributivo y se rompe con el principio de salario en diferido”.

Sobre este punto, el autor del informe explicó que el sistema español es contributivo pero que una gran parte de la población cobra una pensión mayor a lo que le correspondería en función de lo aportado durante su vida laboral.

Las familias contribuyen al 82% del total de la recaudación del país

El punto de partida es que España recauda poco, o, en todo caso, menos de lo que debería. La presión fiscal sobre el PIB –según el informe– es del 34,5%, casi 7 puntos inferior a la media de la zona euro, similar a la de Hungría y muy lejos de países con economías similares (en Francia es el 48,4% y en Italia, el 42%).

No es que a lo largo de estos años no hayan aumentado los impuestos, pero lo que ocurre, según Oxfam, es que el aumento fue a cargo de la contribución de familias y asalariados, mientras que descendió la recaudación proveniente de empresas y rentas de capital. Por ejemplo, el Impuesto de Sociedades suponía en el 2007 unos 22,3 de cada 100 euros recaudados, ahora tan sólo unos 12, mientras que 83 pesan sobre los núcleos familiares (al sumar IRPF, IVA y otros impuestos).

“A pesar de que las compañías hace tiempo que recuperaron su nivel de beneficios, todavía se recauda la mitad que antes de la crisis”, denuncia Oxfam. Un fenómeno agravado, según estas fuentes, por el hecho de que la evasión y elusión fiscal perjudican la recaudación. “Las empresas del Ibex cuentan con casi mil filiales en paraísos fiscales”, recuerdan. Este desequilibrio hace que el sistema fiscal no sea progresivo y la capacidad redistributiva, limitada.

Esta tendencia, asegura Oxfam, se extiende a escala mundial. “El actual sistema tributario mundial depende fundamentalmente de impuestos como el IVA, cuando los gobiernos han ido reduciendo los tipos máximos tanto en el impuesto sobre la renta como en la empresarial a lo largo del tiempo. Entre el 2015 y el 2017 los impuestos sobre los salarios han aumentado un 0,6%, cuando el gravamen sobre los beneficios empresariales, en el mismo arco de tiempo, ha bajado un 0,5%”. ¿Davos tomará nota?

La pregunta es si las bajas temperaturas anunciadas en Davos (Suiza) esta semana, que oscilarán entre -15Cº y -6Cº, serán el adelanto de otro enfriamiento: el de la economía global. Hoy el FMI y las Naciones Unidas presentarán sus primeras previsiones, que anuncian nubarrones.

Con más de 3.000 participantes y sesenta jefes de Estado la edición de este año destacará también por las sonadas ausencias de Donald Trump, que ha retirado toda la delegación norteamericana por el cierre de la administración estadounidense; de Theresa May, enfrascada en las negociaciones del Brexit y de Emmanuel Macron, que se enfrenta a los chalecos amarillos. Pedro Sánchez será el primer presidente español que atenderá la reunión desde José Luis Rodríguez Zapatero (que tuvo que recurrir a la traducción simultánea). Entre los otros estrenos, dos representantes del nuevo populismo global: el italiano Giuseppe Conte y el máximo mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

La deducción para guarderías se puede pedir hasta febrero

Este año las madres trabajadoras con niños menores de tres años contarán con una ayuda más, pues empieza a aplicarse un incremento en la deducción por maternidad hasta los 1.000 euros para los gastos vinculados con este capítulo. Este nuevo beneficio fiscal ya estaba incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo tendrán que solicitar las guarderías o centros educativos autorizados donde estén matriculados los pequeños, y no los progenitores. Para hacerlo tienen hasta el 15 de febrero, plazo límite para poderse beneficiar de esta novedad tributaria en la campaña de la renta de 2019 que arranca en abril.

¿A quién va dirigida? Esta deducción estatal hasta 1.000 euros anuales va dirigida a todas aquellas mujeres que estén dadas de alta como trabajadoras autónomas o asalariadas, independientemente de su renta, y tuvieran a uno o más hijos de entre cero y tres años matriculado en guarderías o centros educativos autorizados en 2018.

La ayuda se reconoce también si el pequeño ya hubiese cumplido los tres años a lo largo del pasado ejercicio fiscal mientras acudía a una de estas instalaciones —es el caso de los niños nacidos en la primera mitad del año—, ya que la deducción se aplica hasta el mes anterior de inicio del segundo ciclo de educación infantil.

¿Cómo se solicita? Son las guarderías y centros infantiles autorizados quienes deben tramitar la deducción a través del modelo 233. Aquí tienen que indicar los datos de los padres y de los hijos (nombres, apellidos, NIF), además de los meses completos durante los cuales el menor ha estado matriculado en la instalación. Los progenitores no tendrán que presentar ningún documento o justificante adicional para beneficiarse de la deducción.

¿A qué gastos se aplica? En específico, este beneficio fiscal hace referencia a los gastos relativos a “la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación”, detalla la Agencia Tributaria, y solo se aplica a los importes pagados efectivamente por los contribuyentes que están a cargo del menor.

Esto significa que no entran en el cómputo las eventuales cantidades subvencionadas (que deberán de especificarse en un campo específico del modelo) o abonadas como retribución en especie por la empresa donde trabaje el progenitor (que ya se restan de la nómina cada mes reduciendo su cuantía de cara a la declaración de la renta).

¿Hasta cuándo se puede pedir? Este año el plazo para solicitar la deducción —que empezó el pasado 1 de enero y que se suma a la deducción de 1.200 euros anuales para madres trabajadoras con hijos menores de tres años— está abierto hasta el 15 de febrero de manera excepcional. La Agencia Tributaria aclara que, en los años venideros, el periodo de solicitud concluirá en el mes de enero.

Sánchez justificará la 'tasa Google' a Microsoft, Facebook y Amazon en Davos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará la tasa Google que acaba de aprobar el Consejo de Ministros a los CEO de Microsoft, Facebook y Amazon en Davos. Son tres de las seis reuniones con directivos de multinacionales que va a mantener Sánchez en el cónclave económico.

También se va a encontrar con IBM, Booking y Arcelor Mittal, según fuentes de Moncloa, que explican que ha recibido más de 60 peticiones de empresas y que ha tenido que elegir las compañías con un “perfil digital” o de “mayor interés” para la economía española, ya que es materialmente imposible reunirse con todos.

Sánchez es el primer presidente del Gobierno que acude a Davos en nueve años, en una cita a la que también van a acudir la canciller alemana, Angela Merkel, o el recién investido presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el que Sánchez se va a encontrar.

En los encuentros con las multinacionales tecnológicas, que tendrá lugar el jueves, las mismas fuentes admiten que estas empresas han manifestado su interés por tratar sobre la tasa Google en los encuentros, aunque aseguran que este nuevo impuesto no ha sido el motivo último o único de las reuniones.

Entre las citas de Sánchez, estará la que mantendrá con el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella; la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg; el consejero delegado de Amazon Web Services, Andy Jassy, y con la presidenta mundial de IBM, Ginni Rometty.

A su vez, se reunirá con el CEO de Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, una empresa que va a explicar “los problemas a los que se enfrenta el sector del acero en el mundo y en Europa”, según Moncloa, que aseguró que la compañía no tiene planes de desinversión en España.

El Gobierno aspira a recaudar 1.200 millones de euros anuales con su nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales

El Gobierno permitirá que las empresas que finalmente tengan que pagar el impuesto sobre determinados servicios digitales, bautizada popularmente como tasa Google, puedan deducírselo en la base imponible del impuesto de sociedades como otro gasto de la actividad. El Ejecutivo trata de compensar así que el tributo pensado para gigantes tecnológicos extranjeros, que eluden el pago de impuestos, pueda afectar a empresas locales más pequeñas.

El proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ya está registrado en el Congreso para su tramitación. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, consta de 16 artículos y cuatro disposiciones finales. Hacienda calcula que podrá recaudar unos 850 millones con este tributo. Aunque este año la cosecha será menor porque no entrará en vigor hasta después de verano.

El Gobierno diseñó el gravamen bajo el pretexto de que los gigantes tecnológicos pagarán más impuestos en España. Este tipo de empresas multinacionales exprimen las legislaciones nacionales para rebajar al mínimo su factura fiscal a través de complejos procesos de ingeniería fiscal. Tras la crisis financiera, las instituciones internacionales con la OCDE a la cabeza trataron de que estas empresas aportaran más. La Comisión Europea lanzó una propuesta de impuesto en marzo del año pasado.

Y así lo recoge el Gobierno de Sánchez en la exposición de motivos del proyecto de ley: “Los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor”. Y añade: “Las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos”.

Con ese espíritu se empezó a tramitar el impuesto. Para que empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft contribuyeran en el país donde operan en función de los beneficios que generen en él y no trasladen artificialmente, de forma legal, sus beneficios a otros Estados con una fiscalidad más reducida.

El texto legal que ha diseñado Hacienda define tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios es decisiva para la creación de valor: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software, o red social); la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y, por último, la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.

El problema es que la redacción del texto legal es ambigua en algunos puntos y deja abierta la puerta a que no solo tengan que tributar las multinacionales digitales, sino otro tipo de empresas locales más pequeñas.

Por ejemplo, los hechos imponibles no están descritos como tal. El artículo 5 del documento solo define que “estarán sujetas al impuesto las prestaciones de los servicios digitales realizadas efectuadas por los contribuyentes de este impuesto”. A continuación, la ley enumera los supuestos de no sujeción, pero hay que acudir a la exposición de motivos para aclarar qué actividades son las que realmente se gravan.

En el epígrafe sobre los servicios de publicidad online, señala el proyecto legal, “se entienden aquellos consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz”. Esta redacción deja abierta la puerta a gravar a empresas que utilizan la publicidad en sus plataformas y ya pagan todos sus impuestos en España.

Lo que sí queda claro es que el gravamen (del 3%) solo se aplicará sobre los ingresos generados por una de esas tres actividades: publicidad dirigida online, intermediación o venta de datos.

En el análisis de impacto económico del proyecto, Hacienda reconoce que sus previsiones duplican a las de la Comisión. La ministra Montero estima que podrá ingresar unos 1.200 millones con este tributo, frente a los 600 millones de Bruselas. El Ejecutivo comunitario sustenta sus cálculos en el peso del país en el PIB europeo, alrededor de un 7,5%. Pero Hacienda replica que la actividad en redes sociales, la búsqueda de información para comprar y para viajes y alojamientos en España representan un 9,1% del total de la UE. La recaudación con esta tesis llegaría a los 728 millones.

Otro de los argumentos es que se ha ampliado “significativamente” el número de obligados por establecer un umbral más exigente. El Gobierno eleva a tres millones los ingresos obtenidos a partir de los cuales hay que tributar, frente a los cinco de Bruselas. Esto elevaría la estimación hasta 968 millones. Además, el Gobierno aduce que “el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad online, los servicios de intermediación de plataformas y el tráfico de datos en Internet” le lleva a estimar un mayor impacto. En total, recaudará entre 1.065 millones y 1.258 millones, calcula.

El Ibex repite por encima de los 9.000

Las Bolsas europeas asimilan son grandes cambios el freno reflejado por los datos de PIB de China. Los futuros presentan un signo prácticamente plano, y el Ibex intenta consolidarse por encima de los 9.000 puntos reconquistados la semana pasada. Los mercados financieros ponen a prueba el optimismo con el que finalizó la semana pasada.

Los avances en las negociaciones comerciales entre EEUU y China para evitar una guerra de aranceles aceleraron las subidas en Asia, en Europa y en EEUU. La esperanza de un acuerdo comercial que permita mitigar los temores a una desaceleración del crecimiento económico ayudó a eclipsar la incertidumbre que genera el Brexit.

Sin dejar de lado el alivio que supondría un acuerdo comercial con EEUU, los mercados asimilan hoy sin grandes sobresaltos el freno en el crecimiento de China. El PIB del cuarto trimestre ha moderado el crecimiento al 6,4%, y el del conjunto del año 2018 ha alcanzado el 6,6%, el más bajo en 28 años.

Fomento solicita al INE la creación de una estadística pública de precios del mercado de arrendamiento

El Gobierno redobla los esfuerzos para hacer del control del mercado del alquiler una realidad. El Ministerio de Fomento ha ordenado la creación de una estadística pública de precios de alquiler, que sirva de base para diagnosticar zonas tensionadas y poder actuar sobre la oferta de pisos. La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, solicitó el pasado jueves al INE, que dé “máxima prioridad” a la creación de una estadística de precios de las viviendas en arrendamiento. “Es un primer paso y un indicio de la dirección que quiere tomar el Ministerio”, explican fuentes de Fomento.

En la misiva, Beunza insta a actuar ante una situación “de extrema necesidad”. Aunque las tensiones son una realidad en grandes capitales como Madrid y Barcelona, donde el precio se encuentra en máximos históricos, según datos de Idealista; lo cierto es que no hay una estadística oficial que acredite esta situación. Ahora mismo esa coyuntura la perfilan los portales inmobiliarios, y aunque sea representativa, “no dejan de ser actores con intereses en el mercado”, apuntan desde Sociedad de Tasación, que, añaden, “antes de hablar de políticas de alquiler, el Gobierno debería hablar de métricas”.

Esa estadística servirá de soporte “a la definición del conjunto de medidas de acción política del Gobierno y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en esa materia”, añade la carta dirigida al director general de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del INE, Miguel Ángel De Castro Puente. La nueva estadística, para cuya elaboración Fomento se ofrece a prestar al INE “todo el apoyo técnico necesario”, incluirá información territorial y periódica, además de servir para “determinar zonas de mercado en las que existe una mayor presión alcista”. Esto permitirá en el futuro la creación de políticas de estímulo fiscal, penalizaciones, de definición de pisos vacíos, etc.

El Congreso vota mañana la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y sobre el mercado del alquiler, aprobado en Consejo de Ministros a finales de diciembre. Por eso el Gobierno se ha apresurado a crear este mapa público de precios que sirva como paso previo a futuras actuaciones sobre los alquileres a través de estímulos fiscales o medidas disuasorias.

Se trata de un gesto de voluntad para granjearse el apoyo de Podemos en la votación de mañana. En el Gobierno hay temor a que el Congreso tumbe el real decreto. “No pueden rechazarlo por no introducir el control de precios cuando saben que eso no se puede hacer todavía y que se trabaja en esa dirección”, añaden las fuentes consultadas. La formación morada se escuda en el pacto de presupuestos para exigir la creación de índices para penalizar los alquileres que rebasen los niveles de precio fijados.

El problema es que en Podemos surge un conflicto de intereses. A escasos meses del mayo electoral, y con la incógnita de si se aprobarán los presupuestos, el interés de culminar con la política de arrendamientos choca con un interés partidista de que, si se aprueban estas medidas, la formación no podría venderlas en el futuro como promesa electoral.

Gestha considera "sobrevalorada" la previsión de recaudación de los nuevos impuestos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda respaldan la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, pero creen que la previsión de recaudación por los nuevos impuestos está “sobrevalorada” y dudan de que pueda repercutir en los ingresos de este año.

En una nota, el sindicato señala que los nuevos impuestos dotarán de una “mayor equidad y suficiencia” al sistema tributario, aunque advierten sobre las dificultades que conllevará su control tributario y de que entrarán en vigor con un retraso “considerable” de no corregirse la actual dinámica parlamentaria, lastrando la posibilidad de recaudarlos en 2019.

Sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’, Gestha señala que, a nivel global, según estimaciones del Comité de Fiscalidad de la OCDE, la carga tributaria efectiva de las grandes transnacionales está entre 4 y 8,5 puntos porcentuales por debajo de la de empresas similares que operan únicamente a nivel nacional. Sin embargo, apunta que algunos Estados tienen un grado de corresponsabilidad en la elusión de aquéllas cuando, para atraerlas a sus territorios, conceden ventajas fiscales.

Así, para reducir la evasión, España ha implementado la nueva directiva de IVA que la UE aprobó en 2015 para garantizar la recaudación del IVA en el país donde se encuentra el consumidor, de forma que los bienes y servicios prestados digitalmente se localicen en el país del destinatario, un problema que para los técnicos resulta “especialmente relevante” en las transacciones online B2C (de empresa a consumidor final).

En este sentido, subraya que la AEAT contará con una “valiosa información” cuando reciba de los países de la UE la recaudación y los importes declarados del IVA en destino. Además, recibirá los informes “país por país” con una información desglosada de los ingresos de entidades vinculadas, ganancias antes de impuestos, impuestos pagados y devengados, número de empleados, activos tangibles y otros indicadores de actividades dentro de grandes grupos transnacionales.

Gestha valora que España haya sido pionera al crear este impuesto en solitario, que afectará a los gigantes digitales que facturan más de 750 millones en el mundo y más de tres millones en España, pese a lo cual “no pagan adecuadamente sus impuestos y, en ocasiones, compiten de manera desleal con los sectores tradicionales”.

Bonificación ante riesgo de embarazo

Por otra parte, las nuevas cuentas públicas también incluyen una bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.

En concreto, en los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural la trabajadora sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50% de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

Esa misma bonificación será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.

El Gobierno dará 1.300 euros anuales durante 4 años a las empresas que contraten parados de larga duración

El Gobierno dará 1.300 euros anuales durante cuatro años a las empresas que contraten a parados de larga duración, según figura en una disposición adicional recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Asimismo, el importe ascenderá a 1.500 euros brutos anuales durante cuatro años cuando estos contratos se concierten con mujeres. Podrán beneficiarse de esta bonificación los empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial, las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato. Para que se aplique este incentivo, las empresas deberán mantener empleado al trabajador contratado al menos cinco años desde la fecha de inicio de la relación laboral. También, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, dos años desde la contratación.

Si se incumplen estas obligaciones, se deberá proceder al reintegro del incentivo. La disposición de los Presupuestos recoge que no se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente.

Además, tampoco se tendrán en cuenta las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores. Tampoco por la expiración del tiempo convenido, por realización de la obra o el servicio objeto del contrato o por resolución durante el periodo de prueba. No obstante, esta bonificación no entrará en vigor hasta el primer día del mes siguiente a la publicación de la Ley de Presupuestos y con vigencia indefinida.

Tres de cada diez contratos fijos firmados en 2018 fueron a tiempo parcial

El 30% de los contratos fijos firmados en 2018 tenía jornada parcial, en un año en el que la contratación indefinida ha registrado la cifra más alta de la serie histórica, con un total de 2,28 millones de contratos, que suponen un incremento del 18,44% con respecto a 2017. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 58,5% de la contratación indefinida se hizo a tiempo completo y el 11,3% fue para empleados fijos discontinuos.

La contratación total acumulada en el conjunto de 2018 ha alcanzado la cifra de 22,29 millones, un dato que también bate récord, tras superar en más de dos millones la cifra obtenida en 2017, cuando se registraron 20,2 millones de contratos. De todos los contratos firmados en 2018, 20,01 millones fueron temporales y representaron el 89,75% del total, mientras que los 2,28 millones restantes, el 10,25%, fueron indefinidos.

El análisis de los datos del SEPE refleja que el año 2018 se volvió a caracterizar, no solo por la prevalencia de la temporalidad de los contratos, sino también por su corta duración, ya que entre enero y diciembre casi el 40% de los contratos firmados (8,5 millones) tuvieron una duración de un mes o menos. En este sentido, el sector servicios es el que más acumula contratos de una duración de un mes o menos, con un porcentaje que roza el 30% del total (6,5 millones), que es reflejo de las condiciones laborales que han caracterizado a este sector en los últimos años.

El sector servicios es también el que acumula mayor contratación en general, con 15,6 millones de contratos firmados en 2018, lo que supone el 70,3% de todas las contrataciones del año. A los servicios le siguen de lejos la agricultura y la pesca, con 3 millones de contrataciones, la industria (2,2 millones) y la construcción (1,2 millones). Durante 2018 fueron las empresas más pequeñas, de hasta 25 trabajadores, las que más contratos realizaron, con 10,7 millones (el 48% de todas las contrataciones), tanto temporales (9,4 millones) como indefinidos (1,3 millones).

En cuanto al nivel de estudios, la mayor concentración de contratos la reunió el colectivo con estudios secundarios (12 millones), seguidos de los que tienen estudios primarios (5,8 millones), los que no tienen estudios (1,5 millones) y los titulados en segundo o tercer ciclo universitario -licenciados, graduados con máster o doctores- (1,2 millones).

Sin embargo, de estos datos se puede extraer que solo el 5,6% de los contratos firmados por los trabajadores sin estudios fueron indefinidos, mientras que este porcentaje se eleva al 20,5% para los titulados en segundo o tercer ciclo universitario. Por edad, los menores de 30 años suscribieron el 35,6% de los contratos totales; los trabajadores entre 30 y 44 años, el 39,3%; los de entre 45 y 55 años, el 18,4%; y los mayores de 55 años, el 6,7%.

El CGPJ y Justicia acuerdan un protocolo para agilizar la tramitación de refuerzos en los juzgados

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han firmado un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una excepcional carga de trabajo.

Según han informado ambas instituciones, el protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones, así como su gestión económica. En concreto, se prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo, consideradas “estructurales”, y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años.

El sistema está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma se aprobó el pasado diciembre, y dispone que sea el órgano de gobierno de los jueces el que acuerde la necesidad de estos refuerzos. Sin embargo, deben contar con la autorización del Ministerio de Justicia, que tan sólo se podrá oponer a la propuesta del CGPJ por motivos de disponibilidad presupuestaria.

Así con la firma de este acuerdo, el departamento que dirige Delgado da por autorizadas las medidas adoptadas para responder a las situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos que fueron prorrogados sistemáticamente. Por otro lado, el protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar.

Además, deberá detallar cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes. Tras ello, el Ministerio, con periodicidad mensual, tendrá que validar esas medidas y tampoco podrá oponerse, salvo insuficiencia económica.

Sociedades seguirá siendo el único impuesto que recaude menos que antes de la crisis

El Impuesto de Sociedades seguirá siendo el único impuesto estatal cuya recaudación en 2019 se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la crisis económica, ya que la estimación de ingresos previstos por el Gobierno para este ejercicio por dicho tributo es un 38,4% inferior su recaudación de 2007.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 estima una recaudación de 27.579 millones de euros por el Impuesto de Sociedades, un 14,1% más respecto a lo aportado por dicho tributo en 2018 (24.179 millones), pero todavía un 38,4% menos respecto a los 44.823 millones ingresados en 2007.

De esta forma, según las previsiones incluidas en el proyecto de cuentas públicas, el de Sociedades es el único impuesto cuya recaudación se mantendrá en 2019 por debajo de los niveles anteriores a la crisis económica, una situación que ya se produjo en 2017 y 2018. En total, para 2019 la previsión de ingresos tributarias es de 227.356 millones de euros, récord histórico y un 13,3% superior a los 200.676 que se ingresaron en 2007.

En concreto, la previsión para 2019 es ingresar 86.454 millones por IRPF, un 19% más respecto a los 72.614 de 2007; 78.307 millones por IVA (un 40,2% más sobre los 55.851 de 2007); 23.057 millones en Impuestos Especiales (un 16,5% más sobre los 19.786 millones de 2007); 4.094 millones en Impuesto sobre la Renta de no residentes, fiscalidad medioambiental y otros impuestos directos (61% más); y 5.745 millones en otros impuestos indirectos (78,2% más).

Actualmente el Impuesto de Sociedades aplica un tipo nominal del 25% (del 30% en el caso de las entidades financieras y las compañías de hidrocarburos), pero el gran número de bonificaciones y deducciones aplicadas hace que el tipo efectivo sea muy inferior, lo que explica la baja aportación recaudatoria en comparación con los niveles de 2007 y la decisión del Gobierno socialista de modificarlo a través del proyecto de Presupuestos de 2019.

La solución ideada por el Ministerio de Hacienda que encabeza María Jesús Montero es fijar un tipo efectivo mínimo del 15% (del 18% en el caso de las entidades financieras y las compañías de hidrocarburos), de forma que las deducciones y bonificaciones a las que se pueden acoger las sociedades no baje su tributación efectiva de dicho porcentaje. Fuentes de Hacienda señalaron que esta medida afectará al 0,7% de las sociedades, siendo las de mayor tamaño y beneficio.

Además, desde el Ministerio de Hacienda aseguran que esta medida no sólo no afectará a las pymes, sino que éstas se verán beneficiadas por la rebaja del tipo nominal del actual 25% al 23% para empresas que facturen menos de un millón de euros.

Asimismo, el proyecto también incluye la limitación a las exenciones que pueden aplicar las sociedades respecto de los dividendos y plusvalías como consecuencia de su participación en sociedades filiales, pasando del 100% actual al 95%. En cuanto a los beneficios fiscales previstos en el proyecto presupuestario, el Gobierno estima que en el Impuesto de Sociedades este apartado ascenderá a 3.461 millones, un 2,7% respecto a los 3.558 del pasado año.

Sánchez fía un tercio de los ingresos de su reforma fiscal a las tasas Tobin y Google

El Gobierno dio un paso pionero en este sentido el viernes al aprobar los proyectos de ley de los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras (tasa Tobin) y determinados servicios digitales (tasa Google). El Ejecutivo confía en lograr recabar con ellos 2.050 millones de euros en un año, lo que equivale a un 36% de la recaudación prevista con su reforma fiscal.

En concreto, la idea es ingresar 1.200 millones con el tributo financiero y 850 con la tasa digital. “Es una estimación prudente”, aseveró el viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, alegando que el Ejecutivo del PP llegó a calcular que la tasa Google arrojaría 1.500 millones al año.

La recaudación final que lograrán estas tasas en 2019 está por ver, sin embargo, por varios factores. De un lado, recordaban los expertos de Funcas el jueves, porque siempre es difícil estimar los ingresos potenciales que pueden conseguirse con nuevas figuras tributarias. Máxime la digital, que, si bien toda la UE estudia implantar, aún no ha impulsado ningún país comunitario.

De otra parte, porque aún en el caso de que el Gobierno logre reunir los apoyos suficientes como para sacarlos adelante, a los proyectos les espera una ardua tramitación que promete retrasar su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo socialista solo tiene 84 diputados y que PP o Cs vienen torpedeando buena parte de su iniciativa legislativa desde la Mesa del Congreso de los Diputados y desde el control mayoritario del Senado.

En el mejor de los casos, los impuestos tardarán meses en lograr el visto bueno final de la Cámara Baja y de ahí, según figuraba en el articulado original de los anteproyectos, deberán pasar tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que comiencen a operar. Una proyección optimista, basada en que los tributos puedan funcionar durante la segunda mitad de año, indica que su recaudación sería la mitad de la esperada: de unos 1.000 millones.

La más ambiciosa de las nuevas tasas es el impuesto sobre servicios digitales, que gravará al 3% las operaciones de publicidad en línea dirigida a internautas en función de sus gustos; los servicios de intermediación digital entre empresas y consumidores y la venta de datos de usuarios. El tributo solo operará sobre compañías con un importe neto de cifra de negocios que supere los 750 millones a nivel mundial y siempre que ingresen más de tres millones en España por sus negocios digitales.

Aunque el Gobierno presentó esta medida hace meses y sus detalles eran ya conocidos, el texto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros contiene una novedad. Como resultado de las alegaciones recibidas por las firmas interesadas durante el periodo de audiencia pública al que han estado sometidos los textos, Hacienda ha eximido finalmente del pago los servicios financieros de la banca, la oferta de contenidos o las prestaciones entre entidades de un mismo grupo (o participadas al 100%). Así, por ejemplo, que una tienda online de ropa comparta datos de un cliente con otra del mismo grupo no se gravará. Los empresarios aguardan a la letra pequeña del texto final para conocer el alcance de esta nueva tasa.

A su vez, la tasa sobre las transacciones financieras, a ejemplo de la gala, establecerá un gravamen del 0,2% sobre la compra de acciones de las compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. El impuesto afectará solo a las operaciones netas intradía, es decir, que vender y recomprar 100 veces la misma acción durante una jornada no tendrá coste tributario. Este hecho dejará libres de carga fiscal a buena parte de los movimientos especulativos. Además, quedan exentas las operaciones de salida a Bolsa; las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado; las de reestructuración empresarial; las que se hagan dentro de un mismo grupo o de cesión temporal.

Los dos nuevos impuestos, junto al plan de medidas antifraude que busca recaudar 828 millones más, suponen la mitad de la artillería fiscal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en su reforma tributaria. El resto de medidas, hasta sumar una recaudación conjunta de 5.654 millones de euros, va incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El Fogasa volvió a reducir sus pagos el pasado año

En 2018 este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo abonó 556,10 millones de euros en salarios e indemnizaciones pendientes de cobro a un total de 81.790 trabajadores, según la estadística publicada por el Departamento que dirige por Magdalena Valerio. Estas cifras supusieron un 6% menos en las cuantías abonadas y un 9,4% menos en cuanto al número de trabajadores que recibieron estas prestaciones.

Estas cuantías son muy inferiores a las que abonó este organismo en los años de la crisis y en los primeros años de la recuperación, ya que los pagos del Fogasa pueden llegar a demorarse entre uno y dos años. Así, el ejercicio en el que más dinero pagó el Fogasa fue 2015, cuando abonó 2.228 millones de euros. Y de 2011 a 2014 este organismo abonó una media anual de 1.400 millones de euros.

La mayoría de los importes pagados el pasado año correspondieron a indemnizaciones por despido impagadas a trabajadores cuya empresa se declaró en quiebra, con cantidades que ascendieron a 357,34 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. Los 198,75 millones restantes fueron para abonar salarios devengados y no cobrados, un 7,1% menos.

Dicho todo esto, el presupuesto total del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para 2019 es de 720,4 millones de euros, de los cuales 690,7 millones de euros serán para el pago de los salarios pendientes de pago o indemnizaciones.

El Constitucional da la razón a la Generalitat en su impuesto sobre pisos vacíos

El impuesto catalán que grava las viviendas vacías y que puso en marcha la Generalitat en 2015 se ajusta al derecho y no invade competencias estatales. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, después de analizar el recurso que había presentado el anterior Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley aprobada por el Parlament. El tribunal ya había levantado la suspensión cautelar al tributo, si bien el Govern lo reformuló para poder seguir cobrándolo, a la espera de la decisión que se ha conocido este jueves.

La Abogacía del Estado presentó el recurso al Constitucional por considerar que el impuesto era redundante con uno de los apartados del Impuesto de Bienes Inmuebles, que preveía recargos de hasta el 50% si los pisos estaban vacíos. Esto implicaría invadir competencias del Estado central. Aún no se conoce el texto de la sentencia, pero sí la decisión de los magistrados, que ha adelantado El Español. El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha celebrado la decisión judicial y ha lamentado que en su día Rajoy no reconociera el carácter “avanzado” de la normativa catalana.

El tributo a los pisos vacíos fue creado por la Generalitat como un instrumento para devolver al mercado de la vivienda miles de pisos vacíos en poblaciones catalanas, en plena crisis por el impago de hipotecas derivado de la crisis económica. El impuesto gravaba a las entidades financieras y grandes propietarios de inmuebles que estuvieran vacíos por más de 24 meses sin causa justificada.

En septiembre de 2016, el Constitucional levantó la suspensión cautelar y eso le permitió al Ejecutivo catalán recaudar ese año más de 18 millones de euros, que fueron destinados a comprar más vivienda social. Estaban exentas las viviendas particulares. Pese al recurso, la Generalitat reformuló el texto de la ley para poder seguir aplicándolo, pero ahora el Constitucional le da la razón.