La ONU alerta sobre el avance de la pobreza en España, aunque espera que el IMV lo palíe

La cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social, según ha advertido este martes el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter. En la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe elaborado por su predecesor, Philip Alston, —desarrollado tras visitar varias ciudades españolas entre enero y febrero, y que incluye conclusiones muy críticas con la situación en el país—, el relator ha indicado que, pese a que España es una nación rica, afronta problemas graves, como «una enorme crisis de vivienda y paro estructural entre sus jóvenes».

Se trata de un análisis que también ha realizado la ONG Oxfam Intermón que alerta sobre la profunda desigualdad que sufre el mercado laboral español por su temporalidad y parcialidad. Según el último informe de la organización, Esenciales, la precariedad afecta más a los trabajadores esenciales para luchar contra la pandemia del Covid-19 en España.

“Auxiliares de dependencia, profesionales sanitarios, mensajeros de plataformas, trabajadoras del hogar o cajeras de supermercado están entre los más precarizados y peor pagados», explica Liliana Marcos, coautora del informe, que advierte que estos trabajadores salen de la crisis sanitaria «igual que entraron: precarios».

Dentro de las personas afectadas por la precariedad laboral, las subcontratadas son las más vulnerables. Según el informe, la tasa de despidos entre quienes están en esta situación multiplica por seis la del conjunto de sectores: de febrero a mayo de 2020 la ocupación cayó un 5%, pero la bajada en el sector de “actividades relacionadas con el empleo”, que engloba a empresas de trabajo temporal y multiservicios, cayó en un 30,9%.

«Una auxiliar de geriatría tiene un sueldo base de algo menos de 1.000 euros, y una trabajadora del hogar no tiene derecho a desempleo», explica Marcos, que precisa que una de cada tres trabajadoras del hogar vive por debajo del umbral de la pobreza. La precariedad alcanza a los sanitarios, con especial incidencia entre los jóvenes: la tasa de temporalidad es del 80% entre las y los enfermeros de 24 a 35 años contratados en el sistema público.

En su informe, la ONG ha calculado que la pandemia costará más empleos en España que en otros países de su entorno. Por cada punto que disminuya el PIB, la tasa de desempleo subirá 0,2 puntos en el Reino Unido, 0,3 en Italia o Francia y hasta 0,8% en España.

En cuanto a la parcialidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en unos 5,5 millones los trabajadores infrautilizados porque querrían trabajar más horas de lo que actualmente hacen, una realidad que, según Oxfam, tiene rostro de mujer, ya que el 74% de las personas con contratos parciales son mujeres.

Ante este panorama, la organización propone dar más poder de negociación a trabajadores, hacer más costosa la contratación temporal para reducir su uso, mejorar las prácticas de contratación de las administraciones públicas, reforzar la inspección laboral y reducir el impacto que la subcontratación o los falsos autónomos tienen en la reducción de costes salariales.

El relator de la ONU, por su parte, apuesta por medidas como el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado en España. Según De Schutter, la ayuda contribuirá a aumentar la inclusión social, «beneficiando alrededor de 1,6 millones de personas que viven en la extrema pobreza». El exrelator especial, Alston, también ha valorado positivamente la puesta en marcha del subsidio aunque ha precisado que es «solo la primera de muchas medidas que se necesitan tomar urgentemente».

El informe de Naciones Unidas añade que la justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38% en 1980 al 24,18% en 2019.

El Gobierno dota de un presupuesto de 50 millones al plan de choque para los juzgados tras el Covid-19

El Ministerio de Justicia ha elevado hoy a Consejo de Ministros el paquete de actuaciones por objetivos valorado en más de 50 millones de euros para reactivar esta administración. El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados.

En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior.

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria.

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas. Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa pos-Covid.

El Gobierno destina 200 millones del Plan Renove a la compra de turismos y otros cinco a las motos

El Gobierno ha destinado 200 millones de euros del Plan Renove, dotado con un presupuesto de 250 millones, a la compra de turismos, mientras que otros cinco millones irán a parar a la renovación de motocicletas, lo que supone que el 82% del plan se destinen a estos dos tipos de vehículos. Los 45 millones de euros restantes irán a parar a las furgonetas ligeras (25 millones de euros) y a los autobuses, furgones y camiones (20 millones de euros).

Así lo recoge el texto del Plan Renove que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras su aprobación el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprobaron medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Además, a estos incentivos podrán acogerse todo aquel que haya comprado un vehículo a partir del 15 de junio. La finalización del plan está programada para e 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos. Por otro lado, para poder beneficiarse de estas ayudas por parte del Gobierno es imprescindible el achatarramiento de un vehículo de más de diez años.

En el caso de turismos, se limitarán los vehículos elegibles a aquellos con etiqueta energética A o B (el 45% más eficiente de la oferta), que a su vez tengan emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o que se trate de vehículos de energías alternativas. En el caso de vehículos comerciales ligeros, limitación de vehículos elegibles a aquellos con emisiones inferiores a 155 gCO2/km.

Por otro lado, se establece un límite de vehículos a adquirir de uno por beneficiario en el caso de personas físicas, y 30 para personas jurídicas. Asimismo, se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros, que se eleva hasta los 45.000 en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta CERO.

Asimismo, las ayudas también se destinarán a la adquisición directa de vehículos seminuevos, que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020. Por otro lado, el texto recoge que para poder beneficiarse de estos incentivos, el solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de la concesión de la subvención.

El Gobierno destina 200 millones del Plan Renove a la compra de turismos y otros cinco a las motos

El Gobierno ha destinado 200 millones de euros del Plan Renove, dotado con un presupuesto de 250 millones, a la compra de turismos, mientras que otros cinco millones irán a parar a la renovación de motocicletas, lo que supone que el 82% del plan se destinen a estos dos tipos de vehículos. Los 45 millones de euros restantes irán a parar a las furgonetas ligeras (25 millones de euros) y a los autobuses, furgones y camiones (20 millones de euros).

Así lo recoge el texto del Plan Renove que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras su aprobación el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, en el que se aprobaron medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Además, a estos incentivos podrán acogerse todo aquel que haya comprado un vehículo a partir del 15 de junio. La finalización del plan está programada para e 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos. Por otro lado, para poder beneficiarse de estas ayudas por parte del Gobierno es imprescindible el achatarramiento de un vehículo de más de diez años.

En el caso de turismos, se limitarán los vehículos elegibles a aquellos con etiqueta energética A o B (el 45% más eficiente de la oferta), que a su vez tengan emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o que se trate de vehículos de energías alternativas. En el caso de vehículos comerciales ligeros, limitación de vehículos elegibles a aquellos con emisiones inferiores a 155 gCO2/km.

Por otro lado, se establece un límite de vehículos a adquirir de uno por beneficiario en el caso de personas físicas, y 30 para personas jurídicas. Asimismo, se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros, que se eleva hasta los 45.000 en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta CERO.

Asimismo, las ayudas también se destinarán a la adquisición directa de vehículos seminuevos, que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020. Por otro lado, el texto recoge que para poder beneficiarse de estos incentivos, el solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de la concesión de la subvención.

El Gobierno extenderá la moratoria de las hipotecas y cortes de suministros básicos

El Consejo de Ministros aprobará este martes extender la moratoria de las hipotecas y la garantía de suministros básicos para aquellas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad hasta finales de septiembre, según confirmaron a este diario fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición. La previsión pasa por prorrogar también la prohibición de los desahucios, aunque están ya suspendidos hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma. Hasta la tarde de este lunes se mantuvieron las reuniones para pulir los aspectos técnicos de la prórroga, impulsada desde la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias y acordada directamente con el presidente, Pedro Sánchez.

El Gobierno establecerá también una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, igualmente hasta el 30 de septiembre, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas. Finalmente, se ha acordado ampliar el periodo de percepción del bono social «a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas del escudo social». Estas medidas fueron incluidas dentro del «escudo social» promovido por el Gobierno frente al covid-19 dejaría de estar vigente el próximo 21 de julio, un mes después de la finalización del estado de alarma. El Gobierno también ha llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos para prorrogar los ERTE hasta el próximo mes de septiembre.

El acuerdo de socialistas y morados para la Comisión de Reconstrucción ya incluía la propuesta de estudiar esta posibilidad para paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria por el coronavirus en las familias más vulnerables. Además de barajar la moratoria en los desahucios y los cortes de suministros, se incluía apoyar «el pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad». Sin embargo, en este documento conjunto se evitó poner fechas para dicha prórroga.

Los desahucios y los cortes de gas, agua y electricidad quedaron suspendidos el 31 de marzo. Ya justo antes de la pandemia, PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo para ampliar el programa de Gobierno estableciendo una prórroga a los desahucios por impago del alquiler, en el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos. Estas medidas para evitar los lanzamientos priorizaban centrarse especialmente en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario.

La Vicepresidencia Segunda llevaba varias semanas preparando una ampliación del denominado «escudo social» que, según fuentes del entorno de Iglesias, tiene como objetivo «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma». Con el respaldo de todos los ministerios que gestiona Unidas Podemos, la propuesta inicial de la ampliación de las prórrogas se centró en los contratos de alquiler, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros al menos hasta el próximo año 2021.

En una entrevista con el diario ‘Gara’ publicada este lunes, Iglesias adelanta que este martes el Gobierno anunciará «la prórroga de algunas medidas del escudo social» puesto en marcha por la crisis de la pandemia, entre ellas la moratoria de hipotecas que se había aprobado a comienzos del estado de alarma. «Defendemos que hay que prorrogar algunas medidas pero siendo conscientes de la correlación de fuerzas», sostiene el vicepresidente segundo en la mencionada entrevista.

El Gobierno extenderá la moratoria de las hipotecas y cortes de suministros básicos

El Consejo de Ministros aprobará este martes extender la moratoria de las hipotecas y la garantía de suministros básicos para aquellas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad hasta finales de septiembre, según confirmaron a este diario fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición. La previsión pasa por prorrogar también la prohibición de los desahucios, aunque están ya suspendidos hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma. Hasta la tarde de este lunes se mantuvieron las reuniones para pulir los aspectos técnicos de la prórroga, impulsada desde la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias y acordada directamente con el presidente, Pedro Sánchez.

El Gobierno establecerá también una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, igualmente hasta el 30 de septiembre, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas. Finalmente, se ha acordado ampliar el periodo de percepción del bono social «a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas del escudo social». Estas medidas fueron incluidas dentro del «escudo social» promovido por el Gobierno frente al covid-19 dejaría de estar vigente el próximo 21 de julio, un mes después de la finalización del estado de alarma. El Gobierno también ha llegado a un acuerdo con patronal y sindicatos para prorrogar los ERTE hasta el próximo mes de septiembre.

El acuerdo de socialistas y morados para la Comisión de Reconstrucción ya incluía la propuesta de estudiar esta posibilidad para paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria por el coronavirus en las familias más vulnerables. Además de barajar la moratoria en los desahucios y los cortes de suministros, se incluía apoyar «el pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad». Sin embargo, en este documento conjunto se evitó poner fechas para dicha prórroga.

Los desahucios y los cortes de gas, agua y electricidad quedaron suspendidos el 31 de marzo. Ya justo antes de la pandemia, PSOE y Unidas Podemos habían llegado a un acuerdo para ampliar el programa de Gobierno estableciendo una prórroga a los desahucios por impago del alquiler, en el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos. Estas medidas para evitar los lanzamientos priorizaban centrarse especialmente en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario.

La Vicepresidencia Segunda llevaba varias semanas preparando una ampliación del denominado «escudo social» que, según fuentes del entorno de Iglesias, tiene como objetivo «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma». Con el respaldo de todos los ministerios que gestiona Unidas Podemos, la propuesta inicial de la ampliación de las prórrogas se centró en los contratos de alquiler, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros al menos hasta el próximo año 2021.

En una entrevista con el diario ‘Gara’ publicada este lunes, Iglesias adelanta que este martes el Gobierno anunciará «la prórroga de algunas medidas del escudo social» puesto en marcha por la crisis de la pandemia, entre ellas la moratoria de hipotecas que se había aprobado a comienzos del estado de alarma. «Defendemos que hay que prorrogar algunas medidas pero siendo conscientes de la correlación de fuerzas», sostiene el vicepresidente segundo en la mencionada entrevista.

El Ibex supera los 7.500 puntos aupado por la banca y el rally en China

Las Bolsas europeas han arrancado la semana con sólidas subidas animadas por el rally del mercado chino, que se ha disparado más de un 5% hasta zona de máximos de cinco años. El Ibex, que sumó un 3,1% la semana pasada, ha subido otro 2,06%, hasta los 7.556,20 puntos, con los seis bancos del selectivo al frente de las ganancias. La semana ha comenzado con dosis revitalizadas de optimismo entre los inversores europeos arrastrados por el rally de la renta variable china.

La reactivación de la economía del gigante asiático sigue en curso y, con la contención de nuevos casos de coronavirus, los analistas destacan el mensaje de las autoridades de Pekín sobre la necesidad de impulsar un rally bursátil para aumentar el protagonismo de las empresas chinas en los mercados, con especial énfasis en la reforma del mercado de capitales y en el sector tecnológico, objeto de disputas con Estados Unidos. La posibilidad de que Pekín favorezca las subidas ha disparado un 5,67% la renta variable china en la jornada de hoy, hasta el punto de tocar máximos de cinco años en el índice CSI 300. El conjunto de las Bolsas asiáticas ha escalado a máximos de febrero.

Las políticas de ‘tipos cero’ se ven reforzadas con la ingente cantidad de liquidez lanzada a los mercados financieros. Sólo los bancos centrales comprarán activos por valor de 6 billones de dólares en los próximos 12 meses, el doble del récord anterior, según los analistas de Citigroup. Estos estímulos permiten suavizar la inquietud que generan los brotes puntuales de coronavirus en Europa, sin llegar a obstaculizar de momento la senda de recuperación de la economía. Hoy mismo se ha conocido un crecimiento del 10,4% en los pedidos industriales de Alemania en el mes de mayo, un dato que contrasta con el desplome del 25,8% sufrido en abril. El dato de ventas minoristas en la eurozona ha registrado un aumento récord en mayo, al dispararse un 17,8% tras el confinamiento, frente al 15% esperado.

Las Bolsas europeas pueden verse beneficiadas de una reasignación de activos menos favorable para los estadounidenses, según los analistas, al estar presionados por las consecuencias del coronavirus. El tirón alcista de Asia se ha trasladado tanto a Europa como a Wall Street. El Ibex retoma así la senda alcista tras la corrección del viernes. En la sesión de hoy, el selectivo español ha sumado otro 2,06% hasta los 7.556,20 puntos, aunque lejos de los máximos intradía, en 7.632,30 puntos.

El tono claramente alcista adquirido hoy por los mercados financieros ha situado al frente de las subidas a los sectores más cíclicos. Los bancos han comandado las subidas, con la esperanza de una rápida recuperación y de unos estímulos suficientemente relevantes como para evitar las peores previsiones en términos de morosidad. El sector en pleno ha liderado las alzas del Ibex: Santander (+4,92%),BBVA (+5,08%), Sabadell (+6,03%), Bankia (+6,25%), Bankinter (+6,11%) y CaixaBank (+6,07%). Este último ha recibido además la mejora de valoración por parte de Morgan Stanley, que ha elevado su potencial hasta los 2,3 euros por acción, un 17% por encima del cierre del pasado viernes.

Los valores industriales, ligados al ciclo económico, han retomado también el impulso alcista en sus cotizaciones. Cie Automotive (+3,50%), ArcelorMittal (+3,85%) y Acerinox (+3,21%) han recuperado parte del terreno perdido desde el estallido de la crisis. Entre los grandes valores, Inditex se ha revalorizado un 1,67% y Telefónica, un 1,45%. Las mayores dosis de confianza de los inversores han dejado rezagados a valores con un perfil más defensivo, como Almirall (-0,09%), y utilities como Endesa (-0,21%).

El optimismo ha cobrado fuerza igualmente en el resto de Bolsas europeas. Además de las referencias bursátiles procedentes de Asia, Wall Street vuelve a cotizar con ganancias superiores al 1%, que en el caso del Nasdaq, por encima del 2%, llevan al índice tecnológico hasta máximos históricos. El Dax alemán ha cerrado con un repunte del 1,64%; el Cac francés ha subido un 1,49%; el Mib italiano, un 1,55% y el Ftse británico, un 2,09%.

El Ibex supera los 7.500 puntos aupado por la banca y el rally en China

Las Bolsas europeas han arrancado la semana con sólidas subidas animadas por el rally del mercado chino, que se ha disparado más de un 5% hasta zona de máximos de cinco años. El Ibex, que sumó un 3,1% la semana pasada, ha subido otro 2,06%, hasta los 7.556,20 puntos, con los seis bancos del selectivo al frente de las ganancias. La semana ha comenzado con dosis revitalizadas de optimismo entre los inversores europeos arrastrados por el rally de la renta variable china.

La reactivación de la economía del gigante asiático sigue en curso y, con la contención de nuevos casos de coronavirus, los analistas destacan el mensaje de las autoridades de Pekín sobre la necesidad de impulsar un rally bursátil para aumentar el protagonismo de las empresas chinas en los mercados, con especial énfasis en la reforma del mercado de capitales y en el sector tecnológico, objeto de disputas con Estados Unidos. La posibilidad de que Pekín favorezca las subidas ha disparado un 5,67% la renta variable china en la jornada de hoy, hasta el punto de tocar máximos de cinco años en el índice CSI 300. El conjunto de las Bolsas asiáticas ha escalado a máximos de febrero.

Las políticas de ‘tipos cero’ se ven reforzadas con la ingente cantidad de liquidez lanzada a los mercados financieros. Sólo los bancos centrales comprarán activos por valor de 6 billones de dólares en los próximos 12 meses, el doble del récord anterior, según los analistas de Citigroup. Estos estímulos permiten suavizar la inquietud que generan los brotes puntuales de coronavirus en Europa, sin llegar a obstaculizar de momento la senda de recuperación de la economía. Hoy mismo se ha conocido un crecimiento del 10,4% en los pedidos industriales de Alemania en el mes de mayo, un dato que contrasta con el desplome del 25,8% sufrido en abril. El dato de ventas minoristas en la eurozona ha registrado un aumento récord en mayo, al dispararse un 17,8% tras el confinamiento, frente al 15% esperado.

Las Bolsas europeas pueden verse beneficiadas de una reasignación de activos menos favorable para los estadounidenses, según los analistas, al estar presionados por las consecuencias del coronavirus. El tirón alcista de Asia se ha trasladado tanto a Europa como a Wall Street. El Ibex retoma así la senda alcista tras la corrección del viernes. En la sesión de hoy, el selectivo español ha sumado otro 2,06% hasta los 7.556,20 puntos, aunque lejos de los máximos intradía, en 7.632,30 puntos.

El tono claramente alcista adquirido hoy por los mercados financieros ha situado al frente de las subidas a los sectores más cíclicos. Los bancos han comandado las subidas, con la esperanza de una rápida recuperación y de unos estímulos suficientemente relevantes como para evitar las peores previsiones en términos de morosidad. El sector en pleno ha liderado las alzas del Ibex: Santander (+4,92%),BBVA (+5,08%), Sabadell (+6,03%), Bankia (+6,25%), Bankinter (+6,11%) y CaixaBank (+6,07%). Este último ha recibido además la mejora de valoración por parte de Morgan Stanley, que ha elevado su potencial hasta los 2,3 euros por acción, un 17% por encima del cierre del pasado viernes.

Los valores industriales, ligados al ciclo económico, han retomado también el impulso alcista en sus cotizaciones. Cie Automotive (+3,50%), ArcelorMittal (+3,85%) y Acerinox (+3,21%) han recuperado parte del terreno perdido desde el estallido de la crisis. Entre los grandes valores, Inditex se ha revalorizado un 1,67% y Telefónica, un 1,45%. Las mayores dosis de confianza de los inversores han dejado rezagados a valores con un perfil más defensivo, como Almirall (-0,09%), y utilities como Endesa (-0,21%).

El optimismo ha cobrado fuerza igualmente en el resto de Bolsas europeas. Además de las referencias bursátiles procedentes de Asia, Wall Street vuelve a cotizar con ganancias superiores al 1%, que en el caso del Nasdaq, por encima del 2%, llevan al índice tecnológico hasta máximos históricos. El Dax alemán ha cerrado con un repunte del 1,64%; el Cac francés ha subido un 1,49%; el Mib italiano, un 1,55% y el Ftse británico, un 2,09%.

La SEPI no tendrá que lanzar una opa aunque supere el 30% de una empresa a través del fondo de rescate

El Estado, a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, podrá entrar en el capital de empresas con problemas de liquidez derivados del Covid, siempre previa solicitud de la propia compañía interesada. La SEPI, en caso de entrar en el capital mediante una inyección de dinero, quedará exento en cualquier caso de la obligación de lanzar una opa por el total de las acciones incluso en el caso de que la participación en el capital supere el 30%. El Fondo se crea para empresas de los sectores de seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o aquellas que contribuyan al funcionamiento de los mercados serán susceptibles de recibir el respaldo del Fondo.

Así se recoge en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que entrará este martes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y donde se desvelan algunos detalles de la creación del nuevo fondo que estará dotado con 10.000 millones, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Para dotarlo, se concede un crédito extraordinario al presupuesto en vigor (del año 2018) que se financiará mediante un incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado.

La norma señala que la adquisición de las participaciones con cargo al fondo «quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición» en los supuestos previstos la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, se exime al Estado de tener que lanzar una opa cuando, como consecuencia del rescate de una empresa estratégica, se alcanzase el control de la sociedad, es decir, si la participación superara el 30% de los derechos de voto de una empresa cotizada.

El BOE define la estructura del Fondo, que no tiene personalidad jurídica y está adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Será gestionado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un Consejo Gestor de nueva creación. Este será un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda. Cualquier operación deberá tener además el visto bueno del Consejo de Ministros.

El Fondo tiene por objeto aportar «apoyo público temporal» para reforzar la solvencia empresarial, en particular «mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital».

Las empresas susceptibles de recibir ayuda del Fondo son, en cualquier caso, compañías no financieras, que atraviesen severas dificultades «de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del Covid 19» y que sean consideradas «estratégicas» para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su impacto social y económico. En concreto, la norma cita empresas relacionadas con la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su «contribución al buen funcionamiento de los mercados».

La SEPI no tendrá que lanzar una opa aunque supere el 30% de una empresa a través del fondo de rescate

El Estado, a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, podrá entrar en el capital de empresas con problemas de liquidez derivados del Covid, siempre previa solicitud de la propia compañía interesada. La SEPI, en caso de entrar en el capital mediante una inyección de dinero, quedará exento en cualquier caso de la obligación de lanzar una opa por el total de las acciones incluso en el caso de que la participación en el capital supere el 30%. El Fondo se crea para empresas de los sectores de seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o aquellas que contribuyan al funcionamiento de los mercados serán susceptibles de recibir el respaldo del Fondo.

Así se recoge en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que entrará este martes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y donde se desvelan algunos detalles de la creación del nuevo fondo que estará dotado con 10.000 millones, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. Para dotarlo, se concede un crédito extraordinario al presupuesto en vigor (del año 2018) que se financiará mediante un incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado.

La norma señala que la adquisición de las participaciones con cargo al fondo «quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición» en los supuestos previstos la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, se exime al Estado de tener que lanzar una opa cuando, como consecuencia del rescate de una empresa estratégica, se alcanzase el control de la sociedad, es decir, si la participación superara el 30% de los derechos de voto de una empresa cotizada.

El BOE define la estructura del Fondo, que no tiene personalidad jurídica y está adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Será gestionado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un Consejo Gestor de nueva creación. Este será un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda. Cualquier operación deberá tener además el visto bueno del Consejo de Ministros.

El Fondo tiene por objeto aportar «apoyo público temporal» para reforzar la solvencia empresarial, en particular «mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital».

Las empresas susceptibles de recibir ayuda del Fondo son, en cualquier caso, compañías no financieras, que atraviesen severas dificultades «de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del Covid 19» y que sean consideradas «estratégicas» para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su impacto social y económico. En concreto, la norma cita empresas relacionadas con la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su «contribución al buen funcionamiento de los mercados».

Cobros por duplicado en el ingreso mínimo

Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, «por su puesto».

La clave de este problema generado en la Comunidad Valenciana está en el proceso de concesión de las ayudas y, más bien, en el trámite de comunicación entre la administración central y el órgano de servicios sociales de la Generalitat. Fuentes de Moncloa aseguran que el protocolo está claro: por un lado, las comunidades autónomas tienen sus ficheros históricos de beneficiarios de los programas de rentas mínimas regionales, y por otro lado, la Seguridad Social va generando los listados con los nuevos perceptores del ingreso mínimo vital que certifica a través de las solicitudes que se gestionan de manera telemática en la web del ministerio o en los centros del INSS.

En este momento, la Seguridad Social traslada a las comunidades autónomas los listados con las personas que se han convertido en beneficiarios del ingreso mínimo y son estas las que realizan el cotejo con los beneficiarios de rentas mínimas en la región y así ajustar los pagos a los que debe acceder por la parte autonómica.

Con todo ello, lo que si advierten con rotundidad las fuentes consultadas por El Economista es que estos pagos serán revisados. «Es sencillo», aseguran explicando que a través de un cruce de listados se puede saber donde han recaídos estos pagos duplicados y confirman que serán reclamados. Eso sí, la última decisión sería de la comunidad autónoma, ya que el ingreso mínimo vital abonado por el Estado se ha concebido como un complemento de renta compatible con otras ayudas autonómicas. En base a ello, si el beneficiario percibe las dos rentas mínimas (estatal y autonómica) pero el Gobierno de la Generalitat decide mantener ese ingreso como un complemento para la prestación central, no existirían tales reclamaciones.

Según publica el ABC, la falta de colaboración del Ministerio de Inclusión con la Generalitat ha provocado que familias valencianas hayan cobrado por duplicado la primera paga del ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión. Aquí, la Seguridad Social abonó el pasado 26 de junio la primera paga a 9.271 familias. Esas cuestiones de colaboración, no en vano, serán reguladas de forma estable a través de los convenios que el Gobierno firmará con las comunidades a partir de 2021.

Cobros por duplicado en el ingreso mínimo

Los primeros pasos del ingreso mínimo vital no están siendo ajenos a las habituales disfunciones, de carácter operativo, que surgen alrededor de la aprobación de una nueva prestación de este calado a nivel nacional. La pasada semana, la vicepresidencia y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, reconocía en público que se habían producido pagos duplicados del ingreso mínimo vital en la región y aseguró que se seguirían produciendo ante la falta de definición de la colaboración entre la administración central y el órgano autonómico. Ahora bien, el Gobierno reconoce estas duplicaciones en el pago, pero advierte de que se reclamará el reembolso de todos ellos, «por su puesto».

La clave de este problema generado en la Comunidad Valenciana está en el proceso de concesión de las ayudas y, más bien, en el trámite de comunicación entre la administración central y el órgano de servicios sociales de la Generalitat. Fuentes de Moncloa aseguran que el protocolo está claro: por un lado, las comunidades autónomas tienen sus ficheros históricos de beneficiarios de los programas de rentas mínimas regionales, y por otro lado, la Seguridad Social va generando los listados con los nuevos perceptores del ingreso mínimo vital que certifica a través de las solicitudes que se gestionan de manera telemática en la web del ministerio o en los centros del INSS.

En este momento, la Seguridad Social traslada a las comunidades autónomas los listados con las personas que se han convertido en beneficiarios del ingreso mínimo y son estas las que realizan el cotejo con los beneficiarios de rentas mínimas en la región y así ajustar los pagos a los que debe acceder por la parte autonómica.

Con todo ello, lo que si advierten con rotundidad las fuentes consultadas por El Economista es que estos pagos serán revisados. «Es sencillo», aseguran explicando que a través de un cruce de listados se puede saber donde han recaídos estos pagos duplicados y confirman que serán reclamados. Eso sí, la última decisión sería de la comunidad autónoma, ya que el ingreso mínimo vital abonado por el Estado se ha concebido como un complemento de renta compatible con otras ayudas autonómicas. En base a ello, si el beneficiario percibe las dos rentas mínimas (estatal y autonómica) pero el Gobierno de la Generalitat decide mantener ese ingreso como un complemento para la prestación central, no existirían tales reclamaciones.

Según publica el ABC, la falta de colaboración del Ministerio de Inclusión con la Generalitat ha provocado que familias valencianas hayan cobrado por duplicado la primera paga del ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión. Aquí, la Seguridad Social abonó el pasado 26 de junio la primera paga a 9.271 familias. Esas cuestiones de colaboración, no en vano, serán reguladas de forma estable a través de los convenios que el Gobierno firmará con las comunidades a partir de 2021.

La AIReF defiende la necesidad de una "fuerte" consolidación fiscal a largo plazo

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha indicado este lunes que el organismo augura una contracción económica este año de «magnitud desconocida» y una recuperación «incompleta» en 2021, lo que conducirá a un intenso deterioro del saldo fiscal, pudiendo alcanzar la deuda pública entre el 115% y el 120% del PIB este año. Por ello, cree que será necesaria una «fuerte consolidación fiscal» mantenida en un horizonte de largo plazo, así como mayor calidad insitucional y altura de miras para afrontar la situación.

Así lo ha señalado durante su participación en la clausura del Programa de Gobernanza del Sector Público organizado por Esade, en la que ha repasado el ejercicio de análisis macroeconómico y fiscal a dos años llevado a cabo por la AIReF en la situación «extraordinaria y sin precedentes» actual, marcada por la incertidumbre económica e institucional.

En cualquiera de los escenarios de la institución, ha indicado que se observa una contracción de la actividad en 2020 de «magnitud desconocida» y una recuperación que, en estos momentos, se ve «incompleta», al tiempo que llevan a un importante aumento de gastos, una reducción de ingresos y unos niveles de deuda y déficit muy elevados, lo que supone un intenso deterioro del saldo fiscal en 2020, con una recuperación «limitada» para 2021.

Esto se refleja en la deuda, que podría situarse entre el 115 y el 120% del PIB en 2020, ha apuntado Herrero, quien ha señalado que exigirá una «fuerte consolidación fiscal» que además habrá de mantenerse en un horizonte de largo plazo. En este contexto, ha resaltado la necesidad de identificar los desequilibrios existentes, que ya acumulaba España antes de la Covid-19, y definir una estrategia de salida a medio y largo plazo, en la que la gobernanza debe jugar un papel central.

Para mejorar la calidad de las instituciones, cree clave superar el cortoplacismo y adquirir un enfoque de medio plazo; basar las políticas públicas en la evidencia empírica a partir de la evaluación; y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas como principios que deben guiar todas las actuaciones.

En concreto, Herrero ha señalado que, aunque no es fácil planificar en estos momentos, la incertidumbre no puede ser excusa para este ejercicio de estrategia y previsión de medio plazo, que debe impulsar la actividad a corto plazo, pero también sentar las bases para un potente crecimiento económico futuro, inclusivo y sostenible.

Además, considera que debe contar con todos los niveles de las administraciones públicas para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad y debe incluir un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos. Sobre la evaluación de políticas públicas, ha hecho hincapié en que ahora «más que nunca» debe acompañar al diseño y seguimiento de las políticas públicas para compatibilizar las necesarias medidas a corto plazo con una planificación a más medio plazo.

A su juicio, las evaluaciones facilitan elementos de análisis para una respuesta sosegada y fundamentada. La AIReF, de hecho, ha indicado que quiere extender la cultura de la evaluación, para lo que ve necesario garantizar el acceso a datos administrativos de calidad.

Finalmente, ha destacado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como otro de los pilares de todo Estado que pretenda tener unas instituciones de calidad. Según Herrero, la transparencia es fundamental para mantener la confianza en las instituciones públicas y recuperar la confianza será parte de la estrategia de salida para ofrecer certidumbre económica y sanitaria.

La AIReF defiende la necesidad de una "fuerte" consolidación fiscal a largo plazo

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha indicado este lunes que el organismo augura una contracción económica este año de «magnitud desconocida» y una recuperación «incompleta» en 2021, lo que conducirá a un intenso deterioro del saldo fiscal, pudiendo alcanzar la deuda pública entre el 115% y el 120% del PIB este año. Por ello, cree que será necesaria una «fuerte consolidación fiscal» mantenida en un horizonte de largo plazo, así como mayor calidad insitucional y altura de miras para afrontar la situación.

Así lo ha señalado durante su participación en la clausura del Programa de Gobernanza del Sector Público organizado por Esade, en la que ha repasado el ejercicio de análisis macroeconómico y fiscal a dos años llevado a cabo por la AIReF en la situación «extraordinaria y sin precedentes» actual, marcada por la incertidumbre económica e institucional.

En cualquiera de los escenarios de la institución, ha indicado que se observa una contracción de la actividad en 2020 de «magnitud desconocida» y una recuperación que, en estos momentos, se ve «incompleta», al tiempo que llevan a un importante aumento de gastos, una reducción de ingresos y unos niveles de deuda y déficit muy elevados, lo que supone un intenso deterioro del saldo fiscal en 2020, con una recuperación «limitada» para 2021.

Esto se refleja en la deuda, que podría situarse entre el 115 y el 120% del PIB en 2020, ha apuntado Herrero, quien ha señalado que exigirá una «fuerte consolidación fiscal» que además habrá de mantenerse en un horizonte de largo plazo. En este contexto, ha resaltado la necesidad de identificar los desequilibrios existentes, que ya acumulaba España antes de la Covid-19, y definir una estrategia de salida a medio y largo plazo, en la que la gobernanza debe jugar un papel central.

Para mejorar la calidad de las instituciones, cree clave superar el cortoplacismo y adquirir un enfoque de medio plazo; basar las políticas públicas en la evidencia empírica a partir de la evaluación; y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas como principios que deben guiar todas las actuaciones.

En concreto, Herrero ha señalado que, aunque no es fácil planificar en estos momentos, la incertidumbre no puede ser excusa para este ejercicio de estrategia y previsión de medio plazo, que debe impulsar la actividad a corto plazo, pero también sentar las bases para un potente crecimiento económico futuro, inclusivo y sostenible.

Además, considera que debe contar con todos los niveles de las administraciones públicas para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad y debe incluir un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos. Sobre la evaluación de políticas públicas, ha hecho hincapié en que ahora «más que nunca» debe acompañar al diseño y seguimiento de las políticas públicas para compatibilizar las necesarias medidas a corto plazo con una planificación a más medio plazo.

A su juicio, las evaluaciones facilitan elementos de análisis para una respuesta sosegada y fundamentada. La AIReF, de hecho, ha indicado que quiere extender la cultura de la evaluación, para lo que ve necesario garantizar el acceso a datos administrativos de calidad.

Finalmente, ha destacado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como otro de los pilares de todo Estado que pretenda tener unas instituciones de calidad. Según Herrero, la transparencia es fundamental para mantener la confianza en las instituciones públicas y recuperar la confianza será parte de la estrategia de salida para ofrecer certidumbre económica y sanitaria.

1.770 millones en apoyo al transporte por el Covid-19

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de medidas de apoyo al sector del transporte por importe superior a los 1.770 millones de euros, de los cuales 1.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar la caída de la demanda ferroviaria por el coronavirus.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 663 millones de euros, cuantía que incluye la reducción de tasas portuarias, irán a parar a empresas privadas del sector, mientras que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) recibirá 110 millones para atender sus compromisos de obras públicas.

Este real decreto, al que ha calificado de «denso», busca proteger la salud de trabajadores y viajeros, proporcionar liquidez a las empresas de este sector para asegurar su viabilidad, así como reducir las cargas administrativas, «simplificando los procedimientos y trámites, y agilizando el transporte de viajeros y mercancías».

El Gobierno aprueba la ampliación de la moratoria de las hipotecas y los alquileres

El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos.

Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado ‘escudo social’ puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y cuya vigencia finalizaba un mes después del estado de alarma. Entre otras medidas, el Consejo de Ministros ha extendido hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres y las medidas de protección por impago de suministros básicos (agua, luz y gas).

En concreto, el Gobierno ha extendido hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago o la condonación del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad, siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores (diez o más viviendas).

También ha ampliado hasta esa fecha el plazo para pedir una prórroga de seis meses de los contratos de alquiler vigentes en el momento de declarase el estado de alarma en las mismas condiciones, ha señalado el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Iglesias ha recordado que estas medidas, que figuran en el real decreto de medidas económicas aprobado este martes, se añaden a la paralización de los desahucios que va a estar vigente hasta el 2 de octubre «de momento».

El Gobierno ha aprobado este martes una prórroga que permitirá a las familias más afectadas por la crisis solicitar hasta finales de septiembre una moratoria de tres meses que les librará del pago de su hipoteca o de un crédito de consumo.

Hasta el momento más de 200.000 personas se han beneficiado de esta medida impulsada por el Ejecutivo, que evita tener que pagar el grueso de la cuota hipotecaria durante al menos tres meses, según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Esto supone el 83 % de las solicitudes de esta moratoria hipotecaria, diseñada tanto para primera vivienda como para los locales en los que trabajan los autónomos, y a la que se pueden acoger quienes han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o han visto caer de forma significativa sus ingresos.

Con la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros esta medida se podrá solicitar ahora hasta el 29 de septiembre y lo mismo sucede con la moratoria para créditos al consumo, otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo para que los más afectados por la crisis vean aliviada su carga financiera.

Los bancos han concedido más de 364.000 solicitudes de moratorias de consumo siguiendo los criterios fijados por el Gobierno, el 85% de las presentadas por sus clientes, que igualmente ahora tendrán hasta finales de septiembre para pedir tres meses de alivio.

También se aprobará la ampliación hasta el 30 de septiembre, a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, el periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua.

España, uno de los países de la OCDE más golpeados, puede llegar al 20% de paro

España es uno de los países de la OCDE cuyo mercado de trabajo se está viendo más golpeado por la crisis, y su tasa de paro a finales de año podría acercarse al umbral del 20% o incluso superarlo en caso de una segunda oleada del coronavirus. En su informe anual de perspectivas del empleo publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recuerda que tras los fuertes incrementos del desempleo en marzo y abril, el desempleo se estabilizó en mayo en un 14,5%.

La situación va a seguir deteriorándose en los próximos meses, a la vista de que casi tres millones de trabajadores en mayo estaban acogidos a un ERTE, lo que representó un 18% de los sueldos, frente a un 25% de media en la OCDE. Los autores del estudio esperan que se alcance un pico de paro a finales de 2020, siempre que no haya nuevos brotes de la pandemia. En ese primer escenario, la tasa de desempleo sería del 19,2% de media este año y podría empezar a descender al 18,7% el próximo. Pero en la segunda hipótesis, las cifras ascenderían hasta el 20,1% en 2020 y hasta el 21,9% en 2021.

Si se analizan los datos trimestre a trimestre, el pico de desempleo se alcanzaría en el tercer trimestre de este año en el escenario optimista con una tasa del 22%. Si hubiera una segunda oleada de contagios, la OCDE prevé que el desempleo podría aumentar hasta el 25,5% en el último trimestre de este año. La caída del empleo en España este ejercicio va a ser de las más intensas de los países miembros, del 5,28% en caso de que no haya una segunda oleada de la pandemia y del 6,37% si eso se produce, frente a una media del 4,09 y del 4,98%, respectivamente en el conjunto de la OCDE.

El director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la organización, Stefano Scarpetta, recuerda a Efe que España comenzó la crisis con un nivel de desempleo muy alto, únicamente superado por Grecia. El hundimiento de la actividad está siendo de los más pronunciados por la severidad de las medidas de confinamiento y por el fuerte peso específico que tienen algunos de los sectores que se están viendo particularmente afectados por el choque de la COVID-19 como el turístico. El bajón del producto interior bruto (PIB) será del 11,1% en el caso menos desfavorable y del 14,4% en el escenario más negativo.

Además, en la pérdida de empleos también está influyendo la alta proporción de empleo temporal, que ha dado lugar a la no renovación de muchos de ellos. Scarpetta constata que España ha hecho reformas para limitar los efectos de la gran segmentación del mercado de trabajo e insiste en que hay que promover contratos más estables y garantizar que las personas en situación de precariedad tengan acceso a ayudas sociales y a una recalificación que facilite su reinserción laboral.

Porque uno de los retos que se plantean ahora, además de mantener con soporte público las empresas viables que no han podido reanudar su negocio o hacerlo en su totalidad, es reorientar a los trabajadores cuyas actividades desaparecerán de forma duradera.

Los funcionarios del Estado que trabajan presencialmente doblan ya a los que lo hacen a distancia

La crisis del coronavirus aceleró la puesta en marcha del teletrabajo en España, alcanzando niveles nunca vistos en el país con el objetivo de frenar el número de contagiados por la enfermedad. Ahora, tras haber entrado en la «nueva normalidad» con la extinción del estado de alarma, la tendencia a vuelto a revertirse, por lo menos en la Administración General del Estado (AGE), que registra ya más del doble de personal en modalidad presencial, 116.786 efectivos (el 65%), que el que continúa de forma no presencial, 53.833 personas (casi el 30%).

Así, según datos facilitados hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a mediados de marzo, al comienzo de la pandemia, el trabajo presencial en la AGE solo representaba un tercio del no presencial (26.453 frente a 73.788), pero progresivamente los trabajadores comenzaron a trasladarse a sus puestos de trabajo y la previsión es que esta tendencia siga aumentando.

Con respecto al resto de personal, 1.007 efectivos (el 0,56% del personal de la AGE) se encuentran en aislamiento domiciliario, debido a que presentan síntomas compatibles con el Covid-19, a que han recibido un diagnóstico por el virus o por encontrarse en periodo de cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona afectada. De ellos, 422 corresponden a Madrid y 277 a Cataluña. Los trabajadores restantes, se encuadran en otras situaciones, como bajas o permisos.

Asimismo, los aislados son hoy una sexta parte de los que se encontraban en la misma situación a principios de abril, cuando la cifra se elevaba a 6.203; y una cuarta parte de los aislados a finales de ese mismo mes, cuando eran 4.226.

En el marco de la adaptación al teletrabajo, el ministerio ha informado de que desde el pasado 10 de marzo en la Administración General del Estado se han registrado 192.651 reuniones y conferencias virtuales. Asimismo, el teléfono 060 de información de la AGE y con atención sobre los distintos servicios públicos y trámites ha atendido desde entonces más de 3,9 millones de llamadas.

Por otro lado, la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) contradice la posición de la Administración al reincorporar a trabajadores haciendo público hoy un documento con propuestas para regular el teletrabajo en la AGE en el que plantea que la duración del mismo no sea nunca inferior a un año, sin contar sus posibles prórrogas.

Asimismo, para el sector AGE de la FeSP-UGT, la mejor manera de garantizar que el teletrabajo sea una forma de organización positiva, eficaz y estructural para los empleados públicos es regular este derecho a través de la negociación colectiva. En su opinión, deben ponerse en práctica todas las medidas y protocolos necesarios para respetar los derechos de los trabajadores y evitar su posible aislamiento y desvinculación con la Administración y el resto de compañeros.

El empleo bajará en más de 600.000 ocupados en el segundo trimestre y el paro superará el 18%

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre reflejará la destrucción de más de 600.000 empleos respecto al primer trimestre del año por el desplome que sufrió la actividad entre finales de marzo y comienzos de abril debido al estado de alarma y la crisis sanitaria, según previsiones de Asempleo publicadas este martes.

De cumplirse estas estimaciones, el total de ocupados se situará al cierre del primer semestre en 19.043.000 millones de trabajadores, su cifra más baja en dos años y muy lejos de los 19,8 millones de ocupados existentes en el segundo trimestre de 2019. Las previsiones de Asempleo apuntan además a un aumento de la tasa de paro de casi cuatro puntos, lo que la situaría por encima del 18%, su nivel más alto en tres años.

La patronal de agencias privadas de empleo subraya que el ritmo interanual de destrucción de empleo tocará fondo en julio (-5,2%) para recuperarse progresivamente desde el tercer trimestre, con retrocesos previstos del 5,1% en agosto y del 5% en septiembre.

Asempleo afirma que la evolución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en especial a partir del 30 de septiembre, será clave en la recuperación del mercado laboral, aunque no repercutiría positivamente en el nivel de empleo, ya que los trabajadores en ERTE se contabilizan en la estadística como ocupados.

El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha explicado que, con el fin del estado de alarma, la economía española se ha aproximado al ritmo de mejora de la actividad que se observa en otros países europeos. «No obstante, los datos de afiliación y paro registrado nos recuerdan que la persistencia del riesgo de contagio y la lenta reanudación de los flujos turísticos seguirán pesando en la situación de las empresas y en sus decisiones de contratación», avisa.

La AEAT amplía los trámites que pueden realizarse vía telefónica mediante el sistema cl@ve pin

La Agencia Tributaria (AEAT) habilitará desde mañana, miércoles, trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin), con la denominación de Centro de atención telefónica de Recaudación (REC@T).

Así se establece en una resolución del Departamento de Recaudación de la AEAT, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que señala que es el momento de hacer extensiva la habilitación para determinados trámites y actuaciones a través de este canal telefónico para continuar con la tendencia de reducir los tiempos invertidos en la obtención de información y asistencia en cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos.

Hacienda cita expresamente los costes de planificación, de desplazamiento y de tiempo, a lo que se suma que un sistema de identificación y autenticación electrónica basado en la utilización de un código de usuario y una contraseña facilitadas al obligado por la AEAT cuenta con «suficientes garantías y condiciones de seguridad, junto a los «importantes y modernos» desarrollos informáticos implementados en la nueva estructura de atención telefónica.

Por ello, se habilita el canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve PIN) para determinados trámites y actuaciones, con la denominación REC@T (Centro de atención telefónica de Recaudación).

La aplicación al canal telefónico del sistema de la firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve PIN) permitirá, en todo caso, asegurar la identidad del interlocutor. El sistema automático habilitado pedirá el NIF/NIE del obligado tributario y un dato contraste (fecha o número soporte) tras lo cual, se le enviará el PIN a su teléfono móvil. A continuación, el código PIN será solicitado por el agente telefónico que, tras comprobar que es correcto, procederá a atender la demanda solicitada.

Los trámites o actuaciones habilitados para su atención telefónica son, en el procedimiento de apremio, la consulta de deudas y la generación de documentos de ingresos de vencimientos; consulta del procedimiento del embargo de cuentas bancarias, así como de sueldos, salarios y pensiones, bienes y derechos, y la generación de documentos de ingreso de diligencias de sueldos y salarios.

También se podrá consultar el procedimiento de embargo de valores, así como de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o corto plazo, en paralelo a la generación de documentos de ingreso de diligencias de créditos (comerciales y arrendaticios) y de documentos de ingreso de diligencias de crédito en relación a las terminales de punto de venta.

De igual forma, se habilita la consulta sobre el procedimiento de embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos; sobre el procedimiento de embargo de bienes muebles y semovientes, así como del embargo de intereses, rentas y frutos de toda especie.

En cuanto al aplazamiento y fraccionamiento de deudas, se podrá presentar solicitud de los mismos, contestar requerimiento de datos y de datos de cuenta bancaria para domiciliación; gestionar aplazamientos; domiciliaciones, consulta de envío de orden de domiciliaciones a entidad de crédito y la gestión de aplazamientos cono obligado tributario (cartas de pago, cambio de domicilio, desistimiento expreso y domiciliación bancaria).