Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo para evitar el riesgo de impunidad, al estimar que han sido “especialmente nocivo” en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción.

“La necesidad de una Justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad”, ha manifestado Sánchez en el pleno del Congreso al anunciar que se reformará el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Jueces y fiscales habían reclamado la derogación de ese artículo, introducido en 2015 a propuesta del anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que fijó un plazo máximo de instrucción de 6 meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo, siempre a petición de la Fiscalía.

Sánchez ha insistido en el compromiso de su Gobierno de luchar contra la corrupción, que “destruye la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, y ha considerado que la detección temprana de las tramas es defender el régimen de libertades y trabajar por regeneración. En este contexto ha garantizado que su Gobierno asume un compromiso de “ejemplaridad en el grado más alto” y no va a escatimar en la lucha contra esa “lacra”.

El presidente del Gobierno ha reiterado también ante el pleno la necesidad de reformar la denominada ley mordaza y ha pedido “consenso y voluntad de acuerdo” para hacerlo, convencido de que supuso un “deterioro de la calidad democrática” y atacó las libertades. Ha apelado así a un diálogo político para alcanzar un equilibrio entre los valores de libertad y seguridad; “Alguien dijo: cuando un pueblo renuncia a su libertad en aras de la seguridad, acaba perdiendo ambas”, ha recalcado.

Sánchez ha dejado también claro que la justicia es “uno de los ámbitos en el que es más urgente para avanzar en la regeneración democrática y el fortalecimiento institucional”. Ha abogado así por una justicia “rápida, independiente y transparente” y ha ratificado su voluntad de dotar de más medios al sector y de dialogar con asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionario.

Su objetivo, ha dicho, es asegurar la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y garantizar los nombramientos basados en criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, que son, ha dicho, exigencia de una democracia “madura” en la que impera la separación de poderes.

Justicia promete diálogo y culminar la digitalización

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, abogó ayer, durante la inauguración en Santander de la cuarta edición del curso Una Justicia de futuro, organizado por el Ministerio de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por abrir el diálogo con los actores del mundo de la justicia para llegar a soluciones de consenso que resuelvan los problemas que aquejan a un servicio público que debe prestarse para y por la ciudadanía.

Además, en línea con los ejes de trabajo del Ministerio presentados recientemente, ha subrayado el compromiso por la modernización de la justicia. En palabras del secretario de Estado, la transformación digital no tiene vuelta atrás: “o es papel 0, o es papel mojado”, ha afirmado. Asimismo, ha destacado la apuesta por una justicia que sirva a los intereses públicos, y que proteja especialmente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género y al colectivo de personas con discapacidad.

En su discurso, Dolz ha desgranado los ejes principales de trabajo del nuevo equipo del ministerio, sobre los que giran las reformas propuestas la pasada semana en el Congreso de los Diputados por la ministra Dolores Delgado. Entre las prioridades, acercar la justicia a la ciudadanía, que demanda un cambio de rumbo, para que la perciban como creíble, cercana y transparente. Pese a las limitaciones presupuestarias (el Ministerio tan solo cuenta con el 0,3% en las cuentas generales del Estado y “el 80% se dedica a gastos de personal”), cree que hay medidas que pueden abordarse, y ha pedido el esfuerzo de todos los profesionales, como, por ejemplo, las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas, o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, ha adelantado que los trabajos de esta ambiciosa reforma están terminados y que se elevará próximamente como anteproyecto a Consejo de Ministros. Más cauto ha sido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), basada en el modelo del fiscal instructor y bajo la mirada de la perspectiva de género, señalando que se sentiría satisfecho si se llega a presentar un anteproyecto. Por otro lado, ha indicado que el anuncio de la derogación 324 de la LEcrim, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa, responde a una “necesidad de los colectivos” y que ha provocado conflictos entre jueces, letrados y ministerio fiscal, al margen de los ámbitos de impunidad que puede ocasionar.

Dolz ha abogado por la recuperación de la justicia universal, en la línea ya anunciada por la ministra, y ha subrayado que existen “deficiencias” en la euroorden, específicamente respecto a la doble incriminación. A su juicio, no se pueden cuestionar los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión, y hay que perfeccionar la cooperación judicial.

El secretario de Estado ha querido finalizar su intervención con una cita de Cicerón: “El bienestar del pueblo es la suprema ley”, remarcando que este es el objetivo del nuevo equipo, con la colaboración de todos los actores de la justicia.

El Gobierno elevará la prórroga de los alquileres de tres a cinco años

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este martes durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados una batería de medidas que van desde suavizar el ajuste del déficit de las comunidades, a subidas de impuestos e iniciativas sobre el alquiler, entre otras medidas.

En esta última materia, anunció que el Ejecutivo va a elevar la prórroga forzosa de contrato de alquiler de 3 a 5 años; igualmente, eliminará las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para “ajustar” de este modo la definición de arrendamientos de temporada.

“Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres”, señaló desde la tribuna de oradores del Hemiciclo.

Además, se fomentará la vivienda pública y de alquiler y, en este sentido, subrayó la construcción de un parque de 20.000 viviendas públicas para alquiler en un plazo de cuatro años destinadas “de forma indefinida” al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada, una medida que ya había adelantado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La UE y Japón firman un acuerdo de libre comercio en plena guerra arancelaria de Trump

La Unión Europea y Japón firmaron este martes en Tokio el acuerdo de libre comercio que ambas partes pactaron hace un año y que prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles sobre productos y ahorrará 1.000 millones de euros anuales en derechos de aduana a los exportadores europeos, según datos de la Comisión Europea.

El tratado fue rubricado por el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, por parte de la UE, mientras que el primer ministro japonés Shinzo Abe firmó el acuerdo en nombre del país asiático. El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, celebró la firma del nuevo acuerdo de libre comercio, que calificó como “el más grande de la historia”, y subrayó que manda “un mensaje claro” contra el proteccionismo en un momento en el que “algunos están cuestionando” las normas comerciales internacionales, informa Efe.

El acuerdo económico cubre tanto productos como servicios, incluidos los financieros. Con su entrada en vigor se eliminarán más del 90% de los aranceles que Japón aplica a las importaciones procedentes de la UE. Una vez que finalicen los periodos transitorios, el país asiático habrá eliminado los derechos de aduana al 97% de los bienes y habrá liberalizado parcialmente el resto por medio de contingentes.

No obstante, el tratado comercial no entrará en vigor hasta principios de 2019, una vez que el Parlamento Europeo de su consentimiento en otoño de este año y Japón cumpla con sus procedimientos nacionales. A nivel europeo el acuerdo con Japón no necesita ser ratificado por los parlamentos nacionales.

Las exportaciones europeas de bienes al país asiático se elevan a 58.000 millones de euros y a 28.000 millones en el caso de los servicios. El acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón eliminará “drásticamente” los derechos de productos agrícolas. Bruselas calcula que, cuando se aplique totalmente el tratado, el 85% de los productos agroalimentarios de la UE podrán entrar en el país asiático libres de aranceles.

Economía fija una comisión máxima de tres euros al mes para las cuentas básicas

La comisión máxima que pagarán los clientes por una cuenta de pago básica será de tres euros al mes. El precio, de hasta 36 euros anuales, incluirá además un elevado número de extras, según el borrador de la orden ministerial.

Los clientes podrán utilizar las sucursales para ingresar o retirar dinero –determinadas entidades disponen de cuentas sin coste, pero condicionadas a que no se pise la oficina–, dispondrán de tarjeta de débito, podrán sacar dinero sin coste adicional en cajeros y podrán realizar hasta 200 operaciones de pago –léanse, transferencias o recibos– anuales dentro de la Unión Europea a través de internet o presencialmente. Cuando se supere ese número, las comisiones no podrán ser superiores a la que aplica la entidad de forma habitual.

El banco que ha emitido la tarjeta no cobrará por utilizar sus cajeros ni los de los competidores. Pero si el cajero es de un tercer banco, este podrá pasar la factura a la entidad del cliente y esta, a su vez, podrá repercutirle ese coste al usuario, explica un portavoz del Ministerio de Economía. Todos los bancos deberán ofrecer una cuenta con esos servicios por ese importe máximo sin exigir ningún tipo de vinculación. Cualquier persona tiene derecho a disponer de una cuenta de pago básica; en la práctica, igual a una clásica, pero con un precio tasado.

La normativa establece que el banco podrá denegar la apertura en caso de que “el cliente ya sea titular en España de una cuenta en un proveedor de servicios de pago que le permita realizar los servicios contemplados”. Pero en la práctica todos los ciudadanos podrán contar con una cuenta de este tipo, según fuentes financieras, que añaden que la normativa puede tener un efecto nocivo sobre el modelo de negocio de algunas entidades. Una parte de ellas ofrece comisiones cero a cambio de vinculación, como la domiciliación de la nómina, recibos o contratación de productos adicionales.

Desde una entidad financiera señalan que se forzará la prestación de servicios a un precio que puede que no cubra los costes, lo que dañaría la rentabilidad. Una parte de las grandes entidades españoles dispone de una amplia red de oficinas y cajeros. CaixaBank es el banco que más cajeros tiene, alrededor de 9.000, junto con Bankia y BMN (más de 6.000), Santander (5.000) y Sabadell (más de 3.000), según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Desde CECA compartimos el espíritu de la norma europea, que persigue mejorar el acceso a los servicios financieros. De hecho, la lucha contra la exclusión financiera fue el origen de las entidades asociadas a CECA y sigue siendo uno de sus pilares de actuación”, explican desde esta asociación.

La afiliación de extranjeros sube en junio

La Seguridad Social ganó el mes pasado 22.497 cotizantes extranjeros, un 1,1% interanual más respecto al mes anterior y su mejor registro en este mes desde 2007, hasta situar el número de inmigrantes en alta en 2.026.559 ocupados, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El número de afiliados extranjeros subió en junio en 22.497 trabajadores respecto al mes anterior (+1,1%), encadenando cinco meses consecutivos de avances mensuales. El total de inmigrantes afiliados se situó así en 2.026.559 personas y de ellos Con este aumento, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena cinco meses consecutivos de alzas mensuales después de haber experimentado incrementos de 21.082, 37.639, 56.809 y 73.440 cotizantes en febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente.

Del total de inmigrantes en alta en la Seguridad Social al finalizar junio, 1.697.734 cotizaban en el Régimen General; 323.848 en Autónomos; 4.864 en el Régimen del Mar, y 113 en el del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros aumentó el pasado mes de junio en 151.146 personas. En términos relativos, el crecimiento anual de la afiliación de extranjeros se situó en el 8,06%, su mejor dato en un mes de junio desde 2006, fecha que coincidió con el proceso de regularización de extranjeros.

A cierre de junio, un total de 1.174.953 cotizantes extranjeros procedían de países extracomunitarios y el resto (851.606) de países de la Unión Europea. Del total de trabajadores de otros países que cotizan a la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (353.553), Marruecos (255.656), Italia (115.183), China (103.274) y Ecuador (73.775). Les siguen los que provienen de Reino Unido (68.791), Colombia (63.368), Bulgaria (63.026) y Bolivia (51.103).

CEOE avisa a Sánchez: una subida de impuestos traería “consecuencias negativas”

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que la subida de impuestos que plantea el Gobierno para las empresas es un error, ya que, a juicio de su presidente, Juan Rosell, la carga fiscal que estas ya soportan están al nivel del resto de países de Europa.

Así lo ha expresado en la presentación del informe Tributación Empresarial, en el que se refleja que la subida del impuesto sobre sociedades, sin otras medidas como la reducción de otros tributos como las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, “lastraría la competitividad de las empresas, retraería la inversión nacional y extranjera y reduciría a medio plazo la tributación consiguiendo un efecto contrario al deseado”. Además, el informe defiende que “la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica exigible por cualquier inversor, nacional o extranjero”.

Rosell ha insistido en que futuras subidas de impuestos generarían “consecuencias negativas” en una época de “recuperación de las empresas”: “La aportación empresarial al tributario está acorde con lo que hay en Europa, no miremos solo a sociedades sino al resto de tributos. Si hubiese un crecimiento importante de los impuestos, esto repercutiría en los ingresos y los beneficios finales de las empresas, y, por tanto, tendrían que analizar todo con una visión distinta, como en el campo de la inversión o en el del empleo”, ha afirmado Rosell.

Según los cálculos recabados, en base a datos de la Agencia Tributaria, Eurostat y el Banco Mundial, la CEOE concluye que las empresas soportan el 30% de los ingresos fiscales totales, frente a una media europea del 26%, y el tipo real se situaría en el 46,9% teniendo en cuenta todos los impuestos, incluidas las cotizaciones sociales, que se llevan la mayor parte de esa cantidad, un 35%, mientras que el impuesto sobre sociedades representaría el 10,6%: “Hay países como el Reino Unido o Dinamarca con una presión fiscal menor pese a que recaudan más por sociedades”, ha detallado Bernardo Aguilera, director de asuntos económicos y europeos en CEOE, quien ha tildado de “parcial y sesgada” la asunción que hace el Gobierno de que las empresas pagan un 12% del impuesto sobre sociedades. “Los datos de la AEAT dicen que las empresas pagan un 22,5% de la base imponible, y utilizamos la base imponible porque es lo que determina la ley del impuesto”.

El Gobierno prohibirá futuras amnistías fiscales y subirá impuestos a las grandes empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer ante el Congreso de los Diputados con una amplia batería de medidas económicas y políticas, que en su inmensa mayoría ya habían sido desgranadas por su Gabinete. Días después de conocerse que el Ejecutivo había recibido el visto bueno de la Comisión Europea para el nuevo escenario fiscal, Sánchez se subió ayer al estrado para confirmar subidas fiscales para las empresas, una mejora de la financiación autonómica, cambios en el mercado laboral y para reclamar al resto de partidos políticos un amplio consenso para un nuevo Pacto de Toledo en materia de pensiones.

Pedro Sánchez anunció que este jueves ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la nueva senda fiscal. Una reunión a la que acudirá tras desvelarse que el déficit fiscal de las Administraciones públicas pasará al 1,8% en 2019, en vez del 1,3% anterior. Un alza de cinco décimas de las que dos serán absorbidas por las comunidades autónomas y el resto se dedicará casi en exclusiva a las pensiones. Para este año, el Gobierno no ha modificado la ruta, si bien, el déficit llegará hasta el 2,7%, cinco décimas más de lo previsto por el PP.

De esta forma, Sánchez pondrá encima de la mesa del CPFF cerca de 2.500 millones de euros de margen fiscal adicional a las comunidades, con lo que estas podrán cerrar sus cuentas agregadas con un déficit del 0,3% del PIB en 2019, frente al estimado en el Programa de Estabilidad del 0,1%. Un día después el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero para 2019, que deberá recibir el visto bueno de las dos cámaras. Para ello, Sánchez precisará del apoyo del PP –que gestiona casi la mitad de las autonomías–, al que pidió que “reflexionen” antes de marcar su posicionamiento.

El presidente reconoció ayer la incapacidad del Gobierno –con 84 diputados en el Congreso– para cumplir con varias de sus promesas electorales: la derogación de la reforma laboral y la publicación de los nombres que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Pero aseguró que “podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías”.

De esta forma, anunció un anteproyecto de ley que hará imposible que ningún Gobierno pueda volver a aprobar una amnistía de este tipo, que recordó que había sido tumbada por una sentencia del Tribunal Constitucional y que no logró cumplir con sus objetivos de recaudación: de unos 2.500 millones, “ni siquiera llegó a la mitad”, dijo. Un anteproyecto que además buscará “perseguir a grandes defraudadores”, permitirá publicar listas de morosos fiscales y actualizará los paraísos fiscales porque “un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera”.

Objetivo de déficit. Para 2019 pasa del 1,3% al 1,8%. El Gobierno no modifica la senda de este año. Sánchez ha convocado el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Plan de choque para el empleo juvenil. Revisará el contrato de prácticas y de relevo. El Ejecutivo eliminará las prácticas extracurriculares y creará un estatuto del becario. Este mismo mes, presentará también medidas contra la explotación laboral.

Sánchez reiteró que el nuevo Gobierno pedirá un mayor esfuerzo fiscal a las grandes empresas. “No nos resignamos a que las pymes tengan tipos efectivos superiores al de los grandes conglomerados empresariales y abogamos por acercar el tipo efectivo al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15 %. Esto se llama justicia fiscal”, aseguró. En la actualidad, aunque el tipo general de sociedades es del 25%, las deducciones les permiten acabar pagando un 12%, según reconoció la titular de Hacienda, María Jesús Montero, hace unas semanas. Porcentaje que su predecesor, Cristóbal Montoro, llegó a bajar hasta el 7%.

La puesta en marcha del tipo mínimo del 15% en Sociedades, que ha contado ya con el rechazo de los empresarios y las dudas de los economistas y asesores fiscales en su aplicación, irá acompañado además por la tasa a las tecnológicas, incluirá nuevas “figuras tributarias” para “desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente” y un impuesto finalista a la banca para sufragar el sistema de pensiones y complementar a las cotizaciones de los trabajadores como fuente de ingresos para la Seguridad Social. Una tasa a la banca que, desde la oposición, tanto el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se apresuraron a advertir que acabará siendo trasladado al cliente.

Frente a estas críticas, Sánchez reclamó consenso al resto de partidos políticos para construir un nuevo Pacto de Toledo que aborde la sostenibilidad de las pensiones, a la que el presidente se refirió como uno de los “principales desafíos de su Gobierno”. Unas prestaciones sobre las que insistió que “la mayoría de la sociedad nos ha trazado un camino, que es actualizar las pensiones con el nivel de vida”. Para este año, está previsto que se revaloricen 1,6%.

En materia laboral, Sánchez desveló que durante este verano empezará a aplicar un plan contra la explotación laboral, centrado en los trabajadores temporales y parciales, que prevé aprobar este mes. La medida incluirá además medidas para luchar contra el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, así como las discriminaciones por razón de género y combatir la economía sumergida.

El asesor fiscal debe asumir todos los gastos derivados de su negligencia

El importe de la sanción por una incorrecta liquidación de un impuesto, los intereses de demora por lo que se había dejado de ingresar a la Agencia Tributaria (AEAT), los intereses por el aplazamiento del pago de la sanción y los gastos de la ampliación del préstamo hipotecario por parte del contribuyente, han de ser abonados por el asesor fiscal en la medida en que sean imputables a su actuación negligente. Es decir, que el asesor debe hacer frente a todos los gastos que se excedan de la deuda tributaria principal y se deban a su imprudencia profesional.

Por tanto, como se hace en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia debe justificarse uno por uno que esos costes extra efectivamente han sido provocados por los errores del asesor fiscal sin el consentimiento ni conocimiento del contribuyente.

En este caso concreto, el asesor realizó una incorrecta calificación de la actividad económica de su cliente en las autoliquidaciones del IRPF y del IVA, que él mismo presentó. Cuando la AEAT las comprobó inició un procedimiento para regularizar y liquidar las sumas adeudadas más los intereses de demora, y terminó sancionando al obligado tributario.

Como se explica en la sentencia, todas las gestiones con la AEAT fueron realizadas por el asesor sin que para llevarlas a cabo recibiera instrucciones de su cliente. Es más, éste no tuvo conocimiento del alcance de las responsabilidades tributarias acordadas con la AEAT hasta que recibió las providencias de apremio en las que se le imponía un recargo del 20% sobre la deuda, por la falta de abono en plazo.

En ese momento su única posibilidad era pedir un aplazamiento del pago para evitar un embargo. Además, debido a la sanción y a los retrasos en su abono, la deuda tributaria llegó a ser de casi el doble del importe inicial, por lo que el contribuyente se vio obligado a ampliar un préstamo hipotecario que ya tenía.

El tribunal ha determinado que todos estos gastos no se habrían producido si el asesor fiscal hubiera actuado con diligencia y hubiera informado oportunamente a su cliente de los trámites y los plazos ante la AEAT. En consecuencia, se trata de conceptos indemnizables.

La UE y China fortalecen su alianza para frenar el proteccionismo de Trump

La Unión Europea y China están dispuestas a doblar su apuesta contra los nuevos vientos proteccionistas que vienen de Estados Unidos. Prueba de ello es la cumbre bilateral celebrada este lunes en Pekín. China y la UE han escenificado su apuesta conjunta por el rechazo de las guerras comerciales. Y han lanzado un mensaje potente para una reforma pactada de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que evite un caos en el sistema político y económico internacional.

La vigésima cumbre de líderes de Pekín y Bruselas ha mostrado, más allá de las habituales diferencias sobre inversiones y acceso a mercados, el objetivo común de buscar soluciones negociadas frente a la imposición unilateral de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha definido el punto de vista europeo con un llamamiento a Trump y al presidente ruso, Vladímir Putin (que se han reunido este lunes en Helsinki) para que no promuevan guerras, ni comerciales ni bélicas, y en su lugar acepten el retorno a un orden internacional pactado. La arquitectura internacional está cambiando ante nuestros propios ojos. Y es nuestra responsabilidad común que el cambio sea para mejor”, ha afirmado el líder europeo en conferencia de prensa conjunta, informa Efe.

“Es una tarea común para Europa, China, EEUU y Rusia no destruir este orden sino mejorarlo. No comenzar guerras comerciales, que tan a menudo en nuestra historia derivaron en conflictos violentos”, ha añadido. En este sentido, la UE y China han acordado crear un grupo de trabajo común para discutir la reforma de la OMC. Tusk pidió a Trump y Putin que se sumen a esta iniciativa para lanzar un proceso conjunto, porque “aún es posible prevenir el conflicto y el caos”. También ha subrayado que los líderes mundiales están ante un dilema: jugar “duro” en cuestiones como aranceles comerciales o conflictos como los de Ucrania y Siria o “buscar soluciones comunes basadas en normas justas”.

El primer ministro chino, Li Keqiang, ha coincidido con esta petición y recalcado el compromiso de “mejorar la gobernanza del sistema internacional, incluyendo la OMC”. “Es importante que China y la UE defiendan el multilateralismo y promuevan la construcción de un mundo multipolar y una mayor democracia en las relaciones internacionales”, ha dicho Li.

Antes de esta cumbre, el bloque europeo había rechazado una propuesta de Pekín para formar un bloque contra los aranceles estadounidenses que ambos han sufrido, ya que Bruselas ha mantenido que no va a tomar partido en la guerra comercial entre EE UU y China.

Ante las dos rondas de aranceles de EEUU a las importaciones chinas, Pekín ha mostrado este lunes un lado más flexible con la UE, en un intento de mostrar a Washington que se pueden obtener concesiones por la vía negociadora.

Así, el gigante asiático ha prometido que continuará el proceso de apertura de su economía a inversiones y exportaciones europeas. “China aumentará de forma significativa y reducirá los aranceles” a los productos necesarios a sus consumidores y sus empresas, ha asegurado Li, quien insistió a los periodistas en que Pekín busca un comercio “más equilibrado” con Europa.

El FMI mantiene las previsiones para España a pesar de recortar las de la zona euro

El Fondo Monetario Internacional ha mantenido sin cambios su pronóstico de crecimiento para España en el 2,8% este año y en el 2,2% para el siguiente, mientras que ha recortado dos décimas la previsión para la zona euro para 2018 hasta el 2,2% y una décima la de 2019 hasta el 1,9%. Así se refleja en la actualización de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés) presentada este lunes por el organismo y que revisa los datos publicados en abril.

De esta forma, los vaivenes políticos que ha vivido España en los últimos meses con la moción de censura, que provocó un cambio de Gobierno exprés, no han alterado las previsiones del Fondo. Eso sí, la economía española mantendrá la tendencia de desaceleración desde que creciera un 3,3% en 2016, después un 3,1% en 2017 y ahora, según las proyecciones, lo hará un 2,8% en 2018 y un 2,2% en 2019. La resistencia de la economía española llama más la atención todavía porque el FMI ha revisado a la baja el crecimiento del conjunto de la zona euro (al 2,2% en 2018 y al 1,9% en 2019) y el de sus principales economías.

De esta forma, el organismo ha recortado a Alemania tres décimas su previsión este año (hasta el 2,2%) y una décima en 2019 (hasta el 2,1%). En el caso de Francia, también ha rebajado tres décimas el crecimiento para 2018 (hasta 1,8%) y otras tres décimas para 2019 (hasta el 1,7%). En Italia, igualmente ha restado tres décimas para el PIB de este año (hasta el 1,2%) y una décima para el siguiente (hasta el 1%).

El FMI ha asegurado en un comunicado que “en medio de las crecientes tensiones sobre el comercio internacional, la amplia expansión global que comenzó aproximadamente hace dos años se ha estancado y se ha vuelto menos equilibrada”. A pesar de ello, el organismo ha mantenido la proyección de crecimiento global en el 3,9% tanto para este año como para el próximo, aunque advierte que “el riesgo de empeorar los resultados ha aumentado, incluso a corto plazo”.

En general, el crecimiento sigue siendo fuerte en las economías avanzadas, pero se ha desacelerado en muchas de ellas, incluidos los países de la zona del euro, Japón y el Reino Unido. Por el contrario, el Fondo ha destacado que el PIB sigue creciendo más rápido que el potencial y la creación de empleo sigue siendo sólida en Estados Unidos, impulsado en gran parte por los recientes recortes de impuestos y el aumento del gasto público. De hecho, ha mantenido sin cambios los pronósticos de abril y espera que la economía estadounidense crezca un 2,9% este año y un 2,7% el siguiente.

Para las economías avanzadas, el FMI ha previsto un crecimiento del 2,4%, una décima menos de lo que apuntaban en el informe de abril. Para 2019 ha mantenido su pronóstico sin cambios en el 2,2%. Para los mercados emergentes y las economías en desarrollo como grupo, el organismo todavía augura tasas de crecimiento del 4,9% para 2018 y del 5,1% para 2019. Estos números agregados, sin embargo, ocultan cambios diversos en las evaluaciones individuales de los países. Así, por ejemplo, el FMI ha explicado que las interrupciones en el suministro y las tensiones geopolíticas han ayudado a elevar los precios del petróleo, beneficiando a los exportadores emergentes de petróleo (como Rusia y Oriente Medio) pero perjudicando a los importadores (como India).

Las madres cobran un 37% menos que los padres

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) publicó ayer un extenso informe llamado Brechas de género en el que concluye que “la maternidad ya no aleja a las mujeres del mercado laboral”. “La práctica de abandonar el mercado de trabajo, coincidiendo con la edad de maternidad, tiende a desaparecer”, explica el documento, que apunta también que “si en 1987 la tasa de actividad femenina era del 32% y en el mercado de trabajo participaban algo menos de cinco millones de mujeres, en 2017 la tasa de actividad se situó en el 53% y el número de mujeres activas superó los 10 millones”.

Sin embargo, en el mismo texto, Funcas advierte también de que las madres tienen empleos notablemente peor remunerados que los padres. “En líneas generales, tener hijos aumenta, en media, los ingresos mensuales de los hombres, mientras que produce el efecto contrario sobre las mujeres. La misma tendencia se observa también en España, donde la brecha salarial es casi inexistente entre personas solteras y sin hijos (de un 0,8%), pero aumenta hasta un 37% cuando observamos la diferencia en las ganancias de hombres y mujeres con hijos que viven en pareja”, apunta el documento.

Esto quiere decir que sí, que la tendencia ha cambiado y que las trabajadoras se reincorporan al mercado laboral tras ser madres, pero, al mismo tiempo, lo hacen en peores puestos, con unos ingresos inferiores y, en definitiva, en una situación de mayor precariedad. Una consecuencia directa de esta situación, prosigue el documento, es que la brecha salarial en el conjunto del mercado laboral asciende en España al 11,5%. “Una de las principales causas de la brecha salarial parece estar directamente relacionada con la maternidad, como han mostrado diversas investigaciones”, explica la responsable del capítulo que, además, señala que ese 11,5% se encuentra “algo por debajo de la media de la OCDE” pero muy alejado de las cifras de “Grecia, Bélgica, Eslovaquia, Italia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Hungría, Francia e Islandia”, que se sitúan en todos los casos “por debajo del umbral del 10%”.

Por otra parte, en el capítulo dedicado a pensiones, la investigadora Estefanía Alaminos pone la atención en el fuerte aumento que se ha producido en el número de mujeres pensionistas. “Entre 2005 y 2017, el número de mujeres pensionistas de jubilación creció de media un 2,36% anual, casi un punto porcentual más que el de los hombres (1,43%)”, explica. Este repunte ha ido acompañado, además, de la llegada a la jubilación de trabajadoras con un mayor salario y, por lo tanto, con derecho a una mayor jubilación. “Si en 2005 las mujeres de entre 65 y 69 años percibían una pensión un 39% inferior a la de sus coetáneos masculinos, en 2017 esa diferencia se situaba en el 29%”, desarrolla el texto.

En cambio, la situación para los pensionistas de mayor edad es justo la contraria. “Entre los pensionistas de jubilación de 85 o más años, dicha brecha había aumentado desde el 36% en 2005 al 40% en 2017”, se expone, “hecho que se explica por el aumento en el número de hombres de edades avanzadas que han generado derecho a pensión, siendo aún escaso el número de mujeres pensionistas de mayor edad”.

Por último, y en términos de acceso a la educación, Funcas afirma que “en el conjunto de la UE, existe la misma proporción de hombres y mujeres matriculados en educación superior, y entre las generaciones que están terminando sus estudios, la proporción de mujeres con estudios superiores es algo mayor que la de hombres”. Esta es una situación básica para igualar los salarios por género, pero si se profundiza en los datos se observa que existe una evidente “segregación sectorial” que tiene “un impacto en el mercado laboral, y potencialmente en la brecha salarial entre hombres y mujeres”.

La subida de los salarios de los funcionarios del Estado se reflejará en el mes de agosto

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este lunes que el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la de Presupuestos, María José Gualda, cerrarán y lanzarán hoy las instrucciones para que la subida de los salarios de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) se pueda ver reflejada en las nóminas del mes de agosto.

No obstante, Batet ha asegurado que “eso dependerá de cada gestor y de la capacidad de incorporar esas variables”. En concreto, los empleados públicos del Estado podrían recibir en la nómina del mes que viene el alza salarial fija del 1,5% más la variable del 0,25%, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que corresponde a la cláusula del acuerdo que establecía esta subida si el PIB alcanzaba o superaba el 3,1%.

Así lo ha asegurado la titular del Ministerio tras reunirse este lunes por primera vez con los principales representantes sindicales de la Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF). En un encuentro con los medios posterior ha puesto de relieve que el incremento del 0,25% aprobado el pasado viernes será “inminente”, aunque ha destacado que la subida del 1,75% total (1,5% más 0,25% variable) dependerá de cada ámbito y de cada gestor.

Por otro lado, también ha señalado que está previsto un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial, que, una vez tenga el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, se negociará también con las organizaciones sindicales para ver cómo se reparten los fondos.

Según ha explicado la ministra, esta subida del 0,2% “no responde a una subida lineal, sino que son fondos especiales y específicos para mejorar el funcionamiento y responden a otras lógicas”. Además, ha resaltado que la intención es cerrar este acuerdo de subida adicional en otoño. Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes 27 la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año, en la que se pretende incluir el acuerdo de estabilización correspondiente a los Presupuestos de 2017, “que no se había convocado con anterioridad”.

En esta línea, ha asegurado que se compromete a convocar en los próximos meses la convocatoria de estabilización de los Presupuestos de 2018 para “ahorrarse futuros problemas que podrían quedar abiertos si no se hiciese con este carácter de simultaneidad”. No obstante, aunque el viernes 27 se apruebe el proceso de estabilización de 2017, no se convocarán las plazas hasta que no se apruebe el de 2018, ya que ambas convocatorias irán juntas. De hecho, ha subrayado que estará previsto para los próximos seis meses.

Sobre el número de plazas que se convocarían, Batet no ha señalado a cuántas ascenderían, aunque ha anunciado que a este mismo Consejo de Ministros también irá el acuerdo de incapacidad temporal, que está “muy avanzado”. De hecho, ha señalado que el día 23 de julio el Ministerio va a convocar la mesa general de negociación en la Administración General del Estado para que se cierre este acuerdo por el que los empleados públicos pasarán a cobrar el 100% de su retribución desde el primer día que se den de baja, volviendo así a la situación que vivían en 2013.

Con este acuerdo de incapacidad temporal se creará un grupo de trabajo para controlar el absentismo. La responsable de Política Territorial y Función Pública también ha afirmado que su intención es que las mesas de negociación constituidas se reúnan “mucho” y trabajen para seguir avanzando y mejorar las condiciones laborales y las condiciones profesionales de los empleados públicos.

“Sabemos que estamos en una legislatura corta y por tanto queremos aprovechar el tiempo que tenemos, no comprometernos a realizar cosas que no son posibles, pero aprovechar cada minuto y segundo que tengamos de legislatura”, ha apostillado. Respecto a las 35 horas, Batet ha afirmado que se ha hablado en la reunión, pero que no se ha entrado en profundidad, porque es un tema que se remite a las mesas de negociación. Sin embargo, ha recordado que la jornada de 35 horas está supeditada al cumplimiento del déficit.

La tasa de empleo en la OCDE crece en el primer trimestre al ritmo de 2017

La tasa de empleo en la OCDE se incrementó en dos décimas entre enero y marzo de este año y llegó al 68,2% de la población en edad de trabajar, un ritmo de progresión similar al constatado en cada uno de los cuatro trimestres de 2017. La proporción de personas con un puesto de trabajo entre los que tienen de 15 a 64 años aumentó en los tres primeros meses del año en 28 de los 36 países considerados en esta estadística, que fue presentada hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las mayores subidas en términos relativos fueron las de Japón (seis décimas, hasta el 76,3%) y Hungría (cinco décimas, 69,2%). También hubo incrementos significativos en el Reino Unido (tres décimas, 74,7%) o en México (tres décimas, 61,4%). Por el contrario, hubo caídas de cuatro décimas en Islandia (hasta el 85,2%, pese a todo, la tasa más elevada de los miembros de la organización) o de dos décimas en Canadá (73,7%). En Estados Unidos, el ascenso fue de dos décimas hasta el 70,5% y de una décima en la zona euro como conjunto, con el 66,9%.

Dentro de la zona euro, en Alemania hubo un descenso de una décima (75,6%), mientras no hubo cambios en Francia (65,2%) o en Italia. Se constató una subida de una décima en España (61,7%), de dos en Bélgica (64,1%) o de tres en Finlandia (71,3%). Las tasas de empleo más elevadas de la OCDE, aparte de la de Islandia, fueron las de Nueva Zelanda (77,5%), Suecia (77,2%), Holanda (76,5%) y Japón (76,3%). En el extremo opuesto, Turquía tuvo la más baja (52,5%), seguida por Grecia (54,1%), Italia (58,2%), México (61,4%), España (61,7%) y Chile (62,8%). Al finalizar el mes de marzo, en los 36 países incluidos en la estadística tenían empleo 567.294.000 personas.

Los autónomos piden una tarifa de 50 euros para los que ingresen menos del SMI

La Federación de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) –que representan conjuntamente a más del 75% del colectivo– presentaron ayer una propuesta conjunta para que el colectivo de empleados por cuenta propia cotice en función de sus ingresos reales a la Seguridad Social. Para ello, han planteado cinco tramos a los que se acogerían los autónomos en función de sus ingresos y que evitarían, según defienden, que tres de cada cuatro autónomos se vieran afectados o tuvieran que elevar su base de cotización. Dicho de otro modo, un 75% pagaría lo mismo, o incluso menos.

El primer tramo incluiría a todos aquellos que facturan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año asciende a 735,9 euros mensuales (10.302,6 euros al año). Un colectivo que, según los últimos cálculos, agrupa a cerca de 550.000 autónomos y para los que la propuesta defiende una tarifa plana de 50 euros al mes, frente a los 279 euros de la base mínima. Si bien, tendrán que demostrar con su declaración de la renta que no sobrepasan dicho umbral.

Entre el SMI y los 30.000 euros anuales, las asociaciones proponen que los autónomos puedan seguir eligiendo la base de cotización y no tendrían que pagar más de cotización a la Seguridad Social al finalizar el año fiscal, aunque optaran por la base mínima. En el tercer tramo se situarían los autónomos con ingresos por entre 30.000 y 40.000 euros anuales. Este colectivo podrá elegir su base de cotización cada año y en junio, una vez conocido su facturación neta del ejercicio anterior, tendrían que aportar la diferencia entre la base cotizada y una base fija de 15.000 euros anuales.

Los autónomos con ingresos netos de entre 40.000 y 60.000 euros al año podrán también elegir su cotización y ajustarla en el mes de junio con la Seguridad Social. En este caso, la base anual será de 18.000 euros. El último tramo encuadrará a los profesionales por cuenta propia con ingresos netos superiores a 60.000 euros al año, que verán como su base de cotización se eleva a 24.000 euros al año. En la actualidad, solo unos 14.000 autónomos pagan a la Seguridad Social por la base máxima pese a que según datos de UPTA hay unos 400.000 que ingresan más de 40.000 euros netos al año.

ATA y UPTA proponen también al equipo de Valerio que bonifique el 100% de la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social durante el tiempo en el que el trabajador está de baja, además de reforzar la labor de la Inspección en cuanto a la situación del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Trade).

Asimismo, han abogado por recuperar el diálogo institucional entre autónomos y el Ministerio de Trabajo, así como por crear una Comisión de Expertos en materia de Seguridad Social que desarrolle sus trabajos de forma paralela a la subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el Congreso.

El Gobierno dará dos décimas adicionales de margen a las comunidades autónomas en las previsiones de déficit fiscal para 2019

Unos 2.500 millones de euros más, según el reparto del nuevo escenario fiscal diseñado y propuesto ya a Bruselas, y que este martes será explicado por Pedro Sánchez en el Congreso. El nuevo déficit fiscal esperado de las administraciones públicas será del 1,8% en 2019, tal como anunció la ministra de Economía, en vez del 1,3% estimado anteriormente; y de ese incremento de cinco décimas, dos serán absorbidas por las comunidades autónomas, y los tres restantes lo serán de manera casi exclusiva por el sistema de Seguridad Social para hacer frente al creciente desequilibrio de las cuentas de las pensiones.

Con este nuevo reparto, que deberá ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y que será también sometido a la consideración de las Cortes, las comunidades dispondrán de un volumen de gasto adicional de casi 2.500 millones de euros. Con este nuevo escenario presupuestario, las comunidades podrán cerrar sus cuentas agregadas con un déficit del 0,3% del PIB en 2019, frente al estimado en el Programa de Estabilidad del 0,1%, y podrían alcanzar el equilibrio ya en 2020 o 2021.

El Gobierno permite tal margen en las cuentas de las comunidades autónomas porque son las instituciones públicas con mayores necesidades para cubrir los servicios sociales, la educación y la sanidad. Pero pretende también lograr el respaldo político del Partido Popular, que gestiona prácticamente la mitad de las regiones.

Sin el apoyo explícito del Partido Popular en el Senado, o al menos una abstención, el Gobierno no podría modificar los objetivos de déficit que ha comunicado a Bruselas para los años 2019, 2020 y 2021, y que servirán de guía para elaborar los presupuestos del año próximo y siguientes. Aunque el techo de gasto solo precisa de la comunicación al Congreso, un cambio en los objetivos de déficit tiene que tener el voto favorable de las dos Cámaras. Y si no lo obtuviese, el Gobierno debería ceñir el proyecto de presupuestos al objetivo aún vigente proyectado por el anterior Ejecutivo, lo que dificultaría los planes de Sánchez en materia presupuestaria, especialmente su agenda social y el estímulo al crecimiento a los que la ministra de Hacienda hizo alusión cuando explicitó la nueva senda fiscal. Además del 1,8% para 2019, la nueva senda fija un déficit del 1,1% en 2020 (frente al 0,5% de Rajoy) y del 0,4% en 2021 (frente al superávit del 0,1% inicial).

Por lo que se refiere a las cuentas de 2018, dado que están ya aprobadas por las Cortes, no habrá un cambio en el objetivo de déficit; simplemente el desequilibrio fiscal llegará al 2,7% del PIB, en vez del 2,2% comprometido, admitiendo ante Bruselas la existencia de una desviación de cinco décimas, y que improbablemente supondría sanción. El Gobierno estima que las previsiones de Rajoy eran irreales para este ejercicio. Este año las comunidades se ceñirán al objetivo marcado, con déficit del 0,4% del PIB.

Hacienda prevé aprobar este viernes el techo de gasto

El Gobierno aprobará probablemente este vienes el límite de gasto no financiero para 2019, el conocido como techo de gasto, que constituye el primer paso para la elaboración del presupuesto del próximo año. Según han indicado a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda, si finalmente no se aprobara en el Consejo de Ministros de esta semana, se le daría el visto bueno el viernes 27 de julio.

El techo de gasto se aprobará junto a los objetivos de déficit y deuda pública, por lo que antes de pasar por el Consejo de Ministros se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representadas las comunidades autónomas. El techo de gasto tendrá que ser acorde con el objetivo de déficit público pactado con Bruselas (2,7% del PIB) y según apuntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana, sustentará unos presupuestos “sociales y redistributivos”.

El Gobierno ha planteado en todo momento que prevé presentar en plazo tanto el techo de gasto -que no requiere la aprobación de las Cortes, aunque acompaña a los objetivos de déficit y deuda que sí se someten a votación- como el proyecto de Presupuestos, que tendría que aprobarse antes de que termine septiembre. Para 2018, el techo de gasto es de 119.834 millones de euros, un 1,3 % más que en 2017.

El IVA en tiempo real se implanta con éxito en un año

La Agencia Tributaria tardaba de 30 a 90 días en conocer la facturación realizada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Un plazo que, en solo 12 meses, ha descendido al entorno de solo tres días. Semejante revolución se debe a la entrada en vigor, el 1 de julio de 2017, del Suministro Inmediato de Información (SII), el nuevo modelo de intercambio de información en tiempo real del IVA por medios electrónicos. En el aniversario de este cambio, tanto Hacienda como los asesores fiscales y las empresas a las que asisten coinciden en señalar que la implantación de la medida ha sido un “éxito”, pese a que el proceso no ha estado exento de dificultades.

La exigencia impuesta por Hacienda suponía que el periodo para informar de las facturas emitidas o recibidas debía descender a ocho días en el segundo semestre de 2017 y a solo cuatro a partir de 2018. Los datos recopilados por la Agencia Tributaria apuntan que el plazo medio de remisión de facturas emitidas entre enero y junio de este año ha bajado ya a 3,14 días naturales (pese a que la exigencia son cuatro días laborables), mientras que el periodo de entrega de facturas recibidas cae hasta 1,91 días, de media.

Todo un hito teniendo en cuenta que 57.000 compañías, responsables del 80% de toda la facturación nacional, son sujetos pasivos del IVA integrados en el SII. Se trata de todas las empresas que facturan más de seis millones de euros al año, además de las que solicitan la liquidación mensual del impuesto. El grado de cumplimiento de sus obligaciones “supera el 95%”, según la Agencia Tributaria. Si del colectivo de empresas obligadas a cumplir el SII se excluyen las entidades exentas de presentar liquidaciones de IVA, el porcentaje de cumplimiento llega al 98%.

A 9 de julio, el sistema del SII había incorporado más de 3.800 millones de registros de facturación. De ellos, 2.800 millones se corresponden con apuntes en el libro de registro de facturas expedidas, por importe de más de 2,47 billones de euros, y casi 1.000 millones proceden de facturas recibidas, por un importe de más de 2,24 billones de euros.

El objetivo de Hacienda con este sistema es contar con información prácticamente en tiempo real, que le permita cruzar facturas emitidas y recibidas para contrastar la información, acelerando la recaudación –que aspira a elevar en 350 millones, al prevenir el fraude– y adelantando las devoluciones. Además, el proceso se simplifica al evitar la obligación de presentar los modelos 347 (información de terceros), 340 (operaciones en libros registro) y 390 (resumen anual del IVA).

De momento, el cambio normativo ha rebajado la recaudación del IVA en 421 millones respecto a 2017, según el último informe de la Agencia Tributaria, de mayo. El documento detalla que el descenso se debe de un lado a los 178 millones devueltos con mayor celeridad que el año anterior y, de otro, a que los ingresos caen en 243 millones por el efecto del calendario, ya que el SII supuso dar 10 días más a las empresas para liquidar el IVA (del día 20 al 30), lo que difiere un mes los ingresos y crea diferencias que se diluirán cuando la comparación se haga sobre un ejercicio completo con el SII en marcha.

“Las compañías se han adaptado perfectamente y ha sido un golpe de productividad para el país, porque ha permitido una gran velocidad en el control de las operaciones y en el envío de las facturas. No solo ha sido bueno para la Administración”, expone Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020. Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan.

También, continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.

Respecto a los ‘falsos autónomos’, el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.

El diseño y ejecución de estos dos planes tiene “muy en cuenta” planes similares que han tenido buenos resultados, como el puesto realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.

No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

China frena un 92% la inversión en EEUU y la redirige a Europa

Las inversiones empresariales chinas en Estados Unidos se han frenado en seco. Según un estudio que acaba de elaborar el bufete Baker McKenzie, el flujo inversor ha acelerado su rumbo de Norteamérica hacia Europa. Así, las inversiones chinas en EEUU han caído un 92% durante el primer semestre de 2018. Han pasado de 24.000 millones de dólares en la primera mitad de 2017 a solo 2.000 millones este año.

Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) anunciadas por compañías chinas en Europa en el primer semestre del año alcanzan los 20.000 millones de dólares mientras que en EEUU totalizan 2.500 millones de dólares. De esta redirección de inversiones hacia Europa, España ha recibido un flujo inversor de 1.100 millones de dólares procedente de inversores chinos, lo que sitúa al país en el quinto puesto de preferencia europea, por detrás de Suecia, Alemania, Reino Unido y Francia.

A finales de 2016, el Gobierno chino ya instó a los empresarios locales a desinvertir en EEUU. Una política proteccionista que provocó que las inversiones chinas en Norteamérica se redujeran de 24.000 millones de dólares en la primera mitad de 2017, a 6.000 millones en la segunda mitad del mismo año. El estudio también apunta que las inversiones directas finalizadas por el gigante asiático en Estados Unidos solo han alcanzado los 2.000 millones de dólares, frente a los 12.000 millones de inversiones completadas en Europa en el último semestre de 2017.

“No nos sorprende que, en el actual clima de tensión comercial y subida de aranceles, los inversores chinos hayan decidido llevar a cabo un mayor número de desinversiones en EE UU. No obstante, la tensión comercial no es el origen de la ralentización de la inversión china en el extranjero. Esta se viene produciendo desde finales de 2016 por el endurecimiento de las restricciones regulatorias por parte de Pekín debido a la ingente cantidad de inversiones que salieron previamente de China”, avisa Maite Díez, socia de M&A de Baker McKenzie.

La guerra comercial entre Washington y Pekín se endureció el pasado jueves cuando el Gobierno de Trump hizo efectiva la aplicación de aranceles a la importación de productos chinos por 34.000 millones de dólares. Las autoridades chinas anunciaron represalias por el mismo valor.