Justicia creará 70 órganos judiciales y 70 plazas de fiscales en 2022

El Ministerio de Justicia tiene previsto en 2022 la creación de setenta nuevos órganos judiciales y la ampliación de la plantilla de fiscales en otras tantas plazas, según ha anunciado el secretario de Estado del ramo, Pablo Zapatero, en el Congreso de los Diputados. Pablo Zapatero ha comparecido en la Cámara Baja para informar de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2022, que ascienden a 2.247 millones de euros, un 11,6% más que en 2021. Ha subrayado que el capítulo referido a gastos de personal se cifra en 1.646 millones, conformando el grueso del presupuesto (el 73,3%) y dentro de él ha destacado la creación de los nuevos órganos judiciales y la ampliación de la plantilla de fiscales referidos.

Igualmente ha anunciado una oferta pública de empleo de 200 plazas de nuevo ingreso en las carreras judicial y fiscal. Para el próximo año los presupuestos prevén además una tasa de reposición del 120% para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios al servicio de la misma, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto a 2021 y de 20 puntos respecto a 2020. El capítulo de transferencias corrientes experimenta un incremento del 27,8% pasando a 83 millones de euros, que se traduce en un aumento de las dotaciones destinadas a asistencia jurídica gratuita.

Dentro de la asistencia jurídica especializada se prevén asimismo los compromisos derivados del pacto de Estado contra la violencia de género y de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, con un incremento del 40% respecto a 2021. El secretario de Estado ha marcado entre las prioridades del Ministerio la transformación digital de la justicia y varios proyectos que se llevarán a cabo en cogobernanza con las comunidades autónomas como la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios.

También se ha referido al gasto previsto por importe de 1,62 millones de euros que se destinarán a atender un programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. El diputado del PP Luis Santamaría ha señalado que son unos presupuestos basados en un cuadro macroeconómico desfasado y corregido a la baja en el que «las infraestructuras jurídicas son las grandes olvidadas» y que no abordan la equiparación salarial de los funcionarios dependientes del Ministerio con los de comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas.

Los precios industriales se disparan un 23%

Los precios industriales encadenan así nueve meses de subidas, adentrándose en una espiral alcista que se aceleró sobre todo a partir de abril, a medida que la reapertura de la economía ganaba fuerza y la amenaza del Covid se diluía a golpe de vacuna. Pero esa salida del túnel generó otros problemas que ahora amenazan con lastrar la recuperación: un fuerte desajuste entre una demanda en ascenso y una oferta que no logra seguirle el ritmo; cuellos de botella en las cadenas globales de producción por las variantes del Covid, y la escasez y encarecimiento de las materias primas y el transporte. Todo ello aderezado por una crisis energética sin precedentes.

Precisamente, el coste energético explica la mayor parte del fuerte salto cuantitativo de los precios industriales, con un alza del 63,7% interanual en los precios del suministro de energía eléctrica y gas; seguido del encarecimiento en un 62,3% del refino de petróleo. A ellos se suman la subida del 44,9% en la metalurgia, o del 24,6% en la industria química, reflejo del virus alcista que experimentan las materias primas y bienes intermedios y que ya se ha inoculado a otros sectores, como la industria del papel (+10,8%), la madera (+8,2%), o la alimentación (+7,5%). De todas las ramas manufactureras, solo hay una en que los precios se abaratan tímidamente: la fabricación de bebidas (-0,5%).

Para las compañías, esta escalada libre de los precios industriales supone un torpedo en la línea de flotación de sus márgenes, ya que, si bien algunas no han tenido más remedio que repercutir parte de la subida en los precios al cliente, otras muchas no lo han hecho todavía para no dañar más su posición competitiva en un contexto en el que la inflación crece más en España que en el promedio de la UE, a la que se destina más del 60% de las exportaciones españolas. «Hasta ahora se vienen absorbiendo las subidas, pero eso ya no se puede soportar más», señalan a EXPANSIÓN fuentes de Confemetal, que califican la subida de los precios industriales de «dramática».

Dichas fuentes añaden que la Industria está «muy preocupada y en riesgo», sin olvidar el efecto dominó que ya empieza a provocar en otros sectores, como el comercio y la distribución. De hecho, el sector de gran consumo ya ha comenzado a subir precios ante la imposibilidad de ajustar más los márgenes. «Las empresas están tratando de absorber este impacto (de la inflación) todo lo que pueden, pero más allá de eso estamos abocados a que suban los precios», señaló recientemente Ignacio González, presidente de Aecoc.

Y lo peor es que no se vislumbra una tregua en un futuro inmediato. «No pensamos que esto se vaya a resolver a corto plazo», advierten desde Confemetal. Primero, porque consideran que la crisis de la energía «no es un problema coyuntural, sino estructural». Y segundo, porque «el transporte también va a seguir complicándose». Dos factores que seguirán tirando al alza de costes y precios.

Estas sombrías perspectivas se han convertido en motivo de máxima preocupación para los empresarios españoles y en una de las grandes amenazas para la reactivación, tal como reflejaba la encuesta publicada el lunes con motivo del XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Seis de cada diez empresarios creen que la fuerte subida de precios y el desabastecimiento de algunos materiales es en estos momentos el mayor riesgo para la economía.

Y es que la espiral inflacionista no solo comprime las rentas reales de hogares y empresas, como advirtió el Banco de España, sino que también cercena su capacidad inversora y su competitividad internacional: los precios industriales en la UE escalaron un 13,4% en agosto (último dato disponible), mientras que en España lo hicieron casi un 18% ese mes.

La inflación y los tipos al alza presionan al BCE

Los expertos coinciden en que la reunión de noviembre será de transición hacia el encuentro del mes siguiente. No se esperan anuncios de calado, aunque sí pistas de cómo continuar garantizando unas condiciones óptimas de financiación tras el plan antipandemia y, sobre todo, una señal de cómo abordar la subida persistente de los precios en la zona euro. El alza de la inflación, que el BCE insiste en calificar de transitoria, aunque su duración esté siendo mayor de lo previsto, está de hecho tensionando el mercado de deuda y elevando las expectativas de subida de tipos en la zona euro. Esto último algo impensable hace poco más de un mes.

El rendimiento del bono alemán a una década está cada vez más cerca del cero. Llegó a marcar el pasado 12 de octubre el -0,0859%, máximos desde mayo de 2019. Y ahora cotiza al mayor nivel desde mayo de este año, en el -0,127%. Las expectativas de inflación, según los futuros a 5 años, uno de los indicadores de precios a los que el BCE presta más atención, también están subiendo con fuerza y se sitúan en el 2,0509%, su mayor nivel desde septiembre de 2014 y por encima incluso del objetivo de precios del 2% que se ha marcado el BCE en su nueva estrategia. No en vano, los precios de la zona euro han crecido en septiembre el 3,4%, la mayor tasa desde septiembre de 2008, fruto del alza imparable de los precios de la energía y de los problemas de suministro.

El alza de precios, que se refleja ya claramente en unas rentabilidades más elevadas para la deuda, será por tanto un debate obligado en la reunión de mañana del Consejo de Gobierno del BCE. Será el penúltimo encuentro al que asista el aún presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que presentó la pasada semana su dimisión y que advirtió en su despedida que “no hay que perder de vista los riesgos de la inflación”.

El BCE decidió en septiembre rebajar la intensidad de sus compras mensuales de activos, ante la evidente recuperación de la economía de la zona euro. El contexto sin embargo ha dado un vuelco y los elevados precios de la energía y los problemas de suministro hacen temer ahora un freno del crecimiento, que en el mercado se refleja en mayores rendimientos en la deuda soberana. En consecuencia, el BCE no ha rebajado la intensidad de sus compras en este mes

Programa PEPP. El BCE adquirió la semana pasada otros 18.644 millones de euros dentro del programa de compras antipandemia, que ya alcanza un total de 1,459 billones de euros. En la actualidad, el volumen de compras del PEPP ronda los 70.000 millones al mes, a los que se suman otros 20.000 millones del programa previo.

El Gobierno aprueba la ley de vivienda que permite topar y congelar el precio del alquiler

Tras un año de tiras y aflojas y de duras negociaciones, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya tiene listo el texto de la primera Ley estatal por el derecho a la vivienda, aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso por trámite de urgencia. La norma establece por primera vez un marco estatal de definición en conceptos como área de mercado tensionada, vivienda digna o gran tenedor de vivienda, a la vez que permite a las diferentes administraciones actuar para bajar o congelar los precios del alquiler o penalizar los inmuebles deshabitados.

El Consejo de Ministros, a su vez, ha prorrogado hasta el próximo 28 de febrero el llamado escudo social que suspende los desahucios de familias vulnerables, permite las moratorias en el pago de las rentas y prorrogar los contratos del alquiler o prohíbe el corte de suministros básicos. Con la aprobación de la ley, ha explicado tras el consejo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el Gobierno fortalece la función social de la vivienda. El texto será tramitado por procedimiento de urgencia para que llegue a Cortes antes de que termine el año, ha recalcado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, «feliz» de presentar una norma que hace de la vivienda un derecho a proteger. «Es una ley histórica para combatir los excesos del mercado inmobiliario y para dar seguridad jurídica al proteger al inquilino y al propietario».

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, estará sujeto a las posibles enmiendas y cambios que los grupos parlamentarios introduzcan en el periodo de tramitación. La ministra Raquel Sánchez ha detallado que el escenario que baraja el Gobierno es que la normativa se apruebe «en el segundo semestre de 2022». Por ahora, estas son las principales claves.

¿Qué es un gran propietario? La ley de vivienda establece una serie de definiciones clave de cara a facultar a las comunidades autónomas y ayuntamientos a que pongan en marcha una serie de medidas. Una de estas definiciones es la que marca la frontera entre los pequeños y los grandes caseros. Así, la norma establece que el gran tenedor de vivienda es la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

¿A quién afecta el límite de precios? La regulación de los precios del alquiler ha sido la gran batalla entre los dos socios de Gobierno a lo largo de todos los meses de negociación. Finalmente, las dos formaciones han optado por una herramienta intermedia que permite que las comunidades autónomas limiten los precios en las zonas tensionadas siempre que las viviendas pertenezcan a grandes propietarios con personalidad jurídica (es decir, una empresa). Así, los topes a los precios en las autonomías que decidan aplicar la normativa dependerán de una estadística oficial que todavía tiene que estructurarse y que tardará en estar lista 18 meses, según recoge el texto legislativo.

¿Qué es un área de mercado tensionado? Para que el límite de los precios pueda aplicarse sobre los grandes tenedores con personalidad jurídica, la administración competente deberá definir una zona (ya sea una calle, un barrio, un distrito o una ciudad entera) como área de mercado tensionado. La ley establece dos requisitos que tienen que cumplirse para que esto suceda. Por un lado, el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, más los gastos y suministros básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones, impuestos vinculados al inmueble y gastos de comunidad), debe superar «el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares”. Por otro, en estas áreas, los precios de compra o alquiler deben haber subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico.

¿Qué pasa con los pequeños caseros? Los pequeños propietarios y los grandes tenedores con personalidad física que tengan viviendas en las zonas tensionadas no estarán sujetos a esta limitación de precios, pero sí a una congelación de las rentas que afectará tanto a los nuevos contratos como a los ya firmados. El inquilino de una zona tensionada que esté a punto de ver finalizar su contrato podrá pedir una prórroga extraordinaria de tres años en los mismos términos, es decir, abonando la misma cantidad. A su vez, en los nuevos contratos, la renta estará limitada al precio establecido en el contrato anterior. En ambos casos, no obstante, los precios podrán adecuarse al IPC.

La congelación de precios para pequeños propietarios y grandes tenedores con personalidad física tendrá, sin embargo, una serie de excepciones que permitirán encarecer los precios hasta un máximo del 10%. Por un lado, el casero podrá subir la renta si firma un contrato con una duración mínima de 10 años. Por otro, tendrá permitido encarecer el precio (de nuevo hasta un 10%) si demuestra haber realizado obras de mejora en la vivienda para rehabilitarla, mejorar la accesibilidad o lograr un ahorro del 30% en el consumo de energía.

La ley de vivienda incluye la propuesta de Transportes de utilizar los incentivos fiscales para propiciar un abaratamiento generalizado de los precios del alquiler. Por norma general, la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que actualmente se sitúa en un 60% de los rendimientos del alquiler, se reduce al 50%. Esta cantidad, sin embargo, será modulable hasta una bonificación máxima del 90% en función de una serie de requisitos. La norma, por ejemplo, recoge bonificaciones del 60% si la vivienda se ha rehabilitado dos años antes, del 70% si se alquila a menores de 35 años en una zona tensionada, y del 90% si se ha rebajado el precio del alquiler un 5%, de nuevo en un área tensionada.

La normativa también deja varias decisiones en manos de los ayuntamientos. Así, los consistorios podrán penalizar mediante un recargo de hasta el 150% en el IBI a «aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal», como ser segunda residencia, estar en obras de rehabilitación o estar ofertada en el mercado. El recargo fija un 50% por tener una casa vacía, de otro 50% si la desocupación se prolonga durante tres años, y de otro 50% si el mismo propietario tiene dos o más inmuebles vacíos en la misma zona.

La ley de vivienda recoge un cambio en la fiscalidad de las conocidas como entidades arrendadoras de viviendas, que verán rebajada en 45 puntos, hasta el 40%, la bonificación con la que cuentan en el impuesto de sociedades. Esta ventaja afecta a empresas que tengan arrendadas más de ocho viviendas y que permanezcan alquiladas durante más de tres años, según los regímenes tributarios especiales recogidos por la Agencia Tributaria.

Entre otras medidas destinadas a incrementar el parque de vivienda social en España, el texto legislativo establece una reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones que deberá destinarse a la vivienda protegida, reservando un 50% de esa cantidad al alquiler social. Esta reserva, con todo, tendrá que ser compensada a las promotoras por los ayuntamientos que decidan exigirla. La normativa, ha recordado Raquel Sánchez, también blinda la vivienda pública para que las administraciones autonómicas y locales (quienes tienen competencias en la materia) no puedan enajenar el parque público.

Respecto a los desahucios, ha recordado la titular de Transportes, la norma establece que serán los juzgados los que, de oficio, suspendan los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables durante dos meses, si el demandante es una persona física, y durante cuatro meses si es persona jurídica. En ambos casos, la administración tendrá que buscar una solución habitacional para los afectados.

Las eléctricas se librarán del recorte si demuestran que no venden en el ‘pool’, sino a plazo

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley (RDL) que incluye una rectificación o “desarrollo” del aprobado el 14 de septiembre, con el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía recaudar 2.600 millones de euros en seis meses mediante la minoración de los ingresos extraordinarios que, debido al precio marginal del gas, recaudan las grandes eléctricas que generan energía nuclear e hidráulica.

Se trata de una norma con medidas de choque (incluía también una reducción del impuesto especial de la electricidad del 5% al 0,5%) destinadas a paliar la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool). La recaudación derivada del recorte a las grandes eléctricas se destinaría a la rebaja de los cargos de los peajes de la factura de la luz de los consumidores, que se aplica desde la aprobación del RDL.

El revuelo provocado por la norma, que establecía la minoración para todo tipo de contratos bilaterales, fuese del tipo que fuese, derivó en dos rectificaciones del ministerio: una a través de una carta al operador del sistema, REE, en la que dejaba fuera de la minoración a los contratos bilaterales entre productor y consumidor final (como los PPA), y otra, la aprobada ayer, en que también deja fuera a los bilaterales entre una generadora y una comercializadora de un mismo grupo empresarial.

Endesa e Iberdrola, las principales afectadas por el recorte, han insistido en que sus contratos internos son a plazo fijo y no recoge los windfall profits del gas y que la detracción iba a ser un mazazo para su cuenta de resultados y la imposibilidad de renovar los contratos a la industria, salvo recurriendo al pool y cobrando su precio, en las últimas semanas por encima de 200 euros/MWh. El Gobierno comprendió que la medida “se cargaba” los PPA y que, legalmente, tan bilaterales eran estos contratos como los intragrupo.

A falta de conocer la nueva fórmula de minoración, que deroga la del RDL de septiembre (todo ingreso las inframarginales superior a un precio del gas superior a 20 euros/MWh, ajustado con ciertos parámetros), Transición Ecológica informó de que, respecto a los contratos a plazo, el RDL “precisa el ámbito de la aplicación de la minoración temporal de los beneficios extraordinarios de las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista aprobada en el plan de choque”.

Además, añade, “para aportar una mayor seguridad jurídica, se establece que la minoración no afectará a la energía de las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, se haya contratado antes del 16 de septiembre o cuando tenga una cobertura superior a un año en el caso de firmados después de esa fecha”. Para demostrar que la energía está bilateralizada y no se vende en el pool, “los productores susceptibles de ser minorados tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en el RDL”. Y señala que “la inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico”.

En general, se impone una mayor transparencia en los contratos. Según recuerda el ministerio, “en el mercado mayorista de la electricidad existe la obligación de que los productores y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC sobre los instrumentos de contratación a plazo, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial o con terceros. Al menos, deberán facilitar la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectada, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado”.

A través de lo que se considera un incentivo negativo (precios al margen del pool para no ser minorado), el Gobierno espera lograr precios razonables para la industria. Ayer no desveló el precio que considera “razonable”. El real decreto ley (RDL) incluye una ampliación del bono social de la luz durante seis meses para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, así como una ayuda directa para calefacción, cocina y agua caliente sanitaria (el llamado cheque térmico), que oscila entre los 25 y los 124 euros, dependiendo de la zona climática, y una media por usuario de 90 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica vendió estos beneficios como la medida estrella del RDL, para hacer sombra a la rectificación relativa al recorte de las eléctricas. Para esos dos tipos de consumidores, el descuento en el PVPC pasará del 25% al 60%, en el primer caso, y del 40% al 70%, en el segundo. Se consideran vulnerables los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales (como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE).

Disfrutan del bono social 1,2 millones de hogares. Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico. El nuevo cheque supondrá añadir 100 millones de euros adicionales al actual, con lo que la ayuda total asciende a 202,5 millones. En este caso, los fondos proceden de los Presupuestos del Estado, mientras que el coste del bono eléctrico lo asumen todas las comercializadoras. En el caso del vulnerable en riesgo de exclusión social, que no paga, hay una aportación de las comunidades autónomas. Estas son las responsables de enviar el cheque térmico a quien le corresponda.

España solicita a Europa ‘desacoplar el precio de la energía’ y fijar el precio del gas

La secretaria de Estado de Energía de España, Sara Aagesen, ha solicitado este martes a los titulares de energía de Europa fijar el precio del gas y dividir el precio de la energía en “marginal e inframarginal”. La petición de Aagesen, que se ha dado en el contexto de un pleno extraordinario del Consejo de Europa, busca profundizar en otras medidas que el Gobierno ha presentado a los 27 para controlar la crisis energética que afecta a todo el bloque. Países Bajos, Alemania y otros miembros se han mostrado en contra de hacer reformas profundas que puedan afectar el mercado único energético europeo, mientras que Francia e Italia coinciden más con España.

La representante española ha solicitado “Desacoplar los precios de la electricidad dentro el mercado marcando dos precios, el marginal e inframarginal, de forma que se obtendría un precio medio de referencia para los consumidores. De esta manera, el precio de la electricidad estaría directamente vinculado al mix de producción de cada país. En el caso español, vinculado a las externalidades positivas que tiene la generación renovable. De esta manera, estaríamos menos expuestos a las volatilidades”.

Aagesen, solicitó además fijar un precio máximo del gas para generar “impacto en el mercado mayorista”, aunque añadió que se tendría que dar una compensación a los sujetos afectados. España también insiste en otras dos ideas que ya había trasladado a Bruselas en estas semanas de debate: la creación de una plataforma para la compra conjunta de gas para establecer una reserva estratégica de este recurso y examinar la especulación en el sistema de comercio de emisiones de CO2.

Con estas propuestas, el Gobierno español apunta a cambiar el sistema marginalista de precios en la UE, en el que la energía más cara marca el precio total y que se ha visto recientemente golpeado por el alza en el precio mundial del gas. “Lo que no es normal que los ciudadanos y las empresas no perciban los beneficios y el abaratamiento de la electricidad. Sí perciben los beneficios medioambientales, pero no el beneficio completo de estas políticas que se apoyan a nivel europeo” ha afirmado Aagesen, que también resaltó que España ha aplicado “todas y cada una” de las medidas de la caja de herramientas que la Unión Europea ha puesto a disposición de los miembros.

La comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, no se ha mostrado convencida sobre la propuesta española: «No está totalmente claro cómo funcionará en la práctica un sistema con precios para las distintas fuentes de energía o si será mejor alternativa que el diseño actual del mercado eléctrico», ha dicho en una rueda de prensa la tras la reunión en Luxemburgo.

Por otra parte, un grupo de países liderado por Alemania, Países Bajos y los nórdicos han publicado una declaración conjunta justo antes de la reunión de ministros de Energía en la que rechazan una reforma de calado del mercado eléctrico europeo y apuestan por medidas nacionales temporales para actuar frente al aumento actual de los precios.

Europa concuerda en que debe tomar medidas como bloque para enfrentar la crisis energética, sin embargo, está dividida en cuanto al enfoque el bloque debe tomar. Mientras que España, Francia e Italia abogan por reformas profundas que permitan al bloque blindarse frente a futuras subidas en el precio del gas, Alemania, Países bajos y los países nórdicos, que afirman que la crisis es coyuntural, abogan por reformas menos radicales.

Sánchez acepta que Díaz lidere la mesa, pero con una propuesta común del Gobierno

“No hay ningún problema para que, formalmente, en la mesa (de negociación de reforma laboral) quien represente al Gobierno sea el Ministerio de Trabajo, pero en esa mesa, donde también se tomarán decisiones que afectan a otros departamentos, participen también miembros de estos departamentos”. Estas palabras de la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, dejaban hoy entrever la solución al cisma generado por la negociación de la futura reforma laboral entre las dos vicepresidentas, la primera, Nadia Calviño y la segunda, Yolanda Díaz.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría accedido a que sea la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, la que dirija las negociaciones con empresarios y sindicatos de aquí a fin de año, tal y como venía haciendo, pero con una propuesta conjunta en la que participe todo el Gobierno. O, al menos, los departamentos implicados directa o tangencialmente. De hecho, la portavoz del Ejecutivo puso dos ejemplos al destacar que “parece razonable que, en una reforma de esta dimensión, en la que se van a reformular los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), participe el responsable de Seguridad Social en los debates y en las decisiones de este nuevo instrumento”. Asimismo, emplazó al ministerio de Educación a participar para la implementación de la FP Dual.

Para ello, fuentes gubernamentales esperaban cerrar un acuerdo hoy mismo con Unidas Podemos al respecto, para que estén ya representados otros ministerios distintos a Trabajo en la reunión prevista para hoy miércoles entre el Gobierno y los agentes sociales. Aunque a última hora de hoy no estaban oficialmente convocados estos ministerios, estas mismas fuentes daban por hecho que la convocatoria podría cambiar incluso mañana, pocas horas antes del encuentro.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también dijo ayer que “no hay inconveniente” en que Trabajo lidere la negociación. Y explicó que los problemas surgidos son de “método” y no de “sustancia”. Sin embargo, desde Roma, lejos de aceptar el planteamiento comunicado por la portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros aseguró que “seguimos debatiendo en el seno del Ejecutivo y aún no hay acuerdo”.

Es más, Díaz negó la mayor y rechazó lo dicho por Calviño. Así, en contra de cómo lo está planteando la parte socialista del Gobierno, aseguró que “el debate que existe en el seno del Ejecutivo no es de metodología, sino de contenidos”; y añadió que “el problema que ha surgido aquí es el qué, no el quién”. Ideas en las que insistió en varias ocasiones durante una rueda de prensa junto a su homólogo italiano, Andrea Orlando.

Así, la ministra precisó que ella pensaba que el debate de los contenidos “estaba ya zanjado” y “cerrado” porque lo había acordado ella misma en dos ocasiones. Una, con el propio presidente del Gobierno, antes de diciembre de 2020 y, una segunda, para redactar la propuesta de reforma laboral incluida en el componente 23 para enviar a la Comisión Europea. “Pero si hay que reabrir ese debate, se abre”, reiteró.

Es más, reprochó a quienes han generado esta polémica que a la ciudadanía española “no le importa la metodología de la negociación”, sino “si vamos a acabar con la precariedad y con la devaluación salarial que ha impuesto la reforma del PP; y si el convenio de empresa va a dejar de ser el preferente sobre otras modalidades de negociación colectiva”, dijo Díaz aterrizando los contenidos de la reforma por los que apuesta.

En cualquier caso, se mostró confiada en llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno y en llegar a tiempo para presentar la reforma en Bruselas antes de fin de año. Hizo hincapié en que “trabajará para llegar a un acuerdo” con patronal y sindicatos, recodando que: “siempre soy la última en levantarme de una mesa; es más, jamás me he levantado de una”. También descartó que la situación vaya a provocar una ruptura de la coalición de Gobierno que dijo, “goza de buena salud”.

El empleo volverá a crecer en torno a 100.000 personas en octubre

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, ha avanzado hoy que las cifras de ocupación medidas por los afiliados cotizantes al sistema se incrementarán en octubre «más que en agosto y septiembre», lo que supondrá encadenar tres meses con niveles de creación de empleo «con niveles cercanas a las 100.000 personas».

De esta forma, el número dos de la, que ha comparecido hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas de su departamento para el próximo año, ha dibujado los datos que el Gobierno publicará el próximo miércoles. Según su evaluación anticipada, Arroyo ha destacado que el mantenimiento de estos buenos datos de cotizantes se da, además, con unos niveles mínimos de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de autónomos con ayudas por la pandemia.

Este nuevo recorte de ocupados protegidos por las medidas extraordinarias por la crisis, que previsiblemente bajará de los 200.000, refleja, en opinión del secretario de Estado, que estos trabajadores no están perdiendo su empleo sino volviendo casi automáticamente a la actividad. «El riesgo a la zombificación de las empresas no ha ocurrido. No han aumentado los despidos», ha sentenciado Arroyo en la Cámara Baja.

El responsable de la Seguridad Social ha hecho hoy otro anuncio. Las cuentas que ha presentado hoy describen un saneamiento de las cuentas del sistema por la recuperación del empleo, pero, sobre todo, por el traslado al Estado de una buena parte de la financiación de gastos que se han considerado impropios del sistema de pensiones.

Así, los números rojos del sistema que este año volverán a rondar los 18.000 millones de euros (1,6% del PIB) se recortarán al 0,5% del PIB en 2022 y «será prácticamente cero en 2023 y en 2024 habrá incluso un ligero superávit». Esta mejora del déficit obedece fundamentalmente al aumento hasta 36.200 millones de euros de las transferencias del Estado a la Seguridad Social y a los 7.000 millones de préstamo del Tesoro al sistema de pensiones.

Por ello, el número dos de la Seguridad Social ha dado hoy las gracias al Ministerio de Hacienda «porque ha asumido políticas de gasto que no han decidido ellos, sino que han sido políticas aprobadas por Gobiernos anteriores». En ese sentido ha reprochado que en épocas anteriores se hayan diseñado políticas de gasto sin crear nuevas cotizaciones finalistas para ello.

Europa lanzará una directiva para un impuesto mínimo del 15% en Sociedades antes de fin de año

La Comisión Europea prevé aprobar antes de fin de año una propuesta de directiva para adoptar un impuesto mínimo del 15% en la Unión Europea, con el fin de que esta pueda ser aprobada en el primer semestre de 2022 o, en todo caso, «lo antes posible». Así lo anunció este martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. El comisario juzgó «un paso fundamental» el acuerdo adoptado en la OCDE, y respaldado por el FMI y el G20, para introducir una fiscalidad mínima en todo el mundo para las empresas. «Es un paso fundamental y estamos listos para implementarlo», dijo.

La Comisión Europea esperará a conocer el «modelo de reglas» que la OCDE prevé publicar a finales de noviembre para coordinar la introducción de esta fiscalidad mínima en las principales economías del mundo y después formulará la directiva, «antes de fin de año». El propósito es que la Presidencia francesa de la UE, en el primer semestre de 2022, impulse la tramitación. En el segundo semestre del próximo año la Presidencia corresponderá a España, que ya ha incorporado un tipo efectivo mínimo del 15% en el proyecto de ley de Presupuestos para 2022.

Gentiloni subrayó que este 15% es un nivel de base a escala global para el impuesto de sociedades, por lo que seguirá habiendo países, principalmente las grandes economías, que aplicarán un gravamen más elevado. «Un 15% en vez de un 12% en Irlanda todavía es inferior al nivel de Alemania o Italia. No estamos armonizando el impuesto de sociedades, estamos armonizando el mínimo para evitar esta carrera hacia abajo en los impuestos, que creo inaceptable especialmente tras la crisis», afirmó.

Gentiloni elogió el método de diálogo social impulsado por el Gobierno español para acometer la reforma laboral comprometida con las autoridades europeas, pero evitó adelantar ningún juicio sobre su contenido. «Evaluaremos la propuesta final que nos envíe el Gobierno, no sobre lo que vemos en la prensa», dijo Gentiloni sin querer entrar en la polémica que en los últimos días divide a los dos socios del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).

«No tenemos una preocupación especial» sobre el hecho de que la reforma española abordará las recomendaciones de la Comisión Europea, dijo Gentiloni. En particular, citó los objetivos de frenar la «segmentación» del mercado laboral (entre empleados con contratos indefinidos y temporales), la «precariedad» de los empleos, «mejorar la negociación colectiva de los salarios», y dota de un mayor «dinamismo» a las relaciones laborales. «Estamos muy expectantes en la Comisión, pero solo evaluaremos la propuesta que nos llegue», dijo el comisario. Del cumplimiento de los objetivos de aprobar antes de fin de año una reforma laboral y una primera fase de la reforma de pensiones dependerán el desembolso de fondos europeos a España previsto para junio de 2022.

El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado el golpe de gracia a la plusvalía municipal. Después de varias sentencias desde 2017 que anularon este impuesto para cuando hay pérdidas o no hay incremento de valor, el Pleno ha declarado inconstitucional el método de cálculo de la base imponible, lo que supone la derogación definitiva del impuesto. El TC adelantó ayer el sentido del fallo, a la espera de redactar la sentencia, que lleva a los ayuntamientos al caos ante la inseguridad en la que deja a su segunda fuente de financiación tras el IBI, y que obligará a Hacienda a dar una respuesta rápida y efectiva tras más de cuatro años de inacción.

Esto, a futuro. En cuanto a sus efectos hacia el pasado, el TC parece limitar el impacto de su fallo en un impuesto que viene recaudando cerca de 2.500 millones al año. Sin embargo, las posibilidades de recursos pueden ser muy amplias. En concreto, la nota que ha difundido declara la «intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia». Esto deja fuera las resoluciones firmes y, en principio, a quien no haya recurrido. Sin embargo, los fiscalistas consultados apuntan a que quienes hayan autoliquidado el impuesto, la fórmula habitual, en los últimos cuatro años no prescritos pueden recurrir, lo que podría suponer para las arcas públicas hasta 10.000 millones. En cambio, cuando haya habido liquidación administrativa, se tendrá sólo un mes hasta la sentencia. Así lo plantea Esaú Alarcón, miembro del consejo consultivo del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Además, se estudian recursos extraordinarios de nulidad para las liquidaciones que se impugnaron en su momento. De hecho, son miles las reclamaciones a los Ayuntamientos desde antes de la primera sentencia anulatoria y, sobre todo, después, sin que el Gobierno primero del PP y luego del PSOE haya enmendado lo que cuestionó el Alto Tribunal. Este recurso proviene del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, que planteó cuestión de inconstitucionalidad al TC. En 2012, el TSJ de Castilla-La Mancha ya falló que el método de cálculo del impuesto era ilegal para un caso de Cuenca (ver apoyo al final del texto).

Cinco años más tarde, llegaron las sentencias que cuestionaron el impuesto cuando hay pérdidas en casos de las Haciendas Forales, con un impuesto similar. A diferencia de las Haciendas vascas, la de territorio común se puso de perfil. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), también liderada por el socialista Abel Caballero, exigió en 2017 al Gobierno del PP que iniciara de inmediato la modificación de la Ley de Haciendas Locales para adaptar el impuesto a la sentencia del TC. Caballero reclamó además a Hacienda que pagara el 100% de las reclamaciones que conlleven devolución al contribuyente y sugirió dos vías de cambio con todo detalle. La Hacienda de Cristóbal Montoro recogió una de ellas en un borrador de proposición de ley que remitió a los grupos parlamentarios para negociar desde febrero de 2018 que no ha tenido desarrollo y que pretendía aplicarse desde el 15 de junio de 2017, fecha de la primera sentencia del TC. Nada ha hecho la Hacienda de Pedro Sánchez desde junio de 2018.

Ya en 2017, con el impuesto parcialmente cuestionado, pero no anulado en su totalidad, se planteaba una reforma en proyecto de ley. Ahora Hacienda se encuentra con un problema mayor, ya que no se trata de una reforma lo que se requiere sino de la creación de un impuesto nuevo, con gran urgencia. Esta necesidad pone en entredicho el recurso a un real decreto ley, la fórmula más rápida y que trataría de dar certidumbre.

En este sentido, la FEMP consideró ayer que será necesario elaborar una nueva norma para «restablecer» el impuesto de plusvalía. Su presidente, Abel Caballero, aseguró que, a expensas de conocer la literalidad de la sentencia del Constitucional, «de confirmarse la primera interpretación, se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación».

El Ministerio anunció ayer en un comunicado que «revisará el impuesto para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos». Y, ante la urgencia del escenario, añadió que «ultima un borrador legal para garantizar la constitucionalidad del tributo, ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos».

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid lamentó ayer que la «inactividad» del Gobierno de Sánchez haya sumido en la inseguridad jurídica al impuesto, por el que preveía recaudar casi 500 millones de euros en 2021. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reclamó que «solucione de manera urgente las consecuencias». A su vez, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró que, si se confirmara la anulación del impuesto, el Estado estaría «obligado a compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos».

Hacienda cambiará el método de cálculo de la plusvalía municipal tras el revés del Constitucional

El Tribunal Constitucional acaba de asestar una tercera, y aparentemente definitiva, estocada al articulado del conocido como impuesto de plusvalía municipal que amenaza con dar la puntilla final a una cuestionada figura tributaria que durante años ha supuesto una de las principales fuentes de recaudación de los ayuntamientos españoles. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ultima ya un cambio legal para garantizar la supervivencia del impuesto, según fuentes oficiales.

El Gobierno aduce que, a la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ultima el borrador de un cambio legal que permitiría garantizar la constitucionalidad del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, asegurar esta vía de financiación a los ayuntamientos y preservar la seguridad jurídica.

En realidad, la reforma del llamado impuesto de plusvalía municipal lleva años pendiente, puesto que lleva recibiendo severos varapalos judiciales desde 2017, y ha ocasionado un aluvión de litigios. El cambio de Gobierno que suscitó la moción de censura de 2018, la doble convocatoria de elecciones generales de 2019 y la pandemia desatada en 2020, sin embargo, han venido retrasando la búsqueda de una solución al creciente problema legal que acompaña a este tributo.

Así, de una parte, el Pleno del Tribunal Constitucional avanzó este martes que en los próximos días redactará una sentencia por la que declara inconstitucionales, y por tanto nulos, varios de los artículos que rigen el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), en respuesta a la consulta elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga.

Considera el fallo, según avanza el Constitucional, que la norma “establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”.

En consecuencia, los magistrados han declarado la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, aclara que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de estos artículos no tendrá consecuencias retroactivas sobre aquellos asuntos judicializados que ya hayan recibido pronunciamiento en firme. La única vía para reclamar en estos casos, mucho más compleja, es tratar de pedir responsabilidad patrimonial al Estado.

El llamado impuesto de plusvalía municipal es una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos españoles, pues arroja una recaudación anual del entorno a los 2.500 millones de euros. El tributo se aplica cuando un inmueble es vendido, donado o heredado, con la idea de que la ganancia lograda por el vendedor, o el receptor del donativo o el legado, tributen por la ganancia obtenida en la operación. Los contribuyentes afectados tienen 30 días para abonar el impuesto que en la mayoría de poblaciones está sujeto a una fórmula de autoliquidación.

La nueva sentencia del Constitucional considera, sin embargo, que la fórmula de cálculo de la base imponible sujeta a gravamen es inconstitucional, lo que da al traste con el impuesto en sí. El fallo, en todo caso, ha suscitado polémica entre los magistrados del Pleno y, de hecho, cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

El próximo 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Abogado Joven

Una fecha para visibilizar las preocupaciones de estos profesionales y luchar contra la precariedad en el sector. Con ocasión del día, la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ) va a publicar un decálogo de puntos clave para mejorar la justicia. Maia Román lleva algo más de dos años presidiendo la Abogacía Joven Española. No es casualidad. Antes de representar institucionalmente a los letrados, Román organizaba en el Colegio de Alcalá, del que es secretaria de la Junta de Gobierno, grupos de jóvenes para ayudarse entre ellos. Iniciarse en la profesión siempre es complicado. “Los jóvenes abogados, además del futuro, somos el presente del sector jurídico. Tenemos un papel protagonista que debemos reclamar”, subraya.

¿Qué exigen? “Abogamos por un futuro en el que la precariedad laboral se vea disminuida, podamos conseguir la conciliación, una justicia digital sólida y una visibilización del valor de nuestra profesión”, resume Román. La abogacía aspira a mejorar la imagen que percibe de ella la sociedad.

Si hay un problema que define al joven abogado hoy en día es el de la precariedad laboral, uno de los puntos clave de ese decálogo para mejorar la justicia. Que sea un mal de muchos, no es consuelo. “Los problemas de los compañeros jóvenes que se inician en la profesión son endémicos de la sociedad a los que tampoco escapa la abogacía”, explica Román. Una “gran lacra” que se ve muchas veces materializada “en situaciones de falsos autónomos, con los perjuicios que ello supone”.

La pandemia del coronavirus ha agravado esta situación. La situación económica ha frenado el acceso de muchos jóvenes a los bufetes. “Como en todas las crisis, ya sean económicas o sanitarias, se agudizan los problemas preexistentes”, señala Román. En el caso de la pandemia por el Covid-19, “se ha dado una situación de pérdida de ingresos muy importante durante el confinamiento y las épocas en las que la administración de justicia ha estado operando al ralentí”, agrega. Una situación más dramática si cabe “cuando aún eres joven y vas más ahogado económicamente”.

La necesidad empuja a estos profesionales a aceptar ofertas que no reúnen los estándares legales. A la contratación de letrados como falsos autónomos se une situaciones de abuso de becarios en falsas prácticas. “Más allá de iniciativas colegiales o de las agrupaciones que puedan surgir para ayudar a canalizar estas denuncias, el principal mecanismo para evitar este tipo de situaciones es que haya actuaciones de inspección”, demanda Román. “Desgraciadamente, es la mejor forma de concienciar de que son inadmisibles”. Sin perjuicio de ello, añade, “las agrupaciones de jóvenes abogados y la confederación como organismo de coordinación y apoyo, deben servir para ofrecer a todos los compañeros las vías para atajar estos casos de aprovechamiento”. El problema, lamenta Román, “es que el hecho de no tener una alternativa y el miedo al desempleo frena ese ímpetu de denunciar”.

¿Quién pone el cascabel al gato? Es decir, ¿a quién corresponde perseguir las ofertas de trabajo ilegales? Maia Román cree que es un tema que exige el trabajo de todos. “Tanto el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), como CEAJ, colegios y agrupaciones deben ir de la mano en reclamar a las autoridades competentes soluciones para atajarlo”. El remedio, opina, “no depende únicamente de una parte interesada, extralimitando su ámbito de competencia”. “Ojalá fuera un problema que se pudiera solucionar por el CGAE o los colegios…”, afirma.

España pide a Bruselas permiso para salirse del sistema de precios europeo de la electricidad

Tras la cumbre europea sobre energía, llega el contraataque de Madrid con un órdago para hacer frente al zarpazo del gas. España reclama a Bruselas que le dé libertad para fijar sus propios precios de la electricidad al margen del sistema europeo, según se desprende de un documento de posición al que ha tenido acceso EL PAÍS. “En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”, dice el texto, que propone una herramienta novedosa para “desvincular” el efecto del elevado valor del gas sobre el precio final de la energía, rompiendo de forma “extraordinaria” con el mecanismo de precios que rige actualmente en la UE. El objetivo es que España (y los países que quieran adherirse a la propuesta) puedan beneficiarse en la factura final del menor coste de las energías limpias.

La reclamación española aparece en un documento oficioso circulado por España unas horas antes de que los ministros europeos de Energía celebren en Luxemburgo una reunión extraordinaria para estudiar medidas frente a una crisis energética que amenaza la incipiente recuperación tras la crisis provocada por la covid-19.

Con la propuesta, el Gobierno pretende romper con el actual mecanismo de fijación de precios marginalista, que rige en toda la UE, en el que la energía más cara que entra en el sistema marca el precio de todo el resto de fuentes. El sistema ha disparado las tarifas de la electricidad como consecuencia del encarecimiento a escala global del precio del gas, con independencia de que en varios países, entre ellos España, la producción de renovables permitiría ofrecer al consumidor una energía más barata.

“En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal de precio marginal pura (contaminada por los picos de los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio medio con referencia también al coste de las tecnologías limpias inframarginales (especialmente las renovables)”, propone España como novedosa y, tal vez, revolucionaria solución. “El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacionales, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores de volatilidades excesivas y permitiéndoles participar en los beneficios que proporciona un mix de generación más barato”.

La rompedora propuesta revela que España ha perdido la paciencia con “los tiempos de Bruselas”, como definió el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la lenta reacción de la Comisión Europea frente a la escalada de los precios de la electricidad. Con este contraataque el gobierno español quiere seguir su propio ritmo, mucho más acelerado, y persigue, ante la pasividad de Bruselas en el corto plazo, que al menos se le conceda flexibilidad ante la crisis energética. España fija, de paso, su posición ante los socios más reacios a cualquier cambio en el sistema de formación de precios de electricidad y busca recabar apoyos en el consejo extraordinario de ministros de Energía de este martes en Luxemburgo.

Nueve países rechazan la reforma del mercado eléctrico como pide España

Nuevo varapalo a las aspiraciones del Gobierno español para que la UE se lance a abordar una reforma integral y profunda del mercado eléctrico comunitario. Alemania, Holanda y otros siete países (Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda y Letonia) unieron ayer sus fuerzas para mostrar su rechazo a los cambios en la política energética europea en un comunicado contundente en el que mostraron su oposición frontal. «No podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interior del gas y la electricidad, por ejemplo, una reforma ‘ad hoc’ del mercado mayorista de la electricidad», defienden tajantemente en el texto que fue difundido en la víspera del consejo extraordinario de ministros de Energía de los 27.

Los responsables del ramo energético se reúnen hoy para abordar la crisis de la escalada sin precedentes de los precios energéticos y analizar qué hacer a medio y largo plazo a nivel europeo para mitigar su impacto. Sin embargo, la divergencia de las posiciones volverá a limitar la discusión a un debate político del que no se espera que salga ninguna propuesta concreta, señalan fuentes diplomáticas.

La división entre los 27 por la política energética es total. La alianza de los nueve países liderada por Alemania, la mayor economía de la UE y el país más influyente a la hora de marcar el rumbo económico comunitario, entra así al confrontamiento frontal con los apoyos que había logrado armar España con Francia Grupo, Grecia, Rumanía y República Checa, que firmaron recientemente otro comunicado conjunto para instar a la UE a tener «audacia» y poner en marcha una respuesta común frente a la escalada de los precios de la luz. Italia y Portugal también han simpatizado con estos planteamientos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado en los últimos meses colocar la crisis energética en lo alto de las prioridades comunitarias con un documento de propuestas que incluía una reforma profunda del mercado mayorista eléctrico para poner fin al sistema de fijación de precio marginal. Sin embargo, el rechazo frontal del grupo comandado por Berlín aparta prácticamente de la ecuación cualquier posible modificación de la regulación. El grupo de 9 países liderado por Alemania advirtió también a sus socios comunitarios de los riesgos que puede tener una modificación en la normativa actual.

«Dado que los picos en los precios se deben a factores globales, deberíamos ser muy cuidadosos antes de interferir en el diseño de los mercados energéticos internos. Esto no será un remedio para mitigar la actual subida de los precios de la energía», avisan. La crisis energética, en todo caso, ya está en la agenda europea. Los líderes europeos abordaron la semana pasada el asunto, aunque por el momento la presión española ha sido infructuosa para lograr una acción comunitaria con medidas concretas que permitan reducir el coste de la factura eléctrica a corto plazo.

La Comisión lanzó a mediados octubre un paquete de medidas para orientar a los países a mitigar el impacto de la subida de los precios en el corto plazo. Sin embargo, la propuesta se quedó lejos de las expectativas del Gobierno que valoró la comunicación como insuficiente. En cambio, la alianza de Alemania apoyó al Ejecutivo comunitario y defendió que a corto plazo sean los Estados Miembros los que pongan en marcha medidas «temporales y determinadas» enfocadas a proteger a los hogares vulnerables. Además, demanda que éstas puedan ajustarse «fácilmente» en primavera, cuando se espera que los precios regresen a niveles medios.

Otra divergencia es el análisis de la crisis. Los 9 países liderados por Alemania consideran que la subida de los precios se debe a la recuperación económica y factores relacionados con la demanda y oferta de combustibles fósiles «pero no al diseño de los mercados energéticos de la UE», mientras que Madrid y otras capitales del Sur ven detrás factores estructurales.

Tres representantes estatales en el 'consejo de sabios' sobre el euro digital del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha incorporado a tres directivos de BBVA, CaixaBank y Bizum como miembros del Grupo de Asesoría del Euro Digital, el ‘consejo de sabios’ de carácter consultivo que colaborará con el Eurosistema en el diseño y distribución del posible euro digital. El consejo se compone de 30 miembros (23 hombres y siete mujeres), todos ellos procedentes del ámbito empresarial. «Estoy contento de que tantos expertos de mucha calidad del sector privado estén dispuestos a contribuir al proyecto de euro digital», ha destacado el miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta.

Por parte de BBVA se incorpora Antonio Macías Vecino, responsable desde junio de 2020 de disciplina de pagos en la entidad. Según figura en su perfil de la red social LinkedIn, desde septiembre del año pasado es miembro del consejo de Redsys, mientras que en mayo de este año se unió al consejo de Iberpay. Por parte de CaixaBank se une al grupo de expertos Fanny Solano, responsable de regulación de mercados, digital y de banca minorista. Solano ocupa el cargo desde 2014 y, desde septiembre de 2019, lo compagina con el puesto de directora de gestión de implementación regulatoria.

Desde 2014 también forma parte del ‘lobby’ financiero paneuropeo Grupo Europeo de Cajas de Ahorros. Antes de unirse a CaixaBank, Solano trabajó en PwC y como asesora legal y de cumplimiento normativo en Cecabank. El grupo de directivos españoles lo cierra Fernando Rodríguez Ferrer, responsable de desarrollo de negocio de Bizum desde enero de 2017. Con anterioridad, trabajó como consultor de estrategia de negocio en Accenture durante seis años.

Entre los miembros del ‘consejo de sabios’ también hay directivos de Société Générale, Nordea, Intesa Sanpaolo, Swedbank, La Banque Postale y Deutsche Bank. También se incluyen responsables de las ‘fintech’ Stripe, Nexi y Fluency, además de un directivo de Ingka Group, franquiciado de Ikea y dueño de la mayor parte de sus tiendas. Los 30 miembros del grupo asesor aportarán al BCE la visión de la industria respecto al diseño y la distribución de la divisa digital, así como posibilidades de añadir valor «para todos los actores» del ecosistema de pagos. El grupo se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, aunque habrá consultas por escrito entre los encuentros.

La nueva ley de vivienda quiere proteger a los compradores de vivienda ante posibles retrasos en la construcción de sus casas

El anteproyecto de la llamada Ley estatal por el derecho a la vivienda que este martes debatirá el Consejo de Ministros recoge que las entregas de dinero que el cliente entrega a la empresa o cooperativa deben de estar aseguradas a cuenta del promotor del inmueble. La nueva norma establece que los promotores deberán garantizar la devolución de las cantidades adelantadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, según se recoge en el texto legislativo al que ha tenido acceso este diario.

Esta norma viene a reforzar una obligación ya recogida en la ley desde 1968, modificada posteriormente en 1999 y 2007, pero que en la práctica es incumplida sobre todo por las pequeñas promotoras, señalan fuentes del sector inmobiliario. Igualmente, el Gobierno introduce a las cooperativas de viviendas, que desarrollan los inmuebles a través de la figura del gestor de cooperativas. Además, refuerza la obligatoriedad de indicar la aseguradora en la publicidad de venta de viviendas. En los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recogido que, si las promotoras incumplían su obligación de asegurar esas entregas a cuenta, será el banco que haya financiado la obra el que asuma ese coste.

El anteproyecto especifica igualmente que las entregas de dinero para la construcción se harán a través de entidades de crédito. La empresa deberá de depositar esas cantidades en una cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor. Esta devolución del dinero entregado por el comprador será obligada en el caso de que la construcción no se inicie o no se cumpla el plazo convenido para la entrega de la vivienda. La póliza deberá cubrir las cantidades entregadas, los impuestos correspondientes (ya que estas entregas habitualmente recogen el IVA) y los intereses del dinero.

El Gobierno recoge en este anteproyecto, aunque algunos detalles del texto podrían estar sujetos a cambios, que el promotor suscribirá una póliza de seguro individual por cada comprador, en la que se identifique el inmueble en cada caso. Para el cliente no tendrá coste directo. El tomador del seguro será el promotor, a quien le corresponderá el pago de la prima por todo el periodo de construcción. La duración de la póliza debe extenderse hasta el final de la edificación.

Si la vivienda no se construye o se retrasa en plazos, el comprador puede solicitar al promotor o cooperativa la devolución de las cantidades. Si la empresa no devuelve el dinero en 30 días, el cliente tendrá que solicitar la devolución a la aseguradora, que deberá indemnizar también en 30 días. La reclamación podrá hacerse en cuatro años desde el incumplimiento. En el contrato de compra, el promotor deberá explicitar cuál es la aseguradora, igualmente que en la publicidad de venta de los pisos.

Si el promotor no cumpliese su compromiso, la nueva norma establece una sanción de hasta el 25% de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o la que corresponda según lo dispuesto en la normativa propia de las comunidades autónomas.

La esperanza de vida media se incrementará en ocho años de media en España

España ocupará la séptima posición mundial de países más longevos dentro de 30 años, con una predicción de expectativa de vida de 92 años para los hombres y 94 para las mujeres, un ranking que encabezará Corea del Sur con una expectativa de vida media que rozará el siglo: 98 años. España se afianza en la sexta posición con una esperanza de vida de 94 años para las mujeres en 2050. Así lo revela un estudio realizado por Our Life Plan sobre la predicción de la esperanza de vida hasta 2025 y la edad media de jubilación realizado sobre 36 de los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha aplicado fórmulas de crecimiento exponencial a los datos históricos registrados por la OCDE.

Estas estadísticas revelan que, en dos décadas, de1999 y 2019, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres pasó de 75,4 a 80,9 años y la de las mujeres, de 82,3 a 86,2 años, según los indicadores demográficos básicos que publica el INE. La organización estima que la expectativa de vida en los países más desarrollados aumentará, en promedio, desde los 82 años en 2021 a los 90 años en 2050, según estos datos que no recogen todavía el impacto mundial de la pandemia sobre la estadística, que ha estimado en más de un año la reducción de la expectativa de vida a causa del Covid.

Según estas las tendencias históricas, y sin descontar por tanto el «efecto Covid», España será uno de los países con mayor expectativa de vida en 2050 (93 años), superada solo por Corea del Sur, Estonia, Irlanda, Turquía, Eslovenia y Luxemburgo. Los coreanos serán los que tendrán más posibilidades de llegar a una edad avanzada en 2045. Las tendencias en toda la OCDE muestran que las mujeres vivirán más que los hombres, y en concreto, las mujeres coreanas vivirán dos años más de promedio que los hombres en 2050, señala el estudio.

En solo cuatro años, en 2025, se prevé que la diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres en Estonia sea de casi 8 años. Las mujeres vivirán en promedio casi 86 años (85,95) y los hombres vivirán en promedio poco más de 78 años (78,33). La investigación de Our Life Plan también ha proyectado la edad de jubilación a través de las próxima tres décadas y en la mayor parte de los países esta edad aumentará un promedio de tres años. España es uno de los países en los que la edad de jubilación permanece casi inalterada, pasando de los actuales casi 63 años a casi 64 años en 2050. La diferencia será mayor en los hombres, que pasarán de 62 a 64 años, mientras que las mujeres se mantendrán constantes con una edad de jubilación promedio, fijada en 63 años.

El Banco de España pide que la flexibilidad de las empresas no se modifique

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender ayer reiteradamente la participación de “todo el Gobierno” en los trabajos para negociar la reforma laboral, lo que supuso nuevamente respaldar el papel de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cuyas consideraciones fueron recibidas como una “injerencia” por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El compromiso del líder del Ejecutivo cobró ayer especial importancia porque se produjo en presencia del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en Madrid.

Así, durante la clausura del seminario Monitoring the recovery: beyond GDP (Siguiendo la recuperación, más allá del PIB), en el que participó el comisario europeo, Sánchez prometió que la reforma laboral –pactada con Bruselas y que deberán examinar los responsables comunitarios para liberar 10.000 millones de los fondos europeos previstos este año– se hará con el consenso del diálogo social de cara a perdurar en el tiempo. De sus palabras podría también interpretarse que el líder del Ejecutivo hizo cierto guiño a la postura de los empresarios, que ya han dicho que no respaldarán la propuesta de Díaz. Sánchez estaría invitando de nuevo a la patronal a que se sumara al pacto, para lo que habría que cambiar ciertas pretensiones de la ministra de Trabajo.

Precisamente, el presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aterrizó ayer dos aspectos de la norma laboral aprobada por el PP en 2012 que, en su opinión, dan flexibilidad interna a las empresas y no deberían modificarse en la próxima reforma del mercado de trabajo. Estas cuestiones están, además, entre las que han sido reclamadas por los empresarios en la negociación.

Concretamente, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para analizar el proyecto de cuentas públicas para 2022, Hernández De Cos consideró que debería mantenerse la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial en las materias en las que ahora está regulado; y proseguir con la posibilidad de que las empresas inapliquen las condiciones de su convenio colectivo de referencia, en el caso de atravesar un mal momento económico (los conocidos coloquialmente como descuelgues).

“Es muy importante que la legislación laboral permita esa adecuación a las condiciones específicas de la empresa”, explicó ayer el gobernador del Banco de España. Y añadió que dicha importancia radica en que en el momento que atraviesa la economía actualmente se van a producir “las mayores reasignaciones entre empresas y sectores”, como consecuencia no solo de la pandemia sino también de las políticas verdes contra el cambio climático. Junto a estas explicaciones, De Cos consideró que el Gobierno no debería anular la reforma del PP, al recordar su capacidad para crear empleo.

Dicho todo esto, el gobernador también fue tajante al apuntar dos factores que considera muy perjudiciales para la economía española y que la reforma laboral del PP no consiguió erradicar. Se trata del elevado nivel de temporalidad del empleo y los largos periodos de tiempo que los trabajadores pasan en el desempleo.

De Cos sí dijo, por el contrario, que la próxima reforma laboral del Ejecutivo de coalición debería solucionar ambos problemas. Criticó el abuso de la temporalidad, que consideró una de las principales causas de la baja productividad en España. Según explicó, hay que resolver el que las empresas no inviertan lo suficiente en estos empleados eventuales; e invitó al Ejecutivo y a los agentes sociales a adoptar medidas “atrevidas”, refiriéndose al último informe anual del Banco de España donde la institución planteó como una de sus principales propuestas para acabar con la dualidad del mercado laboral, implantar un programa de mochila austriaca. Si bien ayer no verbalizó esta solución en concreto.

El Instituto de la Empresa Familiar se alinea con Economía en la pugna con Empleo

Las empresas familiares se han comprometido esta mañana a seguir creando actividad y empleo en España (suponen el 60% del PIB y el 70% del empleo en España), pero han lanzado un mensaje claro al Gobierno, representado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Vamos a crear empleo de calidad, pero queremos que nos permitan hacerlo, que no nos pongan condiciones peores que la de nuestros países vecinos con las que competimos», ha apuntado Marc Puig, presidente del Instituto de la Empresa, durante el discurso inaugural del vigesimocuarto Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que congrega durante dos días a 500 empresarios.

Con este mensaje, las empresas familiares se alineaban con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la disputa que mantiene con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, por la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012. Diaz quiere activar la derogación en el marco exclusivo de la negociación colectiva con empresas y sindicatos y Calviño ha pedido que Economía coordine la derogación, ya que considera que no es necesaria una derogación, si no cambios legislativos puntuales.

En el otro lado, Trabajo persigue con la anulación de la reforma laboral tres objetivos: una simplificación en los contratos de trabajo, una revisión profunda de la subcontratación y un reequilibrio de fuerzas en la negociación colectiva y revisión de la relación entre los convenios sectoriales y los de empresa.

Ese último aspecto es uno de los principales puntos de fricción entre ambos ministerios. Desde Economía recuerdan que la Comisión Europea, que evaluará al milímetro la nueva reforma laboral como condición para inyectarle los fondos de recuperación, siempre ha defendido la mayor importancia de los convenios de empresa para dar mayor flexibilidad interna en esta materia.

El Instituto de la Empresa Familiar es uno de los lobbys empresariales más importantes de España, está compuesto por 100 empresas, entre las que se encuentran Mercadona, Santander, Acciona, Barceló, Iberostar, Osborne, Gestamp o Antolín, y sus socios representan el 60% del PIB y el 70% del empleo.

El Banco de España avisa de una fuerte revisión a la baja del PIB para este año

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha inaugurado este lunes el apretado calendario de comparecencias de altos cargos ante las diferentes comisiones del Congreso para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y lo ha hecho con una larga y exhaustiva intervención que, a buen seguro, no era la que deseaba escuchar el Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando tanto las previsiones de crecimiento, como las estimaciones de ingresos y gastos.

Para empezar, el supervisor ha resaltado que el cuadro macroeconómico sobre el que sustenta el borrador de las Cuentas Públicas se ha visto superado por los acontecimientos, sobre todo después de la drástica revisión a la baja del crecimiento del segundo trimestre efectuada por el INE (del 2,8% al 1,1%), lo que trastoca las estimaciones de crecimiento tanto para este año como el que viene.

Aunque el Banco de España no dará a conocer sus nuevas proyecciones hasta el mes de diciembre, Hernández de Cos ha advertido de que, pese a que los indicadores muestran que la actividad económica «habría presentado un notable dinamismo en los meses de verano», el ajuste del PIB en el segundo trimestre y la evolución posterior de los datos «permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente en España».

De hecho, el gobernador del Banco de España ha resaltado que el panel de previsiones de Consensus Forecasts, que se publica mensualmente, recoge ya un tijeretazo de cinco décimas en su previsión de PIB para España en 2021, que ha recortado hasta el 5,6%, muy lejos del 6,5% que todavía defiende el Gobierno. Y aunque la media para 2022 se mantiene más estable, en el 6,1%, también es muy inferior al 7% pronosticado por el Ejecutivo español. Con estos mimbres, Hernández de Cos ha advertido de que la recuperación económica en España es todavía «claramente incompleta» y ha subrayado que el nivel del PIB en el segundo trimestre aún presentaba «una brecha de 8,4 puntos porcentuales frente al observado al final de 2019», en contraste con los 2,5 puntos de la zona euro.

Todo ello en un contexto en el que la ejecución de los proyectos de inversión vinculados a los fondos europeos, de cuya movilización y asignación «dependerá crucialmente» la evolución de la economía española, acumulan un importante retraso. Aunque el Gobierno ha consignado en las Cuentas de 2022 27.633 millones con cargo a las ayudas comunitarias, el Banco de España advierte de que, todavía a estas alturas, «la incertidumbre continúa siendo notable tanto en relación con el momento de ejecución de los proyectos como respecto a su efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo, lo que condicionará de manera decisiva la evolución económica en los próximos años».

A partir del desfase que existe entre las proyecciones de PIB de los expertos y las del Gobierno, las previsiones de ingresos y gastos con las que el Ejecutivo ha construido su proyecto de Presupuestos se convierten en una suerte de castillo de naipes, levantado sobre unos cimientos de barro, que Hernández de Cos puso ayer en tela de juicio.

Primero, porque parten de unos supuestos para 2021 que no se van a cumplir. Y es que, según el supervisor, el avance de liquidación de este año apunta «a una recaudación de unos 3.100 millones por debajo del Presupuesto inicial», fruto, esencialmente «de la menor capacidad recaudatoria de las nuevas medidas impositivas que fueron introducidas en 2021». En otras palabras, el Gobierno ya pecó de optimista en las Cuentas del presente ejercicio. Y aunque los ingresos por cotizaciones se comportarán previsiblemente mejor de lo esperado (crecerán en unos 3.600 millones), esto «no será suficiente para compensar una recaudación tributaria» que se situaría en conjunto unos 6.700 millones por debajo de lo presupuestado.

Y segundo, porque ese exceso de euforia vuelve a repetirse en el proyecto presupuestario de 2022, con dos medidas que, según el supervisor, «tendrían un impacto recaudatorio muy reducido en 2022», como son el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y la reducción de 2.000 a 1.500 euros de la aportación máxima a los planes de pensiones. A ello se suma una previsión de ingresos por cotizaciones sociales que el Banco de España considera «ligeramente optimista», aunque admite que se «podría ver parcialmente compensada por una previsión prudente para la recaudación tributaria».