Dic 23, 2021 | Noticias
El precio medio se aproxima a los 400 euros el megavatio-hora de media, al marcar este jueves 383,67 euros, según los datos del Operador Ibéricos de la Electricidad. Aunque a efectos prácticos, el megavatio-hora se situará durante la mayor parte del día (entre las 8 y las 22 horas) por encima de esta cifra, entre 400 y 409 euros por megavatio-hora, y será solo por la noche cuando se produzca una minoración hasta el precio mínimo que se situará en 303 euros por megavatio-hora entre las 3 y las 4 de la mañana.
La última semana ha disparado unos precios que estaban en niveles históricos, tanto es así que el precio de este miércoles será cien euros más caro del de hace solo diez días (el 12 de diciembre el coste del megavatio-hora era de 256,98 euros), multiplicando por más de ocho los registros de hace un año (el 23 de diciembre de 2020 estaba en 46,3 euros por megavatio-hora). El jueves pasado el precio medio de la electricidad batió por primera vez la barrera de los 300 euros por megavatio-hora y desde entonces no se ha bajado de ese nivel, ni tan siquiera durante el fin de semana cuando la demanda es menor.
Unos precios insólitos que se deben al elevadísimo precio del gas natural en los mercados internacionales, que comenzó la semana pasada en el entorno de los 120 euros por megavatio-hora y se sitúa ahora en 174 euros. Este es el principal detonante de esta escalada de final de año, aunque hay que sumarle el elevado precio de los derechos de emisión de CO2, también en máximos históricos (80 euros por tonelada), que ha mantenido los precios altos durante todo el año. De hecho, ambos motivos llevan a ver altos precios en toda Europa, no solo en España. Así, en Francia el megavatio-hora costará este jueves 416,44 euros, y en Alemania, 300,03 euros.
Diciembre comenzó con precios altos, pero con gran volatilidad (hubo días en los que el precio bajo hasta los 100 euros por megavatio-hora y también cifras superiores a los 200 euros), pero fue a partir del 16 de diciembre cuando, tras instalarse en la cota de los 300 euros, no ha parado de encarecerse a un ritmo de 20 euros al día en muchos casos. Esto provoca que casi con toda probabilidad diciembre acabe como el mes con el precio medio mayorista más alto de la historia hasta la fecha pues el precio medio mensual supera ya los 250 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200 euros de octubre, el mes con el promedio más caro hasta ahora.
Estos precios repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. El precio de la energía es una de las cuatro partes del recibo, junto a los cargos y los peajes (precios regulados) y los impuestos. Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% y los impuestos también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). La incógnita es qué ocurrirá a partir de enero, de mantenerse estos mismos precios, pues, aunque el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%.
Dic 22, 2021 | Noticias
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Esta propuesta legislativa refleja el acuerdo del pasado 8 de octubre, al que se sumaron 137 países, y que tiene dos pilares. El primero afecta a la reasignación parcial de los derechos de imposición sobre los beneficios residuales. Es decir, trata de asegurar que las empresas pagan lo justo en los países en los que operan, con un ojo puesto en particular en los grandes digitales. El segundo pilar, que la Comisión traduce en legislación a través de esta directiva, introduce un impuesto de sociedades mínimo común para las grandes empresas a nivel mundial.
Hace unos meses, impulsados por la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, un total de 137 países acordaron fijar un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y así evitar la carrera impositiva a la baja que se veía observando a lo largo de los últimos años. A grandes rasgos, la OCDE pactó dos acuerdos. De un lado, el conocido pilar 1, que exige que las empresas paguen impuestos allá donde operan. Del otro, el pilar 2, que introduce una nueva tasa mínima del 15% para las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.
Este miércoles, y como muestra de alineamiento inmediato con la OCDE y con los objetivos fiscales, tal y como ha detallado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, Bruselas ha presentado una propuesta de directiva que lleva el llamado pilar 2 a las normas europeas. El objetivo es arrojar algo de luz acerca de cómo se calculará la tasa impositiva efectiva por país, «con reglas claras y legalmente vinculantes que garantizarán que las multinacionales paguen una tasa mínima del 15% por cada jurisdicción en la que operan».
Las normas, como pactó la OCDE, se aplicarán a cualquier gran empresa con ingresos de más de 750 millones anuales, tanto nacional como internacional. Recaerán sobre las empresas matrices o sobre las filiales que estén asentadas en un Estado miembro. Según detalla el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las reglas propuestas siguen el modelo presentado por el organismo internacional. Así, si el tipo mínimo efectivo no lo impone el país en el que tiene su sede una empresa, el Estado miembro de la empresa matriz podrá aplicar un impuesto complementario hasta llegar a ese 15%. «La propuesta también garantiza una fiscalidad eficaz en situaciones en las que la empresa matriz se encuentra fuera de la UE en un país con impuestos reducidos que no aplica normas equivalentes», añade el comunicado.
En efecto, según las normas publicadas esta semana por la OCDE, la tasa impositiva efectiva se establece en función de cada jurisdicción, dividiendo los impuestos pagados por las empresas en cada mercado entre sus ingresos. Si la tasa impositiva efectiva para las multinacionales está por debajo del 15% entrarían a operar las reglas del pilar 2, que exigirían que la compañía pagase la diferencia hasta llegar al mínimo fijado. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que el plan no supone una armonización fiscal comunitaria, pero sí un freno a la competencia fiscal entre países.
Según las normas de la OCDE que también se aplicarán en la Unión Europea, quedarían exentas de este impuesto mínimo las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión, incluyendo los dedicados al sector inmobiliario.
Además, tal y como detalla Bruselas, la propuesta también prevé ciertas excepciones. Para reducir el impacto sobre los grupos que realicen «actividades económicas reales», las empresas podrán excluir una cantidad de ingresos equivalente al 5% del valor de los activos materiales y al 5% de los gastos en nóminas. Las reglas también prevén una exclusión de cantidades mínimas de ganancias para reducir la carga en situaciones de riesgo. Esto significa, resume la Comisión, que cuando los beneficios e ingresos medios de un grupo multinacional en una jurisdicción están por debajo de ciertos umbrales mínimos, esos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa.
A partir de ahora, explica la Comisión, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo unánime en el Consejo, donde están reunidos los 27 socios. También será necesario consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo para conocer sus opiniones, añade Bruselas.
Dic 22, 2021 | Noticias
Esta norma, que ahora inicia su proceso parlamentario, y que ha sido calificada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, de «ley estructural y muy importante» recoge varias modificaciones claves respecto a la ley vigente. Dos de los más importantes son los mecanismos de alerta temprana y la posibilidad de exonerar deudas. Aquí no entran las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, las conocidas como créditos públicos, salvo cantidades muy reducidas.
El proyecto de ley, que sirve para transponer la directiva europea sobre insolvencias, regula como gran novedad la llamada fase previa o preconcursal, «a lo que se le da un marco más ágil y más flexible desde el punto de vista procedimental», según la ministra Llop. Con la incidencia en esta fase se intenta proteger a las empresas que «realmente» son viables y evitar su liquidación por la duración actual del proceso. Desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago, ya que, de acuerdo con los legisladores, la experiencia ha demostrado que, aunque se llegue a ellos, en la mayoría de los casos no sirven para evitar liquidaciones. A cambio, se crean los planes de reestructuración, que afectarán no solo al pasivo de las empresas sino también a los activos. Así, se facilitarán los intercambios de activos o de parte de la empresa por deudas.
En relación con la alerta temprana de «peligro» de insolvencia, se introduce una serie de indicadores de aviso para que la empresa conozca y valores sus riesgos. La nueva ley facilita la exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores «de buena fe» y también a los consumidores. Se podrá optar por una exoneración inmediata previa a la liquidación o por un plan de pagos o exoneración provisional.
En esta exoneración no entran los créditos públicos o deudas con Hacienda y la Seguridad Social, salvo cantidades muy pequeñas (1.000 euros en el caso de la segunda) que pueden modificarse a lo largo del trámite parlamentario. Pilar Llop ha justificado esta excepción en que la directiva europea «no la contempla, pero tampoco la prohíbe» y los Estados miembros, al transponerla, pueden excluir otras categorías si está debidamente justificado. «Creemos, ha declarado la ministra, que los pagos a la Seguridad Social están debidamente justificados porque de ellos depende el sistema de pensiones». Otra novedad importante del proyecto de ley es el procedimiento abreviado que crea para pequeñas empresas y micropymes. A tal efecto, se creará una plataforma electrónica mediante la cual los interesados podrán realizar todos los trámites concursales sin necesidad de que intervenga ni un notario ni un auditor.
Asimismo, se da luz verde a una nueva figura, la del experto en reestructuración, que aconsejará a los deudores y será colaborador ante el órgano judicial si el concurso llega a los tribunales. También se configura a los nuevos administradores concursales, nombrados por el juez cuando se declara el concurso, con más profesionalización, más capacitación y más remuneración, o al menos «más adecuada». Pilar Llop ha informado de que la moratoria concursal, cuya prórroga llega hasta el mes de junio de 2022, seguirá en vigor durante la tramitación del proyecto de ley.
Dic 22, 2021 | Noticias
El Gobierno ha querido hacer un gesto a los empresarios y particulares en graves dificultades en la nueva reforma concursal y el texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros contempla una quita de hasta 1.000 euros en las deudas con Hacienda y en otros 1.000 euros en las contraídas con la Seguridad Social. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es, una condonación de hasta 2.000 euros para empresarios y personas físicas (no jurídicas) en el procedimiento de segunda oportunidad, una cuantía que los expertos consideran del todo insuficiente para que la mayoría de empresarios en graves dificultades puedan seguir a flote.
Para Pere Vilella, socio de FTI & Partners, este anuncio «muestra tener poca consideración al deudor de buena fe que ha intentado salvar su compañía», mientras que Javier Díaz-Galvez, socio de Abencys Reestructuraciones, ve la medida «claramente insuficiente» y añade que «el crédito público debería haber hecho un esfuerzo mayor», sobre todo si se tiene en cuenta el que tienen que realizar los acreedores privados.
La aprobación de la norma, cuyo «objetivo claro», según Llop, es que «ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales», llega en segunda vuelta, tras el trámite de audiencia pública realizado el pasado verano y de recibir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que incluía «una serie de observaciones» que el Gobierno ya ha analizado antes de su aprobación hoy.
Se da así el pistoletazo de salida al inicio del trámite parlamentario de la nueva ley, que el Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses para su entrada en vigor antes de finales de junio del año que viene, y que, a falta de conocer la letra pequeña del texto aprobado, desoye algunas de las Lo principales reivindicaciones de los sectores y colectivos profesionales más afectados por la reforma, que temen que los cambios introducidos «en vez de mejorar el proceso concursal», empeoren su efectividad, como advierte Abencys Reestructuraciones.
A lo largo de los últimos meses, los dos grandes caballos de batalla de los colectivos más impactados por la reforma han sido la dilución de la figura del administrador concursal, que ya no será indispensable en los concursos de autónomos y micropymes, para las que se crea un procedimiento específico con el argumento de primar la agilidad en los procesos, y la prevalencia de Hacienda y la Seguridad Social en el cobro de las deudas que, quitando ese gesto a empresarios y personas físicas en segunda oportunidad, mantendrán el grueso de sus privilegios.
Son dos cuestiones que han levantado ampollas entre economistas, juristas y administradores concursales. La primera, porque la decisión de suprimir por defecto la figura del administrador concursal, dejando en manos de los acreedores solicitar su participación, puede afectar de facto al 90% de los concursos en España, denuncia la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que advierte del riesgo de un mayor colapso aún de los juzgados.
Un diagnóstico que comparte Abencys que alerta de que prescindir de la figura del experto concursal «supondrá más carga de trabajo sobre los ya sobrecargados Juzgados mercantiles, además de reducir las garantías de que este alcance su principal objetivo como es el de potenciar la maximización del recobro, lo que sería muy perjudicial para los intereses de los acreedores ordinarios».
La otra gran manzana de la discordia ha sido, y sigue siendo, la prevalencia del crédito público en los procesos concursales, lo que, según los economistas, dificulta la segunda oportunidad y la consecución de los convenios de acreedores, poniendo en riesgo que miles de empresas y empresarios particulares logren alcanzar soluciones de viabilidad, ya que, a diferencia de lo que señala la directiva europea que esta norma transpone, establece literalmente que «se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en particular, la plena exoneración de deudas después de cierto período de tiempo y limitando la duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la insolvencia del deudor».
Además de estos aspectos, en el anteproyecto aprobado hoy y que es una de las reformas clave del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, figuran cambios de calado como la creación de los planes de reestructuración, que sustituirán a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago; el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para detectar empresas en dificultades; la ampliación del listado de deudas exonerables, o la creación de la figura del expertos en reestructuraciones.
Dic 22, 2021 | Noticias
El Consejo de Ministros aprobó, finalmente, un paquete de medidas energéticas que incluye la prórroga de los recortes de impuestos de la factura de la luz aprobados en el segundo semestre de este año para paliar los efectos de la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad, que caducaban el 31 de diciembre. Asimismo, las medidas, incluidas en un real decreto ley, contienen un alargamiento de los plazos de la autorización administrativa de los proyectos de renovables que se encuentran atascados por razones burocráticas, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica como en las comunidades autónomas.
Tal como habían avanzado la semana pasada la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno renueva desde enero y hasta el 30 de abril los recortes del IVA de la factura de la luz (del 21% al 10%) y del impuesto de la electricidad (del 5,1% al 0,5%), que se aprobaron en septiembre, así como la eliminación del 7% a la producción eléctrica hasta el 31 de marzo, que rige desde el pasado junio. La prórroga de estas medidas, que han evitado a los domésticos en este tiempo una subida superior al 20% en el recibo, se justifica a la vista de que “las perspectivas del precio del mercado mayorista, que hoy ha vuelto a batir un récord (360 euros/MWh), no son particularmente halagüeñas”, según aseguró Teresa Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores”, añadió.
Estas medidas, junto con el resto de las aprobadas ayer en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El paquete incluye un alargamiento del plazo para las autorizaciones administrativas para proyectos renovables que terminan el 24 de diciembre y en abril. La acumulación de solicitudes de puntos de evacuación a las redes (hasta 150 GW) ha desbordado al Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas (especialmente, Aragón y Andalucía).
Esto ha llevado al Gobierno, a petición de las consejerías de Medio Ambiente o Energía autonómicas, a ampliar los plazos de los hitos que terminaban este mes y en abril. De no ser así, se ejecutarían los avales presentados por los promotores y estos acudirían a los tribunales contra las Administraciones. En esta línea, el ministerio que dirige Teresa Ribera “abrirá una ventanilla”, durante un mes, para que los promotores, que así lo consideren, renuncien a sus permisos y recuperen los avales, lo que dejaría capacidad libre.
Además, para los grandes consumidores de gas industrial se flexibilizan los contratos, que pueden suspender sin coste hasta el 31 de marzo. Una medida dirigida a las plantas que han tenido que suspender su actividad pero que están obligadas a seguir asumiendo el coste del caudal. Estos consumidores habían pedido también un recorte de peajes.
Entre las medidas energéticas destacan algunas relacionadas con una nueva regulación de los puntos de recarga del coche eléctrico, como la obligación de instalación en estaciones de servicio y en grandes aparcamientos: un poste por cada 40 plazas, así como ciertas exenciones fiscales. El objetivo es conseguir que haya 100.000 puntos de recarga antes de 2023.
El paquete energético incluye también un impulso para el autoconsumo que, según Ribera, se ha multiplicado por 2,5 con el Gobierno del PSOE. Así, desde 2020, la capacidad de autoconsumo instalada ha pasado de 1.000 MW a 3.000 MW en la actualidad. El objetivo del ministerio se amplía ahora de 9.000 MW a 14.000 MW en 2030. Se aligeran las cargas para la evacuación de energía al sistema para las instalaciones de menos de 100 kW. El Consejo de Ministros aprobó, por último, otro real decreto ley para impulsar la digitalización de las redes, a las que se destinarán 525 millones de euros hasta el año 2023.
Dic 21, 2021 | Noticias
La vuelta al teletrabajo de forma masiva va tomando forma estos días a medida que avanza con rapidez vertiginosa la sexta ola de la pandemia de Covid en España y en el resto de países de su alrededor. En este retorno al trabajo a distancia, generalmente desde los hogares, muchas empresas en España están intentando que dicho teletrabajo sea inferior al 30% de las jornadas, para no tener que costear al trabajador los gastos como consumibles (wifi, electricidad o incluso alquiler en los casos más extremos de demanda de los trabajadores), tal y como exige la nueva ley española. Si bien, en el caso de que no se supere este porcentaje la empresa también está obligada, no a pagar gastos, pero sí a proporcionar los materiales de trabajo ya sean digitales o no.
Y es precisamente el tratamiento fiscal de todas estas percepciones lo que sigue sin estar claro del todo en la legislación tributaria española. De hecho, España está entre los países Europeos que más detalladamente ha regulado el teletrabajo últimamente, si bien el tratamiento fiscal –tanto para la empresa como para el trabajador– de los gastos de compensación o por la prestación de servicios del teletrabajo deja bastante que desear.
La práctica ausencia de la normativa fiscal específica en esta materia sitúa a España entre los Estados de su entorno más desregulados en cuestión de particularidades tributarias. Con mayores precisiones en sus normativas fiscales estarían numerosos países como Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Suiza o Letonia. Mientras que Italia o México tendrían normativas poco concretas similares a la española. Y Brasil, Dinamarca o Luxemburgo carecerían de esta regulación. Así lo pone de manifiesto un exhaustivo estudio comparativo realizado por la consultora KPMG Abogados, que analiza la regulación del teletrabajo en España y los principales países del entorno europeo, así como países americanos como Estados Unidos, México o Brasil.
Este estudio ha revelado que la gran mayoría de países “están teniendo dificultades para regular tanto el tratamiento fiscal y de la seguridad social de los diferentes modelos de compensación como la cobertura de los costes derivados del teletrabajo”, indican desde KPMG los autores de la comparativa. De hecho, la principal conclusión que han extraído es que apenas el 10% de los países han establecido algún tipo de criterio fiscal específico en relación con compensaciones adicionales o la cobertura de costes vinculadas al teletrabajo. Aunque otro 27% sí estaría preparando algún tipo de implementación en sus respectivas legislaciones fiscales.
En el caso español, la nueva Ley del Trabajo a Distancia no recoge de manera específica dicho tratamiento fiscal y a falta de una regulación concreta en materia tributaria, los fiscalistas de esta consultora explican que en España el tratamiento de estos ingresos o compensaciones puede abordarse de dos maneras. La primera, como norma general, desde una perspectiva práctica, “se prevé que las empresas determinen una estimación de los costes y gastos del teletrabajo para los empleados y les abonen un importe en efectivo que los cubra íntegramente (wifi, suministros, etc.)”. Esta retribución dineraria, si se incluye en la nómina, como sería de esperar, estaría sujeta a la habitual retención y tributación.
En segundo lugar, la entrega del material necesario para teletrabajar (equipos informáticos, teléfonos, sillas, etc.) quedaba hasta ahora exento de tributación porque se consideraban necesario para el desempeño del trabajo. Si bien la nueva norma ha abierto la puerta al uso personal y privativo de estos equipos de empresa lo que, a ojos de Hacienda, podría convertirlos en retribuciones en especie, sujetos a tributación. Nuevamente, solo una exclusión de estos materiales específica en la ley podría aclarar esta duda.
Fuera de España, en los países que sí han dado pasos hacia adelante en esta materia, se observa que en su gran mayoría las nuevas regulaciones se han centrado en establecer de forma particular el sistema de tributación de algunos de los diferentes elementos de compensación o costes específicamente vinculados al teletrabajo, destacando una especial atención a los servicios para el cuidado de menores y personas dependientes, material de oficina, servicios y suministros, y complementos salariales por teletrabajo.
Dic 21, 2021 | Noticias
El Gobierno quiere evitar que se puedan dar casos de que el desempleado pueda rechazar una oferta de trabajo porque el salario ofrecido es inferior o apenas supera la prestación por desempleo. Situaciones que llevan a que la persona que se encuentra en esta situación se quede estancada, y pierda todo hábito y disciplina laboral. Y, por lo tanto, corra el peligro de entrar en la marginación y en la exclusión social.
Por esta razón, el Gobierno y las comunidades autónomas «articularán programas de fomento del empleo que permitan la compatibilización, al menos parcial, de las prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia», en el caso de los autónomos. Así se regula en el Anteproyecto de Ley de Empleo que el Consejo de Ministros trató el pasado día 3, en una primera lectura.
La compatibilidad entre la prestación del desempleo y un salario por tener trabajo «trata de favorecer el acceso o el retorno al mercado de trabajo, la movilidad funcional y geográfica [de los desempleados]». Y, además, «evitar la desprofesionalización (sic) y exclusión social» de los beneficiarios de todo tipo de prestaciones por desempleo, incluido el Ingreso Mínimo Vital.
En estos momentos, hay 2,6 millones de personas recibiendo algún tipo de prestación del SEPE y de la Seguridad Social por estas razones: 1,8 millones perciben la cobertura del desempleo, entre la prestación contributiva, el subsidio, las ayudas agrarias y la Renta Activa de Inserción. Otras 800.000 personas reciben el Ingreso Mínimo Vital, además de las numerosas rentas de este tipo que tienen las comunidades autónomas.
Para comprender que la prestación por desempleo sea compatible con un trabajo como asalariado o como autónomo, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley de empleo tiene como fin principal ayudar a encontrar ocupación a colectivos de inserción laboral muy difícil. Es más, entre otros, tendrán la atención prioritaria de la nueva Agencia Española de Empleo los siguientes grupos sociales: Parados de larga duración; desempleados mayores de 50 años; los que procedan de sectores en crisis, «personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas»; mujeres víctimas de la violencia de género; mujeres con baja cualificación o aquellas personas cuya orientación sexual les causa dificultades para encontrar trabajo.
Además de hacer compatible la prestación por desempleo con el salario o los ingresos de autónomos, el Gobierno también abordará, para estos colectivos, «con carácter extraordinario, temporal y con financiación» programas de apoyo activo al empleo para «fomentar la movilidad geográfica de los desempleados». Por lo tanto, el Ejecutivo dará ayudas económicas a la persona que encuentre un trabajo en otra comunidad autónoma y tenga que cambiar de localidad respecto a su lugar de residencia habitual.
Esta ayuda para favorecer la movilidad geográfica puede incluir «el abono del importe total o parcial de la prestación contributiva». Precisamente, esta posibilidad está abierta a quienes quieran crear un negocio con la capitalización del desempleo. En este caso, la administración laboral ayudará al potencial beneficiario con una auditoría sobre la viabilidad de la empresa. Trabajo no oculta que en este estudio de la nueva sociedad dará prioridad al empleo femenino, «con perspectiva de género».
En todo caso, como ocurre ahora, el parado que cobre una prestación debe comprometerse a hacer lo que le diga la administración laboral, o la agencia privada de colocación, para ayudarle a encontrar trabajo. Es lo que se llama «el compromiso de actividad». Ello supondrá que el desempleado deberá hacer un itinerario personal, con su cualificación y las acciones que deba hacer para mejorarla o incluso reciclarse.
A estos efectos se mantiene como infracción grave para el desempleado «rechazar una oferta de empleo adecuada, o negarse a participar, salvo causa justificada, en aquellas actividades para la mejora de su empleabilidad». La sanción actual, que se mantiene, puede acarrear desde la suspensión de la prestación por tres meses a la extinción de la misma.
En todo caso, es importante reseñar que la ley que prepara Trabajo anima a los parados a que no acepten cualquier oferta de empleo por debajo de su experiencia y formación. «Las políticas de protección por desempleo deben velar por el mantenimiento y mejora de la empleabilidad» del demandante de trabajo. «Los beneficiarios de las mismas no deben verse abocados a la toma de decisiones que vayan en detrimento de su profesionalidad y de su capacidad de mejorar en el mercado de trabajo», dice la norma.
La norma también regula sanciones para las agencias de colocación por engañar a los potenciales demandantes de empleo. El contrato con la Agencia de Empleo les obliga a ofrecer su trabajo de forma gratuita a los desempleados. El engaño en la prestación, o en su publicidad, puede acarrearles hasta cinco años de suspensión de la actividad.
Dic 21, 2021 | Noticias
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comenzó a arrojar algo de luz ayer sobre las consecuencias prácticas de la aplicación del nuevo tipo mínimo global del 15% en la tributación por Sociedades acordado internacionalmente para impulsar desde 2023 y que mantiene con la respiración contenida a las grandes multinacionales de todo el planeta.
La OCDE publicó ayer el documento de partida que contiene las normas de aplicación del llamado Segundo Pilar de la reforma tributaria global en ciernes (el Primer Pilar es el que impone el reparto entre territorios de la recaudación de firmas que operan en otros países sin presencia física). Del texto se deriva que el universo de empresas españolas afectadas por el nuevo tipo mínimo ronda los 120 grupos y que de ellos cerca de la mitad acabará pagando más impuestos que en la actualidad.
El documento, de 70 páginas, contiene el detalle de las normas que deberán trasponer los 137 países y jurisdicciones que el pasado octubre respaldaron el acuerdo para impulsar un nuevo modelo de tributación global para multinacionales para imponer un suelo común de tributación. El objetivo, explicó la OCDE, es delimitar el alcance de las nuevas reglas antierosión fiscal del modelo Globe (acrónimo de Global Anti-Base Erosion, por sus siglas en inglés). La fórmula pasa por crear una suerte de impuesto de Sociedades complementario a los vigentes a escala nacional que afectará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales, a las que se exigirá tributar por el 15% de su beneficio para generar una recaudación mundial adicional de unos 150.000 millones de dólares (unos 133.000 millones de euros en todo el mundo).
A partir de este objetivo, ya conocido, la OCDE puso ayer a disposición de los países las normas con las que adaptar sus respectivas legislaciones resolviendo cuestiones clave como la definición de las multinacionales sujetas al impuesto; los supuestos exentos; el mecanismo de cálculo del tipo impositivo efectivo o las herramientas de estimación del monto adicional a tributar para cumplir con el tipo mínimo. También se establece el tratamiento que debe darse a las adquisiciones y enajenaciones por parte de los grupos, reglas específicas para determinados modelos de holding, los regímenes de neutralidad fiscal o aspectos administrativos como las declaraciones informativas o el modelo transitorio a impulsar.
Así, por ejemplo, el texto aclara que quedarán excluidos de la aplicación de este tipo mínimo las entidades públicas, los organismos internacionales y asociaciones sin ánimo de lucro, pero también entidades como los fondos de pensiones y los de inversión, incluyendo explícitamente a los del ámbito inmobiliario, y sus filiales.
Como resultado de estas normas, interpreta Roberta Poza, socia responsable de Fiscalidad Internacional de PwC Tax and Legal, el universo de empresas españolas afectadas por el nuevo tipo mínimo global es el de las compañías sujetas al modelo 231 de declaración de información «País por país», impulsado por la OCDE para evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Los últimos datos de la Agencia Tributaria, de 2018, indican que España cuenta con 122 grandes grupos empresariales en esta situación, de los que cuelgan 15.085 filiales. Aunque, de media, el tipo efectivo que pagan estos grupos sobre su resultado contable es del 18,3%, 3,3 puntos por encima del nuevo mínimo global, lo cierto es que cerca de la mitad de sus integrantes paga por debajo y acabará abonando más impuestos con la puesta en marcha del plan. Así, 20 de los mayores grupos españoles solo paga impuestos por el un 1,88% de su beneficio, otras 21 abonan de media el 7,54% y otras 15 un 12,81%. Las otras 66 pagan, de media, entre el 18% y el 32% de sus ganancias.
Poza aclara, en todo caso, que estos cálculos son sobre el resultado contable total y que el nuevo impuesto admitirá algunos ajustes relevantes, por dividendos, intereses o bases imponibles negativas, lo que hará que el tributo afecte solo a una parte del beneficio, aunque muy por encima de la actual base imponible del Impuesto de Sociedades español, por ejemplo. A falta de conocer las implicaciones finales, desde PwC Tax and Legal creen que el mayor problema radicará en la complejidad que aparentemente tendrá la aplicación tanto para Estados como para empresas.
Dic 21, 2021 | Noticias
Los bufetes esperan recobrar en 2022 la senda de crecimiento de ejercicios anteriores para lo que necesitan contar con los profesionales más destacados. Para lograrlo, estudian introducir más incentivos en sus planes de carrera. «Habrá que ser flexibles para retribuir debidamente a los mejores o serán fichados por la competencia». Así de claro se expresaba hace unos meses Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos especializada en el sector legal SSQ, que añadía que «hay firmas que quieren crecer y están dispuestas a invertir en mejoras retributivas para el talento de fuera de la casa».
Es probable que este punto de vista se refuerce en 2022 con los despachos de abogados ya claramente asentados en una senda de crecimiento, lo que obliga a reforzar equipos no sólo con promociones internas, sino también con fichajes provenientes de sus competidores más directos. Por eso, la atracción y retención de los letrados más brillantes es la mayor preocupación para los bufetes que operan en nuestro país, según el centenar de firmas que han participado en la tercera edición del Informe Expansión Jurídico sobre el sector legal en España.
La batalla por el talento será, por tanto, máxima el próximo año. Por eso, los bufetes no sólo planean mejoras retributivas, sino atractivos planes de carrera en los que ya se incluyen otras ideas menos tangibles, pero igual de importantes, sobre todo para las nuevas generaciones de abogados: sostenibilidad, conciliación o flexibilidad.
Estas novedades ayudarán, por otro lado, a reforzar otro de los grandes retos para el sector legal: la transformación digital. Aunque algunas firmas ya llevan años totalmente inmersas en ella, la pandemia, sin duda, aceleró este proceso y, en 2022, muchas entrarán en la tercera etapa: la de consolidar la digitalización con un claro objetivo en la mente, que no es otro que ser más eficientes y eficaces. Esto hará que la inversión en herramientas tecnológicas se multiplique en muchos bufetes, ya sea para diseñar y producir aplicaciones propias o para adquirir otras que están creando otros actores especializados.
Esta situación hace que cada vez sean menos los responsables de despachos que ven la digitalización como un mero gasto. No en vano, la presión constante y, en ocasiones, creciente por parte de sus clientes para conseguir unos honorarios más ajustados les está obligando a una apuesta decidida por una tecnología que les permite dar más por menos.
Así, el tercer gran reto del sector legal español para 2022, según los socios directores encuestados para este informe, es precisamente la presión en los honorarios, no sólo en la cantidad, sino también en la forma de aplicarlos. Y es que la facturación por horas cada vez está más cuestionada, sobre todo con la irrupción de start up cuyos métodos de trabajo y cobro se alejan de las formas tradicionales. Lo define bien Basha Rubin, cofundadora de Priori Legal, con sede en Nueva York, en un artículo de Financial Times: «La hora facturable está sufriendo una muerte lenta, ya que cada vez hay más interés por las alternativas que se alejan de ese patrón».
Dic 20, 2021 | Noticias
España contraataca en Bruselas. Tras el fiasco del último Consejo Europeo del año, que se cerró la semana pasada sin que los líderes de los Veintisiete fueran capaces de pactar unas conclusiones sobre energía, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha llegado este lunes a la capital comunitaria con el mismo mensaje en el que lleva insistiendo desde los primeros embates de la crisis de la factura de la electricidad este verano: por un lado ha reclamado medidas “políticas” para “reaccionar en situaciones excepcionales” de precios disparados, como la actual, y, por otro, ha pedido un debate de “largo recorrido” que permita remozar el mercado energético europeo y adaptarlo a la realidad actual.
España, uno de los países que más ha pujado por hacer avanzar el debate sobre los precios del gas, fue quizá la mayor de las víctimas colaterales de la estrategia del Este la semana pasada, cuando Polonia y la República Checa decidieron dinamitar las negociaciones sobre energía en la cumbre del jueves. “Ha habido temas que se han cruzado en el debate que tienen que ver con el cuestionamiento inaceptable de todo el sistema de compromiso climático”, lamentó sobre la falta de acuerdo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia al término de la cita de jefes de Estado y de Gobierno.
Formalmente, Varsovia y Praga rompieron las conversaciones por su desacuerdo con el sistema de comercio de derechos de emisiones de CO₂ (ETS, por sus siglas en inglés), cuyo precio se ha más que duplicado en 2021. Aunque en Bruselas, y en varias capitales, sospechan que la decisión del Gobierno polaco es una forma de represalia por el bloqueo de la Comisión a aprobar su fondo de recuperación; mientras que la del Ejecutivo checo tendría que ver más bien con una estrategia propia de quien deja el cargo: Andrej Babis, el polémico magnate populista que perdió las últimas elecciones.
A la ruptura de las discusiones sobre energía la semana pasada también contribuyó el debate en torno a la energía nuclear y el gas, que un buen número de países quieren incluir en la llamada taxonomía verde. La Comisión tiene previsto aprobar en breve esta clasificación que distinguirá qué es un bono verde y qué no, con el objetivo de teledirigir las finanzas hacia la transición ecológica emprendida por la UE.
“No podemos ser testigos mudos frente a esta situación que impacta en las familias, en los hogares, pero también en la industria en general, en la capacidad de recuperación”, ha señalado Ribera, que también se ha referido a las últimas propuestas de la Comisión de la semana pasada. “Se han abierto algunas puertas”, ha explicado en referencia a la iniciativa de crear reservas estratégicas de gas y permitir las compras conjuntas de este combustible de forma voluntaria, recogiendo de forma parcial una sugerencia española, pero sin posibilidad de que esta se aplique de forma inmediata. “Tomar una decisión e implementarla a nivel europeo, desgraciadamente, tarda mucho más tiempo de lo que nos gustaría”, ha reconocido antes de adentrarse en el encuentro con sus homólogos.
En la cita, los ministros se han puesto al día sobre su visión del llamado Pacto Verde Europeo, un gigantesco paquete de medidas con el que la UE pretende reducir en 2030 un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el turno de palabra, Polonia ha dejado claro que no solo va a ser dura de convencer en el debate sobre los precios de la energía; también mostrará resistencia en la discusión de este paquete destinado a la transición ecológica del continente.
“Esta crisis por estos precios tan altos de la energía cambia un poquito la dinámica de la negociación”, ha arrancado Anna Moskwová, ministra polaca de Medio Ambiente. “Me recuerda todas las pegas que tenemos con el ETS”, ha añadido, alertando también de que trasladar este mecanismo de derechos de CO₂ a los sectores del transporte por carretera y edificios, tal y como ha propuesto Bruselas, podría “aumentar las cargas sociales de los hogares más vulnerables”. El debate será largo.
Dic 20, 2021 | Noticias
El supervisor recorta al 4,5% la previsión de PIB para este año y al 5,4% la de 2022: la economía crecerá 3,6 puntos menos (42.000 millones) de lo que prevé el Gobierno. La institución eleva al 3,7% su estimación de IPC para el año próximo. Tiempos inciertos para la recuperación. El Banco de España apuntaló ayer las advertencias de los principales organismos internacionales de que España no liderará la recuperación en la Unión Europea, sino que será una de las últimas economías del bloque en retornar a los niveles prepandemia.
«La economía española se está recuperando más lentamente que la de la zona euro», advirtió ayer Óscar Arce en una de sus últimas intervenciones como director general de Economía y Estadística del Banco de España, ya que a principios de enero asumirá la Dirección General de Economía del BCE. El supervisor recortó ayer de forma drástica sus proyecciones de crecimiento para este año, hasta el 4,5% frente al 6,3% que pronosticaba en septiembre, y dos puntos por debajo del 6,5% que aún defiende el Gobierno. También ha aplicado la tijera a sus estimaciones para el año que viene, que ha recortado en cinco décimas, hasta el 5,4%, muy lejos del 7% que sostiene el Ejecutivo.
Es decir, el Banco de España contradice al equipo económico del Gobierno, que lidera Nadia Calviño, y alerta de que la economía nacional crecerá entre 2021 y 2022 unos 3,6 puntos menos de lo que prevé el Ejecutivo; esto es, un agujero de alrededor de 42.000 millones, retrasando hasta 2023 la vuelta a los niveles de PIB previos al Covid. El supervisor español se une así a instituciones como la Comisión Europea o la OCDE, que ya han rebajado sustancialmente (hasta cotas similares) sus previsiones para España tanto para este año como el que viene, refrendando que la recuperación en nuestro país se ha gripado y que el cuadro macro sobre el que se sustentan los Presupuestos de Sánchez para 2022 corren el riesgo de sufrir el mismo final que el cuento de la lechera. De hecho, el Banco de España estima que el PIB apenas crecerá un 1,6% en el cuarto trimestre de este año, frente al 2% del tercero, abonando la tesis de esa más que notable pérdida de fuelle.
Y todo ello, además, en un contexto en el que el menor crecimiento se combina con una escalada de la inflación que ha resultado ser mucho más duradera y dañina de lo que se preveía, una mezcla explosiva que agita el fantasma de la temida estanflación. Y es que, aunque la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos insistió ayer en que todo apunta a que «el repunte de la inflación tiene, con elevada probabilidad, una naturaleza transitoria», lo cierto es que ha empeorado notablemente sus expectativas sobre los precios.
Así, el Banco de España estima que el IPC armonizado concluirá este año con una media anual del 3%, muy por encima del 2,1% proyectado en septiembre y, lo que es peor, dispara hasta el 3,7% su pronóstico para 2022, muy superior al 1,7% anterior. No sería hasta 2023 cuando la soga inflacionista se destensaría hasta el 1,2%. Y eso siempre que se cumplan los pronósticos y los precios comiencen a aflojar la presión a partir de la primavera del año que viene. Hasta entonces, la inflación seguirá siendo una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la recuperación a corto y medio plazo al golpear con dureza uno de sus órganos vitales: el consumo privado. «El dinamismo de la actividad económica estaría viéndose moderado por la compresión de las rentas de hogares y de empresas inducida por el aumento de costes y de precios», alertó el supervisor.
De hecho, en sus nuevas proyecciones, el Banco de España anticipa un menor tirón del consumo privado, que este año crecería un 4,3%, menos de la mitad de lo pronosticado en septiembre (9,6%). Aunque aceleraría al 5,1% en 2022 de la mano de la esperada disipación de los cuellos de botella en la producción de algunos bienes, «que están impidiendo que la demanda se vea satisfecha en su totalidad (como es el caso de los automóviles) y, al final del año, como resultado del intenso descenso esperado de la tasa de inflación». Siempre, claro está, que el virus inflacionista no se contagie a los salarios.
De momento, el riesgo, según el Banco de España, parece acotado gracias «a la naturaleza plurianual de la negociación colectiva y a la reducida prevalencia de las cláusulas de salvaguarda»: solo el 17% de los convenios firmados hasta la fecha cuenta con ellas. Esto es, no aprecia efectos de segunda ronda a medio plazo, y prueba de ello es que sitúa el IPC medio en el 1,5% en 2024.
Respecto a las interrupciones en las cadenas de suministro, aunque el supervisor confía en que su impacto se amortigüe a lo largo de 2022, su factura para la economía española sería en todo caso muy elevada, pudiendo restar hasta 1,2 puntos de PIB al crecimiento de este año y el que viene; esto es, más de 14.000 millones de euros. A Ello se añadiría el mazazo del recibo de la luz, que sigue en máximos históricos, y que, según los cálculos del Banco de España, restaría 1,5 puntos de PIB entre 2021 y 2022.
Dic 20, 2021 | Noticias
Concretamente, de los 2.458 puestos que se habilitan para el cuerpo de inspectores de Hacienda, en este momento se encuentran cubiertos 2.021, por lo que restan 437 puestos vacantes. No en vano, esta misma tesitura se reproduce en todos los niveles del cuerpo funcionarial del gabinete dirigido por la ministra Hacienda, María Jesús Montero. Del total de la plantilla, el Gobierno prescinde en este momento de un 22% de los puestos consignados con dotación económica por Presupuestos Generales del Estado. Del total de 34.872 puestos habilitados, son 27.197 los que se encuentran efectivamente ocupados en este momento, es decir, el 78% del total.
En la misma situación que los inspectores se encuentran los técnicos de Hacienda. En este momento, hay un total de 8.965 puestos habilitados, si bien, se contabilizan un total de 1.513 puestos vacantes, es decir, el 16,8% del total. Entre otros, también restan por cubrir 1.433 puestos de administrativos, agentes HP, SVA e informáticos del subgrupo C1 (el 23,3%), y 1.033 puestos de auxiliares, SVA, informáticos del subgrupo C2 (el 12,1%).
De este modo, el pliego de personal del Ministerio de Hacienda, muestra la pérdida de potencial para la persecución del fraude fiscal del organismo por la falta de trabajadores para cubrir todas las vacantes. En el mismo plano de los recursos humanos del sector público, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que establece la obligatoriedad de la Administración General del Estado (AGE) de abonar dietas a los empleados públicos que tengan que desplazarse a otra localidad para asistir a exámenes de promoción interna.
CSIF ya se dirigió en 2017 a la Agencia Tributaria para que dictara las instrucciones oportunas para indemnizar a sus funcionarios ante los numerosos pronunciamientos de los tribunales en sentencias ganadas por nuestro sindicato. Sin embargo, la Agencia Tributaria rechazó esta pretensión y decidió recurrir al Supremo que finalmente «nos ha dado la razón», indican desde CSIF. El pago de estas dietas se estableció en el artículo 7 del Real Decreto de 2002 de indemnizaciones por razón de servicio, y desde su entrada en vigor hasta julio de 2010 se abonaron. Sin embargo, debido a la crisis económica, se modificó el criterio y estas indemnizaciones empezaron a denegarse a los empleados públicos.
El TSJM amparó el pago de estas dietas para una funcionaria que las reclamó, pero la Administración recurrió en casación al Supremo. Ahora, el Alto Tribunal ha ratificado la sentencia del TSJM y ha fijado doctrina, estableciendo el derecho de los empleados públicos a cobrar esas dietas cuando se desplacen a otra localidad para realizar exámenes de promoción interna.
A lo largo de los últimos años, se han dado diferentes procedimientos judiciales para que estas dietas fueran abonadas. Con el fallo del Supremo, el sindicato ha pedido a la Administración del Estado «que se allane a todas las reclamaciones pendiente de resolver y proceda al pago inmediato de estas indemnizaciones». La sentencia afecta a centenares de personas que a lo largo de los últimos años se tuvieron que desplazar a una localidad diferente de su residencia habitual para realizar pruebas selectivas.
Dic 19, 2021 | Noticias
El Gobierno, la patronal y los sindicatos negocian cómo dar forma a un contrato indefinido para el sector de la construcción. O, más concretamente, el modo de transformar en un modelo más estable el actual contrato fijo de obra. Una posibilidad es convertirlo en una fórmula de fijo discontinuo. Es decir, cuando la empresa siempre llama al mismo trabajador cada vez que hace frente a una obra. Que haya un compromiso del empleador con el trabajador, como de hecho están discutiendo el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos para el conjunto de los fijos discontinuos.
A pesar del nombre, el contrato fijo de obra no tiene nada de estable. Más bien, por regla general, el trabajador de la construcción, el albañil, salta de obra en obra a medida que tiene ocupación. Lo que ocurre es que su indemnización cuando termina el trabajo equivale a 27 días de salario por año de empleo en la empresa, o la cuantía proporcional al tiempo que haya estado en la empresa.
Esta indemnización es bastante más alta que la que reciben los trabajadores de todos los sectores en el despido procedente: veinte días de salario por año de servicio en la empresa, con un límite de cuantía de un año de salario. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, confirmó hoy que la negociación sobre la reforma laboral ha abordado que los contratos en el sector de la construcción «no sean sistemáticamente temporales». Es más, añadió que «es uno de los temas que podrían resolverse con acuerdo en las próximas fechas».
Dic 17, 2021 | Noticias
El BCE ha anunciado hoy su estrategia de compra de activos para 2022, un primer paso en la retirada gradual de los estímulos monetarios lanzados con la crisis y en la que la subida de tipos queda aún muy lejos. La institución asegura que se dan las condiciones para rebajar las adquisiciones de deuda pero que es necesario conservar la flexibilidad mantenida hasta ahora y la opcionalidad de su política monetaria. El objetivo es ir rebajando la intensidad de los estímulos en un entorno de fuertes subidas de precios y crecimiento económico, pero sin perder de vista la persistente amenaza de la pandemia. Y sin socavar ni mucho menos la estabilidad financiera lograda con la batería de compras de deuda lanzada en marzo de 2020.
“Ante la actual incertidumbre, el Consejo de Gobierno del BCE necesita mantener la flexibilidad y la opcionalidad en el desarrollo de su política monetaria”, señala el comunicado difundido tras la reunión de hoy. Christine Lagarde, la presidenta de la institución, ha reiterado además que es improbable que el BCE eleve tipos el próximo año.
Las compras se irán reduciendo ya desde el inicio de 2022 y, aunque en menor medida, se extenderán a lo largo del año para dar estabilidad a la economía de la zona euro y al mercado financiero. Así, el BCE ha anunciado que las adquisiciones de su plan extraordinario antipandemia (PEPP) ya se reducirán respecto al trimestre anterior y ha confirmado el final de este programa en marzo de 2022. Para evitar tensiones financieras, reforzará su programa de compra de activos previo, vigente desde 2015, conocido como APP por sus siglas en inglés. Lo elevará de 20.000 a 40.000 millones de euros al mes durante el segundo trimestre y a 30.000 en el tercer trimestre. A partir de octubre, volverá al nivel actual de 20.000 millones de euros al mes durante el tiempo que fuera necesario. «El Consejo de Gobierno espera que las compras netas de activos finalicen poco antes de que comiencen las subidas de tipos de referencia», apunta el comunicado.
Además, el BCE ha anunciado que se prolongará la reinversión de los vencimientos de la deuda del programa PEPP hasta al menos finales de 2024, un año más de lo previsto hasta ahora, lo que dará opción a seguir comprando deuda soberana griega y a seguir manteniendo un mayor margen a la hora de adquirir deuda española o italiana, las más sensibles a las tensiones del mercado financiero. «La pandemia ha mostrado que, en condiciones de estrés, la flexibilidad en el diseño y en la realización de las compras de activos ha contribuido a contrarrestar las dificultades en la transmisión de la política monetaria», señala el comunicado.
En definitiva, si el BCE ha adquirido hasta ahora alrededor de 90.000 millones de euros en activos (cerca de 70.000 millones del PEPP más 20.000 millones del APP), a partir de abril esa cuantía se verá recortada a menos de la mitad, a lo que se añadirá el efecto de la reinversión de los vencimientos del plan antipandemia. El objetivo de la institución es que, una vez concluido ese programa, no surjan turbulencias financieras en la zona euro ni se tensionen las primas de riesgo de los países más vulnerables, ante lo que extenderá sus compras de activos, aunque con menor intensidad. El anuncio aun así no ha evitado el tensionamiento de la deuda soberana europea, con alzas de rentabilidades en los bonos españoles, italianos y franceses.
El BCE ha afrontado en esta reunión de diciembre el difícil dilema de ir endureciendo su política monetaria con el planteamiento de una reducción gradual de las compras mientras se aviva la inquietud por el impacto económico que puede llegar a tener la variante ómicron del coronavirus y la nueva oleada de contagios que recorre la zona euro. Y ya abordaba la cita bajo la presión de unos precios desbordados, con tasas de inflación que no se recordaban en décadas y que apuntaban por tanto a la necesidad de reducir estímulos monetarios.
El gran fantasma para la zona euro es la estanflación, una situación económica de precios al alza y débil crecimiento económico. La presidenta del BCE Christine Lagarde ha vuelto a insistir en que la inflación decaerá a lo largo de 2022, a medida que se estabilice el precio de la energía y se vayan resolviendo los problemas de suministro, y en que, pese a todo, la situación de la economía de la zona euro es sólida. Aun así, la previsión de inflación para 2022 ha dado un salto desde el 1,7% de septiembre al 3,2% anunciado hoy. Lagarde ha reconocido además que existe el riesgo de una revisión al alza de las perspectivas de inflación, si bien por el momento no se detectan efectos de segunda ronda como un alza en los salarios.
Dic 17, 2021 | Noticias
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, considera que la tarifa plana es “una de las grandes mentiras de los últimos años”. Según expone, en dos años “se han despilfarrado” 2.700 millones de euros. El máximo responsable de UPTA indica que en la actualidad más de 473.000 autónomos se benefician de la tarifa plana. Sin embargo, datos del año 2019 indican que apenas se llegó al 15% de los profesionales.
Eso indica, según Abad, que los datos de hace un par de años serán similares a los que pueda haber al acabar 2021, esto es, unos 525.000 trabajadores por cuenta propia se beneficiarán de esta tarifa. No obstante, se espera que este 2021 termine con una de las cifras más bajas de los últimos años en el número de altas totales en el RETA.
Los datos contrastan con los obtenidos en 2018 cuando se alcanzaron las 736.000 altas y se produjeron 612.000 bajas. Desde UPTA también recuerdan que el año 2019 finalizó con un registro de 701.000 altas y 687.000 bajas. La cifra fue significativamente menor en el año 2020 cuando se produjeron 561.000 altas y 559.000 bajas. En dicho año, el número de beneficiarios de la tarifa plana fue de 500.000 de media anual.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que este año no se superarán las 600.000 altas, aunque sí se llegará a las 540.000 bajas, en concreto se generará un saldo positivo en más de 60.000 activos. Desde la organización, su presidente advierte de que la tarifa plana “solo sirve para obtener buenos datos de afiliación al RETA. Han utilizado la figura del autónomo para sustituir a los trabajadores por cuenta ajena”.
Estiman, además, que un 20% de los beneficiarios de dicha tarifa no cumplen con los requisitos para acceder a esta ayuda. “Son realmente falsos trabajadores por cuenta propia, siendo los sectores más afectados: el transporte, la construcción, las profesiones liberales, la educación, las actividades científicas y técnicas, los abogados o los periodistas”, ha dicho Abad.
Dic 17, 2021 | Noticias
La Agencia Tributaria cataloga como fraudulento y comienza a perseguir el uso de sociedades fantasma radicadas en la UE para sortear impuestos en el pago de intereses de firmas de España a sus matrices no comunitarias. Hacienda acaba de iniciar una nueva ofensiva contra el fraude fiscal en el ámbito empresarial tras detectar y catalogar oficialmente una nueva tipología de irregularidades tributarias cometidas por multinacionales con filiales españolas que comenzará a perseguir y sancionar masivamente a partir de ahora. Se trata, según consta en el dictamen del fisco al que ha accedido este diario, de un entramado por el cual grandes compañías extracomunitarias utilizan sociedades fantasmas radicadas en la Unión Europea para llevar a cabo operaciones de autofinanciación de filiales españolas eludiendo sus obligaciones con la Agencia Tributaria española.
Esta nueva tipología de fraude, de uso creciente entre determinadas multinacionales según distintas voces del ámbito tributario, ha sido detectada por la Comisión paritaria que la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria reúnen para resolver posibles conflictos en aplicación de la legislación fiscal, fundamentalmente cuando la Inspección encuentra estructuras tributarias especialmente artificiosas. Sus dictámenes son poco frecuentes (es el cuarto desde 2018), pero fulminantes: su emisión habilita para comenzar a perseguir y sancionar casos similares al identificado inicialmente. El informe sobre esta nueva tipología de irregularidad fiscal tiene efectos desde ayer.
El caso que ha servido a Hacienda para impulsar la persecución de este tipo de fraudes es el de una multinacional estadounidense que utilizaba una sociedad del grupo formalmente establecida en Países Bajos para prestar financiación a una filial española. De no mediar esta empresa intermedia, la filial radicada en España tendría que haber aplicado una retención del 10% sobre los 55,18 millones de euros en intereses abonados a su matriz extracomunitaria en aplicación del Impuesto de la Renta de los No Residentes (IRNR). La operación, sin embargo, quedó exenta en virtud del artículo 14.1 c) de la regulación de este tributo al cerrarse con una sociedad holandesa en lugar de con una de EEUU. El problema, constató la Inspección fiscal española, es que la firma de Países Bajos carecía de actividad real y el circuito con el que se cierra la financiación no tiene más justificación que eludir una retención de 5,5 millones.
En concreto, la Comisión conjunta de Tributos y la Agencia Tributaria concluye que la sociedad española, a la que no se identifica en el expediente, «realizó un conjunto de operaciones que se diseñaron para mermar considerablemente la tributación en sede de la jurisdicción fiscal española, siendo su principal efecto de naturaleza estrictamente tributaria», en concreto para lograr un «ahorro fiscal» mediante una operativa marcada por la «artificiosidad». Se considera probado por la Inspección que «la entidad holandesa es una entidad instrumental sin presencia real en los Países Bajos, actuando como un mero mediador de facto de las rentas, al carecer de sustancia económica» que la invalida para beneficiarse de la exención tributaria disfrutada.
Para llegar a esta conclusión, el fisco tiene en cuenta factores como la ausencia total de trabajadores o medios materiales de la sociedad holandesa, que está radicada en una dirección donde hay otras 4.255 compañías domiciliadas, con buena parte de las cuales comparte Consejo y Junta Ejecutiva, y que está participada al 100% por la matriz estadounidense que impulsó la financiación de su filial española.
La Comisión concluye, además, que una exención tributaria prevista para los residentes en otro Estado miembro de la UE no puede aplicarse sobre rentas que benefician a un tercero extracomunitario por mucho que pasen antes por una entidad radicada en territorio común. El informe se apoya, además, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha sido parco en la concesión de exenciones fiscales a holdings comunitarios controlados por grupos sin derecho a beneficiarse de estas ventajas tributarias.
Como resultado, la Comisión emite un informe en el que tumba ésta operativa e impone la regularización de este caso concreto mediante la exigencia a la sociedad española de la cuota tributaria que debió atender más los intereses de demora correspondientes. Más allá, a partir de ahora, aquellos casos en que la Agencia Tributaria aprecie una «igualdad sustancial» con este tipo de entramado podrán proceder a imponer las sanciones tributarias establecidas en el artículo 206 bis de la Ley General Tributaria, que rige sobre infracciones tributarias graves. Las multas pueden oscilar entre el 15% y el 50% de la cuantía no ingresada.
Dic 16, 2021 | Noticias
El dato de inflación publicado por el INE deja ya cerrada la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2022. Tal y como ha confirmado el Gobierno, la pensión máxima escalará en 2022 hasta rozar los 39.474 euros en 14 pagas, que suponen 2.820 euros mensuales. Esta pensión sube en 112 euros sobre los 2.707 de 2021. En cuanto a la pensión media de jubilación, y con datos de la última nómina de pensiones abonada en noviembre, pasaría de 1.194,9 euros mensuales a 1.224,7 euros siempre teniendo en cuenta las extras de verano y Navidad.
Las pensiones se revalorizan con la inflación media de los últimos 12 meses, no con la inflación a cierre de MES; la rápida subida del IPC este otoño explica la brecha entre el 2,5% medio y el 5,5% interanual. Antes de aplicar esta revalorización, y tras el aumento del 0,9% que registraron las pensiones en 2021, ahora los pensionistas recibirán la paga compensatoria –conocida coloquialmente como paguilla– por la desviación del 0,9% al 2,5% final, es decir, un 1,6%. Ésta se abonará en la segunda mitad de enero.
Para los beneficiarios de pensiones mínimas, pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital el alza será del 3% dejando en el caso de esta última prestación la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto en 5.899.6 euros.
La pensión mínima quedará en 12.468 euros (para un pensionista con cónyuge a cargo) que en 14 pagas son 890,55 euros mensuales, 40 más que los 851 de 2021, incluyendo la citada subida del 3% más la paguilla ya consolidada. Para todas las demás pensiones la subida es la marcada por la inflación, un 2,5%. Este porcentaje, más el 1,6% anterior, se aplica a los casi nueve millones de pensionistas que reciben cerca de 10 millones de pensiones (alrededor de un millón de ellos cobran dos prestaciones).
El resto de pensiones mínimas sube también el 3% más el 1,6%: la pensión mínima de viudedad queda en 11.689 euros en 14 meses (834 euros al mes) en caso de tener cargas familiares; si no se queda en 721. La pensión mínima de jubilación para pensionistas sin cónyuge a cargo queda, mientras, en 685 euros (siempre que el jubilado tenga más de 65 años).
Dic 16, 2021 | Noticias
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha roto la barrera de los 300 euros y alcanzará mañana, jueves, un precio medio de 302,48 euros/MWh. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica, que se había registrado para hoy de 291,73 euros/MWh, según datos de OMIE.
El precio mayorista, que afecta directamente a los consumidores acogidos al PVPC, acumula así seis días de incrementos seguidos en los que se han registrado tres récords. El precio de la electricidad en el mercado mayorista de este miércoles será un 39,56% más elevado que los 216,74 euros que marcó hace una semana, el 9 de diciembre y un 55,73% mayor que los 194,23 euros que alcanzó hace un mes. La diferencia es aún mayor si se compara con otros años.
De hecho, el precio medio de la electricidad en el pool de este miércoles quintuplicará los 49,34 euros que marcó hace un año (513%) y multiplicará por seis los 40,27 euros del mismo día de 2019 (651%).
Además, el precio de este miércoles será muy superior a los 56,59 euros que marcó el mismo día de 2018 (435%). Sobre esta última comparativa, cabe recordar que el Gobierno se ha comprometido a que la factura media de la luz de los consumidores españoles será inferior en el cómputo general del ejercicio que la registrada en aquel año.
No obstante, conviene tener presente que el precio del pool no es el único de los componentes que integran la factura de la luz, ya que ésta depende de otros elementos, entre ellos, los impuestos. Respecto a la fiscalidad de la electricidad, el Gobierno calcula que las medidas aprobadas desde junio han reducido los impuestos de la factura en más de un 60% y los cargos regulados en un 96%. El precio medio de la luz oscilará entre los 345 euros que costará entre las ocho y las nueve de la noche y los 251,78 euros que marcará entre las cuatro y las cinco de la mañana.
Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado hoy que la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno este año para contener la subida del precio a la electricidad se prolongará en el primer cuatrimestre del próximo año, hasta abril de 2022. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya habló ayer de nuevas medidas fiscales para la luz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hasta ahora, el paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal.
El anuncio de Montero se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que ha tenido que enfrentar la pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre cuántos impuestos tiene previsto subir el Ejecutivo.
La titular de Hacienda ha recordado que están a la espera de recibir el informe del comité de expertos para la reforma fiscal, previsto para finales de febrero del próximo año, pero que, en todo caso, las últimas decisiones tributarias del Gobierno han sido precisamente bajadas de impuestos: la bajada del IVA aplicado a las mascarillas, una rebaja de impuestos para nuevas empresas en la Ley de Startups y la prórroga durante el primer cuatrimestre del año de la rebaja de impuestos aplicados a la electricidad.
Dic 15, 2021 | Noticias
La Reserva Federal de EE UU cumplió con el guion previsto. Una semana después de que la inflación estadounidense repuntara a su nivel más alto en 40 años (6,8%), el banco central reafirmó su compromiso con la estabilidad de los precios y se mostró más agresivo. El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) acordó por unanimidad duplicar la reducción de las compras. A partir del próximo enero dejará de adquirir activos por valor de 30.000 millones al mes. Con esta decisión, la Fed se encamina a concluir el tapering en marzo, tres meses antes a lo inicialmente previsto. El cambio en el ritmo de la reducción refleja “los desarrollos de la inflación y la mejora adicional el mercado laboral”, según el comunicado del comité.
Pero las novedades en materia de política monetaria no quedaron ahí. El alza de los precios y la fortaleza que viene mostrando la economía estadounidense podrían justificar una subida acelerada de los tipos, proceso que comenzaría a mitad de año. Para 2022 los miembros del FOMC prevén tres subidas de los tipos. De confirmase estos pronósticos en cuestión de meses el precio del dinero pasaría de su mínimo histórico del 0-0,25% al 0,75%-1%. Esto supone un cambio importante respecto a la última vez que actualizaron las proyecciones. En septiembre el comité estaba dividido sobre la necesidad de subir los tipos en 2022. Las nuevas proyecciones son más agresivas incluso y prevén otras tres subidas de las tasas en 2023 y dos en 2024, proceso tras el cual la horquilla de los tipos se situaría entre el 2% y el 2,25%, niveles no vistos desde septiembre de 2019.
“La economía ya no necesita tantos estímulos con los elevados niveles de inflación”, señaló Jerome Powell en la rueda de prensa. A pesar del cambio radical, la Fed reiteró que está preparada para ajustar el ritmo de las compras si los cambios en las perspectivas lo justifican”. Lo que sí desapareció del comunicado fue la referencia a la transitoriedad de la inflación, idea reiterada, y por activa y por pasiva en los últimos meses.
Además de las nuevas proyecciones de tipos, la Fed actualizó el cuadro macro. El comité espera que en 2021 EE UU crezca un 5,5%, cuatro décimas más que lo previsto anteriormente. En 2022 el PIB aumentará un 4% y ya en 2023 se moderará al 2,2%. La inflación concluirá el año en el 5,3%, para bajar al 2,6% en 2023, nivel aún superior al objetivo del 2%. La mejora del mercado laboral seguirá su curso. La tasa de desempleo caerá del 4% en 2022. Por su parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los precios energéticos, se situó en noviembre en el 4,9%, tres décimas por encima de la del mes previo. Para el cierre del ejercicio, la Fed prevé que finalice en 4,4% y ya en 2023 caiga del 3%.
La mejora de las proyecciones sirvió de revulsivo a Wall Street, que avanzó sobre un 1,6%. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a dos años se situó en el 0,66% -aunque llegó a rozar los máximos anuales del 0,68%-, mientras la deuda a 10 años subió un 1,46%.
Dic 15, 2021 | Noticias
«España es el país que más avanzado va en el despliegue del Plan de Recuperación», reivindicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que compareció tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la marcha del paquete de inversiones y reformas sufragado con las ayudas europeas. Calviño aseveró que 65 de cada 100 euros del gasto presupuestado para este año ya han sido comprometidos a proyectos concretos y que las comunidades han ingresado ya unos 11.000 millones. Del desglose de este último reparto, eso sí, se deriva una asignación muy desigual por territorios en la que Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más del 40% de los recursos.
España, que tiene derecho a recibir hasta 69.500 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea para la recuperación de la crisis del Covid, recibió un anticipo de 9.000 millones en verano y ha sido el primer país en solicitar un desembolso oficial, ligado ya al cumplimiento de 50 hitos concretos, que aspira a ingresar antes de fin de año. Pese a que el desembolso comunitario para el país será de 19.000 millones en el ejercicio, el Gobierno se garantizó en el Presupuesto General de 2021 la posibilidad de adelantar vía deuda un total de 24.000 millones a cuenta del Plan de Recuperación. De dicha cuantía, detalló Calviño, el Ejecutivo de coalición ha autorizado ya el uso de un 73% de los fondos (unos 17.500 millones), que es el primer paso de la ejecución. El segundo estadio, que comporta ya el compromiso concreto de uso del dinero ha sido sellado ya para el 64,5% de los recursos (cerca de 15.500 millones).
Calviño no desveló, sin embargo, la cuantía total que se ha abonado efectivamente, que es la tercera y definitiva fase de ejecución. «No es cuestión de ejecutar todo en un mes», se limitó a manifestar preguntada por el dato concreto, recordando que el Plan de Recuperación comporta actuaciones hasta el año 2026 y que el objetivo es acelerar el ritmo en 2022.
Economía sí que detalló, sin embargo, el reparto territorial de los 11.001 millones de euros comunitarios que han sido ya transferidos a las comunidades autónomas. Por volumen, la región más beneficiada ha sido Andalucía, que ha ingresado 1.887 millones, el 17,15% del monto total asignado a las autonomías. Le siguen Cataluña, con 1.538 millones (el 13,98% de los recursos) y, en tercer puesto, Madrid, con 1.180 millones (10,73% del reparto regional). Entre las tres comunidades acaparan el 41,86% de los 11.000 millones transferidos a los territorios.
El resto de regiones asumen ya, en cada caso, menos del 10% del montante. Destaca por la parte alta la Comunidad Valenciana, con 1.038 millones (9,43% del total). Entre estas cuatro comunidades concentran la mitad de todo el dinero comunitario repartido entre las autonomías. Ya por detrás quedan Castilla y León o Galicia (con algo más del 6% en cada caso); Castilla-La Mancha (5,4%); Canarias, País Vasco (ambas con más del 4%); Extremadura (rozándolo); o Aragón y Murcia (con más del 3%). Los territorios que menos porción de la tarta europea han recibido son Asturias, Baleares (2,6%, en ambos casos); Navarra (1,8%); Cantabria (1,5%) y La Rioja (1%).
El Gobierno detalló que estos recursos irán destinados al despliegue de inversiones en ámbitos de competencia autonómica, entre los que destaca los de vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. En paralelo, el departamento que dirige Calviño detalla que las entidades locales han recibido otros 3.000 millones de euros a través de distintos reales decretos y órdenes ministeriales de convocatorias de subvenciones públicas.
A partir de aquí, en todo caso, la vicepresidenta económica del Gobierno anticipó que el objetivo es elevar la velocidad de ejecución de los fondos comunitarios hasta «alcanzar la velocidad crucero en 2022» aprovechando el empuje de la recuperación económica. Calviño, que de momento se resiste a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para 2021, del 6,5%, y 2022, del 7%, pese a que economistas y analistas han rebajado ya estas cifras con fuerza, se limitó a sostener que la incertidumbre imperante comportará nuevas correcciones en las próximas semanas pero que lo importante es que la tendencia de fondo es un crecimiento económico que va «de menos a más».
