El Congreso aprueba y envía al Senado las tasas Google y Tobin, que no entrarán en vigor hasta 2021

La Comisión de Hacienda del Congreso ha validado este jueves los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (‘tasa Google’) y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (‘tasa Tobin’), que se envían ahora al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria, con algunos cambios, contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.

En concreto, la Comisión de Hacienda ha ratificado las ponencias y ha aprobado con competencia legislativa plena los proyectos de ley de los dos nuevos impuestos, por lo que los textos no tendrán que ser ratificados en una sesión plenaria y pasarán directamente al Senado para continuar con su tramitación. La denominada ‘tasa Google’ ha recibido 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se ha incluido en ella una enmienda transaccional, mientras que la ‘tasa Tobin’ ha obtenido un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.

Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, y para las que el Gobierno pidió formalmente a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, habilitar las «sesiones necesarias» este verano con el fin de aprobarlos. Finalmente los textos de los proyectos de ley contemplan la entrada en vigor de los mismos a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que previsiblemente los nuevos impuestos no verán la luz hasta enero de 2021.

Fuentes socialistas han señalado que se espera que la tramitación se aborde en el Senado en el mes de septiembre y que no salgan adelante las enmiendas, con lo cual no volverían los proyectos legislativos al Congreso. La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.

Con la ‘tasa Tobin’ el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Desde el PSOE destacan que no se incluye en el hecho imponible los derivados, porque hay derivados que incluyen deuda pública, y que España va a ser «avanzadilla» en Europa, dado que el Proceso de cooperación Reforzada lleva en marcha en la UE desde el 2013 y sigue sin implantarse.

Por su parte, la ‘Tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Aunque Hacienda tenía previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, posteriormente (antes de la pandemia) la rebajó a 968 millones.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá «carácter transitorio» hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o europeo y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20. El nuevo paso para este impuesto se ha producido a pesar de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales.

El déficit del Estado alcanzó en el primer semestre del año los 48.767 millones de euros

Una cifra que multiplica por más de cinco la del mismo periodo del año pasado (10.346 millones) y que equivale al 4,36% del PIB, frente al 0,83% del año pasado. Por su parte, el déficit de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se situó hasta mayo en el 4,2% del PIB, con 47.009 millones de euros, frente al 1,31% del PIB del año pasado.

Las CCAA moderaron su déficit hasta el 0,08% del PIB por la financiación del Estado, frente al 0,36% del año pasado, mientras que los fondos de la Seguridad Social marcaron un déficit del 1,15%, por el mayor gasto en prestaciones debido a la crisis. Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que reflejan que, en términos del PIB, el déficit del Estado se sitúa en una ratio del 4,36%, que pasa a ser del 3,35% (déficit primario) si se deduce el efecto del gasto en intereses, que contrasta con el superávit primario del 0,20% de 2019.

Según Hacienda, las operaciones realizadas en el mes de junio han dado lugar a un incremento del saldo negativo acumulado hasta mayo de 15.786 millones, como consecuencia de una disminución de los ingresos del 22,3% y de un crecimiento de los gastos del 81%. Además, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4, como consecuencia de la finalización del contrato de concesión, lo que supone que el Estado pasa a realizar y asumir el mantenimiento de dichas autopistas.

Esta operación no tiene incidencia a efectos de déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, que registra en la rúbrica de formación bruta de capital fijo el valor de los activos que revierten a su patrimonio, estimado en conjunto en 1.745 millones.

El déficit del Estado alcanzó en el primer semestre del año los 48.767 millones de euros

Una cifra que multiplica por más de cinco la del mismo periodo del año pasado (10.346 millones) y que equivale al 4,36% del PIB, frente al 0,83% del año pasado. Por su parte, el déficit de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, se situó hasta mayo en el 4,2% del PIB, con 47.009 millones de euros, frente al 1,31% del PIB del año pasado.

Las CCAA moderaron su déficit hasta el 0,08% del PIB por la financiación del Estado, frente al 0,36% del año pasado, mientras que los fondos de la Seguridad Social marcaron un déficit del 1,15%, por el mayor gasto en prestaciones debido a la crisis. Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que reflejan que, en términos del PIB, el déficit del Estado se sitúa en una ratio del 4,36%, que pasa a ser del 3,35% (déficit primario) si se deduce el efecto del gasto en intereses, que contrasta con el superávit primario del 0,20% de 2019.

Según Hacienda, las operaciones realizadas en el mes de junio han dado lugar a un incremento del saldo negativo acumulado hasta mayo de 15.786 millones, como consecuencia de una disminución de los ingresos del 22,3% y de un crecimiento de los gastos del 81%. Además, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4, como consecuencia de la finalización del contrato de concesión, lo que supone que el Estado pasa a realizar y asumir el mantenimiento de dichas autopistas.

Esta operación no tiene incidencia a efectos de déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, que registra en la rúbrica de formación bruta de capital fijo el valor de los activos que revierten a su patrimonio, estimado en conjunto en 1.745 millones.

El Covid hunde a España en recesión tras una histórica caída del 18,5% en el segundo trimestre

La pandemia del coronavirus ha sumido a la economía española en la mayor caída libre registrada en la historia. El segundo trimestre del año, marcado por el confinamiento y el cese de toda actividad no esencial, cerró con un desplome del PIB del 18,5%, el más grave de todos los tiempos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al sumarse al retroceso, ya entonces récord, del primer trimestre, el descalabro sume a España oficialmente en la recesión (dos trimestres en negativo) y adentra la economía en una sima de profundidades desconocidas de la que podría tardar años en salir a flote.

Con la contracción del 18,5% la economía española agudiza la caída del primer trimestre del año fue del 5,2% trimestral, y que ya había duplicado el peor dato registrado hasta entonces, el descenso del 2,6% sufrido en el primer trimestre de 2009 como consecuencia de la crisis financiera. En términos interanuales la caída del PIB fue del 22,1%, frente al descenso del 4,1% del primer trimestre, periodo que solo se vio afectado por las restricciones durante dos las dos últimas semanas de marzo para contener el virus.

El confinamiento decretado hace mella especialmente en el consumo privado y la inversión, con descensos trimestrales superiores al 20%, sin precedentes en la serie histórica. El consumo final de los hogares sufre un batacazo del 21,2%, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas avanza un 0,4%. En cuanto a la inversión, la formación bruta de capital cae un 21,9%. Por componentes, la inversión en viviendas y otros edificios y construcciones disminuye un 25%, mientras que la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento baja un 25,8%. Finalmente, la inversión en productos de la propiedad intelectual retrocede un 8,6%.

La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de −19,2 puntos, 15,5 puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de −2,9 puntos, 2,5 puntos inferior a la del trimestre pasado. La debacle económica, como ha constatado ahora el INE, se multiplicó en el segundo trimestre del año, que estuvo marcado por esta situación de excepción constitucional prácticamente hasta el final, dado que el estado de alarma no se levantó hasta el 21 de junio.

El segundo trimestre no solo comenzó ya bajo el inédito confinamiento de los españoles en sus hogares y las severas restricciones comerciales impuestas inicialmente, sino que arrancó inmerso en el cese de toda actividad no esencial decretado entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Para entonces, todo tipo de comercios y servicios habían tenido que cerrar ya sus persianas, pero en aquellos días también buena parte de la industria y la construcción del país se vio obligada a paralizar sus máquinas –pese a la flexibilidad que el Gobierno introdujo a última hora- y sus trabajadores quedaron sujetos al llamado permiso retribuido, a recuperar en horas de trabajo durante los próximos meses.

La parálisis de la actividad, que ya entonces era del 30%, aumento durante los días de cese de actividad no esencial hasta el 50%, según los cálculos del Banco de España, que ya venía advirtiendo que estos tres meses podrían concluir con una caída del PIB del entorno del 16 al 22%. Transcurrido este periodo de máxima parálisis, España aún tuvo que esperar casi un mes para que, a partir del 4 de mayo, el Gobierno diera por iniciado el procedimiento de desescalada de las medidas de restricción impulsadas contra el coronavirus.

Al permiso para salir a pasear en determinadas franjas horarias le siguió una progresiva reapertura comercial, con aforos limitados, citas previas y restricciones que fueron desapareciendo gradualmente durante cuatro fases que dieron paso a la “nueva normalidad” a finales del mes de junio. Un proceso gradual y asimétrico por territorios que dio paso, en los últimos nueve días de junio, a la reapertura de las fronteras y la reactivación de la libre movilidad por todo el territorio nacional.

Entre medias, la pandemia destruyó más de un millón de empleos, dejo involuntariamente inactivos a otro millón de personas, elevó el paro al 15,3% y rebajó el número de ocupados que realmente trabajan a su cifra más baja desde septiembre de 2001. Después de todo, hasta 3,4 millones de trabajadores llegaron a quedar sujetos a un Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el peor momento de la crisis, que desde el Ministerio de Economía sitúan el 30 de abril.

Por el camino, la recaudación tributaria ha descendido un 18% en el conjunto del semestre, minando un 14,4% los ingresos públicos por la caída de la actividad y disparando un 23,7% el gasto público, debido a la elevada factura sanitaria y en prestaciones sociales. Como resultado, el déficit público estatal a cierre de junio era ya del 4,36%, cinco veces superior al de los primeros seis meses de 2019. Los expertos asumen que el agujero fiscal cerrará el año en doble dígito.

El confinamiento provocó una caída súbita del consumo del entorno del 50% que no ha terminado de recuperarse tras la desescalada, como tampoco resurge la inversión. Empresas y familias atesoran actualmente los mayores colchones de liquidez de su historia en cuentas bancarias.

Aun así, los expertos certifican que el histórico impacto sufrido por la economía española podría haber sido aún bastante más grave de no ser por el plan de medidas de choque desplegadas por el Gobierno y avaladas por el Parlamento.

El listado, que supone la movilización de fondos por valor de más del 20% del PIB, incluye el plan de 100.000 millones de euros en avales públicos para facilitar la liquidez a las empresas, con especial énfasis en pymes y autónomos, el impulso de los ERTE, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, los planes de apoyo a los sectores más afectados o las transferencias a las comunidades autónomas.

Con todo, y a falta de ver el empuje positivo que puedan dejar los 140.000 millones de euros que España aspira a recibir del nuevo fondo de recuperación europeo (la mitad en ayudas directas), organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asumen que sacar a España de la profunda zanja en la que ha caído este trimestre llevará años.

El PIB de EEUU se desploma un 32,9% en el segundo trimestre

La economía de Estados Unidos se ha desplomado un 32,9% en el segundo trimestre. La cifra ha sido mejor que las previsiones, que apuntaban una caída de más del 35%, pero supone la mayor debacle económica desde la Segunda Guerra Mundial. El desplome del 32,9% se compara respecto al mismo periodo de 2019, cuando la economía de Estados Unidos disfrutaba de una sólida bonanza económica. Frente al primer trimestre de 2020, la caída sería del 9,5%, cifra también sin precedentes.

En Estados Unidos, se toma como referencia la cifra interanual y se utiliza una metodología diferente a la europea. El Departamento de Trabajo calcula la producción de bienes y servicios del trimestre, la compara con el periodo anterior y proyecta cuánto sería el descenso si la tendencia se mantuviera. Se trata, además, de datos preliminares que tendrán que ser calculados de nuevo hasta dos veces más.

El dato está marcado por las medidas de confinamiento, que han supuesto el cierre masivo de negocios y comercios. En el primer trimestre, la caída fue del 5%, lo que puso final de manera abrupta al ciclo alcista más largo en la historia de Estados Unidos, que se ha prolongado durante más de diez años.

Además, las solicitudes de desempleo han aumentado en 1,4 millones en la última pasada, elevando la cifra total de parados a 30 millones. Se trata de la primera lectura del PIB, que coincide con las proyecciones de la Reserva Federal (Fed), que auguran un escenario económico negro y alertan de los riesgos que está generando la pandemia del coronavirus.

La Seguridad Social deja sin prestación a los autónomos en pluractividad

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado este jueves la denegación “arbitraria” de la prestación de cese de actividad a los autónomos que están en pluriactividad (cuando se realizan dos o más actividades laborales que cotizan en varios regímenes de la Seguridad Social), una queja que trasladará mañana al Gobierno, así como la petición de ayudas extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia afectados por los rebrotes.

Amor ha manifestado públicamente su malestar a través de su perfil de Twitter, en el que tacha de vergonzosas estas denegaciones y señala que el decreto por el que se aprueba la prestación no señala esta posible incompatibilidad. ”Esta prestación es compatible con la actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, no dice nada el Decreto de que sea incompatible”, ha señalado Amor en publicación.

ATA las reclamará, ha insistido Amor, quien señala que el Gobierno “debe de empezar a enterarse lo que están pasando muchos autónomos en este país” ante la “situación de emergencia para muchos sectores” y en un contexto “sin turismo, con rebrotes y muchos autónomos cerrados y sin actividad y denegándose prestaciones de forma arbitraria”. Las ayudas benefician a cerca de 1,5 millones de autónomos y permiten que los trabajadores por cuenta propia cuya facturación haya descendido un 75% o más respecto al tercer trimestre del pasado año puedan recibir alrededor de 660 euros (70% de la base reguladora), incluso continuando su actividad.

ATA mantendrá una reunión con el Gobierno en la comisión de seguimiento y manifestará su “indignación” por la denegación “arbitraria” de la prestación por cese, sin estar acordado, y reclamará su abono, así como ayudas extraordinarias a afectados por rebrotes. A este golpe a los autónomos se suma otro. Por otro lado, según ha alertado la Plataforma Pymes, la Agencia Tributaria (AEAT) estaría comenzando a cobrarse los aplazamientos de impuestos concedidos a los autónomos a través de sus devoluciones de la Renta. Esta es una práctica que “se ha hecho siempre”, aclara Lorenzo Amor, aunque “hacerlo en estos momentos, cuando hay una falta de liquidez enorme por parte de los autónomos, es lamentable, pero no es nuevo”.

El Supremo ve “refrendado” su reparto salomónico de los gastos hipotecarios en el fallo del TJUE

El Tribunal Supremo ha considerado que el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba nulas por abusivas las cláusulas hipotecarias que cargan al cliente todos los gastos del crédito “ha refrendado plenamente” su propio criterio, que establecía un reparto salomónico de la factura una vez eliminada esta condición de los contratos. El fallo del TJUE consideraba que la cláusula debía ser plenamente anulada, y el dinero abusivamente cargado al cliente, restituido por parte de las entidades. Salvo, matizaba, que la legislación nacional ya impusiese algún tipo de reparto concreto de los gastos, una consideración que dejaba comprobar en manos de los jueces españoles.

Aunque jueces como los de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya habían interpretado el pronunciamiento de la Corte de Luxemburgo como un llamamiento a hacer pasar por caja a las entidades, salvo en el caso del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que tras varias sentencias contradictorias del Supremo se terminó cargando al cliente, el alto tribunal no lo ha considerado así. En una nueva resolución, el Supremo estima que además del impuesto de AJD, el cliente debe cargar con la mitad de los gastos notariales, mientras que el otro 50% correspondería a la entidad, que también debe hacer frente a los aranceles del registro de la propiedad.

“En definitiva, el TJUE ha refrendado plenamente lo acordado en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo respecto de estos gastos (notariales y registrales)”, recoge la nota informativa publicada este miércoles, en alusión al criterio nacional fijado en enero de 2019, que acompaña al fallo del alto tribunal que confirma este criterio. Esta nueva sentencia, fechada el 24 de julio y hecha pública este miércoles, estima el recurso de casación interpuesto por Banco Santander contra un fallo de 2018 de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le hacía responsable de asumir los gastos indebidamente cargados al cliente.

El Supremo decide aquí “dejar sin valor ni efecto alguno la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y, respecto de los gastos notariales, se condena al recurrente a restituir la mitad”. La lectura que el alto tribunal español hace del pronunciamiento de la Corte de Luxemburgo promete traer cola pues, si bien cumple con los preceptos que venía defendiendo la banca, da al traste con la interpretación que habían realizado las asociaciones de consumidores, que asumían que la banca tendría que devolver el 100% de los gastos, y contradice incluso los primeros fallos judiciales dictados al amparo del criterio del TJUE.

Cataluña presentará un recurso de inconstitucionalidad para obtener las competencias del Ingreso Mínimo Vital

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): «Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat», ha subrayado el conseller. En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio, ha asegurado que, ante esta situación, su departamento ha decidido «dar un paso adelante», y ha concretado que el recurso de inconstitucionalidad se está preparando y pasará por el Consell Executiu de la semana que viene o el primero después del verano.

El Homrani ha afirmado que el IMV es una buena noticia y que pensar que llegará a 300.000 personas en Cataluña es «una mirada optimista», pero ha defendido que si se trabaja de manera alineada con la RGC se puede crecer en capacidad de cobertura. Ha explicado que con el IMV «se ahorrará una parte» de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV, y también ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.

Preguntado por los datos arrojados por la Encuesta de Población Activa de este martes, el conseller ha dicho que este es el primer dato real de la crisis derivada del coronavirus, y ha apuntado que hay empresas que «siguen muy dormidas» pese a haber salido de la fase más dura de la pandemia. «El reto será en otoño, que los ERTE no se conviertan en ERE», ha afirmado el conseller, que ha añadido que hace falta que el tejido económico actúe de forma no tan conservadora como hasta ahora y ha sostenido que las políticas deben acompañar y dar soluciones y seguridad económica.

Ha criticado la gestión de los ERTE por el Gobierno, ha dicho que la Conselleria se ofrecido en más de diez ocasiones para ayudar al Ministerio de Trabajo y que la respuesta que han obtenido es que no hacía falta: «No se quiere aceptar que la gestión ha sido un desastre», ha reprochado. NISSAN Sobre las negociaciones de Nissan, el conseller ha explicado que han convocado dos reuniones de mediación por semana y que las partes solo se han encontrado «cuando ha convocado el departamento», y ha dicho que por ahora los trabajadores no reconocen el ERE que pone sobre la mesa la empresa, y que ante esto, la compañía se bloquea, en sus palabras.

«Nos corresponde trabajar en un escenario de mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a la automoción» y ha destacado que el otro pilar del sector en Cataluña, Seat, está en buenas condiciones, tras lo que ha pedido a las administraciones que apuesten por los puntos de recarga para los vehículos eléctricos.

La AIReF estima que el PIB registró una caída del 20% en el segundo trimestre

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la economía española registre una caída del 20% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la crisis del Covid-19, por lo que empeora su pronóstico respecto a su anterior estimación, que apuntaba a una disminución de en torno al 13%. Así se desprende de la actualización de las previsiones de crecimiento del PIB del modelo MIPred de la AIReF, tras incorporar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que refleja que el paro subió en 55.000 personas entre abril y junio y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo (-5,4%), su mayor retroceso de la serie histórica.

La previsión de una caída del PIB en el segundo trimestre se realiza al contar con todos los datos que analiza la AIReF de los meses de abril y mayo y la mitad de los referidos al mes de junio. Entre otros, se encuentra el de la media mensual de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social, el consumo aparente de cemento, el consumo de energía eléctrica, el número de ocupados, la financiación a empresas, las importaciones, el Índice de Producción Industrial o el PMI de servicios.

La Autoridad Fiscal ha adaptado su modelo de previsión de la evolución del PIB en tiempo real (MIPred) a la nueva situación provocada por la Covid-19, para lo que ha tratado las variables del mercado laboral para recoger el efecto de los ERTE sobre el mercado de trabajo y trata de reflejar el proceso de desescalada.

En cualquier caso, señala que acontecimientos excepcionales que provocan cambios rápidos e intensos en la situación económica no pueden verse reflejados en las previsiones del modelo hasta que se disponga de los indicadores correspondientes al momento en que se ha producido la circunstancia que ha motivado esa alteración. Esto sucede actualmente con el potencial impacto de la Covid-19 en la evolución de la economía y la elevada incertidumbre.

Aedaf ve un suicidio un alza fiscal y propone un IVA del 4% para turismo

”No nos podemos permitir subidas de impuestos, ya llegarán cuando las cosas se tranquilicen”, defendió ayer la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AedaF) , Stella Raventós, considerando que plantear un alza fiscal cuando la economía no se ha recuperado aún del impacto de la pandemia del coronavirus sería “un suicidio”.

“La recaudación es importante, pero en este momento en que esperamos los fondos europeos, lo que no puede ser es que la recaudación inmediata sea a costa de las empresas”, agregó, antes de presentar una propuesta de rebaja tributaria temporal que la asociación ha remitido a todos los partidos políticos.

El plan pasa por establecer un tipo superreducido de IVA del 4% para servicios turísticos, de hostelería y transporte, los más afectados por la crisis del Covid-19, así como incentivos fiscales para los gastos asociados al teletrabajo que ha impulsado el confinamiento.

En paralelo, Aedaf apuesta por aprobar deducciones extraordinarias en el impuesto de Sociedades y por abolir el pago fraccionado de este impuesto después de que el Tribunal Constitucional tumbara el alza impulsada en 2016 ante su irregular aprobación por decreto.

El Congreso aprueba las propuestas económicas que inspirarán los Presupuestos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al documento de propuestas económicas de la Comisión para la Reconstrucción del país tras la pandemia de coronavirus, después de repetir la votación anulada la semana pasada tras detectarse un voto repetido que arrojaba un empate. Estas conclusiones se suman a las relativas al ámbito sanitario y a la Unión Europea, las únicas que recibieron el apoyo del PP, y juntas conforman el dictamen que inspirará la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, según ha reiterado el Gobierno en diversas ocasiones.

Los servicios de la Cámara Baja anularon el voto a favor de la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra, quien votó desde el hemiciclo a pesar de que su grupo había solicitado para ella el voto telemático, lo que derivó en un empate a 168 votos que hubo que deshacer. Finalmente, los socios de coalición han conseguido la mayoría de 172 votos con el apoyo de Ciudadanos, frente a 169 votos en contra. El único documento que no se incluirá en el texto final será el de políticas sociales, como consecuencia de los vetos cruzados entre los grupos y el escollo provocado por la falta de ayudas a la escuela concertada.

Con respecto a ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Pleno extraordinario en la que explicó el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre el fondo de reconstrucción comunitario, ha reconocido el trabajo y el “esfuerzo importante” de la Comisión para la Reconstrucción pese a no llegar al “100% de consenso” por “vetos cruzados injustificables”, y ha confirmado que se tendrán en cuenta las recomendaciones para el Plan nacional de reformas y la hoja de ruta de las transformaciones para los próximos años.

Sánchez, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre el fondo de recuperación para paliar las consecuencias del Covid-19 y ha asegurado que supone un hito económico y social, «pero tambien un hito político» porque se han podido acercar posiciones muy alejadas y se ha encontrado un punto de equilibrio, ante un desafío «sin precedentes». Así, ha instado a la oposición a llegar a acuerdos como los alcanzados en Europa.

«Este es el mejor ejemplo para ilustrar que una causa común une familias de distinto color político. Europa debía entenderse con Europa, y España debe entenderse con España. Si en Europa se puede, en España se debe poder. Debemos hacer que se puedan llegar a acuerdos», ha defendido.

«Europa ha estado a la altura», ha dicho, tras recordar que la «devastación» provocada por la pandemia ha hecho que los Estados trabajen juntos en un fondo que por primera vez en la historia comunitaria garantiza la mutualización de la deuda. En este sentido, ha destacado que fue España la que propuso desde el principio un acuerdo como el que se ha fraguado en Europa, un «plan Marshall» con transferencias directas y que se financiara mediante deuda común. Así ha apuntado que España fue «determinante» en el resultado final de esas negociaciones.

De esta manera, Sánchez cierra este miércoles el curso político, explicando en un Pleno extraordinario los detalles del fondo recuperación pos-Covid acordado en el último Consejo Europeo celebrado los días 17, 18, 19 y 20 de julio. Según el presidente, los requisitos para acceder a estas ayudas están alineados con la hoja de ruta del Gobierno. «La pandemia no ha cambiado las prioridades», alineando la agenda política de transformaciones de España con la UE, en términos de digitalización, cohesión social o economía verde.

De los 750.000 millones de euros comprometidos en Bruselas para frenar la crisis del coronavirus, aproximadamente 140.000 millones servirán para financiar reformas e inversiones en España (72.700 serán ayudas a fondo perdido y el resto en créditos), una dotación con la que el presidente dijo en su momento sentirse «satisfecho al 95%» tras los cuatro días de negociaciones. La propuesta inicial fue modificada pero Sánchez ha incidido en que el importe de los fondos no ha tenido «recortes» sino «pequeños ajustes».

Asimismo, ha aseverado que esa partida que le corresponde a España representa un 11% de su PIB, lo que supone una oportunidad «histórica» que hay que aprovechar para «dar un salto de competitividad y progreso seguro» y poder decir en una década que el país es líder en economía «digital y verde». En paralelo, Sánchez ha hecho hincapié que la respuesta a la crisis de 2008 fue un «retroceso» y que Europa «se equivocó», instando a que esta vez se consiga «un éxito absoluto». «Tenemos que volver a ser quienes somos, para que Europa proteja a Europa», ha dicho.

En este punto, el presidente ha señalado que España está trabajando y quiere agilizar lo antes posible los trámites para presentar los planes con los que acceder a dichas ayudas, asegurando que el sistema acordado no facilitará que haya vetos entre los países. Eso sí, estará permtido un «freno de emergencia» en el que cualquier país miembro puede solicitar un debate político si percibe que otro Estado está incumpliendo las normas.

División entre los alcaldes sobre si aceptan el plan de Hacienda para reinvertir su superávit

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha decidido convocar una Junta de Gobierno Extraordinaria para este viernes -aunque previamente se anunció para el jueves- que se promete de alta tensión. La cita tiene por objeto someter a votación la propuesta negociada por la cúpula de la FEMP con el Ministerio de Hacienda para permitir a los ayuntamientos reinvertir sus superávits en respuesta al Covid. La solución diseñada, sin embargo, ha dividido con fuerza a los alcaldes.

En la cita, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, tiene previsto presentar y pedir el voto favorable al “Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte”.

Así se denomina la fórmula ideada para permitir que los municipios puedan disponer de sus remanentes acumulados, pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución les prohíben incurrir en déficit contable, algo que harían si invierten el superávit de años pasados sin incorporar medidas de ingreso por la misma cuantía para este ejercicio.

La solución que será sometida a votación supone que los ayuntamientos que así lo deseen hagan un préstamos a bajo coste a la administración central, por hasta 14.000 millones de euros en superávits acumulados en cuentas bancarias, que luego el Ministerio de Hacienda les entregaría en forma de transferencia a lo largo de varios años.

En concreto, la propuesta sobre la mesa supone que el 35% se entregue entre 2020 (cuando se transferirían hasta 2.000 millones) y 2021 (con otros 3.000 millones), mientras que el resto se abonaría en una década. Gracias a este sistema, sería la administración central la que elevara su galopante déficit, mientras que los ayuntamientos sortearían la prohibición legal que pesa sobre ellos en este sentido. El destino de los fondos recibidos, eso sí, quedaría limitado a algunos proyectos concretos, como los que pasan por la mejora de los servicios sociales, las vías públicas, o el tratamiento de aguas, por ejemplo.

Al no convencer la fórmula a los alcaldes del PP, pero tampoco a los de Cs, Podemos o los nacionalistas vascos, Hacienda mejoró la propuesta apostando por suspender la regla de gasto local durante 2020 y prometiendo para los ayuntamientos recursos –sin cuantificar- del nuevo fondo europeo. La mejora de la oferta no ha terminado por lograr el consenso entre los municipios, cuyos representantes se reunirán por videoconferencia este viernes a fin de tomar una decisión definitiva. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió el martes que no hay alternativa.

Una advertencia que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a declarar este miércoles que la propuesta que hay sobre la mesa no es “una oferta” de Hacienda, sino “una imposición”, que busca tratar a las administraciones locales como a “menores de edad”. Almeida, del PP, ha pedido a Caballero, alcalde de Vigo por el PP, que “respete” el criterio de los alcaldes y no ceda a las posiciones del Gobierno central.

Las ventas del comercio minorista repuntaron en junio casi un 18%

El comercio minorista siguió recuperando sus ventas en el mes de junio tras las restricciones impuestas por el estado de alarma para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Pese a que la entrada a la llamada “nueva normalidad” no se produjo hasta el día 21 del pasado mes, las ventas en el sector repuntaron un 17,8%, según el Índice General del Comercio Minorista. Esta tasa es ligeramente inferior a la registrada en mayo, cuando las ventas se dispararon un 19,4% respecto al mes de abril.

Sin embargo, la evolución de este indicador ha sido negativa en relación al mismo periodo del año anterior, ya que la tasa interanual fue un 4,7% inferior respecto a hace un año, en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Si no se tienen en cuenta estos factores, el descenso fue del -3,3%, según se puede apreciar en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar del mayor dinamismo del sector, impulsado por la desescalada y la apertura de tiendas, el empleo bajó un 3,7% respecto al mismo mes del 2019. Se trata del mayor descenso registrado desde octubre del 2009. En relación a este dato, hay que señalar que Islas Baleares registra el mayor descenso, de un 11,3%, en el empleo del comercio minorista.

En relación al mes de mayo, aumentaron las ventas en todos los modos de distribución, si bien fueron las grandes superficies las que registraron un mayor crecimiento en este sentido -en concreto, un 45,1%-, seguidas de las pequeñas cadenas -34,7%-, las empresas unilocalizadas -16,3%- y las grandes cadenas, que fueron las que menos crecieron -un 5,7%-.

Un dato significativo es que tanto las grandes cadenas como las grandes superficies superaron el nivel de ventas alcanzado hace un año, al registrar tasas anuales de entre el 2,8% y el 1,9%, respectivamente. Pero en el resto de modos de distribución las ventas bajaron. Asimismo, de los datos del INE se desprende que los consumidores han preferido este tipo de establecimientos para realizar sus compras de alimentos, ya que han experimentado incrementos de sus ventas cercanos al 8%.

“La situación de confinamiento de los hogares ha provocado que durante el primer semestre los productos alimenticios hayan sido los bienes con mayor volumen de ventas, manteniendo niveles similares a los del año pasado y, en algún mes, incluso superiores”, subraya en la nota el INE. El desglose por tipo de producto indica que casi todos bajan, sobre todos los de equipo personal, que registra un descenso del 23,3%. Por el contrario, los productos de equipo del hogar aumentan sus ventas un 9,6% en relación al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, los datos reflejan que el comercio ’online’ continúa manteniendo un significativo dinamismo, ya que experimenta una subida interanual del 71,2%, si bien “la vuelta a la normalidad le resta fuerza y desciende un 2% respecto a mayo”, apunta el INE. Los datos estadísticos también indican que las comunidades más dependientes del turismo han sufrido las mayores bajadas de las ventas minoristas, con tasas anuales del 21% en Islas Baleares y del 11,9% en Canarias.

La CEC insiste en que, pese a la moderación de la caída de las ventas, la situación continúa siendo critica en muchas territorios y sectores del comercio y demanda al Gobierno medidas de reactivación.

La pandemia redujo la publicación de ofertas de trabajo en todo el territorio

Esta es la principal conclusión del último informe Infoempleo Adecco sobre Oferta y Demanda de empleo que se presentó ayer. La publicación analiza los trabajos ofertados entre marzo y mayo de 2019 y 2020 para determinar cómo la pandemia ha desdibujado el empleo y hasta qué punto lo va a alterar en el futuro. El coronavirus transformó el mercado laboral durante el primer mes del estado de alarma, pero la distribución regional de la oferta de empleo se mantuvo. En el mismo periodo de 2019, Madrid y Cataluña —que acumularon el 49% de las vacantes nacionales— se repartieron junto al País Vasco y Andalucía siete de cada diez ofertas generadas en España.

El Covid-19 redujo la publicación de ofertas de trabajo en todo el territorio, aunque afectó de manera heterogénea a cada región. Según el informe, las comunidades más perjudicadas durante el primer mes del estado de alarma fueron las islas Baleares (-82,1%), Cataluña (-77,1%) y País Vasco (-74,8). A su vez, Melilla (-48,3%) y Extremadura (-49%) son las autonomías menos afectadas. Los sectores más golpeados fueron la hostelería y el turismo (con una caída del 90%), la consultoría (-87,5%) y las industrias del automóvil (-85%) y del metal (-84%). En el otro extremo están las empresas de mensajería, que en la época más dura del confinamiento aumentaron sus vacantes en más de un 150% interanual.

El Banco de España señaló en su último informe trimestral que desde que se decretó el estado de alarma hasta el inicio del proceso de desescalada (el 4 de mayo), la actividad económica española habría disminuido en torno al 30%. No obstante, según el sondeo realizado por Adecco, las empresas españolas consiguen el aprobado en su respuesta a la crisis sanitaria. En concreto, el 63,4% de los profesionales encuestados creen que las compañías están respondiendo bien a la crisis sanitaria, a pesar de que el 35% han paralizado por completo su actividad, principalmente las dedicadas a la hostelería, al turismo, a la automoción y al comercio minorista.

El informe detalla que tan solo el 5,5% de las compañías han crecido. En concreto, las del sector logístico, sanidad y servicios sociales, tecnología, alimentación o agricultura. Todas ellas consideradas esenciales durante el confinamiento. Además, cinco de cada diez firmas aseguran haber reducido su actividad económica entre un 25% y un 75%.

De las medidas activadas por la Administración para evitar el cierre definitivo del tejido productivo, Adecco considera que la más importante han sido los ERTE, ya que han contenido la destrucción de miles de puestos de trabajo. El 61,3% de las empresas encuestadas se habían acogido a un expediente de regulación temporal de empleo antes de junio. Los sectores más beneficiados por la medida han sido el de la construcción (un 75% de las empresas la han aplicado), el industrial (un 74%) y los servicios (61%).

El 58,5% de las empresas que se mantuvieron activas durante los dos meses posteriores al decreto de estado de alarma optaron por el teletrabajo, según la multinacional de recursos humanos. La consultora ha notado también un amplio consenso en torno a la necesidad de regular la actividad laboral en remoto (el 86,2% de las empresas consultadas se muestran favorables).

Sin embargo, los datos revelan que el teletrabajo no es para todos. Tan solo el 18% de las empresas han permitido trasladar la oficina a casa al 100% de sus plantillas. Una realidad que revela la necesita de una adaptación y modernización de la legislación laboral para facilitar el trabajo en remoto en más empresas. En cualquier caso, la mayoría de los profesionales encuestados han quedado satisfechos con el experimento de este modelo de trabajo durante los últimos meses. El 83% afirman que les gustaría tener un empleo que les permitiese teletrabajar.

La Fed mantiene tipos e insiste en que seguirá apoyando la economía

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anticipa un panorama negro para la economía, cuya evolución estará marcada totalmente por la pandemia del coronavirus, según ha señalado. Tras su encuentro de dos días, los responsables del banco central de Estados Unidos han decidido de manera unánime dejar los tipos de interés en el terreno de cero en el que se encuentran desde finales de marzo y con la previsión de que no haya cambios ni siquiera el año que viene.

La Reserva Federal ha vuelto a dejar claro que no encarecerá las tasas hasta que tenga clara que la recuperación se consolida y alertado de los considerables riesgos que está provocando la crisis del coronavirus. El organismo reconoce cierta reactivación de la economía en la últimas semanas, pero advierte de que las principales partidas se encuentran muy por debajo respecto a comienzos de año, en referencia especialmente al mercado laboral, cuyo paro se ha disparado por encima del 13%, en contraste con la cifra menor del 4% del inicio de 2020.

La Fed también ha recalcado que seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para sostener la economía. Entre otras cosas, ha extendido hasta final de año los programas de aportación de liquidez a empresas y ayuntamientos.

El Gobierno extiende hasta diciembre la línea de avales ICO para la liquidez

El Gobierno ha decidido ampliar dos meses más, hasta el 1 de diciembre de este año, la línea de avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, para apoyar la liquidez de los autónomos, pymes y empresas, dotada con 100.000 millones de euros, según recoge este miércoles el BOE. El Ministerio de Asuntos Económicos cree que el éxito de la línea de avales es «innegable» y destaca que el ICO ha procedido a la liberación de los avales «con absoluta presteza», sin embargo, considera conveniente ampliar el plazo de solicitud de los avales desde el 30 de septiembre hasta el 1 de diciembre.

El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a esta propuesta, además de a la aprobación de un primer tramo de 8.000 millones de una nueva línea de avales de 40.000 millones destinada a apoyar proyectos de inversión, y ya no problemas de liquidez. El departamento que dirige Nadia Calviño sostiene que la ampliación hasta diciembre de la primera línea de avales puesta en marcha para hacer frente a los problemas de las empresas tras el estallido de la crisis del coronavirus permitirá un mejor casamiento de las necesidades y las fuentes de financiación.

En cuanto a la nueva línea de avales para impulsar la inversión, el BOE recuerda que de los 8.000 millones liberados en el primer tramo, 5.000 millones serán garantías para autónomos y pymes y los 3.000 millones para otras empresas. Y, en función del régimen aplicable según la normativa de la Unión Europea, establece que el importe máximo por cliente será de 1,5 millones de euros, con un plazo no superior a ocho años, que puede recibir en uno o varios préstamos, si bien se pueden recibir avales de hasta 50 millones e incluso por encima de esa cantidad.

El PSOE reabre la negociación para renovar el TC y el Poder Judicial

El PSOE ha reactivado las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios, y en especial con el del PP, para renovar a los miembros de Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato está caducado. El CGPJ acordó ayer retirar del orden del día la votación de nombramientos discrecionales ante “la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para su renovación”.

Poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó la existencia de esas negociaciones políticas y aseguró que la renovación de los órganos constitucionales es “urgente”, porque “no favorece nada una situación de interinidad y provisionalidad”. Fuentes del grupo parlamentario popular en el Congreso explican que el PSOE se ha puesto en contacto con el PP para “pedir la renovación de todos los órganos constitucionales”, aunque no reconocen la existencia de negociaciones “formales”.

La puesta al día del TC y del CGPJ es una asignatura pendiente del Congreso que se ha ido alargando un septiembre tras otro. El actual presidente del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre del 2019. El mandato del Consejo General del Poder Judicial venció el 4 de diciembre del 2018, y su presidente, Carlos Lesmes, ha recordado en varias ocasiones que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es “legalmente obligada”.

Sin embargo, no es una tarea fácil, porque la elección de los componentes de estos organismos requiere de una mayoría cualificada en las Cortes. El artículo 159.1 de la Carta Magna señala que el Constitucional se “compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial”.

Y el artículo 122.3 señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el ­presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros”.

El problema radica en esa mayoría cualificada, que implica poner de acuerdo a 210 diputados, lo que obliga a los socialistas, principales interesados en la renovación, a pactar con los populares. En noviembre del 2019, PSOE y Partido Popular alcanzaron un principio de acuerdo para renovar el CGPJ, pero la filtración de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, alardeando de que su partido controlaría a los jueces “desde atrás”, dio al traste con ese pacto que ahora los socialistas tratan de reactivar.

El Gobierno lanza el primer tramo de la nueva línea de avales del ICO para empresas por 8.000 millones

El Consejo de Ministros ha formalizado el acuerdo para poner en marcha la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación. Hoy, se ha lanzado el primer tramo, por una cuantía de 8.000 millones de euros, 5.000 millones reservados a pymes y autónomos, para que en la segunda parte del año las empresas puedan adaptarse a las nuevas circunstancias del futuro.

Así, lo ha anunciado la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras explicar que esta nueva línea de créditos estará destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Según Calviño, a través de esos avales ya se han garantizado más de 741.542 operaciones, avaladas con 70.206 millones de euros, que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación al tejido productivo. Más del 97% de las operaciones se concentran en pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En conjunto, serán 140.000 millones de euros en avales, que gracias a la colaboración del sector público y del privado, se pueden movilizar hasta 200.000 millones de euros en liquidez e inversión.

La nueva línea replicará el modelo de colaboración público-privado y de aprobación y gestión tras la buena experiencia con la primera línea del ICO. Se mantiene que el aval cubrirá al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, y al 70% en las grandes compañías. Sin embargo, la nueva línea de avales aumenta los años de amortización de los créditos, de cinco a ocho años, ya que van dirigidos a nuevas inversiones y no a inyectar liquidez.

Ha subrayado que el conjunto de medidas del plan de choque ha evitado un escenario «disruptivo» que podría haber supuesto una caída de la economía superior al 25% en el conjunto de 2020 poniendo en riesgo más de 3 millones de empleos adicionales. Asimismo, gracias las medidas articuladas el impacto en el desempleo está siendo inferior a la propia caída de la economía, algo que no había ocurrido en crisis previas y gracias a instrumentos como los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Por otro lado, Calviño ha apuntado que a partir de otoño se anunciará un plan de recuperación y resiliencia con el objetivo a medio plazo de apoyar junto a los nuevos fondos comunitarios un proceso de «transformación y modernización» de la economía, que permita «crecer durante un largo periodo de tiempo sin generar desequilibrios», como en el pasado, e ir hacia un «crecimiento más inclusivo y sostenible». Esta «tercera fase» supondrá un impulso al crecimiento potencial, «con el objetivo de superar el 2%.

«Todos los indicadores apuntan a la previsión de una V asimétrica», con una progresiva recuperación a partir del mes de abril, ha recordado. Calviño ha avanzado que estos días se convivirá con datos, como el de la EPA, que reflejan la situación pasada y son «coherentes con la evolución de la economía y del mercado que preveíamos en la situación excepcional», junto a otros que ya reflejan la reactivación como el gasto en tarjetas o el consumo de la electricidad.

Por otro lado, en la línea de lanzar otros programas de apoyo a la economía, la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que permitirá movilizar ayudas por 30 millones de euros dirigidos a pescadores y armadores para compensar las pérdidas derivadas de la paralización temporal de la actividad por el coronavirus.

Entre 6.000 y 9.000 buques podrán optar a las ayudas previstas en la orden, que evitarán «pérdidas de empleo entre asalariados y autónomos», y contribuirá a evitar la pérdida de empleo, de acuerdo con la portavoz. La normativa incluye, entre otras medidas, un incremento del umbral de ayuda a las inversiones de las organizaciones de productores de pesca y de la agricultura, del 3% actual al 12%. También eleva el porcentaje que se destina a anticipos al 70% de la cuantía anual de la ayuda.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva convocatoria del programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2020, también conocido como ‘Reindus’, dotada con 341 millones de euros, con la finalidad de relanzar la producción y conseguir el reposicionamiento de las empresas industriales en el mercado, sobre todo tras la crisis provocada por el Covid-19.

También ha autorizado la contratación por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del suministro alimentos en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria a Personas Desfavorecidas 2021 por un importe total de 57 millones de euros, para llegar a 1,5 millones de personas.

La Fed extiende hasta final de año los de préstamos de emergencia en EE UU

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado en un comunicado que prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2020 todas las facilidades de préstamo a hogares, empresas y administraciones públicas implementadas con carácter de urgencia por el banco central estadounidense en respuesta a la crisis y cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 30 de septiembre.

«Las facilidades de préstamo han proporcionado un respaldo crítico, estabilizando y mejorando sustancialmente el funcionamiento del mercado y el flujo de crédito a los hogares, las empresas y los gobiernos estatales y locales», ha destacado la Fed. La reunión del comité del mercado abierto, que decide la política monetaria, ha arrancado hoy y concluirá mañana con una intervención de su presidente, Jerome Powell.

De este modo, durante al menos un plazo adicional de tres meses continuarán en vigor los programas de crédito puestos en marcha por la Fed desde el pasado mes de marzo, incluyendo aquellos dirigidos a garantizar la liquidez de las pymes y a incentivar el mantenimiento del empleo

Asimismo, mantendrá su vigencia hasta final de año el programa de la Fed destinado a garantizar la liquidez los ayuntamientos, mientras que el programa de compra de pagarés de empresas, utilizado para inyectar liquidez en las pymes, tiene fijada su fecha de caducidad el 17 de marzo de 2021.

Más de 600.000 autónomos echarán el cierre este año si continúan los rebrotes

Los autónomos no están preparados para resistir otro confinamiento. Es la advertencia que lanza la organización de autónomos UPTA, que prevé que más de 600.000 negocios echarán el cierre este año si continúan los rebrotes de coronavirus. «Ni las prestaciones, ni las ayudas serían capaces de sostener el actual número de autónomos», avisa.

UPTA calcula que el coste de un nuevo ‘rescate’ a los autónomos superará los 5.000 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. La organización estima que, en función de lo ocurrido en los meses anteriores, se tendrían que pagar en torno a 4 millones de prestaciones por cese de actividad.

«De seguir con la situación de los rebrotes, sería la puntilla para los sectores más sensibles de la economía», subraya UPTA, que pide al Gobierno central y a los autonómicos que refuercen «al máximo» la coordinación y diseñen conjuntamente un plan de contingencia.

«Este país necesita acciones que se complementen entre sí y que se realice un reparto de fondos europeos justo, y, sobre todo, dirigido a proteger a las economías más débiles, ente la que, sin duda, están millones de trabajadores autónomos», ha apuntado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, en un comunicado.

Abad ha advertido de que los rebrotes complicarán mucho el final de la temporada estival de miles de pequeños establecimientos hosteleros, de ocio, taxistas y pequeños comercios, que ya están viendo que la facturación en sus negocios no sólo no mejora, sino que parece disminuir en la última semana de julio.

«El miedo al contagio se traduce en que miles de turistas nacionales hayan abandonado la idea de salir de sus residencias habituales para disfrutar de sus vacaciones y decidan no viajar en el mes de agosto. No sabemos realmente cual será el balance final de la temporada, pero los datos que estamos recopilando nos hacen ser muy negativos», ha afirmado Abad.