Los impuestos pagarán la mitad del déficit de las pensiones en 2021

El Gobierno ha iniciado ya los primeros pasos de la reforma de pensiones que se ha acordado recientemente en el Pacto de Toledo. La primera piedra la ha puesto el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una transferencia de 12.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, que servirá para sufragar parte de los denominados como gastos impropios del sistema (los de naturaleza no contributiva) y que en el agregado de gastos de la Seguridad Social suponen una parte del déficit anual -de 18.000 millones de euros en los últimos años y que ascenderá a 25.000 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia-.

Esta transferencia, cuyo destino ya había sido avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando que parte de la misma (de 18.000 millones en total) también serviría para sufragar los nuevos gastos de la pandemia (prestaciones a autónomos y bonificaciones en la cotización para empresarios y trabajadores en Erte) tendrán una doble vertiente. Y según confirmó este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de esta partida se destinarán 12.000 millones de euros para absorber la primera parte del déficit de la Seguridad Social correspondiente a gastos impropios o no contributivos, y que es equivalente a un punto del PIB.

Esta primera medida que afecta al ordenamiento financiero de la Seguridad Social que llevará a cabo el Ejecutivo si se da luz verde al proyecto de Presupuestos Generales en el Congreso, da respuesta a la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre separación y clarificación de fuentes de financiación del Sistema y supone el principal cambio que afronta con la reforma pues implicará sufragar directamente con impuestos parte casi la mitad del déficit que registrará en 2021 el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, de 25.000 millones de euros, en torno a 2 puntos del PIB.

Además, esta transferencia del Estado que se contempla ya en los Presupuestos de 2021 para la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por valor de 12.000 millones de euros, el equivalente a dos tercios del déficit que registró el sistema en 2019 (17.500 millones de euros). En este sentido, según apuntaba Escrivá en la entrevista concedida este martes que quedará otro tercio del déficit para abordar en los próximos dos presupuestos (2022 y 2023). «Este esfuerzo ambicioso ya está en los Presupuestos presentados», añadió.

El Gobierno negociará con el PNV y Ciudadanos para anular el alza al diésel propuesto en los PGE

La subida del impuesto al diésel ha abierto la caja de Pandora. Por un lado, están los más proclives a elevar el gravamen 3,8 céntimos por litro de gasóleo en el tipo estatal del impuesto sobre hidrocarburos, por tratarse de una medida de fiscalidad ambiental pedida por Europa. Por otro, los que creen que esto es un golpe al poder adquisitivo de las clases medias, las más golpeadas por la crisis del coronavirus, y que ahora no conviene.

Después del anuncio del alza propuesta por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que pretende recaudar 450 millones adicionales el año que viene, el Partido Nacionalista Vasco se quejó de deslealtad tras asegurar que el Ejecutivo se comprometió a no incluir dicha subida impositiva. Esta posición trasciende la medida económica. El apoyo de los seis diputados del PNV es clave para Pedro Sánchez de cara a aprobar unas nuevas cuentas públicas.

De hecho, menos de 24 horas después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba contundente respecto a su relación con el grupo vasco: «Yo voy a ser muy clara: el PNV es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura. Por tanto, llegaremos a un acuerdo con el PNV y lo haremos a lo largo de este proceso que ahora se inicia y que empieza desde el momento en que el Presupuesto supera la totalidad y se incorporan las enmiendas que los grupos políticos vayan planteando, y por tanto permanentemente intentando concitar los mayores acuerdos posibles. Si el acuerdo del PNV será en relación con esta cuestión u otra, habrá que dejar tiempo a la negociación».

La polémica también ha ocupado a Ciudadanos, otro de los grupos importantes para que el Gobierno apruebe sus Presupuestos. El partido liderado por Inés Arrimadas aseguraba en la mañana de este mismo miércoles que tenía el compromiso del Gobierno de no subir este impuesto. No obstante, la ministra portavoz del Gobierno matizaba por la tarde que «en relación con la negociación de los grupos, el comité de negociación no ha tenido ese contacto con Ciudadanos y estaremos encantados de poder hablar a lo largo del trámite de enmiendas y evaluaremos las propuestas que nos quieran aportar para hacer posible que se sumen al proyecto presupuestario»

Hacienda se abre a negociar la reforma fiscal

El libro amarillo que contiene el plan fue llevado ante el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que lo presentó como un primer paso para “reducir progresivamente la doble brecha fiscal” española con la UE. De un lado porque su gasto supone el 42,1% del PIB, frente al 47,1% comunitario, el 48,8% de Italia, el 45,2% de Alemania o el 55,6% de Francia. De otro, porque los ingresos suponen el 39,2% del PIB, frente al 46,4% de la UE, el 47% italiano, el 46,7% alemán, y el 52,6% francés.

Las nuevas cuentas, según la información remitida a Bruselas, elevarían el peso del gasto español al 48% del PIB y el de la recaudación al 40,3%. Se superaría por tanto el peso de la inversión europea sin rozar aún el de sus ingresos, teniendo en cuenta además que el agravamiento de la segunda ola de la pandemia hace indicar que la factura podría ser superior a la prevista y la recaudación inferior a la dibujada. De hecho, Montero defendió ayer esas cuentas presentándolas como “imprescindibles” para aprovechar las ayudas europeas, de cara a los partidos más pragmáticos; subrayando el peso de sus medidas sociales, en un guiño a las fuerzas de izquierdas, y mostrándose flexible a negociar su reforma fiscal ante los partidos de centro.

A la espera de ver la incidencia de la pandemia en la realidad económica, las cuentas incorporan un volumen de gasto sin precedentes. El presupuesto no financiero disponible es de 194.457 millones, un 52,4% superior al del año anterior, al incorporar los primeros 27.000 millones de ayudas europeas ante el Covid-19 (que el Gobierno prevé anticipar desde la entrada en vigor de las cuentas vía deuda) y transferencias extraordinarias de 18.326 millones a la Seguridad Social, para compensar sus gastos impropios y contener su déficit, y de 13.486 millones más a las comunidades autónomas, para apoyarlas en la pandemia.

Buena parte del acento está puesto en lo social, con planes específicos para cinco grandes colectivos clave. Se trata de programas de apoyo a la infancia (ampliando la educación pública de cero a tres años o dotando 159 millones para la lucha contra la pobreza infantil); los jóvenes (a los que destinará un plan de choque contra el desempleo de 663 millones, programas de digitalización y acceso a la vivienda) y a las mujeres (ampliando los permisos de paternidad, los programas de mejora del empleo, con 1.655 millones de dotación, o reforzando la lucha contra la violencia de género; o los mayores (con un alza del 0,9% para 9,7 millones de pensionistas y del 1,8% para 450.000 perceptores de prestaciones no contributivas; un alza del 34,4% en los fondos a la dependencia, hasta los 2.359 millones; otros 118 millones al Imserso y la elimina el copago farmacéutico para rentas inferiores a 5.635 euros, o 11.200 para quien no esté obligado a declarar). El quinto colectivo es el de los autónomos, para los que se prometen 2.230 millones en apoyo a turismo, comercio y pymes.

A su vez, las cuentas elevan además un 4,2% el gasto en personal (18.599 millones), tras aprobar un alza de los sueldos públicos del 0,9% que contribuye a elevar un 29,8% las operaciones corrientes, hasta los 195.686 millones; alcanzando un gasto no financiero de 236.331 millones, un 41% más que en 2020. Añadiendo un gasto financiero de 147.212 millones (22,5% más), el Presupuesto engloba fondos por 383.542 millones (un 33,3% más).

El Gobierno anuncia que se convocarán 240 plazas de jueces y fiscales

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este miércoles destina a Justicia para el ejercicio 2021 un total de 2.048 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto del último plan presupuestario presentado.

Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal, con el objetivo, según el documento, de lograr la «estabilización numérica de la Oferta de Empleo Público (…) reducir la interinidad, y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo».

En su memoria explicativa, los PGE fijan como objetivo «profundizar en la Justicia democrática» como derecho «propio y genuino de la ciudadanía», y añaden que para ello es necesario articular una Justicia «que responda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI para cumplir el papel que le atribuye nuestra Constitución».

En este sentido se ha planificado el desarrollo del Plan Justicia 2030, alineado en una perspectiva plurianual con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de Europa, cuyos objetivos son según el documento hecho público «con consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, desarrollándose así el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas».

En este punto, el capítulo relativo a Justicia de los PGE anuncia la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, y de la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias que hagan disminuir la litigiosidad en los tribunales. En esta misma línea menciona el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgara al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación.

Asimismo, los planes de Justicia para 2020 pasan por fortalecer la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo en marcha, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses que actúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, y una revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.

Los presupuestos pasan igualmente, por un «compromiso decidido con la modernización y la transformación digital de la Justicia para garantizar el acceso a la misma en iguales condiciones en cualquier parte del territorio», un aspecto para el que se prevé recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia y se presupuestan 149 millones de euros. Además, al programa de Registros vinculados con la Fe Pública se asignan créditos por un importe de 35 millones de euros.

Justicia araña 2.014 millones de euros de los Presupuestos Generales, un 7% más que en 2020

El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que ha aprobado el Consejo de Ministros contempla un aumento del 7,6% en las cuentas del Ministerio de Justicia, destinando un total de 2.014 millones de euros.

Teniendo en cuenta el presupuesto base del año 2020, que se fija en 1.871 millones de euros -dos millones más que en los presupuestos generales prorrogados de 2018-, el Gobierno destina al departamento dirigido por Juan Carlos Campo 143 millones de euros más que el año pasado.

Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibirá 73 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,1% con respecto a los presupuestos anteriores, que se dispusieron 65 millones de euros. En cuanto al Tribunal Constitucional, su presupuesto incrementa ligeramente en un millón de euros, destinando para 2021 un total de 27 millones de euros, un 3,7 por ciento más.

Regular los alquileres en cuatro meses

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo in extremis para llevar este martes el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación al Consejo de Ministros. En particular, ambas formaciones han alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM), entre otras medidas como subir el IRPF a las rentas altas y el impuesto de Patrimonio y de Sociedades. Según lo pactado, la ley -de los alquileres- se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.

La negociación se había complicado en las últimas horas. Unidas Podemos reconoció a última hora del lunes que aún no había acuerdo cerrado sobre los Presupuestos, demandando compromisos concretos para la limitación del precio del alquiler y avances en el Ingreso Mínimo Vital. Esa postura contrastaba con lo manifestado por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó en la Conferencia de Presidentes autonómicos que iban a aprobarse en la fecha prevista un anteproyecto de cuentas públicas para 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.

El principal nudo que impedía el acuerdo completo es la exigencia desde Unidas Podemos de incluir una serie de mejoras para garantizar por fin el buen funcionamiento del IMV e impulsar una regulación sobre el precio del alquiler. Bajando al detalle, para el ingreso mínimo se ha acordado tener en cuenta de forma permanente los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder la prestación, algo que antes solo estaba previsto aplicar hasta 2021.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV y podrán hacerlo en cualquier momento del año. Además, se ha reducido de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al IMV y se ha establecido la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV.

En cuando a los alquileres, la ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses. La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.

Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar «de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler».

Las mejoras en el IMV es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir ya la regulación del precio del alquiler, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia. Pero, además, en Unidas Podemos son partidarios de que introducirlo la cuestión del alquiler facilitará la aprobación de los Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.

El ICO se lanza a comprar también bonos de empresas españolas y rebaja su precio

Los tentáculos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) están por todas partes. Y todos ellos, luchando contra la crisis económica desatada por el Covid-19. La penúltima intervención es la compra directa de deuda corporativa de empresas españolas con grado de inversión (BBB- o Baa3), según fuentes financieras. Estas indican que es otro comprador, aunque a años luz del BCE, que inyecta demanda por el 40% del importe. Con todo, contribuye a la rebaja de los precios a mínimos históricos, al igual que el Banco Central.

El banco público se ha convertido en el principal ariete del Gobierno contra el deterioro económico por la pandemia. A través de él, desplegó los avales iniciales por 100.000 millones de euros, de los que se habían empleado 79.039 millones a 15 de octubre. Y, además, el ministerio que pilota Nadia Calviño ha puesto encima del tapete otros 40.000 millones para blindar crédito destinado a inversiones.

La novedad es que el ICO no solo protege la financiación que conceden los bancos, por entre un 60% y un 80% en función del tipo de empresa y de la operación, sino que también interviene directamente en el mercado comprando deuda. Con matices, adquiere los mismos bonos que el BCE con sus diversos programas. Aunque la institución que preside Christine Lagarde pone 4 de cada 10 euros en los libros de órdenes.

Fuentes financieras señalan que el modus operandi del ICO es diferente al del BCE. Su capacidad compradora es muy inferior, solo adquiere en el mercado primario, no una vez vendido el bono, y está limitado por requisitos adicionales, además del mencionado: que la firma cuente con el venerado grado de inversión. El dinero debe emplearse en crecer y concede prioridad a los bonos verdes. Quedan descartadas todas aquellas emisiones que sean para refinanciar pasivos previos.

Las fuentes consultadas señalan que su potencia de fuego está muy lejos de la que cuenta el BCE. En todas sus intervenciones ha adquirido menos del 10% del papel. La cantidad invertida es de 314 millones desde que se puso en marcha el programa hasta finales de junio. Aun así, fuentes de la banca de inversión destacan que es un inversor “significativo” en algunas colocaciones y que contribuye a la caída de las rentabilidades.

El programa de compras de deuda se explicitó en la reorientación estratégica de 2019 a 2021, presentada en abril del año pasado. El ICO fomentará “las fuentes de financiación alternativas”, con medidas como el apoyo a las empresas “mediante la adquisición de instrumentos de deuda corporativa de proyectos (bonos) en el mercado, en un primer momento para grandes empresas, con la vista puesta en su ampliación a compañías de menor tamaño”.

Esta declaración de intenciones se concretó el año pasado en “operaciones directas de préstamos y créditos, adquisición de bonos corporativos y garantías a favor de empresas por importe de 2.476 millones de euros, de los que 1.186 millones fueron destinados a proyectos en el exterior”, según explica en la memoria de 2019. Si bien, no desglosa el importe destinado a la adquisición de deuda pura y dura, puesto que lo incluye junto al resto de operaciones.

El Supremo cierra la puerta a que los interinos de larga duración sean declarados fijos

En dos recientes sentencias, el alto tribunal ha establecido que «no cabe aceptar que un proceso de selección realizado con vistas a suscribir unos contratos de obra y servicio determinados sea suficiente como para que los trabajadores así seleccionados adquieran la condición de fijos». La calificación de estos empleados, remarcan los magistrados, es la de «indefinidos no fijos».

La opción de la fijeza había sido acogida por varios juzgados y tribunales inferiores. Es el caso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que, en una resolución dictada en 2019, declaró fija a un celador de Puertos de Galicia tras encontrar abusivo su contrato de interinidad de 13 años de duración. En primera instancia, el trabajador había logrado únicamente la declaración de indefinido no fijo.

A la misma conclusión que el TSJ gallego llegó el pasado mes de junio un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante tras evaluar el caso de una empleada del Ayuntamiento de la ciudad que llevaba más de diez años prestando servicios en el consistorio como interina. La jueza se apoyaba en una resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictada en marzo, que amonestaba a España por la larguísima duración de los contratos de muchos interinos. En el texto, no obstante, se dejaba en manos de los jueces nacionales cómo castigar esta práctica.

Sin embargo, las dos resoluciones del Supremo, dictadas el 17 y el 30 de septiembre, niegan la posibilidad de que los interinos sean declarados fijos. Según la Sala de lo Social, su proceso de selección no respeta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que exige la Constitución para el acceso a la función pública, porque no son equiparables a una oposición o a un concurso-oposición «en el que puedan participar con carácter general todas las personas interesadas». Una conclusión que, según subraya la segunda resolución, no puede extraerse en ningún caso de una contratación realizada a través de una «entrevista personal».

En ambos litigios, el alto tribunal evalúa el cese de un grupo de empleados públicos del Servicio Andaluz de Empleo que fueron incluidos en un despido colectivo en 2012. Los trabajadores habían sido incorporados en 2004 con un contrato de duración determinada de obra o servicio, y tras varias renovaciones, convertidos en indefinidos en 2009. En su recurso, los demandantes reclamaban el reconocimiento de la condición de fijos porque entendían que su proceso de selección respetaba los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, un argumento que finalmente el Supremo rechaza.

Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 2% en el tercer trimestre

Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 23.900 en el tercer trimestre, casi un 2,1% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.172.700, su cifra más alta desde el primer trimestre de 2018, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la que se recogen los efectos de la pandemia en el mercado laboral.

En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en 162.800, con un avance en términos relativos del 16,1% respecto al tercer trimestre del año pasado, su mayor alza desde el cuarto trimestre de 2012. Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados bajaron en 54.300 en relación al trimestre anterior (-0,5%), hasta un total de 10.330.800 hogares, su menor cifra desde principios de 2018.

En términos interanuales, hay ahora 376.600 hogares menos con todos sus miembros ocupados que un año antes (-3,5%). Con el fin del confinamiento, los hogares con al menos un activo subieron en 209.100 respecto al trimestre anterior (+1,6%), hasta los 13,45 millones, aunque en el último año se han reducido en 11.300, un 0,08%. Por último, los hogares en los que no hay ningún activo bajaron en 194.000 en el tercer trimestre, hasta 5,34 millones, un 3,5% menos que en el trimestre anterior. En el último año, estos hogares han aumentado en 78.200 (+1,5%).

355.000 parados más y 570.000 nuevos ocupados

Los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año muestran claramente el caos que se ha producido en el mercado laboral como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Durante el segundo trimestre del año, cuando España estaba confinada, los trabajadores despedidos pasaron a figurar como inactivos porque no podían buscar empleo y, por tanto, no se les consideró como parados. La inactividad se disparó entonces en más de un millón de personas, una cifra totalmente extraordinaria. En el tercer trimestre del año, los datos se normalizaron y casi 900.000 inactivos se han reintegrado en la población activa, unos como parados y otros como ocupados.

Esto provoca que los datos de creación de empleo sean históricos, y también lo sean los de aumento del paro. Una situación totalmente excepcional derivada del caos en el que se ha sumido el mercado laboral en los últimos meses. En concreto, a lo largo del tercer trimestre del año se incorporaron al empleo 570.000 ocupados, el mejor tercer trimestre desde que existen registros. El aumento de la ocupación se centró en el sector servicios, de cara a la temporada de verano.

En paralelo, el número de parados se disparó en 355.000 personas, el peor dato de la serie, ya que tradicionalmente el tercer trimestre del año es positivo para el empleo. el resultado es que la tasa de paro escaló hasta el 16,26%, casi un punto más que en el trimestre anterior. Sin embargo, una cifra muy contenida si se compara con crisis anteriores. De hecho, esta tasa de paro se sitúa en niveles del año 2018 y muy lejos del 27% que llegó a rozar durante la crisis de Lehman Brothers. Esta es la noticia más positiva para el Gobierno, explican fuentes de Moncloa, ya que, con una caída muy intensa del PIB, la tasa de paro apenas ha aumentado en 2,5 puntos.

Este baile de cifras hace que la fórmula más eficaz para analizar los datos sea la comparativa interanual, esto es, respecto al mismo periodo del año anterior. Así se evita utilizar el segundo trimestre de 2020 como base, ya que fueron unos meses anómalos por el confinamiento. También es importante destaca que el INE sigue considerando a los trabajadores en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) como ocupados, ya que la metodología de Eurostat determina que se tienen que considerar como ocupados siempre que exista una expectativa de que volverán a su puesto de trabajo, cosa que el INE considera cierta.

El número de ocupados en el tercer trimestre fue de 19,18 millones de personas, lo que supone una pérdida de casi 700.000 empleos respecto al mismo periodo del año anterior. La destrucción de empleo se ha producido íntegramente en el sector privado, ya que en el sector público se han mantenido las contrataciones para reforzar los servicios durante la pandemia. En total el sector privado ha perdido 805.900 empleos como resultado de dos trimestres de crisis. Una cifra nunca antes vista. Por el contrario, el sector público ha creado 108.500 empleos en este periodo.

A pesar de la fuerte creación de empleo en el tercer trimestre del año, apenas se ha recuperado un 42% de todo el empleo destruido durante los meses del estado de alarma. Otro dato que muestra que la reapertura dejó a la economía española muy lejos del punto previo a la crisis y que queda mucho terreno por recuperar.

El número de parados superó los 3,7 millones de personas por primera vez en un tercer trimestre desde el año 2017. Sin embargo, esta cifra sigue amortiguada por los ERTE. Según los datos de la EPA, hubo 514.700 ocupados que no trabajaron como consecuencia de tener su contrato suspendido por ERTE. Eso sí, esta estadística se redujo de forma brusca a lo largo del trimestre, lo que evidencia una gran reincorporación de trabajadores del ERTE al empleo, cifras que incluso han sorprendido a los analistas más optimistas. En el segundo trimestre del año se acumularon más de 3,4 millones de trabajadores en ERTE, y en el tercer trimestre ya fueron apenas medio millón.

Esto significa que, además de los 570.000 nuevos ocupados del tercer trimestre, hay que sumarle casi 3 millones de trabajadores reincorporados de los ERTE. Eso sí, eso significa que la pandemia ha destruido 700.000 empleos y hay otros 500.000 que siguen en ERTE y que tienen muy difícil volver al empleo. La mayor parte de ellos tiene un empleo relacionado con el turismo, de modo que, si no han conseguido reactivarse durante la temporada alta, difícilmente podrán hacerlo hasta que no se haya superado la pandemia. En suma, esta crisis habrá provocado la pérdida de más de 1 millón de empleos.

Si se contabilizan los datos de empleo del sector privado contabilizando los ERTE como empleo perdido y recuperado con la reincorporación, los resultados reales del mercado laboral español son los siguientes. Entre el primer y el segundo trimestre del año se destruyeron 4,7 millones de empleos, una cifra nunca antes vista por la rapidez y la magnitud de la caída. En el tercer trimestre se han recuperado 3,3 millones de empleos. Esto significa que se ha retomado el 70% del empleo perdido, pero, aun así, hay 1,3 millones de empleos perdidos en el sector privado.

La banca en contra de la reducción de las ventajas a los planes de pensiones

Según lo recogido en el borrador del Anteproyecto de Ley de los Presupuestos, los límites de desgravación se reducirían drásticamente, al pasar de 8.000 euros al año a 2.000 euros. Inverco, la asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones (mayoritariamente controladas por la banca) y la patronal aseguradora (Unespa) han elaborado un comunicado conjunto mostrando su malestar por las medidas anunciadas.

A juicio de sector del ahorro y la inversión, «la reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados». En cambio, «sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional».

El objetivo del Gobierno es priorizar el ahorro complementario para la jubilación a través de los planes de empleo, que son pensiones privadas que se impulsan dentro del ámbito empresarial, por la negociación de la empresa y los representantes laborales. El Ejecutivo pretende, para este tipo de vehículos, elevar el límite de desgravación, al pasar de los 8.000 euros actuales, hasta 10.000 euros.

La señal es clara: el ahorro complementario para la jubilación tiene que constituirse en el ámbito de las relaciones laborales. El gran problema es que, a día de hoy, solo grandes empresas y algunas administraciones públicas tienen constituidos planes de empleo para su plantilla. A través de esta fórmula se han acumulado en España 35.000 millones de euros, mientras que por medio de los planes de pensiones individuales se han llegado a un patrimonio agregado de 75.000 millones de euros.

Para banca y seguros, la fórmula utilizada es un error. En su comunicado, recuerdan que hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida. Sin embargo, en más del 90% de estos casos, las aportaciones anuales son inferiores a los 2.000 euros que sería el nuevo tope.

El Gobierno ha puesto el foco en grandes empresas y rentas altas para apuntalar la reforma fiscal que plantea para 2021

Con la que espera recaudar 8.200 millones de euros extra, como señal a Bruselas de que el aluvión de ayudas comunitarias no hará olvidar al país su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Así, una cuarta parte del alza fiscal recaerá en apenas 1.700 empresas y los 36.200 contribuyentes con mayores ingresos del país. Se trata en realidad de una adaptación parcial de la reforma tributaria progresista pactada inicialmente por los socios de Gobierno, pero suavizada en el marco de la pandemia, según admitió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos son los cambios que introduce:

La novedad en el impuesto de Sociedades es que el Ejecutivo retoma la reducción del 100% al 95% en las exenciones sobre dividendos y plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en filiales patrias o extranjeras. De esta forma, ese 5% de beneficios hasta ahora exentos pasarán a tributar al 25% que marca el impuesto. La modificación dejará fuera a las empresas con una facturación inferior a los 40 millones de euros durante tres años, a fin de mantener incentivos a la internacionalización de las pymes. Su efecto se limitará, de momento, a 1.739 grandes empresas, de las cerca de 1,5 millones que hay registradas (buena parte inoperativas), el 0,12% del total. Busca recaudar 1.520 millones.

Las empresas han criticado la medida por el riesgo de que infrinja una doble tributación sobre los beneficios de filiales extranjeras, gravadas en el país de origen y en España. Su mero anuncio en 2018 y 2019, adelantó el cobro de dividendos en los dos últimos años. El Gobierno de coalición ha dejado de lado por ahora, eso sí, su principal objetivo en el impuesto de Sociedades: la fijación de un tipo mínimo del 15% para evitar que las empresas, sometidas a un nominal del 25%, acaben pagando por debajo de ese umbral aprovechando beneficios fiscales. El mínimo sería del 18% para banca y las petroleras, sujetas a un 30%.

En el campo del impuesto sobre la renta, PSOE y Podemos habían acordado un alza del gravamen de dos puntos sobre las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos sobre las de más de 300.000 euros. Finalmente, sin embargo, el alza será de dos puntos a partir de los 300.000 euros de ingresos anuales, lo que solo afecta al 0,07% de los contribuyentes, aseveró Montero. Como resultado, el tipo marginal aplicado a este grupo pasará en líneas generales del 45% al 47%, si bien el umbral varía con fuerza entre regiones y oscilará entre el 45,5% de Madrid y el 50% de Cataluña, por ejemplo.

En paralelo, el Gobierno revisa la fiscalidad del ahorro, para incrementar el gravamen en tres puntos a partir de los 200.000 euros. La medida afectará a 17.000 contribuyentes, que aportarán 21 millones adicionales. Entre ambas medidas, la recaudación de IRPF crecerá en 491,4 millones a costa de 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total.

Una de las principales novedades del plan del Ejecutivo es que recupera el impuesto de Patrimonio como una figura tributaria de carácter indefinido, pues este había sido abolido en 2008 y recuperado “temporalmente” en 2013 para hacer frente al coste de la crisis anterior. Desde entonces se venía prorrogando anualmente hasta ahora, que vuelve a formar parte del marco fiscal estable. Más allá, el Ejecutivo ha dejado finalmente de lado la idea de Podemos de crear un impuesto específico sobre las grandes fortunas, si bien ha aceptado elevar la presión fiscal que ya se ejerce sobre ellas a través de Patrimonio. En este campo, el plan presupuestario contempla un alza de un punto en el tipo aplicado a los patrimonios de más de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%. Podría aportar hasta 339 millones a las arcas autonómicas, pero no todas aplican este gravamen.

El plan presupuestario también eleva la presión sobre las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las socimi, sobre las que se aplicará una tributación mínima del 15% sobre sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios. Se busca recaudar 25 millones.

Siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ejecutivo ha optado por reducir las ventajas fiscales de las que gozan los planes privados de pensiones. En este terreno, el Estado deja de percibir anualmente 1.643 millones de euros al no gravar las aportaciones de 2,4 millones de beneficiarios de estos planes. Hacienda aspirar a recaudar 580 millones extra al rebajar de 8.000 a 2.000 el límite exento, mientras que elevará hasta 10.000 el umbral permitido en los planes de empresa para incentivar su uso. Montero recordó que el 58% de los contribuyentes hace aportaciones por debajo de 1.000 euros y que, según la Airef, el modelo actual beneficia básicamente a las rentas altas porque las bajas no son capaces de rentabilizar la ventaja fiscal.

En paralelo, el Gobierno revisa la fiscalidad de las primas de seguros, que no ha sufrido variación desde 1998, elevando su gravamen del 6% al 8%. La cifra, destaca Hacienda, aún queda lejos del 19% de Alemania, el 12% de Reino Unido o el 12,5% al 21,5% de Italia, pero permitirá ingresar 507 millones más. Aunque no tiene impacto fiscal, el Gobierno aprovecha el plan presupuestario para prorrogar un año más el régimen de tributación por módulos en IRPF e IVA, evitando endurecer el sistema –como lleva previsto legalmente desde 2018– para facilitar las cosas a unos 500.000 autónomos en el contexto de la crisis.

Pese a debatirlo internamente, el Gobierno no elevará finalmente la fiscalidad de la sanidad y la educación privadas. En cambio, sin ánimo recaudatorio, y en pos de la salud alimenticia, asevera Hacienda, el plan incorpora elevar el tipo de IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, lo que arrojará 400 millones. Eso sí, la medida solo afecta a su compra en supermercados y comercios, y no al consumo en bares y restaurantes, para evitarles el golpe en plena pandemia.

En el campo de la fiscalidad verde, en la que España se sitúa muy por debajo de la UE, el Ejecutivo ha decidido modificar el impuesto sobre hidrocarburos para acercar la tributación de diésel a la de la gasolina. Reducirá la bonificación fiscal del primero, para dejar el tipo estatal general de este combustible en 34,5 céntimos, frente a 30,7 actuales o los 40,07 de la gasolina. El alza supone un gasto de 38 euros por cada 1.000 euros de carburante. Para un depósito de 50 litros, son tres euros con el IVA incluido. Es decir, estima Hacienda, 3,45 euros más al mes para el consumidor medio, el que hace 15.000 kilómetros al año. La medida no afectará a transportistas profesionales y arrojará 500 millones.

En esta misma línea, pero ya fuera del Presupuesto, se sitúa una de las principales novedades de la reforma, la creación de un impuesto estatal sobre residuos “que penalice las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración”, detalla el Ejecutivo, para ingresar 861 millones. La medida “sigue las recomendaciones de varias directivas europeas para reducir el porcentaje de residuos en vertederos”, dice Hacienda. Otra de las novedades previstas por el Ejecutivo para 2021 es la creación de un impuesto a los envases de plástico no reutilizables, para ingresar 491 millones.

En paralelo al plan presupuestario, el Gobierno cuenta también para 2021 con el nuevo impuesto sobre los negocios digitales, la llamada Tasa Google, que entrará en vigor el 16 de enero tras su reciente aprobación. Busca recaudar 968 millones en 2021 gravando al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España.

Del mismo modo, el plan tampoco incluye el impuesto sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, aprobada en paralelo a la Tasa Google, que entrará en vigor a mediados de enero. Su objetivo es ingresar 850 millones anuales, gravando al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones. Finalmente, el Ejecutivo cuenta con aprobar próximamente la ley de medidas antifraude, para ingresar 828 millones, limitando el pago en efectivo entre profesionales a 1.000 euros; ampliando la lista de morosos o mejorando la lucha contra la elusión fiscal. Y hay otras medidas por 250 millones.

El 7% de los gastos del Estado correrá a cuenta de los fondos europeos

A comienzos de mes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometió que en 2021 España recibiría unos 27.000 millones de euros provenientes de Bruselas, una cantidad que el Gobierno ha tomado como válida en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que supone el 7% del total de los gastos para 2021: más de 26.600 millones de euros de un total de 383.500 millones. De ellos, 26.500 corresponden a gastos no financieros.

Los Presupuestos, explicó el Ejecutivo, “canalizan los fondos europeos para avanzar hacia una economía con mayor valor añadido, más digital y basada en la transición energética”. Las partidas dan buena cuenta de ello, y la mayoría del dinero comunitario, que llegará en forma de subvenciones directas, está destinado a la transición digital y verde, uno de los requisitos que impuso Bruselas en la negociación para aprobar el Next Generation EU.

Según el proyecto de cuentas públicas, el 21,1% de los fondos comunitarios, unos 5.600 millones de euros, van a parar a la industria y energía, una de las áreas clave en lo que a la transición verde y la descarbonización se refiere. La segunda gran partida, en un 17,8%, es la que va destinada a la I+D+i y la digitalización. Supone unos 4.700 millones de euros. Muy cerca, con unos 4.600 millones de euros (el 17,6% del total de los fondos), está el área de las infraestructuras y ecosistemas resilientes, otra de las patas principales en la transición sostenible.

Cabe recordar que de los 72.000 millones de euros que España recibirá entre 2021 y 2023, el 37% deberá destinarse a la transición verde, mientras que el 33% irá a la transformación digital, entendiendo ambos frentes como inversiones tractoras con impacto en un sinfín de áreas de todo tipo y condición.

Siguiendo con el proyecto de Presupuestos de 2021, unos 3.000 millones de euros (el 11% de los primeros 26.600 millones) irán destinados a sanidad, 1.800 millones (6,8%) a educación, 1.650 millones (6,2%) a potenciar el acceso a la vivienda y la edificación, 1.200 (4,8%) al comercio, turismo y pymes, 1.100 (4,5%) al fomento del empleo, otros 1.100 (4,4%) a los servicios sociales y la promoción social, 452 millones (1,7%) a “otras actuaciones de carácter económico”, 400 millones más (1,5%) a la agricultura, pesca y alimentación y otros casi 700 millones (2,5%) a otros asuntos sin concretar.

Debido a los retrasos en la aprobación final del Next Generation EU, lastrado por las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los 27 socios debido a la posible vinculación con el cumplimiento del estado de Derecho y ciertas partidas presupuestarias que el Consejo rebajó, el dinero no llegará hasta mediados de 2021, según las estimaciones más halagüeñas. Para contrarrestar la demora, el Gobierno de España emitirá deuda para poder adelantar el dinero que tiene asignado.

Las pensiones en España subirán un 0,9% el próximo año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló que el casi medio millón de pensiones asistenciales –aquellas que reciben quienes no han cotizado lo suficiente para recibir una prestación contributiva– subirán el doble, un 1,8% el próximo año. A este incremento de las cuantías de las pensiones hay que sumar el aumento del número de pensionistas esperado para 2021 y la tasa de sustitución prevista –cuantía superior de las pensiones que entran en el sistema que las que salen– para llegar al gasto final en pensiones calculado por el Gobierno para el año que viene que ha sido fijado en una cifra récord de 163.297 millones de euros en el proyecto de Presupuestos cuyas líneas generales fueron presentadas ayer. Esta abultada cantidad representa un incremento del 3,2% del gasto en pensiones respecto a 2020 y supone ya el 35,8% del gasto total y un peso sobre el PIB previsto para 2021 del 13,3%.

Tomar las medidas adecuadas para hacer que el gasto en el sistema de pensiones sea sostenible financieramente era una de las principales misiones que tenía la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que, precisamente ayer, debatió y votó la renovación de la veintena de recomendaciones que desde 1995 hacen los diputados a los Gobiernos para que reformen el sistema de pensiones. Si bien, las nuevas recomendaciones orientadas a aumentar el gasto tienen un peso considerablemente mayor que las que pretenden contenerlo.

Tras cinco años de trabajo la votación de las nuevas recomendaciones fue respaldada por una amplia mayoría del arco parlamentario, con 30 votos a favor del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, PNV y Coalición Canaria. Mientras que los independentistas catalanes de ERC y los vascos de EH-Bildu se abstuvieron y solo Vox votó en contra.

Aunque algunos grupos, como Ciudadanos, sí anunciaron que presentarán un voto particular relacionado con la recomendación 16 sobre el fomento del sistema complementario de pensiones, al entender que el Pacto de Toledo debería haber sido “más ambicioso” en el desarrollo del segundo pilar (planes de empleo colectivos en las empresas), haciéndolo cuasi obligatorio. En este mismo sentido, el portavoz del PP, Tomás Cabezón, que ayer no anunció ningún voto particular, aunque podría presentarlo porque los grupos tienen hasta el 4 de noviembre para ello, también consideró que el Gobierno no debería rebajar las deducciones a los planes individuales, como ha hecho en los Presupuestos de 2021 hasta que no haya desarrollado el segundo pilar.

De momento, las cuentas públicas de 2018 ya incluyen una transferencia del Estado de 18.000 millones de euros a la Seguridad Social para que financie una parte importante de los denominados gastos impropios, que es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Los PGE vienen con subidas de IRPF, patrimonio y sociedades

Unos Presupuestos progresistas y expansivos. Bajo esas dos etiquetas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que esta misma mañana aprobará el Consejo de Ministros. Las Cuentas incluirán cambios fiscales, introduciendo nuevas figuras tributarias como las tasas a las transacciones financieras, a las grandes tecnológicas o a los plásticos no reutilizables, pero también subirán los tipos impositivos.

Concretamente, se subirá el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales; se subirá un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de diez millones de euros; se subirá tres puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros y dos puntos para las de 300.000. Por otra parte, se establecerá una tributación mínima del 15% para las socimis y se reducirán las desgravaciones a los planes de pensiones privados.

El gasto social se reflejará en un refuerzo del estado de bienestar, según ha destacado el presidente del Gobierno, con un incremento sustancial de las partidas destinadas a servicios públicos. La inversión social se cifra en 239.765 millones de euros —un 10,3% más que en las anteriores cuentas—. La aportación a la atención a la dependencia, por ejemplo, se incrementará en un 46%. Se destinarán más de 600 millones de euros para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones y 700 millones de los fondos europeos para mejorar la atención a las personas mayores, «transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos, que apueste por la atención a domicilio», en palabras del vicepresidente segundo.

La aportación en educación aumentará un 70,2%, con un incremento de 514 millones para las becas, un Plan de Modernización de la FP con una dotación a cuatro años de 1.500 millones de euros. La I+D+i recibirá una inyección extraordinaria de 5.106 millones de euros más, lo que supone un aumento del 80,1%. Junto a ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación tendrá una dotación presupuestaria de un 60% más, en concreto de 3.232 millones de euros.

La cohesión territorial contará con 11.935 millones de euros para ejecutar políticas verdes y las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Las partidas destinadas a la industria se incrementarán en casi 5.700 millones de euros y las ayudas al comercio, al turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más para 2021. Las partidas totales en vivienda se incrementan en un 367,9% más, es decir, 1.772 millones de euros. Las partidas destinadas a la cultura aumentarán en estos Presupuestos en un 25,6%.

A la sanidad se destinarán 3.064 millones, un 151,4% más. De estas partidas, según ha matizado Sánchez, «se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y a reforzar la atención primaria que es sin duda alguna la primera línea de batalla del covid». El ingreso mínimo vital contará con un presupuesto de 3.017 millones de euros.

El sistema de cuidados y la conciliación se reflejará en una inversión de 200 millones de euros para impulsar la educación de 0 a 3 años; 300 millones para igualar los permisos de maternidad y paternidad en 16 semanas para cada progenitor y para hacerlos intransferibles y remunerados al 100%; y 200 millones para apoyar la conciliación de las familias con niños y niñas menores de 14 años, «a través de la contratación pública de cuidadores profesionales, como primer paso para construir un Sistema de Cuidados que asuma la corresponsabilidad de las administraciones públicas en este ámbito y que además va a ser una fuente de creación de empleo».

Las políticas activas de empleo contarán con una partida presupuestaria de 2.000 millones de euros. Se destinarán asimismo más de 200 millones «para reforzar y modernizar los servicios sociales públicos». Se actualizarán las pensiones al IPC y se incrementará un 5% el IPREM. Según ha argumentado el vicepresidente segundo, «este incremento, por ejemplo, va a mejorar las prestaciones que reciben muchos parados de larga duración, la renta activa de inserción, la renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas». Por otra parte, las becas universitarias contarán con una partida de 250 millones de euros.

De forma paralela a los Presupuestos, Sánchez e Iglesias han llegado a un acuerdo para impulsar por ley las regulaciones en el precio de los alquileres en un máximo de cuatro meses. La medida estaba incluida en el acuerdo programático, pero los socialistas pretendían aplazarla hasta que el mercado se estabilizase después de la pandemia. El compromiso firmado es que se desarrolle en la nueva ley de vivienda, debiendo ser aprobada por el Consejo de Ministros según el acuerdo en un plazo máximo de tres meses para llevarla al Congreso y aplicarla antes del próximo mes de marzo.

El acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos comprende la creación de «mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes», siempre ajustándose a unos índices de precios de alquileres previamente establecidos. De este modo, «se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda».

Los socios de la coalición también han acordado enmendar el decreto por el que se regula el ingreso mínimo vital para facilitar los requisitos de acceso. Se tendrán en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder este subsidio -en estos momentos, esta medida solo se aplicaría hasta 2021-. Por otra parte, se reduce de tres a dos años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para poder tener derecho al ingreso mínimo.

Se considera que con este cambio se va a facilitar que un mayor número de jóvenes puedan acceder a este subsidio si su situación económica empeora, por ejemplo, por quedarse en paro, y no han logrado cotizar lo suficiente para poder acceder a una prestación de desempleo. Por último, PSOE y Unidas Podemos han acordado establecer la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al ingreso mínimo, dando r respuesta a algunos de los problemas detectados en la tramitación de la prestación.

La EPA muestra que el número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre

El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto al anterior (un 3,06%) y se sitúa en 19.176.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 2,98%. El empleo ha disminuido en 697.500 personas en los 12 últimos meses (un 3,51%).

La ocupación aumenta este trimestre en 111.200 personas en el sector público y en 458.500 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 805.900 personas en el sector privado, mientras que ha aumentado en 108.500 en el público.

Los asalariados aumentan este trimestre en 581.200. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 158.300 y los de contrato temporal en 422.900. En variación anual, el número de asalariados disminuye en 681.900 (el empleo temporal baja en 582.800 personas y el indefinido en 99.100). El número de trabajadores por cuenta propia desciende en 10.400 este trimestre y en 14.300 en los 12 últimos meses.

La ocupación aumenta este trimestre en Servicios (476.300 personas más), en Construcción (80.300) y en Industria (45.400), y disminuye en Agricultura (32.300 menos). En el último año el empleo disminuye en todos los sectores, sobre todo en Servicios, con una bajada de 533.600, y en la Industria, con 128.100 menos.

Los mayores incrementos de empleo este trimestre se da en Cataluña (96.400 más), Comunitat Valenciana (81.800) y Andalucía (76.200). Y el único descenso en Canarias (–2.800). En el último año la bajada de la ocupación es general. Las mayores reducciones se observan en Cataluña (–138.500), Andalucía (–115.600) y Comunidad de Madrid (–90.800). Sólo Región de Murcia mantiene el mismo nivel de empleo que hace un año. El número de parados sube este trimestre en 355.000 personas (10,54%) y se sitúa en 3.722.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 11,98%. En los 12 últimos meses el paro se ha incrementado en 508.500 personas (15,82%).

La tasa de paro se sitúa en el 16,26%, lo que supone 93 centésimas más que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha aumentado en 2,34 puntos. Por comunidades, la mayor bajada trimestral del paro se da en Illes Balears (–9.200). Y los mayores incrementos en Andalucía (143.800 parados más), Canarias (47.800) y Cataluña (33.600). En términos anuales, el aumento del paro es casi general. Los mayores aumentos se dan en Comunidad de Madrid (105.000), Cataluña (84.500) y Comunitat Valenciana (83.100).

El número de activos crece este trimestre en 924.600, hasta 22.899.800. La tasa de actividad sube 2,29 puntos y se sitúa en el 57,83%. En el último año la población activa ha disminuido en 188.900 personas y la tasa de actividad en 88 centésimas.