Actualidad fiscal enero 2022

Actualidad fiscal enero 2022

Índice

  1. Cuidado con las sociedades inactivas.
  2. COVID-19: Se extiende la suspensión del régimen de disolución por pérdidas.
  3. Se amplían los plazos para pagar, transformar o reducir sus créditos ICO
  4. El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades.

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Bruselas desembolsa los primeros 10.000 millones del fondo

La Comisión Europea anunció ayer el desembolso de 10.000 millones de euros a España procedentes del primer tramo fondo de recuperación pospandemia, tras haber sido aprobado el 22 de diciembre. «¡El primer pago del fondo NextGenerationEU, de 10.000 millones de euros para España, está ahora en camino!», anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su perfil en Twitter. La política alemana envió sus «felicitaciones» a España y confió en «tener muy pronto más buenas noticias para otros países de la UE».

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, indicó en la misma red social que este primer pago del fondo permitirá a España «desplegar inversiones ecológicas y digitales, iniciar reformas para fortalecer la resiliencia económica y recuperarse de la crisis y prepararse para el futuro». El día 22 se produjo el aval definitivo de Bruselas a la ejecución del pago, un día después de que los Veintisiete dieran su visto bueno al primer paquete de reformas prometidas por el Gobierno español para desbloquear este tramo.

España será el primer país del bloque en recibir un pago ordinario del fondo europeo de recuperación, del que recibirá 69.500 millones de euros en transferencias directas; le corresponde además otro tanto en préstamos, que por el momento no ha solicitado. El desembolso de 10.000 millones de euros estaba ligado a cumplir 52 objetivos de su plan de recuperación desde febrero de 2020 y que se habían logrado en su mayoría ya al final del primer semestre de 2021.

Entre las metas cumplidas figuran la ley sobre cambio climático y transición energética, la reforma del sistema de ingreso mínimo vital, la normativa para reducir la temporalidad en el sector público, el plan de digitalización de pymes y la estrategia de promoción del 5G. También estaban contemplados la adopción de la tasa digital o sobre las transacciones financieras, medidas laborales como las normas para reducir la brecha de género en los salarios o la ley sobre el teletrabajo y algunos elementos de la reforma de las pensiones como la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social o la modificación del complemento de maternidad.

Salvo el anticipo de 9.000 millones de euros recibido en agosto, que solo estaba vinculado a obtener luz verde al plan de recuperación, el resto de desembolsos se irán produciendo de forma semestral una vez España pruebe que ha cumplido los objetivos pactados con Bruselas para cada uno de ellos hasta 2026.

El siguiente tramo asciende a 12.000 millones de euros y está vinculado a 40 hitos y objetivos, entre ellos las principales modificaciones del mercado laboral para reducir la temporalidad o modernizar la negociación colectiva. Precisamente, la reforma laboral se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, con el apoyo tanto de patronales empresariales como de las centrales sindicales, tal como había recomendado la propia Comisión Europea.

España cuenta con poco más de 400.000 trabajadores fijos-discontinuos frente a cuatro millones de temporales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Real decreto de la reforma laboral pactada la semana pasada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, tras más de un año de largas negociaciones. Esta nueva norma entrará en vigor inmediatamente, tras su publicación en el BOE, pero se tramitará después como proyecto de ley en el Parlamento, donde podría experimentar algún cambio. Al margen de los intentos de modificar la ley en sede parlamentaria, que ya han avanzado los socios nacionalistas del Gobierno, ayer y hoy las negociaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales seguían respecto a algunos puntos que aún podrían experimentar algún cambio antes de su publicación en el BOE, según han informado fuentes conocedoras de la negociación.

Una de estas cuestiones sobre las que aún podría haber algún pequeño ajuste se refiere a la figura del contrato fijo-discontinuo que será completamente reformulada legalmente y a través de la cual los negociadores de la norma quieren canalizar mucho del actual empleo temporal, según distintas fuentes consultadas. A diferencia de los contratos temporales, los fijos-discontinuos son considerados indefinidos estadísticamente, a pesar de que en las épocas en las que no son llamados para trabajar cobran también el desempleo, como los eventuales. Otra diferencia es la indemnización al término del contrato. Mientras los temporales son indemnizados con 12 días por año trabajado en el momento en el que finaliza su contrato, la extinción de un fijo-discontinuo es como la de un indefinido, que oscila entre los 20 días por año y una anualidad de máximo o 33 días por año y 24 meses de tope, dependiendo de si es un objetivo procedente o un objetivo o disciplinario improcedente.

En la actualidad, no llegan al medio millón las personas que tienen este tipo de contratos, según la estadística de los afiliados a la Seguridad Social, lo que apenas supone el 2,6% del total de cotizantes (ver gráfico). Estas cifras contrastan con los más de cuatro millones de trabajadores temporales, que representan uno de cada cuatro asalariados en la actualidad.

Pues bien, la nueva regulación del fijo-discontinuo –que ahora estaba reservada a “trabajos de carácter fijo discontinuo que no se repitan en fechas ciertas”– amplía notablemente los colectivos con los que se puede celebrar este contrato. En concreto, según lo pactado la pasada semana, podrán ser fijos-discontinuos quienes realicen “trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados”. Con esta nueva definición este contrato se abre a situaciones que antes la norma permitía hacer con contratos temporales o con fijos a tiempo parcial.

Pero, además, el real decreto que se aprobará hoy permite hacer contratos fijos-discontinuos «para la prestación de servicios en la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles formen parte de una actividad ordinaria de la empresa”. Asimismo, las empresas de trabajo temporal podrán hacer estos contratos de forma que el trabajador sea un empleado indefinido de la ETT, pero sea cedido de forma continuada a distintas empresas. Si bien, fuentes de la negociación insisten en que este texto aún podría sufrir alguna modificación.

En cualquier caso, “mucho empleo temporal de la actualidad, se va a canalizar a través de los fijos-discontinuos, sobre todo aquellos contratos de obra vinculados a contratas y subcontratas”, explica el socio de Laboral de Pérez-Llorca, Daniel Cifuentes. Este experto también considera que, el coste en desempleo será similar al temporal pero que, por el contrario, su rescisión de contrato será más cara y, sobre todo, “los procedimientos administrativos de contratación serán mucho más complejos”. Esto se debe a que la ley fija que, ya sea un convenio colectivo o, en su defecto, un acuerdo de empresa, establecerá los criterios objetivos y formales por los que se debe regir el llamamiento de las personas fijas discontinuas.

La lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros

La octava lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 7.277 deudores de más de 600.000 euros con Hacienda a 31 de agosto de 2021, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 18.200 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria. Las dos cifras suponen un aumento del 88% y del 29,4%, respectivamente, en comparación con la publicación del pasado mes de junio debido a un cambio en los criterios de Hacienda.

Como novedad ante la entrada en vigor de la Ley de lucha contra el fraude, en esta publicación el límite conjunto de deudas y sanciones desciende desde un millón a 600.000 euros, lo que implica que figure un número superior de deudores y deuda en este listado en comparación con los de años anteriores. Además, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también, y como novedad, a los responsables solidarios.

Así, si se compara con la anterior lista publicada en junio de 2021, el número de deudores se ha disparado un 88%, mientras que el importe global de la deuda lo ha hecho un 29,4%, si bien hay que tener en cuenta que 3.000 millones del importe total (18.200 millones) aparecen duplicados como consecuencia de la inclusión de las derivaciones de responsabilidad solidaria. Homogeneizando criterios con los de los listados anteriores, el número de deudores sería de 3.439, un 11% menos con respecto al listado anterior, mientras que el importe ascendería a algo más de 12.800 millones de euros, por lo que la variación respecto al último listado publicado es, en términos homogéneos, de un 9% menos.

Para ser seleccionadas, estas deudas deben cumplir las condiciones que establece el propio artículo 95 bis de la Ley General Tributaria: no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de agosto de 2021 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Otra de las novedades es que se habilita la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Del total de 7.277 deudores que figuran en este último listado, 1.367 son personas físicas por importe de 2.081 millones de euros (en la lista anterior eran 312 por importe de 673 millones de euros) y 5.910 son personas jurídicas por importe de 16.150 millones (frente a los 3.557 de la pasada lista de junio y 13.426 millones).

Del importe total, más de 7.200 millones de euros, el 40% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 2.176 deudores, el 30% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior, la proporción era mayor, con algo más de 7.270 millones de euros (el 51%) y más de 1.696 deudores, el 44% del total.

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho ad referéndum en París el 10 de enero de 2008, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 14 de julio de 2021.

El precio de la luz bajará de los 100 euros de media diaria por primera vez en casi dos meses

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se desplomará este lunes por debajo de los 100 euros por megavatio-hora (96,08 euros), algo que no ocurría desde el 1 de noviembre (también lunes), cuando el megavatio-hora costó de media 91,2 euros. Pero a diferencia del pasado 1 de noviembre, la jornada de este lunes destaca por un enorme contraste de precios durante el día (el precio mínimo será de 2,67 euros, entre las 2 y las 6 de la madrugada, mientras que el máximo ascenderá a 207,10 euros, entre las 18 y las 19 horas).

Esto ocurre pese a que el precio del gas natural en los mercados internacionales sigue elevado (aunque por debajo de los 180 euros de máxima que alcanzó hace una semana) al situarse en el entorno de los 100 euros por megavatio-hora en el que lleva un par de días instalado y el precio de los derechos de emisión de CO2 también (en alrededor de 75 euros). Y se debe a que la generación eólica durante la madrugada es capaz de cubrir toda la demanda para esas horas, lo que produce ese desplome de precios durante las horas nocturnas, mientras que por el día los precios se mantienen altos porque es la hidráulica la que marca el nivel, contagiada por el precio de los ciclos combinados (lo que se conoce como coste de oportunidad).

Este argumento es todavía más evidente al comparar la caída de precios de este lunes en España –un 49% respecto a los 188,53 euros por megavatio-hora de media de este domingo– con la del resto de países europeos que comparten el mismo sistema de fijación de precios –el coste del megavatio-hora en Francia cae un 13,1%, hasta los 161,08 euros por megavatio-hora, mientras que en Alemania desciende un 13,7%, hasta los 148.83 euros– pero con un ‘mix’ de generación distinto.

Durante este mes de diciembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha mostrado toda su volatilidad al pasar de superar los 400 euros durante algunas horas el 23 de diciembre (entre las 8 y las 22 horas) a descender hasta precios tan bajos como los 2,67 euros de este lunes. Y todo parece indicar que esta será la tónica de los últimos compases de año con una meteorología marcada por el viento y la lluvia, que favorece al ‘mix’ de generación español, en un momento de precios de gas altísimos.

Con todo, diciembre será casi que con total probabilidad el mes con el precio de la luz en el mercado mayorista más alto de todo el año. En la actualidad, en los primeros 27 días, el precio medio mensual asciende a 251,38 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200,06 euros por megavatio-hora que se registraron de media mensual récord en el mes de octubre.

Cabe recordar que estas cifras corresponden a una parte del recibo –junto a los cargos y los peajes (costes regulados) y los impuestos–, y afectan directamente solo a una parte de los consumidores –aquellos 11 millones que tienen una tarifa regulada o PVPC–, aunque sirve de referencia para establecer las tarifas del resto de usuarios del mercado libre (17 millones). Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% para los consumidores domésticos y los impuestos, también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). A partir de enero, el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, pero planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%. En el caso de los peajes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una reducción de los peajes del 2,5% para los hogares.

Procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones para el desarrollo de un procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes.

El Congreso aprueba los Presupuestos de manera definitiva este martes

El Congreso de los Diputados aprobará este martes de manera definitiva los Presupuestos de 2022, en una votación que previsiblemente incorporará el único cambio introducido por el Senado, referente a la promoción de lenguas minoritarias. Una semana más tarde de lo inicialmente previsto, el Congreso cerrará en el Pleno del martes algo más de dos meses de tramitación presupuestaria, a tiempo para que las cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata de los segundos presupuestos del Gobierno de coalición, centrados, igual que los de 2021, en apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos. El Pleno del martes, que tendrá una duración aproximada de una hora, se dedicará a debatir y votar la única enmienda introducida por el Senado, sin pronunciarse sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación, según apunta la agencia Efe.

La enmienda en cuestión es una iniciativa de Compromís para dedicar 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada con el apoyo del PP, PNV y ERC, entre otros partidos, y la oposición del PSOE. A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que el PSOE apoyaría esta enmienda en la votación del Congreso, con lo que se garantiza que la partida permanecerá en el texto de la ley.

Más allá de esta última votación, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 han recabado importantes apoyos en su tramitación: 11 partidos en el Congreso -PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe-, a los que se sumaron en el Senado Geroa Bai, Asociación Socialista Gomera, Más Madrid, Més per Mallorca y Partido Aragonés.

Las formaciones del Congreso cerraron sus acuerdos durante la tramitación, lo que supuso la inclusión de numerosas enmiendas en la Cámara Baja, mientras que los partidos del Senado las negociaron previamente, de manera que el texto de la ley ya incluía desde el principio sus reivindicaciones. No obstante, la tramitación ha sido bastante accidentada, con negociaciones hasta el último minuto -sobre todo con ERC-, polémica por el veto gubernamental a enmiendas como la del IVA de las peluquerías o la aprobación, en contra del criterio del Gobierno, de un fondo Covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros.

Los presupuestos parten con máximos históricos de techo de gasto (196.142 millones), gasto social consolidado (248.391 millones) e ingresos tributarios (232.352 millones), en parte por la incorporación de 27.633 millones de los fondos europeos. Las cuentas prevén inversiones por más de 40.000 millones, sobre todo en industria y energía (11.316 millones), infraestructuras (11.481 millones) y sector agrícola (8.844 millones). Los presupuestos incluyen una dotación para subir el sueldo de los funcionarios un 2% y elevar las pensiones en un 2,5%, así como un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas del 15%.

Garamendi (CEOE) afirma que la reforma laboral "no es cosmética" y cree que ha ganado "el país"

El presidente de la organización empresarial CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la reforma laboral «no es cosmética» y considera que ha ganado «el país». No obstante, advierte que, si durante la tramitación «al texto le cambian una coma, quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento». En una entrevista concedida a El Correo, Garamendi analiza la reforma laboral pactada con el Gobierno central, CCOO y UGT y valora que se logre «estabilidad, seguridad jurídica, buen clima, distensión y una imagen impecable frente a las instituciones europeas».

Tras recordar que se viene de nueve años en donde «el término que más se escuchaba era derogación», afirma que lo acordado «no es cosmética» y «no ha ganado nadie». «Bueno, ha ganado el país», añade, según recoge Europa Press. «Uno de los objetivos que yo me había propuesto es sacar la política del mundo de la empresa. Cada uno a lo suyo. Yo me siento con el Gobierno que han elegido los españoles, igual que mis compañeros de Confebask se sientan con un Ejecutivo de un color político diferente en Euskadi. Mi obligación es mantener a CEOE alejada de la política partidaria», argumenta.

En este contexto, destaca que una legislación que nace de un acuerdo «tiene unos valores muy importantes y no se puede sustituir de cualquier forma», por lo que «no sería aconsejable que un Gobierno pretenda romper eso» en el futuro. Respecto a la necesidad que tiene ahora el Gobierno para alcanzar mayorías en el Congreso que permitan sacar adelante la reforma, Garamendi indica que «ese es su trabajo».

«Nosotros hemos hecho el nuestro. Y ahí sólo tengo que hacer una advertencia. Si al texto le cambian una coma, quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento. Los acuerdos se alcanzan para cumplirlos», advierte. Por otro lado, afirma que tras alcanzar el acuerdo ha hablado con mucha gente, incluidos Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, quien «ya ha declarado que se va a oponer a esta reforma».

«Me parece legítimo y está en su derecho de hacerlo. Cada uno tiene su sitio», indica, para añadir que su relación personal es «buena», de tal forma que no le dice a Casado lo que tiene que hacer y «él tampoco me llama para decirme lo que tengo que hacer yo».

El precio de la luz sube cien euros en diez días y se asoma a los 400 euros por megavatio-hora

El precio medio se aproxima a los 400 euros el megavatio-hora de media, al marcar este jueves 383,67 euros, según los datos del Operador Ibéricos de la Electricidad. Aunque a efectos prácticos, el megavatio-hora se situará durante la mayor parte del día (entre las 8 y las 22 horas) por encima de esta cifra, entre 400 y 409 euros por megavatio-hora, y será solo por la noche cuando se produzca una minoración hasta el precio mínimo que se situará en 303 euros por megavatio-hora entre las 3 y las 4 de la mañana.

La última semana ha disparado unos precios que estaban en niveles históricos, tanto es así que el precio de este miércoles será cien euros más caro del de hace solo diez días (el 12 de diciembre el coste del megavatio-hora era de 256,98 euros), multiplicando por más de ocho los registros de hace un año (el 23 de diciembre de 2020 estaba en 46,3 euros por megavatio-hora). El jueves pasado el precio medio de la electricidad batió por primera vez la barrera de los 300 euros por megavatio-hora y desde entonces no se ha bajado de ese nivel, ni tan siquiera durante el fin de semana cuando la demanda es menor.

Unos precios insólitos que se deben al elevadísimo precio del gas natural en los mercados internacionales, que comenzó la semana pasada en el entorno de los 120 euros por megavatio-hora y se sitúa ahora en 174 euros. Este es el principal detonante de esta escalada de final de año, aunque hay que sumarle el elevado precio de los derechos de emisión de CO2, también en máximos históricos (80 euros por tonelada), que ha mantenido los precios altos durante todo el año. De hecho, ambos motivos llevan a ver altos precios en toda Europa, no solo en España. Así, en Francia el megavatio-hora costará este jueves 416,44 euros, y en Alemania, 300,03 euros.

Diciembre comenzó con precios altos, pero con gran volatilidad (hubo días en los que el precio bajo hasta los 100 euros por megavatio-hora y también cifras superiores a los 200 euros), pero fue a partir del 16 de diciembre cuando, tras instalarse en la cota de los 300 euros, no ha parado de encarecerse a un ritmo de 20 euros al día en muchos casos. Esto provoca que casi con toda probabilidad diciembre acabe como el mes con el precio medio mayorista más alto de la historia hasta la fecha pues el precio medio mensual supera ya los 250 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200 euros de octubre, el mes con el promedio más caro hasta ahora.

Estos precios repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. El precio de la energía es una de las cuatro partes del recibo, junto a los cargos y los peajes (precios regulados) y los impuestos. Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% y los impuestos también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). La incógnita es qué ocurrirá a partir de enero, de mantenerse estos mismos precios, pues, aunque el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%.

Bruselas sigue los pasos de la OCDE y propone un tipo mínimo del 15% a las multinacionales

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Esta propuesta legislativa refleja el acuerdo del pasado 8 de octubre, al que se sumaron 137 países, y que tiene dos pilares. El primero afecta a la reasignación parcial de los derechos de imposición sobre los beneficios residuales. Es decir, trata de asegurar que las empresas pagan lo justo en los países en los que operan, con un ojo puesto en particular en los grandes digitales. El segundo pilar, que la Comisión traduce en legislación a través de esta directiva, introduce un impuesto de sociedades mínimo común para las grandes empresas a nivel mundial.

Hace unos meses, impulsados por la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, un total de 137 países acordaron fijar un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y así evitar la carrera impositiva a la baja que se veía observando a lo largo de los últimos años. A grandes rasgos, la OCDE pactó dos acuerdos. De un lado, el conocido pilar 1, que exige que las empresas paguen impuestos allá donde operan. Del otro, el pilar 2, que introduce una nueva tasa mínima del 15% para las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.

Este miércoles, y como muestra de alineamiento inmediato con la OCDE y con los objetivos fiscales, tal y como ha detallado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, Bruselas ha presentado una propuesta de directiva que lleva el llamado pilar 2 a las normas europeas. El objetivo es arrojar algo de luz acerca de cómo se calculará la tasa impositiva efectiva por país, «con reglas claras y legalmente vinculantes que garantizarán que las multinacionales paguen una tasa mínima del 15% por cada jurisdicción en la que operan».

Las normas, como pactó la OCDE, se aplicarán a cualquier gran empresa con ingresos de más de 750 millones anuales, tanto nacional como internacional. Recaerán sobre las empresas matrices o sobre las filiales que estén asentadas en un Estado miembro. Según detalla el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las reglas propuestas siguen el modelo presentado por el organismo internacional. Así, si el tipo mínimo efectivo no lo impone el país en el que tiene su sede una empresa, el Estado miembro de la empresa matriz podrá aplicar un impuesto complementario hasta llegar a ese 15%. «La propuesta también garantiza una fiscalidad eficaz en situaciones en las que la empresa matriz se encuentra fuera de la UE en un país con impuestos reducidos que no aplica normas equivalentes», añade el comunicado.

En efecto, según las normas publicadas esta semana por la OCDE, la tasa impositiva efectiva se establece en función de cada jurisdicción, dividiendo los impuestos pagados por las empresas en cada mercado entre sus ingresos. Si la tasa impositiva efectiva para las multinacionales está por debajo del 15% entrarían a operar las reglas del pilar 2, que exigirían que la compañía pagase la diferencia hasta llegar al mínimo fijado. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que el plan no supone una armonización fiscal comunitaria, pero sí un freno a la competencia fiscal entre países.

Según las normas de la OCDE que también se aplicarán en la Unión Europea, quedarían exentas de este impuesto mínimo las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión, incluyendo los dedicados al sector inmobiliario.

Además, tal y como detalla Bruselas, la propuesta también prevé ciertas excepciones. Para reducir el impacto sobre los grupos que realicen «actividades económicas reales», las empresas podrán excluir una cantidad de ingresos equivalente al 5% del valor de los activos materiales y al 5% de los gastos en nóminas. Las reglas también prevén una exclusión de cantidades mínimas de ganancias para reducir la carga en situaciones de riesgo. Esto significa, resume la Comisión, que cuando los beneficios e ingresos medios de un grupo multinacional en una jurisdicción están por debajo de ciertos umbrales mínimos, esos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa.

A partir de ahora, explica la Comisión, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo unánime en el Consejo, donde están reunidos los 27 socios. También será necesario consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo para conocer sus opiniones, añade Bruselas.

El proyecto de ley de reforma concursal, aprobado por el Consejo de Ministros

Esta norma, que ahora inicia su proceso parlamentario, y que ha sido calificada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, de «ley estructural y muy importante» recoge varias modificaciones claves respecto a la ley vigente. Dos de los más importantes son los mecanismos de alerta temprana y la posibilidad de exonerar deudas. Aquí no entran las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, las conocidas como créditos públicos, salvo cantidades muy reducidas.

El proyecto de ley, que sirve para transponer la directiva europea sobre insolvencias, regula como gran novedad la llamada fase previa o preconcursal, «a lo que se le da un marco más ágil y más flexible desde el punto de vista procedimental», según la ministra Llop. Con la incidencia en esta fase se intenta proteger a las empresas que «realmente» son viables y evitar su liquidación por la duración actual del proceso. Desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago, ya que, de acuerdo con los legisladores, la experiencia ha demostrado que, aunque se llegue a ellos, en la mayoría de los casos no sirven para evitar liquidaciones. A cambio, se crean los planes de reestructuración, que afectarán no solo al pasivo de las empresas sino también a los activos. Así, se facilitarán los intercambios de activos o de parte de la empresa por deudas.

En relación con la alerta temprana de «peligro» de insolvencia, se introduce una serie de indicadores de aviso para que la empresa conozca y valores sus riesgos. La nueva ley facilita la exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores «de buena fe» y también a los consumidores. Se podrá optar por una exoneración inmediata previa a la liquidación o por un plan de pagos o exoneración provisional.

En esta exoneración no entran los créditos públicos o deudas con Hacienda y la Seguridad Social, salvo cantidades muy pequeñas (1.000 euros en el caso de la segunda) que pueden modificarse a lo largo del trámite parlamentario. Pilar Llop ha justificado esta excepción en que la directiva europea «no la contempla, pero tampoco la prohíbe» y los Estados miembros, al transponerla, pueden excluir otras categorías si está debidamente justificado. «Creemos, ha declarado la ministra, que los pagos a la Seguridad Social están debidamente justificados porque de ellos depende el sistema de pensiones». Otra novedad importante del proyecto de ley es el procedimiento abreviado que crea para pequeñas empresas y micropymes. A tal efecto, se creará una plataforma electrónica mediante la cual los interesados podrán realizar todos los trámites concursales sin necesidad de que intervenga ni un notario ni un auditor.

Asimismo, se da luz verde a una nueva figura, la del experto en reestructuración, que aconsejará a los deudores y será colaborador ante el órgano judicial si el concurso llega a los tribunales. También se configura a los nuevos administradores concursales, nombrados por el juez cuando se declara el concurso, con más profesionalización, más capacitación y más remuneración, o al menos «más adecuada». Pilar Llop ha informado de que la moratoria concursal, cuya prórroga llega hasta el mes de junio de 2022, seguirá en vigor durante la tramitación del proyecto de ley.

El Gobierno acota a 2.000 euros la quita de Hacienda y Seguridad Social a empresarios en quiebra

El Gobierno ha querido hacer un gesto a los empresarios y particulares en graves dificultades en la nueva reforma concursal y el texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros contempla una quita de hasta 1.000 euros en las deudas con Hacienda y en otros 1.000 euros en las contraídas con la Seguridad Social. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es, una condonación de hasta 2.000 euros para empresarios y personas físicas (no jurídicas) en el procedimiento de segunda oportunidad, una cuantía que los expertos consideran del todo insuficiente para que la mayoría de empresarios en graves dificultades puedan seguir a flote.

Para Pere Vilella, socio de FTI & Partners, este anuncio «muestra tener poca consideración al deudor de buena fe que ha intentado salvar su compañía», mientras que Javier Díaz-Galvez, socio de Abencys Reestructuraciones, ve la medida «claramente insuficiente» y añade que «el crédito público debería haber hecho un esfuerzo mayor», sobre todo si se tiene en cuenta el que tienen que realizar los acreedores privados.

La aprobación de la norma, cuyo «objetivo claro», según Llop, es que «ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales», llega en segunda vuelta, tras el trámite de audiencia pública realizado el pasado verano y de recibir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que incluía «una serie de observaciones» que el Gobierno ya ha analizado antes de su aprobación hoy.

Se da así el pistoletazo de salida al inicio del trámite parlamentario de la nueva ley, que el Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses para su entrada en vigor antes de finales de junio del año que viene, y que, a falta de conocer la letra pequeña del texto aprobado, desoye algunas de las Lo principales reivindicaciones de los sectores y colectivos profesionales más afectados por la reforma, que temen que los cambios introducidos «en vez de mejorar el proceso concursal», empeoren su efectividad, como advierte Abencys Reestructuraciones.

A lo largo de los últimos meses, los dos grandes caballos de batalla de los colectivos más impactados por la reforma han sido la dilución de la figura del administrador concursal, que ya no será indispensable en los concursos de autónomos y micropymes, para las que se crea un procedimiento específico con el argumento de primar la agilidad en los procesos, y la prevalencia de Hacienda y la Seguridad Social en el cobro de las deudas que, quitando ese gesto a empresarios y personas físicas en segunda oportunidad, mantendrán el grueso de sus privilegios.

Son dos cuestiones que han levantado ampollas entre economistas, juristas y administradores concursales. La primera, porque la decisión de suprimir por defecto la figura del administrador concursal, dejando en manos de los acreedores solicitar su participación, puede afectar de facto al 90% de los concursos en España, denuncia la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que advierte del riesgo de un mayor colapso aún de los juzgados.

Un diagnóstico que comparte Abencys que alerta de que prescindir de la figura del experto concursal «supondrá más carga de trabajo sobre los ya sobrecargados Juzgados mercantiles, además de reducir las garantías de que este alcance su principal objetivo como es el de potenciar la maximización del recobro, lo que sería muy perjudicial para los intereses de los acreedores ordinarios».

La otra gran manzana de la discordia ha sido, y sigue siendo, la prevalencia del crédito público en los procesos concursales, lo que, según los economistas, dificulta la segunda oportunidad y la consecución de los convenios de acreedores, poniendo en riesgo que miles de empresas y empresarios particulares logren alcanzar soluciones de viabilidad, ya que, a diferencia de lo que señala la directiva europea que esta norma transpone, establece literalmente que «se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en particular, la plena exoneración de deudas después de cierto período de tiempo y limitando la duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la insolvencia del deudor».

Además de estos aspectos, en el anteproyecto aprobado hoy y que es una de las reformas clave del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, figuran cambios de calado como la creación de los planes de reestructuración, que sustituirán a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago; el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para detectar empresas en dificultades; la ampliación del listado de deudas exonerables, o la creación de la figura del expertos en reestructuraciones.

El Gobierno prorroga la rebaja de impuestos para paliar el alza imparable de la electricidad

El Consejo de Ministros aprobó, finalmente, un paquete de medidas energéticas que incluye la prórroga de los recortes de impuestos de la factura de la luz aprobados en el segundo semestre de este año para paliar los efectos de la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad, que caducaban el 31 de diciembre. Asimismo, las medidas, incluidas en un real decreto ley, contienen un alargamiento de los plazos de la autorización administrativa de los proyectos de renovables que se encuentran atascados por razones burocráticas, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica como en las comunidades autónomas.

Tal como habían avanzado la semana pasada la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno renueva desde enero y hasta el 30 de abril los recortes del IVA de la factura de la luz (del 21% al 10%) y del impuesto de la electricidad (del 5,1% al 0,5%), que se aprobaron en septiembre, así como la eliminación del 7% a la producción eléctrica hasta el 31 de marzo, que rige desde el pasado junio. La prórroga de estas medidas, que han evitado a los domésticos en este tiempo una subida superior al 20% en el recibo, se justifica a la vista de que “las perspectivas del precio del mercado mayorista, que hoy ha vuelto a batir un récord (360 euros/MWh), no son particularmente halagüeñas”, según aseguró Teresa Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores”, añadió.

Estas medidas, junto con el resto de las aprobadas ayer en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El paquete incluye un alargamiento del plazo para las autorizaciones administrativas para proyectos renovables que terminan el 24 de diciembre y en abril. La acumulación de solicitudes de puntos de evacuación a las redes (hasta 150 GW) ha desbordado al Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas (especialmente, Aragón y Andalucía).

Esto ha llevado al Gobierno, a petición de las consejerías de Medio Ambiente o Energía autonómicas, a ampliar los plazos de los hitos que terminaban este mes y en abril. De no ser así, se ejecutarían los avales presentados por los promotores y estos acudirían a los tribunales contra las Administraciones. En esta línea, el ministerio que dirige Teresa Ribera “abrirá una ventanilla”, durante un mes, para que los promotores, que así lo consideren, renuncien a sus permisos y recuperen los avales, lo que dejaría capacidad libre.

Además, para los grandes consumidores de gas industrial se flexibilizan los contratos, que pueden suspender sin coste hasta el 31 de marzo. Una medida dirigida a las plantas que han tenido que suspender su actividad pero que están obligadas a seguir asumiendo el coste del caudal. Estos consumidores habían pedido también un recorte de peajes.

Entre las medidas energéticas destacan algunas relacionadas con una nueva regulación de los puntos de recarga del coche eléctrico, como la obligación de instalación en estaciones de servicio y en grandes aparcamientos: un poste por cada 40 plazas, así como ciertas exenciones fiscales. El objetivo es conseguir que haya 100.000 puntos de recarga antes de 2023.

El paquete energético incluye también un impulso para el autoconsumo que, según Ribera, se ha multiplicado por 2,5 con el Gobierno del PSOE. Así, desde 2020, la capacidad de autoconsumo instalada ha pasado de 1.000 MW a 3.000 MW en la actualidad. El objetivo del ministerio se amplía ahora de 9.000 MW a 14.000 MW en 2030. Se aligeran las cargas para la evacuación de energía al sistema para las instalaciones de menos de 100 kW. El Consejo de Ministros aprobó, por último, otro real decreto ley para impulsar la digitalización de las redes, a las que se destinarán 525 millones de euros hasta el año 2023.