Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho ad referéndum en París el 10 de enero de 2008, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 167, de 14 de julio de 2021.

El precio de la luz bajará de los 100 euros de media diaria por primera vez en casi dos meses

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se desplomará este lunes por debajo de los 100 euros por megavatio-hora (96,08 euros), algo que no ocurría desde el 1 de noviembre (también lunes), cuando el megavatio-hora costó de media 91,2 euros. Pero a diferencia del pasado 1 de noviembre, la jornada de este lunes destaca por un enorme contraste de precios durante el día (el precio mínimo será de 2,67 euros, entre las 2 y las 6 de la madrugada, mientras que el máximo ascenderá a 207,10 euros, entre las 18 y las 19 horas).

Esto ocurre pese a que el precio del gas natural en los mercados internacionales sigue elevado (aunque por debajo de los 180 euros de máxima que alcanzó hace una semana) al situarse en el entorno de los 100 euros por megavatio-hora en el que lleva un par de días instalado y el precio de los derechos de emisión de CO2 también (en alrededor de 75 euros). Y se debe a que la generación eólica durante la madrugada es capaz de cubrir toda la demanda para esas horas, lo que produce ese desplome de precios durante las horas nocturnas, mientras que por el día los precios se mantienen altos porque es la hidráulica la que marca el nivel, contagiada por el precio de los ciclos combinados (lo que se conoce como coste de oportunidad).

Este argumento es todavía más evidente al comparar la caída de precios de este lunes en España –un 49% respecto a los 188,53 euros por megavatio-hora de media de este domingo– con la del resto de países europeos que comparten el mismo sistema de fijación de precios –el coste del megavatio-hora en Francia cae un 13,1%, hasta los 161,08 euros por megavatio-hora, mientras que en Alemania desciende un 13,7%, hasta los 148.83 euros– pero con un ‘mix’ de generación distinto.

Durante este mes de diciembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha mostrado toda su volatilidad al pasar de superar los 400 euros durante algunas horas el 23 de diciembre (entre las 8 y las 22 horas) a descender hasta precios tan bajos como los 2,67 euros de este lunes. Y todo parece indicar que esta será la tónica de los últimos compases de año con una meteorología marcada por el viento y la lluvia, que favorece al ‘mix’ de generación español, en un momento de precios de gas altísimos.

Con todo, diciembre será casi que con total probabilidad el mes con el precio de la luz en el mercado mayorista más alto de todo el año. En la actualidad, en los primeros 27 días, el precio medio mensual asciende a 251,38 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200,06 euros por megavatio-hora que se registraron de media mensual récord en el mes de octubre.

Cabe recordar que estas cifras corresponden a una parte del recibo –junto a los cargos y los peajes (costes regulados) y los impuestos–, y afectan directamente solo a una parte de los consumidores –aquellos 11 millones que tienen una tarifa regulada o PVPC–, aunque sirve de referencia para establecer las tarifas del resto de usuarios del mercado libre (17 millones). Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% para los consumidores domésticos y los impuestos, también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). A partir de enero, el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, pero planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%. En el caso de los peajes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una reducción de los peajes del 2,5% para los hogares.

Procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones para el desarrollo de un procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes.

El Congreso aprueba los Presupuestos de manera definitiva este martes

El Congreso de los Diputados aprobará este martes de manera definitiva los Presupuestos de 2022, en una votación que previsiblemente incorporará el único cambio introducido por el Senado, referente a la promoción de lenguas minoritarias. Una semana más tarde de lo inicialmente previsto, el Congreso cerrará en el Pleno del martes algo más de dos meses de tramitación presupuestaria, a tiempo para que las cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata de los segundos presupuestos del Gobierno de coalición, centrados, igual que los de 2021, en apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos. El Pleno del martes, que tendrá una duración aproximada de una hora, se dedicará a debatir y votar la única enmienda introducida por el Senado, sin pronunciarse sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación, según apunta la agencia Efe.

La enmienda en cuestión es una iniciativa de Compromís para dedicar 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada con el apoyo del PP, PNV y ERC, entre otros partidos, y la oposición del PSOE. A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que el PSOE apoyaría esta enmienda en la votación del Congreso, con lo que se garantiza que la partida permanecerá en el texto de la ley.

Más allá de esta última votación, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 han recabado importantes apoyos en su tramitación: 11 partidos en el Congreso -PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe-, a los que se sumaron en el Senado Geroa Bai, Asociación Socialista Gomera, Más Madrid, Més per Mallorca y Partido Aragonés.

Las formaciones del Congreso cerraron sus acuerdos durante la tramitación, lo que supuso la inclusión de numerosas enmiendas en la Cámara Baja, mientras que los partidos del Senado las negociaron previamente, de manera que el texto de la ley ya incluía desde el principio sus reivindicaciones. No obstante, la tramitación ha sido bastante accidentada, con negociaciones hasta el último minuto -sobre todo con ERC-, polémica por el veto gubernamental a enmiendas como la del IVA de las peluquerías o la aprobación, en contra del criterio del Gobierno, de un fondo Covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros.

Los presupuestos parten con máximos históricos de techo de gasto (196.142 millones), gasto social consolidado (248.391 millones) e ingresos tributarios (232.352 millones), en parte por la incorporación de 27.633 millones de los fondos europeos. Las cuentas prevén inversiones por más de 40.000 millones, sobre todo en industria y energía (11.316 millones), infraestructuras (11.481 millones) y sector agrícola (8.844 millones). Los presupuestos incluyen una dotación para subir el sueldo de los funcionarios un 2% y elevar las pensiones en un 2,5%, así como un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas del 15%.

Garamendi (CEOE) afirma que la reforma laboral "no es cosmética" y cree que ha ganado "el país"

El presidente de la organización empresarial CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la reforma laboral «no es cosmética» y considera que ha ganado «el país». No obstante, advierte que, si durante la tramitación «al texto le cambian una coma, quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento». En una entrevista concedida a El Correo, Garamendi analiza la reforma laboral pactada con el Gobierno central, CCOO y UGT y valora que se logre «estabilidad, seguridad jurídica, buen clima, distensión y una imagen impecable frente a las instituciones europeas».

Tras recordar que se viene de nueve años en donde «el término que más se escuchaba era derogación», afirma que lo acordado «no es cosmética» y «no ha ganado nadie». «Bueno, ha ganado el país», añade, según recoge Europa Press. «Uno de los objetivos que yo me había propuesto es sacar la política del mundo de la empresa. Cada uno a lo suyo. Yo me siento con el Gobierno que han elegido los españoles, igual que mis compañeros de Confebask se sientan con un Ejecutivo de un color político diferente en Euskadi. Mi obligación es mantener a CEOE alejada de la política partidaria», argumenta.

En este contexto, destaca que una legislación que nace de un acuerdo «tiene unos valores muy importantes y no se puede sustituir de cualquier forma», por lo que «no sería aconsejable que un Gobierno pretenda romper eso» en el futuro. Respecto a la necesidad que tiene ahora el Gobierno para alcanzar mayorías en el Congreso que permitan sacar adelante la reforma, Garamendi indica que «ese es su trabajo».

«Nosotros hemos hecho el nuestro. Y ahí sólo tengo que hacer una advertencia. Si al texto le cambian una coma, quizá no puedan contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento. Los acuerdos se alcanzan para cumplirlos», advierte. Por otro lado, afirma que tras alcanzar el acuerdo ha hablado con mucha gente, incluidos Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, quien «ya ha declarado que se va a oponer a esta reforma».

«Me parece legítimo y está en su derecho de hacerlo. Cada uno tiene su sitio», indica, para añadir que su relación personal es «buena», de tal forma que no le dice a Casado lo que tiene que hacer y «él tampoco me llama para decirme lo que tengo que hacer yo».

El precio de la luz sube cien euros en diez días y se asoma a los 400 euros por megavatio-hora

El precio medio se aproxima a los 400 euros el megavatio-hora de media, al marcar este jueves 383,67 euros, según los datos del Operador Ibéricos de la Electricidad. Aunque a efectos prácticos, el megavatio-hora se situará durante la mayor parte del día (entre las 8 y las 22 horas) por encima de esta cifra, entre 400 y 409 euros por megavatio-hora, y será solo por la noche cuando se produzca una minoración hasta el precio mínimo que se situará en 303 euros por megavatio-hora entre las 3 y las 4 de la mañana.

La última semana ha disparado unos precios que estaban en niveles históricos, tanto es así que el precio de este miércoles será cien euros más caro del de hace solo diez días (el 12 de diciembre el coste del megavatio-hora era de 256,98 euros), multiplicando por más de ocho los registros de hace un año (el 23 de diciembre de 2020 estaba en 46,3 euros por megavatio-hora). El jueves pasado el precio medio de la electricidad batió por primera vez la barrera de los 300 euros por megavatio-hora y desde entonces no se ha bajado de ese nivel, ni tan siquiera durante el fin de semana cuando la demanda es menor.

Unos precios insólitos que se deben al elevadísimo precio del gas natural en los mercados internacionales, que comenzó la semana pasada en el entorno de los 120 euros por megavatio-hora y se sitúa ahora en 174 euros. Este es el principal detonante de esta escalada de final de año, aunque hay que sumarle el elevado precio de los derechos de emisión de CO2, también en máximos históricos (80 euros por tonelada), que ha mantenido los precios altos durante todo el año. De hecho, ambos motivos llevan a ver altos precios en toda Europa, no solo en España. Así, en Francia el megavatio-hora costará este jueves 416,44 euros, y en Alemania, 300,03 euros.

Diciembre comenzó con precios altos, pero con gran volatilidad (hubo días en los que el precio bajo hasta los 100 euros por megavatio-hora y también cifras superiores a los 200 euros), pero fue a partir del 16 de diciembre cuando, tras instalarse en la cota de los 300 euros, no ha parado de encarecerse a un ritmo de 20 euros al día en muchos casos. Esto provoca que casi con toda probabilidad diciembre acabe como el mes con el precio medio mayorista más alto de la historia hasta la fecha pues el precio medio mensual supera ya los 250 euros por megavatio-hora, muy por delante de los 200 euros de octubre, el mes con el promedio más caro hasta ahora.

Estos precios repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. El precio de la energía es una de las cuatro partes del recibo, junto a los cargos y los peajes (precios regulados) y los impuestos. Si bien, en los últimos meses los cargos se han reducido en un 96% y los impuestos también (el IVA está en el 10%, en vez del 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad en el 0,5%, en vez del 5,11% habitual, además está el 7% a la generación de electricidad está suspendido). La incógnita es qué ocurrirá a partir de enero, de mantenerse estos mismos precios, pues, aunque el Gobierno ha prorrogado la rebaja de los impuestos, planea reducir la rebaja de los cargos del 96% actual al 30,9%.

Bruselas sigue los pasos de la OCDE y propone un tipo mínimo del 15% a las multinacionales

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Esta propuesta legislativa refleja el acuerdo del pasado 8 de octubre, al que se sumaron 137 países, y que tiene dos pilares. El primero afecta a la reasignación parcial de los derechos de imposición sobre los beneficios residuales. Es decir, trata de asegurar que las empresas pagan lo justo en los países en los que operan, con un ojo puesto en particular en los grandes digitales. El segundo pilar, que la Comisión traduce en legislación a través de esta directiva, introduce un impuesto de sociedades mínimo común para las grandes empresas a nivel mundial.

Hace unos meses, impulsados por la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, un total de 137 países acordaron fijar un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas y así evitar la carrera impositiva a la baja que se veía observando a lo largo de los últimos años. A grandes rasgos, la OCDE pactó dos acuerdos. De un lado, el conocido pilar 1, que exige que las empresas paguen impuestos allá donde operan. Del otro, el pilar 2, que introduce una nueva tasa mínima del 15% para las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.

Este miércoles, y como muestra de alineamiento inmediato con la OCDE y con los objetivos fiscales, tal y como ha detallado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, Bruselas ha presentado una propuesta de directiva que lleva el llamado pilar 2 a las normas europeas. El objetivo es arrojar algo de luz acerca de cómo se calculará la tasa impositiva efectiva por país, «con reglas claras y legalmente vinculantes que garantizarán que las multinacionales paguen una tasa mínima del 15% por cada jurisdicción en la que operan».

Las normas, como pactó la OCDE, se aplicarán a cualquier gran empresa con ingresos de más de 750 millones anuales, tanto nacional como internacional. Recaerán sobre las empresas matrices o sobre las filiales que estén asentadas en un Estado miembro. Según detalla el Ejecutivo comunitario en un comunicado, las reglas propuestas siguen el modelo presentado por el organismo internacional. Así, si el tipo mínimo efectivo no lo impone el país en el que tiene su sede una empresa, el Estado miembro de la empresa matriz podrá aplicar un impuesto complementario hasta llegar a ese 15%. «La propuesta también garantiza una fiscalidad eficaz en situaciones en las que la empresa matriz se encuentra fuera de la UE en un país con impuestos reducidos que no aplica normas equivalentes», añade el comunicado.

En efecto, según las normas publicadas esta semana por la OCDE, la tasa impositiva efectiva se establece en función de cada jurisdicción, dividiendo los impuestos pagados por las empresas en cada mercado entre sus ingresos. Si la tasa impositiva efectiva para las multinacionales está por debajo del 15% entrarían a operar las reglas del pilar 2, que exigirían que la compañía pagase la diferencia hasta llegar al mínimo fijado. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que el plan no supone una armonización fiscal comunitaria, pero sí un freno a la competencia fiscal entre países.

Según las normas de la OCDE que también se aplicarán en la Unión Europea, quedarían exentas de este impuesto mínimo las entidades gubernamentales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión, incluyendo los dedicados al sector inmobiliario.

Además, tal y como detalla Bruselas, la propuesta también prevé ciertas excepciones. Para reducir el impacto sobre los grupos que realicen «actividades económicas reales», las empresas podrán excluir una cantidad de ingresos equivalente al 5% del valor de los activos materiales y al 5% de los gastos en nóminas. Las reglas también prevén una exclusión de cantidades mínimas de ganancias para reducir la carga en situaciones de riesgo. Esto significa, resume la Comisión, que cuando los beneficios e ingresos medios de un grupo multinacional en una jurisdicción están por debajo de ciertos umbrales mínimos, esos ingresos no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa.

A partir de ahora, explica la Comisión, los Estados miembros deberán llegar a un acuerdo unánime en el Consejo, donde están reunidos los 27 socios. También será necesario consultar al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo para conocer sus opiniones, añade Bruselas.

El proyecto de ley de reforma concursal, aprobado por el Consejo de Ministros

Esta norma, que ahora inicia su proceso parlamentario, y que ha sido calificada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, de «ley estructural y muy importante» recoge varias modificaciones claves respecto a la ley vigente. Dos de los más importantes son los mecanismos de alerta temprana y la posibilidad de exonerar deudas. Aquí no entran las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, las conocidas como créditos públicos, salvo cantidades muy reducidas.

El proyecto de ley, que sirve para transponer la directiva europea sobre insolvencias, regula como gran novedad la llamada fase previa o preconcursal, «a lo que se le da un marco más ágil y más flexible desde el punto de vista procedimental», según la ministra Llop. Con la incidencia en esta fase se intenta proteger a las empresas que «realmente» son viables y evitar su liquidación por la duración actual del proceso. Desaparecen los acuerdos extrajudiciales de pago, ya que, de acuerdo con los legisladores, la experiencia ha demostrado que, aunque se llegue a ellos, en la mayoría de los casos no sirven para evitar liquidaciones. A cambio, se crean los planes de reestructuración, que afectarán no solo al pasivo de las empresas sino también a los activos. Así, se facilitarán los intercambios de activos o de parte de la empresa por deudas.

En relación con la alerta temprana de «peligro» de insolvencia, se introduce una serie de indicadores de aviso para que la empresa conozca y valores sus riesgos. La nueva ley facilita la exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores «de buena fe» y también a los consumidores. Se podrá optar por una exoneración inmediata previa a la liquidación o por un plan de pagos o exoneración provisional.

En esta exoneración no entran los créditos públicos o deudas con Hacienda y la Seguridad Social, salvo cantidades muy pequeñas (1.000 euros en el caso de la segunda) que pueden modificarse a lo largo del trámite parlamentario. Pilar Llop ha justificado esta excepción en que la directiva europea «no la contempla, pero tampoco la prohíbe» y los Estados miembros, al transponerla, pueden excluir otras categorías si está debidamente justificado. «Creemos, ha declarado la ministra, que los pagos a la Seguridad Social están debidamente justificados porque de ellos depende el sistema de pensiones». Otra novedad importante del proyecto de ley es el procedimiento abreviado que crea para pequeñas empresas y micropymes. A tal efecto, se creará una plataforma electrónica mediante la cual los interesados podrán realizar todos los trámites concursales sin necesidad de que intervenga ni un notario ni un auditor.

Asimismo, se da luz verde a una nueva figura, la del experto en reestructuración, que aconsejará a los deudores y será colaborador ante el órgano judicial si el concurso llega a los tribunales. También se configura a los nuevos administradores concursales, nombrados por el juez cuando se declara el concurso, con más profesionalización, más capacitación y más remuneración, o al menos «más adecuada». Pilar Llop ha informado de que la moratoria concursal, cuya prórroga llega hasta el mes de junio de 2022, seguirá en vigor durante la tramitación del proyecto de ley.

El Gobierno acota a 2.000 euros la quita de Hacienda y Seguridad Social a empresarios en quiebra

El Gobierno ha querido hacer un gesto a los empresarios y particulares en graves dificultades en la nueva reforma concursal y el texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros contempla una quita de hasta 1.000 euros en las deudas con Hacienda y en otros 1.000 euros en las contraídas con la Seguridad Social. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es, una condonación de hasta 2.000 euros para empresarios y personas físicas (no jurídicas) en el procedimiento de segunda oportunidad, una cuantía que los expertos consideran del todo insuficiente para que la mayoría de empresarios en graves dificultades puedan seguir a flote.

Para Pere Vilella, socio de FTI & Partners, este anuncio «muestra tener poca consideración al deudor de buena fe que ha intentado salvar su compañía», mientras que Javier Díaz-Galvez, socio de Abencys Reestructuraciones, ve la medida «claramente insuficiente» y añade que «el crédito público debería haber hecho un esfuerzo mayor», sobre todo si se tiene en cuenta el que tienen que realizar los acreedores privados.

La aprobación de la norma, cuyo «objetivo claro», según Llop, es que «ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales», llega en segunda vuelta, tras el trámite de audiencia pública realizado el pasado verano y de recibir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que incluía «una serie de observaciones» que el Gobierno ya ha analizado antes de su aprobación hoy.

Se da así el pistoletazo de salida al inicio del trámite parlamentario de la nueva ley, que el Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses para su entrada en vigor antes de finales de junio del año que viene, y que, a falta de conocer la letra pequeña del texto aprobado, desoye algunas de las Lo principales reivindicaciones de los sectores y colectivos profesionales más afectados por la reforma, que temen que los cambios introducidos «en vez de mejorar el proceso concursal», empeoren su efectividad, como advierte Abencys Reestructuraciones.

A lo largo de los últimos meses, los dos grandes caballos de batalla de los colectivos más impactados por la reforma han sido la dilución de la figura del administrador concursal, que ya no será indispensable en los concursos de autónomos y micropymes, para las que se crea un procedimiento específico con el argumento de primar la agilidad en los procesos, y la prevalencia de Hacienda y la Seguridad Social en el cobro de las deudas que, quitando ese gesto a empresarios y personas físicas en segunda oportunidad, mantendrán el grueso de sus privilegios.

Son dos cuestiones que han levantado ampollas entre economistas, juristas y administradores concursales. La primera, porque la decisión de suprimir por defecto la figura del administrador concursal, dejando en manos de los acreedores solicitar su participación, puede afectar de facto al 90% de los concursos en España, denuncia la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que advierte del riesgo de un mayor colapso aún de los juzgados.

Un diagnóstico que comparte Abencys que alerta de que prescindir de la figura del experto concursal «supondrá más carga de trabajo sobre los ya sobrecargados Juzgados mercantiles, además de reducir las garantías de que este alcance su principal objetivo como es el de potenciar la maximización del recobro, lo que sería muy perjudicial para los intereses de los acreedores ordinarios».

La otra gran manzana de la discordia ha sido, y sigue siendo, la prevalencia del crédito público en los procesos concursales, lo que, según los economistas, dificulta la segunda oportunidad y la consecución de los convenios de acreedores, poniendo en riesgo que miles de empresas y empresarios particulares logren alcanzar soluciones de viabilidad, ya que, a diferencia de lo que señala la directiva europea que esta norma transpone, establece literalmente que «se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en particular, la plena exoneración de deudas después de cierto período de tiempo y limitando la duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la insolvencia del deudor».

Además de estos aspectos, en el anteproyecto aprobado hoy y que es una de las reformas clave del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, figuran cambios de calado como la creación de los planes de reestructuración, que sustituirán a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago; el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para detectar empresas en dificultades; la ampliación del listado de deudas exonerables, o la creación de la figura del expertos en reestructuraciones.

El Gobierno prorroga la rebaja de impuestos para paliar el alza imparable de la electricidad

El Consejo de Ministros aprobó, finalmente, un paquete de medidas energéticas que incluye la prórroga de los recortes de impuestos de la factura de la luz aprobados en el segundo semestre de este año para paliar los efectos de la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad, que caducaban el 31 de diciembre. Asimismo, las medidas, incluidas en un real decreto ley, contienen un alargamiento de los plazos de la autorización administrativa de los proyectos de renovables que se encuentran atascados por razones burocráticas, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica como en las comunidades autónomas.

Tal como habían avanzado la semana pasada la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno renueva desde enero y hasta el 30 de abril los recortes del IVA de la factura de la luz (del 21% al 10%) y del impuesto de la electricidad (del 5,1% al 0,5%), que se aprobaron en septiembre, así como la eliminación del 7% a la producción eléctrica hasta el 31 de marzo, que rige desde el pasado junio. La prórroga de estas medidas, que han evitado a los domésticos en este tiempo una subida superior al 20% en el recibo, se justifica a la vista de que “las perspectivas del precio del mercado mayorista, que hoy ha vuelto a batir un récord (360 euros/MWh), no son particularmente halagüeñas”, según aseguró Teresa Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores”, añadió.

Estas medidas, junto con el resto de las aprobadas ayer en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El paquete incluye un alargamiento del plazo para las autorizaciones administrativas para proyectos renovables que terminan el 24 de diciembre y en abril. La acumulación de solicitudes de puntos de evacuación a las redes (hasta 150 GW) ha desbordado al Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas (especialmente, Aragón y Andalucía).

Esto ha llevado al Gobierno, a petición de las consejerías de Medio Ambiente o Energía autonómicas, a ampliar los plazos de los hitos que terminaban este mes y en abril. De no ser así, se ejecutarían los avales presentados por los promotores y estos acudirían a los tribunales contra las Administraciones. En esta línea, el ministerio que dirige Teresa Ribera “abrirá una ventanilla”, durante un mes, para que los promotores, que así lo consideren, renuncien a sus permisos y recuperen los avales, lo que dejaría capacidad libre.

Además, para los grandes consumidores de gas industrial se flexibilizan los contratos, que pueden suspender sin coste hasta el 31 de marzo. Una medida dirigida a las plantas que han tenido que suspender su actividad pero que están obligadas a seguir asumiendo el coste del caudal. Estos consumidores habían pedido también un recorte de peajes.

Entre las medidas energéticas destacan algunas relacionadas con una nueva regulación de los puntos de recarga del coche eléctrico, como la obligación de instalación en estaciones de servicio y en grandes aparcamientos: un poste por cada 40 plazas, así como ciertas exenciones fiscales. El objetivo es conseguir que haya 100.000 puntos de recarga antes de 2023.

El paquete energético incluye también un impulso para el autoconsumo que, según Ribera, se ha multiplicado por 2,5 con el Gobierno del PSOE. Así, desde 2020, la capacidad de autoconsumo instalada ha pasado de 1.000 MW a 3.000 MW en la actualidad. El objetivo del ministerio se amplía ahora de 9.000 MW a 14.000 MW en 2030. Se aligeran las cargas para la evacuación de energía al sistema para las instalaciones de menos de 100 kW. El Consejo de Ministros aprobó, por último, otro real decreto ley para impulsar la digitalización de las redes, a las que se destinarán 525 millones de euros hasta el año 2023.

España, entre los países con menor tratamiento fiscal específico para el teletrabajo

La vuelta al teletrabajo de forma masiva va tomando forma estos días a medida que avanza con rapidez vertiginosa la sexta ola de la pandemia de Covid en España y en el resto de países de su alrededor. En este retorno al trabajo a distancia, generalmente desde los hogares, muchas empresas en España están intentando que dicho teletrabajo sea inferior al 30% de las jornadas, para no tener que costear al trabajador los gastos como consumibles (wifi, electricidad o incluso alquiler en los casos más extremos de demanda de los trabajadores), tal y como exige la nueva ley española. Si bien, en el caso de que no se supere este porcentaje la empresa también está obligada, no a pagar gastos, pero sí a proporcionar los materiales de trabajo ya sean digitales o no.

Y es precisamente el tratamiento fiscal de todas estas percepciones lo que sigue sin estar claro del todo en la legislación tributaria española. De hecho, España está entre los países Europeos que más detalladamente ha regulado el teletrabajo últimamente, si bien el tratamiento fiscal –tanto para la empresa como para el trabajador– de los gastos de compensación o por la prestación de servicios del teletrabajo deja bastante que desear.

La práctica ausencia de la normativa fiscal específica en esta materia sitúa a España entre los Estados de su entorno más desregulados en cuestión de particularidades tributarias. Con mayores precisiones en sus normativas fiscales estarían numerosos países como Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Suiza o Letonia. Mientras que Italia o México tendrían normativas poco concretas similares a la española. Y Brasil, Dinamarca o Luxemburgo carecerían de esta regulación. Así lo pone de manifiesto un exhaustivo estudio comparativo realizado por la consultora KPMG Abogados, que analiza la regulación del teletrabajo en España y los principales países del entorno europeo, así como países americanos como Estados Unidos, México o Brasil.

Este estudio ha revelado que la gran mayoría de países “están teniendo dificultades para regular tanto el tratamiento fiscal y de la seguridad social de los diferentes modelos de compensación como la cobertura de los costes derivados del teletrabajo”, indican desde KPMG los autores de la comparativa. De hecho, la principal conclusión que han extraído es que apenas el 10% de los países han establecido algún tipo de criterio fiscal específico en relación con compensaciones adicionales o la cobertura de costes vinculadas al teletrabajo. Aunque otro 27% sí estaría preparando algún tipo de implementación en sus respectivas legislaciones fiscales.

En el caso español, la nueva Ley del Trabajo a Distancia no recoge de manera específica dicho tratamiento fiscal y a falta de una regulación concreta en materia tributaria, los fiscalistas de esta consultora explican que en España el tratamiento de estos ingresos o compensaciones puede abordarse de dos maneras. La primera, como norma general, desde una perspectiva práctica, “se prevé que las empresas determinen una estimación de los costes y gastos del teletrabajo para los empleados y les abonen un importe en efectivo que los cubra íntegramente (wifi, suministros, etc.)”. Esta retribución dineraria, si se incluye en la nómina, como sería de esperar, estaría sujeta a la habitual retención y tributación.

En segundo lugar, la entrega del material necesario para teletrabajar (equipos informáticos, teléfonos, sillas, etc.) quedaba hasta ahora exento de tributación porque se consideraban necesario para el desempeño del trabajo. Si bien la nueva norma ha abierto la puerta al uso personal y privativo de estos equipos de empresa lo que, a ojos de Hacienda, podría convertirlos en retribuciones en especie, sujetos a tributación. Nuevamente, solo una exclusión de estos materiales específica en la ley podría aclarar esta duda.

Fuera de España, en los países que sí han dado pasos hacia adelante en esta materia, se observa que en su gran mayoría las nuevas regulaciones se han centrado en establecer de forma particular el sistema de tributación de algunos de los diferentes elementos de compensación o costes específicamente vinculados al teletrabajo, destacando una especial atención a los servicios para el cuidado de menores y personas dependientes, material de oficina, servicios y suministros, y complementos salariales por teletrabajo.

El Gobierno hará compatible la prestación por desempleo o el subsidio con un empleo por cuenta ajena o de autónomo

El Gobierno quiere evitar que se puedan dar casos de que el desempleado pueda rechazar una oferta de trabajo porque el salario ofrecido es inferior o apenas supera la prestación por desempleo. Situaciones que llevan a que la persona que se encuentra en esta situación se quede estancada, y pierda todo hábito y disciplina laboral. Y, por lo tanto, corra el peligro de entrar en la marginación y en la exclusión social.

Por esta razón, el Gobierno y las comunidades autónomas «articularán programas de fomento del empleo que permitan la compatibilización, al menos parcial, de las prestaciones, subsidios u otras rentas orientadas a la protección económica con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia», en el caso de los autónomos. Así se regula en el Anteproyecto de Ley de Empleo que el Consejo de Ministros trató el pasado día 3, en una primera lectura.

La compatibilidad entre la prestación del desempleo y un salario por tener trabajo «trata de favorecer el acceso o el retorno al mercado de trabajo, la movilidad funcional y geográfica [de los desempleados]». Y, además, «evitar la desprofesionalización (sic) y exclusión social» de los beneficiarios de todo tipo de prestaciones por desempleo, incluido el Ingreso Mínimo Vital.

En estos momentos, hay 2,6 millones de personas recibiendo algún tipo de prestación del SEPE y de la Seguridad Social por estas razones: 1,8 millones perciben la cobertura del desempleo, entre la prestación contributiva, el subsidio, las ayudas agrarias y la Renta Activa de Inserción. Otras 800.000 personas reciben el Ingreso Mínimo Vital, además de las numerosas rentas de este tipo que tienen las comunidades autónomas.

Para comprender que la prestación por desempleo sea compatible con un trabajo como asalariado o como autónomo, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley de empleo tiene como fin principal ayudar a encontrar ocupación a colectivos de inserción laboral muy difícil. Es más, entre otros, tendrán la atención prioritaria de la nueva Agencia Española de Empleo los siguientes grupos sociales: Parados de larga duración; desempleados mayores de 50 años; los que procedan de sectores en crisis, «personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas»; mujeres víctimas de la violencia de género; mujeres con baja cualificación o aquellas personas cuya orientación sexual les causa dificultades para encontrar trabajo.

Además de hacer compatible la prestación por desempleo con el salario o los ingresos de autónomos, el Gobierno también abordará, para estos colectivos, «con carácter extraordinario, temporal y con financiación» programas de apoyo activo al empleo para «fomentar la movilidad geográfica de los desempleados». Por lo tanto, el Ejecutivo dará ayudas económicas a la persona que encuentre un trabajo en otra comunidad autónoma y tenga que cambiar de localidad respecto a su lugar de residencia habitual.

Esta ayuda para favorecer la movilidad geográfica puede incluir «el abono del importe total o parcial de la prestación contributiva». Precisamente, esta posibilidad está abierta a quienes quieran crear un negocio con la capitalización del desempleo. En este caso, la administración laboral ayudará al potencial beneficiario con una auditoría sobre la viabilidad de la empresa. Trabajo no oculta que en este estudio de la nueva sociedad dará prioridad al empleo femenino, «con perspectiva de género».

En todo caso, como ocurre ahora, el parado que cobre una prestación debe comprometerse a hacer lo que le diga la administración laboral, o la agencia privada de colocación, para ayudarle a encontrar trabajo. Es lo que se llama «el compromiso de actividad». Ello supondrá que el desempleado deberá hacer un itinerario personal, con su cualificación y las acciones que deba hacer para mejorarla o incluso reciclarse.

A estos efectos se mantiene como infracción grave para el desempleado «rechazar una oferta de empleo adecuada, o negarse a participar, salvo causa justificada, en aquellas actividades para la mejora de su empleabilidad». La sanción actual, que se mantiene, puede acarrear desde la suspensión de la prestación por tres meses a la extinción de la misma.

En todo caso, es importante reseñar que la ley que prepara Trabajo anima a los parados a que no acepten cualquier oferta de empleo por debajo de su experiencia y formación. «Las políticas de protección por desempleo deben velar por el mantenimiento y mejora de la empleabilidad» del demandante de trabajo. «Los beneficiarios de las mismas no deben verse abocados a la toma de decisiones que vayan en detrimento de su profesionalidad y de su capacidad de mejorar en el mercado de trabajo», dice la norma.

La norma también regula sanciones para las agencias de colocación por engañar a los potenciales demandantes de empleo. El contrato con la Agencia de Empleo les obliga a ofrecer su trabajo de forma gratuita a los desempleados. El engaño en la prestación, o en su publicidad, puede acarrearles hasta cinco años de suspensión de la actividad.

La OCDE publica las normas de aplicación del nuevo tipo mínimo del 15%

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comenzó a arrojar algo de luz ayer sobre las consecuencias prácticas de la aplicación del nuevo tipo mínimo global del 15% en la tributación por Sociedades acordado internacionalmente para impulsar desde 2023 y que mantiene con la respiración contenida a las grandes multinacionales de todo el planeta.

La OCDE publicó ayer el documento de partida que contiene las normas de aplicación del llamado Segundo Pilar de la reforma tributaria global en ciernes (el Primer Pilar es el que impone el reparto entre territorios de la recaudación de firmas que operan en otros países sin presencia física). Del texto se deriva que el universo de empresas españolas afectadas por el nuevo tipo mínimo ronda los 120 grupos y que de ellos cerca de la mitad acabará pagando más impuestos que en la actualidad.

El documento, de 70 páginas, contiene el detalle de las normas que deberán trasponer los 137 países y jurisdicciones que el pasado octubre respaldaron el acuerdo para impulsar un nuevo modelo de tributación global para multinacionales para imponer un suelo común de tributación. El objetivo, explicó la OCDE, es delimitar el alcance de las nuevas reglas antierosión fiscal del modelo Globe (acrónimo de Global Anti-Base Erosion, por sus siglas en inglés). La fórmula pasa por crear una suerte de impuesto de Sociedades complementario a los vigentes a escala nacional que afectará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales, a las que se exigirá tributar por el 15% de su beneficio para generar una recaudación mundial adicional de unos 150.000 millones de dólares (unos 133.000 millones de euros en todo el mundo).

A partir de este objetivo, ya conocido, la OCDE puso ayer a disposición de los países las normas con las que adaptar sus respectivas legislaciones resolviendo cuestiones clave como la definición de las multinacionales sujetas al impuesto; los supuestos exentos; el mecanismo de cálculo del tipo impositivo efectivo o las herramientas de estimación del monto adicional a tributar para cumplir con el tipo mínimo. También se establece el tratamiento que debe darse a las adquisiciones y enajenaciones por parte de los grupos, reglas específicas para determinados modelos de holding, los regímenes de neutralidad fiscal o aspectos administrativos como las declaraciones informativas o el modelo transitorio a impulsar.

Así, por ejemplo, el texto aclara que quedarán excluidos de la aplicación de este tipo mínimo las entidades públicas, los organismos internacionales y asociaciones sin ánimo de lucro, pero también entidades como los fondos de pensiones y los de inversión, incluyendo explícitamente a los del ámbito inmobiliario, y sus filiales.

Como resultado de estas normas, interpreta Roberta Poza, socia responsable de Fiscalidad Internacional de PwC Tax and Legal, el universo de empresas españolas afectadas por el nuevo tipo mínimo global es el de las compañías sujetas al modelo 231 de declaración de información «País por país», impulsado por la OCDE para evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Los últimos datos de la Agencia Tributaria, de 2018, indican que España cuenta con 122 grandes grupos empresariales en esta situación, de los que cuelgan 15.085 filiales. Aunque, de media, el tipo efectivo que pagan estos grupos sobre su resultado contable es del 18,3%, 3,3 puntos por encima del nuevo mínimo global, lo cierto es que cerca de la mitad de sus integrantes paga por debajo y acabará abonando más impuestos con la puesta en marcha del plan. Así, 20 de los mayores grupos españoles solo paga impuestos por el un 1,88% de su beneficio, otras 21 abonan de media el 7,54% y otras 15 un 12,81%. Las otras 66 pagan, de media, entre el 18% y el 32% de sus ganancias.

Poza aclara, en todo caso, que estos cálculos son sobre el resultado contable total y que el nuevo impuesto admitirá algunos ajustes relevantes, por dividendos, intereses o bases imponibles negativas, lo que hará que el tributo afecte solo a una parte del beneficio, aunque muy por encima de la actual base imponible del Impuesto de Sociedades español, por ejemplo. A falta de conocer las implicaciones finales, desde PwC Tax and Legal creen que el mayor problema radicará en la complejidad que aparentemente tendrá la aplicación tanto para Estados como para empresas.

La lucha por el talento, el mayor reto de los bufetes en 2022

Los bufetes esperan recobrar en 2022 la senda de crecimiento de ejercicios anteriores para lo que necesitan contar con los profesionales más destacados. Para lograrlo, estudian introducir más incentivos en sus planes de carrera. «Habrá que ser flexibles para retribuir debidamente a los mejores o serán fichados por la competencia». Así de claro se expresaba hace unos meses Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos especializada en el sector legal SSQ, que añadía que «hay firmas que quieren crecer y están dispuestas a invertir en mejoras retributivas para el talento de fuera de la casa».

Es probable que este punto de vista se refuerce en 2022 con los despachos de abogados ya claramente asentados en una senda de crecimiento, lo que obliga a reforzar equipos no sólo con promociones internas, sino también con fichajes provenientes de sus competidores más directos. Por eso, la atracción y retención de los letrados más brillantes es la mayor preocupación para los bufetes que operan en nuestro país, según el centenar de firmas que han participado en la tercera edición del Informe Expansión Jurídico sobre el sector legal en España.

La batalla por el talento será, por tanto, máxima el próximo año. Por eso, los bufetes no sólo planean mejoras retributivas, sino atractivos planes de carrera en los que ya se incluyen otras ideas menos tangibles, pero igual de importantes, sobre todo para las nuevas generaciones de abogados: sostenibilidad, conciliación o flexibilidad.

Estas novedades ayudarán, por otro lado, a reforzar otro de los grandes retos para el sector legal: la transformación digital. Aunque algunas firmas ya llevan años totalmente inmersas en ella, la pandemia, sin duda, aceleró este proceso y, en 2022, muchas entrarán en la tercera etapa: la de consolidar la digitalización con un claro objetivo en la mente, que no es otro que ser más eficientes y eficaces. Esto hará que la inversión en herramientas tecnológicas se multiplique en muchos bufetes, ya sea para diseñar y producir aplicaciones propias o para adquirir otras que están creando otros actores especializados.

Esta situación hace que cada vez sean menos los responsables de despachos que ven la digitalización como un mero gasto. No en vano, la presión constante y, en ocasiones, creciente por parte de sus clientes para conseguir unos honorarios más ajustados les está obligando a una apuesta decidida por una tecnología que les permite dar más por menos.

Así, el tercer gran reto del sector legal español para 2022, según los socios directores encuestados para este informe, es precisamente la presión en los honorarios, no sólo en la cantidad, sino también en la forma de aplicarlos. Y es que la facturación por horas cada vez está más cuestionada, sobre todo con la irrupción de start up cuyos métodos de trabajo y cobro se alejan de las formas tradicionales. Lo define bien Basha Rubin, cofundadora de Priori Legal, con sede en Nueva York, en un artículo de Financial Times: «La hora facturable está sufriendo una muerte lenta, ya que cada vez hay más interés por las alternativas que se alejan de ese patrón».